Sin democracia no hay derechos humanos

(Caracas, 27.04.17, CivilisDDHH). Diversas organizaciones de la sociedad civil se han activado en defensa de la democracia, acompañando a todos los ciudadanos en el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica y asociación, como derechos en sí mismos y medios legítimos para participar pacíficamente en la restitución del orden constitucional democrático, el cual fue quebrantado por la imposición de un estado de excepción desde enero del año 2016, la suspensión indefinida de elecciones, la anulación de las competencias del parlamento, el recrudecimiento del hostigamiento y la persecución contra toda disidencia, y la negativa a permitir asistencia humanitaria internacional ante las extremas condiciones generales de pobreza, hambre y desatención a la salud que enfrenta la mayoría de la población venezolana. Al tomar este camino, el gobierno decidió dar un golpe definitivo a la democracia.

La democracia garantiza no ser subyugados por el uso ilegítimo de los poderes del Estado ni ser sometidos a la violencia que acompaña su perpetuación.

La democracia está protegida internacionalmente como base del estado de derecho y de la organización del Estado. Son sus normas esenciales el ejercicio democrático del poder político, el respeto a las libertades cívicas y el pleno vigor de una institucionalidad democrática. Aun surgidos de elecciones, los gobiernos pueden quebrantar estas normas cuando se usan los poderes del Estado para imponer sus ideas como la única verdad y torcerla en función de los intereses que se esconden detrás de estas ideas, cuando se convierte a las personas en instrumentos de los intereses de quienes usufructúan el Estado, sometiendo a su autorización el ejercicio de libertades, y cuando las diferencias o los conflictos son tomados como amenazas a la voluntad estatal, que deben ser censuradas, neutralizadas o escarmentadas para que no quede duda de quién ejerce la autoridad. Cuando estas conductas se mantienen a toda costa, a cada abuso siguen controles y a cada control otros abusos, hasta desfigurar al Estado como un medio de dominación.

La democracia y los derechos humanos son interdependientes y, por consiguiente, la defensa de los derechos humanos es también la defensa de la democracia.

Los derechos humanos no son concedidos ni otorgados por la sociedad o el Estado, tampoco creados por leyes, decisiones o acuerdos. Basta su afirmación y ejercicio para hacerlos valer ante Estados y sociedades, debiendo ser reconocidos y cumplidos en toda circunstancia. La democracia es condición indispensable del efectivo goce de todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), en tanto todos son en esencia libertades y al mismo tiempo garantías de que todos los poderes del Estado y ninguna clase de poder podrá ser empleado para cometer abusos en contra de la vida y la dignidad humana. A su vez, la democracia está inscrita en cada derecho humano, puesto que su ejercicio y exigibilidad depende de la participación plena de todas las personas en los aspectos que puedan favorecerlos o afectarlos. En los sistemas no democráticos están dadas las condiciones para que peligre la vigencia de los derechos humanos y se cometan sus más graves y atroces violaciones.

La defensa de los derechos humanos y de la democracia es un derecho y deber de todas las personas. La manifestación pacífica es un medio de participación legítimo cuando se pierde la democracia.

El respeto y la protección de la democracia y los derechos humanos incumben tanto a cada persona como al conjunto de la sociedad. Los Estados son los máximos garantes de la democracia pero cuando ésta se pierde corresponde a los ciudadanos su defensa y restablecimiento en el plano local, nacional e internacional, así como es deber de la comunidad internacional utilizar todos los medios pacíficos posibles para apoyar a los ciudadanos a medida que aumenten los riesgos para ellos. En estas circunstancias, la manifestación pacífica no solamente es una libertad legítima que puede ejercer toda persona para expresar descontento o exigir justicia frente a violaciones de otros derechos. Representa el medio pacífico y democrático de participación ciudadana, quizá el que queda, cuando no existe democracia. Como expresó la CIDH el 11 de abril de 2017, citando a la CorteIDH: “…la protesta en este contexto debe ser entendida como parte del derecho de defender la democracia”.

Como narra Roberto Garretón[1]: “Muchos asumimos la lucha por los derechos humanos el día que perdimos la democracia. Fueron días en que cayeron algunos conceptos que estaban muy en boga, como la crítica feroz a la ‘democracia formal’ o la ‘democracia burguesa’. Cuando la perdimos y llegó la dictadura real y comenzaron a matarnos, hacernos desaparecer y torturarnos, nos dimos cuenta de que, formal y todo, nos era absolutamente indispensable (…). Todos tenemos el derecho humano a vivir en democracia, o, si se quiere expresar de modo negativo, todos tenemos el derecho humano de no vivir en dictadura” [2] .

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[1] Abogado chileno en derechos humanos que dirigió el área jurídica de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, fue arrestado por orden de un juez militar en 1987 por haber publicado un artículo desfavorable acerca de las violaciones a los derechos humanos por la dictadura.

[2] Análisis sobre movimientos sociales, políticos de seguridad y democracia: primacía de los derechos humanos para la democracia y el desarrollo. En: Manual de Derechos Humanos, Centro de Estudios de Derechos Humanos, Universidad Central de Venezuela (UCV,) 2008, págs. 346-354.

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