Venezuela: Registro en el domicilio del defensor de derechos humanos Ehisler Vásquez

El 10 de mayo de 2017, el domicilio del defensor de derechos humanos Ehisler Vásquez fue registrado por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Barquisimeto, Lara, Venezuela. Las autoridades no revelaron por qué se emitió la orden de registro.

Ehisler Vásquez es fundador de la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz – FUNPAZ, en Barquisimeto, Lara. La Asociación fue creada en respuesta a actos represivos llevados a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los días 15 y 16 de abril de 2013, cuando las autoridades dispararon cinco veces al defensor de derechos humanos mientras participaba en una manifestación pacífica en Barquisimeto. Ehisler Vásquez ha sido operado cuatro veces pero no se ha recuperado completamente. Él presentó quejas ante el Ministerio Público de Venezuela sobre los disparos y durante los últimos cuatro años ha estado luchando para llevar a la GNB a la justicia. El defensor de derechos humanos también ha trabajado con FUNPAZ para desafiar la impunidad de las fuerzas de seguridad del Estado en Lara.

El 10 de mayo de 2017, aproximadamente a las 7:00, miembros del CICPC llegaron a la casa de Ehisler Vásquez en posesión de una orden de registro. Afirmaron que el objetivo de la búsqueda era encontrar indicios de actividad delictiva. Las autoridades registraron la casa y revolvieron las pertenencias de todos los presentes. Cuando les preguntaron sobre los motivos de la orden de allanamiento, los miembros del CICPC respondieron que lo desconcían.

Cuando se concluyó el registro, Ehisler Vázquez, acompañado por sus parientes, acudió al Ministerio Público en un intento de verificar las razones de la inspección. Mientras estaban allí, conversaron con la Fiscal María Vásquez, quien indicó que ella había solicitado la orden de allanamiento y que si cualquier evidencia incriminatoria fue encontrada en su contra, le acusaría formalmente. No se dieron más explicaciones.

El Estado de Lara ha experimentado altas tasas de actividad militar y paramilitar, a la vez que altos índices de impunidad. Desde 2012, el Estado ha sido gobernado por la Avanzada Progresista, un partido anti-chavista, opuesto al gobierno federal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El ex-gobernador del Estado y miembro del PSUV, General Luis Reyes Reyes, que ha ocupado cargos en el ejecutivo nacional, es actualmente presidente de CORPOLARA, una corporación creada y patrocinada por el gobierno federal. CORPOLARA tiene poderes paralelos al gobierno del estado, como mejorar, evaluar y controlar la administración pública, administrar los recursos públicos y aplicar políticas públicas. CORPOLARA ha estado actuando bajo la égida del gobierno federal y, junto al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Lara, José Rafael Torrealba, es culpado por personas defensoras de derechos humanos de ser responsable por el uso excesivo de fuerza y violaciones cometidas por las tropas militares y paramilitares.

Desde el 19 de abril de 2017, el gobierno venezolano viene implementando el Plan Zamora, un plan militar por el que se llevan a cabo estrictas vigilancias, monitoreo y patrullas en regiones determinadas. La ejecución del Plan en varias zonas de Venezuela ha dado como resultado detenciones masivas así como civiles acusados y juzgados por delitos militares, como el delito de rebelión, en tribunales militares. La región de Lara es una de las más afectadas por las acciones militares y policiales.

En una reciente ola de protestas masivas a nivel nacional, diversas movilizaciones y demostraciones, incluyendo en Barquisimeto, han sido desproporcionadamente reprimidas por la GNB. En algunos casos, la represión ha sido llevada a cabo por civiles armados y ha tenido lugar durante la noche en zonas residenciales.

Varias organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo FUNPAZ y Ehisler Vásquez, han estado monitoreando la situación en la región y denunciando los actos de violencia cometidos por las autoridades.

Front Line Defenders ha informado previamente sobre las violaciones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos en Lara, Venezuela. El 8 de mayo de 2017, en Barquisimeto, Lara, la casa de las personas defensoras de derechos humanos Yonaide Sanchéz y Nelsón Freitez fue allanada por la tercera vez y sus pertenencias revueltas por personas no identificadas. Los invasores dejaron una piquera y dos cuchillos en el comedor, lo que pareció ser una forma intimidar a los defensores.

Front Line Defenders muestra preocupación por los actos cometidos contra Ehisler Vásquez, así como contra otras organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela y cree que los actos en su contra están directamente vinculados a su trabajo legítimo en defensa de derechos humanos. Front Line Defenders muestra también extrema preocupación por la situación general en Venezuela, especialmente en Lara, incluyendo el estado de emergencia actualmente en vigor, y los numerosos reportes de violaciones en curso contra personas defensoras de derechos humanos.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Venezuela a:
1. Cesar inmediatamente el hostigamiento en contra Ehisler Vásquez y su familia;

2. Tomar todas las medidas necesarias, en consulta el defensor de derechos humanos, para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica;

3. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y libres de toda restricción.

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