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Proyecto Bolivariano agigantó la plataforma de empresas del Estado para aumentar el control económico, político y socia

Desde 2001 hasta 2017 el Estado venezolano pasó de ser propietario de 74 empresas públicas a 526, cuatro veces más que las que tiene Brasil (130) y diez veces más que las que posee Argentina (52), consolidando una estructura que ha servido para el manejo discrecional y poco transparente de enormes sumas de dinero, en perjuicio de la nación y sus ciudadanos.

La consolidación de las Empresas Propiedad del Estado –EPE- fue precedida por los límites al derecho a la propiedad y libre empresa, la instauración del control de cambio y de precios, así como modificaciones a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Todo ello sentó las bases para que se desatara la hegemonía del Gobierno en todos los sectores, a partir de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, re-estatizaciones, renegociación de asociaciones estratégicas en el sector petrolero ode creación de empresas.

De acuerdo con los resultados de la investigación organizada por Transparencia Venezuela, que se concentró en ocho empresas en los sectores petróleo, manufactura, agroalimentario, financiero y eléctrico,  las EPE arrojaron en 2016 pérdidas por Bs. 1,29 billones, cifra que superó el presupuesto de la nación en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social. Los casos más emblemáticos son los de PDVSA, con saldos negativos estimados en Bs.775 millardos y Corpoelec con Bs.149 millardos.

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