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Propuestas para Venezuela 2017 / La Descentralización en la Reconstrucción de la Democracia

La descentralización constituye la reforma política y administrativa más importante de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela. Se inicia formalmente en 1989 con la aprobación de las leyes que crean las figuras del Gobernador y el Alcalde electos a través del voto popular y la Ley de Descentralización. Su propósito consiste en renovar la democracia, darle a la provincia la importancia que posee hacia el último cuarto del siglo XX, y convertir al Estado en una institución más cercana al ciudadano y más eficiente.

Con el fin de alcanzar estas metas, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), en primer instancia, y luego el despacho del ministro de Estado para la Descentralización, Allan Brewer-Carías, elaboran el marco jurídico de la descentralización,de modo que el proceso transcurra de forma ordenada y evitando cualquier ruptura o trastorno que ponga en peligro la unidad del Estado. Descentralización con democracia, orden y eficiencia.

Durante las etapas iniciales se trasfieren a los Estados y Municipios un conjunto de competencias, dentro de los límites fijados por los instrumentos jurídicos vigentes. Este marco se respeta, con pequeñas variaciones, hasta mediados de la década pasada, cuando, luego de su holgada victoria ante Manuel Rosales en diciembre de 2006, el presidente Hugo Chávez decide impulsar un modelo paralelo, opuesto a la descentralización y al margen de la Constitución Nacional, cuyos ejes residen en el Poder Popular y el Estado Comunal. A partir de entonces la trasferencia de competencias se revierte, iniciándose la recentralización de atribuciones y servicios.

Reaparecen con fuerza el presidencialismo y el centralismo. La tesis de la democracia directa esgrimida por Chávez, es utilizada como mascarada para ocultar su vocación autocrática y hegemónica. Este cuadro se extiende hasta el gobierno de Nicolás Maduro quien termina de anular los efectos positivos de la descentralización.

La reconstrucción de la democracia, tan atacada y débil desde 1999, tiene en el relanzamiento de la descentralización uno de sus pilares fundamentales. Este documento concluye proponiendo un conjunto de recomendaciones, dirigidas a la mayoría democrática de la Asamblea Nacional y al nuevo Gobierno que surja de la resolución de la crisis política nacional.
1. La Asamblea Nacional y el nuevo Gobierno deben reafirmar que Venezuela es una República con un Estado federal descentralizado.
2. Subrayar el papel fundamental de las legítimas autoridades e instancias ejecutivas y legislativas estadales y municipales: gobernadores,alcaldes, consejos legislativos y concejos municipales.
3. Devolverle a la descentralización su espíritu original. Esta constituye una política fundamental del sistema democrático. Representa la posibilidad de contar con una división racional del trabajo entre los diferentes niveles territoriales de Gobierno.
Cada instancia –nacional, estadal y municipal- debe ocuparse de las actividades en las que puede y debe ser más eficiente. Así como, por ejemplo, resulta inconveniente que el Gobierno central se ocupe del mantenimiento de los mataderos o del alumbrado público, es perjudicial que el gobierno municipal se encargue de trazar e instrumentar la política internacional de la nación. La división institucional dentro de la estructura del Estado tiene que regirse por principios rigurosos de racionalidad, eficiencia, democracia y control ciudadano.
4. Fortalecer en el plano institucional el Consejo Federal de Gobierno, particularmente su Secretaría, de forma que pueda cumplir con la finalidad para la cual fue creado: la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo de la descentralización y transferencia de competencias.
5. En el marco legal y con las normas propuestas por el CFG y la Asamblea Nacional, regresarles a los Estados y Municipios las competencias que les fueron arrebatadas por el alto Gobierno,especialmente a partir de la reforma de la LOD en 2008. El énfasis inicial debe estar colocado en educación, salud, vivienda
popular, vialidad, administración de puertos, aeropuertos comerciales,cárceles.
6. Consolidar financiera y técnicamente el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), dependiente del CFG, de manera que este organismo actúe como una instancia catalizadora de la reducción de los desequilibrios interestadales.
7. Aprobar la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal, engavetada por el chavismo desde hace años. Esta ley permitiría ampliar las limitadas competencias tributarias de los Estados y consolidaría las finanzas de los gobiernos regionales, reducidas casi exclusivamente a lo que perciben por Situado Constitucional.
8. Garantizar que la Ley de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos, aprobada en 2010, sea acatada por el Ejecutivo Nacional. La estricta aplicación de este instrumento permitiría que los Estados reciban los recursos que les correspondan cuando aumenten los ingresos ordinarios del país. En el pasado reciente, cuando los precios del petróleo se elevaron por encima de $100 el barril, las entidades federales apenas se beneficiaron con un pequeño porcentaje de esos ingresos extraordinarios.
9. Mejorar la capacidad profesional de los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas estadales, Art. 166 de la Constitución,con la finalidad de que la descentralización, o redecentralización,de las competencias y servicios públicos, se realice de la manera más eficiente posible.
10. Fortalecer la capacidad profesional de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) municipales, Art. 182 de la Constitución,con el propósito de que la municipalización de las competencias y servicios se lleve delante de forma óptima.
11. Promover, a partir de los CLPP y los Concejos Municipales, la articulación con los Consejos Comunales y otras formas de organización popular, con el fin de profundizar la democracia local, empoderar la población e incrementar la participación y el control ciudadano de la gestión municipal.
12. Abrogar las leyes y desmontar las estructuras paralelas creadas por el Gobierno Nacional para conspirar contra la descentralización,
y devolverles a los gobernadores y alcaldes de todo el país, especialmente al Alcalde Metropolitano de Caracas, las competencias y recursos de los que fueron despojados por el Gobierno central.

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