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Sinergia: Sin respeto al ciudadano elector, a los procesos electorales transparentes y a la soberanía popular No hay Democracia

 

La sociedad venezolana se ha visto afectada por un largo e intenso conflicto político que impacta de manera altamente negativa en todos los sectores y ámbitos de la vida nacional.

En el contexto de una crisis humanitaria compleja, en la que la mayoría de venezolanos sufre grave escasez de alimentos y medicinas, con menguados servicios básicos – cada vez más precarios – y una violencia social creciente y sostenida, se desarrolló un proceso electoral para la escogencia de nuevos gobernadores de los estados del país.

Un proceso que estuvo marcado por un conjunto de irregularidades, de violaciones a la normativa electoral y de negación al ejercicio de derechos fundamentales por parte de los poderes públicos y especialmente el CNE, institución que tiene como mandato garantizar el derecho al voto y a elegir en un sistema democrático. 

Los venezolanos y el mundo fueron testigos de medidas oficiales que vulneraron el derecho a elegir, y entre las que se destacan:

  • La convocatoria, con un año de retardo, a elecciones en las que solo se elegirían a los gobernadores y no a los Consejos Legislativos Regionales, contraviniendo así lo establecido en la Constitución Nacional. Estas elecciones fueron programadas sin la publicación de un cronograma electoral y forzando la inscripción de candidatos en solo dos días, sin tiempo para realizar previamente primarias en los partidos políticos.
  • Los obstáculos para que los ciudadanos pudieran acceder a la inscripción o actualización de sus datos en el Registro Electoral Permanente, así como su modificación por parte del CNE fuera del lapso legal.
  • Las limitaciones para desarrollar una campaña electoral en el contexto de Estado de Excepción que se ha hecho permanente y que obstaculiza el ejercicio de los derechos de participación, manifestación pública y de reunión pacífica.
  • El uso indiscriminado de los recursos público para apoyar candidaturas oficialistas.
  • La imposibilidad de utilizar los medios de comunicación del Estado para presentar propuestas o candidaturas de oposición y su uso en favor de las candidaturas del partido de gobierno. A este se unen las permanentes cadenas presidenciales y el cierre de medios de comunicación privados.
  • La inhabilitación de la tarjeta de la MUD en siete estados del país y la no admisión de sustitución de candidatos.
  • La Observación Nacional acreditada fue casi nula y la internacional prácticamente no se realizó.
  • El CNE eliminó setenta y seis centros y más de siete mil mesas de votación. A dos días del proceso, se reubicaron doscientos setenta y cuatro centros electorales, lo que implicó que 700.000 electores fueran desplazados de sus sitios habituales de votación, sin información oportuna a la ciudadanía. Con esto se afectó, especialmente, a los votantes de tres estados del país, con gobernaciones en manos de la oposición.
  • De acuerdo con el Observatorio Electoral Venezolano, durante la jornada electoral se pudo constatar que hubo:

… “apertura tardía de centros de votación, fallas de máquinas de votación, propaganda electoral dentro de los centros de votación, lentitud del proceso de votación en la herradura, violación del derecho del voto secreto, hechos de violencia alrededor de los centros de votación, electores movilizados con recursos públicos, prórroga del cierre de mesas sin electores en cola, denuncias de amedrentamiento a testigos y el impedimento de que ciudadanos pudiera presenciar el acto de escrutinio y la verificación ciudadana que, en muchos centros, no fue un acto público”.

  • Participación del Plan República – los militares- con sesgo abierto en favor de los candidatos oficialistas.
  • Al momento de presentarse los resultados, la suspicacia sobre la credibilidad de lo anunciado oficialmente se unió al caso emblemático del Estado Bolívar, en el que el candidato opositor denunció con pruebas lo que podría constituirse en un fraude, con la participación de representantes del poder electoral y figuras militares.
  • Se presionó a gobernadores electos por vía del voto, a tener que juramentarse – so pena de ser sustituidos por otro gobernador-, ante la Asamblea Nacional Constituyente y no ante los Consejos Legislativos, tal como se establece en la Constitución vigente. Igualmente, la creación de autoridades paralelas, quitando competencias a los gobernadores electos no afectos al oficialismo.
  • Lo más reciente, ha sido la concreción de esa amenaza, con la anulación de la elección de un gobernador electo y llamado a una nueva elección por parte de un Consejo Legislativo, violando la soberanía de los electores.
  • La convocatoria para la elección de alcaldes, sin incluir a los consejos municipales, por parte de la ANC, cuando es potestad – según la CRBV vigente – del CNE.

 

Ante todas estas situaciones, en las que la legalidad democrática y decisión ciudadana se han visto vulneradas, se hace un llamado al pueblo venezolano a seguir participando activamente en la demanda de condiciones necesarias para que los procesos electorales se realicen en forma transparente y se genere la confianza en los electores para poder expresar su voluntad con la seguridad de que esta sea escuchada. A luchar, por la vigencia de las libertades civiles.

Al Estado, se le exige garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna y en razón de ello respetar y hacer respetar:

La igualdad y no discriminación en el goce universal de los derechos humanos.

El carácter intransferible e indelegable de la soberanía popular.

El ejercicio individual y colectivo de los derechos de libre asociación, participación y expresión.

Los principios de independencia, autonomía y legalidad que deben regir el comportamiento de los poderes públicos.

Caracas, 30 de octubre del 2017.

Jeanette Moreno

04166156930

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