Crisis venezolana está estrechamente relacionada con la corrupción y el mal desempeño de las 576 Empresas Propiedad del Estado

Desde 2016, Transparencia Venezuela con aliados de Brasil, Argentina y México, ha investigado la estructura empresarial del Estado como un aporte contra la opacidad y a favor de la gestión pública transparente, eficiente y que contribuya a que los venezolanos logren una mayor calidad de vida

 En la segunda fase de la investigación se inventariaron 576 Empresas Propiedad del Estado (EPE) y se analizaron especialmente 160 de cuatro sectores que impactan la calidad de vida de los venezolanos: agroalimentario, hidrocarburos, minería y metalurgia y servicios públicos. 74,4% tiene denuncias públicas por corrupción o malas prácticas

 La falta de mantenimiento de las instalaciones, la destrucción de los equipos gerenciales, la preponderancia de la ideología y la lealtad al modelo político, la opacidad, el aumento del gasto corriente, así como la ausencia de inversión y de un sistema de control independiente, son prácticas comunes en las EPE que han causado la destrucción de la competitividad y la caída de la producción de las empresas

 Transparencia Venezuela, 16 de noviembre de 2018. La severa crisis que padece Venezuela está íntimamente ligada al mal manejo y a la corrupción en las Empresas Propiedad del Estado (EPE), un conglomerado que creció vertiginosamente durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y en el que predominan rasgos propios del modelo cleptocrático, de acuerdo con la más reciente investigación de Transparencia Venezuela.

 Desde 2016 la organización ha estado desentrañando la estructura empresarial del Estado como un aporte contra la opacidad y a favor de la gestión pública transparente. En la primera fase del estudio del 2017 se contabilizaron 526 empresas estatales. En esta segunda fase del 2018 llegó a 576 el número de empresas en las que el Estado es propietario absoluto o posee la mayoría accionaria.

El resumen ejecutivo de la segunda fase de la investigación destacó que de las 576 empresas del Estado que han sido identificadas, al menos 441 fueron creadas o adquiridas durante las gestiones de los presidentes Chávez y Maduro, por vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y re-estatizaciones.

El estudio corroboró que las EPE han consumido ingentes cantidades de recursos por medio de asignaciones presupuestarias y créditos adicionales.  Mientras que hasta 2003 estas empresas se quedaban con 1,1% del presupuesto ordinario de la Nación, para 2015 demandaron más de 8,6%. Convertido al tipo de cambio oficial preferencial, durante estos años las empresas recibieron más de US$ 500.000 millones. Eso sin contar recursos asignados vía fondos parafiscales.

Pese a las grandes sumas de dinero, al cuarto trimestre de 2018, de las 576 empresas estatales solo 467 están operativas, al menos por lo que se pudo comprobar.

Del universo de las EPE identificadas se puso especial atención sobre 160 pertenecientes a cuatro sectores que están directamente vinculados con la calidad de vida de los venezolanos: agroalimentario (42 empresas), minería y metalurgia (43), servicios públicos (40) e hidrocarburos (35).

 Se investigó qué hacen las empresas, cuáles son sus objetivos, sus reglas internas o gobierno corporativo, resultados financieros y económicos, calidad del desempeño, así como los responsables de su gestión. También se indagó en las relaciones formales e informales entre estas empresas, el Estado y el gobierno (para medir su nivel de autonomía e independencia), y los casos de corrupción que han sido denunciados públicamente.

 El estudio arrojó que la mayoría de esas EPE tiene resultados operativos negativos. No cubren las necesidades de los ciudadanos y no contribuyen con el pago de impuestos o regalías a la tesorería nacional. Por el contrario, de las 160 empresas analizadas en los cuatro sectores, 74,4% tiene denuncias públicas por corrupción o malas prácticas (mala gestión, caída de la producción, conflictos laborales).

De los sectores claves se estudiaron a profundidad 21 casos entre los que destacan la empresa socialista Pedro Camejo, Agropatria, Agrofanb, Corpoelec, Cantv, Hidroven, Pdvsa, Pequiven, Sidor, Ferrominera y Minerven. También se tomaron en cuenta grandes proyectos inconclusos como el Sistema Tuy IV y la represa Tocoma.

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