#SinAgua. Situación del derecho al agua potable en Venezuela: Caso Área Metropolitana de Caracas. Coalición Clima21 – Fundación Tierra Viva

Resumen Ejecutivo

En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció como derecho humano el acceso al agua potable y su saneamiento. Como parte de este proceso, el Estado venezolano ha venido ratificando en su jurisprudencia y legislación el reconocimiento de los mismos.
A pesar de ello, los problemas de déficit en el abastecimiento y calidad de agua se han venido extendiendo por todo el país.
En función de esta situación se realizó una investigación con el objetivo de documentar la actual situación de la escasez de agua potable en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) en el contexto de la crisis venezolana de abastecimiento de agua, como elemento constituyente de la actual Crisis Humanitaria Compleja que vive el país.
Desde el año 2014 en todo el país existe un grave problema de déficit del servicio de agua potable y su saneamiento. El mismo es atribuido por el gobierno nacional a los períodos de sequía y los efectos del fenómeno de El Niño. Como consecuencia de esta situación ha implementado severos racionamientos y restricciones del suministro de agua en gran parte del país.
En contraste, diversos estudios señalan como causas de tal situación a problemas en la gestión del agua, incluyendo entre otros aspectos: fallas en la planificación, insuficiente financiamiento, escasez de personal, incapacidad para culminar obras, ausencia de programas de mantenimiento, corrupción y abandono de programas de desarrollo hídrico.
El problema del déficit de agua potable afecta a un amplio sector de la población. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) en el 2014, el 70,8% de la población tenía racionamiento de agua. Por otra parte, según los planes de racionamiento publicados por las hidrológicas, durante el período 2016-2017 al menos 30% de la población venezolana de sectores urbanos y rurales vivieron bajo racionamiento de agua. Sin embargo, diversas estimaciones indican que esta cifra aumentó al 80% en el último año.
Por otra parte, el desabastecimiento de agua es una de las causas del incremento de una importante cantidad de enfermedades. Asimismo, el 79% de los hospitales públicos de Venezuela no tienen disponibilidad de agua. Adicionalmente, la ENCOVI indica que el 23% de estudiantes más pobres no asisten a clases por falta de agua y obstaculiza la realización de actividades académicas. Igualmente, los racionamientos extremos generan un aumento de la conflictividad social.
En este contexto, se evaluó la realización del derecho al agua en el Área Metropolitana de Caracas a través de una encuesta, revisión documental y consulta a expertos.
La información resultante se analizó, en el caso de la situación del AMC, en función de los criterios que definen las obligaciones legales de los Estados con respecto a los derechos al agua y al saneamiento. Estos criterios son: disponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad, y aceptabilidad; así como los principios transversales de derechos humanos: no discriminación e igualdad, acceso a la información y transparencia, participación, rendición de cuentas y sostenibilidad.

Los resultados obtenidos indican que solo 18 de cada 100 caraqueños reciben agua a diario y los planes de racionamiento parecen mantenerse de manera continua y ser administrados frecuentemente de forma arbitraria. Como respuesta a los problemas de disponibilidad, el Gobierno Nacional ha venido anunciando planes para atender la escasez de agua en la ciudad de Caracas. Todos ellos parecen ser coyunturales y en algunos casos parecen ser pseudo-satisfactores o destructores de las necesidades humanas.
En el país hay restricciones legales para divulgar información sobre la calidad del agua. A pesar de ello, la misma ha sido cuestionada por distintos personas e instituciones. Estas dudas se basan en la situación de los embalses que almacenan el agua que se distribuye en el AMC y el funcionamiento deficitario de los sistemas de distribución, tratamiento, bombeo, y tanques de almacenamiento. La baja calidad del agua es un riesgo para la salud de las personas a corto, mediano y largo plazo.
En el AMC el agua que se suministra no es aceptable tanto del punto de vista de la percepción del líquido que llega por las tuberías, así como tampoco en la forma como se presta el servicio, lo cual genera alteraciones en la cotidianeidad de la población y frecuentemente se traduce en la degradación de la dignidad de las personas.
En el AMC, como en toda Venezuela, el costo que se paga por el servicio de agua es muy bajo. En contraste, los costos derivados de la necesidad de obtener agua comprando agua envasada, camiones cisternas, perforación de pozos e incluso por acarreo de recipientes puede llegar al 40% de los ingresos mensuales de una familia.
El gobierno nacional tiene una política de opacidad informativa por lo que la ciudadanía no tiene información pertinente sobre temas de agua, la administración de los recursos es poco transparente y los organismos no rinden cuentas de su gestión.
Un elemento positivo encontrado es la promoción de la participación ciudadana a través de las Mesas Técnicas de Agua. A pesar de ello, frecuentemente las mismas han sido usadas por el gobierno nacional como mecanismos clientelares y sectarios. Asimismo, el gobierno nacional niega el acceso a procesos de participación a otras formas de participación ciudadana.
El país perdió gran parte de su capacidad para la planificación y control ambiental, inclusive las necesarias para planificar las necesidades de agua futura, así como disminuir los niveles de vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de eventos meteorológicos adversos incluyendo períodos de sequía e inundaciones, así como de los efectos adversos del cambio climático.
En función de esta evaluación se concluye que Estado venezolano incumple con sus obligaciones legales en materia de derecho al agua, tanto a escala nacional como particularmente en el ámbito del AMC.
En función de ello se realizan una serie de recomendaciones al Estado venezolano y se exponen una serie de retos futuros para la sociedad civil para seguir avanzando en el trabajo de documentar, divulgar y denunciar las violaciones al derecho al agua y al saneamiento.

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Fuente: desarrollosustentable.com.ve

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