Alejandro Alvarez/ La necesaria ambientalización del Plan País

Recientemente la Asamblea Nacional presentó al país un documento con los elementos principales de un plan de reconstrucción nacional para Venezuela. Muchos venezolanos aplaudimos este avance y queremos sumarnos al esfuerzo de recuperación de la democracia y reconstrucción nacional.

A pesar de ello a algunos de nosotros nos hizo falta encontrar en el mismo una clara mirada ambiental.

Por supuesto que no hay manera de quitarle dolor e indignación al crimen cometido sobre la población de Venezuela.

Sólo debido a la opacidad y la campaña de desinformación oficial no tenemos una idea exacta del número de venezolanos muertos por la inseguridad, la enorme crisis de salud, el hambre y las masacres generadas por organismos del gobierno y sus cómplices. Quizás alguna vez una investigación imparcial nos muestre la película completa de esta era cargada de horrores y mentiras.

Pero también hay que decir que, al igual que en otras crisis humanitarias en el mundo, en Venezuela el ambiente ha sido una víctima olvidada.

También en este caso el olvido nace del velo de desinformación y mentiras oficiales. Pero también a que los daños ambientales quedan mezclados con los otros factores involucrados en la emergencia humanitaria compleja.

También este olvido nace de la creencia que los temas ambientales están separados de los grandes temas sociales y económicos. Eso no es verdad en ninguna situación y en el caso de la Venezuela actual lo social, lo económico , lo cultural y lo ambiental están profundamente entremezclados en la crisis que vivimos.

Pero al igual que en los otros temas sólo conocemos una parte del problema y nos falta mucha información sobre temas muy importantes:

No sabemos cuántas de las enfermedades son causadas por la crisis de agua que lleva a comunidades completas a vivir sin prácticamente sin suministro del líquido por meses. Tampoco tenemos idea de cuál ha sido la disminución de la capacidad de generar agua en las cuencas debido a la desaparición de la capacidad y voluntad de protegerlas.

Tampoco tenemos conocimiento sobre cuantas personas se han enfermado o han fallecido debido a la contaminación por mercurio usado en las minas de oro en toda la región de Guayana, por los continuos derrames petroleros derivados de las malas prácticas de seguridad de la industria petrolera nacional o por complicidad con países vecinos. Mucho menos de las personas afectadas por la muy mala calidad del agua que se distribuye en las redes de acueductos aún operativos.

Asimismo, ignoramos el tamaño del daño producido a la capacidad de producir alimento debido a políticas agrícolas y pesqueras tomadas con total ignorancia de las dinámicas ambientales territoriales, incluso a la ausencia de información sobre las variaciones climáticas naturales o generados por las cambios globales.

Igualmente desconocemos el número de personas afectadas: muertas, lesionadas o desplazadas por causa de eventos meteorológicos extremos: Inundaciones, sequías, derrumbes, deslizamientos y tormentas. La mayoría de estos daños no fueron causados directamente por el evento sino por el aumento de la vulnerabilidad de la población debido a la ausencia de políticas de gestión de riesgos socio-ambientales y de información ambiental.

A veces, hasta queremos ignorar el número de personas muertas, desplazadas y vidas arruinadas por las políticas mineras criminales y sus daños ambientales, incluyendo el aumento sin precedentes de la epidemia de malaria y otras enfermedades que se extienden a partir de las zonas mineras.

Todas estas situaciones son parte de la actual crisis nacional. Desconocer esta realidad es suicida.

Venezuela necesita desarrollar políticas ambientales de emergencia que actúen desde las primeras etapas del proceso de transición para poder salir de la crisis.

Pero también estamos obligados a tener una visión más amplia y empezar a definir el futuro de la nación como país ambientalmente sustentable.

Para ello debemos definir políticas que frenen la deforestación, preserven los ecosistemas de alto valor ecológico y generadores de servicios ambientales, generen políticas integrales de gestión de desechos sólidos, promuevan el desarrollo de ciudades sustentables y enfrentar los retos del cambio climático y hagan valer los compromisos internacionales del país en materia ambiental.

Todo ello no sólo desde una perspectiva conservacionista sino como base de un futuro de prosperidad basado en el uso sustentable y respetuoso de nuestra riqueza natural.

Por supuesto necesitaremos rescatar y renovar la institucionalidad ambiental, redefinir las políticas de educación y participación ambiental y establecer políticas integrales nacionales basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los derechos humanos ambientales.

Los profesionales y activistas relacionados con temas ambientales, así como los defensores de los derechos ambientales, en su enorme mayoría, tenemos la absoluta disposición y voluntad de participar activamente en este proceso y aportar conocimientos, experiencia y trabajo para hacer posible este cambio.

Ya hay información, organización, y capacidades para que los ambientalistas y los profesionales del ambiente participemos desde el principio en la transformación.

Al final participar en este proceso de ambientalización será nuestra única garantía de éxito como sociedad.

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