Lo que apareció y no apareció en el informe de Bachelet sobre los derechos humanos ambientales

7 de julio de 2019

El informe presentado recientemente por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, en mi opinión es un aporte muy valioso en la búsqueda de acciones que pongan fin a las violaciones a derechos humanos que allí se exponen, así como ayudar a generar los cambios y apoyos necesarios para lograr el regreso de la democracia en Venezuela.

Lo anterior no es contradictorio con la búsqueda de elementos que consideremos hubiese sido necesario de incluir o enfatizar para tener una mirada más completa de la situación venezolana de tal manera que puedan ser incorporados en futuros informes.

Con este propósito realicé un análisis del informe desde una mirada ambientalista y en particular desde los derechos humanos ambientales.

Lo que apareció

Algunas personas han expresado decepción porque los temas ambientales no fueran incluidos en este informe. Esa percepción no es del todo correcta. En el informe se leen párrafos tales como:

“12. El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural..” (las negrillas son mías)

Asimismo encontramos afirmaciones tales como:

“63. La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra. La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales. Tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. El hecho de no consultar a los pueblos indígenas sobre estas actividades constituye una violación de su derecho a la consulta.”

En ambos casos las situaciones descritas resultan de situaciones directa o indirectamente ambientales, en uno de los casos expresado de manera explícita.

Lo que no apareció

A pesar de lo anterior, parece persistir la sensación de que el informe pudiera haber incorporado una mayor cantidad de aspectos que consideramos fundamentales, así como pudo ser más explícito y contundente en temas de violaciones a los derechos humanos ambientales que están sucediendo en Venezuela.

Por ejemplo pudiera haber indicado que:

En el país no hay garantía de la calidad del agua que se suministra a la población y que según la información disponible, en el país no se están realizando las prácticas normales para garantizar la calidad del agua.

Que el uso del mercurio en la minería es generalizado a pesar de que fue prohibido por Decreto Presidencial y que el gobierno venezolano firmó (pero no ha ratificado) el Convenio de Minamata. Y que a causa de ello existe evidencia de que una gran cantidad de personas incluyendo mineros, habitantes de comunidades cercanas a las minas y comunidades indígenas, incluyendo mujeres en edad fértil y niños, están gravemente afectados por la exposición a este elemento y sus compuestos derivados. 

Que la acción del gobierno es en muchos casos contraria al compromiso nacional y responsabilidad global de mitigación del cambio climático y que el país no cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Que el Ejecutivo nacional mantiene una política de segregación y exclusión por razones políticas y que a través de las mismas se coarta el derecho a la participación a personas, comunidades y especialistas en la toma de decisiones relacionadas con actividades que pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, incluyendo efectos sobre la salud y otros derechos humanos.

Todas estas informaciones están incluidas en una Carta que Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos le dirigió a la Dra. Bachelet el pasado 26 de junio.

Pero en este caso también es necesario aclarar que la fecha en que se envió esa carta ya estaba fuera del lapso de tiempo cubierto por el informe (enero de 2018 a mayo de 2019).

Y qué podemos hacer de aquí en adelante

Para lograr que el tema ambiental sea incorporado con mayor fuerza en los futuros informes que sean publicados por los organismos internacionales de derechos humanos, se necesita sobre todo realizar una mucho más completa documentación sobre violaciones a derechos humanos ambientales en el país.

Es realmente preocupante la muy poca información sistematizada y organizada que existe sobre la situación ambiental del país. Mucho menos la que haya sido enviada a los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso hay temas que han sido completamente invisibilizados por el gobierno nacional por lo que son desconocidos por la mayor parte de la población e instituciones internacionales, ello a pesar de que representan situaciones muy graves y generadores de violaciones masivas a derechos humanos.

Asimismo, debemos comprender que, tal como lo expresó Feliciano Reyna en su intervención durante el diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los venezolanos sólo contamos con las instituciones internacionales para obtener la protección y la justicia que no se consigue en el país,

Por tales razones, necesitamos hacer un gran esfuerzo para documentar, denunciar y difundir todas las violaciones a derechos humanos ambientales existentes.

Estos informes deberán ser redactados desde un enfoque de derechos humanos y enviadas a los diferentes organismos internacionales que las pueden procesar y utilizarlas en sus respectivos informes y recomendaciones.

En este sentido, no es suficiente con unos pocos informes, ni sólo realizados desde Caracas. El tema ambiental es complejo y tiene componentes territoriales particulares. Muchas organizaciones deberán desarrollar informes específicos desde diferentes perspectivas regionales y problemas particulares.

Un elemento fundamental de este proceso, es comunicar el sentido de urgencia que tiene detener el ritmo actual de destrucción de la naturaleza. Los reportes recientes provenientes de las Naciones Unidas alertan que a la actual velocidad de deterioro ambiental no será posible alcanzar la dimensión ambiental de la Agenda 2030, ni ninguna de las otras metas ambientales convenidas internacionalmente, incluidas las referidas a cambio climático y conservación de la diversidad biológica.

Más aun, el Profesor Philip Alson Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos expresó su profunda preocupación por la situación actual generada por el cambio climático y afirmó que “El cambio climático tendrá un enorme impacto sobre quienes viven en la pobreza, pero también amenaza la democracia y los derechos humanos”.

Más allá de estos llamados y alertas, los sucesos recientes de eventos sucedidos en todos los continentes, tales como inundaciones, sequías, tormentas, enormes incendios, olas de calor, son signos claros de un grave deterioro de los sistemas naturales, cuyas consecuencias pudieran ser enormemente graves tanto para la vida sobre la Tierra, como para nosotros los seres humanos.

En el caso de Venezuela, esta situación es aún más urgente, debido a que el gobierno nacional no sólo ha sido el principal promotor y ejecutor del mayor ecocidio que ha sucedido en la historia de la república, sino que ahora ha definido como política nacional posicionar la actividad minera como impulsora de la Agenda Económica Bolivariana. Esto a pesar de que esta actividad es la generadora de la mayor parte de la destrucción ambiental y generadora de violaciones masivas a derechos humanos. Adicionalmente, esta situación ocurre en un contexto de una cada vez más empequeñecida e ineficiente gestión ambiental, así como de una creciente represión, arbitrariedad e injusticia.

Pero no podemos hacer de esa acción de documentación un mero ejercicio teórico. Debemos ser capaces de demostrar que la mala gestión ambiental es un factor de muerte y destrucción masivas, tal como lo pueden ser otros sectores como el de la salud y la alimentación.

Además, las muertes y daños que genera la destrucción ambiental tienen rostro humano y es frecuentemente el de un niño, mujer o indígena.

Avanzar en estas tareas no es fácil, en particular en las terribles condiciones actuales. Por eso tenemos que aprender a trabajar en red y de manera sinérgica y cooperativa. Las circunstancias actuales del país son tan graves que, parafraseando a Jorge Luis Borges, deberíamos decir que si no nos ha unido el amor, que lo haga el espanto.

Por todo lo anterior, sí queremos ser oídos y que los temas ambientales sean reconocidos tanto como parte de la crisis venezolana, como de las posibles soluciones a los mismos, debemos ser capaces de construir y enviar un mensaje claro y fuerte desde el ambientalismo venezolano.

En su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado 5 de julio, la Dra. Bachelet señaló que “Los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios”.

Lograr ese muy necesario propósito es también tarea de cada uno de nosotros.

Nota: La mariposa que aparece en la imagen superior, es la Morpho helenorCramer, la cual fue seleccionada recientemente como mariposa nacional de Venezuela mediante una consulta abierta promovida por el Museo del Instituto de Zoología Agrícola “Francisco Fernández Yépez” (MIZA) de la Universidad Central de Venezuela. Esta selección tiene un enorme significado tanto simbólico para los que amamos la vida silvestre venezolana, sino además como futura imagen icónica para promover al país como un gran destino ecoturístico, así como recordatorio permanente de que las soluciones están en la Naturaleza.

Fuente: forotuqueque.blogspot.com

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