Cepaz presenta serie de artículos sobre la Corte Penal Internacional y el alcance de sus acciones en la situación de Venezuela

12 de julio de 2019-En los últimos años Venezuela ha estado bajo observación de la comunidad internacional, que agrupada en diversos organismos internacionales, ha intentado buscar y dar respuesta a los ciudadanos venezolanos ante diversos hechos que han socavado el disfrute de sus derechos humanos, inclusive llegándose a señalar la existencia de la comisión de crímenes internacionales. Ante esta situación, el 8 de febrero de 2018, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda anunció el inicio de un examen preliminar que tendría como objeto de análisis los crímenes cometidos en Venezuela desde al menos abril del 2017, en “el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados”. El marco normativo para esta investigación será el Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como el Estatuto de Roma.

En este sentido, la Fiscalía de la Corte señaló que “En particular, se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado usaron con frecuencia una fuerza excesiva para dispersar y reprimir las manifestaciones, y arrestaron y detuvieron a miles de miembros reales o aparentes de la oposición, algunos de los cuales habrían sido supuestamente sometidos a graves abusos y malos tratos. -Tratamiento en detención. También se ha informado de que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que resultó en que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos o muertos.”

Por su parte, el 27 de septiembre de 2018, un grupo de Estados parte al Estatuto de Roma (Argentina, Colombia, Chile, Paraguay Perú) remitieron la situación de Venezuela, solicitando inclusive la extensión del tiempo bajo investigación partiendo desde el año 2014.

Más recientemente la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina para Derechos Humanos, emitió su más reciente “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, en donde se realizaron una serie de afirmaciones que comprometen aún más la responsabilidad internacional del Estado pero sin dejar de lado que el mismo fortalecerá la idea de la necesaria determinación de responsabilidades individuales. Se estima que el informe será un nuevo elemento a ser considerado por la Fiscalía de la CPI, con base al artículo 15.2 del Estatuto de Roma,

Los hechos hasta ahora acá descritos han levantado una serie de dudas e interés en la ciudadanía sobre el alcance de las labores de la CPI y su impacto en Venezuela. Es por ello que CEPAZ comenzará con una serie de breves artículos que permitirán a la opinión pública mantenerse informada sobre temas relacionados a la CPI, esto debido a que estamos consciente de que los ciudadanos deben conocer sus derechos y empoderarse de la información relativa a cómo se inicia la activación de los mecanismos internacionales para investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos o la comisión de crímenes internacionales.

Igualmente, a través de esta serie de artículos, se busca brindar a la ciudadanía de un conocimiento claro sobre el alcance de las acciones judiciales de la CPI y de la importancia de los trabajos de esta corte cuando en la jurisdicción nacional no existe una institucionalidad independiente que zzzgarantice la justicia, verdad y reparación de las víctimas. Cabe resaltar que, igualmente, se pretende dejar claro que la finalidad de la CPI es luchar contra la impunidad a través de la investigación y enjuiciamiento de particulares, mediante el establecimiento de responsabilidades individuales por la comisión de crímenes internacionales; y que por lo tanto, la CPI no está abocada a resolver los problemas políticos de un Estado.

La publicación de los artículos se harán de la mano de dos especialistas en el área internacional: Thairi Moya Sanchez[1] y Simón Goméz Guaimara[].

[1] Thairi Moya Sánchez es Doctora en Derecho con enfoque en Derecho Internacional Penal, mención excelente y honorífica, por la Universidad Central de Venezuela y Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham. Cuenta con estudios en la Universidad de Harvard, Academia de Derecho Internacional de la Haya, La Fundación René Cassin-Francia, entre otros. Ha escrito varios artículos académicos, enfocados en Derecho Internacional Penal y Derechos Humanos, más recientemente el libro “La figura de la atribución de la responsabilidad establecida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y su compatibilidad con la Constitución de Venezuela”, (Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2019). Ganadora del Premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 2018. Consultora en Derecho Internacional Penal, Derechos Humanos y Derecho Internacional.

[2] Simón Gómez Guaimara es abogado summa cum laude por la Universidad de Carabobo y Magíster en Derecho Internacional Público con mérito por The London School of Economics and Political Science. Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica Andrés Bello y consultor en temas de derechos humanos, justicia transicional y derecho internacional. Recientemente, ha sido investigador visitante en Abo Akademi University (Finlandia) y Bard College (EEUU).

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal: el alcance de una finalidad común a través de técnicas normativas diferentes

Por Thairi Moya Sánchez y Simón Gómez Guaimara

En este artículo se explica la noción de dos ramas del Derecho Internacional que guardan una estrecha relación y se complementan recíprocamente, con el objeto de evitar la impunidad de las más egregias violaciones a la dignidad humana: el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional penal. El propósito de esta breve contribución excede la necesaria distinción entre ambas ramas jurídicas para el empleo adecuado de los términos e incluye una vocación práctica derivada de la comprensión de las elementos característicos y las consecuencias jurídicas que se desprenden de cada uno de los mencionados regímenes normativos.

Origen histórico
Los trágicos y dolorosos hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial permitieron el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, así como del régimen legal para sancionar los crímenes contra la humanidad, los crímenes contra la paz y los crímenes de guerra. Cabe precisar, sin embargo que, aun cuando ambas ramas comparten un origen común, el derecho internacional penal (DIP) antecedió ligeramente al derecho internacional de los derechos humanos, a través del establecimiento del Tribunal Militar Internacional de Núremberg y el Tribunal del Lejano Oriente. El derecho internacional penal no fue retomado hasta la creación de los tribunales ad hoc, a saber, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y, hoy se ha consolidado tras la creación de la Corte Penal Internacional (CPI).

Por su parte, el derecho internacional de los derechos humanos, después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, siguió un desarrollo progresivo y expansivo en el seno de las Naciones Unidas, así como a través de los sistemas regionales.

Nociones terminológicas
Preferimos el uso de la expresión “derecho internacional penal” (DIP), en vez de “derecho penal internacional” para aludir a la respuesta que otorga la comunidad internacional, a través de los tratados y la costumbre internacionales, frente a la comisión de los crímenes internacionales. Debido a que su finalidad es sancionar todo aquel quien dirige y que se ha servido de unas estructuras de poder para planear, instigar, ordenar, facilitar y cometer crímenes internacionales (Olásolo, Héctor Introducción al Derecho Internacional Penal. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014). Por su parte, el Derecho Penal Internacional se funda sobre la base de las acciones coordinadas entre dos o más Estados para establecer acuerdos de cooperación para el combate de otro tipo de crímenes. (Moya Sánchez, Thairi. La figura de la atribución de la responsabilidad establecida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y su compatibilidad con la Constitución de Venezuela. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, EJV, Caracas, 2019).

Distinciones y relaciones mutuas
Las obligaciones emanadas de los derechos humanos son impuestas a los Estados directamente, bien por acciones u omisiones atribuibles a sus agentes o a terceras personas bajo el amparo o la connivencia de los agentes estatales; mientras que las obligaciones del derecho internacional penal son impuestas sobre los individuos, detenten o no funciones públicas.

Ambos regímenes normativos procuran el establecimiento de responsabilidades. En el caso del derecho internacional de los derechos humanos, la responsabilidad es la típica del derecho internacional general, de carácter colectivo; mientras que en el DIP, la responsabilidad es de carácter individual, ya que este derecho es la herramienta, en el marco del derecho internacional, para juzgar a los perpetradores de crímenes internacionales.

Ambas ramas del derecho forman parte del derecho internacional, por lo que sus normas deben interpretarse de conformidad con las reglas de interpretación propias de ese derecho. Aunque, en el caso del DIP también rigen normas interpretativas propias del derecho penal, en atención a la especialidad de la materia.

Los instrumentos de derechos humanos tomaron un valor especial al momento de redactar los Estatutos de los tribunales ad hoc y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Un ejemplo de esto puede ser observado en los derechos de la persona acusada, establecidos en los artículos 21 y 20 de los Estatutos para los Tribunales Penales Internacionales para la Ex Yugoslavia, y para Ruanda respectivamente. En ambas disposiciones se reprodujo el Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, en el Estatuto de Roma, los artículos 55 al 67, reflejan esta influencia.

Los derechos humanos también han impactado el régimen sustantivo del DIP. Así, por ejemplo, en el Estatuto de Roma, el reconocimiento de la desaparición forzada de personas como un crimen de lesa humanidad fue producto de los abusos contra los derechos humanos en América Latina en las décadas de los años 70 y 80.

En este sentido, los tribunales ad hoc tomaron como referencia estándares y parámetros jurisprudenciales de tribunales internacionales de derechos humanos para adecuar la interpretación de la parte sustantiva del DIP. El caso Kumarac es un buen ejemplo de estos usos. Otro ejemplo se puede encontrar en el TPIR, el cual ha utilizado la jurisprudencia en cuanto a discursos de odio y libertad de expresión, para establecer los límites de las ofensas directas y de la incitación al genocidio, que si bien podrían tener una ‘similitud’ en su percepción, el análisis y las consecuencias son plenamente diferentes. (Robert Cryer et all. An Introduction to International Criminal Law and Procedure. Cambridge University Press, Cambridge, 2010).

Desde el punto de vista sustantivo, ambos regímenes normativos están plenamente diferenciados el uno del otro, por lo que se derivan enormes peligros cuando se tratan de forma indiferenciada, puesto que si bien casi todo crimen internacional podría conllevar una violación a uno o varios derechos humanos, lo inverso no aplica.

Por otra parte, mientras que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce un conjunto de derechos de la persona humana, el derecho internacional penal combina un conjunto de disciplinas legales que difieren en su naturaleza, valores, metas, métodos, contenidos y técnicas; todo esto para alcanzar así la responsabilidad penal internacional de un particular. Es por ello que en el manejo de esta área del derecho internacional, se enlazan principios del derecho internacional público, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional penal y el derecho internacional humanitario.

Finalmente, mientras que los derechos humanos podrían tener una aplicación amplia y sí se quiere liberal para su interpretación para poder alcanzar sus objetivos y finalidades; en el DIP hay derechos compensatorios de los sospechosos protegidos a través de los principios generales del derecho y toda ambigüedad será resuelta a favor del acusado. En conclusión, aunque ambas ramas pertenecen al derecho internacional público y tienen como finalidad garantizar los derechos de los individuos, la búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad, también es cierto que sus métodos son diferentes por lo que resulta conveniente el manejo diferenciado de sus normas y principios en el ámbito correspondiente a cada uno de ellos.

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