Acceso a la Información Pública y Emergencia Humanitaria en Venezuela

Este 28 de septiembre, celebramos el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una jornada promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la que se exige garantizar el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales.

En un contexto de emergencia humanitaria compleja detallada en el más reciente Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, publicado 4 de julio de 2019, se hace cada vez más necesaria la implementación de medidas que garanticen el libre acceso a la información pública que estimulen a su vez la participación de la sociedad en la construcción de salidas que permitan superar la crisis y la transparencia en el manejo de los recursos destinados para tal fin, además de promover la existencia de un gobierno abierto, necesario para el desarrollo de la democracia.

En el Informe presentado por la oficina de la máxima autoridad en derechos humanos, la Alta Comisionada indicó que el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública tiene como resultado violaciones a los derechos a la vida y un acceso inadecuado a los servicios básicos como el transporte público, electricidad, agua y gas natural. Incluso, el Estado venezolano reconoce en ciertos aspectos que existe una situación humanitaria, principalmente relativa a la escasez de alimentos y medicamentos, en las cuales se ha solicitado y aceptado ayuda humanitaria, insuficiente para cubrir las necesidades de la población.

La opacidad en la gestión de la ayuda humanitaria genera un entorno favorable para la corrupción o malversación de fondos. De igual modo, si no se hacen las investigaciones correspondientes a estos casos no solo se incentiva que exista impunidad en la gestión pública, sino promueve que haya otros casos similares. En el contexto de la situación de emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela se presentaron dos casos de manejo irregular de fondos e insumos. Estos casos se hicieron públicos a través de los medios de comunicación y la denuncia de particulares; por la falta de transparencia en Venezuela, pueden haberse presentado otras situaciones similares. 

En ambas oportunidades, Espacio Público realizó peticiones de información de acuerdo a lo establecido a los artículos 51 y 143 de  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en consonancia con los tratados internacionales ratificados y suscritos por Venezuela, y a pesar de la exigencia realizada por ACNUDH al Estado venezolano que los obliga a garantizar: “que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas” no logramos obtener respuestas de los organismos involucrados en el manejo de la ayuda humanitaria, situación grave, pues son vidas humanas las que estan en juego.

El acceso a la información pública es una de las herramientas más fiables para garantizar la transparencia y el ejercicio de la democracia a través de la participación ciudadana. Su importancia radica en permitir que dicha participación se haga de manera informada y a su vez que permita a la ciudadanía exigir y demandar rendición de cuentas en las áreas que sean de interés y lograr efectivamente una mejoría en los resultados de las acciones que se realizan desde la administración pública. A propósito de esto, y del tratamiento de la ayuda humanitaria que permitirá que un porcentaje importante de la población vulnerable de Venezuela supere las dificultades que la crisis humanitaria, realizamos un trabajo ampliado en el que detallamos los casos y las implicaciones.

Leer informe aquí   

27 de septiembre de 2019 

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