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Organizaciones de DDHH exigen renuncia a Defensor del Pueblo por incompetencia y apoyo fraudulento al TSJ

Más de 100 organizaciones de derechos humanos, junto a personalidades y miembros de la sociedad civil, suscribieron este martes un documento que exige la renuncia del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, luego de que este, en nombre del Consejo Moral Republicano, apoyara públicamente la sentencia 155 del Tribunal Supremo de Justicia

Leer la nota completa Aquí

Conozca la comunicación entregada al despacho del defensor

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Estudio 2016: Censura y Autocensura en Periodistas y Medios de Comunicación en Venezuela

Las heridas de la institucionalidad en el país pueden sanarse. Uno de los caminos para ello es salvaguardar la libertad de expresión como cimiento de la democracia y abonar el terreno para el ejercicio del periodismo libre, plural e independiente. Un periodismo que sea la voz de los ciudadanos, que denuncie con fundamentos, que escrute a las diversas fuerzas del poder y promueva la contraloría social como principio fundamental del ejercicio de ciudadanía.

Los periodistas tienen un diagnóstico claro de esta realidad, sus grietas y desafíos. Pero no se conforman con ello. Apuestan a unas mejores condiciones para su labor, para la sociedad y para la democracia. Así lo demostraron los aportes que recibió el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela de las 252 personas que participaron en el Estudio 2016 Censura y autocensura en periodistas y medios de comunicación en Venezuela, una investigación cuantitativa, con rigurosidad científica, que recogió la percepción de quienes ejercen la labor periodística en 18 estados del país, con representación de medios privados, independientes, comunitarios, estatales, así como de oficinas públicas y organizaciones no gubernamentales.

Revise el informe completo aquí

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La sociedad civil en urgencia

La degradación de nuestra sociedad venezolana ha llegado a tal nivel que es imposible no reaccionar mancomunadamente desde la sociedad civil en todas sus expresiones. El problema no puede solucionarse desde los partidos políticos que tienen sus límites y confusiones, ni desde el gobierno y sus numerosas instituciones que muestran permanentemente sus incapacidades. No es posible confiar todavía únicamente en posibles diálogos ni en las elecciones regionales y nacionales, por importantes que todo eso sea. Tampoco las organizaciones sociales por sí mismas están en capacidad de transformar la compleja situación actual.

La situación real del país ha llegado a un nivel de total crisis que no permite escapar a ningún estamento ni persona y que afecta a todas los ciudadanos sin excepción.

Además, la descomposición de nuestro diario convivir lleva a un proceso de destrucción de lo más íntimo que es la familia, sus valores y su espiritualidad implícita. Que un grupo de diez o quince niños, dirigidos por una muchacha de 15 años, mate a un guardia civil en Sabana Grande; que tres estudiantes del último año de bachillerato en Caricuao golpeen hasta la muerte a una compañera; que un joven adoptado por una familia con gran amor, mate a su mamá y hermana; que en un colegio de alto nivel se descubra una red de droga de compra y venta, donde hay representantes involucrados. Todo esto nos habla de que el mal está endémico y que nos está minando nuestra humanidad.

Además, no puedo dejar de anotar las cifras que hoy en día aparecen en las noticias: se calcula unos 11.000 neonatos (menos de 1 año) fallecidos el año pasado. Esta cifra es una vergüenza para cualquier país decente y da un giro dramático a lo conquistado por Venezuela en los 50 años anteriores. Si, además, necesitamos 20.000 bolívares por familia por día para sobrevivir, nos damos cuenta definitivamente de la pobreza reinante.

No podemos dejar pasar eso y quedarnos cómodamente en nuestras islas trabajando para el bien social. Todos debemos asumir responsabilidad y sanamente presionar a las autoridades y a responsables políticos para exigir un cambio fundamental. Las organizaciones sociales organizadas en sus muy capaces redes como Sinergia y las de derechos humanos, a igual que los sindicatos dispuestos y los gremios fuertes, a pesar de ser atacados permanentemente, las cooperativas independientes, las academias con su gran potencialidad, las universidades y toda esta rica sociedad que todavía vibra con la solidaridad y la democracia y evidentemente, el apoyo constante de nuestra Iglesia católica y las demás iglesias cristianas, todos y mucho más deben presionar, exigir, manifestarse desde su preocupación social. Igualmente, dentro el chavismo se pronuncian cada día más personas y sectores para un cambio observando los resultados nefastas de las actuales situaciones.

No somos partidos políticos, ni lo queremos ser. Somos organizaciones de la sociedad civil preocupados desde hace décadas por lo social, que es nuestro centro de preocupación. Pero no se excluye trabajar al lado de los partidos y en diálogo franco llegar a definir en pocos puntos centrales nuestras metas y objetivos. Nadie manda a nadie, sino que en mutuo reconocimiento y respeto se logra una cercanía positiva y transformadora.

Nuestro objetivo no es el poder –eso se lo dejamos a los partidos– sino más bien la reconstrucción de la convivencia ciudadana a partir de algunos elementos esenciales que incluyen decisiones económicas, pero visto desde lo social. El acceso a la comida y a los medicamentos a precios manejables y por caminos normales, la revisión de las OLP para asegurar el mínimo de desviaciones mortales y terminar definitivamente con los presos políticos que absorben tanta energía.

Formemos no solo un dique para detener este tsunami de malas situaciones, sino que también logremos una sola voz, una sola acción y un solo resultado: un país de gente feliz.

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Golpe de Estado no inició con dos sentencias, ni culminó con acto del Consejo de Defensa de la Nación

El Consejo de Defensa de la Nación (CODENA), en horas de la madrugada del día 1 de abril de 2017, exhortó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a revisar las sentencias 155 y 156 promulgadas a fines de marzo. Lo decidido por el CODENA, actuando fuera de su competencia (art. 323 de la Constitución) al pronunciarse sobre ‘conflictos’ entre Poderes, demuestra una vez más la falta de independencia entre éstos, pues se dan instrucciones precisas sobre cómo debe actuar un Poder del Estado, en este caso, al Poder Judicial.

Por otra parte, bajo la insostenible tesis de la solución de una “controversia” entre el Ministerio Público y el Poder Judicial por el despojo de funciones al Legislativo, se emite un acuerdo en el que no participaron ni la Fiscal General ni el Presidente de la Asamblea Nacional, lo cual aumenta la fragilidad de este intento por aparentar que no estamos en presencia de un golpe de Estado.

Recordamos que el TSJ ha contribuido a la crisis nacional mediante una serie de sentencias (más de 50) que fracturaron de manera perjudicial el sistema democrático de nuestro país, al socavar de manera constante las funciones de la Asamblea Nacional y al atribuir poderes ilimitados al Ejecutivo; por lo que la grave crisis actual es el resultado de un golpe de Estado continuado mediante diversas actuaciones judiciales. En este sentido, el verdadero rescate del Estado de Derecho amerita el restablecimiento de todas las funciones de la Asamblea Nacional y el respeto total a la normativa establecida en la Constitución.

Cabe subrayar que, en respuesta a la exhortación del CODENA, el Presidente del TSJ leyó un comunicado ante el cuerpo diplomático en el cual, sin referirse en detalle a la usurpación de funciones consagrada por las sentencias 155 y 156, llama al órgano legislativo a “acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al Estado de Derecho”, con lo que sigue sosteniendo la tesis del desacato en la que fundamentan el despojo progresivo de todas las facultades a la Asamblea Nacional. Además, el presidente del TSJ, al terminar la lectura del comunicado, pidió que éste “sea divulgado por todo el país y, por supuesto, internacionalmente”, lo que evidencia que la principal preocupación al momento de realizar este acto sin precedentes con la representación diplomática acreditada en el país, es la percepción internacional, más que el restablecimiento del Estado de Derecho.

Las decisiones 155 y 156 no fueron sentencias judiciales sino actos políticos, al igual que las decisiones por las cuales se produce su modificación, lo que evidencia que la Sala Constitucional no actúa como garante de la Constitución sino como operador político de los intereses del Ejecutivo. La doctrina del órgano disciplinario judicial señala que el error judicial inexcusable es aquel que genera “una resolución esperpéntica, absurda, que rompa la armonía del orden jurídico” y que cause “un daño significativo”. Nada más dañino para la vida institucional de la República que una decisión del tribunal a cargo de interpretar la Constitución, que consagra la usurpación de funciones y la ruptura del hilo constitucional.

Rechazamos la simplificación de los graves hechos contra la Constitución al calificarlos como una “controversia” entre poderes y sostenemos que la restitución del Estado de Derecho no se solventa con la enmienda de dos sentencias, por lo que exigimos:

  1. La renuncia inmediata de todos los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

  2. El inicio de oficio del procedimiento judicial que permita la determinación de las responsabilidades que correspondan a los magistrados de la Sala Constitucional.

  3. La derogatoria del actual Estado de Excepción y el sometimiento a la consideración de la Asamblea Nacional de cualquier futuro decreto sobre la materia;

  4. La derogatoria de todas las actuaciones de la Sala Constitucional que, con base en un supuesto desacato, han dejado sin efecto los actos legislativos, de contraloría, de investigación y nombramientos de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, entre otras cosas:

    1. Presentar la memoria y cuenta del Presidente de la República y de los Ministros ante la Asamblea Nacional;

    2. Reconocer la facultad contralora de la Asamblea Nacional, acudiendo a sus solicitudes de interpelación y acatando las decisiones que se deriven de la misma;

    3. Presentar los informes anuales de los órganos del Poder Ciudadano ante la Asamblea Nacional;

    4. Permitir la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral cuyo período venció en 2016, mediante el mecanismo previsto en la Constitución;

    5. Ordenar la libertad inmediata e incondicional del diputado Gilber Caro y, en caso de existir bases para ello, iniciar el procedimiento que corresponda según su carácter de diputado;

    6. Restituir las partidas presupuestarias que permitan el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional, incluyendo el pago de los sueldos de sus diputados y personal, así como de los servicios e insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones;

    7. Garantizar el derecho a libre tránsito de los diputados, mediante la restitución de pasaportes y asegurando el retorno sin represalias del diputado Luis Florido.

  5. Retomar de inmediato el cronograma electoral, sin pretender justificar mayores demoras a causa del proceso de validación de partidos políticos.

  6. Tomar todas medidas necesarias para detener aumento de la pobreza en el país, lo cual incluye garantizar el acceso a los alimentos y medicinas para toda la población, sin ningún tipo de discriminación.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la comunidad internacional y en especial a los organismos multilaterales, a no bajar el nivel de atención a la situación de Venezuela, toda vez que las medidas sustantivas que produjeron el golpe de Estado permanecen vigentes y han profundizado la crisis de derechos humanos en el país.

1. AC Llamado a la Conciencia Vial
2. AC Nueva Esparta en Movimiento
3. Acceso a la Justicia
4. Acción Campesina
5. Acción Solidaria
6. Asamblea de Educación
7. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
8. Asociación Civil Mujeres Línea
9. Asociación Venezolana para la Hemofilia
10. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. AVESA
11. Aula Abierta Venezuela
12. Cecodap
13. Centro de Acción y Defensa por los DDHH (CADEF)
14. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
15. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
16. Ciudadanía Activa
17. Civilis Derechos Humanos
18. Coalición Clima21
19. Codhez
20. Comisión de Derecho Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Apure
21. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas de la Universidad del Zulia
22. Comisión Nacional de la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela del Estado Mérida
23. Convite AC
24. Espacio Humanitario
25. Espacio Público
26. FeminismoInc
27. Fundación Reflejos de Venezuela
28. GENDHU -Evangelina García Prince
29. Humano Derecho Radio
30. Laboratorio de Paz
31. Lourdes Lopez Rojas
32. Movimiento Vinotinto
33. Mujeres Venezolanas en Acción
34. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
35. Observatorio venezolano de los derechos humanos de las mujeres
36. Observatorio Venezolano de Prisiones
37. Opción Venezuela AC.
38. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
39. Padres Organizados de Venezuela
40. Prepara Familia
41. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
42. Proiuris
43. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
44. Red andina de derechos humanos RADAR.
45. Redes Ayuda
46. Sinergia
47. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
48. StopVIH
49. Un Mundo Sin Mordaza
50. Unión Afirmativa de Venezuela
51. Venezuela Diversa A.C

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Nueva sentencia del TSJ consagra un golpe al parlamento venezolano

La sentencia N° 156, dada a conocer cerca de la medianoche del 29 de marzo, mediante la cual la Sala Constitucional del TSJ asume todas las competencias de la Asamblea Nacional o las delega a quien ella decida, coloca a Venezuela ante la disolución del parlamento por vía judicial.

No existe ninguna disposición constitucional que faculte al órgano judicial, designado mediante elecciones de segundo grado, a asumir las funciones de la Asamblea Nacional, órgano que representa directamente a la población.

La Sala Constitucional ha emitido medio centenar de decisiones que ha ido despojando progresivamente a la Asamblea Nacional de sus funciones legislativas, contraloras, de investigación y de designación, hasta suspender la inmunidad parlamentaria y finalmente asumir como suyas funciones que corresponden al poder legislativo.

El parlamento constituye un pilar fundamental de la institucionalidad democrática, ya que es un espacio de participación y expresión de los diferentes grupos que integran el país. Es el espacio en el que tanto los representantes electos, como las organizaciones y miembros de la sociedad civil pueden debatir y dialogar las diferentes propuestas para crear legislaciones y políticas públicas. En este sentido esta medida no sólo atenta contra el orden constitucional, sino que además la violación del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Hacemos un llamado al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a cesar en el desconocimiento de la Constitución que ha sido evidenciado tras la publicación de las más recientes sentencias de la Sala Constitucional las cuales permiten la aplicación de medidas y acciones que socavan el hilo constitucional y rompen el orden democrático en Venezuela, y reafirman la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela consolidando un régimen Dictatorial.

Finalmente instamos, nuevamente a que se tomen los correctivos necesarios para revertir cualquier decisión que viole la norma constitucional, desconozca el poder del voto popular representado en la Asamblea Nacional electa y que profundice el alejamiento del país de un sistema democrático, al respeto de las garantías fundamentales y los derechos humanos, a fin de recuperar la democracia y el Estado de Derecho, comenzando por restablecer y respetar las funciones de la Asamblea Nacional.

1. A.C María Estrella De La Mañana
2. A.C. Nueva Esparta En Movimiento
3. A.C. Radar De Los Barrios
4. Acceso A La Justicia
5. Acción Campesina
6. Acción Solidaria
7. Amigos Trasplantados De Vebezuela AC
8. Asamblea De Educación
9.  Asociación Civil Mujeres En Línea
10. Asociación De Profesores De La Universidad Simón Bolívar APUSB
11. Asociación Venezolana De Mujeres
12. Asociación Venezolana De Mujeres
13. Asociación Venezolana Para La Hemofilia
14. Aula Abierta Venezuela
15. Banco Del Libro
16. Cedice Libertad
17. Centro De Aninación Juvenil
18. Centro De Derechos Humanos De La Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
19. Centro De Estudios Sociales Y Culturales
20. Centro De Justicia Y Paz – Cepaz
21. Civilis Derechos Humanos
22. Coalición Cambio Climático 21
23. (Codevida) Coalición Por El Derecho A La Salud Y La Vida
24. Comisión De Derechos Humanos De La Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas De La Universidad Del Zulia
25. Comisión De Derechos Humanos De La Federación De Colegios De Abogados De Venezuela Capítulo Táchira
26. Comisión De Derechos Humanos De La Federación De Colegios De Abogados De Venezuela Capítulo Táchira
27. Comisión De Derechos Humanos De La Federación Venezolana De Colegios De Abogados Del Estado Apure
28. Comisión Nacional De Derechos Humanos De La Federación De Colegios De Abogados De Venezuela-Capítulo Mérida
29. Comisión Para Los Derechos Humanos Del Estado Zulia
30. Convite AC
31. Correo Del Caroní
32. Espacio Humanitario
33. Espacio Público
34. EXCUBITUS Derechos Humanos En Educación
35. FEDERACION NACIONAL DE SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES -FENASOPADRES-
36. Frente En Defensa Del Norte De Caracas Y Asamblea De Ciudadanos De Candelaria
37. Funcamama
38. Fundación TAAP
39. Fundamujer
40. Fundeci
41. Instituto Venezolano De Estudios Sociales Y Políticos INVESP
42. IPYS Venezuela
43. Laboratorio De Paz
44. Llamado a La Conciencia Vial
45. Médicos Unidos Carabobo
46. Movimiento Vinotinto
47. Observatorio De Derechos Humanos De La Universidad De Los Andes
48. Observatorio Global De Comunicación Y Democracia
49. Observatorio Hannah Arendt
50. Observatorio Venex
51. Observatorio Venezolano De Conflictividad Social (OVCS)
52. Observatorio Venezolano De Prisiones
53. OPCION Venezuela AC.
54. Programa Venezolano De Educación- Acción En Derechos Humanos (Provea)
55. Proiuris
56. Promoción Educación Y Defensa En DDHH (PROMEDEHUM)
57. Sinergia
58. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
59. StopVIH
60. Transparencia Venezuela
61. Un Mundo Sin Mordaza
62. Una Ventana a La Libertad
63. Unión Afirmativa de Venezuela
64. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
65. Veedores por la Educación Aragua

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