TSJ y ANC insisten en usurpar funciones del Parlamento

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sentencia nº 66 del 16 de agosto de 2017, ordenó la detención del diputado (ex-PSUV) Germán Ferrer, sin haber obtenido la autorización previa de la Asamblea Nacional (AN), tal y como lo ordena el artículo 200 de la Constitución, ni haber publicado el texto íntegro de la sentencia, por lo que el condenado no conoce su fundamentación, requisito indispensable para un debido proceso.

Al parecer (ya que el texto de la sentencia no está publicado), la razón para violar la inmunidad parlamentaria de Ferrer, quien, vale acotar, es esposo de la Fiscal General suspendida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es la existencia de elementos de prueba que demuestran que el diputado cometió una serie de delitos de manera flagrante (corrupción, enriquecimiento ilícito, legitimación de capitales y asociación para delinquir), a pesar de que el ex-Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo que tales transgresiones a la ley habían ocurrido entre marzo de 2016 y abril de 2017.

El artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que un delito flagrante es “el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor”.

¿Es posible que haya habido flagrancia si los delitos imputados fueron cometidos hace tiempo? Acceso a la Justicia observa que, aunque algunos ilícitos son de carácter continuado, no consta tampoco que a Ferrer se le haya sorprendido en el preciso momento de su comisión, por ello no ha sido aprehendido y en efecto, salió del país, así que mal se podría aplicar la figura del delito flagrante y, por ende, tampoco el procedimiento especial previsto en el COPP.

Para la ONG más evidente aún es que no se ha dado la circunstancia de hecho prevista en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual en el caso de que un diputado sea sorprendido en la comisión de un delito, la autoridad competente lo debe poner en custodia en su residencia y se debe comunicar de ello a la Fiscalía y a la Sala Plena del TSJ, la cual debe decidir sobre la libertad o no del legislador, pero ello no exime de solicitar el levantamiento (allanamiento) de la inmunidad del diputado a la AN. En el caso del diputado Ferrer fue la ANC quien consumó dicho procedimiento en su sesión del 17 de agosto.

“Lo único que demuestra esta decisión del TSJ es la violación por parte de los magistrados y de los miembros de la ANC de la inmunidad parlamentaria, lo cual acarrea responsabilidad administrativa e incluso penal, de acuerdo con lo señalado en el artículo 200 constitucional. También se incurrió en usurpación de funciones, que según el artículo 25 de la Carta Magna acarrea la nulidad de sus actos y además constituye un delito de acuerdo con el artículo 213 del Código Penal”, subrayó la ONG.

Vale acotar que el artículo 213 del Código Penal prevé prisión de 2 a 6 meses para cualquier funcionario que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas, civiles o militares.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Después de cuatro meses de protesta contra el Gobierno nacional volvemos al mismo conflicto generado por las sentencias 155 y 156 del TSJ, que llevaron a la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz, a denunciar la ruptura del orden constitucional.

De nuevo, la máxima cabeza del poder judicial y ahora la Constituyente usurpan las funciones de la Asamblea Nacional legítima, al levantar la inmunidad parlamentaria del diputado Germán Ferrer, de manera que se ha reanudado el golpe de Estado de marzo de 2017, ahora con más fuerza.

¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que sus derechos serán respetados? Lamentablemente ninguna, porque los poderes encargados de velar por esos derechos desconocen la Constitución y las leyes o las tuercen de acuerdo con sus intereses.

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Defiende tus derechos: Descarga el formato para ampararte en caso de ser despedido por razones políticas

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Desde el pasado 18 de julio Provea viene recibiendo denuncias de víctimas de hostigamiento, acoso y despidos contra trabajadores y empleados por parte de altos funcionarios de instituciones y empresas del Estado, para obligarlos a participar en las elecciones para la escogencia de los integrantes de la fraudulenta asamblea nacional constituyente, realizadas el 30 de julio de 2017, o como actos de retaliación por no haber participado en dichos comicios.

Hasta los momentos, de la población total de las denuncias recibidas, predominan las del Metro de Caracas, Movilnet, Pdvsa, Poder Judicial, y Pequiven. Asimismo, la Fábrica de Insumos 27 de Febrero, Abastos Bicentenario, Ministerio de Banca y Finanzas, Empresas Básicas de Guayana, Distrito Escolar del Municipio Rómulo Gallegos, Sidor, Sudeban, Banco Bicentenario, Saren, Seguros La Previsora, Empresa Hidrosuroeste C.A., Ministerio de Vivienda, Superintendencia de la Actividad Aseguradora, y Banco Bicentenario, Seguros Federal, Corpoelec, y la Superintendencia de la actividad aseguradora, SUDEASEG

Enfrentando el Acoso Laboral

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Acoso Laboral o “Síndrome de Mobbing”, es una forma de acoso psicológico que consiste en el hostigamiento a través de acciones crueles, vengativas o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de trabajadores.

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones, y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), establece en su artículo 56 que los empleadores deberán “abstenerse de realizar toda conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores, prevenir toda situación de acoso por medio de la degradación de las condiciones y ambiente de trabajo, violencia física o psicológica, aislamiento, o por no proveer una ocupación razonable al trabajador de acuerdo a sus capacidades y antecedentes, y evitar la aplicación de sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas y una sistemática e injustificada crítica contra el trabajador o su labor”.

Asimismo, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), en sus artículos 164 y 166 definen, prohíben y sancionan el Acoso Laboral en los siguientes términos:

Artículo 164. Se prohíbe el acoso laboral en los centros de trabajo públicos o privados, entendiéndose como tal el hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma recurrente o continuada por el patrono o la patrona o sus representantes; o un trabajador o una trabajadora; o un grupo de trabajadores o trabajadoras, que atente contra la dignidad o la integridad biopsicosocial de un trabajador, una trabajadora o un grupo de trabajadores y trabajadoras, perturbando el ejercicio de sus labores y poniendo en peligro su trabajo o degradando las condiciones de ambiente laboral.

Esta conducta será sancionada conforme las previsiones establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás que rigen la materia.

Artículo 166. Acciones contra el acoso laboral o sexual. El Estado, los trabajadores y trabajadoras, sus organizaciones sociales, los patronos y patronas, quedan obligados a promover acciones que garanticen la prevención, la investigación, la sanción, así como la difusión, el tratamiento, el seguimiento y el apoyo a las denuncias o reclamos que formule el trabajador o la trabajadora que haya sido objeto de acoso laboral o sexual.

El Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), ha catalogado el Acoso Laboral dentro de la lista de enfermedades ocupacionales bajo el código 070-04. Es por ello que en presencia de esta situación, el trabajador debe dirigirse al referido ente a fin de que el mismo evalúe y certifique que fue víctima de Acoso Laboral.

El artículo 76 de la LOPCYMAT confiere al INPSASEL la competencia exclusiva para realizar la evaluación correspondiente, así como la comprobación, calificación y certificación del origen de las enfermedades ocupacionales emitiendo un informe que posee el carácter de documento público. La certificación sólo se emite cuando el acoso genera discapacidades temporales. Lo óptimo es que las empresas o instituciones eviten ambientes de trabajo desfavorables y que, en caso de que se produzcan, tomen los correctivos pertinentes antes de que se genere la enfermedad ocupacional.

Una vez emitido el certificado, el trabajador debe acudir al Ministerio del Trabajo a fin de que un Procurador del Trabajo lo asista al momento de reincorporarse a su puesto laboral. En este caso, la empresa está obligada, no sólo a corregir, sino a impedir que el acoso ocurra de nuevo.

Asimismo, la LOPCYMAT establece que el trabajador tendrá derecho a la prestación dineraria correspondiente al número de días que dure la discapacidad temporal por causa del acoso que imposibilite al trabajador laborar por un tiempo determinado (artículo 79).

Pero además, si el empleador no toma medidas para frenar una situación sistemática de acoso laboral, el trabajador tendrá derecho a demandar al empleador por vía judicial, exigiendo el pago de una indemnización por daño moral (artículo  129).

Esto sin menoscabo de la multa que recibiría el patrono, sin perjuicio de otras acciones civiles y penales, según lo previsto en el artículo 528 de la LOTTT: Infracción por acoso laboral o acoso sexual. El patrono o patrona que incurra en acoso laboral o acoso sexual se le impondrá una multa no menor del equivalente de treinta unidades tributarias, ni mayor del equivalente a sesenta unidades tributarias, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que tenga derecho el trabajador o trabajadora.

Discriminación por razones políticas

Los actos de discriminación laboral por razones políticas están expresamente prohibidos en el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito y ratificado por Venezuela; en los artículos 19, 21, 57 y 89 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CNRBV); en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), y en el artículo 21 de la misma Ley que reza: “Son contrarias a los principios de esta Ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales”. Igualmente están prohibidos en la Ley Orgánica sobre Protección, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT) en su artículo 56que obliga a todo empleador a “Abstenerse de toda discriminación contra los aspirantes a obtener trabajo o contra los trabajadores y trabajadoras y, dentro de los requerimientos de la actividad productiva, respetar la libertad de conciencia y expresión de los trabajadores y trabajadoras”.

El artículo 543 del DLOTTT establece que los funcionarios que, por acción u omisión, violen las normas contenidas en el instrumento legal que estén dirigidas a proteger el proceso social de trabajo y los derechos de las y los trabajadores, deben ser sancionados con remoción o destitución de su cargo.

Provea rechaza que se sigan promoviendo actos de discriminación y hostigamiento, despidos injustificados y retaliaciones contra empleados y trabajadores de la administración pública y empresas del Estado, por expresar sus opiniones o abstenerse de participar en actividades electorales y proselitistas convocadas por la dictadura.

Ponemos a la disposición de todos los posibles afectados nuestro correo medios@derechos.org.ve y nuestros teléfonos (0212) 862.10.11 / 862.53.33, para registrar, visibilizar y acompañar sus denuncias sobre estas preocupantes prácticas violatorias de derechos humanos. Asimismo, compartimos un formato de libre edición para que las personas afectadas puedan ejercer un recurso de AMPARO CONSTITUCIONAL en caso que sean despedidas por razones políticas.

Descarga aquí el formato para ejercer Amparo Constitucional

 

Fuente : Provea 

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Jugando se aprende de la vida y más en el Museo de los Niños

ANIVERSARIO » El recinto cumple 35 años como referente educativo y cultural

ABRAHAM SALAZAR 
absalazar@el-nacional.com

E xiste un lugar en Caracas donde ser curioso es la regla. Allí está prohibido no tocar. Es el Museo de los Niños que se mantiene, a pesar de los embates del tiempo, como uno de los bastiones para la recreación cultural de los pequeños.

Dos edificios coloridos de particular arquitectura que forman parte del Complejo Parque Central, cumplen 35 años brindando conocimiento a varias generaciones de venezolanos a través de expresiones científicas lúdicas.

Biología, Comunicación, Ecología, Física, Carrera Espacial, Gran Caja de Colores, La Emoción de Vivir sin Drogas y el Planetario Tridimensional son las secciones fijas y los principales ejes temáticos de este universo de posibilidades que cuenta con 9.000 metros de áreas expositivas donde con todo se puede jugar porque el cielo no es el límite.

El museo cuenta con un trasbordador espacial de casi 10 metros de ancho que viaja hasta Marte o la Luna, donde niños de 6 a 12 años de edad pueden poner un pie e izar la bandera con Museíto, el icónico representante visual de la institución.

“¿Qué quieres ser cuando seas grande?”, es la pregunta con la que se recibe a los niños visitantes en la recepción tras pasar por una larga pasarela.

Dependiendo de la respuesta el recorrido comenzará por una exhibición u otra, pero cada niño es libre de entrar por donde desee y detenerse en lo que más le llame la atención. Algunos se dejan llevar por los colores y sonidos del piano gigante, otros escogen los espejos que deforman la realidad en el apartado de Percepción, y aun hay quienes prefieren aprender sobre leyes de tránsito mientras emulan ser conductores en el asiento de una Blazer.

La combinación de elementos técnicos en la realidad aumentada, una televisión digital, el viaje a la Luna, las diferencias de los eclipses y el descubrimiento de unas matemáticas divertidas son algunas de las propuestas más nuevas del museo, datan de los últimos dos años. Además, el personal administrativo de la institución hace actualizaciones de las exposiciones existentes al menos cada seis meses o cuando cuenta con los recursos suficientes.

El Museo de los Niños es una fundación privada que recibía aportes por parte del Estado como institución de recreación y esparcimiento, y también por su desarrollo científico. Sin embargo, en la actualidad el sueldo del personal de más de 100 personas ­integrado por unos 60 guías y 50 trabajadores del área administrativa­, los servicios básicos de los edificios y las renovaciones de las exhibiciones se costean solamente con lo que percibe por las entradas generales del público que cuestan 6.000 bolívares y 3.500 bolívares las del planetario.

Rara temporada. 300 personas es el promedio diario de visitantes, no obstante, “estas vacaciones han sido atípicas porque hay muy pocos planes vacacionales en Caracas, las empresas recreativas grandes no han venido mucho sino que las comunidades se han organizado y traen de 10 a 15 niños. Aparte de eso, la afluencia de público particular ha disminuido bastante”, explica Darwin Sánchez, jefe de la Unidad de Educación.

No todas las exposiciones están abiertas, pero no porque estén fuera de funcionamiento, sino porque se espera a que haya suficiente público para hacer una función. Esto sucede con las secciones del Estudio de Televisión, el Campo Electromagnético, el Ciclo del Agua o la Construcción de Juguetes a partir de Material Reciclable.

La plantilla de amigos-guía del museo se turna entre las instalaciones. Generalmente hay más de 20 personas trabajando en el recorrido pero a veces pueden ser menos.

“Trabajamos con jóvenes que tienen entre 17 y 21 años, que están en el último año de bachillerato o en el primero de la universidad. Sobre todo si son personas que quieren estudiar Educación, esta experiencia les ayuda mucho para que pierdan el miedo escénico y adquieran destrezas en el manejo de grupos”, asegura Sánchez quien es uno de los tres encargados de forjar constantemente nuevas formas de exposición del conocimiento de una manera lúdica en el Museo de los Niños.


La luz como referencia

El Museo de los Niños cuenta con dos edificios unidos por una larga pasarela plateada. Primero está un amplio salón con grandes ventanales constantemente iluminado con luz natural, es la sección Carrera Espacial que cuenta con tres pisos en los que se describe la llegada del hombre al espacio y cuya atracción principal es el recorrido por la superficie lunar que se hace portando un traje espacial.

Luego hay cuatro pisos que se caracterizan por ambientes más oscuros, donde los rayos del Sol no penetran lo que permite que la luz de miles de botones y pantallas encienda la curiosidad de los pequeños. Escaleras, ascensores y pasadizos ayudan a la movilidad de la familia por las salas que se pueden recorrer en un par de horas. 

Fuente : EL NACIONAL – DOMINGO 20 DE AGOSTO DE 2017ARTE & ESPECTÁCULOS/6

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57 Organizaciones expresaron su rechazo a la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública (CVJPTP)

Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la sociedad civil y del movimiento de los derechos humanos, declaramos que rechazamos la propuesta, constitución y actual funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente  (ANC) que se adelantó de manera unilateral, violando principios constitucionales y derechos humanos de los venezolanos, configurándose en una acción constante de desconocimiento de la […]

Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la sociedad civil y del movimiento de los derechos humanos, declaramos que rechazamos la propuesta, constitución y actual funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente  (ANC) que se adelantó de manera unilateral, violando principios constitucionales y derechos humanos de los venezolanos, configurándose en una acción constante de desconocimiento de la voluntad soberana por parte del propio Estado siendo su existencia ilegal, ilegítima y usurpadora de la soberanía popular, como hemos expresado anteriormente.

La ilegítima Constituyente creó el pasado 8 de agosto, la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública (CVJPTP), a través de una “Ley Constitucional”, la cual en sí misma representa un abuso de poder y un acto en contra de la soberanía popular, ya que la ANC no puede dictar leyes.

La única institución que puede hacerlo es la Asamblea Nacional, como expresión del Poder Legislativo Nacional, siendo entonces la existencia de una “ley constitucional” una violación a la Constitución de 1999, aún vigente.

Con este tipo de actos la ilegítima Constituyente se ha subrogado potestades que no le son propias, pretendiendo dictar actos con rango constitucional, lo que no es posible sino en regímenes de facto, desconociendo los principios constitucionales y los contenidos en todos los instrumentos internacionales reconocidos por la República en materia de derechos humanos.

Prueba de ello es que en la creación de la CVJPTP se establece como finalidad la de investigar y determinar responsabilidades de “los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia, ocurridos dentro de la jurisdicción de la República, durante el período comprendido entre los años 1999 y 2017”.

Esto advierte que a esta ilegítima CVJPTP se le dará un margen de aplicación amplio que desvirtúa la naturaleza una legítima Comisión de la Verdad. La CVJPTP no puede ser considerada una verdadera Comisión de la Verdad, conforme a los estándares internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica en sus instrumentos para las comisiones de la verdad, que son elementos fundamentales para su constitución: la voluntad política para alentar la realización de investigaciones serias sobre los hechos bajo estudio de la comisión; que el conflicto o las prácticas represivas hayan terminado y que exista interés de las víctimas en participar en el proceso que se desarrolle en la comisión.

Ninguno de estos elementos se constata en la realidad venezolana pues, por ejemplo, ni las víctimas ni la sociedad en general han sido consultadas en cuanto a si quieren o no constituir esta comisión; el conflicto y las prácticas represivas se mantienen, pues hasta la fecha continúan privadas de libertad por razones políticas más de 600 personas y, además, quien dirige la  CVJPTP ha emitido, en reiteradas oportunidades, opinión sobre varios de los casos que estarían bajo su estudio, por lo que la investigación estaría a todas luces viciada, sin que se profundice sobre la arbitrariedad de quienes en general constituyen dicha “comisión”.

Por esta razón alertamos sobre el verdadero propósito de la ilegítima CVJPTP que, en el fondo, lo que se plantea es instaurar y agudizar mecanismos de persecución de la disidencia, y no atender a las necesidades reales y concretas de la población.  Esta instancia determinaría las responsabilidades por delitos de naturaleza política a su libre arbitrio, en un pseudo tribunal que carece de cualquier tipo de independencia, realizando procedimientos a través de “audiencias públicas”, fundamentadas en supuestos poderes supraconstitucionales pero que son procesos políticos que buscan castigos ejemplarizantes, así como desacreditar y anular a la disidencia política, como ha sido mostrado en muchos ejemplos históricos de regímenes totalitarios.

Esta es una manera de criminalizar a quienes disienten y manifiestan su rechazo al actual régimen político y de socavar los derechos civiles y políticos de la población. Teniendo en cuenta lo anterior, denunciamos el retroceso político y legal y, en especial, la amenaza a los derechos humanos, promovidos tanto por el Ejecutivo Nacional, como por el Poder Judicial y el Poder Ciudadano.

Rechazamos las acciones del Ejecutivo Nacional, a través la ANC y la constitución de la CVJPTP, al tiempo que mantenemos nuestra firme determinación de velar y requerir al Estado el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales de los derechos humanos del pueblo venezolano.

Desde nuestros correspondientes espacios dejamos en claro que los derechos y principios no se negocian, por el contrario, se exigen, respetan y practican, ya que son anteriores y superiores a la autoridad del Estado y su carácter es universal; de ahí que dependan de la seguridad jurídica, el orden social y la paz.

Instamos al Ejecutivo Nacional a apegarse a los principios normativos nacionales e internacionales; así también, le exhortamos a que detenga toda acción sistemática de persecución y de generación de zozobra hacia la dirigencia política, grupos minoritarios, organizaciones civiles y religiosas, al igual que al resto de la población.

Solicitamos a la comunidad internacional continuar atenta a la crisis generada por la creación de la ilegítima ANC y solicitamos  el desconocimiento y rechazo de todo órgano supraconstitucional, incluyendo a la CVJPTP.

Desconocemos todo régimen, legislación y autoridad que contraríe los valores, principios, garantías y libertades consagradas en la Constitución Nacional, así como en los distintos tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.

La ciudadanía demanda un sistema social, político y económico capaz de fomentar condiciones que dignifiquen su propia existencia en sociedad.

En la ciudad de Caracas, a los 21 días del mes de agosto del año 2017.

Suscriben este documento:

  1. A.C. Mujeres Unidas por la Salud (MUSAS)
  2. Acceso a la Justicia
  3. Acción Solidaria (Acsol)
  4. AEPA Falcón
  5. A.C. Mujeres en Positivo por Venezuela
  6. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC)
  7. Asociación Civil Juventud Unida en Acción
  8. Asociación Civil Mujeres en Línea
  9. Asociación Civil Saber es Poder “ASOSABER”
  10. Asociación Civil Saber es Podet “ASOSABER”
  11. Asociacion de Profesores de la UCV (2)
  12. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
  13. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
  14. Centro de Educación y Capacitación para la Vida CECAVID
  15. Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
  16. Centro para la Paz y los DDHH UCV
  17. Civilis Derechos Humanos
  18. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
  19. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure
  20. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ
  21. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
  22. ECOCATIA
  23. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
  24. Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (FEDEVE) Comision DDHH
  25. FEDERACIÓN NACIONAL DE SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES -FENASOPADRES-
  26. Fenasopadres Capítulo Aragua
  27. Foro Hatillano
  28. Frente Nacional de Mujeres
  29. FUNDACION PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER LATINOAMERICANA (FUNDEMUL)
  30. FUNDAMUJER
  31. FUNDECI
  32. JUVENTUD UNIDA EN ACCION (JUENA)
  33. Mujeres Venezolanas en Acción
  34. Mujeres VP-Mujeres con Voluntad
  35. Nueva Esparta en Movimiento A.C
  36. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  37. Observatorio Global de Comunicación y Democracia
  38. Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
  39. ONG Centro Internacional para el Desarrollo SostenibleA.
  40. Organización StopVIH
  41. Padres Organizados de Venezuela
  42. PAZ ACTIVA
  43. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
  44. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
  45. Proyecta Ciudadanía A.C
  46. Red de Jóvenes de las Américas nodo Venezuela
  47. Red de Organizaciones Vecinales de Baruta
  48. Red Sindical de Mujeres
  49. Red Venezolana de Mujeres Positivas RVM+Info
  50. RIOD Venezuela
  51. Transparencia Venezuela
  52. Un Estado de Derecho
  53. Una Ventana a la Libertad
  54. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
  55. Venered
  56. Venezolanos por la Libertad
  57. VotoJoven

También suscriben:

  1. Ana Julia Jatar
  2. Antonio Pignatiello
  3. Begoña Esteban
  4. Cecilia Chacon
  5. Chere Ramos
  6. Jose Alonso Sanchez M
  7. Elaisa Ferris
  8. Elida Yannett Rivero
  9. Elizabeth Piña
  10. Evangelina García Prince
  11. Fernando Wallis
  12. Geovanni Siemm
  13. Gloria M. Egui
  14. Graciela Viloria de Pérez
  15. Joel García Vicepresidente
  16. Jose Rafael López Padrino
  17. Karla Ávila – Periodista
  18. Magaly Huggins
  19. Malena Salas
  20. Manuela Bolívar
  21. Mariangela Gonzalez
  22. Marta De La Vega
  23. Rosario Hernández
  24. Vanessa Izaguirre
  25. Vìctor J. Poleo U

Fuente : Cepaz 

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