Radiografía de la Defensoría del Pueblo

A la luz de la degradación ante la ONU de la Defensoría del Pueblo y de la actitud cómplice del Defensor del Pueblo frente a la creciente represión gubernamental respecto de las protestas de abril de este año, resulta pertinente conocer el desempeño de tan importante órgano público, creado por la Constitución de 1999 para la defensa de nuestros derechos humanos y la vigilancia de los servicios públicos. En este sentido, Acceso a la Justicia presenta un estudio sobre su desempeño sobre la base de las cifras oficiales desde el 2001 hasta el 2015.

Lo primero que se observa es que en un Estado de derecho todos los entes públicos deberían ser transparentes, sobre todo un organismo como la Defensoría del Pueblo en su condición de garante de los derechos humanos.

Aunque es cierto que en la página web de la Defensoría del Pueblo están publicados los informes anuales de la institución, faltan informaciones importantes como el número total de defensores.

En lo que respecta a la información presupuestaria de este organismo, esta está disponible en las leyes de presupuesto, los créditos adicionales y las rectificaciones.

Según esas fuentes, la asignación de recursos a la institución ha sido cada vez menor a partir de 2001 por virtud de la ley de presupuesto. Sin embargo, esta reducción se ha compensado con créditos adicionales y rectificaciones, aunque en 2015 no se aprobó crédito alguno y la Defensoría pasó a disponer de apenas una quinta parte de los recursos con los que contaba en 2001, llegando a representar el 0,00001% del presupuesto nacional, que es un décimo del valor observado en 2002.

La eficacia del organismo está empañada por la falta de claridad a la hora de informar sobre su gestión, lo que se hace más palpable cuando se intenta evaluar su desempeño sobre la base de las denuncias ingresadas y las que fueron atendidas.

Si a esto se suma la falta de sistematización al procesar los casos, englobando como “materias varias” la mayoría de las denuncias (62,2% en 2014), la calidad de la información está evidentemente comprometida: no es posible saber de qué se tratan seis de cada diez denuncias realizadas en los últimos dos años.

Lo que sí queda claro es que el patrón de denuncias recibidas por la Defensoría ha tenido una tendencia a la baja desde el 2002, cuando se registraron 60.037 casos. Tras un valor mínimo en 2009 (26.218) hubo una leve recuperación, en 2012 vuelve a descender ligeramente y en 2015 se aumentó a 39.418 denuncias. Además, desde el 2009, menos de un tercio de estas llega a tramitarse formalmente, muestra de su baja capacidad de respuesta.

El balance general del período es una caída en la demanda del servicio, que bien podría estar asociada a problemas de credibilidad de la institución, así como la disminución de su eficiencia en la atención de las denuncias recibidas, quizás asociada a la importante reducción de su presupuesto.

Para Acceso a la Justicia lo más importante de la investigación realizada es que revela la política del estado de no asignar recursos suficientes a organismos como estos que son fundamentales para la defensa del ciudadano y de los derechos humanos, así como la poca transparencia de la Defensoría del Pueblo en cuanto a la información sobre su desempeño, a pesar de estar obligada a rendir cuentas, como todo organismo público en un Estado de derecho y en una democracia.

¿Y tú venezolano, qué puedes hacer?

Si el órgano que debe denunciar las más grandes violaciones de tus derechos por el Estado, como son las de los derechos humanos, no es transparente en cuanto a su gestión y además está politizado, como demuestra su degradación ante la ONU, ¿cómo puede defenderte?

Por ello, como ciudadanos debemos estar pendientes de los procesos de selección de estos funcionarios, para cuya selección la propia Constitución (artículo 279) nos permite intervenir a través de la participación en un Comité de Postulaciones, que debería estar integrado por diversos sectores de la sociedad civil y que en cambio, desde que fue aprobada la Constitución, ha sido conformado por políticos.

Enlace al estudio : https://goo.gl/fJ9CSj

Publicado por Acceso a la Justicia

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ONG exigen al TSJ que se pronuncie sobre demanda introducida hace un año solicitando protección a los derechos a la salud y la vida

Este martes 23 de mayo, representantes de las organizaciones Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Funcamama, Senos Ayuda, Acción Solidaria, Transparencia Venezuela, Cecodap, Prepara Familia y Provea, acudirán ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), específicamente ante la Sala Constitucional, a solicitar respuesta de una demanda de protección de derechos, introducida el 23 de mayo de 2016, y de la cual no han obtenido respuesta, a pesar de que la sala dio cuenta de haberla recibido.

La demanda solicitaba protección a los derechos a la salud y a la vida de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela. Ha transcurrido un año desde el vencimiento establecido en al artículo 151 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone que el tribunal se pronunciará sobre su admisión en el lapso de cinco días de despacho siguientes a la introducción, y se designará ponente, quien conocerá la totalidad del juicio. En efecto fue designado como ponente el magistrado Calixto Ortega, pero hasta los momentos no se ha generado la admisión del caso.

En el escrito, las organizaciones reiteran la emergencia que vive Venezuela en materia de salud y cómo los más vulnerables se ven afectados. Hay más de 11.400 niños menores de un año que padecen la carencia de servicios de salud adecuados, la escasez de medicamentos, insumos médicos y reactivos.

La situación sanitaria en el país es tan delicada que el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, reconoció su gravedad y exhortó al Gobierno venezolano a aceptar la ayuda humanitaria en materia de medicamentos.

Las organizaciones solicitantes esperan que el TSJ otorgue protección al derecho a la salud de todos los venezolanos, y a través de esta demanda de respuesta a los afectados.

En virtud de la imposibilidad de agotar los mecanismos nacionales de protección de derechos fundamentales, los representantes legales de las organizaciones demandantes plantearon la posibilidad de ejercer acciones ante los órganos internacionales de protección de derechos humanos, en especial del derecho a la salud.


Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida)
Funcamama
Acción Solidaria
Transparencia Venezuela
Cecodap
Prepara Familia
Provea (Programa Venezolano de Educación- Acción en DDHH)

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2016 | Periodismo en estado de excepción | ÍndiceIPYSve de libertades periodísticas

Fueron 365 días para Venezuela en los que no hubo confianza para hablar abiertamente. Los obstáculos para informar con libertad fueron mutando. Se hicieron recurrentes las agresiones, amenazas, presiones, persecuciones, así como nuevas formas de censura.

El abuso del poder estatal, la desinformación y la opacidad marcaron a 2016, un año en el que el ejercicio periodístico independiente estuvo en riesgo, y así lo confirma el Índice IPYS de libertades periodísticas 2016. Una medición que por primera vez llevó a cabo el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, con la mirada puesta en levantar un retrato con fundamento estadístico, que diera cuenta de las restricciones que tienen las libertades informativas en esta nación.

Construido desde la percepción de los propios periodistas, este índice caracterizó las condiciones del ejercicio del periodismo en Venezuela bajo restricciones frecuentes, con una puntuación de 66, valoración que ubicó al ejercicio periodístico en una situación de libertades limitadas en las que 100 es su condición óptima y 0 la percepción de mayor gravedad. En 2017, no obstante, este paisaje ha variado con el contexto de protestas ciudadanas que comenzaron el 12 de marzo.

Esta medición se estructuró en función de 28 determinantes para evaluar las libertades informativas, de las cuales ninguna tuvo una valoración óptima, lo que indicó que en 2016 todas las condiciones del ejercicio del periodismo en Venezuela estuvieron comprometidas y fueron infiltradas para restringir este oficio, en mayor o menor medida.

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Rechazo a la aplicación, en consecuencia del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, del Plan Zamora, como mecanismo restrictivo de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos

Quienes suscribimos este documento, organizaciones de la Sociedad Civil que trabajamos en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH), manifestamos:

Que el día 18 de abril el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, en alocución presidencial bajo la vigencia del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, ordenó la aplicación a nivel nacional del autodenominado PLAN ZAMORA, en su decir en FASE VERDE, bajo el cual ordena a los jefes de las REDI (Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral) y las ZODI (Zonas Operativas de Defensa Integral) la activación de este Plan Estratégico Especial Cívico-Militar que “activa la Seguridad y Defensa de la Nación en caso de amenazas al orden interno, que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional, siendo que deberá activarse bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano, en defensa del orden integral, de la paz y para derrotar el golpe de Estado”, asumiendo que los organismos de seguridad y orden público nacionales quedan bajo el mando de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI).

Que específicamente el día 15 de mayo de 2017, un grupo de ciudadanos del estado Nueva Esparta, enmarcados en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decidieron participar de manera pacífica, en el denominado “Gran Plantón”, el cual, entre otros sitios de desarrollo, se realizó en las inmediaciones de la avenida Juan Bautista Arismendi de esa entidad insular.

Que por su accionar fueron reprimidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en circunstancias que llevaron a la detención de TREINTA y TRES (33) ciudadanos en todo el territorio del estado.

Que estos ciudadanos fueron recluidos el mismo día 15 de mayo, en el Comando de Zona N° 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, a cargo del General Aquilino Mata.

Que durante sus detenciones, por demás ilegales e inconstitucionales, practicadas a través de mecanismos popularmente conocidos como redadas, sin individualizar presuntos autores de hechos punibles, y ejecutadas en su mayoría por intermedio de allanamientos ilegales sin previa orden judicial, en residencias aledañas a los sitios del suceso, violentando entre otros, el principio constitucional de inviolabilidad del hogar; comprometiendo en su accionar la Guardia Nacional Bolivariana, el derecho de toda persona al respeto de su dignidad, su integridad física, psíquica y moral; y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, al infligir serios daños físicos y morales en el grupo de detenidos, tal y como fuese plenamente comprobado por los reconocimientos médicos legales practicados por forenses de la región, a solicitud de la Fiscalía de Derechos Fundamentales.

Que diecinueve (19) de los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, siendo procesados en la jurisdicción penal ordinaria; y el restante grupo de catorce (14) detenidos, se desconocía porque no fueron presentados, motivando tal incertidumbre que el Ministerio Público a través del Fiscal Tercero de esa jurisdicción, solicitase ante el Circuito Judicial Penal se le colocaran a su disposición el resto de los detenidos, ocasionando con ello agresiones e intimidaciones verbales por parte de funcionarios de ese Circuito al referido representante de la vindicta pública, que lo “invitaron” airadamente a “retirar” su solicitud.

Que durante su detención en la mencionada dependencia militar, fueron objeto de incomunicación absoluta; inclusive el propio día de su detención, la Guardia Nacional Bolivariana impidió a la Fiscalía de Derechos Fundamentales de la región el acceso a los detenidos; asimismo impidió el acceso a familiares y/o abogados de confianza, no fueron informados de los cargos por los que se les pretendía juzgar; siendo estas condiciones como la prohibición de incomunicación o tortura y el derecho al debido proceso, garantías de carácter intangible y de imposible suspensión, por mandato del artículo 337 de nuestra Constitución Nacional.

Que ante tal situación de violación flagrante en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos detenidos, organizaciones de derechos humanos y familiares, intentaron el día 17 de mayo, unaacción de amparo a la libertad personal, conociendo de ella el Tribunal Primero en funciones de Control del Estado Nueva Esparta.

Que a pesar del mandato constitucional contenido en el artículo 27 de la Constitución, de poner bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, y sin dilación alguna a los detenidos, este Tribunal en fecha 19 de mayo, decidió declinar su competencia como juez constitucional, en un Tribunal Militar, violando con ello la propia carta magna, así como reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional que señala como único competente para expedir ese mandamiento de habeas corpus, al tribunal de control, y por lo tanto, haciendo nugatorio que otro juzgado pueda decidir un amparo sobre libertad y seguridad personales.

Que violando el principio de juez natural, estos catorce (14) ciudadanos fueron sometidos a Justicia Militar en el estado Anzoátegui, el día 19 de mayo de 2017, permitiendo a sus abogados tener contacto con ellos por primera vez, apenas 20 minutos antes de la prevista audiencia; ordenándose a siete (7) de ellos su procesamiento y reclusión en el anexo militar de la Cárcel de La Pica, estado Monagas, y al resto de ellos, a seis (6), el procesamiento con medidas cautelares; y el restante, no ha podido ser presentado por encontrarse convaleciente en una clínica, víctima de los malos tratos infligidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

Que la Justicia Militar, tiene un connotado carácter inquisitivo y no autónomo, esquivo a los principios en materia de derechos humanos; donde inclusive los fiscales y jueces militares, de esa jurisdicción, son elegidos por el Presidente de la República, violentando el debido proceso de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción, que justamente se encuentran manifestando en contra del gobierno nacional, configurándose una inaceptable criminalización y judicialización de la protesta social.       

Que la responsabilidad civil, penal y administrativa de tales acciones desplegadas en el estado Nueva Esparta, corresponden, en base los lineamientos dictados por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros (en el marco de lo que este autodenominó PLAN ZAMORA), en un primer término al Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular (REDIMAIN) Almirante Edglis Herrera Balsa, al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nueva Esparta (ZODI Nueva Esparta) Vicealmirante Alfredo Pulido Pinto, y al Comando de Zona N° 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, a cargo del General de Brigada Aquilino Mata.

Que la Defensoría del Pueblo como elemento medular de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, tiene responsabilidades ineludibles en la investigación de este tipo de casos.

En consecuencia:

EXIGIMOS del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, la suspensión inmediata a nivel nacional del denominado PLAN ZAMORA, por ser este plan un mecanismo represivo, que conlleva en su aplicación, la restricción de los derechos y garantías constitucionales consagrados a favor de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela;

 EXIGIMOS del Defensor del Pueblo la activación inmediata a nivel nacional de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la plena activación de sus funciones y facultades; comisión esta que le toca presidir, de acuerdo a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 EXIGIMOS de la Fiscal General de la República, proceda sin dilación alguna procesar y solicitar enjuiciamiento, a todos aquellos civiles, autoridades o no, funcionarios militares o policiales; que no solamente resulten señalados de presuntamente cometer violaciones al derecho a la vida y/o integridad personal, sino todos aquellos que por omisión y/o acción, hayan permitido el relajamiento de los principios y derechos fundamentales contemplados en nuestra carta magna; así como todos aquellos que por su acción pretendan entorpecer las atribuciones y competencias del Ministerio Público.

 EXIGIMOS sin dilación alguna de los Tribunales Militares a nivel nacional, ordenen la liberación inmediata de todos los civiles dispuestos a su jurisdicción; así como la urgente declinatoria de estas causas, en los correspondientes Tribunales de Control de la Jurisdicción Penal ordinaria.

 EXIGIMOS sin dilación alguna de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, revisar, de oficio, la constitucionalidad del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, y subsecuentemente la aplicación delPlan Zamora, como mecanismo restrictivo de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos.

 ADVERTIMOS que de continuar ejecutándose el Plan Zamora, estaríamos frente a una profunda desnaturalización del principio de división de poderes, así como las competencias y atribuciones constitucionales de los órganos del poder público nacional, haciendo que los actos de algunos de ellos, se ejecuten sin control alguno, estando frente a una inequívoca ruptura del orden constitucional.

En la ciudad de Porlamar, a los 23 días del mes de mayo del año 2017.-

Suscriben este comunicado…

Organizaciones venezolanas:

  1. Acceso a la Justicia A.C.
  2. Acción Campesina
  3. Asociación Ecológica para la Prevención Ambiental (AEPA) Estado Falcón
  4. Aula Abierta Venezuela
  5. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
  6. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Monseñor Oscar Romero de la Universidad de Los Andes
  7. Cedice Libertad
  8. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
  9. Centro de Animación Juvenil
  10. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
  11. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
  12. Centro de Formación para la Democracia (CFD)
  13. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  14. Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.
  15. Civilis Derechos Humanos
  16. Coalición de ONG y Defensores de Derechos Humanos
  17. Coalición Clima 21
  18. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Anzoátegui
  19. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Apure
  20. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Bolívar
  21. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Mérida
  22. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Monagas
  23. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
  24. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
  25. Convite A.C.
  26. Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional (CIIDER)
  27. Escuela de Vecinos de Venezuela
  28. Espacio Público
  29. EXCUBIRUS Derechos Humanos en Educación
  30. Federación Nacional de Sociedad de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
  31. Foro Penal Venezolano Capítulo Nueva Esparta
  32. Fundación Abrae
  33. Fundación Aguaclara
  34. Fundación Camino Democrático
  35. Fundación CELTA
  36. Fundación Ensayos Para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)
  37. Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID)
  38. Fundación Nueva Mujer Margarita
  39. Fundación Reflejos de Venezuela
  40. Fundación Venezolana para la Ingeniería Ecológica (FUNVIE)
  41. FUNDEANAMB Falcón
  42. Gente del Petróleo Anzoátegui
  43. Laboratorio de Paz
  44. Llamado a la Conciencia Vial A.C.
  45. María Estrella de la Mañana A.C.
  46. Movimiento Vinotinto
  47. Nueva Esparta en Movimiento A.C.
  48. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  49. Observatorio Venezolano de la Salud
  50. Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
  51. Organización StopVIH
  52. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
  53. Opción Venezuela A.C.
  54. Padres Organizados de Venezuela
  55. Participación Comunitaria Falcón
  56. Paz Activa A.C.
  57. Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
  58. Proyecta Ciudadanía A.C.
  59. Red Andina de DDHH (RADAR)
  60. Red Manglar Internacional Capítulo Venezuela
  61. Red Internacional de ONG que luchan contra la Desertificación (RIOD Venezuela)
  62. Revista SIC del Centro Gumilla
  63. Sinergia
  64. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  65. Transparencia Venezuela
  66. Un Mundo Sin Mordaza
  67. Una Ventana a La Libertad
  68. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.
  69. Veedores por la Educación del estado Aragua

 

Organizaciones internacionales:

  1. Justice International

Imagen cortesía google

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RAMALC | Solidaridad antimilitarista y no violenta con Venezuela

Hay antimilitaristas, objetoras de conciencia, no violentas y pacifistas en Venezuela. También hay organizaciones integrantes de nuestra Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, Ramalc. Para todas ellas nuestro abrazo, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. Las queremos vivas, sanas y libres.

En estos días, la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela está siendo objeto de persecución y represión por cuenta de sus actividades. Por eso, extendemos a ellos y a ellas nuestra solidaridad y apoyo; estamos y seguiremos atentos para denunciar dichas persecuciones.

Venezuela experimenta un ciclo de manifestaciones realizadas masivamente de manera pacífica -como reconoció la Fiscal General del país- en ciudades, pueblos y comunidades rurales- tras preocupantes decisiones del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas: aprobar un decreto de estado de excepción que ha sustituido a la Constitución; decisiones en materia económica que han aumentado la pobreza en el país y generado escasez de medicamentos y alimentos; haber suspendido el derecho a la participación mediante el voto; erosionar las atribuciones del Parlamento y la Fiscalía General de la República y aprobar e implementar un plan de ocupación militar del territorio bajo el nombre de “Plan Zamora”.

No queremos represión contra quienes ejercen sus derechos, en Venezuela ni en ningún lugar del mundo. No queremos represión militarizada como quienes por manifestarse o querer manifestarse sufren juicio y prisión militar en Venezuela. El uso de la justicia militar contra civiles ha ido en aumento en este último año y se ha convertido en una práctica represiva constante que pretende anular a la justicia civil.  Ha habido más de 40 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones, además de cientos de heridos y detenidos, casi 300 de ellos pasados a tribunales militares en este último tiempo. Estas denuncias, hechas por organismos de Derechos Humanos independientes venezolanos, se multiplican día a día demostrando que es una escalada en la militarización que vive Venezuela

Queremos se detenga el proceso de militarización que vive Venezuela mediante, por ejemplo, la conformación de Milicias conformadas por trabajadores y civiles que reciben armamento y formación militar y que están bajo el mando y tutela de la fuerza armada nacional bolivariana. La participación en dichas milicias es obligatoria. Además, se han incorporado a grupos de civiles armados para la represión a los manifestantes.

La realización de planes militares para afrontar una crisis económica y social, no hace más que agudizar la militarización que vive el país, como sucede actualmente con el plan Zamora. Diferentes organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales e incluso corrientes del propio chavismo han calificado al gobierno de tener prácticas que no pueden estar más alejadas de lo que se considera revolucionario, como cuando se violan los derechos humanos y se militariza la sociedad. Por las mismas razones creemos que el momento de actual dificultad y descontento popular de ninguna manera puede ser excusa para la intervención extranjera y violenta contra la soberanía del pueblo venezolano.

Felicitamos a quienes persisten en la noviolencia como forma de manifestarse, sin caer en la provocación violentista que implica todo este proceso de militarización. La creatividad y originalidad que han demostrado estas manifestaciones noviolentas constituyen un recurso social disponible para salir del atolladero político y social que vive Venezuela hoy día. Por ello llamamos al amplio movimiento noviolento, antimilitarista y objetor de conciencia de Latinoamérica y el mundo a acompañar, dar seguimiento y respaldo moral a quienes hacen resistencia noviolenta a la militarización en Venezuela.

Le extendemos nuestras palabras de aliento a los familiares de las víctimas de la represión, y solicitamos que todas las situaciones sean investigadas y aclaradas, y sus responsables materiales e intelectuales sancionados.

El gobierno venezolano debe abstenerse de continuar enfrentando el descontento con represión, y debe permitir salidas democráticas, constitucionales y pacíficas a la actual crisis que experimenta el país.

Finalmente, hacemos extensiva nuestra solidaridad a todo el pueblo venezolano en su lucha no violenta.

Puedes consultar la declaración AQUÍ 


Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe

Publicado por Provea 

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