El Gobierno también le ha encargado la represión de los estudiantes a tribunales, Fiscalía y Defensoría del Pueblo

La Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela alerta que el Ejecutivo ha recurrido al encarcelamiento, asesinato y tortura de los estudiantes contestatarios del proyecto político oficial, pero su valor para resistir el asedio continúa

Caracas, 23 de junio de 2017. En la lucha que los venezolanos han afrontado por el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la reconstrucción del Estado de derecho y de un orden de libertades, los estudiantes universitarios han tenido una contribución determinante.

Por ello, la represión para silenciarlos, no es una tarea que el Gobierno le ha encargado exclusivamente a los cuerpos de seguridad. “En ella participan coordinadamente los tribunales, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, los cuales renunciaron a sus tareas y deberes constitucionales y se sumaron al propósito de atemorizar, perseguir y procurar impedir cualquier manifestación o acto, que a juicio del Gobierno ponga en peligro la continuidad del proyecto socialista en el país”, denunció la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (Fedeve) en el ensayo: Débil separación de los poderes públicos y el sector estudiantil en Venezuela, publicado en el libro Muchas instituciones, un jefe, producido por Transparencia Venezuela.

La razón alude a que mientras el Gobierno del difunto presidente Hugo Chávez, primero, y de Nicolás Maduro, después, se ha concentrado en persuadir o forzar a los ciudadanos a aceptar la ideología socialista, los estudiantes se han resistido a un tipo de vida que está muy lejos de reflejar las aspiraciones, deseos y valores que varias décadas de vida democrática sembraron en la conciencia social.

El Gobierno ha recurrido a la amenaza abierta, la persecución judicial, el encarcelamiento, el exilio, el asesinato y la tortura de muchos de los estudiantes contestatarios del proyecto político oficial. Aunque ciudadanos de todos los sectores, clases sociales, edades y profesiones, han sido víctimas de la represión en sus distintas formas, son los estudiantes el objetivo central de la persecución. Sin embargo, también continúa la determinación de la comunidad estudiantil de resistir el asedio.

La Fedeve señala en el texto que, en otros momentos de la historia reciente, también la participación de los estudiantes fue crucial y por ello no dejan de estar en el radar del Gobierno opresor.  Destacando tres períodos como decisivos: la resistencia contra la toma de Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela en el año 2001.  La campaña contra el proyecto de reforma constitucional que se sometió a referéndum en el año 2007 y la desobediencia de la Ley Orgánica de Educación Universitaria de 2010.

Los estudiantes advierten que cómo el Gobierno no ha logrado someter a las universidades, diseño un plan de restricción presupuestaria que ha conducido, a la mayor pérdida de capital humano especializado (profesores, investigadores, empleados) y deterioro de la infraestructura que haya sufrido la universidad venezolana en toda su historia.

En este marco de ahogamiento económico, se busca llevar a los centros de estudio a la parálisis o a un tipo de funcionamiento muy limitado en el que ya las instituciones no logren publicar libros, financiar la formación de nuevos investigadores y profesores, becar a sus mejores estudiantes o mantener vivo el proceso de búsqueda del conocimiento.

Los estudiantes, que son sin duda sus principales víctimas, han cumplido un papel fundamental en la vigencia del reclamo ante la opinión pública para evitar el cierre de las instituciones que aunque se han mantenido en pie, los signos del deterioro físico, administrativo y académico son evidentes. Además el desgaste de las autoridades ha conducido en muchos casos a renuncias, lo cual genera la necesidad de sustituir a la autoridad renunciante por un miembro de la comunidad que no ha sido electo.

Para la fecha del ensayo, la política continúa, puesto que el partido de gobierno sabe con total certeza que jamás ganaría unas elecciones, ni de autoridades ni profesorales ni estudiantiles. Pero la valentía y ánimo de los estudiantes sigue intacta.

Transparencia Venezuela, hoy 23 de junio, felicita a todos los abogados del país apegados al Estado de Derecho y los exhorta a seguir defendiendo la institucionalidad.

Lee el ensayo “Débil separación de los poderes públicos y el sector estudiantil en Venezuela”

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Informe de Una Ventana a la Libertad: Ausencia de respeto a los Derechos Humanos caracteriza estadía en calabozos del SEBIN

La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVL) dedicada desde hace 19 años a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, presentó el informeSituación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide y Plaza Venezuela.

Para la realización de esta investigación, que da a conocer las condiciones de reclusión en las celdas del Sebin, el equipo de investigación de Una Ventana a la Libertad acudió básicamente a fuentes vivas, algunas de las cuales estuvieron detenidas en los calabozos de esa institución. También fueron recopilados documentos impresos, fotográficos y audiovisuales. El trabajo de campo correspondiente fue desarrollado durante los meses de mayo y junio de 2017.

Para el momento en que se realizó el informe, el Sebin Helicoide tenía una población de 340 reclusos, siendo su capacidad real para 80 personas, teniendo niveles de hacinamiento del 300 %.

El documento indica que en el Sebin Helicoide, el espacio total disponible para los detenidos es de aproximadamente 321 metros cuadrados. Esto indica que el promedio de espacio por detenido es inferior a un metro cuadrado por recluso.

La población recluida en el Sebin Helicoide en 80% de su población está por razones políticas y existe un 20% de presos por delitos comunes, entre los que se encuentran Walid Makled y sus hermanos, los asesinos de Robert Serra y Eliecer Otayza.

En las celdas del Sebin Helicoide los detenidos corren permanentemente el riesgo de ser objeto de tratos vejatorios o crueles, y en ocasiones torturas.

Igualmente, el informe refleja que en el centro de reclusión de Plaza Venezuela hay siete celdas, existiendo para el momento del estudio solo 3 reclusos, este recinto es utilizado para generar condiciones de “aislamiento celular” en las que las personas pierden la noción de temporalidad. Las celdas de seis metros cuadrados, además, están dispuestas de una forma tal que a los presos les resulta muy difícil comunicarse unos con otros.

Una Ventana a la libertad concluyó en su investigación que los centros de reclusión preventiva del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Helicoide y Plaza Venezuela, aunque distintos en su configuración y características físicas, forman parte de un sistema de utilización de la privación de libertad con fines políticos, por una institución cuyo objetivo primordial es la preservación del proceso revolucionario.

Se evidenció la constante y permanente violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y la inexistente aplicación de ningún tipo de normativas internacionales en torno al trato digno que debe brindárseles especialmente en lo referente a clasificación, sobrepoblación, insalubridad, ausencia de régimen de estudio, trabajo y uso del tiempo de ocio, tratos crueles e infamantes, torturas, privación ilegítima de libertad y atención médica.

El informe completo se encuentra disponible en el sitio web de la organización www.unaventanaalalibertad.org

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Provea: Estado de terror obliga a profundizar Rebelión Popular por vías pacíficas

La Fiscal General  Luisa Ortega Díaz expresó el 20.06.2017 que en Venezuela el Estado de Derecho ha sido sustituido por un “Estado de Terror”. Una caracterización adecuada de la actual situación del país donde la dictadura acrecienta día a día su arbitrariedad, represión, violaciones a los derechos humanos y desconocimiento de la Constitución.

El Estado de Terror, lamentablemente, favorece escenarios de violencia al cerrar espacios para la protesta pacífica y para la canalización de los reclamos y exigencia de derechos en las instituciones públicas. Por ello, responsabilizamos al Ejecutivo Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia a su servicio de auspiciar la conflictividad e incrementar el descontento de la población que siente no hay ninguna voluntad política para escuchar sus exigencias, observando como se viola desde el poder la Constitución y las leyes.

Semana tras semana se constata que el pueblo venezolano tras asumir la calle como escenario para levantar su voz y expresar sus inquietudes, en ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, no está dispuesto a doblegarse a pesar de la represión. Más de 3500 detenidos, una masacre continuada que tiñe de sangre las calles del país, la aplicación de justicia militar a civiles, torturas y malos tratos a detenidos, allanamientos masivos arbitrarios y violentos, así como una política comunicacional que busca inculcar terror no han logrado intimidar al pueblo.

La protesta se mantiene en grandes, medianos y pequeños poblados. Adultos mayores, jóvenes y últimamente adolescentes participan en las manifestaciones. Artistas, deportistas, cineastas, religiosos, intelectuales, autoridades universitarias, líderes sindicales, estudiantiles, comunitarios, ex dirigentes políticos del chavismo mantienen la convocatoria de calle y la exigencia de cese a la represión. La procedencia social de las víctimas de la represión refleja que los barrios bajaron y se encuentran incorporados a la movilización. Se diversifican las voces que rechazan la dictadura y claman por el respeto a la Constitución.

La Rebelión Popular sobrepasó los 80 días. El pueblo ha sabido transformar el dolor por los que han ofrendado su vida, en disposición de mantener la exigencia por sus derechos. Quedan muchos días de lucha. Difíciles porque posiblemente se incrementará la crueldad de la respuesta autoritaria.

Hoy el país se debate entre una Dictadura que, sustentada en la represión y violaciones a los derechos humanos, busca consolidarse y un pueblo que decidió resistir, reclamar derechos y luchar por democracia y exige que sea consultado sobre cualquier modificación a la Constitución.

Los artículos 132, 333 y 350 de la Constitución nos imponen el deber de defender la Constitución, la Democracia y la vigencia de los derechos humanos. Insistamos en la lucha pacífica. Evitemos acciones de violencia que permiten al gobierno presentarse como víctima y descalificar la actual rebelión popular.

La historia ha demostrado que las Dictaduras simulan fortaleza hasta el final, pero nuestro Continente está lleno de experiencias que indican que un pueblo unido y decidido puede imponerse a la más feroz represión y derrotar las tiranías.

Estamos seguros que avanzamos hacia el restablecimiento del hilo constitucional y generar un proceso de transformaciones, en el marco de la Constitución, que garanticen reducir la pobreza a mediano plazo y lograr bienestar e inclusión para todas y todos.  Sigamos adelante con la primera rebelión popular del Siglo XXI.

Provea, 21.06.17

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Transparencia Venezuela promueve el valor de la separación de poderes con la publicación del libro “Muchas instituciones, un jefe”

La independencia de las instituciones es la clave para la democracia, la justicia, los derechos humanos y la lucha anticorrupción, su ausencia esta generando un impacto devastador para los ciudadanos y el país

Transparencia Venezuela presentó el libro: “Muchas instituciones, un jefe”, una recopilación de 15 ensayos que abordan en profundidad el impacto de la falta de separación de poderes en la democracia venezolana, la justicia, los derechos humanos, la economía, el voto y la lucha anticorrupción.

El libro describe las graves consecuencias que ha generado la falta de independencia de los poderes y que tal situación ha devenido en la ruptura del orden constitucional, la falta de acceso a la justicia, la violación de los derechos humanos, la paz y la cohesión social. Además hace que prevalezca la impunidad de los que controlan el Estado y propicia la corrupción.

El primer ensayo, es una entrevista realizada al sociólogo Ramón Piñango, sobre el impacto de la falta de separación de poderes en las instituciones de Venezuela y la democracia. Le sigue el ensayo de Ricardo Sucre Heredia, politólogo y comunicador, que realiza una aproximación a la división de poderes y cómo se viven los derechos políticos, con referencia al voto.

José Ignacio Hernández, abogado y doctor en derecho administrativo, se refiere al poder judicial en Venezuela que califica como el menos riesgoso de los poderes siempre y cuando exista separación de poderes. Yorelis Acosta, psicóloga clínico, especialista en intervención psicosocial y magíster en psicología social, abordó la percepción del sistema normativo y la desconfianza institucional y sus implicaciones psicosociales.

A continuación, Francisco Martínez Montero, politólogo, abogado y magíster en psicología social se refirió en su ensayo a la separación de poderes y los derechos humanos en Venezuela. Arturo Peraza, sacerdote miembro de la Compañía de Jesús, abogado y doctor en ciencias políticas escribió sobre el impacto de la crisis en la ética ciudadana y social.

También, Maruja Dagnino, periodista y directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad se refirió a que la libertad exige desmontar el lenguaje oficial; asimismo, Francine Jâcome, antropóloga y directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, trato el tema del impacto de la debilidad de la separación de poderes en el sector seguridad y defensa.

Roberto Briceño León, sociólogo, doctor en ciencias y director del Centro de Investigaciones Laboratorio de Ciencias Sociales, escribió sobre la estafa de las promesas de seguridad personal y acceso a la justicia en la Revolución Bolivariana. Seguidamente, Mercedes de Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, narro en su ensayo cómo la Contraloría General de Venezuela ha allanando el camino para el PSUV.

Mientras que Asdrúbal Oliveros, economista y socio-director de la consultora Ecoanalítica, explicó como en una economía sana importan los contrapesos en los poderes. Isabel Pereira, sociólogo, directora de COPRE y CEDICE, presenta un trabajo sobre el impacto en la empresa privada de la relación de subordinación entre los poderes públicos.

De igual forma, Dafne Gil, urbanista y presidente de la consultora de innovación Grupo Crea, abordo la innovación: Ángel y demonio. La ciudad, escenario de todas las innovaciones; posteriormente la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela explicó como la débil separación de los poderes públicos afecta al sector estudiantil en Venezuela.

Por último, el libro contó con la participación de Andrew Mac Devitt, consultor independiente de investigación en las áreas de gobernanza, medidas anticorrupción, análisis de políticas y medición de riesgo de corrupción.
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