Por presunta mala praxis o falta de suministro de tratamiento en junio pasado murieron tres niños en el Hospital Universitario de Mérida

De acuerdo al seguimiento del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Mérida ULA ODH-ULA y la coordinación regional de Transparencia Venezuela, documentado en el informe La tragedia de ser paciente del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, tres niños murieron por presunta mala praxis médica, por falta del tratamiento indicado o por la combinación de ambos entre el 12 y el 21 de junio.

Reseña el documento de las organizaciones, que el niño de 5 años murió cerca de la media noche del 12 de junio en el IAHULA producto de las complicaciones por la picada de un alacrán, al parecer, por no haberse cumplido el protocolo establecido para estos casos, que amerita la aplicación de 4 ampollas de suero antiescorpiónico y la observación del paciente durante mínimo ocho (8) horas continuas.

La bebé de 7 meses falleció el 16 de junio por falla multiorgánica. Había ingresado tres días antes con un shock séptico secundario, desnutrición, infección en la piel y tejidos blandos, síndrome diarréico agudo, deshidratación y anemia, cuadro que no pudo ser revertido porque el hospital no contaba con fórmula láctea para desnutridos, ni suero oral, como tampoco con los antibióticos necesarios.

El 18 de junio ingresó a la emergencia pediátrica del IAHULA el adolescente de 14 años presentando un shock séptico secundario a presunta difteria, neumonía izquierda secundaria a edema agudo de pulmón y falla cardíaca. Requería terapia antibiótica y ser llevado a la unidad de cuidados intensivos. Ninguno de los requerimientos fue cumplido pues en la UCI no había espacio y el hospital no contaba con los medicamentos penicilina, dobutamina ni norepinefrina. Sin el tratamiento adecuado la condición infecciosa del joven se agravó, por lo que fue preciso realizarle una intubación orotraqueal y ventilación mecánica, sin sedantes ni relajantes musculares, porque tampoco se contaba con ellos. En medio de un gran sufrimiento, perdió la vida el 21 de junio.

El informe también señala el caso de una presunta mala praxis en una cesárea realizada el 12 de abril a la paciente Jacinta Vielma por parte de una Médico Integral Comunitario de nombre Dayana Guerra. En el procedimiento, la referida médico habría ocasionado múltiples cortes en el rostro de la recién nacida, con compromiso de uno de sus ojos. Esta médico fue denunciada por los familiares de la señora Paola Olivares, quien perdió la vida junto a su bebé al momento del alumbramiento, información aparecida en el Diario de Los Andes el 19 de julio. https://goo.gl/bzJB3r

Todos los casos reseñados en este informe fueron denunciados ante el Ministerio Público para las debidas averiguaciones y establecimiento de responsabilidades.

Hospital referencia en el país que funciona con 3% del presupuesto necesario

El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA) es del tipo IV más importante del eje Centro-Occidental del país y de referencia regional y nacional. Está destinado a cumplir funciones asistenciales de alta especialidad médica, docencia universitaria de pregrado y postgrado e investigación. Inexplicablemente no se encuentra contemplado en el Presupuesto Nacional.

En el año 2016 solo recibió 3% de los Bs. 1.600 millones que solicitó para su funcionamiento. Para 2017, no se halla la información oficial del presupuesto asignado a la institución. Las autoridades señalan que necesita Bs. 6.000 millones para funcionar.

Tomando en consideración la crisis económica y la inexistencia de una nueva dirección en la manera en que se maneja la salud en el país, si se sigue asignando el 3% del presupuesto solicitado por el hospital para 2017 van a contar con apenas Bs. 180 millones.

Las consideraciones anteriores dan cuenta del crítico escenario que se encuentra la institución y que, desde el Observatorio Misiones, se ha visibilizado en anteriores boletines. Es relevante acotar que el IAHULA fue dotado a través de Barrio Adentro III con la adquisición de varios equipos de alta tecnología: un tomógrafo axial Toshiba cuyo costo superó los USD $ 2 millones de dólares; monitores y ventiladores (para la unidad de cuidados intensivos UCI), aparato de Rayos X. Hasta el momento, los equipos no están funcionando por falta de mantenimiento o por la imposibilidad de comprarle los repuestos.

Por otro lado, el centro de salud cuenta con un programa de Cardiopatía Congénita para niños de 0 a 16 años con quirófano equipado, no obstante, para cada cirugía se requiere de material descartable que se debe solicitar al Cardiológico Infantil de Caracas. El procedimiento ha hecho imposible que se cumplan las tres cirugías semanales, que en algún momento contribuyeron a descongestionar la demanda de este servicio en el centro del país.

Boletín-misiones-55-Hospital-Mérida-1

 

Fuente: Transparencia Venezuela 

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CEJIL/ Organizaciones de DD.HH. denuncian amenazas de ‘opción militar’ en Venezuela

15 de Agosto, 2017.- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, rechazamos las declaraciones por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, en donde expresó que, frente a la crisis venezolana, no descartaría una opción militar. Este rechazo ha sido también expresado por Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Uruguay.

Ante estas proclamaciones señalamos que, cualquier medida que intente solventar la grave situación por la que atraviesa Venezuela, no puede recurrir a la violencia. Más de 120 personas han muerto desde el pasado mes de abril en manifestaciones pacíficas convocadas por diversos sectores de la sociedad civil. Asimismo, la crisis económica, alimenticia y sanitaria ha ido en aumento. Es fundamental que las propuestas desarrolladas por la comunidad internacional y países en lo individual no provoquen más sufrimiento y dolor a los y las habitantes de este país.

Por otra parte, Estados Unidos tiene una larga trayectoria histórica de intervención unilateral en los conflictos de la región. Las amenazas por parte del ejecutivo estadounidense alimentan las justificaciones utilizadas por el Estado venezolano para continuar implementando políticas que contribuyan a empeorar la situación actual de escasez y represión. Una acción militar generaría mayores estragos en la sociedad venezolana.

La única opción para solucionar los problemas que vive Venezuela debe ser una salida pacífica. Los cinco últimos meses han estado marcados por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, injerencia en la vida privada, restricciones al ejercicio del derecho a las libertades de expresión, asociación y reunión, acoso a defensores/as de derechos humanos, limitaciones a los derechos políticos, el uso de tribunales militares para juzgar a civiles detenidos en las protestas, entre otras actuaciones represivas por parte del gobierno venezolano.

A este contexto se suma un desmantelamiento total de la institucionalidad democrática venezolana, mismo que se intensificó a partir del mes de marzo con el intento frustrado para que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las funciones del Parlamento, así como la reciente destitución de la Fiscal General. La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 de julio de 2017, en desconocimiento de la consulta popular convocada dos semanas antes y del procedimiento constitucional para su consolidación, representa la abolición de la Constitución Nacional de 1999 y la desprotección de los derechos fundamentales de las y los venezolanos.

Durante todo este tiempo, la respuesta del Estado ha sido de incrementar la violencia, e intentar aislarse aún más del resto de la región, como lo demuestra su decisión de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA). La crisis actual también se ha manifestado en un éxodo de miles de venezolanos, principalmente, hacía otros países de la región.

Por ello, al ser una crisis con consecuencias para todo el continente, las respuestas a la situación en Venezuela deben ser multilaterales, con el propósito de no agudizar aún más el aislamiento político y regional del país. Estas propuestas también deberían garantizar el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para responder de forma más efectiva a las víctimas de la violencia que se ha desatado dentro del país, al igual que a los migrantes y refugiados que buscan salir.

En ese sentido, las organizaciones abajo firmantes apoyamos propuestas serias y pacíficas que promuevan y refuercen el restablecimiento de la democracia, así como el rechazo a la violencia. En solidaridad con el pronunciamiento de varias organizaciones venezolanas de sociedad civil, exigimos una visita de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, al país.

Organizaciones Firmantes

Regional

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)

Due Process of Law Foundation (DPLF)

Iniciativas Globales por los Derechos Humanos,

Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Robert F. Kennedy Human Rights

Bolivia

Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba

Chile

Centro regional de derechos humanos y justicia de género, Corporación Humanas

Colombia

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas Corporación

Sisma Mujer

Costa Rica

Defensa de niñas y niños- Internacional DNI Costa Rica

El Salvador

Red Para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA)

Ecuador

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Terra Mater

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Ecuador

Guatemala

Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM)

Fundación Myrna Mack

México

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Nicaragua

Movimiento Autónomo de Mujeres

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – CENIDH

Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Paz y Esperanza

Uruguay

Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR)

 

Fuente : Cejil 

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UNASSGV | Denunciamos la violación de los derechos humanos a representantes sindicales y gremiales en Venezuela

El Ejecutivo Nacional desde el inicio de las protestas populares en el mes de abril del presente año 2017, ha establecido un entramado judicial para reprimir toda manifestación de rechazo a su gestión, esta política arroja el saldo lamentable de dos centenas de fallecidos, miles de detenciones, de heridos y centenares de periodistas agredidos y saqueados sus equipos de trabajo. En esa dirección ha impuesto el código militar para juzgar a civiles violando sistemáticamente los DDHH consagrados en la vigente CRBV.

A raíz de los eventos sucedidos en el cuartel Paramacay en el Estado Carabobo se ha multiplicado una política de terrorismo contra la población civil, al actuar con el modus operandi de justicia express se imputa al ciudadano a partir de tribunales militares, para luego el SEBIN y cuerpos de seguridad del estado, irrumpir violentamente en las viviendas y apresar los acusados, quienes son extraídos en algunos casos esposados y semidesnudos de sus hogares y en presencia de sus familiares, para luego ser recluidos en lugares infrahumanos donde los jóvenes anteriormente detenidos por protestar, han contraído numerosas enfermedades. Aún cuando el deber del Estado es proteger a los ciudadanos, no humillarlos ni maltratarlos.

En lugar de establecer los derechos constitucionales del debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el juicio en tribunales civiles, para que sean investigados debidamente los acusados, se procede mediante el terrorismo policial a amedrentar a la población, estableciendo como señuelo la humillación a representantes gremiales y sindicales, sometidos al escarnio público en cadenas mediáticas de difusión nacional.

Los involucrados en el Estado Carabobo, Julio García, Presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo y profesor de la Universidad de Carabobo en la Facultad de Ciencias de la Salud y Rosmary Di Pietro presidente del Colegio de Contadores y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, son integrantes del Bloque Intergremial y participes del Frente de Trabajadores en Defensa de la Constitución y la Democracia del Estado Carabobo, en segundo lugar Omar Escalante es presidente de Fetracarabobo, filial de la CTV, todos firmantes de Manifiestos y posiciones públicas en rechazo a la fraudulenta Constituyente Comunal.

En el contexto de esa razzia de resentimiento y venganza se ha detenido igualmente a Omar Vázquez Lagonel, quien preside la Asociación Nacional de Jubilados y conductor de numerosas luchas en defensa de los Jubilados y Pensionados, con similares prácticas de detención que violentan los DDHH, orientadas a suprimir a todo el mundo sindical y gremial.

Desde la UNASSGV en el Estado Zulia rechazamos la violación permanente de los DDHH, reafirmamos nuestra solidaridad con los compañeros detenidos, a quienes se le niega el derecho a la defensa y a ser juzgados en tribunales civiles, por tanto exigimos su inmediata libertad, sean procesadas las acusaciones en las instancias judiciales correspondientes. Por tanto llamamos a todo el movimiento sindical y gremial en Venezuela a realizar campaña de solidaridad a nivel nacional e internacional ante el terrorismo de estado.

Maracaibo, 18-08-2017

Firman: Los integrantes de la Coordinación de la UNASSGV

Coordinador: Ildemaro Cardozo e integrantes de la Coordinación: Froilan Barrios, Golfredo Davila Arnaldo Montes, Ivan Basabe, Asdrubal García, Laura Bolla, Mauricio Lombardo, Hania Salazar, Tito Salas, Rafael Zambrano, Luz Marina Pacheco, Albert Geovo,  J. Luciani, J. Morales, Carlos Petit, William Paz, Minerva Romero, siguen firmas…..

Fuente: Provea 

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Aunque Venezuela esta rezagada, América Latina avanza en el disfrute de las personas Trans

Viernes, 18 de agosto, 2017
Por: Franco, Quiteria

En diferentes países de la región ya se reconoce plenamente, al menos en papel, el derecho a la identidad de las personas trans. Entre estos se encuentran Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Uruguay que tienen leyes que reconocen el derecho a  la identidad con emisión de una nueva partida de nacimiento sin necesidad de operaciones genitales.


En diferentes países de la región ya se reconoce plenamente, al menos en papel, el derecho a la identidad de las personas trans. Entre estos se encuentran Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Uruguay que tienen leyes que reconocen el derecho a  la identidad con emisión de una nueva partida de nacimiento sin necesidad de operaciones genitales.

Pese a ser el primer país en permitir a través de la ley 18. 620 el derecho a la identidad, al cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios en 2009, Uruguay se quedó corto en cuanto al alcance del mencionado beneficio. No obstante, fue un avance de suma importancia para las personas trans en dicho país.  Fue una ley de tan solo 7 artículos en la que se aclaraba que no se exige una cirugía de reasignación sexual. Sin embargo, si se requiere de la presentación de un informe por parte de un equipo multidisciplinario. Otro aspecto importante es que tal cambio no altera la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona mientras que se especifica que el cambio realizado no modifica el régimen matrimonial.

Argentina fue aún más vanguardista en esta materia al promulgar en mayo del año 2012 la Ley 26.743 de identidad de género. Esta Ley, en apenas 13 artículos que la componen, permite que las personas trans puedan ser inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género de elección e incluye, además, la necesidad de protección a niñas, niños y adolescentes trans.  Un aspecto a resaltar de esta ley es que además ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio. Esto garantiza la cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, ya sea público o privado. Para el momento de su aprobación y promulgación era la única ley de identidad de género en el mundo que no patologiza la condición trans ya que prohíbe establecer como requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial ni terapias hormonales ni ningún otro tratamiento médico o psicológico. Adicionalmente, se garantiza a las personas trans la confidencialidad de dicho trámite. Posteriormente, otros países han seguido el buen ejemplo de Argentina.

Colombia, por ejemplo, aprobó en junio de 2015 el decreto presidencial 1227 en el que se permite a las personas trans realizar el cambio de nombre y sexo en toda su documentación.

Por su parte, Ecuador aprobó en febrero de 2016 la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles que entre otras cosas permite a las personas trans realizar el cambio de  nombre y omitir o cambiar la información de “sexo” por la de “género” en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Mientras tanto Bolivia en mayo de 2016 aprobó la Ley 807 de Identidad de Género. Una ley casi idéntica a la aprobada por Argentina.

También México en junio de 2016 se unió a los países latinoamericanos que permiten a las personas trans realizar el cambio de su identidad de género en todos sus documentos,  esto se logró a través de una las reformas al Código Civil del Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, se establecieron el juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexo-genérica y el trámite administrativo para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Aunque inicialmente el trámite solo se podía hacer en la capital del país, cualquier persona de cualquier otro estado puede realizar el trámite.

En cuanto a acciones afirmativas, es decir, la elaboración de políticas públicas a favor de un grupo vulnerado por la sociedad (en este caso a personas trans) con el fin de darle un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes, con el objeto de mejorar su calidad de vida son pocos los países que han avanzado en ese sentido.

Según la “Guía de acciones para una inclusión socio laboral de travestis, transexuales y transgéneros”  hasta 2015 dos provincias y una ciudad en Argentina han aprobado una Ley de cupo laboral para personas trans únicamente para el sector público; mientras que un total de ocho localidades en diferentes provincias han establecido políticas de empleo para personas trans. Sin duda un avance para la necesaria inserción social y laboral de personas trans.

En el año 2015,  el Hospital San Blas ubicado en la ciudad de Bogotá en Colombia abrió una unidad especial para la atención en salud de las personas trans.  Para ese entonces la iniciativa era la primera de este tipo en Colombia en el sector público y se convirtió así en un referente para América Latina. También en este país el 23 de agosto, mediante Resolución Nro. 4130 se aprobó el Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional-ERON a cargo del INPEC. Este reglamento establece, entre otros beneficios para las personas LGBTI, que quienes estén bajo tratamiento hormonal se les garantizará el derecho a la salud.  Las personas trans serán ubicadas según el género con el que se identifica y no según el sexo asignado al nacer y podrán expresar su identidad autopercibida a través de vestimenta u otros accesorios. La identidad y expresión de género así como la orientación sexual no podrán ser utilizadas para segregar a las personas, tampoco podrá negarse la visita conyugal bajo este respecto.

Y en Venezuela, ¿qué ha pasado?

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 20  el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad mientras que el artículo 21 establece el derecho a la no discriminación y aunque no menciona de manera explícita el derecho a la no discriminación por razón de identidad y expresión de género, se entiende que ésta está incluida dentro de “todas aquellas que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el   reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.”

Adicionalmente, el derecho a la no discriminación por razón de identidad y expresión de género ha sido incluido en el artículo 4 de la Ley del Poder Popular (2010); articulo 173 de la Ley de Instituciones del sector Bancario (2010); el artículo 5 de la Ley de regulación y control de arrendamientos (solo incluye identidad de género)(2011). Parecería esto ser un avance, no obstante, estas menciones carecen de normas y reglamentos para su aplicabilidad y posible sanción en caso de denuncias por este respecto.

En el año 2008 se discutió en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de identidad y equidad de género.  Esta ley incluía un artículo entre otras cosas planteaba le reconocimiento de la identidad a las personas trans así como la obligación del estado de “garantizar los medios médicos asistenciales que sean necesarios para su cabal inserción y reconocimiento social en condiciones de igualdad.”   No obstante, debido a intereses religiosos, la ley no llegó a segunda discusión y, por lo tanto, no se logró este avance legislativo.

En abril de 2011  se crea en Caracas el Centro de Atención Especializada “Belinda Álvarez” con el propósito de rehabilitar a las ciudadanas Trans en situación de calle. Este centro es una institución adscrita a la Misión Negra Hipólita dependiente del Ministerio del Poder Popular para protección social y comunas.  Lamentablemente, en abril de 2014, este centro cerró sus puertas sin mayores explicaciones ni informes de la gestión realizada.

En septiembre del 2016, luego de  una  “articulación entre el Ministerio Público y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)”, se acordó permitir a las personas trans que la foto de su documento de identidad esté acorde con su identidad de género.

En cuanto a servicios de salud, la mayoría han sido iniciativas privadas, en principio PLAFAM y más recientemente UCIEP, han optado por ofrecer servicios de salud integral a personas trans con el fin de ayudarlas a lograr un proceso de transición acorde a los protocolos internacionales. Este año 2017 se realizó  en el  hospital José Gregorio Hernández, mejor conocido como Hospital de Los Magallanes de Catia, una intervención quirúrgica a una persona transgénero para ir adecuando su cuerpo de mujer al de hombre.

Más recientemente, el Tribunal supremo de Justicia admitió una demanda de cinco personas que buscan se reconozca el derecho a su identidad. Sin embargo, el TSJ optó por individualizar los casos, lo que indica la poca probabilidad de que la sentencia sea extensiva a toda la población trans. Además,  se optó por patologizar el procedimiento al exigir a los demandantes la presentación de exámenes psicológicos. En una información más reciente divulgada por el propio tribunal se ha convocado a una audiencia pública  con la presencia de tres psicólogos para que emitan su opinión a este respecto. El TSJ ha optado por ignorar el aspecto individual y social de la demanda y parecer seguir anclado en evaluar el asunto únicamente desde el ámbito médico, lo cual ya ha sido superado en mayor parte de nuestro continente.

Observamos entonces que tanto a nivel legal como en cuanto a la implementación de acciones afirmativas, Venezuela ha avanzado muy poco en comparación con otros países en el continente americano. Sirva este breve repaso por los avances en reconocimiento de los derechos de personas trans  para invitar al Estado venezolano a emprender los cambios necesarios para lograr una verdadera inclusión social de las personas trans.

Foto de Vergani Fotografia / Shutterstock.com

Fuente: www.amnistia.org.ve

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