ACNUDH: Venezuela debe permitir la protesta pacífica e investigar la muerte de manifestantes

(GINEBRA, 28/04/2017) Mediante un comunicado de prensa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( los relatores, Agnés Callamard sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Maina Kiai sobre libertad de reunión pacífica y de asociación y Michel Forst sobre la situación de defensores de derechos humanos, en conjunto al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria instaron al Estado Venezolano a permitir la protesta pacífica e investigar la muerte de  los manifestantes.

A continuación el comunicado:

El Gobierno de Venezuela debe facilitar las protestas pacíficas e investigar debidamente la muerte de al menos 25 personas en las manifestaciones recientes, señalaron los relatores, Agnés Callamard sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Maina Kiai sobre libertad de reunión pacífica y de asociación y Michel Forst sobre la situación de defensores de derechos humanos, en conjunto al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

“Estamos seriamente preocupados por las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las protestas, así como por las detenciones arbitrarias y las muertes”, dijeron los expertos.

“Tales actos constituirían graves violaciones de los derechos a la vida, a no ser privado arbitrariamente de la libertad, y a las libertades de reunión pacífica y de expresión”, añadieron.

Cientos de personas también han resultado heridas y más de 850 han sido arrestadas en las protestas que comenzaron en 2015 en el contexto de la inestabilidad económica y social.

Las manifestaciones se intensificaron luego de que el Tribunal Supremo de Justicia del país emitiera, el mes pasado, la decisión de asumir los poderes legislativos de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La decisión fue revertida posteriormente, pero las protestas continuaron.

“En este momento la tensión política es elevada y la opinión pública está fuertemente dividida, pero en situaciones como ésta es cuando precisamente los gobiernos deben hacer más para proteger los derechos de las personas”, subrayaron los expertos.

“El pueblo de Venezuela necesita un espacio para el diálogo pacífico y constructivo – entre sí y con sus dirigentes”.

Los expertos llamaron la atención en particular sobre la nueva medida que introdujo una respuesta militar automática a las manifestaciones. La medida, que entró en vigor este mes, conocida como el Plan Zamora, también requiere la ayuda de grupos de civiles armados y policías.

“La respuesta cada vez más militarizada es contraproducente porque sólo aumenta las tensiones y aumenta el riesgo de lesiones y muerte. Las manifestaciones pacíficas deben ser facilitadas, no tratadas como una amenaza inherente a la seguridad”, dijeron los expertos de la ONU.

“Las manifestaciones deberían ser manejadas normalmente sin recurrir a la fuerza. Cualquier uso de la fuerza debe ser estrictamente necesario y proporcional a una amenaza específica. Las manifestaciones pacíficas, en sí mismas, no son una amenaza. Institucionalizar el uso de una respuesta militarizada sugiere que el Gobierno piensa lo contrario”, recalcaron.

Los expertos señalaron que los grupos paramilitares también han hecho uso de la fuerza para suprimir las manifestaciones, uniéndose ocasionalmente a las autoridades uniformadas.

En el estado Lara, según se ha informado, los paramilitares dieron muerte a tres manifestantes. En 16 otros estados también se ha informado sobre grupos armados que provocan y acosan a los manifestantes con el apoyo de las autoridades estatales.

“El Gobierno venezolano tiene la obligación de investigar estos asesinatos y de llevar a los responsables ante la justicia”, dijeron los expertos. “Y si los grupos paramilitares cooperan efectivamente con agentes del Estado, entonces el Gobierno tiene también la obligación de llevar esos actores estatales ante la justicia”.

Los expertos en derechos humanos de la ONU criticaron la creciente criminalización de las protestas en Venezuela y el uso, por parte de agentes del Estado, medios de comunicación para estigmatizar a los manifestantes de la oposición como terroristas apoyados por el extranjero.

Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

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Comunicado: OVS ante el uso excesivo de gases lacrimógenos y agresiones contra la población

El Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), junto a 30 organizaciones de derechos humanos, manifiesta su profunda preocupación ante el uso y abuso de gases lacrimógenos y el uso de fuerza física -por parte de los organismos de seguridad del Estado- en contra de la población civil que ejerce su derecho a la manifestación pacífica, por las consecuencias directas que tienen sobre el estado de salud y bienestar de los ciudadanos. Ambas actuaciones constituyen una violación al derecho humano a la vida y a la salud, por lo que rechazamos que en los actuales momentos, y ante los últimos hechos registrados en el país, estos derechos no estén siendo garantizados.

El uso indiscriminado de sustancias tóxicas, específicamente de los gases lacrimógenos más utilizados para el control de protestas ciudadanas, como lo son el 2-chlorobenzylideno malononitrilo (CS), oleoresincapsicum (OC) y cloroacetofenona (CN), produce consecuencias negativas para el sistema respiratorio, tal y como ha sido documentado en otros países.

Estudios científicos han descrito el daño que las exposiciones repetidas a estos gases representan para la capacidad respiratoria de los individuos. El riesgo de presentar un síntoma respiratorio como tos o flema, goteo nasal, dificultad para respirar o dermatitis es mayor en quienes han sido expuestos en varias ocasiones a los gases lacrimógenos. Además, también según estudios científicos, las personas asmáticas y fumadoras son más propensas a tener un flujo máximo respiratorio significativamente menor (es decir, mayor dificultad para respirar) que en aquellos que no han sido expuestos a los gases.

Las exposiciones prolongadas y recurrentes pueden ocasionar, en el largo plazo, el desarrollo de bronquitis crónica, dificultad respiratoria y, en último caso, fibrosis pulmonar. Rigidez del tórax es otra de las consecuencias que pueden presentarse.

Es por ello que expresamos nuestra preocupación por la cantidad de gases lacrimógenos a la que ha estado expuesta toda la población que manifiesta pacíficamente, así como también aquellos ciudadanos que sin estar en las protestas de calle han sido afectados. Nos referimos específicamente a los niños menores de 5 años que se encuentran en centros hospitalarios, personas mayores y población en general que ha recibido gases lacrimógenos estando en sus hogares.

Rechazamos los ataques con gases lacrimógenos a centros de salud y su uso en los alrededores de recintos hospitalarios, como ha ocurrido en las últimas semanas en Caracas: el 10 de abril en un centro privado en Las Mercedes y el 20 de abril en El Valle, requiriendo la evacuación y traslado de los niños expuestos, madres y pacientes en general.

Rechazamos igualmente el uso de gases lacrimógenos directamente contra viviendas y edificios en zonas residenciales, su lanzamiento a corta distancia contra civiles y, más peligroso aún, desde helicópteros (irregularidad registrada el 10 de abril en Caracas) o directamente contra manifestantes por el alto riesgo de causar la muerte, como ha ocurrido este 26 de abril en Caracas con un estudiante universitario.

Condenamos el uso de la fuerza física para detener a civiles (puede ocasionar la pérdida de la funcionalidad de algunas estructuras corporales), así como el uso de armas de fuego por parte de cuerpos de seguridad del Estado y grupos paraestatales en el contexto de las protestas.

Desde el OVS queremos reiterar el apoyo a los colegas médicos que han resultado agredidos en las últimas semanas, bien sea dentro de los centros de trabajo o en las manifestaciones calle, y reconocemos la labor realizada por los estudiantes de medicina que conforman el equipo de Primeros Auxilios UCV, destinada a socorrer a los manifestantes afectados por los gases tóxicos y heridos en las protestas.

El trabajo de los colegas médicos, que realizan sus labores aún en medio de las deplorables condiciones hospitalarias, con escasez de insumos médico-quirúrgicos y sin la tecnología adecuada a los tiempos modernos, solo habla de un gran sentido del trabajo, preparación, altruismo y nobleza sin igual. De ninguna manera merecen el trato que se les brinda cuando incluso en los centros hospitalarios son agredidos por las fuerzas represivas y paraestatales que impiden la realización de su labor.

Exigimos a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Ministerio del Poder Popular para la Defensa, controlar el uso de las sustancias tóxicas, el uso de la fuerza física y el uso de armas de fuego contra la población civil, pues esto solo compromete la salud y la vida de la población. Y exigimos a los organismos internacionales seguir en detalle los acontecimientos en Venezuela, porque entre muchas otras violaciones de derechos humanos, las concernientes al derecho a la salud y a la vida se han incrementado.

Suscriben este comunicado:

1. Acceso a la Justicia

2. Asamblea de Educación

3. Aula Abierta Venezuela

4. Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)

5. Cátedra Derechos Humanos UCLA

6. CECODAP

7. Centro de Derechos Humanos-UNIMET

8. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

9. Coalición Clima 21

10. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

11. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)

12. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Apure

13. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

14. Convite AC

15. Excubitus Derechos Humanos en Educación

16. Fenasopadres

17. Funcamama

18. Fundación Aguaclara

19. Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición

20. Llamado a la Conciencia Vial AC

21. Movimiento Vinotinto

22. Nueva Esparta en Movimiento AC

23. Observatorio Venezolano de la Salud (OVS)

24. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción

25. Padres Organizados de Venezuela

26. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

27. Sinergia

28. Stop VIH

29. Una Ventana a la Libertad

30. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C

Imagen cortesía de Google 

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AI | Lanzamos campaña global contra detenciones arbitrarias en Venezuela

Las autoridades venezolanas están utilizando el sistema de justicia de manera ilegal para incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy en medio de crecientes protestas alrededor del país que han dejado varios muertos, cientos de heridos y detenidos.

Silencio a La Fuerza: Detenciones Arbitrarias por Motivos Políticos en Venezuela detalla el catálogo de acciones ilegales por parte de las autoridades venezolanas para reprimir la libre expresión.

Estas incluyen las detenciones sin órdenes judiciales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el procesamiento de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y la imposición de medidas de prisión preventiva sin justificación y campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición, entre otras medidas.

“En Venezuela está prohibido disentir. Las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sinnúmero de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión diferente de la oficial,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“En vez de obsesionarse por acallar cualquier opinión contraria a la oficial, las autoridades venezolanas deberían enfocarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la profunda crisis que sufre el país.”

El 11 de enero de 2017, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron al diputado opositor Gilber Caro, a la activista del partido opositor Voluntad Popular, Steyci Escalona en un peaje cuando regresaban a Caracas.

Ese mismo día, el Vicepresidente de la República explicó por televisión que a Gilber y Steyci se les había incautado un fusil de guerra y material explosivo. Dijo que el diputado estaba involucrado en actividades de terrorismo, señalando que habría cruzado la frontera hacia Colombia sin haber reportado el movimiento migratorio.

Steyci fue presentada ante un tribunal militar y se le imputaron los delitos de sustracción de efectos militares y rebelión. Gilber fue trasladado a un centro penitenciario sin que, hasta marzo de 2017, hubiese sido presentado ante un juez para determinar su situación jurídica.

Las historias de Gilber y Steyci ilustran algunas de las muchas estrategias que utilizan las autoridades venezolanas para intentar silenciar a la oposición, en un contexto de crecientes protestas en el país.

En la mayoría de los casos, a los acusados se les imputan crímenes graves como “traición a la patria”, “terrorismo o sustracción de efectos militares” o “rebelión” que permiten el uso de la prisión preventiva, aunque no se tengan pruebas admisibles suficientes para justificar los cargos.

Estos tipos de delitos son juzgados por jurisdicciones especiales, incluyendo el fuero militar, que no son independientes y rara vez imparciales y no deberían aplicarse contra civiles.

Amnistía Internacional también ha documentado casos en los que a la persona detenida se le limita el contacto con sus familias o abogados defensores, poniendo al detenido en alto riesgo de sufrir graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo torturas y malos tratos.

Yon Goicoechea, líder estudiantil y actualmente dirigente de Voluntad Popular, fue detenido el 29 de agosto de 2016 por personas no identificadas que circulaban en un vehículo sin placas, según testigos del incidente.

La detención de Yon fue eventualmente confirmada por un alto dirigente del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien informó que había sido detenido por portar explosivos que supuestamente serían usados en una manifestación de la oposición el 1 de septiembre.

A pesar de los múltiples esfuerzos de su familia, no se pudo conocer el paradero de Yon Goicoechea hasta aproximadamente 13 horas después del último contacto con su familia.

Desde el momento de su aprehensión, Yon estuvo desaparecido hasta que se obtuvo información de que se encontraba recluido en la sede del SEBIN El Helicoide, en Caracas. El activista fue presentado ante los tribunales, pero de acuerdo a la información suministrada a Amnistía Internacional, se mantuvo la situación de incomunicación hasta el 1 de septiembre de 2016.

Desde el 20 de octubre de 2016 existe una resolución judicial en la que se reconoce que se han cumplido todos los requisitos para su excarcelación, debido a que el Ministerio Público no encontró elementos suficientes para acusarlo de ningún delito. Pese a ello, se encuentra todavía privado de libertad en el SEBIN y, de acuerdo a las denuncias de sus familiares, el tribunal de la causa no ha atendido al público desde diciembre de 2016.

“Que en Venezuela hayan personas detenidas a pesar de no tener ninguna acusación oficial en su contra, es una ilustración de la dramática situación de derechos humanos en la que se encuentra sumergido el país,” dijo Erika Guevara-Rosas.

Descargue el documento aquí 

 


Publicado por Amnistía Internacional

 

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Sin democracia no hay derechos humanos

(Caracas, 27.04.17, CivilisDDHH). Diversas organizaciones de la sociedad civil se han activado en defensa de la democracia, acompañando a todos los ciudadanos en el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica y asociación, como derechos en sí mismos y medios legítimos para participar pacíficamente en la restitución del orden constitucional democrático, el cual fue quebrantado por la imposición de un estado de excepción desde enero del año 2016, la suspensión indefinida de elecciones, la anulación de las competencias del parlamento, el recrudecimiento del hostigamiento y la persecución contra toda disidencia, y la negativa a permitir asistencia humanitaria internacional ante las extremas condiciones generales de pobreza, hambre y desatención a la salud que enfrenta la mayoría de la población venezolana. Al tomar este camino, el gobierno decidió dar un golpe definitivo a la democracia.

La democracia garantiza no ser subyugados por el uso ilegítimo de los poderes del Estado ni ser sometidos a la violencia que acompaña su perpetuación.

La democracia está protegida internacionalmente como base del estado de derecho y de la organización del Estado. Son sus normas esenciales el ejercicio democrático del poder político, el respeto a las libertades cívicas y el pleno vigor de una institucionalidad democrática. Aun surgidos de elecciones, los gobiernos pueden quebrantar estas normas cuando se usan los poderes del Estado para imponer sus ideas como la única verdad y torcerla en función de los intereses que se esconden detrás de estas ideas, cuando se convierte a las personas en instrumentos de los intereses de quienes usufructúan el Estado, sometiendo a su autorización el ejercicio de libertades, y cuando las diferencias o los conflictos son tomados como amenazas a la voluntad estatal, que deben ser censuradas, neutralizadas o escarmentadas para que no quede duda de quién ejerce la autoridad. Cuando estas conductas se mantienen a toda costa, a cada abuso siguen controles y a cada control otros abusos, hasta desfigurar al Estado como un medio de dominación.

La democracia y los derechos humanos son interdependientes y, por consiguiente, la defensa de los derechos humanos es también la defensa de la democracia.

Los derechos humanos no son concedidos ni otorgados por la sociedad o el Estado, tampoco creados por leyes, decisiones o acuerdos. Basta su afirmación y ejercicio para hacerlos valer ante Estados y sociedades, debiendo ser reconocidos y cumplidos en toda circunstancia. La democracia es condición indispensable del efectivo goce de todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), en tanto todos son en esencia libertades y al mismo tiempo garantías de que todos los poderes del Estado y ninguna clase de poder podrá ser empleado para cometer abusos en contra de la vida y la dignidad humana. A su vez, la democracia está inscrita en cada derecho humano, puesto que su ejercicio y exigibilidad depende de la participación plena de todas las personas en los aspectos que puedan favorecerlos o afectarlos. En los sistemas no democráticos están dadas las condiciones para que peligre la vigencia de los derechos humanos y se cometan sus más graves y atroces violaciones.

La defensa de los derechos humanos y de la democracia es un derecho y deber de todas las personas. La manifestación pacífica es un medio de participación legítimo cuando se pierde la democracia.

El respeto y la protección de la democracia y los derechos humanos incumben tanto a cada persona como al conjunto de la sociedad. Los Estados son los máximos garantes de la democracia pero cuando ésta se pierde corresponde a los ciudadanos su defensa y restablecimiento en el plano local, nacional e internacional, así como es deber de la comunidad internacional utilizar todos los medios pacíficos posibles para apoyar a los ciudadanos a medida que aumenten los riesgos para ellos. En estas circunstancias, la manifestación pacífica no solamente es una libertad legítima que puede ejercer toda persona para expresar descontento o exigir justicia frente a violaciones de otros derechos. Representa el medio pacífico y democrático de participación ciudadana, quizá el que queda, cuando no existe democracia. Como expresó la CIDH el 11 de abril de 2017, citando a la CorteIDH: “…la protesta en este contexto debe ser entendida como parte del derecho de defender la democracia”.

Como narra Roberto Garretón[1]: “Muchos asumimos la lucha por los derechos humanos el día que perdimos la democracia. Fueron días en que cayeron algunos conceptos que estaban muy en boga, como la crítica feroz a la ‘democracia formal’ o la ‘democracia burguesa’. Cuando la perdimos y llegó la dictadura real y comenzaron a matarnos, hacernos desaparecer y torturarnos, nos dimos cuenta de que, formal y todo, nos era absolutamente indispensable (…). Todos tenemos el derecho humano a vivir en democracia, o, si se quiere expresar de modo negativo, todos tenemos el derecho humano de no vivir en dictadura” [2] .

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[1] Abogado chileno en derechos humanos que dirigió el área jurídica de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, fue arrestado por orden de un juez militar en 1987 por haber publicado un artículo desfavorable acerca de las violaciones a los derechos humanos por la dictadura.

[2] Análisis sobre movimientos sociales, políticos de seguridad y democracia: primacía de los derechos humanos para la democracia y el desarrollo. En: Manual de Derechos Humanos, Centro de Estudios de Derechos Humanos, Universidad Central de Venezuela (UCV,) 2008, págs. 346-354.

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CIDH presenta su Informe Anual

27 de abril de 2017

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy su Informe Anual correspondiente a 2016 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Informe Anual ofrece información accesible, completa y relevante a todos los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos acerca del trabajo y los recursos de la Comisión. La publicación de este informe busca promover el cumplimiento de sus decisiones, asegurar el acceso a las víctimas, rendir cuentas sobre las actuaciones de la CIDH durante el año que se informa, e informar sobre la situación de los derechos humanos en la región.

El Informe consta de una introducción y seis capítulos. En la introducción se destacan las medidas adoptadas por los Estados Miembros durante el 2016, dirigidas a promover y proteger los derechos humanos conforme a sus obligaciones internacionales. El Capítulo I ofrece un panorama general de las actividades de la Comisión durante el año. El Capítulo II refleja la gestión del sistema de casos y peticiones y las medidas cautelares.

El Capítulo III está dedicado a las actividades de las Relatorías Temáticas. Allí se brinda información detallada del continuo trabajo que realizan las y los siete miembros de la Comisión en esa función. También se detallan los informes temáticos aprobados en el año 2016, y toda la información de las actividades de promoción realizada por la CIDH.

El Capítulo IV.A ofrece un panorama de la situación de los derechos humanos en el hemisferio durante el año 2016, a partir del ejercicio de las facultades de monitoreo de la Comisión. Esta sección se concentra en las personas, grupos, colectividades, y asuntos que son objeto de atención particular de la CIDH en el marco de sus Relatorías Temáticas. En este sentido, ofrece un análisis de las principales tendencias, problemas, desafíos, avances y buenas prácticas pertinentes a los derechos humanos de los pueblos indígenas, mujeres, migrantes, niñas y niños, las personas privadas de libertad, personas afrodescendientes, defensoras y defensores de derechos humanos, y personas LGBTI en las Américas durante el 2016. También incluye un análisis de tendencias y asuntos prioritarios pertinentes a los derechos vinculados con la libertad de expresión y los derechos económicos, sociales y culturales.

Por su parte, el Capítulo IV.B incluye informes especiales que la Comisión considera necesarios respecto de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros. En el Informe Anual correspondiente a 2016, la CIDH analiza la situación en Cuba, República Dominicana y Venezuela. Esta sección fue preparada de acuerdo con los criterios específicos y la metodología detallada en el Reglamento. Estos informes se basan en una amplia gama de fuentes de acuerdo a la metodología establecida en el Reglamento de la Comisión. Los borradores de informe son enviados a los Estados involucrados para que tengan la oportunidad de responder y aportar información adicional, la cual la Comisión considera antes de la publicación.

En relación con Cuba, las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba. A lo anterior, se suma el incremento en las represiones severas y restricciones a defensores y defensoras de derechos humanos y personas disidentes, además de la discriminación y violencia contra personas LGTBI y la exclusión de la población afrodescendiente, que está subrepresentada en altos cargos del Estado.

Respecto de República Dominicana, la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales, que ha impactado particularmente en el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas, muestra los graves desafíos que enfrenta el Estado dominicano en materia de discriminación racial. La privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas dominicanas de ascendencia haitiana las ha puesto en una situación de desventaja en el goce de algunos de sus derechos humanos, así como en una situación de extrema vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos humanos.

En relación con Venezuela, persisten situaciones estructurales que afectan los derechos humanos y se registra un agravamiento de la situación de la seguridad ciudadana en relación al derecho a la vida e integridad personal y un deterioro del Estado de Derecho y las instituciones democráticas, así como del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de opositores y aquellas personas que hacen público su disenso con el gobierno, la represión y restricciones indebidas al ejercicio del derecho a la protesta, y despidos y amenazas a empleados públicos con perder su cargo en caso de manifestar opiniones políticas contra el oficialismo. A esto se suma un severo agravamiento en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.

El Capítulo V contiene un seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país sobre Colombia, Guatemala, Honduras y México. El Capítulo VI incluye información sobre la estructura y personal de la CIDH, la capacitación del personal, los recursos financieros y la ejecución presupuestaria, la movilización de recursos y administración de proyectos, y los avances tecnológicos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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