Pronunciamiento del CEAAL sobre la situación en Venezuela

ceaal

PORQUE CREEMOS EN LA DEMOCRACIA Y EN LA PAZ
¡NO A LAS VIOLENCIAS EN VENEZUELA!
CONSEJO DE EDUCACIÓN POPULAR DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

1.

Frente a la situación de conflictividad que hoy día vive Venezuela, a propósito de protestas estudiantiles que han sido reprimidas, el CEAAL desea hacer un llamado al cese de la violencia y a la búsqueda del entendimiento entre las partes, de forma de encontrar un modo de convivencia pacífica en que se diriman los conflictos con las herramientas básicas de la democracia.

2.

Reconocemos que en Venezuela la situación política se ha tornado polarizada, de desconocimiento y no aceptación de la diversidad de opinión, cuyo abordaje amerita la intervención de múltiples y diversos actores. Los cambios y transformaciones planteados por la Revolución Bolivariana han enfrentado demasiados problemas y contado con una muy débil voluntad de las partes para abordarlos de manera coherente, a fin analizar y dar salida a la compleja estructura que los genera.

3.

Construir caminos de transformación es la apuesta que realiza Venezuela desde hace unas décadas, pero reconocemos que lo realiza en el marco de una gran complejidad, en las que hay el riesgo que se desdibujen las legítimas aspiraciones de trasformación.

4.

Considerando estos escenarios, los educadores (as) populares que se convocan en el Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe (CEAAL) apostamos por la PAZ como expresión de la convivencia de la diversidad, el DIALOGO como el espacio de encuentro y la DEMOCRACIA participativa que pone el sentido colectivo como aspiración última.

5.

El CEAAL apuesta y busca contribuir a la vigencia de: a) Regímenes políticos y sociales que reflejen una nueva democracia radical, representativa, participativa y descentralista. Una democracia con una ciudadanía que se manifiesta a través del empoderamiento ciudadano en el ejercicio participativo democrático en todas las esferas de la vida. b) Una nueva economía al servicio de la gente que elimine todas las formas de explotación; que garantice los servicios básicos como derechos de la gente; que asegure la soberanía alimentaria y energética, cancelando los monopolios, oligopolios y el abuso de las posiciones de dominio en el mercado; que tome en cuenta y proteja los derechos de los consumidores. Una economía soberana en la que la propiedad estatal de recursos naturales se utilice en función de un proyecto de desarrollo nacional, la sustentabilidad de los ecosistemas y el pleno respeto de los derechos de los pueblos. c) Un Estado garante los derechos humanos de todas las personas, reconociéndonos interculturales con políticas públicas que aseguren los derechos de todos y todas. Un Estado que se posicione soberanamente frente a la pretensión de una globalización dominada por la hegemonía de las transnacionales. Un Estado que priorice las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales con nuestros vecinos, respetando y haciendo respetar la soberanía e integridad territorial de nuestros países. Asimismo, un Estado que a la par que sea solidario con todos los pueblos del mundo, y en especial con aquellos que sufren opresión, se caracterice por la promoción de una paz y desarrollo internacional estable basada en relaciones internacionales justas.

6.

Por lo que ante los hechos que vienen sucediendo con el querido pueblo venezolano, creemos que solo un proceso de paz y de diálogo, es capaz de detener la alta polarización y la violencia y la urgencia de la defensa de los derechos humanos de todas y todos (no importando su posición política). Solidarizarnos con todas las familias que han perdido a sus seres queridos, a sus jóvenes, e instamos al cese de las violencias.

7.

El CEAAL como movimiento de educadores (as) populares busca contribuir desde una lógica de educación popular transformadora, para establecer espacios de diálogo, negociación y pacificación que no signifiquen perder las conquistas sociales logradas pero que impliquen mayor apertura a otras propuestas y dinámicas que las que se impulsan sólo desde las estructuras de gobierno. Porque estamos convencidos que la participación ciudadana es una garantía en la construcción de gobiernos democráticos transformadores.

8.

Abrazamos y apoyamos al conjunto de Instituciones que dan vida al Colectivo de CEAAL en Venezuela. Educadoras y Educadores que durante años trabajan por un país justo y participativo, motivados por el bienestar colectivo del pueblo venezolano. Para ellas y ellos, el apoyo latinoamericano de la Red y la esperanza que la Paz y la convivencia llegará prontamente.

Sentirse Latinoamericano significa velar por el bienestar de cada uno de nuestros pueblos…

CEAAL
21/02/2014

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RED ARA : MENSAJE A LA SOCIEDAD VENEZOLANA

24 de Febrero 2014

La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA), ante la difícil situación que atraviesa el país, expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia que afectan a la sociedad venezolana, en especial a nuestros jóvenes estudiantes que constituyen el futuro de la nación

Como una Red integrada por organizaciones y ciudadanos venezolanos, exigimos que:

1) se detenga la violencia

2) se investiguen las muertes, desapariciones, torturas y agresiones,

3) se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos

4) se cumpla con las leyes establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Red ARA hace un llamado a la paz, basado en el respeto a la vida, a los demás derechos humanos y a la justicia. Hacemos votos para que la difícil situación que hoy aqueja a nuestra sociedad, tenga un pronto desenlace para el beneficio colectivo.

Comité Coordinador

Mensaje RED ARA a la sociedad

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Rafael Uzcátegui (*) / 12 tips para denunciar violaciones DDHH en redes sociales

Rafael Uzcátegui. Coordinador de Investigación de Provea

Lunes, 24 de febrero de 2014

La serie de reportajes del diario de mayor circulación nacional han desmontado la versión oficial que aseguraba que los disparos a los manifestantes del pasado 12 de febrero provenían del propio corazón de la protesta.

La investigación, basada en un centenar de vídeos y fotografías tomados por los propios participantes en la movilización, ha puesto las cosas en su sitio.

El uso de los dispositivos tecnológicos para registrar las violaciones a los derechos humanos, así como la difusión por redes sociales –en momentos de bloqueo informativo estatal-, ha revelado su grandísima utilidad en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, lo que ha hecho casi imposible el objetivo de invisibilizar las agresiones.

En base a nuestra propia experiencia, así como de sugerencias escuchadas de infoactivistas, enlistamos algunas nociones básicas para recopilar y difundir las atrocidades de los victimarios.

1) Si eres víctima, familiar de víctima o testigo de violaciones a los derechos humanos, recopila la mayor cantidad de elementos que demuestren los hechos: audios, fotos y videos. En el caso de los ataques paramilitares en la ciudad de Mérida, videos de diferentes ángulos de las incursiones hicieron irrefutable la denuncia.

2) Es clave redactar, con lujo de detalles y en el menor tiempo posible, un testimonio de lo padecido u observado. En corto tiempo, la memoria comienza a omitir detalles que pueden ayudar a demostrar tendencias de violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios. Datos necesarios: Día, fecha, hora, lugar, identificación de los funcionarios involucrados, descripción de los hechos. También sirve grabarlo en audio con la grabadora de tu celular, subirlo a internet en Mp3 o remitirlo a las ONGs de DDHH.

3) Si fuiste golpeado, es importante anexar copia de los exámenes médicos o fotografías de las heridas o moretones.

4) Tras redactar tú testimonio y contando con el apoyo de las fotos y vídeos, denuncia ante la organización de derechos humanos que funcione en tu ciudad. Ellos te asesorarán para realizar la denuncia ante los órganos gubernamentales respectivos, visibilizar la violación a derechos humanos y documentar los expedientes que serán remitidos a los órganos internacionales de protección. Las ONGs de derechos humanos con trayectoria están capacitadas para manejar tu denuncia con toda la confidencialidad del caso. Es muy importante agotar los canales internos de la institucionalidad gubernamental, pues la copia sellada de tu denuncia ante la Fiscalía y/o Defensoría debe ser parte del expediente de tu caso.

5) Realiza copias o respaldos digitales de tu denuncia, así como de los fotos y videos. Puedes almacenarlas en la nube utilizando servicios como Google Drive, Mediafire, etc.

6) Si necesitas descargas videos que otros hayan subido a la red social youtube puedes hacerlo usando la página web Offliberty.com. Hay un manual “paso a paso” de cómo hacerlo en http://rafaeluzcategui.files.wordpress.com/2014/02/comoguardarvideo_web.jpg

7) Debido al bloqueo informativo actual, la red social twitter se ha convertido en el espacio privilegiado de comunicación y denuncia. Si aún no tienes una cuenta, ¡es hora de abrir una! (son gratuitas).

8) ¿A quién “seguir” en la red social Twitter para pedirles apoyo? ONGs de derechos humanos: @_Provea @COFAVIC @CDH_UCAB @AccionSolidaria @espaciopublico @ACCSI_VIHSIDA @amnistia; Activistas DDHH @marinoalvarado @ligiabolivar @fjreyna @LilianaOrtegaM @intiamaru79 @eliruizm @raularturoh @LuisCarlos @fanzinero; Periodistas @ClavelRangel @LuzMelyReyes @boonbar @Laura_Weffer @Mariengracia @NelaBalbi @JoseLuisYepez @oscarfmurillo.

9) Sólo difunde fotos cuyo origen y veracidad haya sido debidamente corroborada. En los últimos días laboratorios de guerra sucia y algunos ingenuos entusiastas han difundido imágenes y videos que no se correspondían a los acontecimientos, lo cual ha sido utilizado para desestimar todas las imágenes por igual e intentar desacreditar a las redes sociales como canales de información. Acá hay un sencillo método con el que puedes verificar si la foto corresponde o no a los acontecimientos actuales: http://rafaeluzcategui.files.wordpress.com/2014/02/guiarapidajpg.jpg

10) No tienen el mismo nivel de exposición a la integridad fotografiar o filmar funcionarios policiales o militares que a miembros de grupos paramilitares. Los primeros obedecen a una estructura de mando, mientras que los segundos no. En ambos casos, tu vida e integridad están primero que la imagen que deseas registrar.

11) Si estas en una manifestación documentando la actividad rechaza cualquier tipo de agresión contra los profesionales de los medios de comunicación, independientemente de dónde trabajen. Si alguno de ellos esta “provocando” para conseguir una reacción violenta a ser fotografiada, la mejor estrategia es tomar en vídeo su actitud para denunciarla.

12) Debes decidir si tu perfil en redes sociales será con tu nombre real o con un seudónimo. Ten en cuenta que las denuncias realizadas desde cuentas de personas reales son el doble de creíbles.

13) Recuerda siempre que así como tú estás documentando irregularidades y violaciones a los derechos humanos en foto o video por parte de los victimarios, ellos también te están observando y registrando.

(*) Coordinador de Investigación de Provea

www.derechos.org.ve

investigacion@derechos.org.ve

@fanzinero

Publicado por Provea

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Pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas

Lunes, 24 de febrero de 2014

Medios-8Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos semanas, que han resultado en la muerte de al menos ocho (8) personas.

Ante este escenario, el Estado venezolano debe llevar a cabo investigaciones de oficio, independientes, imparciales y efectivas, para el esclarecimiento de los hechos violentos, independientemente si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos.

Es importante recordar que los cuerpos de seguridad de un Estado deben encarar las situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. El uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de funcionarios del Estado debe ser excepcional y estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad.

El Estado debe garantizar la labor de defensa, denuncia y promoción de los defensores y defensoras de derechos humanos.

En este sentido queremos expresar nuestra preocupación por los señalamientos y hostigamientos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que se han dado a conocer en las últimas semanas.

Es fundamental que en virtud de las normas de derecho internacional y de derecho constitucional que se encuentran vigentes en el país, el Estado venezolano garantice el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, a la manifestación pacífica, el acceso a la información, libertad de expresión, y que cualquier actuación para mantener el orden público se realice con pleno respeto a los derechos humanos.

Firmantes:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

Amnistía Internacional

Global Rights – Partners for Justice

ORGANIZACIONES REGIONALES:

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)

POR PAIS

Argentina:

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

CLADEM Argentina

Bolivia:

CLADEM Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba

Brasil:

Associação Juízes para a Democracia (AJD)

Conectas Direitos Humanos

Chile:

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas

Colombia:

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Costa Rica:

Defensa de Niñas y Niños – Internacional (DNI)

Ecuador:

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Guatemala:

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Honduras:

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

México:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDHEM)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

CLADEM México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.

La Red por los derechos de la infancia en México (REDIM)

Nicaragua:

Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)

CLADEM Nicaragua

Panamá:

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Paraguay:

AGORA Espacio Civil Paraguay

Perú:

Asociación Paz y Esperanza

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH)

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Instituto Runa

República Dominicana:

Fundación Étnica Integral (LA FEI)

Uruguay:

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Venezuela:

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Espacio Público

Organizaciones de la Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala no miembros de la Coalición que acompañan este comunicado:

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

El Refugio de la Niñez

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Tomado de Provea

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Organizaciones sociales y de DDHH de Venezuela difunden acción urgente ante situación del país

ACCIÓN URGENTE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
24 de febrero de 2014

Organizaciones del Foro por la Vida, junto a otras organizaciones venezolanas, ante las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela

 

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento, ante el agravamiento de la situación venezolana derivada de la violencia, desinformación, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el mes de febrero de 2014, hacemos un llamado de acción urgente para contribuir a la vigencia de los derechos humanos, la justicia y la paz en Venezuela.

 

Los hechos ocurridos en Venezuela muestran el deterioro de la institucionalidad pública para efectivamente arbitrar en las diversidad de posiciones políticas que existen en Venezuela. Frente a esta situación es muy importante que diversos sectores de la comunidad nacional e internacional reaccionen para cuestionar las violaciones a los derechos humanos, reclamen la acción para una investigación independiente, pidan el cese a la represión y promuevan un diálogo genuino

 

Criminalización de la protesta

 

Estudiantes y otros sectores sociales de la sociedad venezolana han convocado y realizado movilizaciones de manera pacífica, a lo largo de este mes de febrero. De manera sistemática funcionarios públicos de alto rango han descalificado estas movilizaciones y demonizado a los sectores que participaron en ellas.

 

Los discursos descalificatorios se realizan frecuentemente en el Sistema Nacional de Medios Públicos o en cadenas obligatorias de radio y televisión. Para ello se recurre a la sobreexposión de hechos de vandalismo y cierre de calles que han realizado una minoría de los manifestantes, y que han sido rechazados por los convocantes y amplios sectores de la sociedad venezolana. De ese modo se descalifica a la totalidad de los participantes y convocantes de manifestaciones pacíficas porque algunos participantes realizan actos violentos, que sirven de pretendida justificación a las autoridades para una respuesta represiva generalizada.

 

Detenciones arbitrarias

 

Desde el día 12 de febrero, en el contexto de las manifestaciones públicas se realizaron numerosas detenciones arbitrarias que han incluido tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los manifestantes. Los detenidos fueron trasladados a lugares que no tienen las condiciones mínimas para garantizar sus derechos fundamentales careciendo de ventilación adecuada, en los que se les impidió el acceso a abogados y no se les permitió suministro de alimentos por parte de los familiares. De la misma forma los detenidos denunciaron que los funcionarios habían revisado sus pertenencias, y de forma particular sus equipos electrónicos como cámaras y celulares. Menores de edad fueron detenidos en lugares de retención para adultos, en un contexto de severas represiones y torturas. Finalmente ha habido denuncias de detenidos que han sido golpeados de forma severa e incluso agredidos sexualmente y ocasionando daños a sus bienes personales.

 

La actuación del Estado ante estas detenciones arbitrarias no ofrece garantías de debido proceso. Las autoridades no informan apropiadamente sobre la cantidad de detenidos, sus identidades y edades. Las detenciones excedieron en muchos casos los plazos de tiempo establecidos por ley para ser presentados ante un juez. De la misma forma, en algunos casos los jueces han hecho presión a los detenidos, amenazandolos de no dejarlos en libertad condicional si solicitaban realización de informes forenses por las agresiones contra éstos.

 

 

 

Libertad de expresión

 

En el contexto venezolano hay una restricción de la libre circulación de información en los medios de comunicación venezolanos y ello conlleva a que muchas personas tengan que procurar información en cadenas internacionales de noticias o en las redes sociales. Persisten recurrentes agresiones y ataques contra periodistas y reporteros y los bloqueos a sitios web promovidos por las autoridades venezolanas.

 

Los medios de comunicación tradicionales se abstienen de publicar información sobre las manifestaciones y situaciones violentas e irregulares, producto de la presión gubernamental y el temor a represalias. Muchos periodistas y reporteros sufrieron agresiones y ataques mientras realizaban cobertura de hechos violentos y la represión de las autoridades. La mayoría de los autores de estas agresiones son funcionarios policiales, o miembros de las fuerzas armadas o colectivos oficialistas armados.

 

Igualmente el gobierno nacional ordenó sin proceso judicial previo alguno la prohibición en las cableras de canales internacionales de noticias, el bloqueo de varios sitios web, dificultades para enviar imágenes en la red social Twitter y otras restricciones dentro del internet. Todas estas políticas llevan a un problema grave en materia de libertad de expresión e información, ponen en peligro a personas y obstaculizan el ejercicio de sus derechos, con cada vez menos espacios para expresarse y más represión para las voces críticas.
Orden público

 

Las organizaciones que suscribimos esta acción urgente, reconocemos la obligación del Estado de mantener el orden público, pero debemos recordar firmemente que esta responsabilidad debe realizarse en estricto cumplimiento de nuestra Constitución y de los estándares internacionales en esta materia. Todo ello conforme a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por la Organización de Naciones Unidas y en la histórica sentencia del caso del Caracazo dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es de obligatorio cumplimiento para el Estado Venezolano.

 

Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de adecuar sus planes operativos de control del orden público al establecimiento del orden, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, manteniendo el funcionamiento independiente del Poder Judicial y respetando, garantizando el debido proceso y la garantías judiciales de todas las personas, elaborando técnicas de control de multitudes que reduzcan al mínimo la necesidad de recurrir a la fuerza, empleando técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.

 


Paramilitarismo

 

Expresamos preocupación por la actuación en la acción represiva contra los manifestantes de grupos paramilitares que se identifican afines al gobierno. Dicha actuación, en algunas partes del país, ha sido coordinada con la Guardia Nacional Bolivariana, La Policía Nacional Bolivariana y cuerpos policiales estadales. Un miembro de una ONG de derechos humanos, Provea, fue víctima de secuestro, malos tratos y amenazas de muerte por estas organizaciones irregulares.

 

Algunos altos funcionarios del Estado, a través de sus cuentas en la red social Twitter, han alentado la actuación de tales grupos y a la fecha el presidente Nicolás Maduro no ha realizado ninguna condena a dichos grupos. Tampoco la Fiscal General ni la Defensora del Pueblo han cuestionado la acción de grupos paramilitares que han ayudado a detener manifestantes, lanzar bombas lacrimógenas y realizado disparos, incluso contra viviendas.

 

Recordamos que el Estado es responsable de violaciones a los derechos humanos cuando no adopta medidas adecuadas para impedir la actuación de tales grupos armados y más aún cuando sus acciones se ejecutan con la cooperación de las autoridades.
Situación de los defensores/as de derechos humanos en Venezuela

 

Las condiciones en que desarrollan su labor los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela se han deteriorado de manera significativa. El Estado venezolano incumple sus obligaciones respecto de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.

 

Cuando la polarización política presente en la sociedad venezolana alcanza su máxima expresión, la actitud del Estado venezolano cambia respecto de las ONG y de los defensores y defensoras de derechos humanos. Se pasa de neutralizar la acción de los defensores de derechos humanos mediante la adopción de una estrategia defensiva ante las críticas provenientes del sector, a la adopción de una clara política de confrontación y descalificación pública, que ha generado graves consecuencias. Las evidencias de este cambio son públicas y notorias, ya que las más altas autoridades de los Poderes Públicos no sólo desconocen la labor que realizan los defensores/as de DDHH, sino que realizan graves acusaciones tanto a ONG como defensores de derechos humanos, entre las que destaca la de “traición a la patria”.

 

 

 

Ministerio Público y Defensoría

 

Los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido deben ser objeto de una investigación imparcial, seria y exhaustiva por una autoridad independiente. De conformidad con la Constitución esta es una facultad que corresponde al Ministerio Público presidido por la Fiscal General de la República. No obstante, estas investigaciones no han sido llevadas a cabo con la debida diligencia, en violación de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado. Por lo cual, esta conducta de la Fiscal General de la República equivale a una grave renuncia de sus funciones institucionales.

 

 

 

En el mismo sentido, la Defensora del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. Sin embargo, su actuación se ha dirigido a silenciar las violaciones a los derechos humanos de los disidentes del gobierno y a defender políticamente las actuaciones arbitrarias de los cuerpos de seguridad del gobierno. Por lo cual, igualmente en la práctica la Defensora del Pueblo ha renunciado gravemente al ejercicio de sus atribuciones y deberes constitucionales.

 

 

 

Estado de excepción

 

El artículo 337 del texto constitucional establece expresamente que durante los estados de excepción podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, salvo las referidas al derecho a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos intangibles. Esto significa que existe una serie de garantías constitucionales que bajo ninguna circunstancia alegada pueden ser suspendidas. Al ser imposible la suspensión de las mismas durante un estado de excepción, resulta igualmente improcedente suspender el ejercicio de la acción que las garantiza.

 

Los Estados de excepción corresponden a situaciones objetivas de suma gravedad frente a las que se hacen insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlas. La Declaratoria de un Estado de Excepción no autoriza a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse, y por lo tanto los mismos deben regirse por los principios y las obligaciones de proporcionalidad, temporalidad, no discriminación. Y esta declaratoria debe decretarse oficialmente porque de lo contrario estaríamos ante un Estado de Excepción de facto inadmisible en un Estado democrático.
Diálogo
En la actual crisis que atraviesa Venezuela, con el lamentable saldo de doce personas asesinadas en el marco de las recientes manifestaciones, así como más de ciento veinte de heridos de bala, exhortamos al gobierno nacional a crear condiciones mínimas que permitan una solución democrática del conflicto, que pasa por abstenerse de criminalizar las opiniones disidentes, reconocer a los factores políticos y sociales críticos de la gestión del gobierno, abrir espacios para el diálogo y garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.

 

Exhortamos igualmente a la dirigencia política de oposición condenar con firmeza la violencia y contribuir a generar condiciones favorables para acordar con el gobierno una agenda mínima para un diálogo, sincero y productivo, frente a los diversos problemas que afectan hoy a la sociedad venezolana.

 

Por todo ello solicitamos que puedan escribir y promover cartas o comunicados:

 

  • Expresando preocupación por la criminalización de la protesta social, el hostigamiento sistemático a periodistas y medios de comunicación, la acción de grupos paramilitares y las garantías necesarias para una investigación independiente de los hechos violatorios a los derechos humanos.
  • Solicitar el cese de las recurrentes descalificaciones públicas que realizan funcionarios contra manifestantes e instarles a que cumplan con su obligación de garantizar los derechos a la libertad de reunión, expresión, integridad personal y debido proceso.
  • Instar a los diversos sectores a que establezcan mecanismos para diálogo real que posibilite el entendimiento nacional y los procedimientos adecuados para efectivamente hacer una investigación de las violaciones a los derechos humanos y que se haga justicia en cada caso.

 

ENVÍEN MENSAJES ANTES DEL 01 DE ABRIL DE 2014 A:

 

Presidente de Venezuela

 

Nicolás Maduro Moros

 

Final Avenida Urdaneta, Esq. De Bolero, Palacio de Miraflores Caracas, Distrito Capital Venezuela

 

Twitter: @NicolasMaduro

 

Saludo: Señor Presidente /

 

Estimado Presidente

 

Enviar copias a los representantes diplomáticos de Venezuela acreditados en su país y a los cancilleres de su país.

 

 

Enviar copias a:

 

Foro por la Vida (Vocería)

 

Bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda,Edif. Centro Plaza Las Mercedes, PB. Local 6 Teléfonos / fax: (212) 862.10.11, 862.53.33 y 860.66.69 Caracas, Venezuela

 

Correo electrónico: voceria.foroporlavida@gmail.com

 

 

Organizaciones del Foro por la Vida que adhieren e impulsan esta Acción Urgente:

 

Acción Solidaria

 

ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA

 

Caritas Los Teques

 

Centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDDHH UCAB)

 

Centro para la Paz y los Derechos Humanos –  Universidad Central de Venezuela

 

Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV)

 

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic)

 

Espacio Público

 

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres

 

Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho

 

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

 

Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

 

 

Otras organizaciones que adhieren e impulsan esta Acción Urgente:

 

ACOANA (Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales)

 

Asamblea de Educación

 

Asociación Civil Banco del Libro

 

Cáritas Ciudad Bolívar

 

Cecodap

 

Centro de Investigación Social Formación y estudios de la mujer (CISFEM)

 

CESAP Asociación Civil

 

Ciudadanía activa

 

Civilis – Derechos Humanos

 

Comisión Venezolana del Servicio Social Internacional Centro Comunal Catia

 

Convite AC

 

Fenasopadres

 

Fuerza Ecológica Calabozo (Fecolca)

 

Fundación Aguaclara

 

Fundación CIIDER

 

Fundación de Derechos Humanos de Cumaná (INCIDE)

 

Grupo Social CESAP

 

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp)

 

Observatorio Venezolano de Prisiones

 

Sinergia

 

Transparencia Venezuela

 

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana

 

 

Versión en ingles:

 

 

URGENT ACTION ON SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA

 

February 24, 2014

 

 

Member organizations of Foro por la Vida, together with other Venezuelan organizations, in light of serious violations of human rights in Venezuela

 

 

We, the undersigned organizations, given the worsening of the Venezuelan situation resulting from violence, misinformation, arbitrary detentions and other major violations of human rights that have occurred in the month of February 2014 make a call for urgent action in support of the observance of human rights, justice and peace in Venezuela.

 

 

The events taking place in Venezuela showcase the deterioration of public institutions to effectively arbitrate the diversity of political positions that exist in the country. In light of this situation it is important that various sectors of the national and international community take a stand to challenge human rights violations, calling for an independent investigation, requesting the cessation of repression and the opening of genuine dialogue.

 

 

Criminalization of protests

 

Students and other social sectors of Venezuelan society have convened and conducted peaceful demonstrations throughout the month of February. Systematically, high-ranking public officials have disqualified these mobilizations and demonized sectors participating in them.

 

 

Disqualifying speeches are frequently featured in the National System of Public Media or through mandatory radio and television broadcasts. Acts of vandalism and street closures that have involved a minority of protesters —rejected by the organizers and broad sectors of Venezuelan society— are overexposed in such broadcasts. Thus, because some participants incur in violent acts, all participants and organizers of peaceful demonstrations have been disqualified as violent, as a justification for the authorities to widespread repressive responses.

 

 

Arbitrary detentions

 

Starting February 12, there were numerous arbitrary arrests in the context of demonstrations.  Protesters have been subjected to punishments that include torture and cruel, inhuman and degrading treatment. Detainees have been taken to places without minimum conditions to ensure their fundamental rights, lacking adequate ventilation, and have been denied access to lawyers or food supply by their family. Likewise, detainees have complained that officials had searched into their belongings, and particularly their electronic equipment, such as cameras and cell phones. Minors were kept in adult detention centers, in a context of severe repression and torture. Finally, there have been reports of detainees who have been severely beaten and sexually assaulted, as well as having had their personal property damaged.

 

 

State actions regarding these arbitrary arrests offer no guarantees of due process. The authorities have failed to properly report on the number of detainees, their identities and ages. Arrests in many cases exceeded the time limits established by law to be brought before a judge. Likewise, in some cases judges have threatened detainees with keeping them imprisoned, instead of on probation, if they requested forensic reports of attacks against them.

 

 

Freedom of expression

 

In this context, there is a restriction of the free flow of information in the Venezuelan media, and this leads many people to seek information through international news networks or social networks. Attacks and aggressions against journalists and reporters persist as well as blockings of websites, promoted by the Venezuelan authorities.

 

 

Traditional media refrain from publishing information about the demonstrations and violent and irregular situations, due to government pressure and fear of reprisals. Many journalists and reporters have been assaulted or attacked while covering violent events and repression from authorities. Most of the perpetrators of these attacks are police officers, members of the armed forces or pro-government armed groups.

 

 

Likewise, without due process, the Venezuelan Government ordered cable companies to take international news channels off from their programming, and as well blocked access to several websites, made it difficult to upload and send images through Twitter and created other restrictions within the internet. These policies lead to serious restrictions to freedom of expression and information, endangering people and impeding the exercise of their rights, with less and less space for expression and repressing critical voices.

 

 

Public order

 

The undersigned organizations of this Urgent Action recognize the State’s obligation to maintain public order, but we must remember firmly that this responsibility should be carried out in strict compliance with the Venezuelan Constitution and international standards in this matter. All in accordance with the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, adopted by the United Nations, and the landmark judgment in the Caracazo Case, dictated by the Inter-American Court of Human Rights which is binding for the VenezuelanState.

 

 

All measures for restoring order must be compatible with human rights and the principles of a democratic society. The VenezuelanState has a constitutional obligation to adjust its operational plans to control public order to reestablishing order, providing various means for differentiated use of force, maintaining independent functioning of the Judiciary, respecting and guaranteeing due process and providing judicial guarantees for all persons.  As well, it must implement crowd-control techniques that minimize the need to use force, employing methods of persuasion, negotiation and mediation, as well as complying with the constitutional ban on the use of firearms and toxic substances in controlling peaceful demonstrations, as is enshrined in Article 68 of the Venezuelan Constitution.

 

 

Paramilitarism

 

We express deep concern regarding repressive actions against the demonstrators by paramilitary pro-government groups. In some parts of Venezuela, these actions have been coordinated with the National Guard, the Bolivarian National Police and state police forces. A member of the Venezuelan human rights NGO Provea was a victim of kidnapping, beatings and death threats by these irregular organizations.

 

 

Some senior State officials, through their accounts on the social network Twitter, have encouraged the actions of such groups.  To date, President Nicolas Maduro has made no condemnation of those groups. Neither the Attorney General nor the Ombudswoman have questioned the actions of paramilitary groups that have helped to contain demonstrators, through tear gas and gun shots, even against family homes.

 

 

We recall that the State is responsible for violations of human rights when not taking adequate measures to prevent the actions of such armed groups and even more when their actions are executed with the cooperation of the authorities.

 

 

Situation of human rights defenders in Venezuela

 

The conditions under which human rights defenders carry out their work in Venezuela have deteriorated significantly. The Venezuelan State has failed to fulfill its obligations to provide the necessary means for human rights defenders to conduct their activities freely; to protect them when they are threatened, to prevent attacks on their lives and personal integrity; to refrain from imposing obstacles to the realization of their work, and to conduct serious and effective investigations regarding violations against them, preventing impunity.

 

 

When the political polarization in Venezuelan society is at peak levels, the attitude of the Venezuelan State towards NGO´s and human rights defenders changes: from neutralizing the actions of human rights defenders by adopting a defensive strategies against criticism from the sector, to the adoption of a clear policy of confrontation and public discrediting, which has caused serious consequences. Evidences of this change are public and notorious: holders of highest public office not only fail to recognize their work as human rights advocates, but also make serious allegations against organizations and human rights defenders, among them as “traitors to the motherland”.

 

 

Public Prosecutor and Ombudsman

 

Instances of violence and human rights violations that have occurred should be subject to a fair, serious and thorough investigation by an independent authority. In accordance with the Venezuelan Constitution this is a responsibility of the Public Ministry, chaired by the Attorney General’s Office. However, these investigations have not been carried out with due diligence, in violation of constitutional and international obligations of the State. Therefore, this conduct of the Attorney General amounts to a serious renunciation of her institutional functions.

 

 

Similarly, the Ombudswoman is responsible for the promotion, protection and monitoring of human rights. However, her performance has been directed at silencing human rights violations against government dissidents and to politically defend the arbitrary actions of the State´s security forces. Wherefore also in practice the Ombudswoman has severely declined to exercise her constitutional powers and duties.

 

 

State of Exception

 

Article 337 of the Venezuelan Constitution expressly provides that during states of exception guarantees enshrined in the Constitution may be temporarily suspended, except those relating to the right to life, prohibition of solitary confinement and torture, the right to due process, the right to information and other intangible rights. This means that there are a number of constitutional guarantees that under no alleged circumstance may be suspended. As it is impossible to suspend them during a state of exception, it is equally inadmissible to suspend the exercise of legal warrant actions.

 

 

States of exception correspond to objective situations of extreme gravity against which the ordinary means available to the State are insufficient to meet them. The Declaration of a State of Exception does not allow public authorities to act in disregard of the law, to which must adhere at all times. Therefore they must abide by the principles and obligations of proportionality, timeliness, and non-discrimination, and this declaration must be officially decreed because, otherwise, this would be a de facto State of Exception, inadmissible in a democratic state.

 

 

Dialogue

 

In the current Venezuelan crisis, with the unfortunate deaths of 12 people in the context of the recent demonstrations, and over 120 wounded by gunfire, we urge the Venezuelan Government to create minimum conditions that allow for a democratic solution to the conflict, which involves refraining from the criminalization of dissenting opinions, recognizing the social and political factors critics of the government, opening spaces for dialogue and ensuring the exercise of the right to peaceful demonstration.

 

 

 

We also urge opposition political leaders to strongly condemn the violence and to generate conditions favorable to establishing with the government a minimum agenda for a sincere and productive dialogue, in order to face the various problems affecting Venezuelan society today.

 

 

We therefore urge to write letters, press releases or communiqués:

 

  • Expressing concern at the criminalization of social protest, the systematic harassment of journalists and media, the actions of paramilitary groups and calling for guarantees necessary for an independent investigation of human rights violations;
  • Calling for the cessation of recurrent public insults against demonstrators by State officials and urging them to fulfill their obligation to guarantee the rights to freedom of assembly, expression, personal integrity and due process;
  • Urging the different sectors to establish mechanisms for a real dialogue that enables national understanding and the implementation of proper procedures to effectively investigate violations of human rights and to achieve justice in each case.

 

 

SEND MESSAGES BEFORE APRIL 1st TO:

 

President of Venezuela

 

Nicolás Maduro Moros

 

Final Avenida Urdaneta, Esq. De Bolero, Palacio de Miraflores Caracas, Distrito Capital Venezuela

 

Twitter: @NicolasMaduro

 

Greeting: Mr. President

 

Dear Mr. Presidente

 

 

 

Send copies to Venezuelan diplomatic representatives and to the Foreign Affairs Ministers in your country

 

Send copies to:

 

Foro por la Vida (Spokes group)

 

Bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda, Edif. Centro Plaza Las Mercedes, PB. Number 6 Phone numbers/fax: +58-212-862-1011 / 53.33 and 860-6669

 

Caracas, Venezuela

 

E mail: voceria.foroporlavida@gmail.com

 

 

Organizations members of the Foro por la Vida who sign and promote this Urgent Action:

 

Acción Solidaria

 

ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA

 

Caritas Los Teques

 

Centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDDHH UCAB)

 

Centro para la Paz y los Derechos Humanos –  Universidad Central de Venezuela

 

Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV)

 

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic)

 

Espacio Público

 

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres

 

Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho

 

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

 

Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

 

 

Other organizations who sign and promote this Urgent Action:

 

ACOANA (Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales)

 

Asamblea de Educación

 

Asociación Civil Banco del Libro

 

Cáritas Ciudad Bolívar

 

Cecodap

 

Centro de Investigación Social Formación y estudios de la mujer (CISFEM)

 

CESAP Asociación Civil

 

Ciudadanía activa

 

Civilis – Derechos Humanos

 

Comisión Venezolana del Servicio Social Internacional Centro Comunal Catia

 

Convite AC

 

Fenasopadres

 

Fuerza Ecológica Calabozo (Fecolca)

 

Fundación Aguaclara

 

Fundación CIIDER

 

Fundación de Derechos Humanos de Cumaná (INCIDE)

 

Grupo Social CESAP

 

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp)

 

Observatorio Venezolano de Prisiones

 

Sinergia

 

Transparencia Venezuela

 

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana

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