La Asamblea Nacional Constituyente intenta instaurar un régimen que suprime el ejercicio de la soberanía democrática

Ante las intensas protestas pacíficas en rechazo al golpe de Estado que se ha venido profundizado desde las sentencias 155 y 156, el Presidente de la República convocó[1] a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de forma fraudulenta e ilegítima, que usurpa al pueblo venezolano, a quien corresponde este derecho en ejercicio de su soberanía, utilizando los poderes extra-constitucionales de los que se ha dotado mediante continuos decretos de estados de excepción; la legalización de actos arbitrarios con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como la inhabilitación de la Asamblea Nacional; la suspensión y postergación de los procesos electorales previstos en la Constitución, con el consentimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE); y una política de represión y violencia de Estado contra la población, ejecutada de manera sistemática por parte de las fuerzas militares y policiales.

 

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no emana del pueblo, cuya voluntad se usurpa, violando el derecho al ejercicio de la soberanía popular

 

El Presidente usurpa el poder del pueblo al erigirse en convocante de una constituyente sin haberse consultado a los venezolanos acerca de su pertinencia, propósito y alcance. El artículo 347[2] de la Constitución establece que el poder de convocatoria corresponde exclusivamente al pueblo como el único que puede transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución por ser depositario del poder originario constituyente. El artículo 348[3] permite tomar la iniciativa de una convocatoria al Presidente de la República, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, las 2/3 partes de los Consejos Municipales o el 15% de los electores, pero este acto no puede tener el efecto automático de convocarla puesto que ninguno de los facultados constituye el pueblo. La iniciativa sólo podría interpretarse como facultad para solicitar o proponer a los venezolanos la realización de una constituyente, a quienes corresponde la decisión legítima de llevarla o no a la práctica mediante los medios previstos para el ejercicio de la soberanía en los artículos 5[4] y 70[5] de la Constitución. Cualquier acto que pretenda usurpar el poder originario constituyente es un fraude al pueblo y a la Constitución, evento ante el cual su artículo 138 dispone que “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

 

En fallo N° 378 del 31 de mayo[6] que dio validez jurídica al decreto presidencial de convocatoria a una ANC, la Sala Constitucional del TSJ alegó que el artículo 348 de la Constitución no menciona ningún procedimiento de consulta previa para ejercer la iniciativa porque, según su criterio, así fue dispuesto por los constituyentes de 1999 con el objeto de no limitar la expresión directa del poder originario, en principio ilimitado, concluyendo que “…para conservar su característica de poder constituyente originario solo se precisa la iniciativa para su convocatoria”. La Sala no relaciona este artículo con el 347 donde se establece claramente que la convocatoria debe nacer de la voluntad del pueblo, presumiendo que ésta ya ha sido expresada por efecto de la iniciativa la cual en este caso ni siquiera provino de los electores sino de uno de los poderes constituidos. Al prescindir de la voluntad popular, la Sala viola el principio de acuerdo con el cual la soberanía es intransferible y permite al Presidente usurpar el poder originario para imponer la convocatoria, independientemente de lo que opine el pueblo. Agrega el fallo que si bien el Presidente pudo realizar un referendo consultivo según el artículo 71[7], este decreto de convocatoria a la ANC forma parte de las decisiones “genéricas, expeditas y de profundidad constitucional” que le conceden sus propios decretos de estado de excepción para “poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social” en condiciones pacíficas ante la actual “aguda crisis política”. Que esta iniciativa constituyente obedezca a los poderes extra-constitucionales ejercidos por el Presidente mediante los estados de excepción, agrava más el fraude por existir la intención de establecer un régimen estatal arbitrario utilizando la figura de la ANC como órgano ejecutor.

 

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente no garantiza la genuina expresión de la voluntad del pueblo por violación de los principios de universalidad e igualdad del derecho al voto  

 

En tanto el pueblo de Venezuela es la totalidad de la población y no una parcialidad de ella[8], la ANC conforma un órgano representativo del poder constituyente sujeto a elección por sufragio universal, abierto e imparcial, al que tienen derecho todos los venezolanos sin discriminación alguna, garantizando la genuina expresión democrática de la voluntad del pueblo, mediante votaciones libres, plurales, directas y secretas, la personalización del voto y el principio de representación proporcional, dispuesto en los artículos 62, 63 y 64 de la Constitución. Además, su defensa es uno de los fines esenciales del Estado conforme al artículo 3. No obstante, el Presidente designó una Comisión Especial[9] para fijar las bases de elección de la ANC[10] sin consultar a los venezolanos. Estas bases establecen que los miembros de la ANC se elegirán por ámbitos, sectorial, territorial e indígena, contradiciendo el “voto universal” al cual hace referencia el decreto de convocatoria y las mismas bases. En el primer ámbito, la elección es excluyente al haber asignado las candidaturas y los votos a determinados sectores (trabajadores, campesinos y pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pensionados, empresarios, comunas y consejos comunales). En el segundo, los candidatos y las votaciones se distribuyeron entre los municipios del país de manera distorsionada y sesgada al no considerar el criterio poblacional[11]. Como consecuencia, en la elección de los miembros de la ANC no podrán postularse ni votar todos los venezolanos y el número de candidatos y de votos no tendrán el mismo peso[12].

 

A pesar de que estas bases comiciales violan el derecho a la igualdad de participación de todos los ciudadanos como candidatos y electores en la constituyente, 4 de los 5 rectores del CNE las aceptaron de inmediato sin cumplir los lapsos y los procedimientos internos de aprobación. En distintos comunicados, a un mes de decretarse la convocatoria, el CNE avanzó de manera expedita en la validación del número de miembros a elegir[13] sumando un total de 545 constituyentes y divididos en 364 por municipios (66%[14]), 173 sectoriales (32%[15]) y 8 representantes de los pueblos indígenas (1,4%). Igualmente elaboró el cronograma electoral previendo postulaciones del 6 al 10 de junio, impugnaciones y revisiones del 11 al 15 de junio, publicación del Registro Electoral Sectorial el 13 junio (que sólo comprende la opción de consulta por cédula de identidad para conocer el sector que se le asignó a cada persona, en caso de haber sido incorporado), campaña del 9 al 27 de julio y elección el 30 de julio. Según este cronograma, el CNE habría recibido hasta el 7 de junio un total de 55.314 solicitudes de postulación[16], 36% municipales y 64% sectoriales[17]. Luis Emilio Rondón, único rector que no aprobó la convocatoria ni las bases comiciales, expresó que estos actos atentan contra la soberanía popular y la democracia participativa y protagónica: “Con esta decisión se materializa la usurpación del acto de convocatoria y se aprueban unas bases comiciales sin la participación del pueblo. Esto es un golpe que ratifica que estamos frente a una ruptura continuada al orden constitucional”[18].

 

La Asamblea Nacional Constituyente instauraría un régimen incompatible con los principios republicanos y los derechos humanos que suprime el ejercicio democrático de la soberanía

 

La convocatoria invoca[19] un “proceso popular constituyente” que responde a un concepto de “democracia y participación directa” de connotación regresiva y contraria a los principios republicanos y constitucionales de soberanía democrática, libertades plenas, preminencia del estado de derecho y separación e independencia de poderes públicos, así como es contrapuesta a la democracia participativa y protagónica que consagró la Constitución. El término “Poder Popular” recoge este concepto de democracia directa, al cual hace referencia el decreto de convocatoria, las bases comiciales acatadas por el CNE y el fallo N° 378 del TSJ, indicando que la ANC personifica esta forma de democracia. La figura del “Poder Popular” proviene de la reforma constitucional que rechazaron los venezolanos en referendo de 2007 y fue impuesta en el orden institucional y jurídico interno por medio del primer y segundo plan de la nación y de normas legales denominadas “Leyes del Poder Popular”. Con el “Poder Popular” desaparecen los medios de consulta directa y elección de representantes a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía. Al contrario, la soberanía es ejercida desde el Estado a través de organizaciones sectorizadas que asumen funciones de gobierno y cumplen sus fines según lo determine el cuerpo político colectivo. Este cuerpo podría ser la misma ANC o cualquier otro órgano que esta decida, conduciendo a la estatización del pueblo y a un régimen de gobierno incompatible con los principios republicanos y los derechos humanos.

 

En este sentido, la convocatoria a la ANC señala que uno de sus propósitos es “constitucionalizar los nuevos sujetos del Poder Popular” entre los cuales se encuentran organizaciones de base social y territorial que conformarían la ANC. Asimismo el fallo N° 378 sugiere que dentro del proceso constituyente el “Poder Popular” absorbería todos los medios de participación y protagonismo del pueblo dispuestos en el artículo 70 de la Constitución, para que los venezolanos ejerzan a través de éste la “democracia directa”: “…el depositario de la soberanía es el pueblo (…); pero en lo que concierne a su ejercicio (de la soberanía) es necesario distinguir el ejercicio directo (democracia directa), que en nuestro ordenamiento jurídico se manifiesta en los medios de participación y protagonismo contenidos en el artículo 70 de la Constitución y que fueron desarrollados fundamentalmente mediante las leyes del Poder Popular (…). En estos casos, el pueblo es titular de la soberanía y la ejerce directamente a través del poder popular. En tal sentido, el poder popular encarna la democracia directa y sería contradictorio pretender que sus ´expresiones´ sean elegidas como si se tratara de una ´representación´ del cuerpo electoral[20]”. Bajo este concepto, la ANC tendría plenos poderes para fijarse sus propias reglas, que incluye período de duración, materias que regirá y potestad para decidir si somete a referendo el proyecto constitucional que surja de su seno, en los términos del artículo 70 de la Constitución que ella misma redacte, según adendum de exhorto en las bases comiciales presentado por el Ejecutivo[21].

 

La Constitución consagra la protección del pueblo venezolano ante todo régimen, legislación o autoridad emanado de una constituyente contraria a la democracia o que menoscabe los DDHH

 

En 1999, surgida de una ANC, la Constitución vigente pasó por 3 referendos de votación libre, igual, universal, directa, individual y secreta antes de convertirse en norma suprema del ordenamiento jurídico venezolano. En abril de ese año, los venezolanos ejercieron su voto para aprobar la convocatoria a la ANC y sus bases comiciales propuestas por el Ejecutivo Nacional; en julio, los ciudadanos eligieron a 131 representantes de la ANC encargados de redactar la nueva Constitución; y en diciembre se llevó a cabo un referendo aprobatorio del proyecto constitucional que finalmente entró en vigencia el 30 de diciembre. En su preámbulo reza: “El pueblo de Venezuela (…) en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente Constitución…” (énfasis nuestro). Este proceso se adoptó en la Constitución, abriendo un Capítulo para la ANC junto a otros artículos que reafirmaron el carácter progresivo de sus disposiciones, no permitiendo su alteración o desmejoramiento ni siquiera por una constituyente. Una disposición que expresa esta progresividad se encuentra en su artículo 6: “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables” (énfasis nuestro).

 

Siendo su propia supremacía, respeto[22] y vigencia una materia fundamental para garantizar la integridad de su contenido, la estabilidad del estado de derecho basado en sus normas y el cumplimiento de los derechos que se consagran en su texto, el artículo 333 de la Constitución dispone sobre sí misma que “no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella”. A tal efecto, el artículo señala que “En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” (énfasis nuestro). Específicamente sobre el proceso constituyente, el Capítulo de la ANC contempla en su artículo 349[23] que ningún poder constituido podrá impedir u objetar sus decisiones, de haberse cumplido los artículos 347 y 348 leídos en conjunto. Pero, si de igual manera, como resultado de las decisiones de una ANC se llegase a imponer un régimen, legislación o autoridad que vaya en contra de los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos, el artículo 350[24] faculta al pueblo de Venezuela para desconocerlo o desobedecerlo en resguardo de la tradición republicana, la independencia, la paz y la libertad, usando los distintos mecanismos que ofrece la propia Constitución para ejercer su soberanía[25], derecho irrenunciable para restablecer las libertades, el estado de derecho y la institucionalidad democrática.

 

[1] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Decreto N° 2.830 de creación de una Comisión Especial para elaborar una propuesta de bases comiciales de los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, publicado en Gaceta Oficial N° 6.295 del 01 de mayo de 2017. En: http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/mayo/152017/E-152017-4887.pdf#page=1

[2] Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

[3] Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

[4] Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

[5] Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros (…). La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.

[6] Sentencia N° 378 de Sala Constitucional del TSJ, de fecha 31.05.2017. En: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199490-378-31517-2017-17-0519.HTML

[7] El artículo 71, establece que las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o del 10% de los electores, siempre que cuente con el acuerdo de la Asamblea Nacional por mayoría de sus integrantes.

[8] Sentencia N° 24 de Sala Constitucional del 22 de enero de 2003. En: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/02-1559%20INTERPRETACI%C3%93N%20350.HTM

[9] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Decreto N° 2.831 de creación de una Comisión Especial para elaborar una propuesta de bases comiciales de los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, publicado en Gaceta Oficial N° 6.295 del 01 de mayo de 2017. En: http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/mayo/152017/E-152017-4887.pdf#page=1

[10] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Decreto 2.878 que establece las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, publicado en Gaceta Oficial N° 41.156 del 23 de mayo de 2017. En:  http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/mayo/2352017/2352017-4909.pdf#page=2

[11] Luis Emilio Rondón: “Municipios cuyos electores no llegan a 2.000 electores van a elegir un constituyente frente a municipios con más de 400.000 electores también podrán elegir un constituyente. Esto es una clara distorsión de la voz del pueblo”. En: http://www.noticierovenevision.net/noticias/politica/rector-rondon-dice-que-convocatoria-a-elecciones-a-constituyente-es-espuria

[12] Constituyente: reglas manipuladas para ganar con el 20% de los votos; por Héctor Briceño. En: http://prodavinci.com/2017/05/27/actualidad/constituyente-reglas-manipuladas-para-ganar-con-el-20-de-los-votos-por-hector-briceno/

[13]CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: CNE aprobó cronograma para elecciones a la ANC, 7 de junio de 2017. En: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3516

[14] Distribuidos en 311 nominales (1 x cada municipio) independientemente del número de electores y 53 por listas en municipios capitales (2 por cada municipio, excepto el municipio Libertador que tendrá 7 por ser asiento de la capital).

[15] Los 173 miembros, agrupados en listas nacionales y regionales, y elegidos por representación “mayoritaria” son 79 trabajadores, 28 pensionados, 24 estudiantes (distribuidos en 11 de universidades públicas, 10 de Misiones Educativas y 3 de universidades privadas), 24 voceros de comunas y consejos comunales, 8 campesinos y pescadores, 5 personas con discapacidad y 5 empresarios. El CNE estableció que los voceros comunales sólo deberán presentar para sus postulaciones la certificación de la comisión electoral a la cual pertenecen y asignó el recaudo de 1.000 firmas para respaldar las candidaturas de estudiantes y 500 firmas para los demás sectores.

[16] CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: CNE recibió un total de 52 mil 55 solicitudes para proceso de postulación de candidatos a la ANC, 02 DE JUNIO DE 2017. En: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3513

[17] El CNE recibió 55.314 solicitudes, de las cuales 19.876 correspondieron al ámbito territorial y 35.438 al sectorial, 9.045 de comunales y consejos comunales, 1.196 de empresarios, 2.778 de estudiantes, 5.073 de pensionados, 1.458 de personas con discapacidad, 13.880 de trabajadores, 2.008 de campesinos y pescadores.

[18] Rector Rondón dice que convocatoria a elecciones a Constituyente es “espuria”. Globovisión, 8 de junio de 2017. En: http://www.noticierovenevision.net/noticias/politica/rector-rondon-dice-que-convocatoria-a-elecciones-a-constituyente-es-espuria

[19] Pdte. Maduro activa al Poder Originario del Pueblo para convocar Asamblea Nacional Constituyente. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=4bhb2liPAfs&feature=youtu.be

[20] Entre las leyes del “Poder Popular” que señala la sentencia se encuentran: la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica de Comunas, la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras atribuciones.

[21] Decreto N° 2.889 publicado en Gaceta Oficial N° 6.303 del 04 de junio de 2017. En: http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/junio/462017/E-462017-4921.pdf#page=1

[22] Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.

[23] Artículo 349. El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

[24] Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

[25] Sentencia N° 24 de Sala Constitucional del 22 de enero de 2003. En: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/02-1559%20INTERPRETACI%C3%93N%20350.HTM

 

Caracas, 16/06/2017, CivilisDDHH

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Mecanismos de negociación en crisis venezolana deben incorporar visitas de organismos internacionales de protección a los DDHH

La reciente visita de una misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Argentina, para constatar las condiciones de privación de libertad de la activista Milagro Sala, reitera la importancia de los organismos internacionales en la vigilancia de los compromisos en Derechos Humanos asumidos por los Estados. Sin embargo, el Estado venezolano se ha negado desde el año 2002 a recibir visitas de los órganos de la OEA y Naciones Unidas para recopilar información sobre las diferentes denuncias de violación a los derechos humanos en el país.

El pasado 16 de junio, tras una invitación del Estado argentino, la CIDH pudo visitar en su sitio de reclusión a la activista Milagro Sala, detenida de manera arbitraria y sometida a un proceso judicial irregular, que la condenó a 3 años de prisión, según denunció Amnistía Internacional y organizaciones argentinas en Derechos Humanos. La CIDH recibió la solicitud de medida cautelar para Sala, por lo que gestionó, dentro del marco de sus atribuciones, la posibilidad de visitar a la líder comunitaria para obtener mayor información y constatar sus condiciones de privación de libertad. A la visita acudieron el presidente de la CIDH, relator para los países Argentina, Uruguay y Venezuela, Francisco Eguiguren, así como la relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño. Tras la visita la CIDH se pronunciará sobre el caso el próximo mes de julio.

Milagro Sala ha sido visibilizada por las organizaciones de DDHH argentinas como ejemplo de la política de criminalización de la protesta y persecución política promovida por el gobierno de Mauricio Macri. La visita de la CIDH a Sala reitera que las acusaciones de “injerencismo” y “vulneración de la soberanía” carecen de asidero para impedir el monitoreo a los países por parte de los organismos internacionales de derechos humanos.

Desde el año 2002 el Estado venezolano se ha negado a permitir la visita al país de los organismos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos con competencia en derechos humanos. El pasado mes de mayo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recordó que han solicitado insistentemente la posibilidad que los relatores de Naciones Unidas puedan visitar a Venezuela, petición que ha sido negada en todas las oportunidades. La propia CIDH ha reiterado su deseo de poder visitar al país para reunirse con todos los sectores para conocer directamente la situación, lo cual ha sido negado por los representantes del Estado. El gobierno de Macri, denunciado como arbitrario por distintas expresiones del movimiento de derechos humanos de la región, ha permitido la visita de la CIDH. El gobierno de Nicolás Maduro, con gravísimas denuncias, se rehúsa a hacerlo.

En el pasado, como en el presente la CIDH ha jugado un papel importante en la promoción y defensa de los derechos humanos ante gobiernos diversos de la región. Sus visitas in loco y medidas cautelares han contribuido a salvar la vida o garantizar la libertad e integridad de cientos de líderes sociales del continente. Su visita en el año 1999 al Perú para constatar las denuncias realizadas contra el gobierno de Alberto Fujimori que había llegado al poder mediante las elecciones, pero que también se había convertido en una dictadura, recuerda la importancia de promover estos mecanismos a pesar de las circunstancias más difíciles.

Por esta razón las organizaciones sociales y no gubernamentales que firmamos el presente comunicado, exigimos que cualquier mecanismo de negociación que sea implementado para canalizar la crisis venezolana, incorpore la visita de los organismos internacionales con competencia en derechos humanos. De esta manera puedan obtener la información necesaria para constatar las diferentes denuncias sobre violación de derechos humanos, mediante reuniones con los diferentes sectores del país, y constatar las condiciones de privación de libertad de los presos políticos.


Acceso a la Justicia
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
Acción Solidaria
Asamblea de Educación
Aula Abierta Venezuela
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Centro de Acción y Defensa por los DDHH (Cadef)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Civilis Derechos Humanos
Coalición Clima21
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – capítulo Mérida
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
Espacio Público
EXCUBITUS Derechos Humanos
Humano Derecho Radio Estación
María Estrella de la Mañana  A.C
Nueva Esparta en Movimiento
Laboratorio de Paz
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Padres Organizados de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Red Andina de DDHH (RADAR)
Redes Ayuda
Red de Organizaciones Vecinales de Baruta
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil 
Sociedad Hominis Iura
Stop VIH
Transparencia Venezuela
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa
Venezuela Diversa

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Manifestaciones nocturnas y cerca de centros de poder cobran fuerza en 80 días de protestas

El OVCS exige garantizar los derechos a la vida, integridad, libertad y manifestación pacífica

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registra 2.675 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 19 de junio de 2017, equivalente a 33 protestas diarias.

Esta cifra representa un aumento de 65% con respecto a igual periodo de 2016, cuando se contabilizaron 1.614 manifestaciones.

Las acciones de calle se han extendido en todo el territorio nacional, tanto en zonas urbanas, rurales, como en sectores populares.

Las entidades que acumulan mayor número de casos siguen siendo Distrito Capital, Miranda, Táchira, Mérida y Carabobo.

 


10 características de las protestas

  1. Asistencia masiva de participantes.
  2. Manifestantes de diversos sectores socioeconómicos.
  3. Protesta sostenida.
  4. Escenificadas en todos los estados del país. en zonas rurales y urbanas.
  5. Aumento de protestas en sectores populares.
  6. Aumento de las protestas nocturnas.
  7. Conectadas con las convocatorias hechas por dirigentes políticos.
  8. Fusión de exigencias de derechos políticos y demandas de derechos económicos y sociales.
  9. Discursos de resistencia pacífica no violenta, apegados al Estado de derecho.
  10. Repercusión en la esfera internacional. Países, Organismos multilaterales y medios de comunicación.

Protestas nocturnas

En la caracterización de estos 80 días de manifestaciones destacan las protestas nocturnas, un aspecto novedoso en comparación con las modalidades de protestas registradas en los últimos años.

Tan solo en el municipio Libertador de Caracas se han registrado protestas nocturnas durante 21 días continuos, hasta el 19 de junio.

Los vecinos han manifestado después de las 7 de la noche. Los cacerolazos en las urbanizaciones hansido la modalidad más representativa. Durante estas protestas se fusionan las exigencias sociales condemandas de derechos políticos.

 

Protestas cerca de los centros de poder

Otro aspecto novedoso, y de sumo interés en el seguimiento de las movilizaciones durante estos 80 días, se refiere al aumento de las protestas en las inmediaciones de los centros de poder o lugares emblemáticos del Gobierno, inclusive donde inconstitucionalmente gobernadores y alcaldes han prohibido las manifestaciones, amparados en leyes, sentencias y decretos que establecen Zonas de Seguridad o simplemente decisiones  que prohíben las manifestaciones a sectores críticos políticamente o a ciudadanos que exigen derechos.

En la mayoría de los estados, las personas han organizado marchas hasta las oficinas de Gobierno o se han concentrado en sus inmediaciones.

En el Municipio Libertador, las acciones masivas de calle convocadas hacia instituciones públicas, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), Defensoría del Pueblo (DP) Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJP), Contraloría General de la República, entre otras, no han podido llegar a su destino, pues todas han sido impedidas, obstaculizadas o reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados.

Sin embargo, esta zona, denominada por quienes ejercen el poder como “territorio oficialista”, ha registrado protestas espontáneas organizadas por vecinos, de día y de noche, a escasas cuadras del Palacio de Miraflores e instituciones públicas exigiendo derechos sociales y la renuncia del presidente Nicolás Maduro.

 

Represión y violencia

La violencia y represión inició de manera sostenida desde la activación del Plan Zamora, el pasado 18.04.17 por parte de Nicolás Maduro. Y se agudizó con la activación del Plan Zamora en una segunda fase, anunciada por el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, casi un mes después, el 17.05.17.

El plan promueve y consolida acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Civiles Armados, facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés.

Adicionalmente, en el marco del Plan Zamora más de 250 civiles han sido procesados en tribunales militares, violando el debido proceso y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por otra parte, en las últimas semanas ha sido recurrente el asedio, invasión y ataque a urbanizaciones y residencias por parte funcionarios y civiles armados, quienes además de violentar las viviendas, roban y destruyen bienes privados y públicos.

Estos lamentables hechos han contado con la directriz y coordinación del  Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; Ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol; Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres y el Director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Alfredo Pérez Ampueda. Estos funcionarios representan la superioridad en la cadena de mando en sus distintos ámbitos y recae sobre ellos la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas.

 Saldo rojo: 95 fallecidos

Con el Plan Zamora se exacerbó la represión y la violencia en Venezuela. Se han registrado extraoficialmente 95 muertes desde el 6 de abril hasta el 19 de junio del presente año. En este lapso elMinisterio Público ha reconocido el fallecimiento de 75 personas.

Las muertes se encuentran distribuidas en 12 estados del país. Distrito Capital, Miranda y Carabobo concentran el mayor número de víctimas.

Aquí puede consultar el mapa con la reseña y localización de cada caso

 


El OVCS reitera sus exigencias:

  • Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas.
  • Poner fin a la ejecución del plan Zamora.
  • Poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares.
  • Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para determinar las responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.
  • Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
  • Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo

Insistimos al gobierno de Nicolás Maduro que la represión no es el camino para dirimir las diferencias y construir un país.

 

Caracas, 20 de junio de 2017

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Contacto

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Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

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Casi 400 civiles han sido enjuiciados en tribunales militares en este periodo de protestas

La revolución chavista apela a la justicia militar para silenciar la disidencia

Venezuela es un país donde los militares ocupan buena parte de los ministerios y de las gobernaciones y controlan las importaciones de alimentos y su distribución. Por ello no debería extrañar que la represión a la actual ola de protestas opositoras sea encabezada por los uniformados y sus tribunales cobren protagonismo.

Hasta ahora 372 venezolanos han sido puestos a desfilar ante juzgados castrenses bajo la aplicación del polémico Plan Zamora; y de ellos 204 han sido enviados a prisiones militares de manera provisional – mientras se decide si se les enjuicia o no -, de acuerdo a cifras del Foro Penal Venezolano.

Al proceder de esta forma, el Gobierno no solo viola el artículo 261 de la Constitución el cual establece que “la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”, sino también la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Desde el año 2000, el máximo tribunal dejó en claro que la justicia castrense solo puede enjuiciar a uniformados, y no a cualquiera, sino a los activos y por delitos militares cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Así la Sala de Casación Penal en su sentencia número 750 del 23 de octubre de 2001 señaló: “Los delitos comunes serán juzgados por los tribunales ordinarios y la competencia de los tribunales militares se limitará a las infracciones de naturaleza militar. En consecuencia, deben entenderse por estos delitos, aquellas infracciones que atenten a los deberes militares. La Constitución resuelve así las viejas dudas existentes al respecto y lo hace aplicando el principio de la igualdad: no existe fuero castrense en razón de las personas que cometan o sean víctimas de delitos, sino que la jurisdicción sigue a la naturaleza de la infracción”.

Este criterio fue reiterado por la Sala Constitucional un después en su sentencia 1.256, la cual estableció: “Los delitos comunes cometidos por militares, aun cuando sea en ejercicio de funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas o encontrándose dentro o fuera de las instalaciones militares, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo”.

Pero aunque en diciembre pasado el TSJ ratificó su postura, al arrebatarle a la justicia castrense el caso de unos dirigentes de Primero Justicia detenidos por un video donde se instaba a las Fuerzas Armadas a no reprimir las protestas contra la suspensión del referendo revocatorio, los juzgados de instancia no han hecho nada por impedir que manifestantes sean llevados ante tribunales militares. Esto, a pesar de que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ya ha interpuesto al menos tres acciones.

Solo en dictaduras

La decisión del Gobierno de usar los tribunales militares para procesar a civiles que protestan ha sido rechazada por juristas y activistas de derechos humanos, quienes la consideran una prueba más de que en Venezuela la democracia es cosa del pasado.

“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe expresamente que civiles sean enjuiciados por militares, porque esa no es una medida cónsona con estados democráticos”, denunció Nizar El Fakih, director de la organización de derechos humanos Proiuris.

En similares términos se pronunció la magistrada emérita del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, quien redactó algunos de los fallos con los que el máximo juzgado restringió la actuación del justicia militar. Para ella, la remisión de casos a los tribunales castrenses se debe al cambio de actitud de la Fiscal General.

“Este súbito despertar de la Fiscalía, la cual no se había enterado sino hasta ahora del quiebre del hilo constitucional en el país, es el motivo por el cual el régimen ha decidido apelar a la jurisdicción militar para su ola represiva, pues sabe que allí tiene mayor control y que no se va a encontrar con un fiscal o un juez que decida de acuerdo a la ley, por encima de las instrucciones que reciba”. Mármol de León recordó que los jueces militares, como cualquier soldado, debe obediencia al presidente de la República, su comandante en jefe.

Esta opinión es compartida por el ex coordinador de Provea, Marino Alvarado. “Pareciera que la estrategia represiva del gobierno de Maduro incluye hacer un mayor uso de la justicia militar ya que el Ministerio Público se está absteniendo de acusar en algunos casos donde ha habido un burdo montaje con la siembra de armas y explosivos”, en clara alusión al caso del comisario Coromoto Rodríguez, ex jefe de escoltas del anterior presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

Un proceder otrora criticado por el chavismo

La aplicación de la justicia militar a los civiles no es algo nuevo en Venezuela. Así lo recordó la Fiscalía en su informe “Contra el silencio y el olvido”, elaborado por la Comisión que investigó las violaciones a los Derechos Humanos ocurridos antes del chavismo. En dicho reporte consta que “los tribunales militares, adscritos al Ministerio de la Defensa, actuaron y fueron sede de la aplicación de juicios extraordinarios a centenares de ciudadanos y ciudadanas, por su presunta participación en apoyo a la guerrilla” y se denuncia que en muchos de esos procesos no se guardaron las mínimas garantías.

Antes del inicio de esta ola de protestas Proiuris había contabilizado 52 casos, entre ellos, el del profesor jubilado de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, quien fue aprehendido por agentes de la dirección de Contrainteligencia Militar en febrero, luego de publicar un artículo crítico con la gestión gubernamental. El académico fue imputado por traición a la patria.

Pero no solo quienes opinan distinto han terminado ante esta jurisdicción, sino también quienes han osado quejarse o expresar su descontento por la escasez de alimentos y medicinas reinante en el país. Entre 2015 y mediados de 2016 Provea registró que 21 venezolanos habían terminado ante un Consejo de Guerra por protestar en una cola o por discutir con un uniformado que las vigila, por lo cual se les imputó el delito de “ultraje a centinela”

Publicado por Transparencia Venezuela

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7328 detenidos esperan por cupos a cárceles en comandos de la Guardia Nacional Bolivariana

El hacinamiento en sedes policiales y militares también afecta a los comandos de la Guardia Nacional Bolivariana. Fuentes extraoficiales del cuerpo castrense revelaron a Una Ventana a la Libertad que en la actualidad hay 7328 detenidos que esperan por cupos a cárceles en los comandos de la Guardia Nacional.

La información fue dada a conocer por Carlos Nieto Palma Coordinador General de la organización, quien informó que los funcionarios consultados advirtieron que, a diferencia de algunas policías municipales y estadales y sedes de la Policía Nacional, en las unidades militares de la Guardia Nacional no hay calabozos, ni celdas para albergar a los detenidos mientras son presentados en tribunales, han tenido que improvisar calabozos para estos presos, lo que los limita en sus funciones y capacidad operativa, pues han tenido que desalojar oficinas y espacios para que los funcionarios descansen en sus guardias.

Según las informaciones recibidas por Una Ventana a la Libertad, los 7328 detenidos están distribuidos en 229 unidades militares que están ubicadas en toda Venezuela. Explicaron que, por ejemplo, en un comando móvil de la Guardia Nacional ubicado cerca de la Comandancia General de esa institución, en El Paraíso, hay 38 personas detenidas.

Nuestras fuentes precisaron que: “Se tienen que descongestionar los comandos de la Guardia Nacional. No es función de nuestros funcionarios cuidar a presos y menos por lapsos que superan las 48 horas, que es el tiempo en que se debe presentar a los detenidos en tribunales para determinar si les dictan privativa de libertad, medidas cautelares o libertad plena. Lamentablemente, tenemos presos que han cumplido más de un año detenidos en los comandos de la Guardia Nacional”, manifestó el efectivo de la Guardia Nacional que nos dio la información.

Nieto Palma precisó, que esta situación que viven los privados de libertad en los diversos cuerpos de seguridad del Estado, Una Ventana a la Libertad lo ha venido denunciando desde hace más de un año, sin que el Ministerio para el Servicio Penitenciario le haya prestado atención alguna a pesar de ser el ente encargado de atender a los privados de libertad del país, siguen pendientes las 24 nuevas cárceles que se ofrecieron cuando se creó este ministerio hace 5 años y de las cuales no se ha hecho ninguna.

Para finalizar, alertó que motivado a la fuerte represión que se vive en el país hace ya más de 70 días, se ha desbordado la capacidad de estos cuerpos policiales, entre ellos la Guardia Nacional Bolivariana, para seguir albergando detenidos, llegando a un colapso total, cometiéndose violaciones extremas a los derechos humanos de los privados de libertad que allí se encuentran.

19 de junio de 2017

 Prensa Una Ventana a la Libertad

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