El control absoluto del Estado por parte de la ANC

Carlos Romero Mendoza

Mientras la sociedad civil debatía sobre la participación en las elecciones Regionales 2017, anunciadas para el mes de octubre, la supuesta Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima e inconstitucional, aprobó dos Decretos Constituyentes a través de los cuales pretende asumir el control absoluto del Estado.

El primero de esos Decretos Constituyentes plantea que su objeto es garantizar el funcionamiento armonioso, justo y equilibrado de todas las ramas del poder público a los fines de cumplir efectivamente con los fines del Estado.

Ahora bien, según el artículo 3 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo,  y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución vigente.

Esos fines, constitucionalmente reconocidos, no son los mismos a que hace referencia el Decreto Constituyente, el cual plantea como fines esenciales del Estado: preservar la tranquilidad pública, la paz, la soberanía y la independencia nacional, el funcionamiento constitucional del Estado y la garantía efectiva de los derechos del pueblo venezolano.

El control absoluto sobre el Poder Público a través de ese Decreto, publicado en Gaceta Oficial No. 6.323 del 8 de agosto de 2017, se concreta a través de las siguientes atribuciones que la propia Constituyente se delegó a sí misma:

Decretar medidas sobre competencias, funcionamiento y organización de los órganos del Poder Público, de cumplimiento inmediato.

Limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público.

El Decreto Constituyente, además, decretó formalmente que todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, y éstos quedan a partir de ese momento obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen de dicha Asamblea.

Lo novedoso y peligroso de ese Decreto Constituyente es que aparece un tercer actor: la supuesta Asamblea Constituyente, que con la excusa de ser plenipotenciaria se está reservando atribuciones para un control absoluto del Poder Público Nacional. Tan es así, que hasta el propio Presidente Maduro expresó públicamente su subordinación a esa cuestionada, ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.

El Presidente Maduro, en una participación pública ante la Asamblea Nacional Constituyente, declaró: “Vengo a reconocer sus poderes plenipotenciarios, soberanos, originarios y magnos, para regir los destinos de la República. Como jefe de Estado me subordino a los poderes constituyentes de esta Asamblea Nacional Constituyente”.[1]

¿Qué significa que un Presidente, electo popularmente, exprese su voluntad de subordinarse a un Poder Constituyente que no representa a los venezolanos y que violenta los valores, principios y garantías constitucionalmente reconocidas en nuestro orden constitucional y democrático?

¿Qué interpretación debemos darle al Decreto Constituyente de ratificación al ciudadano Nicolás Maduro como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado y de Gobierno, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el segundo documento aprobado y que fue publicado el 10 de agosto de 2017, en Gaceta Oficial Extraordinaria No 6.325?

Foto: AVN

En ese Decreto Constituyente se reconoce expresamente que la permanencia de Nicolás Maduro como Presidente de la República, y convocante de la Constituyente, es un soporte fundamental para la implementación de las medidas que adopte la Asamblea Nacional Constituyente y una supuesta garantía para que el proceso democrático de transformación integral de la Nación prosiga con éxito.

Por cierto, ese Decreto Constituyente se equivoca al calificar de “democrático” este proceso constituyente. Basta revisar con objetividad todo el proceso que va desde su convocatoria hasta su definitiva instalación.

Con estos dos Decreto Constituyentes se ha concretado el golpe de Estado que desde el año 2016 viene denunciando expresa y públicamente la Asamblea Nacional.

Vivimos, como sociedad, momentos muy confusos, complejos y nada fáciles; el desafío que esta realidad nos impone exige la defensa de la Asamblea Nacional como Poder Público legítimo y el reclamo sistemático de respeto a la voluntad popular.

Hoy resulta oportuno recordar a los diputados que el 13 de octubre 2016 se comprometieron, según el Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución, a  conformar un Movimiento Cívico Nacional en Defensa de la Constitución, de la Democracia y del Voto, impulsado desde la propia Asamblea.

La amenaza real contra la existencia de la Asamblea Nacional agrava la situación política del país y termina por arrebatar el espacio político para el debate de los temas nacionales.

El logro político de rescatar la Asamblea Nacional, el pasado diciembre de 2015, a través del voto directo, secreto y universal, encuentra en estos Decretos Constituyentes la difícil tarea de responder contundentemente con el 333 y el 350 de la Constitución, o con la indiferencia con la cual se observó el cierre técnico del Congreso de la República en el año 1999.

¿Nos olvidamos de la Asamblea Nacional y avanzamos a las Regionales? ¿Nos ocupamos de ambos procesos? ¿Qué hacemos? La respuesta no está exclusivamente en la MUD, está en nosotros como electores y ciudadanos. ¿Tenemos algo qué decir como ciudadanos?

17 de agosto de 2017

 

[1]AVN.  Presidente Maduro reconoce el poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente.  10 de agosto de 2017. Online en: http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-asamblea-nacional-constituyente-es-%C3%BAnica-carta-que-ten%C3%ADa-pa%C3%ADs-para-lograr-paz

Fuente: politikaucab 

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Codevida pide a políticos que retomen lucha por la ayuda humanitaria

En un año, el Programa de Ayuda Humanitaria de las organizaciones Codevida y Acción Solidaria ha realizado más de 5.000 donaciones directas. Sin embargo, advierten que los problemas del país ameritan un auxilio mayor y recuerdan a los políticos que la apertura de un canal humanitario estaba entre las principales peticiones de la oposición desde que se instalara la fallida mesa de diálogo con el gobierno.

Desde hace un año, el trabajo de Codevida y Acción Solidaria se transformó. De ser organizaciones de apoyo educativo y cooperativo entre pacientes, pasaron a ejercer un papel fundamental en la atención de la crisis humanitaria que vive el país. En 12 meses han distribuido ayuda, obtenida principalmente de donaciones de venezolanos en el exterior, a 10 entes públicos, 14 organizaciones y 25 comunidades indígenas. Desde la sede de Acción Solidaria han entregado 5.840 donaciones directas.

Esa ayuda está lejos de ser suficiente.

“El primer mes atendimos a unas 250 personas. En este momento pasamos de las 750 personas atendidas al mes. Y recibimos alrededor de 2.000 llamadas por mes, la mayoría quedan sin solución, porque la capacidad de ofrecer ayuda solo crece en la medida en que podemos recibir donaciones”, explica Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria.

Para garantizar que lo recaudado era realmente necesario, las organizaciones, con ayuda de médicos y expertos, crearon una lista de medicinas esenciales de 240 productos para adultos y 180 para niños, más otra de 80 artículos compuesta por insumos prioritarios.

Pero hay medicamentos de alto costo y alta complejidad que no han podido recolectar. Tratamientos inyectados contra el cáncer o la diabetes, que requieren estar refrigerados en todo momento, o medicinas de alto costo para trasplantados, por ejemplo, son difíciles de conseguir en la oficina que se encarga de las donaciones.

“En el caso de medicamentos de alto costo, la situación es grave, hay ausencia absoluta en el Seguro Social para condiciones de salud crónica, y muy rara vez a nuestro programa llega uno que otro medicamento para enfermedades crónicas. Por eso nos estamos enfocando en encontrar formas de conseguir este tipo de fármacos para traerlos a las personas que más los necesitan”, afirma Francisco Valencia, presidente de Codevida.

Ambas organizaciones recalcan que solo las ONG son incapaces de aportar soluciones significativas a la crisis de salud que atraviesa todo el país y piden a los políticos que recuerden que la petición de un canal humanitario estaba entre las prioridades de la oposición cuando se instauró la mesa de diálogo en 2016 y cuando comenzaron las protestas en abril pasado.

“El factor político ha olvidado el tema humanitario. La situación se nos está yendo de las manos. Necesitamos ayuda grande para poder evitar más muertes por falta de medicamentos”, asevera Valencia.

Con el viento en contra

 

El reto más grande para el Programa de Acción Humanitaria ha sido vencer las barreras que creó la empresa de correo Ipostel cuando prohibió el envío de medicinas a nivel nacional.

“Es una de las cosas que nos han impedido lograr llegar a otras zonas del país. Solo podemos ayudar a personas de otras ciudades si tienen familiares que puedan venir a Caracas a retirar los medicamentos con un récipe y una copia de la cédula del enfermo”, explica Reyna.

La mitigación del daño que ha ocasionado la crisis en el país ha sido posible, en gran parte, gracias a los venezolanos que viven fuera de Venezuela. “Me maravilla la gente en el exterior, la mayoría mujeres venezolanas. Es impresionante cómo se han coordinado para ayudar”.

Hasta ahora se han recopilado medicinas, insumos, alimentos, ropa y dinero en Miami, Fort Lauderdale, Baton Rouge, Houston y Nueva York, en Estados Unidos; de Montreal y Toronto, en Canadá; Ciudad de México y Monterrey, en México; Madrid, Tenerife y Barcelona, en España; así como de Roma, París, Berlín y Amsterdam.

“El transporte por medio de los servicios puerta a puerta es limitado y no permite responder a las necesidades actuales en cuanto a insumos médicos, medicinas y alimentos, en la dimensión y el alcance que se requieren”, enumeran como obstáculo para la ayuda humanitaria.

También les preocupan los controles internos de transporte y la corrupción en las alcabalas distribuidas en todo el país que dificultan la movilización de los apoyos.

Hace falta capacidad de almacenaje para recibir los apoyos provenientes del exterior. Si se tiene mucho espacio, se corre el riesgo de señalamientos de ‘acaparamiento’ y ‘contrabando”, indican.

Acción Solidaria tiene una oficina en Caracas a la que pueden llamar para saber si están disponibles los medicamentos solicitados, al 0212-9522009. Para retirarlos, es necesario presentar un récipe médico formal sellado y, si se va en representación del enfermo, adjuntar una copia de la cédula.

Fuente:  www.elestimulo.com

17/08/2017

FOTO: CORTESÍA DE CODEVIDA
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Alertamos ante la creciente criminalización de las organizaciones sociales y sus actores fundamentales en Venezuela

Las organizaciones de la Sociedad Civil que suscriben el presente comunicado, respaldados como lo estamos, en nuestro compromiso de promover y defender los Derechos Humanos (DDHH) nos permitimos manifestar a través del presente comunicado lo siguiente:

DENUNCIAMOS que en Venezuela se vienen ejecutando de manera sistemática, actos de criminalización de organizaciones sociales, sus actividades y sus principales actores; entre los que se incluyen ONG’s, Gremios Profesionales, Asociaciones Vecinales, Sindicatos, Organizaciones Religiosas, Grupos Empresariales; organizaciones estas que en su conjunto, constituyen la base medular y conciencia del país nacional.

ADVERTIMOS que tales prácticas de criminalización de organizaciones sociales y sus principales actores, provienen de distintos órganos del Poder Público Nacional, como lo son el Poder Ejecutivo Nacional y sus distintos apéndices, incluyendo allí de manera especial al Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN; el Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia y sus distintos órganos dependientes; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a la jurisdicción militar y con especial referencia a la Guardia Nacional Bolivariana;​​​ y muy recientemente a través de un ente de hecho, como lo es la pretendida Asamblea Nacional Constituyente, la cual recientemente creó, según propuesta del Presidente Nicolás Maduro, la denominada  Comisión de la verdad, justicia, paz y tranquilidad pública, la cual por su origen irrito, así como su composición, esencialmente integrada por factores del Gobierno Nacional, pudiera convertirse en un órgano de persecución con presunto y discutido carácter supraconstitucional, dirigido esencialmente a impartir “justicia” hacia los factores del país nacional, que recientemente vienen manifestando su descontento ante las políticas gubernamentales, así como ante la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

 CONDENAMOS la detención en el territorio nacional de distintos dirigentes sociales, gremiales y empresariales, como los casos del dirigente comunitario y periodista Carlos Julio Rojas, procesado por justicia militar y confinado en precarias condiciones en la Cárcel de Ramo Verde;  del defensor de Derechos Humanos y activista social Carlos Graffe; procesado por justicia militar y confinado en precarias condiciones en la Cárcel de Ramo Verde;  Rosmary Di Pietro presidenta del Colegio de Contadores procesada por justicia militar y recluida en la sede El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); Julio García presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, procesado por justicia militar y confinado en la Cárcel de Ramo Verde;  Omar Escalante, presidente de la Federación de Trabajadores de Carabobo (FETRACARABOBO), procesado por justicia militar y confinado en la Cárcel de Ramo Verde; y que a decir del director del SEBÍN, Gustavo González López, “estos hechos guardan relación con la permanente acción delictiva de grupos opositores que pretenden el derrocamiento del Gobierno presidido por el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, tal como lo han expresado públicamente voceros de la derecha, y que estamos seguros serán objeto de las acciones que se emprenderán para hacer justicia bajo la tutela de la Asamblea Nacional Constituyente y las nuevas autoridades del Ministerio Público”; por lo que en definitiva tal elaboración policial, pudiera convertirse en un justificativo, y causa común de persecución política a un gran e indeterminado número de venezolanos.

RECHAZAMOS la criminalización y ataque a iniciativas generadas desde organizaciones de derechos humanos, actuando en el ejercicio y ámbito de sus objetivos, tales como “nombre y vergüenza”, iniciada desde la ONG Provea, la cual respaldamos y avalamos en su totalidad el grupo de organizaciones que suscribe el presente comunicado, iniciativa esta con la que se busca esencialmente documentar, visibilizar y prevenir violaciones de derechos humanos ocurridas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Afirmamos de manera inequívoca, nuestra firme voluntad de avanzar unidos en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como compartir solidariamente la responsabilidad y consecuencias de esta lucha.

 MANIFESTAMOS gran preocupación por la irrita destitución de la Fiscal General de la Republica, Luisa Ortega Díaz, luego de manifiestos actos de hostigamiento, presión, e injerencia indebidas, por parte del Poder Ejecutivo Nacional; así como la irrita designación del antiguo Defensor del Pueblo Tarek William Saab, en las funciones de Fiscal General de la Republica; provocando con ello, más allá de una usurpación de funciones, peligrosos procesos de ingobernabilidad, así como de fractura evidente en la imparcialidad debida a la administración de justicia; que sumados a los factores anteriormente señalados, constituyen un absoluto desmoronamiento del concepto de justicia justa, la cual se precisa necesaria ante la evidente y sistemática criminalización de las organizaciones sociales y sus actores fundamentales en Venezuela.

Por lo que en consecuencia;

DEMANDAMOS a las cabezas del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Ciudadano; Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel José Moreno Pérez, Presidente del Consejo Moral Republicano  Tarek William Saab Halabi, que se ciñan en su accionar, y en estricto apego, a los Pactos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, en materia de derechos humanos, así como  a los derechos garantizados en la Constitución de 1999; haciendo cesar de manera inmediata todo acto de criminalización de las organizaciones sociales del país, de sus actividades, así como de persecución a sus principales actores.

EXPRESAMOS de manera firme y decidida, a cada ciudadano y ciudadana, de la República Bolivariana de Venezuela a EJERCER su DEBER de COLABORAR, en el restablecimiento de la efectiva vigencia de nuestra Constitución, vistos como han sido, los írritos actos ejecutados por algunos actores del Poder Público Nacional, que han menoscabado y pretenden seguir menoscabando la vigencia de nuestra carta magna.

EXHORTAMOS de manera firme y decidida, a cada ciudadano y ciudadana, de la República Bolivariana de Venezuela a EJERCER su DEBER de DESCONOCER cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos consagrados en nuestra carta magna.

NOS COMPROMETEMOS a ser fieles en nuestros exhortos, y ASUMIR igualmente como lo solicitamos, tanto desde nuestra perspectiva como organizaciones, e individualmente como ciudadanos; TODOS LOS ESFUERZOS DISPONIBLES para garantizar y hacer respetar, los más sagrados valores de nuestra república, como lo son la democracia y el respeto a los derechos humanos.

En la ciudad de Porlamar, a los 17 días del mes de agosto del año 2017.-

Suscriben este manifiesto:

  • Acceso a la Justicia.
  • Acción Solidaria
  • Acción Zuliana por la Vida (AZUL POSITIVO)
  • AEPA Falcón A.C
  • Amigos Trasplantados Venezuela.
  • Aula Abierta Venezuela.
  • Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.
  • Catedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar Arnulfo Romero de la Universidad de los Andes.
  • Camino Democrático
  • Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF).
  • Centro de Animación Juvenil.
  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
  • Centro para la paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” UCV (CPDDHH)
  • Centro de Formación para la Democracia CFD (Venezuela).
  • CEPAZ – Centro de Justicia y Paz.
  • CIDER
  • CIVILIS Derechos Humanos
  • Coalición Clima 21
  • Coalición DDHH y Defensores del Estado Falcón
  • Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA).
  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del Estado Apure.
  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del Estado Monagas.
  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del Estado Sucre.
  • Comité para la Defensa de los Familiares y Víctimas de Violación DDHH (COPRODEH)
  • Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia.
  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira.
  • Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
  • CONVITE A.C
  • Espacio Público
  • Expresión Libre A.C
  • EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación.
  • Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
  • Foro Penal Venezolano Capitulo Nueva Esparta.
  • Fundación Agua Clara
  • Fundación Arcoíris por la Vida (FAVID)
  • Fundación Nueva Mujer Margarita
  • Gente del Petróleo (Zona Norte Anzoátegui).
  • Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes.
  • Humano Derecho Radio Estación
  • INCIDE
  • Laboratorio de Paz.
  • Llamado a la Conciencia Vial A.C.
  • Manos Amigas por la Vida (MAVID)
  • Movimiento SOMOS
  • Movimiento Vinotinto
  • Nueva Esparta en Movimiento A.C.
  • Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA)
  • Observatorio Venezolano de la Salud.
  • Organización StopVIH.
  • Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC).
  • Padres Organizados de Venezuela
  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. (PROVEA).
  • Proyecta Ciudadanía A.C.
  • Redes Ayuda
  • Revista SIC
  • RIOD Venezuela
  • Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  • Transparencia Venezuela.
  • Un Mundo Sin Mordaza
  • Una Ventana a La Libertad
  • Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
  • Venezuela Diversa A.C

Fuente: Stop VIH 

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StopVIH empodera a personal de albergues de niños en Nueva Esparta

El equipo de la Organización StopVIH tuvo un nuevo acercamiento educativo a la comunidad, en esta ocasión con el personal de la casa abrigo Doña Lilia de Tovar.

Unas 10 personas del laborioso espacio, participaron en el taller cuyo objetivo fue proporcionarles información fundamental y actualizada en el ámbito de la salud sexual, porque eso les permite un trabajo más seguro al atender a personas que han contraído el VIH.

Jhonatan Rodriguez, presidente de StopVIH, dijo que en efecto estos encuentros son muy valiosos para la Organización ya que el capital humano de la casa abrigo trabaja con niños y niñas que viven en condiciones particulares de vulnerabilidad, y necesitan estar a la vanguardia de la realidad del VIH y otras infecciones por transmisión sexual, pues su labor puede ser de gran impacto en la meta de reducir el registro de nuevas infecciones, así como de embarazos no deseados.

Rodríguez agradeció el apoyo brindado por Banesco para la realización del taller, asegurando que lo alentador de las alianzas es que cada vez son más los que creen firmemente en que la educación, no solo dirigida a los niños, sino también a los adultos, es una vía segura para minimizar los problemas sociales.

“La epidemia de VIH ha evolucionado y demanda atención, exige actualización y por eso consideramos que es de vital importancia que todas las personas fortalezcan sus conocimientos”, enfatizó el activista, ratificando que es necesario reducir el estigma y la discriminación, y para ello la mejor vía es educar a las personas, brindarles  conocimientos e información.

Visita www.stopvih.org y sigue @StopVIH en Instagram y Twitter.

Prensa, StopVIH, CNP. 6.126.

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Acceso a la Justicia lanza Diccionario Jurídico Para Todos

La ONG Acceso a la Justicia pone a disposición del público venezolano (profesional del Derecho o no) el Diccionario Jurídico Para Todos, con el que de forma fácil y rápida se podrán consultar digitalmente términos jurídicos tanto de uso nacional como internacional, aunque con especial énfasis en vocablos propios del ámbito jurídico criollo para familiarizar aún más su uso.

Uno de los valores agregados de nuestro diccionario es que, además de los términos jurídicos, presentamos un ejemplo de la vida cotidiana para facilitarle al lector la comprensión del concepto, es decir, situaciones legales en las que los ciudadanos se ven envueltos comúnmente, tales como permiso legal para  trabajo adolescente, compra venta de vehículos, detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos policiales, arrendamientos o pagos de deudas, entre muchos otros.

Además, la publicación  pone a disposición del lector enlaces a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) relacionadas con la definición y, en casos o temas sobre Derechos Humanos (DD. HH.), enlaces a jurisprudencia internacional como, por ejemplo, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Diccionario Jurídico para Todos que podrás encontrar en nuestra página web en la sección ABC de la Justicia en nuestra página web: www.accesoalajusticia.org contiene más de 300 conceptos a lo largo de 93 páginas que seguirán creciendo, acorde con la cambiante y complicada realidad de nuestro país.

Enlace al Diccionario Jurídico para Todoshttps://goo.gl/CPiLi5

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