WOLA: El hemisferio debe rechazar la Asamblea Constituyente de Venezuela y apoyar una resolución electoral a la crisis

Washington, DC—En el mes de julio, el gobierno venezolano pretende comenzar a reescribir la constitución del país a través de un proceso que es claramente inconstitucional y que desempoderará a los ciudadanos venezolanos por años. Como una  organización dedicada al avance de la justicia social y los derechos humanos en las Américas, WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) apela a las naciones del hemisferio a reconocer la importancia de este momento, instando al gobierno venezolano a dejar de lado su plan para crear una nueva constitución y en su lugar adherirse a la Constitución de 1999 del país.

Si es implementada como está propuesta por el gobierno del Presidente Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente representaría un asalto a un principio fundamental de la democracia: la soberanía del pueblo. La Constitución de Venezuela de 1999 establece claramente que sólo el pueblo venezolano tiene la autoridad para convocar una nueva Asamblea Constituyente. Pero el gobierno de Maduro ha usurpado esta autoridad por sí mismo, rechazando la idea de solicitar el consentimiento previo del pueblo, como fue el caso en abril de 1999, cuando la cuestión de si se reescribía o no la constitución fue sometida a un referéndum del electorado entero.

La propuesta de Maduro de reescribir la constitución es un claro intento, por parte de un gobierno impopular, de permanecer en poder en un contexto en el cual saben que no podrían ganar elecciones justas. En el 2016, el gobierno de Maduro impidió un referéndum revocatorio presidencial y pospuso indefinidamente las elecciones regionales programadas. Ahora, en el caso de la Asamblea Constituyente, el gobierno ha creado reglas para seleccionar a los delegados de la Asamblea a favor de sus partidarios: bajo los procedimientos propuestos por el gobierno, sus candidatos podrían tomar la mayoría de los asientos ganando menos que el 30 por ciento del voto, que está previsto para el 30 de julio. Los partidos de oposición justificadamente consideran que este proceso es ilegítimo e inconstitucional y, por lo tanto, no presentarán candidatos. Esto significa que si el proceso continúa, las reglas básicas del país serán reescritas por una sola fuerza política. Además, la Asamblea Constituyente tendrá “poderes de origen” que sobrepasarán a todos los demás poderes constituidos. Funcionarios del gobierno venezolano ya han sugerido que la Asamblea Constituyente usará ese poder para disolver la actual Asamblea Nacional y deponer a la Fiscal General Luisa Ortega, quien ha criticado abiertamente al gobierno y ha tratado de bloquear el plan del gobierno para reescribir la Constitución.

Por lo tanto, WOLA urge a los países del hemisferio a rechazar colectivamente la convocatoria antidemocrática de una Asamblea Nacional Constituyente, y a continuar insistiendo en el establecimiento de un calendario claro para las elecciones regionales, municipales y nacionales que observen los plazos establecidos por la Constitución. Al llamar a Venezuela para que respete su Constitución de 1999, los países de las Américas deben insistir en que el gobierno respete la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y libere a los prisioneros políticos, condiciones que fueron apoyadas por la Santa Sede durante la mediación de la crisis a finales del 2016.

También es vital que los países de la región declaren su apoyo unido para una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Aunque los actuales niveles de polarización y desconfianza en Venezuela representan serios obstáculos para las negociaciones constructivas, sólo el diálogo y las negociaciones entre las partes resolverán la situación. Los aliados regionales pueden desempeñar un papel importante para ayudar a superar los obstáculos y facilitar un diálogo constructivo. Un consenso emergente se está formando en toda la región con respecto a la importancia de un compromiso renovado con esas negociaciones en Venezuela, lo que podría ser facilitado por un grupo de países dedicados del hemisferio.

Este es un momento para acción urgente. Al hablar en favor de la resolución pacífica y contra la convocatoria del 30 de julio de una Asamblea Nacional Constituyente, los países de las Américas tienen la oportunidad de abordar la crisis de manera significativa y expresar su solidaridad con el pueblo venezolano.

Para leer más análisis de WOLA sobre la situación en Venezuela visite el blog, “Política y Derechos Humanos en Venezuela”.  

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Contacto:
Loren Riesenfeld
Oficial de Comunicaciones, WOLA
+1 (202) 797-2171
press@wola.org
Publicado por WOLA 
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¿Crisis Humanitaria o emergencia compleja en Venezuela?

Dentro de la definición de crisis humanitaria, existe una “clasificación” y es la emergencia política compleja, causada por el ser humano. Tienen una característica particular por ser más prolongadas en el tiempo, eje medular político y afecta considerablemente todos los ámbitos de la vida humana.

En el contexto venezolano actual se ha empleado el término crisis humanitaria como acepción. Dado el recrudecido panorama político, de escasez de alimentos y medicinas, incremento de índice delictivo y debilidad institucional (por mencionar algunos elementos).

En este boletín, Transparencia Venezuela toma las principales variables que afectan la calidad de vida del venezolano y las situaciones más acuciantes en los últimos años como una aproximación conceptual respecto a lo que se está viviendo:

  • Escasez de alimentos
  • Pobreza y desigualdad
  • Salud
  • Conflictos asociados a la inseguridad ciudadana
  • Incremento de la economía informal
  • Éxodo
Boletín-15_05_2017-49

 

Descargar documento aquí 

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Programa Buenas Prácticas para el Uso Eficiente de los Recursos Naturales

En el Museo de los Niños, donde siempre hemos dedicado un espacio para la Ecología y la preservación de los recursos naturales, llevamos a cabo en el segundo trimestre del 2017  la implementación del Programa “Buenas Prácticas para el  Uso Eficiente de los Recursos Naturales”.

El tema del ambiente, en los últimos días, se ha vitalizado por las recientes noticias relacionadas a la no ratificación del Acuerdo de París por parte de algunos países que lo habían aceptado en el 2016; este acuerdo entraría en vigencia en el 2020 para darle continuidad al Protocolo de Kioto en el que se busca la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) causantes del Cambio Climático y es objeto de debate en todo el planeta pues debe ser la suma de políticas y medidas que se apliquen en función de garantizar la permanencia de la vida tal como la conocemos en la actualidad, para que no ocurra lo que nos indican teorías de otras eras… la extinción de las especies incluyendo -en esta oportunidad- la desaparición del hombre.

 

El trabajo de los centros de ciencias es -principalmente- la difusión y popularización de los problemas que afectan a las sociedades; por tal razón, hemos desarrollado diversas actividades: rutas para grupos escolares, talleres para maestros y recorridos con familias, con el fin de crear conciencia sobre los problemas del agujero de la capa de ozono y del calentamiento global así como de algunas medidas que se deben adoptar para la racionalización de los recursos naturales. Los eventos de estos últimos días hacen que reforcemos la importancia de informar y crear conciencia sobre el cuido del planeta.

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Ataques a residencias son una forma inadmisible de castigo ejemplarizante

COFAVIC observa con preocupación el aumento y la práctica sistemática de la represión indiscriminada contra residencias en diferentes lugares del país, ocurridas en el contexto de las protestas que se han desarrollado en Venezuela desde abril de 2017. Hemos tenido conocimiento que en varias zonas del país, presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policías estadales han realizado presuntos procedimientos que carecen de los parámetros legales mínimos y que han puesto en grave riesgo la integridad personal y las propiedades de numerosas familias, generando efectos severos a nivel emocional en las personas que han sido expuestas a estas atrocidades. Consecuencias que serán muy difíciles de reparar y que deben ser atendidas por las autoridades de inmediato.

En el estado Mérida han sido afectados los sectores El Campito y la avenida Cardenal Quintero. En Lara, vecinos de la urbanización Sucre, ubicada en la avenida Libertador de Barquisimeto, denunciaron las horas de terror vividas por ataques ejecutados por presuntos funcionarios de la GNB. También, esto ha sido denunciado por habitantes de las residencias Altavista, ubicada en la Avenida Ferrero Tamayo de San Cristóbal, estado Táchira. En Carabobo y en el Estado Zulia, tambien se conocen casos similares, entre otras zonas del país. En el Área Metropolitana de Caracas, se han registrado ataques directos con bombas lacrimógenas, disparos y destrozos en residencias de El Valle, El Paraíso, Montalbán, Palo Verde, Petare, avenida Victoria, Candelaria, San Bernardino, San Martín, La Vega, La Urbina, El Llanito así como en San Antonio de Los Altos, ubicado en el estado Miranda, entre otros sectores.

Los ataques y actos de hostigamiento a zonas residenciales han dejado una afectación severa en sus habitantes, no sólo por el nivel de pérdidas en daños a bienes materiales como puertas de acceso, ascensores, destrucción de sistemas internos de seguridad, daños a infraestructura y áreas verdes, sino también pérdidas simbólicas. Este tipo de incursiones, tras su paso, dejan en la población residente un profundo temor y una sensación de indefensión. Para todo individuo, su domicilio es aquel espacio de protección y confort que resguarda el proyecto de vida, las ilusiones de cualquier grupo familiar. Una incursión violenta de los cuerpos de seguridad sin duda afectan de manera directa la dinámica de quienes residen en ese espacio, siendo las mujeres, los niños y los ancianos testigos principales de esas acciones y víctimas directas de sus peores efectos.

Penetrar en la cotidianidad y privacidad de las personas y las comunidades constituye uno de los más graves crímenes, puesto que dicha acción busca generar incertidumbre en la población frente al hecho de que cualquiera puede ser afectado. Con esto se siembra desconfianza a lo interno de una comunidad, rompiendo el tejido social y dispersando cualquier iniciativa de organización social y ciudadana. Por la crueldad y desproporción que se han producido, constituyen una especie de castigo ejemplarizante que no tiene otra intención que la sumisión individual y colectiva al perpetrador y sus propósitos.

El Estado no puede ser cómplice del terror ni por acción u omisión porque eso configura la institucionalización del crimen de Lesa Humanidad. Y por ello todos estos graves procedimientos contra residencias y familias que han causado daños innumerables en las personas que los han vivido deben ser investigados, sancionados y prohibirse, dado que lo contrario es auspiciar un terrorismo de Estado que deslegitima todas las acciones que se realicen y que dejará un saldo de dolor, frustración y separación que será muy difícil revertir en nuestro país.

Ningún procedimiento que pretenda ser legal puede ser desarrollado con saña y con el propósito de infligir dolor y producir la ruptura del tejido social. La aplicación de la ley debe ser reparadora y humanizadora y nunca constituir una herramienta de venganza y de aniquilación.

Ni en las circunstancias más graves un Estado está autorizado para atacar y tener injerencias arbitrarias en la familia y su domicilio. La familia como lo establece nuestra Constitución y el Derecho Internacional es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

En toda circunstancia por grave y violenta que sea, los Estados están en el deber de establecer un conjunto de normas que por razones humanitarias limiten los efectos de los conflictos y procedimientos que las autoridades desarrollen.

Los principios de humanidad, proporcionalidad, distinción y limitación deben estar en vigencia, incluso en situaciones de conflicto armado interno o externo y en desarrollo del Derecho Internacional Humanitario -situación que afortunadamente no es la nuestra- y que demuestra que hay un núcleo duro de derechos y protecciones que no deben ser traspasadas por los Estados en ninguna circunstancia. El principio de humanidad establece que no se debe infligir sufrimientos a las personas ni destruir sus bienes innecesariamente. El principio de distinción establece que en caso de que existan dudas entre objetivos militares y civiles debe prevalecer la presunción del carácter civil y desarrollar las salvaguardas propias de éste para evitar daños a las personas.

El ejercicio de la fuerza y de las competencias de las autoridades no son ilimitados y de sus restricciones depende la legitimidad y la legalidad del accionar del Estado y la gravísima ejecución del denominado terrorismo de Estado, donde se pierden límites, propósitos, distinciones y sentido de humanidad.

En su artículo 47, la Constitución establece que: “El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrá ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano…”. Asimismo en su artículo 49, la Constitución establece las garantías del debido proceso las cuales deben ser respetadas en todo momento por las autoridades que estén realizando cualquier procedimiento.

Según el artículo 68 de la Constitución “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La Ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control de orden público”.

Ningún derecho humano puede estar sujeto a suspensión, únicamente algunas garantías pueden ser restringidas temporalmente y estrictamente bajo el procedimiento constitucional previsto en los artículos 337 al 339 de la Constitución. Todo procedimiento diferente a este constituye un fraude a la Constitución y es de carácter nulo.

El interés superior de la protección de la familia, niños y ancianos goza de primacía en cualquier circunstancia y el Estado está obligado indefectiblemente a asegurar su protección y garantía. El principio de la unidad familiar y de la protección especial que deben tener sus miembros y sus residencias debe sobreponerse ante cualquier otro interés que se persiga y ajustarse a la consecución del proceder judicial a no invadir y mucho menos destruir los mínimos que permiten que una familia permanezca unida y en un ambiente propicio.

Por todo ello:

  1. Exigimos a las autoridades competentes que se inicien investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, oportunas, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas en estos últimos días, particularmente el asedio, hostigamiento y ataques a residencias. Hacemos un llamado urgente al Ministerio Público a fin de que designe fiscales especiales que reciban las denuncias sobre ataques a residencias que brinde una atención integral a las víctimas basándose en experiencia comparada.
  2. Instamos al Estado a que impulse la plena participación, incorporación y protección de las víctimas en los procesos de investigación.
  3. Se respete el debido proceso y las garantías judiciales durante los procesos de allanamiento a residencias y de todas las personas privadas de libertad y que cuyas actuaciones y detenciones estén, sin excepciones, bajo el control constitucional del Ministerio Público. Asimismo, se dé inmediata libertad a todas aquellas personas que tengan una decisión al respecto sin más dilaciones.
  4. Se garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión y de información y se proteja a los comunicadores sociales, permitiéndoles realizar su trabajo de manera efectiva y segura. Se investiguen sin dilaciones y de manera independiente todas las agresiones sufridas por los periodistas y trabajadores de medios de comunicación en general.
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Acceso a la Justicia : Recurso de la Fiscal saca a flote designación irregular de magistrados

En diciembre de 2015, pese a las reiteradas denuncias sobre las irregularidades en el Comité de Postulaciones y en el proceso de selección, la Asamblea Nacional (AN) con mayoría de diputados del partido de gobierno, para entonces saliente, designó de forma apresurada a 13 magistrados principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), porque en enero de 2016 se instalaba el nuevo Parlamento dominado por la oposición.

El tema es colocado de nuevo en el tapete por la Fiscal General de la República, a propósito del recurso que interpuso este jueves 12 de junio ante el Alto Tribunal contra la designación de dichos magistrados, como parte del conflicto entablado ante la cabeza del Poder Judicial por el proceso constituyente. Aunado a ello, sale a la luz pública el hecho de que Luisa Ortega en su momento no avaló esos nombramientos en el seno del Poder Ciudadano.

Podríamos decir que la crisis política actual que ha devenido en una alta conflictividad social en las calles, a partir de sentencias inconstitucionales del TSJ, es consecuencia directa de haber omitido lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico en tales nombramientos y lo perjudicial que es para un país que el órgano llamado a administrar justicia esté parcializado.

Acceso a la Justicia ya había advertido que las irregularidades comenzaron con la solicitud de jubilación anticipada de los magistrados (que correspondía en diciembre de 2016 pero que el TSJ otorgó sorpresivamente en noviembre de 2015), lo cual obedeció a motivos políticos como demostramos en otro estudio, pues había que “apurar” el proceso para que la designación estuviera lista antes del 31 de diciembre de 2015, cuando la AN presidida por el diputado (Psuv) Diosdado Cabello, culminaba su período constitucional y cesaba en funciones.

De hecho, si se hubieran cumplido los lapsos legales de acuerdo con la Ley Orgánica del TSJ (2010) le correspondía a la nueva AN, aproximadamente a partir de la segunda semana de enero de 2016, el nombramiento de los magistrados, lo cual desde el punto de vista político no convenía al chavismo.

Otro vicio: el diputado (Psuv) Elvis Amoroso, quien comenzó presidiendo el Comité de Postulaciones instalado en octubre de 2015, actuó al mismo tiempo como parte del que preselecciona (el Comité), como candidato a magistrado y además como parte del que designa (vicepresidente de la AN). Luego dejó la presidencia del Comité para figurar sólo como postulado al TSJ pero nombró a su hijo (ver más…) como secretario de la instancia para aparecer de nuevo en la preselección definitiva de magistrados como titular del grupo preseleccionador. Es decir, aplicando un dicho popular, Amoroso se pagó y se dio el vuelto.

No menos importante es el hecho de que quienes resultaron escogidos como magistrados no cumplían los requisitos para serlo. 10 de los 13 principales conocidos como “exprés”, por la rapidez del proceso para seleccionarlos, no cumplían con requerimientos tales como ejercicio de la abogacía por 15 años, postgrado en Derecho o renuncia a cualquier militancia político partidista de forma pública y notoria.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Sin jueces independientes, sin respeto a las normas, y sobre todo sin respeto al Estado de derecho, no hay garantías para los ciudadanos. Y sin estas, no hay derechos ni libertad y con el tiempo, tampoco democracia.

Además, solo un poder judicial independiente puede garantizar tus derechos frente al gobernante de turno y no permitir que este se quede en el poder, porque como decía un filósofo francés, Montesquieu, es una experiencia eterna que todo hombre que ejerce el poder y permanece en este, abusa de él.

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