Jóvenes por una Sociedad +Humana

El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef) y el Movimiento estudiantil 100% Estudiantes UJAP  en alianza con Fundación Niños, Niñas y Adolescentes y Espacio Humanitario. Quieren invitarlos a formar parte de la recolección de alimentos para la jornada de alimentación de personas en situación de calle. Dicha actividad forma parte de la iniciativa de Cadef denominada “JÓVENES POR UNA SOCIEDAD +HUMANA” 

 Esta actividad se encuentra en su primera fase (Recolección de alimentos) la cual tiene como fechas estipuladas del 15.08.17 al 06.09.17. 

 Para realizar algún donativo puedes contactarnos a través de los siguientes números telefónicos 0412-9191804 y 0424-4063913 o a través de nuestros correos electrónicos. 

 Aportar un grano de felicidad no nos quita mucho tiempo, todo aporte será aceptado con mucha alegría.

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The Stanley Foundation | Respuestas Regionales a la Crisis en Venezuela

El 25 y 26 de julio de 2017 se realizó en la Ciudad de Panamá el taller regional titulado “Respuestas Regionales a la Crisis en Venezuela” co-organizado por la Stanley Foundation y CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Economicas y Sociales). El evento tuvo como propósito contribuir a profundizar el entendimiento de la crisis que afecta a Venezuela y su impacto regional, así como identificar oportunidades y estrategias para contribuir al desescalamiento de la violencia, la reducción de las violaciones a los DD.HH., y el restablecimiento de las instituciones democráticas. El taller reunió a expertos en las áreas de DD.HH., conflictividad, migración y política exterior, así como un nutrido grupo de representantes de  organizaciones de la sociedad civil provenientes de 12 países de América Latina y el Caribe.

Mientras el foco mediático respecto a Venezuela gira en torno a la dinámica política del país, debiera prestarse una atención prioritaria a dos elementos particulares: (1) una dramática crisis humanitaria, ligada al mal manejo de la economía y una gestión deficiente de la renta petrolera, que derivan en el desabastecimiento de alimentos y medicinas, una creciente inseguridad, y la falta de acceso a elementos básicos de supervivencia; (2) una situación de violación de los DD.HH., que, a su vez, está vinculada a masivos desplazamientos de la población venezolana, con el agravante de que muchos de estos desplazados migran en situación de extrema vulnerabilidad, y terminan desempleados o subempleados en el país receptor, cayendo en las redes del crimen organizado y del tráfico de personas. A estas problemáticas se suma una tercera, de carácter regional, que gira en torno a cómo impacta el movimiento de migrantes forzados venezolanos a los países de la región y qué respuestas ensayan estos países frente a
dicha situación.

Policy-Memo_Venezuela-Crisis_Spanish

Fuente: Provea 

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ONG: Rechazamos toda acción internacional que signifique más sufrimiento para el pueblo de Venezuela

Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado expresamos nuestra preocupación por las palabras expresadas el día 11 de agosto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en el sentido que, ante situación en Venezuela, no descartaba opción militar. En tal sentido indicamos
1.- Rechazamos toda medida de la comunidad internacional, o un país en particular, que signifique producir más sufrimiento para el pueblo de Venezuela. Una posible operación militar solo traería más violencia y le daría justificación al gobierno para aumentar sus medidas represivas contra quienes lo critican.
2.-En correspondencia con lo anterior nos oponemos, igualmente, a sanciones económicas que puedan agravar la crisis social que ya padecen las familias principalmente las más pobres, tal y como fue expresado en días anteriores en la carta abierta suscrita por 70 ONG a la reunión de Cancilleres en Lima.
3.-Las experiencias de acciones unilaterales de Estados Unidos frente a conflictos han sido negativas para los pueblos que la han padecido. Sus acciones fuera de las normas del derecho internacional en vez de ayudar a resolver crisis las agudiza. La violencia del Estado venezolano contra la población no puede ni debe responderse con más violencia por parte de alguna entidad extranjera. Recordamos que las normas de la Carta de las Naciones Unidas indican:
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”
4.- Aplaudimos y estimulamos las acciones de solidaridad internacional con el pueblo venezolano, tanto de gobiernos como de organizaciones políticas y sociales.  Agradecemos sus gestos y exhortamos a mantener y extender la denuncia de los abusos que cometen a diario diversas instituciones del Estado venezolano.
5.-Consideramos que una de las mejores ayudas que puede realizar la comunidad internacional frente a la crisis en país y la arbitrariedad del Estado es fortalecer los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos que permitan dar respuestas más efectivas a las víctimas y contribuir, con las gestiones diplomáticas necesarias, para una salida pacífica y negociada que permita la pronta restitución de la democracia. En este sentido seguiremos insistiendo en la visita de expertos de la CIDH y Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, a nuestro país.
6.-Expresamos nuestro reconocimiento a la reciente Declaración de Cancilleres de Lima y particularmente: “Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país”.
Suscriben la presente comunicación
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
Asamblea de Educación
Aula Abierta Venezuela
Cátedra Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidaad Central de Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Cecodap
Civilis Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Colegio de Abogados de Venezuela estado Táchira
Coalición Clima 21
Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadania (CODEHCIU)
Defensa de los Derechos Civiles AC
Espacio Público
Fundación Agua Clara
Fundación Banco del Libro
Fundación de Derechos Humanos INCIDE
Grupo Social Cesap
Humano Derecho Radio Estación
Instituto Prensa y Sociedad
Laboratorio de Paz
Observatorio Ambiental Venezolano
Observatorio Venezolano  de Prisiones
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Opción Venezuela AC
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Promoción, Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Proyecta Ciudadania AC
Redes Ayuda
Revista SIC
Una Montaña de Gente AC
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Fernando Fernandez. Abogado. Activista de derechos Humanos
Marino Alvarado. Abogado. Ex Coordinador General de Provea
Raul Cubas. Activista de derechos humanos. Ex Coordinador General de Provea
Jacqueline Richter. Activista. Profesora universitaria.
Publicado por Provea 
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Acoso laboral y discriminación política

“¿Qué sentirían ustedes si fueran despreciados, denigrados y agredidos moralmente durante años por unas personas cada vez más zafias y ensoberbecidas, en la certidumbre de que cualquier acción legal que la víctima emprenda, en el mejor de los casos, se saldará con una multa que podrán pagar sin despeinarse, para seguir ejercitando su abominable e inhumano pasatiempo con renovado placer?”

Lorenzo Silva, escritor español

Carlos Patiño | En la última década, el movimiento sindical y las organizaciones de Derechos Humanos han sido testigos de la creciente discriminación laboral por razones políticas en Venezuela, el acoso a empleados públicos para que se abstengan de participar en eventos o iniciativas de oposición al gobierno, y el hostigamiento para que asistan y participen de actos, eventos y elecciones promovidas por el partido oficialista.

Sin embargo, desde el pasado 17 de julio de 2017, la ONG Provea ha registrado un incremento exponencial de denuncias por parte de trabajadores y funcionarios de al menos 80 organismos de la Administración Pública Nacional, en el marco de la elección de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. Las consecuencias para quienes no acataron dichas órdenes van desde el escarnio y las desmejoras, hasta las remociones, destituciones y despidos.

Si bien desde la época de Hugo Chávez funcionarios de diverso rango han hostigado a trabajadores que laboran en organismos del Estado, con acciones concretas en entes específicos, como el despido masivo de aproximadamente 20.000 trabajadores de PDVSA (2003), y la aplicación de la “Lista Tascón” para decidir la incorporación o no de un aspirante a cargo público (2004); en la actualidad la persecución laboral se ha convertido en la norma que rige las dependencias oficiales. Ya en el año 2016 Provea asumió el caso de 16 mujeres trabajadoras de la Fundación del Niño Simón que fueron despedidas por haber firmado a favor del fallido referéndum revocatorio promovido por la oposición, y a la fecha, ninguna de ellas ha sido reenganchada.

Entre el 17 de julio y el 05 de agosto de 2017, Provea recibió más de 260 denuncias de hostigamiento a empleados públicos por negarse a votar en la ANC, para un promedio de 15 denuncias diarias provenientes de Ministerios, Institutos Autónomos, Empresas del Estado y hasta hospitales y entes educativos. Cabe resaltar casos en los cuales una sola denuncia abarca, no a una persona, sino a un grupo de trabajadores públicos, por lo que la cantidad de denuncias implica un número mucho mayor de empleados afectados.

Antes de la elección, se les conminaba a reportar ante sus superiores un listado “1 X 10” donde debían señalar las 10 personas que llevarían a votar ese domingo. Asimismo, debían informar dónde y a qué hora votarían, tomar fotografías e informar la identificación de sus cuentas de redes sociales. De no hacerlo, se les comunicaba que serían despedidos. En otras denuncias se les solicitó la tramitación del denominado “Carnet de la Patria” antes de la fecha de la elección, y se les intimidaba con quitarle el “CLAP obrero”. Posterior a la elección del 30 de julio hasta el 05 de agosto se materializaron 9 despidos del total de amenazas reportadas y a la fecha se reciben denuncias de presuntas “listas” que se estarían elaborando de aquéllos empleados públicos que no demostraron su participación y que serían despedidos bajo alguna causal inexistente para simular la justificación del despido.

En los casos registrados por Provea se constata una política de Estado que entraña una retaliación contra trabajadores de la administración pública, vulnerando no solo su estabilidad en el empleo, sino el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. La Constitución vigente y la legislación laboral venezolana prohíben cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios como el N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prohíben la discriminación laboral basada en opiniones políticas. La propia OIT considera que hay Acoso Laboral o “Síndrome de Mobbing”, cuando existe hostigamiento o acoso psicológico a través de acciones crueles, vengativas o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de trabajadores que afectan su salud mental garantizadas en el Convenio N° 155.

La dictadura en Venezuela pretende forzar a funcionarios y funcionarias, contratados y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional a no expresar libremente sus opiniones políticas, atentando contra la dignidad de cada uno de ellos; se les somete y se les coarta su libertad de decidir conforme a su conciencia y a hacerse cómplices del abierto proselitismo político en las instituciones del Estado y convalidar eventos como la fraudulenta Constituyente consumada el 30 de julio. El gobierno de Nicolás Maduro, radicalizando las políticas discriminatorias que iniciaron durante el período de Hugo Chávez, viola Derechos Humanos al implementar conductas represivas  y discriminatorias contra empleados públicos que manifiestan sus opiniones políticas.

Urge la necesidad de adopción de medidas urgentes y eficaces para obligar al Estado venezolano a detener el acoso laboral en todas sus formas y la discriminación por razones políticas.

Carlos Patiño

Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea. Lee y escribe cuentos

cuentodelcamino.blogspot.com @carlosdpatino  

Fuente: Provea 

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