Observatorio Venezolano de la Salud ante la tímida reacción de un grupo de agencias internacionales sobre la situación de Venezuela

El día de ayer, 24 de abril de 2017, fue emitido el Reporte Global sobre Crisis Alimentarias 2017, elaborado por un grupo de agencias internacionales agrupadas bajo la red de Información de Seguridad Alimentaria (FSIN, por sus siglas en inglés) entre las cuales está incluida, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). En dicho reporte se presenta un estudio sobre seguridad alimentaria realizado en 48 países, aclarando que en naciones con insuficiente evidencia y data no permitieron al equipo realizar estimaciones aceptables para los siguientes países: Bolivia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Eritrea, Kyrgyzstán, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República del Congo, Sri Lanka, Timor-Leste, Vanuatu y Venezuela.

Llama la atención que las delegaciones de FAO y UNICEF en Venezuela, que han constatado la situación actual en trabajos de campo local y tienen representantes en terreno, omitan la verdadera situación, “por no tener acceso a datos”

Por otra parte, el reporte hace mención de ciertos lugares del planeta donde existe un deterioro de la seguridad alimentaria, debido a la disminución y pérdida de las cosechas de alimentos, así como lugares donde existe un conflicto armado importante, como el caso de Siria. Al final de esta sección, donde se explicarían las causas del deterioro de la seguridad alimentaria, se realiza una tímida mención del deterioro de la situación económica de Venezuela, la cual podría causar escasez severa en los bienes de consumo, incluyendo alimentos y medicinas, e indicando que Venezuela es uno de los países que necesitaría ser monitoreado. Sin embargo, en la lista de países que necesitan vigilancia y monitoreo, no aparece Venezuela.

Ante este reporte, el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), el Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV (CENDES), la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, la Fundación 5 al Día y el Centro de Investigaciones Agro-Alimentarias de la Universidad de Los Andes (CIAAL) y el Colegio de Nutricionistas Dietistas de Venezuela, agradecen la mención del problema venezolano, pero aclaran lo siguiente:

  1. La escasez de medicamentos y alimentos llegó y se instaló desde hace varios años en el país. Solo el año pasado hubo 120 casos de desnutrición severa en el Hospital de Niños JM de los Ríos, el centro pediátrico más importante de Venezuela, y estudios de varias ONG confirman la progresividad de  una crisis alimentaria de instalación lenta, que se ha agudizado en los últimos tres años, por lo tanto, no es cierta la aseveración de que la escasez de alimentos y medicamentos “podría instalarse” en el país.
  2. Los trabajos de la comunidad científica-académica venezolana existen y están publicados. Existe además data oficial sin publicar y documentos de las diferentes ONG que han trabajado arduamente en la vigilancia para producir datos en momentos tan difíciles.
  3. Exhortamos nuevamente a las agencias internacionales a recordar el mandato del Sistema de Naciones Unidas, “Derechos Humanos Primer Lugar”-Human Rights Up Front-  publicada por el entonces Secretario General Ban Ki Moon en 2013, en la que se exhorta a las agencias del Sistema de Naciones Unidas a que asuman como prioridad la protección de los derechos humanos y de la población civil, tal y como está establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta iniciativa de carácter preventivo intenta que la población civil no sufra daños en condiciones que pueden prevenirse.

Lamentablemente en Venezuela este mandato no se cumplió, la población civil ha sufrido daños, algunos irreparables, como la pérdida de la vida por desnutrición, y mucho menos se ha realizado prevención.  ¿Cómo iba a realizarse si en medio de la más profunda crisis venezolana ocurre el alerta y se insiste en que sólo “podría ocurrir”?

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MUSAS: Venezuela vive los peores momentos de la epidemia del VIH/Sida

(Caracas, 27/04/2017- Prensa Musas).- La Directora General de la Asociación Civil Mujeres Unidas por la Salud (MUSAS), Grisbel Escobar, y el Coordinador de la Unidad de Sida del Hospital Clínico Universitario de Caracas, Dr. Martín Carballo, hablaron sobre la realidad del VIH/Sida en Venezuela durante una reunión sobre Ciencia y comunidad en la respuesta al VIH en América Latina y el Caribe, realizada en Río de Janeiro, Brasil, donde fueron invitados por la Sociedad Internacional de Sida (IAS), por su siglas en inglés.

En su intervención, la Directora General de MUSAS, Grisbel Escobar, expresó su preocupación por la ausencia de fórmulas lácteas para los hijos nacidos de madres con VIH durante dos años y hasta el momento las autoridades gubernamentales no han planteado ninguna respuesta a esta situación exponiendo a niñas y niños al VIH.

Escobar también planteó como la escasez de alimentos, así como el alto costo de los mismos (los que se puedan conseguir) está afectando a mujeres con VIH, quienes en su mayoría son mujeres de escasos recursos y sin ningún apoyo social. “Tenemos testimonios de usuarias que han rebajado más de 20 kilos, que comen mayormente una vez al día y que nos han dicho que a veces no tienen que comer, están pasando hambre.”.

Parte de estas informaciones también fueron expresadas por el Coordinador de la Unidad de Sida del Hospital Clínico Universitario de Caracas, Doctor Martín Carballo, en un ponencia que presentó ante los presentes donde enfatizó que no podían impedir la transmisión materno infantil del VIH porque no hay fórmulas lácteas para los hijos de las madres con VIH, “todo esto aunado a una situación de hambruna en nuestro país que hace que todas nuestras pacientes amamanten a sus hijos”.
Carballo inició su ponencia diciendo que fue a plantear problemas y no una solución. Señaló que Venezuela fue el segundo país en América Latina (en el año 1998) en tener acceso al tratamiento antirretroviral (ARV) para todos los pacientes. “Hasta el 2011 íbamos muy bien con tratamientos novedosos, pero desde entonces hemos ido decayendo en la calidad de nuestros servicios. En los últimos años, sólo se ha incorporado Complera”, indicó.

Anunció que aproximadamente 70.000 pacientes están en tratamiento antirretroviral, representando los hombres el 75 % (52.500) y las mujeres el 25 % (17.500). Dijo que en el 2016 se registraron 7.200 pacientes nuevos con tratamiento antirretroviral.

Destacó que las últimas pautas son del año 2012 y que todos los ARV se adquieren por el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Frecuentemente hay fallas por diversos mecanismos, de tres meses, cuatros meses. Esto es terrible para la adherencia del paciente. Nosotros insistimos a nuestros pacientes que no deben abandonar por nada el tratamiento, y ellos nos dicen cómo hacemos si no hay. Eso es lo que vemos todos los días”, resaltó.
El doctor Martín Carballo puso como referencia la Consulta que está bajo su coordinación, para mostrar los ARV que se están utilizando actualmente en el país. La consulta la integran un total de 5300 pacientes, de los cuales la mayoría tienen entre 25 a 49 años de edad, existiendo una relación de hombre mujer de 4 a 1.
“Estamos viviendo los peores momentos de la epidemia en nuestro país, la calidad de atención que brindamos a nuestros pacientes se ha venido deteriorando progresivamente, no contamos con suficiente ARV ni en calidad, ni en cantidad. Hace falta insumos para los diagnósticos y para enfermedades oportunistas. Desde el 2013 no hay insumos para realizar las pruebas de resistencia, desde hace aproximadamente tres años no hay reactivos para realizar pruebas de CD4 y de Carga Viral, llegan muy esporádicamente“, enfatizó.

En su intervención, el doctor Carballo habló sobre un estudio que realizaron en adolescentes y sobre un grupo que considera excluido “los indígenas de la etnia Warao, de la zona del Delta Amacuro que se empezaron a detectar en el año 2011”.
La reunión fue inaugurada por la Presidenta de la Sociedad Interamericana del Sida (IAS), Linda Gail Bekker de Sudáfrica y Mauro Schechter de Brasil. En la misma, fueron presentadas 14 ponencias sobre: Mirando hacia adelante desde AIDS 2016; Repaso del VIH en las Américas; Respondiendo al VIH en entornos complejos, entre otras temáticas. Más de 15 representantes de la Sociedad Civil de América Latina estuvieron presentes en la reunión invitados por el IAS.

Para mayor información
Prensa MUSAS
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Codevida rechaza utilización de métodos represivos contra centros de salud y zonas residenciales

La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) rechaza las actuaciones de las fuerzas de orden público que han participado en las manifestaciones pacificas desde el 01 de abril, utilizando métodos represivos contra los manifestantes que han afectado centros de salud y zonas residenciales, los cuales
han puesto en riesgo la integridad física y la vida de las familias venezolanas,muchas de ellas con personas en condiciones crónicas que, atrapadas en sus viviendas o siendo atacadas con bombas lacrimógenas y otros artefactos, han sidoperturbadas tanto física como psicológicamente.

El uso desproporcionado y sistemático de la fuerza contra manifestaciones pacíficas es una violación a los derechos humanos y, más aun, el empleo indiscriminado de estos métodos por parte de funcionarios del Estado contra edificios y centros de salud, constituyen ataques a la población civil que compromete a quienes dan las órdenes y las ejecutan y a quienes no lo evitan, en gravísimas lesiones a los derechos humanos, justiciables a nivel nacional e internacional.

Igualmente rechazamos órdenes presuntamente emitidas por órganos del Estado que han prohibido la intervención de organizaciones de protección civil y asistencia médica en los sitios de concentración y recorrido de las manifestaciones, incluyendo la detención arbitraria de personal médico, como ocurrió con el doctor Oscar Noya,
quien voluntariamente se encontraba en el sector de Santa Mónica en la ciudad de Caracas, con la intención de ayudar a los manifestantes, frente a graves riesgos de asfixia, contusiones y heridas de perdigón e incluso de balas.

El control del orden público debe estar en manos de civiles y no de militares, debe regirse por normas nacionales e internacionales de derechos humanos,resguardando el derecho a manifestar pacíficamente sin que ello represente riesgos para la vida o daños a la salud. Es responsabilidad del Estado garantizar todos los manifestantes el acceso a medios de rescate, atención y soporte, oportunos,adecuados y seguros, para la protección de su salud e integridad física, así como garantizar el resguardo de los centros sanitarios y residencias privadas, conforme al derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

En este sentido, deploramos los tres ataques con bombas lacrimógenas contra centros de salud en Caracas contabilizados hasta el momento: el más reciente y preocupante ocurrido el jueves 20 de abril en el Materno Infantil de El Valle obligando a la evacuación de 54 niños ante la asfixia provocada por dichas armas de dispersión. La Policlínica Las Mercedes y el Centro Salud Chacao fueron las primeras instituciones en sufrir los embates de la armas de control público el 10 de abril.

Además, exhortamos al Gobierno a garantizar la seguridad de los pacientes que se encuentren en todos los centros de salud, así como el cese de las órdenes que impiden la intervención de organismos de rescate durante las manifestaciones, y las amenazas emitidas contra el grupo de Primeros Auxilios de la Escuela de Medicina
de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

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35 ONGs rechazan la usurpación de funciones y abuso de poder del Poder Judicial en Venezuela

Las organizaciones de la Sociedad Civil venezolanas que trabajan en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) que suscriben este documento, manifiestan:

1. Que el día 21 de abril de 2017, fueron presentados ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, un grupo de treinta y ocho (38) ciudadanos, de los inicialmente cuarenta y dos (42) detenidos el día 19 de abril de 2017, detenciones estas, producto de una serie de ilegales e inconstitucionales “redadas”, ejecutadas por la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Nueva Esparta, en las inmediaciones de la ciudad de Porlamar.

2. Que durante su detención y previo a la audiencia de presentación, las personas detenidas no tuvieron acceso de manera absoluta, a sus familiares, a sus abogados, a medicinas, así como a hidratación y alimentación oportuna y balanceada. El Tribunal de la causa permitió el contacto con sus abogados solo a algunas de las personas detenidas, treinta (30) minutos previos a la referida audiencia.

3. Que durante el desarrollo de la audiencia de presentación, el Ministerio Publico Venezolano, en el estricto proceso de sus competencias, encontró vicios en la sustanciación del expediente que evidenciaban graves violaciones a los derechos fundamentales, que afectan de nulidad absoluta las actuaciones de los organismos actuantes, tales como que la imposición de los derechos del imputado y la correspondiente sustanciación del expediente correspondió a un organismo distinto al que practicó la detención, rompiéndose así con la posibilidad de evidenciar una pretendida “flagrancia”; así como que nunca quedo demostrada la comisión de delito alguno, siendo inútil entonces, la persecución penal hacia un hecho que nunca se cometió.

4. Que motivado a ello el Ministerio Publico Venezolano, y en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 285 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó la NULIDAD de todas las actuaciones presentadas y la correspondiente LIBERTAD PLENA de absolutamente todas las personas detenidas, y que inclusive estas depusieron en la respectiva audiencia e hicieron evidentes a la vista del ciudadano Juez los maltratos infligidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Nueva Esparta; funcionarios estos que a su decir las sometieron a tratos crueles e inhumanos, robándoles a la gran mayoría sus efectos personales.

5. Que a pesar de ello, y siendo que en estricto sentido constitucional y legal, la facultad de ejercer la acción penal es responsabilidad EXCLUSIVA del Ministerio Público , el juez del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, abogado Roberto Morillo Lara, USURPANDO FUNCIONES PÚBLICAS y en un evidente ABUSO DE PODER, decidió IMPUTAR por su propia cuenta los delitos de Daños Agravados e Instigación Pública, sometiendo a las treinta y ocho (38) personas detenidas al rigor de una medida cautelar sustitutiva de la privación de la libertad, como lo es la presentación de dos (2) fiadores, convirtiéndose tal situación en una PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD de tales ciudadanos, toda vez que los somete a un proceso inexistente e irrito, haciéndolos permanecer injustamente presos en el Comando de Guardia Nacional Bolivariana 71, en tanto y cuanto ese tribunal encuentre satisfechos los extremos para ordenar su libertad condicionada.

Por todo lo antes expuesto, y amparados en nuestro deber de respetar y hacer respetar nuestro ordenamiento jurídico, decidimos RECHAZAR de manera clara y contundente la subversión del orden legal establecido en nuestro país, la cual ejecutó arbitraria y dolosamente el Juez Roberto Morillo Lara, en perjuicio de treinta y ocho (38) ciudadanos, convirtiéndose así este hecho en una inaceptable violación al derecho a la defensa, debido proceso y libertad personal, así como una desviación, que de no ser solventada de manera inmediata, se constituye en una develada ruptura del orden constitucional, al asumir el Poder Judicial competencias de exclusiva responsabilidad de otro poder, como lo es el Poder Ciudadano del cual es parte integrante el Ministerio Publico Venezolano.

Por lo tanto, hacemos un enérgico llamado a la ciudadana Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, al ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, para que de manera inmediata se tomen las medidas que hagan cesar esta privación ilegítima a la libertad de estos treinta y ocho (38) ciudadanos, se abran las correspondientes averiguaciones penales y administrativas que permitan someter al imperio de la ley a todos aquellos funcionarios que han propiciado y facilitado este acto violatorio derechos humanos y los principios de nuestro estado democrático y social de derecho y de justicia.

Suscriben este manifiesto:
1) A.C. Llamado a la conciencia vial
2) A.C. Nueva Esparta en Movimiento
3) Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
4) Acceso a la Justicia
5) Asociacion Civil Fuerza, Unión, Justicia; Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
6) Asociación Neoespartana Para La Integración Del Autista (ANOSEPIA)
7) Asociación Venezolana para la Hemofilia
8) CDH-UNIMET
9) Centro de Animación Juvenil
10) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
11) Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
12) Civilis Derechos Humanos
13) Coalición Clima21
14) Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure
15) Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Mérida
16) Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Táchira
17) Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
18) Convite
19) Espacio Público
20) EXCUBITUS Derechos Humanos en La Educación
21) Funcamama
22) Fundación Nueva Mujer Margarita
23) Fundación Venezolana para la Ingeniería Ecológica
24) Foro Penal – Capítulo Nueva Esparta
25) Movimiento Vinotinto
26) Opción Venezuela A.C.
27) Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
28) Organización StopVIH
29) Programa Venezolano de Educación y Ación en Derechos Humanos (PROVEA)
30) Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM)
31) Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)
32) Red Ara
33) Sinergia
34) Sociedad Hominis Iura
35) Una Ventana Por La Libertad

En la ciudad de Porlamar, a los 24 días del mes de abril del año 2017.-

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71 ONG exigen desactivación inmediata del Plan Zamora y fin de la actuación de “Colectivos” armados contra manifestantes

El 18 de abril en la noche, previo a la jornada de movilización convocada a nivel nacional, el ejecutivo anunció la firma de un decreto para la aplicación del “Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora”, en su fase verde. Este plan, en diciembre 2016, se anunció como herramienta “para poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha”[1] en palabras del propio Nicolás Maduro. Este anuncio constituye la consolidación de la militarización de las labores de gestión de manifestaciones y seguridad ciudadana, junto al empleo de grupos de civiles armados y policías bajo la lógica militar del combate al enemigo interno, propia de la doctrina de seguridad nacional.

El 19 de abril se realizaron concentraciones y movilizaciones masivas en todos los estados del país, reprimidas excepto en 4 entidades. En su primer día de aplicación el “Plan Zamora” se ejecutó con un desapego total a los principios sobre uso proporcional y diferenciado de la fuerza; generando nuevos obstáculos para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y el empleo indiscriminado de gases tóxicos, duplicando la cifra de detenidos desde el 4 de abril y con el lamentable saldo de 3 personas asesinadas. Adicionalmente, se constató la actuación de grupos de civiles armados, o “Colectivos”, en 16 estados del país, quienes en coordinación con agentes de la fuerza pública hostigaron a manifestantes pacíficos mediante el empleo de sustancias tóxicas, disparos con armas de fuego y propinando golpizas a los participantes de las movilizaciones convocadas.

El 20 de abril se ejecutó el segundo día del “Plan Zamora”, repitiéndose la represión desmedida contra manifestantes. En horas nocturnas se realizaron protestas en diversas zonas del país y en 9 sectores populares de la Gran Caracas con cierre de vías. La fórmula represiva cívico-militar estimuló el desborde de la violencia en algunos sectores. Uso de lacrimógenas contra edificios residenciales y viviendas situadas en barrios populares de Caracas; ataques con sustancias tóxicas contra el Hospital Materno Infantil del Valle que obligó a un operativo de evacuación de parturientas y neonatos; ataques de “Colectivos” contra vecinos, mediante el uso de armas de fuego, entre otras situaciones, formaron parte del repertorio represivo empleado en la segunda jornada del Plan Zamora. Además, se recibieron denuncias sobre intentos de allanamientos a conjuntos residenciales de las urbanizaciones La Candelaria y El Paraíso, por parte de estas agrupaciones de civiles armados, con el objetivo de amedrentar y tomar represalias contra los vecinos que protestaban en la calle y tocaban cacerolas en sus casas. Finalmente, se produjeron saqueos a comercios en El Paraíso y en el Valle, y en este último sector se registró el terrible saldo de 11 personas fallecidas por electrocución y armas de fuego y 6 heridas de bala[2]. A su vez, en el Barrio 5 de Julio de Petare al este de la ciudad, fue asesinado por arma de fuego Melvin Guaitan, de 26 años, vecino del sector. En el resto del país se denunciaron detenciones arbitrarias, ataques a zonas residenciales, uso excesivo de la fuerza y actuación de grupos paramilitares.

Ante esta situación alertamos a la comunidad internacional que Venezuela se encuentra bajo una situación de alto riesgo para la garantía de los derechos humanos. La criminalización y descalificación de las protestas y de manifestantes pacíficos; las campañas de incitación al odio y negación del legítimo derecho a manifestar por parte del Estado venezolano, así como la desmedida represión contra la disidencia, genera un contexto de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos.

Queremos reiterar nuestro llamado a la recuperación de la democracia y la paz en el país, así como rechazar la represión del Estado Venezolano contra manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional, que tienen como saldo 20 personas fallecidas en el contexto de manifestaciones, al menos 3 de ellas atribuibles a agentes de la fuerza pública y 6 a civiles armados; 1289 detenciones y cientos de personas heridas. Urge investigación imparcial, expedita que garantice justicia e impida que la impunidad se convierta en cómplice de los responsables.

Exigimos:

  • Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pacífica y la sujeción estricta a los estándares nacionales e internacionales sobre uso proporcional y diferenciado de la fuerza en la gestión de manifestaciones.
  • El cese inmediato de las campañas de odio, estigmatización y aliento a la represión por parte de altos funcionarios del Estado a través de la red de medios públicos.
  • Demandamos el cese de la persecución y agresiones contra periodistas e infociudadanos que documentan el comportamiento de las fuerzas de seguridad en el contexto de la manifestaciones, especialmente no continuar con la práctica ilegal de borrar videos y fotografías de cámaras y equipos celulares
  • La desaplicación inmediata del Plan Zamora en todas sus fases, la derogación del decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que lo sustenta y el respeto pleno de la Constitución.
  • Al Consejo Nacional Electoral publicar a la brevedad el calendario electoral para comicios regionales, municipales y presidenciales como obliga nuestra carta magna, cuya suspensión ilegal e inaceptable pone en riesgo la estabilidad del país.
  • La desincorporación inmediata de paramilitares en labores de seguridad ciudadana; su desarme e investigación así como la sanción para quienes estén incursos en delitos y violaciones a DDHH. Recordamos que, por acción, omisión o aquiescencia, el Estado es responsable de la acción de grupos de civiles armados contra ciudadanos.
  • El cese de detenciones arbitrarias y el respeto al debido proceso, la liberación de personas con orden de excarcelación, el cese de aplicación de fianzas discrecionales, no cónsonas con la ley venezolana. Exigimos que las investigaciones y sus resultados sean realizados y divulgados por el Ministerio Público.
  • El cese de la aplicación de la justicia militar contra civiles
  • La condena pública y clara a las prácticas lesivas graves a los derechos humanos y el inicio de los correspondientes procesos de investigación y todas las acciones necesarias para garantizar y ofrecer justicia a las víctimas que denuncian haber sufrido de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  • A todos los sectores de la sociedad, principalmente, al Estado y a los medios de comunicación, cumplir con su obligación mantener informada a la sociedad de manera adecuada, pertinente y oportuna y eliminar las prácticas que han derivado en desinformación y censura.

Por último pedimos a las personas que deseen continuar exigiendo el retorno de la democracia, la apertura de un canal humanitario para medicinas y alimentos, la destitución de los magistrados y otras autoridades implicadas en el golpe de Estado al parlamento y la liberación de los presos políticos, que continúen ejerciendo su derecho a la manifestación de manera pacífica.

Suscriben:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Acción Ciudadana Contra el Sida
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC)
Aula Abierta Venezuela
CEDICE Libertad
Cátedra Libre DDHH de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado (UCLA)
Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP)
Centro de Animación Juvenil
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Documentación en DDHH “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV
Civilis Derechos Humanos
Coalición Clima 21
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
Conciencia Vial AC
Convite AC
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
Comisión DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia
Comisión DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela Capítulo Monagas
Comisión DDHH de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados, estado Apure
Comisión DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela capítulo Táchira
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
Comisión Nacional de DDHH de la Federación Colegios Abogados de Venezuela, capítulo Mérida
Escuela de Vecinos de Venezuela
Espacio Humanitario
Espacio Público
EXCUBITUS Derechos Humanos en educación
Federación Nacional de Sociedad de Padres y Representantes (Fenasopadres)
Foro Penal Venezolano
Funcamama
Fundación Aguaclara
Fundación CIIDER, Táchira
Fundamedios (Ecuador)
Humano Derecho Radio
Instituto de estudios legales y Sociales (IELSUR), Uruguay
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Venezuela
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Nueva Esparta en Movimiento AC
Observatorio de Derechos Humanos – ULA
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Oficina de DDHH del Vicariato de Puerto Ayacucho
Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
María Estrella de la Mañana AC
Padres Organizados de Venezuela
Paz y Esperanza (Perú)
Plataforma Internacional contra la Impunidad, Centroamérica.
Plataforma Interamericana de DDHH, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Proyecta Ciudadanía A.C
Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)
Redes Ayuda
Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
StopVIH
Transparencia Venezuela
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
Un Mundo Sin Mordaza

[1] https://www.verticenews.com/plan-zamora-la-guerra-las-lacras-la-oposicion-venezuela/

[2] http://www.mp.gob.ve/web/guest/mp?p_p_id=62_INSTANCE_8saL&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_62_INSTANCE_8saL_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_8saL_groupId=10136&_62_INSTANCE_8saL_articleId=16097828&_62_INSTANCE_8saL_version=1.0

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