Municipios, vecinos, comunas: mayor compromiso ciudadano con la comunidad municipal

“La salud de una sociedad democrática puede medirse por la calidad de las funciones desempeñadas por los particulares”.

Rafael Quiñones

Samuel Huntington, uno de los pensadores más célebres en las ciencias políticas del siglo XX, describía que la modernización política y social de una sociedad pasaba por la racionalización de la autoridad política; la diferenciación de sus estructuras políticas; y la participación de las masas en la política. En este último punto, Huntington describe el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna como una ampliación gradual de la población con participación política: En la fase más temprana del tránsito sólo intervienen en la política las élites sociales; después, se incorporan las clases medias y, por último, se da la incursión del grueso de la sociedad. Por ende, cuanto mayor nivel de personas puedan participar en la gestión de los asuntos públicos en una sociedad, mayor modernidad política y social tendrá la misma en su conjunto.

La ampliación de los derechos de las personas en los asuntos públicos no obstante no se da naturalmente en reposo ni de manera rutinaria. Cuando hay fases de tensión, crece la participación y disminuye en las fases de tranquilidad, lo que hace necesario que en una sociedad democrática que quiera conciliar tanto estabilidad política como alto nivel de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es que previamente el sistema político articule una completa y viable institucionalidad política que pueda soportar estos elevados niveles de participación. Y la célula de institucionalidad política más cercana a los ciudadanos es su gobierno local, llámese municipio, parroquia o comuna.

En este contexto de evolución y mutación política que vive el mundo, Venezuela no se queda atrás en su necesidad de establecer grandes cambios en su manera de gestionar las instituciones públicas, que combine tanto un alto nivel de estabilidad institucional como un mayor compromiso ciudadano a través de las instancias gubernamentales más cercanas al mundo cotidiano de los ciudadanos. De esta forma, para evitar que los ciudadanos de una comunidad política sean víctimas de la incompetencia de un Estado centralizado e hiperburocratizado, se ha de hacer un cambio de institucionalidad política en el país que posibilite que las comunidades organizadas en Venezuela puedan exponer sus demandas a nivel comunitario como son los municipios. El poder político es más eficiente cuanto más cercano esté de las comunidades a las cuales debe atender.

En un encomiable trabajo de escritura, José Gregorio Delgado Guerra en el Cuaderno de Temas de Formación Sociopolítica N 21: Municipios, vecinos, comunas: mayor compromiso ciudadano con la comunidad municipal, nos plantea la historia y los mecanismos disponibles de acercar el poder políticos a los ciudadanos a través de los gobiernos locales que contempla la legislación vigente en Venezuela. Un trabajo que no se puede subestimar cuando se aspira a un cambio político en el corto plazo en nuestro país.

Publicado por Revista SIC

La libertad de expresión fue un tema controversial en el #CierreEPUven

  • IPYS Venezuela destaca el hecho de que, en este ciclo, 23 nuevos Estados se sumaron al exhorto internacional para que en Venezuela cesen las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión. Y que el Estado venezolano haya aceptado 22 recomendaciones.
  • Sin embargo, Venezuela aceptó recomendaciones muy generales y rechazó, en algunos casos, las más específicas sobre tópicos idénticos. Indira Ramírez / IPYS Venezuela

En este periodo del EPU, el Estado venezolano recibió más exhortos que en el primer ciclo 2011-2012, cuando solo recibió 13, y aceptó 22 recomendaciones de las 30 relacionadas con libertad de expresión, fundamentalmente con temas de derecho al acceso a la información pública y protección de periodistas. Para IPYS Venezuela este es un logro del sistema EPU y de la sociedad civil. Leer más »

Declaración conjunta RIDH (Ginebra)e IPYS Venezuela
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y la Red Internacional de Derechos Humanos saludan la participación de Venezuela en el examen periódico universal.
La libertad de expresión se encuentra entre las tres principales preocupaciones de los Estados que formularon recomendaciones a Venezuela en su examen ante el grupo de trabajo.
Esta preocupación se desprende de informes presentados por la sociedad civil, que denuncian un contexto restrictivo para el ejercicio de la libertad de prensa, expresión y opinión, que afecta a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y al ciudadano en general.
Con espíritu de diálogo, invitamos al Estado a implementar las medidas necesarias para garantizar la libertad de expresión y de opinión, como una de las piedras angulares de toda democracia.
Abogamos para que el Estado venezolano profundice su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y las diferentes instituciones de las Naciones Unidas.
Invitamos a Venezuela a expedir una invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales, como lo han hecho otros Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y a recibir prontamente la visita del relator sobre la libertad de expresión y opinión y de los defensores de derechos humanos.
Por otra parte, creemos que es necesario emprender acciones para garantizar el libre acceso a la información pública. Periodistas y ONG solicitan la difusión de estadísticas oficiales y la posibilidad de consultar documentos públicos, que generaran un mayor espacio de transparencia . Por ejemplo la publicación de los indicadores de inflación del 2016, la actualización de las cifras sobre mortalidad y de epidemiología las Memorias, informes de gestión del 2016.
Exhortamos al Estado a dar cumplimiento a las recomendaciones que le fueron realizadas por el Comité de Derechos Humanos en 2015, referidas a:
1.- Garantizar un acceso real y efectivo para el derecho al acceso a la información pública.
2.- Eliminar las sanciones penales por el ejercicio de la expresión, principalmente, el delito de difamación
3.- Ofrecer protección efectiva a periodistas y defensores de DDHH que sean objeto de actos intimidatorios.

 

IPYS: Venezuela ha rechazado solicitudes del alto comisionado

  • Venezuela pasará a revisión nuevamente en 2021. Las organizaciones de la sociedad civil inician ahora un proceso de seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado venezolano
  • Las denuncias de violaciones a derechos civiles y polìticos fueron reiteradas en esta sesión por Amnistía Internacional, Human Right Watch, Cofavic y Civicus

La mañana de este jueves 16 de marzo finalizó para Venezuela el 2º ciclo del Examen Periódico Universal con la adopción de 193 recomendaciones sobre derechos humanos y el rechazo de otras 81 por -considerarlas el Estado venezolano- como tergiversadas y basadas en falsos supuestos.

El último encuentro entre el Estado venezolano, las misiones diplomáticas y las organizaciones de la sociedad civil en el marco del mecanismo universal de revisión se centró en la vulneración y preocupaciones internacionales por el pleno cumplimiento del derecho a la salud y el derecho a la alimentación, la independencia judicial, la situación de los defensores de DDHH y las visitas de las misiones de las oficinas de Naciones Unidas al país, que no se realizan desde el año 1996.

La delegación venezolana encabezada por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, destacó en su discurso el compromiso del gobierno de Nicolás Maduro para garantizar derechos económicos y sociales y la protección a poblaciones vulnerables y reiteró el ya tradicional discurso gubernamental sobre los supuestos actos de sabotaje y “acciones que rayan en el terrorismo” como amenazas a la realización plena de los derechos fundamentales.

Sin embargo, las prerrogativas civiles y políticas de la población fueron relegadas por el Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil que lograron entrar en el derecho de palabra en la sesión recordaron al gobierno venezolano su compromiso para garantizar la plena vigencia de estos derechos, piedra angular de la democracia y el estado de derecho.

Amnistía Internacional, Human Right Watch, Cofavic y Civicus cuestionaron que Venezuela haya rechazado recomendaciones sobre la liberación de los presos políticos y de conciencia, las visitas técnicas de las oficinas de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado, las libertades para el ejercicio de los derechos a la manifestación, asociación y libertad de expresión y la creciente militarización de las fuerzas de seguridad y las políticas de seguridad ciudadana.

Las organizaciones mostraron su preocupación por la gravedad de la crisis venezolana y demandaron al Estado aceptar la cooperación internacional para superar la escasez de alimentos y medicinas.

Los defensores de derechos humanos continúan siendo víctimas de persecución en Venezuela. Aunque Venezuela aceptó la mayoría de las recomendaciones sobre libertad de expresión en la práctica continúa siendo un desafío el ejercicio pleno de este derecho. Estamos preocupados porque Venezuela haya rechazado la recomendaciòn sobre la liberación de los presos políticos, especialmente la liberación de Leopoldo López, hecha por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y la independencia de la justicia, asì como las recomendaciones para que el Estado venezolano desista de sus denuncia a la Corte IDH, fueron algunas de las expresiones de Amnistía Internacional. En similar tono se pronunció Feliciano Reyna de Civicus, en representación de 170 organizaciones de DDHH venezolanas.

Reyna destacó en su minuto y medio de intervención: “Lamentamos la falta de cooperación del Estado venezolano con la oficina del Alto Comisionado y la iniciativa de invitar a oficinas especiales de DDHH. Nos preocupa el consecuente quiebre del Estado de derecho y las libertades democráticas. Las libertades civiles, la manifestación pacífica y la reunión  están seriamente restringidas. Periodista, estudiantes y  polìticos son sometidos a persecución y personas detenidas son sometidas a tratos crueles. el Servicio Nacional de Inteligencia debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles. El 82%de la población viven en pobreza, 1 de cada 5 niños presentaron malnutrición,  75% de los hospitales están sin insumos, 4 millones de personas no tienen acceso a la medicina que su patología requiere. Venezuela debe aceptar la cooperación internacional para evitar daños irreparables y pérdidas de vidas, especialmente poblaciones vulnerables”.

Vea aquí la sesión final del EPU 2016 para Venezuela: 

Venezuela estuvo acompañada de la mayoría de intervenciones de Estados aliados que saludaron la adopción de más del 60% de las recomendaciones. Pakistán, Filipinas, Rusia, Bielorrusia, Cuba y Bolivia fueron algunas de las opiniones complacientes con la postura oficial.

El Reino Unido y Estados Unidos manifestaron, por su parte, descontento por la no adopción de las recomendaciones sobres libertades democráticas que realizaron al Estado venezolano y convocaron al Estado a realizar las elecciones de gobernadores prevista para el 2016 e iniciar un diálogo que incluya a todos los sectores de la población.

El EPU es una revisión complementaria que realizan los Estados a sus pares para monitorear el cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos. La alta participación de Estados en el EPU Venezuela 2016 muestra el retroceso en la materia y la preocupación internacional por la vigencia de los derechos en el país.

El EPU tiene una frecuencia cuatrianual. Ahora las organizaciones civiles inician un ciclo de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, que tendrá nuevamente que presentar examen en 2021.

Los 20 minutos dados a las organizaciones en esta sesión final del EPU no alcanzaron para que Ipys Venezuela hiciera su declaración en la sala de Consejo de Derechos Humanos. Compartimos con ustedes nuestra declaración a continuación:

Ipys Venezuela invita al Estado a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y la Red Internacional de Derechos Humanos saludan la participación de Venezuela en el examen periódico universal.

La libertad de expresión se encuentra  entre las tres principales preocupaciones de los Estados  que formularon  recomendaciones a Venezuela en su examen ante el grupo de trabajo.

Esta preocupación se desprende de informes  presentados por  la sociedad civil, que    denuncian  un contexto  restrictivo para el ejercicio de la libertad de prensa, expresión   y  opinión, que afecta a  periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y al ciudadano  en general.

Con espíritu de diálogo,  invitamos al Estado a implementar  las medidas necesarias para  garantizar la libertad de expresión y de opinión, como una de las piedras angulares de toda democracia.

Abogamos para que  el Estado venezolano  profundice  su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos  y las diferentes  instituciones  de las Naciones Unidas.

Invitamos a Venezuela a expedir una invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales,  como  lo han hecho otros Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y a recibir prontamente la visita del relator sobre la  libertad de expresión  y opinión y de  los defensores de derechos humanos.

Por otra parte, creemos que es necesario emprender acciones para garantizar el libre  acceso a la información pública. Periodistas y ONG solicitan la difusión  de  estadísticas oficiales y  la posibilidad  de  consultar  documentos públicos, que generarán  un mayor espacio de  transparencia. Por ejemplo  la publicación  de los indicadores de inflación   del 2016, la actualización de  las cifras sobre  mortalidad y de epidemiología las Memorias, informes de gestión del 2016.

Exhortamos al Estado a dar cumplimiento a las recomendaciones  que le fueron realizadas por  el Comité de Derechos Humanos en 2015, referidas a:

1.- Garantizar un acceso real y efectivo para el derecho al acceso a la información pública.

2.- Eliminar las sanciones penales por el ejercicio de la expresión, principalmente, el  delito de difamación

3.- Ofrecer protección efectiva a periodistas y defensores de DDHH que sean objeto de actos intimidatorios.

Declaración de la International Lesbian and Gay Association EPU – República Bolivariana de Venezuela

Declaración en Sesión Final del EPU a Venezuela
Leída por: Diana Carolina Prado Mosquera

Esta declaración se hace en colaboración con Unión Afirmativa y ACCSI miembros de la Red LGBTI de Venezuela.

En 2011, durante el primer ciclo del EPU el Estado venezolano admitió no haber implementado medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex; y aceptó la recomendación de Canadá en cuanto a consolidar tanto en la ley como en la práctica, los derechos de personas con orientación sexual e identidad de género diferentes. No obstante, esto no se tradujo en acciones concretas.

Durante el segundo ciclo, Venezuela recibió 4 recomendaciones de Israel, España y Sudáfrica. Lamentamos que el Estado haya tomado nota de las recomendaciones de España e Israel que buscaban proteger el derecho a la identidad de las personas trans; despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo en las fuerzas armadas y el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, pues de haber sido aceptadas y posteriormente implementadas Venezuela estaría dando un paso más para garantizar la igualdad de las personas LGBTI.

Recibimos con agrado el compromiso voluntario del Estado en esta materia. Esperamos estas medidas sean adoptadas e implementadas en el corto plazo, así como las recomendadas por los diferentes comités de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sr. Presidente:

En aras de dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el segundo ciclo a Venezuela solicitamos la creación de un instrumento legal que sancione los actos de discriminación en el país, una Defensoria Especial de protección a personas LGBTI; creación e implementación de campañas contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género en todos los medios de comunicación. La implementación de programas de formación a empleados públicos para el trato respetuoso a todas las personas apegado a los derechos humanos. Eliminar las barreras que impiden a personas transgénero la adquisición de alimentos.

 

La implementación de programas de educación sexual laica, científica, con perspectiva de género y con enfoque en derechos humanos en todos los niveles y trabajar en la prevención del acoso escolar.

 

Igualmente, solicitamos que se tomen las medidas necesarias para prestar servicios médicos públicos y privados con tratos diferenciados y respetuosos para las personas LGBTI; y garantizar la entrega de medicamentos a las personas portadoras de VIH.

 

Recomendamos al estado abstenerse de utilizar argumentos culturales y religiosos para eludir el cumplimiento de la ley e impedir a las personas LGBTI el ejercicio de sus derechos; así como intentar someter a opinión de las mayorías los derechos de las minorías.

 

Muchas gracias Sr. Presidente

Transparencia Venezuela presentó al país el Presupuesto Nacional 2017 aprobado vía decreto por el TSJ

Hasta ahora fue tratado como secreto de Estado por el Gobierno

El Poder Ejecutivo manejará 97% del presupuesto y el resto de los poderes únicamente 3%.

Al aparato comunicacional del gobierno se le asignó 2,1%, más recursos que para electricidad, agua y transporte juntos. El Tribunal Supremo recibirá 1,29% del Presupuesto de la Nación, la Fiscalía General 0,3%, y la Contraloría 0,06%.

Caracas, 23.2.2017. Para 2017 el decreto de presupuesto totaliza 8,48 billones de bolívares, que si bien frente a 5,64 billones de bolívares de 2016 (con créditos adicionales) significaría un incremento de 451%, con la inflación estimada en 522% (CENDAS) la variación es de -75.85%. Este presupuesto alcanzaría hasta abril.

El precio del barril de petróleo fue estimado en 30 dólares y proyectan que generará 276.388 millones de bolívares que equivale solo a 3,26% del presupuesto, el aporte más bajo que ha hecho el crudo en los últimos años. La ONG pregunta a qué será destinará el dinero que genera PDVSA, si en 2015 reportó dividendos por 48 mil millones de dólares.

Asimismo, los ingresos no petroleros suman 8.034.681 billones de bolívares, lo que representa 96,74% del presupuesto. El impuesto al cigarrillo aportará 412.300 millones de bolívares, es decir 1,5 veces la contribución del petróleo y junto al tributo que deben pagar los licores, 217.000 millones de bolívares, totalizan más de dos veces el aporte de la renta petrolera. Los aportes no petroleros más importantes serán vía Impuesto al Valor agregado, que contribuirá con 3.719 millones de bolívares y el Impuesto Sobre la Renta, con 1.473 millones de bolívares.

Otra materia sobre la cual se levanta una alerta es la cantidad de recursos que se le destinaron al aparato comunicacional del gobierno: 189.620 millones de bolívares, Mientras que para los servicios públicos que incluye electricidad, agua y transporte fueron 156.579 millones de bolívares, es decir se ordenó entregar 21% más recursos para la propaganda gubernamental que para brindar atención a la población a través de servicios de calidad con Hidrocapital, Corpoelec, Metro de Caracas, Metro Los Teques, Metro Valencia y Metro Maracaibo, Trambercar en Barquisimeto, Tromerca en Mérida, Ferrocarriles y Fontur.

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