Convite visibilizará vulneraciones en materia del derecho a la salud

La Organización No Gubernamental Convite, A.C., organización dedicada desde 2006 a la garantía y exigibilidad de los derechos sociales, emprende esfuerzos desde distintos componentes para brindar un panorama general de la situación de múltiples vulneraciones en materia del derecho a la salud a través de su proyecto denominado Monitoreo del Derecho a la Salud en Venezuela: una aproximación desde el abastecimiento de medicinas, las muertes prevenibles y la infraestructura hospitalaria.

Destaca Luis Francisco Cabezas, activista de la ONGs, que se efectuará un levantamiento de información oportuna y relevante que permita constatar con evidencia y rigurosidad el actual contexto que enmarca la garantía del derecho a la salud en Venezuela. En este sentido, se plantea abordar 03 áreas: abastecimiento de medicamentos, registros de muertes prevenibles y situación de la infraestructura hospitalaria.

En 2016 Convite registró que la escasez de medicamentos asociados a la diabetes giró en torno a un 90,13% y en el caso de la hipertensión arterial el índice se mantuvo en un 95,98%. En ambas morbilidades, hubo prácticamente una ausencia absoluta de medicamentos en las 40 farmacias del área metropolitana de Caracas en las que se monitorea.

Durante el año 2017 la ONG ha decidido ampliar el alcance de la investigación por cual extendió la medición del índice a siete estados del país: Miranda, Dto Capital Caracas, Lara, Mérida, Nueva Esparta y Zulia, abarcando diabetes y la hipertensión, se incluyeron las infecciones respiratorias agudas y diarrea. A tales fines, miembros de la organización se encuentran en las localidades de abordaje, implementando el proceso de capacitación del personal que estará efectuando sistemáticamente los venideros 6 meses el monitoreo del índice de escasez de medicinas para tratar la hipertensión, la diabetes, la diarrea y las infecciones respiratorias agudas.

Otro componente a evaluar dentro del proyecto es la situación de la infraestructura hospitalaria en Venezuela, a través del levantamiento de un diagnóstico. Al respecto, Convite, A.C., en conjunto con un grupo de expertos, desarrollaron un instrumento dirigido a evaluar las condiciones de los elementos estructurales y de funcionamiento de las instalaciones de los centros hospitalarios.

Esta iniciativa se circunscribe en virtud de los preocupantes retrocesos del derecho a la salud en los últimos años, cuya expresión más visible son las múltiples carencias acumuladas por el sistema sanitario, en ausencia de políticas y normas dirigidas a corregir los problemas estructurales y como producto de la desinversión y de la adopción medidas poco adecuadas que han precarizado y destruido sistemáticamente las capacidades de la salud pública. Los resultados serán socializados con diversos grupos de interés a los fines de articular voluntades para incluir dentro de la agenda de prioridades de política pública, cursos de acción dirigidos a transformar la realidad de desabastecimiento de medicamentos, creciente tasa de muertes altamente prevenibles y deterioro permanente de la infraestructura hospitalaria.

Fuente: www.elimpulso.com

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Represión, torturas y dictadura

Carlos Nieto Palma

11 DE AGOSTO DE 2017

Para el mundo entero en Venezuela se vive una dictadura. Eso los venezolanos lo sabíamos desde hace mucho tiempo y la comunidad internacional ya tiene una opinión clara al respecto. Sobre lo que vivimos hoy en día, que dista mucho de ser una democracia, se han expresado de manera contundente países y organizaciones internacionales de todo el planeta.

El martes 8 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, presentó al mundo las conclusiones de un trabajo que hizo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela sin poder constatarla in situ, por la negativa del Estado venezolano a autorizar la visita. Por este motivo, se desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos en el país, del 6 de junio al 31 de julio. El equipo llevó a cabo aproximadamente 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscalía General. También recibió información por escrito de la oficina del defensor del pueblo.

En las conclusiones del informe final que será presentado a finales de este mes se hacen graves señalamientos de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que ponen al descubierto lo que la dictadura se encarga de negar constantemente: que somos un país forajido en materia de derechos humanos y que la represión, la tortura y la muerte se han convertido en el pan nuestro de cada día, de los cuerpos de represión del régimen que actúan con total impunidad.

En este documento, presentado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se señala: “Los testigos relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado, sin previo aviso, gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparados a corta distancia y que la policía usó como munición canicas (metras), perdigones, tuercas y tornillos. Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes. Contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales, en muy raras ocasiones, condenaron esos incidentes. Hasta el 31 de julio, la oficina de la fiscal general había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo del Acnudh, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró”.

En el mismo documento se establece: “Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1° de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones. En varios casos examinados por el Acnudh hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante períodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual– a ellos y a sus familiares”.

A esta grave denuncia del más alto representante de los derechos humanos de la ONU se unió la declaración de 17 países del continente americano que se reunieron en Lima, Perú, para discutir la situación de Venezuela. Dejaron en claro su posición frente a la dictadura de Maduro mediante un acuerdo que se resume en los siguientes puntos: 1) Condenan el quiebre del orden democrático en Venezuela; 2) No reconocen ni la asamblea nacional constituyente ni los actos que emanen de ella; 3) Manifiestan su apoyo y solidaridad a la Asamblea Nacional; 4) Rechazan la violencia sistemática y la aplicación de medidas que perjudiquen las libertades del ciudadano; 5) Manifiestan su apoyo a la fiscal general y los integrantes del Ministerio Público; 6) Condenan la violación de los derechos humanos como consecuencia de la represión luego de más de 120 días de protestas; 7) Consideran que Venezuela no cumple con requisitos de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 8) Expresan su preocupación frente a la crisis humanitaria que atraviesa la nación y hacen un llamado a la reflexión de las autoridades; 9) Reiteran su apoyo a la suspensión de Venezuela del Mercosur; 10) Mantienen firme su decisión de no apoyar candidatura venezolana en mecanismos regionales ni internacionales; 11) Hacen un llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela; 12) Solicitarán presidencia pro tempore de la Celac y consideran postergar Cumbre Celac-UE y, finalmente, 13) Se comprometen a mantener un seguimiento activo de la situación en Venezuela.

La dictadura está desenmascarada ante el mundo, solo su club de aliados que disfrutan del dinero de los venezolanos la apoyan, la comunidad internacional en su mayoría respalda el cambio en Venezuela y la salida de este régimen que tanto daño le ha hecho a nuestra patria. Soplan aires de cambio y un futuro cercano para el retorno a la democracia.

cnietopalma@gmail.com

@cnietopalma

Fuente : El Nacional 

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Pana Vota introdujo ante la Fiscalía General un informe de denuncias de amenazas a empleados públicos

La organización Pana Vota introdujo este miércoles 2 de agosto en la Fiscalía General del Ministerio Público, un informe en donde se detallan las decenas de denuncias recibidas por parte de empleados públicos, los cuales fueron amenazados y chantajeados para que fueran a votar el pasado 30 de julio a favor de la Asamblea Nacional Constituyente.

Pana Vota puso a disposición desde el pasado 24 de julio, un formulario de denuncias en el que más de 50 empleados públicos venezolanos declararon de forma anónima el hostigamiento y las amenazas que recibieron en sus instituciones de trabajo. Dichas denuncias fueron sustentadas en el Artículo 126 de la Ley orgánica de procesos Electorales LOPRE el cual establece que “ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio”.

A través de este canal, Pana Vota recibió 56 denuncias en 7 días provenientes de 8 estados del país y 37 instituciones públicas en las cuales los denunciantes manifestaron ser objeto de amenazas, chantajes y coacciones constantes donde se les manifestaba que la sanción al empleado que haciendo uso de sus derechos constitucionales, decidiera no asistir al evento electoral pautado para el pasado domingo 30 de Julio, sería el despido inmediato de dicha institución pública.

Según el reporte de Pana Vota las entidades públicas con mayor número de denuncias fueron PDVSA, CORPOELEC, Banco Bicentenario, INCES y el Poder Judicial en los estados; Distrito Capital, Miranda, Táchira, Mérida, Anzoátegui, Carabobo, Zulia y Bolívar.

Carvajal indicó que Pana Vota abrirá un nuevo canal de denuncias, en el que hace un llamado a los empleados públicos que no asistieron al evento electoral mencionado, a denunciar en caso de que sus superiores tomen acciones en su contra por este motivo.

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Solicitar información “molesta” a la administración pública

Que un ciudadano o grupo solicite información a cualquier órgano de la administración pública ha sido considerado como una especie de molestia que “recarga innecesariamente” a los “siempre muy ocupados” funcionarios que allí laboran. No es una exageración. Este y otros argumentos no menos insólitos han sido esgrimidos por el Poder Judicial a la hora de negar recursos relacionados con el acceso a información pública.

En 2009, Provea y un grupo organizado de la sociedad civil interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para obligar al Presidente de la República a explicar el cambio constante de ministros en la cartera de Vivienda y Hábitat durante 2008. La Sala Político Administrativa del alto tribunal consideró que el Presidente estaba muy ocupado para responder a la petición y estableció que tales medidas presidenciales (remover y designar nuevos ministros) procuraban aumentar la “eficiencia” del Estado.

El derecho a la información pública, previsto en el artículo 28 de laConstitución, se ejerce cuando un ciudadano la solicita al Estado. Tiene categoría de derecho humano y esto deviene de su pertenencia al derecho de libertad de expresión, por lo que es obligación del Estado proporcionar los datos requeridos que le atañen y estén en su poder.

La importancia de la garantía de este derecho radica en que permite un mayor escrutinio al Estado por parte de los ciudadanos y la toma de decisiones basadas en la información sobre los procesos públicos. Básicamente es uno de los mecanismos para la lucha contra la corrupción, herramienta no muy bien vista por cualquier gobierno señalado de delitos de corrupción, como el venezolano.

En el estudio “La responsabilidad del Poder Judicial en el desmantelamiento del derecho de petición y el acceso a la información pública”, realizado por la ONG Acceso a la Justicia con datos aportados fundamentalmente por Provea y Transparencia Venezuela, así como de la página web del TSJ, reveló que entre 2000 y 2016 hubo 76 sentencias clave que negaron el acceso a la información pública, sobre todo a la sociedad civil organizada, ciudadanos o diputados de oposición.

Vale acotar que de esas decisiones 72 fueron a favor del Estado y 4 en contra. Estas últimas fueron dos recursos de Provea contra el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) en 2003 y en 2004, uno de Juan Pablo Peña Mejías contra el Ministerio de la Defensa y otro de Luis Alberto González contra esa misma cartera, ambos en 2016.

En 1999, Provea interpuso una acción de amparo ante el TSJ contra el Ministro de la Defensa en virtud de no haber recibido oportuna respuesta a una petición de información. Esta se configuró como la primera acción realizada por una organización de derechos humanos que alegaba la violación del derecho de acceso a la información pública. La Sala Constitucional (año 2000) declaró que no tenía materia sobre la cual decidir, en virtud de que en el transcurso del proceso el despacho ministerial facilitó la información requerida por la ONG. Punto a favor del derecho a la información.

Un punto en contra digno de destacar es la falta de legitimidad para solicitar información, o “¿quiénes son ustedes para pedir información al Consejo Nacional Electoral?” Esta fue la respuesta que dio la Sala Constitucional a la Red de Veedores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) al rechazar su solicitud al poder comicial de que les proporcionaran los resultados de los escrutinios por cada mesa de votación, correspondiente a las elecciones generales del 30 de julio de 2000.

Otras excusas del Poder Judicial para negar la información son las siguientes: el uso de la información solicitada debe ser proporcional y justificado; el derecho a la información atenta contra la eficacia y la eficiencia del Estado; necesidad de hacer varias solicitudes al órgano administrativo; requerimiento de realizar varias gestiones previas y/o de determinada manera; el Estado no siempre tiene que responder; cuando el Estado ya dio respuesta no debe pedírsela nuevamente, aun cuando su contenido no haya sido satisfactorio o no haya respondido específicamente a su solicitud de información; requerimiento de justificación del uso del amparo como medio para obtener respuesta.

“El criterio del Poder Judicial en esta materia está apartado, e incluso, está en contra, de lo establecido por tribunales internacionales de derechos humanos, organismos internacionales de protección de los derechos humanos, leyes de otros países y en general de la tendencia mundial actual, que exige la apertura y transparencia de la información y de los datos públicos. En Venezuela no existe un recurso judicial que resulte sencillo, efectivo, expedito y no oneroso para acceder a la información pública, lo que viola la obligación del Estado de garantizar el derecho de petición su consecuencia que es al acceso a la información pública”, reza el estudio.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El estudio “La responsabilidad del Poder Judicial en el desmantelamiento del derecho de petición y el acceso a la información pública” evidenció que el poder judicial venezolano, sobre todo a través del TSJ, ha creado restricciones sobrevenidas al acceso a la información pública, desconociendo de esta manera el rol de contraloría ciudadana y el control de la gestión pública.

Es decir, tú como ciudadano no puedes ejercer una efectiva contraloría social porque no dispones de información que el Estado tiene la obligación de darte.

Enlace al estudio: https://goo.gl/fG34E8
Enlace a la nota: https://goo.gl/S8vbcH

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