Respeto y protección a los niños, niñas y adolescentes en el control del orden público y situaciones de conflictividad social

La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), coalición de organizaciones
sociales y personas que trabajan en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos de la niñez y
adolescencia, condena y rechaza los hechos ocurridos en el Hospital Materno Infantil de El Valle el día 20 de
abril de 2017, así como, las diversas situaciones de violencia que han sufrido los niños, niñas y adolescentes en
los últimos días en distintas parroquias de Caracas y ciudades del país. En este sentido:

1. Exigimos iniciar una investigación a los fines de identificar a todos los responsables y aplicar las sanciones
correspondientes frente a los hechos violentos que afectaron a los niños, niñas, madres y resto de las
personas que se encontraban en las instalaciones de este centro de salud. Esta investigación debe hacer
énfasis en las acciones de los organismos de seguridad del Estado encargados en el control del orden
público y los niños y niñas que fueron afectados por el uso indiscriminado y excesivo de gases
lacrimógenos.

2. Exigimos a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional Bolivariana cumplir estrictamente las
normas y protocolos internacionales para el control del orden público, especialmente aquellas que se
encuentran previstas en el manual de actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público,
la paz social, y la convivencia ciudadana emanadas por el Consejo General de Policía en el año 2011. Por
tanto, ninguna acción de estos organismos debe afectar a grupos especialmente vulnerables y propulsar
agentes químicos en hospitales, zonas residenciales, escuelas y sitios cerrados.

3. Exigimos culminar las investigaciones y sancionar a las personas responsables en el homicidio del
adolescente Carlos José Moreno en la parroquia San Bernardino (Caracas) ocurrido el 19 de abril de 2017,
así como, el resto de víctimas fatales menores y mayores de edad a nivel nacional. Es indispensable una
justicia expedita y el acompañamiento psicosocial a todas estas familias. De la misma manera, se deben
tomar las medidas que sean necesarias para que ningún niño, niña o adolescente pierda la vida a manos
de funcionarios militares, policiales o parapoliciales.

4. Reivindicamos el derecho a la manifestación pacífica que tienen todos los ciudadanos, así como,
rechazamos todo acto de vandalismo, agresión física a personas, destrucción de bienes muebles o
inmuebles ya que éstas no son expresiones de manifestación en los términos previstos en la ley.

5. Exigimos a los distintos organismos del Estado, especialmente a los integrantes del Sistema Rector
Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, adoptar las medidas que sean
necesarias para proteger a la niñez y adolescencia en contextos de violencia y conflictividad social.

6. Solicitamos a las autoridades y actores políticos implementar acciones institucionales para dirimir las
diferencias. Es indispensable que las autoridades rechacen públicamente el uso de las armas de fuego y
la violencia contra la población civil, que no se admita o justifique la presencia de grupos armados
irregularmente actuando con impunidad. Este momento nos exige modelar con el ejemplo una cultura de
justicia y paz, que se generen espacios de participación y expresión ciudadana para superar los problemas
que afectan al país.

7. Desde la REDHNNA en favor de fortalecer más que nunca la institucionalidad y deslindar el sistema de
justicia de cualquier parcialidad política, pedimos que se promuevan investigaciones confiables, efectivas
y eficaces, que cuenten con la credibilidad y el respeto por parte de la sociedad en su conjunto. De manera
que cuando concluyan, con las responsabilidades y sanciones del caso, se logre efectivamente hacer
justicia para con los niños, niñas y adolescentes afectados o vulnerados en sus derechos y no simplemente
que se anote un tanto, a favor o en contra de alguno de los actores de nuestra polarización política.

Organizaciones que suscriben el comunicado en conjunto con la REDHNNA:
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
ACCSI
Asociación Muchachos de la Calle
Cátedra de la Paz-ULA
CECODAP
CENDIF-UNIMET
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
Centro de Animación Juvenil
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Civilis DDHH
Coalición Clima 21
CODEVIDA
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados Edo. Apure
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados Edo. Táchira
Comisión de DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
CONVITE A.C.
Espacio Público
Excubitus DDHH en Acción
Defensores de NNA
FADNNA
Fe y Alegría
FENASOPADRES
Fundación Agua Clara
Fundación Luz y Vida
Hogar Virgen de Los Dolores
IJ-UCAB
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Observatorio de Derechos Humanos-ULA
Observatorio Venezolano de la Salud
Observatorio Venezolano de Prisiones
Padres Organizados de Venezuela
Prepara Familia
PROADOPCION
PROVEA
Redes Ayuda
Red de Casas Don Bosco
SINERGIA
Sociedad Hominis Iura
Un mundo sin mordaza
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa

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Ipys Venezuela cuenta cómo fue la cobertura de los medios #19A: Operativo desinformación

  • Magazines matutinos, cobertura Antigolpe y el Chavo del 8 coparon los medios venezolanos mientras en las calles asesinaron a tres personas durante las protestas.

Indira Ramírez / Mariengracia Chirinos. Equipo de IPYS Venezuela

Una hora y treinta y tres minutos de duración tuvo la cadena presidencial el 19 de abril de 2017, día de los 207 años del grito de independencia nacional. La alocución de transmisión obligatoria para los medios audiovisuales cerró una jornada de censura en la televisión venezolana e impuso el discurso oficial como única voz. Mientras tanto, en las calles de los 24 estados se registraban manifestaciones por la crisis institucional, que concluyeron con el asesinato de tres personas y la detención arbitraria de más de 500 manifestantes.

Antes de las 3:07 de la tarde, hora en la que inició la cadena, los medios estatales bajo la batuta de Venezolana de Televisión (VTV) transmitieron de manera ininterrumpida, desde las 9 de la mañana, la manifestación convocada por Nicolás Maduro en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas. Nada fuera de ese evento tuvo cabida en la televisión pública venezolana. Los medios privados hicieron el coro a la televisión oficial en distintos momentos del día, especialmente el canal Globovisión, con enlaces esporádicos con la señal de VTV.

Después de la cadena presidencial, a las 4:42 de la tarde, continuó la normalidad: Venevisión recapituló la serie El Chavo del 8, Televen un capítulo del show “Se ha dicho”. VTV siguió con su operativo anti-golpe y Tves -en la señal del canal 2, antiguo RCTV- retransmitió “Hechizada”.

Los medios privados, se inclinaron por la transmisión en día feriado de su programación habitual: magazines matutinos, series extranjeras y bloques de novelas, ajenos la mayor parte del día (entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde) a la manifestación opositora que salió de 26 puntos de la ciudad de Caracas, con el propósito de llegar a la Defensoría del Pueblo para denunciar la anulación del parlamento por parte del TSJ, exigir al gobierno presentar el calendario de elecciones, así como la apertura de un canal humanitario y la liberación los presos políticos.

La desinformación a la carta de los canales privados Venevisión y Televen impidieron al ciudadano conocer lo que ocurría en las calles de un país que en las últimas semanas ha visto alterada su cotidianidad por la agudización de la crisis institucional y política, que tiene su reflejo en las protestas ciudadanas.

A las nueve de la mañana, cuando la movilización oficialista se desarrollaba en el distribuidor La Bandera, la parroquia Caricuao, Agua Salud y la Avenida Urdaneta, de acuerdo a las cámaras fijas del canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), otras avenidas de Caracas se encontraban militarizadas, los accesos hacia el centro de la ciudad donde descansa la sede la Defensoría del Pueblo bloqueados por las fuerzas de seguridad, el Metro de Caracas mantenía desde las 5 de la mañana el cierre de 19 de las 30 estaciones del sistema, y el transporte público prestaba sus servicios de forma parcial. Sin embargo, los principales canales privados de televisión tenían al aire su programación de variedades, y el canal de información Globovisión realizaba en ese período enlaces esporádicos a la señal de VTV. Este panorama presentado por la televisión nacional no varió mucho a lo largo del día.

A las 10:55 de la mañana Globovisión se enlazó una vez más a la señal de VTV para mostrar la algarabía oficial. Venevisión transmitía Portada’s y Televen la serie juvenil “Austin y Ali”. En ese mismo momento se comenzaba a viralizar en las redes sociales, como información no confirmada, que un joven estaba herido de bala por presuntos civiles armados en la Plaza La Estrella de San Bernardino, uno de los puntos de la concentración opositora.

Este hecho no fue mencionado por los medios del Estado, centrados en cubrir la convocatorio oficialista. Venevisión minutos después de las 11 de la mañana emitió un avance informativo con declaraciones que un día antes hizo el ministro para la defensa Vladimir Padrino López. Mientras, Globovisión, citando la nota de su portal web, hizo una mención superficial a la situación en San Bernardino. Dijeron que fue “dispersada la manifestación” y un joven habría resultado herido.

Alrededor de las 11:45 minutos Televen realizó un avance informativo desde la Clínica El Ávila, donde por vía telefónica se confirmó que el joven había sido herido de bala y era intervenido quirúrgicamente.

Más tarde familiares y medios de comunicación digitales confirmaban la muerte del joven a manos de personas no identificadas a bordo de motocicletas, que dispararon en dirección a los manifestantes. Carlos José Moreno Barón, de 17 años, declararon sus familiares, no participaba en la manifestación e iba de paso, camino a un juego de fútbol.

Las declaraciones del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, el defensor del Pueblo, Tareck William Saab y el diputado y secretario del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup dando sus puntos de vistas de las manifestaciones también tuvieron su aparición en la agenda noticiosa de los medios de comunicación nacionales ese día. La voz ciudadana estuvo ausente de esta cobertura.

La represión con bombas lacrimógenas contra la marcha opositora, que avanzaba en Bello Monte y Chacaito, comenzó justo cuando los canales privados transmitían el último bloque de las novelas de la una de la tarde y Vladimir a la 1, en Globovisión, cerraba su entrevista con el excandidato presidencial Claudio Fermín. En contraste, las cadenas de noticias internacionales El Tiempo Televisión de Colombia -canal 773- y Todo Noticias de Argentina -canal 716-, que transmitían en vivo la jornada de protestas en las calles de Caracas hasta que alrededor de las 2:30 de la tarde, fueron repentinamente censuradas de la señal de Directv Venezuela, una de los servicios de TV por suscripción de mayor alcance en el país.

La acción de la PNB y la GNB impidió una vez más que la manifestación llegara a su destino y obligó a muchos manifestantes a cruzar el caudal del río Guaire, canal de aguas negras de la capital del país, para escapar de la represión con gas pimienta. Las novelas continuaron hasta que fueron interrumpidas por la cadena presidencial.

Junto con Carlos Moreno, el 19 de abril de 2017 en Venezuela fueron asesinadas por disparos de bala dos personas más en el contexto de las manifestaciones: Paola Ramírez (24), en San Cristóbal, y Niumar José Clemente Barrios, funcionario de la GNB, en San Antonio de los Altos, ciudad ubicada en las adyacencias de Caracas. Ese día 521 personas fueron detenidas por manifestar de acuerdo a un balance de Foro Penal Venezolanol y se registraron 136 manifestaciones pacíficas en los 24 estados del país, cifra del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Estos incidentes no fueron televisados.

La radio estuvo de día festivo

La radio se quedó de júbilo el día de la firma de la independencia de Venezuela. Este 19 de abril privó el silencio en un día de asueto nacional. El descanso fue forzado y se impuso por encima del interés noticioso e informativo a propósito de las movilizaciones de sectores de la oposición y oficialistas.

A lo largo del día, la mayoría de las emisoras de Caracas evitaron la cobertura y se negaron a informar sobre las 136 manifestaciones pacíficas que se registraron en el país, de acuerdo a los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Mientras funcionarios policiales, militares y colectivos armados reprimían las protestas ciudadanas, en las que murieron tres personas, la realidad en el ecosistema radial de Caracas parecía ser otra. Las parrillas estaban llenas de música y cuñas publicitarias, como cualquier día de asueto. Al menos 30 de las 34 estaciones que IPYS Venezuela monitoreó entre las 5 y 6 de la tarde, no informaban sobre los hechos violentos que ocurrieron en diversos estados del país.

A esa hora, Actualidad 90.3 FM, emisora privada del circuito Unión Radio, era la excepción. Mantuvo su programación habitual a diferencia del resto de las emisoras de la misma corporación, con espacios informativos y de opinión, que a lo largo del día dieron cuenta de lo que ocurría en las calles, a través de contactos en vivo con sus corresponsales en las principales ciudades del país.

Los espacios de entrevistas de esta emisora abrían sus micrófonos para que opositores y oficialistas dieran su visión de los hechos. Informaron sobre sucesos de represión y uso de bombas lacrimógenas por parte de los cuerpos de seguridad como medida de dispersión de las protestas. También, hubo voceros de partidos políticos que informaron sobre la agenda de exigencias y movilizaciones, así como activistas de organizaciones no gubernamentales que relataban la situación de derechos humanos.

Mientras el zapping avanzaba solo se encontraban tres emisoras más que referían las movilizaciones de calle. La señal de Radio Nacional de Venezuela era un amplificador de los mensajes oficiales y tenía un “Operativo especial antigolpe”. La transmisión salía por las ondas de 91.1 FM, y se retransmitía por 101.1 FM, cuya gestión la tiene el medio comunitario Radio Libre Negro Primero. A las 5:30 de la tarde, acompañado por la fanfarria militar, el locutor de guardia exclamaba en nombre de los simpatizantes oficialistas: “Hoy salimos a la calle todos los que creemos en el proceso revolucionario a defender la patria”. También justificaba las movilizaciones a favor del gobierno, como si se tratara de una guerra.

La programación avanzaba, y se repetía a través de esta señal de la principal estación de servicio público del Estado, la cuña “Mi voto es por Maduro”. Más temprano, a las 2 de la tarde, la ventana de RNV servía de tribuna para que Pedro Carreño, diputado del parlamento por el Partido Socialista Unido de Venezuela, defendiera la revolución y justificara el plan “antigolpe” que promovió el gobierno para tratar de restringir las manifestaciones ciudadanas.

Las imágenes y las incidencias de la manifestación opositora censuradas en la pantalla nacional fueron reflejadas en las portadas de los 10 diarios nacionales monitoreados por Ipys Venezuela. El Nacional, El Universal, 2001, El Informador de Lara y el diario La Voz publicaron grandes fotografías de las manifestaciones y destacaron la jornada como cívica. Otros diarios como Notitarde, El Clarín y Últimas Noticias, de tendencia oficialista, privilegiaron el discurso gubernamental. La Voz y El Informador de Lara pusieron el foco en los asesinatos y detenciones durante la jornada de protesta en la que también se puso cortapisas a la labor periodística con acciones de hostilidad, intimidación, intoxicación por gases lacrimógenos, robos, agresiones físicas y ataques contra los medios de comunicación social, perpetradas en su mayoría por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales.

Al menos 19 trabajadores de la prensa resultaron afectados por estas acciones, de acuerdo al registro de IPYS Venezuela. Ese día, 18 casos de violaciones a la libertad de expresión e información ocurrieron en el país, entre ellos un ataque a la sede del diario Nuevo Día en el estado Falcón y la detención de un periodista en el estado Nueva Esparta por ejercer su labor, horas después fue dejado en libertad.

A lo largo del día usuarios de internet reportaron a IPYS Venezuela lentitud en la conectividad y en las regiones se denunciaron interrupciones del servicio o fallas que impedían la carga de elementos multimedia y la normal interacción en redes sociales. Situación que incrementó la zozobra y la desconexión.

La desinformación, mientras tanto, corrió por las calles de Venezuela y los ciudadanos sufrieron las consecuencias con rumores y noticias falsas que compartían los ciudadanos en las redes sociales y servicios de mensajería de texto.

Publicado por IPYS VENEZUELA 

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Ante los hechos ocurridos en el estado Nueva Esparta en el marco de la protesta ciudadana del 19 de abril de 2017

Las organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) que suscriben este documento, manifiestan:

Resulta inaceptable que las cuarenta y dos (42) personas que fueron privadas de su libertad por las fuerzas de seguridad del Estado en los eventos ocurridos el pasado 19 de abril de 2017 en el estado Nueva Esparta, permanezcan hasta ahora incomunicadas, sin acceso a sus familiares ni a sus abogados o defensores, como es su derecho constitucional, siendo además alimentadas y medicadas irregularmente.

Vale destacar que entre las personas que han sido privadas de su libertad por ejercer su derecho constitucinal a protestar, hay menores de edad, personas de tercera edad, hombres y mujeres que padecen condiciones crónicas de salud, incluyendo personas que han sido brutalmente agredidas física y verbalmente por funcionarios de seguridad del Estado venezolano.

La situación antes descrita evidencia vicios en el procedimiento que se está llevando a cabo y es violatoria de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que protegen los DDHH de los ciudadanos venezolanos, referidos a la privación de libertad y al debido proceso[1]

A todas luces, los mecanismos de coacción que se ejecutan actualmente resultan inadmisibles, no solo para nuestras organizaciones y para quienes defendemos, víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de órganos del Estado venezolano; los propios jueces y fiscales deben negarse a convalidarlos por ser contrario a la Constitución y a la legislación venezolana vigente.

La ciudadana Defensora Delegada en el estado Nueva Esparta, María Luisa Rodríguez, no ha hecho acto de presencia en el Comando de la Guardia Nacional de Los Cocos en Porlamar, lugar donde se encuentran detenidas las personas, aun cuando su obligación es velar por el respeto de los derechos de todos los venezolanos.

Hacemos un fuerte llamado a la ciudadana Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; al ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y, a todas las autoridades con competencia en la materia, a que tomen las medidas para que los procedimientos se realicen debidamente apegados al derecho venezolano y al derecho internacional de los DDHH.

Suscriben este manifiesto:

AC Llamado a la Conciencia Vial

AC Nueva Esparta en Movimiento

Foro Penal Nueva Esparta

Fundación Nueva Mujer Margarita

Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica

Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción

Organización StopVIH

 

En la ciudad de Porlamar, a los 21 días del mes de abril del año 2017.-

_________________________________________

[1] Artículo 44. °

  1. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza

Artículo 46. °

  1. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Artículo 49. °

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

  1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
  2. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

 

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Manual del Combatiente Revolucionario pone en peligro la integridad de los ciudadanos

En una entrevista difundida por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, el 18 de abril de 2017,  Pedro Carreño, militar y abogado, ex Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (2007) dio a conocer el “Manual del Combatientente Revolucionario”.

Esta publicación impresa contiene nombres, rostros y direcciones de opositores del gobierno de Nicolás Maduro, como Hennri Ramos Allup, Lilian Tintori, Adriana Pichardo, Roberto Marrero, Tomás Guanipa, entre otros. “No al enfrentamiento del pueblo contra el pueblo”; “Sabemos para donde tenemos que ir”, reza la portada del manual cuya promoción también se hizo por el mismo canal en “Con El Mazo Dando”, programa conducido por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

La gravedad de estas estrategias políticas e inconstitucionales se basa en que ponen en peligro la vida de cada uno de estos ciudadanos y sus familiares, además de que hay una clara incitación al odio y una violación al resguardo de datos personales para fines violentos.  

El artículo 285 del Código Penal Venezolano señala que “Quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres años a seis años.”

En ese sentido, tanto Carreño como Cabello en flagrancia violan el apartado anterior.  “Aquí está una serie de ciudadanos, marcaditos, donde viven, dónde se mueven. El pueblo no va a enfrentar al pueblo, el pueblo sabe a dónde tiene que ir” , indicó el diputado Cabello. 

Grave también es que se utilice el canal del Estado para este tipo de acciones antidemocráticas, en contra de la Constitución y de los Derechos Humanos. Nuestra Carta Magna en su artículo 57 prohibe el uso de propaganda de guerra y expone en su artículo 60 que “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos”. Ante esto, cabe preguntarse de donde están tomando la información personal presentada en la publicación.

Esta irregularidad no solamente se cristalizó en el “Manual del Combatientente Revolucionario” sino también en la cuenta twitter del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) cuando, a comienzos del mes de abril, se impulsó una campaña con fotos de manifestantes señalándolos como “generadores de violencia”, sin un juicio previo. Incitando de igual manera al odio entre ciudadanos. Dicha campaña fue luego eliminada de las redes sociales de la institución.

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Esta peligrosa y vergonzosa campaña de @PRENSACICPC incita al odio, juzga anticipadamente a ciudadanos y promueve Estado policial

A través de su cuenta twitter, el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco,  señaló de “fascista” a Diosdado Cabello por sus acciones al respecto.

El fascista de Diosdado Cabello da orden por TV de atacar domicilios de líderes opositores. La comunidad internacional debe estar atenta.


Prensa Provea

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Foro: Estado Laico en Venezuela. #20Abr

El Movimiento SOMOS y el Observatorio de DDHH de la ULA invitan a participar este 20 de abril en el Foro: Estado Laico, derechos humanos y matrimonio igualitario, un espacio para la difusión de valores fundamentales para la institucionalidad en Venezuela frente a los riesgos que representan dogmas políticos y religiosos en la vida pública y su impacto en los derechos de millones de ciudadanos, especialmente en grupos vulnerables como mujeres, niños y LGBTI.
Contaremos con la ponencia principal del investigador académico Luis Alfonso Viloria; y con un valioso panel de especialistas conformado por Mayda Hočevar, directora del Observatorio de DDHH de la Universidad de los Andes; Yolima Arellano, coordinadora del Observatorio de DDHH de las Mujeres y Sarita Montiel, presidenta del Observatorio Penal Mérida – OPEM
El espacio espera promover un debate respetuoso y despolarizado, nutrido de distintos enfoques, sobre la importancia de la laicidad y secularización del Poder Público venezolano como garantía para una democracia donde la dignidad humana y la inclusión sea prioritarias.
El encuentro se realizará este 20 de abril a las 2:30 PM en los espacios de Ciudad Coworking, en el Centro Empresarial La Colmena, piso 3. En este mapita sabrás cómo llegar http://ow.ly/FIV830aXiot. La entrada es libre, pero los cupos son limitados, por tanto pedimos confirmar asistencia a través del correo somos.mov@gmail.com.
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