Boletín # 04 El Poder en la mira

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron al Poder Judicial en la OEA

Durante la audiencia “Acceso a la justicia en Venezuela”, enmarcada en el 161 periodo de sesiones celebrado en Washington, la CIDH recibió abundante información que prueba que el TSJ, lejos de defender los derechos de los ciudadanos, se ha dedicado a proteger al Gobierno.

El Tribunal Supremo de Justicia facilita la corrupción
 
En el foro sobre la situación venezolana celebrado en la sede de la OEA el pasado 21 de marzo, la directora de Transparencia Venezuela denunció que el TSJ ha legalizado la opacidad y facilitado la corrupción, al aprobar al término de 17 años más de 70 leyes que hacen imposible el ejercicio del derecho a la información pública.
Patrones que aplica el Gobierno venezolano para perseguir a la disidencia
De acuerdo a un informe de Cepaz, reflejado en el libro Memorial de Agravios del Poder Judicial, el Gobierno persigue a la disidencia política a través de prácticas reiteradas y sistemáticas que conforman ocho patrones.
El Gobierno prometió reactivar concursos de jueces
Al presentar su respuesta a las 274 recomendaciones que recibió durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos el pasado 16 de marzo, el Gobierno venezolano se comprometió a retomar los concursos de oposición para asignar los cargos de jueces, paralizados desde hace una década.
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Intimidar al mensajero: persecución y acoso a fuentes de información en Venezuela

El gobierno venezolano implementa mecanismos para obtener información sobre fuentes de información sensibles, y enviar al mismo tiempo un mensaje ejemplarizante para quienes ejerzan la crítica o expresen opiniones adversas a la actual gestión de gobierno. El fin último es intimidar y silenciar la crítica, promover la autocensura y limitar la capacidad de los medios y periodistas.
Un editor preso y doce ciudadanos y periodistas fueron llevados, sin orden judicial, a la sede de organismos de seguridad e inteligencia policial por ejercer el derecho a la información y la expresión, de acuerdo a los registros de IPYS Venezuela, entre mayo de 2016 y enero de 2017. Este es el saldo que marca el Estado de Excepción y de la Guerra Económica, vigente en el país y que restringe las libertades políticas y civiles.
En los últimos tres años, han sido recurrentes las actuaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); así como otras instancias creadas desde el gobierno, para impulsar acciones de vigilancia entre ciudadanos, como los Comités Locales de Abastecimiento Popular (Clap), y los grupos de choques.
Cuando se ejecutan sin causa probable u órdenes judiciales, estas acciones vulneran los derechos al debido proceso, la privacidad y a la información, garantías ciudadanas consagradas en la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la justicia.
De esto trata este reporte escrito por Jesús Yajure para IPYS Venezuela.

Léalo aquí »

 

Durante 2016, militares ejecutaron la “retención” de periodistas venezolanos que laboran como corresponsales de medios internacionales por hacer fotografías en espacios públicos como El Calvario, en Caracas. Se negó la entrada al país en el Aeropuerto  a corresponsales internacionales de Argentina, México y Perú, que venían a cubrir manifestaciones  convocadas por la oposición para exigir el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Se detuvo  a tres reporteros de sucesos por informar sobre el asalto a la sede del Banco Central de Venezuela por un joven que previamente había grabado y difundido un vídeo pidiendo la renuncia a Maduro, y que resultó abatido por funcionarios de organismos de seguridad.

Desde el alto gobierno se hicieron  exhortos para vigilar las comunicaciones en Internet y regular el uso de redes sociales y de microblogging, que sirven de caudal de expresión para los ciudadanos. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó las medidas de prohibición de salida del país para los directivos y editores de medios de comunicación  demandados por el diputado oficialista Diosdado Cabello por supuestos delitos de difamación, tras reseñar una investigación del diario español ABC y del estadounidense The Wall Street Journal, que revelaban detalles de una entrevista con LeamsySalazar, antiguo edecán del presidente Hugo Chávez y exjefe de escoltas de Cabello, quien asoció a Cabello con una investigación por narcotráfico adelantada por la Agencia Nacional Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

En 2015 se hicieron evidentes las acciones represivas contra líderes gremiales, dirigentes de sectores empresariales y profesionales que fueron citados en notas periodísticas por medios de comunicación y periodistas. La mayoría de estas actuaciones por parte de organismos de seguridad del Estado y por sus instituciones ocurrieron luego de la publicación en medios de entrevistas o informaciones referentes a temas que son considerados sensibles para el gobierno de Venezuela.

Maruja Dagnino

Directora de Comunicaciones
Ipys Venezuela

58 212 4212309/ 58 212 4212340 / +58 414 6255249
@ipysvenezuela

 

 

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