Espacio Público : Dos meses de protesta, represión y violaciones de los DDHH

Durante los dos meses de protesta, han sido asesinados más de 60 venezolanos, más de 1000 han resultado heridos por actuaciones de la fuerza pública y de grupos paramilitares; al menos 300 trabajadores de la prensa han visto afectado su derecho a la libertad de expresión, han eliminado 2 canales internacionales de la transmisión por televisión por suscripción y 15 medios han sido cerrados.

El 18 de abril el presidente Maduro activó el Plan Zamora, un plan operativo especial diseñado para el mantenimiento y control de orden público interno del que sólo se conocen los detalles ofrecidos por funcionarios militares en sus declaraciones, entre ellos, la referencia a un plan “cívico-militar” destinado a mantener el orden interno mediante la acción militar de la Guardia Nacional, y el uso de la justicia militar como medida para procesar a personas detenidas en manifestaciones.

Aunque la ley ampara a todo el que quiera manifestar pacíficamente, líderes del oficialismo y funcionarios han declarado públicamente utilizando adjetivos que descalifican la protesta. Estos comentarios buscan justificar la represión y la violencia en contra de los manifestantes: al generar una opinión negativa ante quienes protestan, se crea un argumento (inválido) para utilizar la fuerza pública.
La represión por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha ido en aumento: uso indiscriminado de gases lacrimógenos, incluso vencidos, hasta el uso de armas de fuego y la manipulación de municiones con incorporación de metras (esferas de vidrio), tuercas y balines.

La represión por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha ido en aumento: uso indiscriminado de gases lacrimógenos, incluso vencidos, hasta el uso de armas de fuego y la manipulación de municiones con incorporación de metras (esferas de vidrio), tuercas y balines.

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A diferencia de otras jornadas represivas, además de la asfixia por inhalación de gases o heridas por impacto de perdigón, en los últimos dos meses las lesiones por traumatismo han tenido un incremento importante ante el lanzamiento directo al cuerpo de bombas lacrimógenas.

La represión no se limita a la dispersión de manifestantes, sino que se extiende al ataque a residencias en horas de la noche y madrugada, sobre todo en zonas del centro y oeste de la ciudad (municipio Libertador), donde se prohíbe — bajo la figura de la negación de un permiso illegal — la protesta de sectores opositores. Tal es el caso de los hechos registrados en Colinas de Bello Monte, Montalbán, El Paraíso, La Vega y sectores del interior del país donde la fuerza pública ha allanado ilegalmente residencias y disparado contra edificios.

La prensa es la que permite que sea visible lo que sucede en las manifestaciones, la presencia de los medios de comunicación ha permitido captar imágenes de la represión estatal y acciones ilegales. La violencia contra los periodistas responde a la necesidad de invisibilizar estas realidades y limitar el contenido que circula

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monitoreo incide dic-mayo.2017

Incide | En seis meses ocurrieron 128 protestas por comida, agua y salud en Sucre

(Prensa Incide – 06/06/17) Cumaná.- Entre diciembre de 2016 y mayo de 2017 la Organización no Gubernamental (ONG) Incide reportó la realización de, al menos, 128 protestas en siete de los quince municipios del estado Sucre; para reclamar el envío de alimentos, distribución de agua potable y gas doméstico, exigencia de seguridad ciudadana y reclamar el derecho a la salud.
A través de un monitoreo semanal, realizado por la ONG que labora en la defensa de derechos civiles y participación ciudadana en Sucre, la institución dio cuenta de que el 63% de las protestas, un total de 80 manifestaciones públicas que se evidenciaron con cierre de vías nacionales, quema de caucho y obstrucción del tráfico vehicular; se ejecutaron para exigir al Gobierno regional y alcaldías el envío de alimentos por parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
El monitoreo priorizó el registro de protestas realizadas por habitantes de comunidades en los municipios Sucre, Ribero, Bermúdez, Mariño, Bolívar, Valdez y Andrés Eloy Blanco, que fueron reportadas con evidencia de lugar, fecha y hora, a través de fotos, texto, audios y videos, manifestaciones que fueron publicadas tanto en Medios de Comunicación convencionales como digitales, al igual que por usuarios en Redes Sociales.
De las 128 protestas, treinta se ejecutaron para exigir suministro de agua potable, de las cuales veinte se localizaron en el municipio Bolívar, específicamente en los poblados de Marigüitar, Tunantal y La Chica, zonas que presentan deficiencias con el suministro del vital líquido por daños y robos de equipos en la Estación de Bombeo Punta Baja, que surte de agua a la jurisdicción.
Cinco de las protestas registradas en seis meses se realizaron para denunciar desborde de aguas cloacales en Cumaná y Bermúdez, cinco para reclamar suministro de insumos básicos en el hospital de la capital sucrense, tres para exigir seguridad ciudadana y cinco para exigir el envío de cilindros de gas doméstico, sobre todo en los municipios Sucre y Ribero, jurisdicciones que destacan por tener el mayor registro de conflictividad, un total de cuarenta y cinco manifestaciones registradas en Cumaná y parroquias foráneas de la zona capital y 28 entre Cariaco (capital de Ribero) y los poblados rurales de Terranova, Palo Rosal y Muelle de Cariaco.
De acuerdo al monitoreo realizado por Incide entre los meses de junio y noviembre de 2016, en el que se reportaron al menos 78 protestas (57 de las cuales se hicieron para reclamar bolsas Clap), se evidenció un incremento de 39% en la realización de manifestaciones comunitarias en lo que va de 2017 y un alza de 29% en conflictos de calle para reclamar comida.

INCIDE

Publicado por Provea 

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N° 42 Boletín Internacional de DDHH Extraordinario | Golpe de Estado al Parlamento 6ta entrega

El Boletín Internacional de Derechos Humanos de Provea es una iniciativa para difundir la más completa información sobre DDHH en Venezuela y visibilizar los esfuerzos de las ONG y las víctimas por la realización de un país mejor para todas y todos.

El Boletín Internacional esta dirigido al público en general, pero hace especial énfasis en las organizaciones, activistas, venezolanos en el exterior y personas interesadas en conocer el acontecer de nuestro país desde la perspectiva de los activistas.

En este 42° Boletín Internacional de DDHH:
TÓPICO GLOBAL | Constituyente fraudulenta impedirá elecciones regionales en diciembre
TÓPICO ESPECÍFICO | Ex Defensora del Pueblo se pronuncia contra fraudulenta Constituyente
COYUNTURA | CIDH: Expresamos una profunda preocupación por el agravamiento de la violencia en Venezuela y uso de la jurisdicción militar

Los venezolanos en el exterior pueden hacer mucho por los Derechos Humanos en nuestro país, Invítalos a que se suscriban gratuitamente.

Si quieres hacer comentarios o sugerencias sobre temas o mejoras para el Boletín, escribe al correo: investigacion@derechos.org.ve

También puedes descargar el Boletín en versión PDF AQUÍ

 

Boletin42

 

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2016 | Periodismo en estado de excepción | ÍndiceIPYSve de libertades periodísticas

Fueron 365 días para Venezuela en los que no hubo confianza para hablar abiertamente. Los obstáculos para informar con libertad fueron mutando. Se hicieron recurrentes las agresiones, amenazas, presiones, persecuciones, así como nuevas formas de censura.

El abuso del poder estatal, la desinformación y la opacidad marcaron a 2016, un año en el que el ejercicio periodístico independiente estuvo en riesgo, y así lo confirma el Índice IPYS de libertades periodísticas 2016. Una medición que por primera vez llevó a cabo el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, con la mirada puesta en levantar un retrato con fundamento estadístico, que diera cuenta de las restricciones que tienen las libertades informativas en esta nación.

Construido desde la percepción de los propios periodistas, este índice caracterizó las condiciones del ejercicio del periodismo en Venezuela bajo restricciones frecuentes, con una puntuación de 66, valoración que ubicó al ejercicio periodístico en una situación de libertades limitadas en las que 100 es su condición óptima y 0 la percepción de mayor gravedad. En 2017, no obstante, este paisaje ha variado con el contexto de protestas ciudadanas que comenzaron el 12 de marzo.

Esta medición se estructuró en función de 28 determinantes para evaluar las libertades informativas, de las cuales ninguna tuvo una valoración óptima, lo que indicó que en 2016 todas las condiciones del ejercicio del periodismo en Venezuela estuvieron comprometidas y fueron infiltradas para restringir este oficio, en mayor o menor medida.

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