Intimidar al mensajero: persecución y acoso a fuentes de información en Venezuela

El gobierno venezolano implementa mecanismos para obtener información sobre fuentes de información sensibles, y enviar al mismo tiempo un mensaje ejemplarizante para quienes ejerzan la crítica o expresen opiniones adversas a la actual gestión de gobierno. El fin último es intimidar y silenciar la crítica, promover la autocensura y limitar la capacidad de los medios y periodistas.
Un editor preso y doce ciudadanos y periodistas fueron llevados, sin orden judicial, a la sede de organismos de seguridad e inteligencia policial por ejercer el derecho a la información y la expresión, de acuerdo a los registros de IPYS Venezuela, entre mayo de 2016 y enero de 2017. Este es el saldo que marca el Estado de Excepción y de la Guerra Económica, vigente en el país y que restringe las libertades políticas y civiles.
En los últimos tres años, han sido recurrentes las actuaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); así como otras instancias creadas desde el gobierno, para impulsar acciones de vigilancia entre ciudadanos, como los Comités Locales de Abastecimiento Popular (Clap), y los grupos de choques.
Cuando se ejecutan sin causa probable u órdenes judiciales, estas acciones vulneran los derechos al debido proceso, la privacidad y a la información, garantías ciudadanas consagradas en la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la justicia.
De esto trata este reporte escrito por Jesús Yajure para IPYS Venezuela.

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Durante 2016, militares ejecutaron la “retención” de periodistas venezolanos que laboran como corresponsales de medios internacionales por hacer fotografías en espacios públicos como El Calvario, en Caracas. Se negó la entrada al país en el Aeropuerto  a corresponsales internacionales de Argentina, México y Perú, que venían a cubrir manifestaciones  convocadas por la oposición para exigir el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Se detuvo  a tres reporteros de sucesos por informar sobre el asalto a la sede del Banco Central de Venezuela por un joven que previamente había grabado y difundido un vídeo pidiendo la renuncia a Maduro, y que resultó abatido por funcionarios de organismos de seguridad.

Desde el alto gobierno se hicieron  exhortos para vigilar las comunicaciones en Internet y regular el uso de redes sociales y de microblogging, que sirven de caudal de expresión para los ciudadanos. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó las medidas de prohibición de salida del país para los directivos y editores de medios de comunicación  demandados por el diputado oficialista Diosdado Cabello por supuestos delitos de difamación, tras reseñar una investigación del diario español ABC y del estadounidense The Wall Street Journal, que revelaban detalles de una entrevista con LeamsySalazar, antiguo edecán del presidente Hugo Chávez y exjefe de escoltas de Cabello, quien asoció a Cabello con una investigación por narcotráfico adelantada por la Agencia Nacional Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

En 2015 se hicieron evidentes las acciones represivas contra líderes gremiales, dirigentes de sectores empresariales y profesionales que fueron citados en notas periodísticas por medios de comunicación y periodistas. La mayoría de estas actuaciones por parte de organismos de seguridad del Estado y por sus instituciones ocurrieron luego de la publicación en medios de entrevistas o informaciones referentes a temas que son considerados sensibles para el gobierno de Venezuela.

Maruja Dagnino

Directora de Comunicaciones
Ipys Venezuela

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@ipysvenezuela

 

 

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Cofavic Boletín Número 2 Febrero 2017

La impunidad se mantiene 28 años después

La sociedad venezolana aún está en la obligación de retomar las lecciones que dejó el Caracazo para no repetir, nunca más, ese episodio de violencia, dolor y muerte.
 Por esa razón, y a 28 años de los sucesos de febrero y marzo de 1989, COFAVIC llama la atención sobre la impunidad que ha prevalecido en los casos que se denunciaron ante la Corte Interamericana y cuyo dictamen se emitió en dos fases. En 1999 se expuso la sentencia de fondo, y en 2002 la Corte se pronunció sobre reparaciones y costas. La única sentencia que existe de carácter definitivo sobre el Caracazo la dictó el Tribunal Interamericano. 

Si bien el Ejecutivo Nacional pagó las indemnizaciones a las víctimas que acudieron a la Corte IDH en los términos planteados por este tribunal, COFAVIC considera que la indemnización es una parte de la reparación y no sustituye la justicia, y por ese motivo no ha abandonado la lucha y las demandas.  

Por ejemplo, luego de 28 años se han mantenido graves fueros de impunidad como el no haberse determinado responsabilidades en el Caracazo de manera definitiva, el ocultamiento y destrucción de evidencia, así como la utilización de mecanismos institucionales que impiden establecer garantías de no repetición.

En COFAVIC creemos que, luego de los sucesos de febrero y marzo de 1989, el país tuvo la oportunidad de analizar los hechos que dieron origen al Caracazo y ampliar la exigibilidad y el reconocimiento de los derechos humanos, por ello no es aceptable, que hoy día, la represión y las victimas vayan en ascenso al igual que la violencia.

Política de seguridad equivocada

 Muchas veces COFAVIC ha alertado y denunciado la política equivocada del Estado venezolano con respecto a la seguridad ciudadana pues se han cedido espacios vitales que solo deben estar bajo su control a grupos armados civiles y bandas delictivas. La creación de las denominadas “Zonas de Paz” y la aceptación de que líderes negativos, autodenominados “pranes”, gobiernen cárceles o territorios ha terminado fortaleciendo a quienes cometen actos delictivos.

28 años después, COFAVIC se ve en la obligación de recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia vinculante e histórica para Venezuela de fecha 29 de agosto de 2002, relativa al Caso Caracazo Vs. Venezuela, dictaminó que: “el Estado debe adoptar todas las providencias necesarias y, en particular, las tendientes a formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido”. E hizo especial énfasis en que no se puede invocar pretextos de mantenimiento de seguridad pública para violar el derecho a la vida. Por último, recalcó que “el Estado debe garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal”.

Lecciones aprendidas: Una tarea pendiente

El Caracazo sigue siendo una lección para los venezolanos. Luego de 28 años de los sucesos de febrero y marzo de 1989 se mantiene la aspiración colectiva de procurar el establecimiento de la verdad y la justicia y que se constituyan los mecanismos para que haya garantías de no repetición, a través de la adecuación de planes de control de orden público de acuerdo con estándares internacionales, por lo que esto también constituye un punto pendiente en este caso y en otros casos de violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.

COFAVIC aspira a que cada 27 de febrero se haga un reconocimiento, desde la perspectiva de los DDHH, a la memoria de las víctimas, la lucha de los familiares afectados y de los sobrevivientes, porque todo eso contribuye a la reconstrucción de la memoria histórica del país.

COFAVIC ratifica su firme voluntad de continuar trabajando al lado de las víctimas y fortaleciendo las capacidades de mujeres y hombres en Venezuela en el ejercicio de sus derechos humanos, promoviendo el Estado de Derecho y a favor de los principios de la democracia.

Aura Liscano, hermana de José Miguel Liscano, víctima del Caracazo, febrero-marzo de 1989:

“El Estado no ha aprendido la lección, si hubiera cumplido la sentencia de la Corte Interamericana seguramente hoy no veríamos tantos abusos. En cambio el pueblo sí aprendió y por eso a pesar de todos los problemas, de la escasez, la inseguridad, no creo que vuelva a ocurrir otro Caracazo, porque la gente del pueblo no quiere volver a vivir eso. Lamento, eso sí, que 28 años después se mantenga el maltrato a las víctimas, que sean revictimizadas. Eso no es justo”.

                                                      Fotografía: Walter Otto

Maritza Romero, hermana de Fidel Romero, víctima del Caracazo febrero-marzo de 1989:

“Yo veo que ahora la gente tiene mucho miedo, hay más temor de actuar, de denunciar. Ahora hay menos acceso a las instituciones, a las oficinas públicas y eso genera más letargo. Sin embargo, nosotros en COFAVIC seguimos trabajando para que el Caracazo no vuelva a ocurrir y que se vea toda la situación con perspectiva de DDHH”.

  Fotografía: Walter Otto

Hilda Páez, madre de Richard Páez, víctima del Caracazo febrero-marzo de 1989:
 

“Yo perdí a mi hijo durante los sucesos del Caracazo y no hay nada peor que eso. En 1989 los sucesos se concentraron en Caracas, pero recientemente se han registrado saqueos en varias zonas del país. Nunca imaginé que llegaríamos a este nivel de sufrimiento por la inseguridad, la escasez, la inflación. Yo he perdido a otros miembros de mi familia en manos del hampa. Pero acá seguimos con el espíritu de lucha porque no queremos que esa tragedia se vuelva a repetir”.

                                                                                                                                                                                                 Fotografía: Walter Otto

 
Yris Medina, esposa de Wolfang Quintana, víctima del Caracazo febrero-marzo de 1989:

“28 años después veo al país caótico, el deterioro es total. Los que vivimos la tragedia del Caracazo sabemos que ese momento fue muy difícil, muy duro, pero ahora hemos perdido la esperanza, la confianza, la entrega, la compasión. En COFAVIC procuramos mantener la fe y siempre ver la luz al final del túnel”.

Fotografía: Walter Otto

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Amnistía Internacional: Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo. Capítulo Venezuela

El gobierno declaró el estado de excepción y lo prorrogó cuatro veces. La mayoría de las personas sospechosas de ser responsables de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos durante las protestas de 2014 todavía no habían comparecido ante la justicia. Continuaban la violencia y el hacinamiento en las prisiones. Las sobrevivientes de violencia de género se enfrentaban a considerables obstáculos para acceder a la justicia. Buscando su descrédito, se lanzaban frecuentes campañas de discriminación contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, que también sufrían agresiones e intimidación. Se siguió encarcelando a personas críticas con el gobierno y a miembros de la oposición política. Se denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad.
Capítulo Venezuela (2)

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