WOLA: El hemisferio debe rechazar la Asamblea Constituyente de Venezuela y apoyar una resolución electoral a la crisis

Washington, DC—En el mes de julio, el gobierno venezolano pretende comenzar a reescribir la constitución del país a través de un proceso que es claramente inconstitucional y que desempoderará a los ciudadanos venezolanos por años. Como una  organización dedicada al avance de la justicia social y los derechos humanos en las Américas, WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) apela a las naciones del hemisferio a reconocer la importancia de este momento, instando al gobierno venezolano a dejar de lado su plan para crear una nueva constitución y en su lugar adherirse a la Constitución de 1999 del país.

Si es implementada como está propuesta por el gobierno del Presidente Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente representaría un asalto a un principio fundamental de la democracia: la soberanía del pueblo. La Constitución de Venezuela de 1999 establece claramente que sólo el pueblo venezolano tiene la autoridad para convocar una nueva Asamblea Constituyente. Pero el gobierno de Maduro ha usurpado esta autoridad por sí mismo, rechazando la idea de solicitar el consentimiento previo del pueblo, como fue el caso en abril de 1999, cuando la cuestión de si se reescribía o no la constitución fue sometida a un referéndum del electorado entero.

La propuesta de Maduro de reescribir la constitución es un claro intento, por parte de un gobierno impopular, de permanecer en poder en un contexto en el cual saben que no podrían ganar elecciones justas. En el 2016, el gobierno de Maduro impidió un referéndum revocatorio presidencial y pospuso indefinidamente las elecciones regionales programadas. Ahora, en el caso de la Asamblea Constituyente, el gobierno ha creado reglas para seleccionar a los delegados de la Asamblea a favor de sus partidarios: bajo los procedimientos propuestos por el gobierno, sus candidatos podrían tomar la mayoría de los asientos ganando menos que el 30 por ciento del voto, que está previsto para el 30 de julio. Los partidos de oposición justificadamente consideran que este proceso es ilegítimo e inconstitucional y, por lo tanto, no presentarán candidatos. Esto significa que si el proceso continúa, las reglas básicas del país serán reescritas por una sola fuerza política. Además, la Asamblea Constituyente tendrá “poderes de origen” que sobrepasarán a todos los demás poderes constituidos. Funcionarios del gobierno venezolano ya han sugerido que la Asamblea Constituyente usará ese poder para disolver la actual Asamblea Nacional y deponer a la Fiscal General Luisa Ortega, quien ha criticado abiertamente al gobierno y ha tratado de bloquear el plan del gobierno para reescribir la Constitución.

Por lo tanto, WOLA urge a los países del hemisferio a rechazar colectivamente la convocatoria antidemocrática de una Asamblea Nacional Constituyente, y a continuar insistiendo en el establecimiento de un calendario claro para las elecciones regionales, municipales y nacionales que observen los plazos establecidos por la Constitución. Al llamar a Venezuela para que respete su Constitución de 1999, los países de las Américas deben insistir en que el gobierno respete la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y libere a los prisioneros políticos, condiciones que fueron apoyadas por la Santa Sede durante la mediación de la crisis a finales del 2016.

También es vital que los países de la región declaren su apoyo unido para una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Aunque los actuales niveles de polarización y desconfianza en Venezuela representan serios obstáculos para las negociaciones constructivas, sólo el diálogo y las negociaciones entre las partes resolverán la situación. Los aliados regionales pueden desempeñar un papel importante para ayudar a superar los obstáculos y facilitar un diálogo constructivo. Un consenso emergente se está formando en toda la región con respecto a la importancia de un compromiso renovado con esas negociaciones en Venezuela, lo que podría ser facilitado por un grupo de países dedicados del hemisferio.

Este es un momento para acción urgente. Al hablar en favor de la resolución pacífica y contra la convocatoria del 30 de julio de una Asamblea Nacional Constituyente, los países de las Américas tienen la oportunidad de abordar la crisis de manera significativa y expresar su solidaridad con el pueblo venezolano.

Para leer más análisis de WOLA sobre la situación en Venezuela visite el blog, “Política y Derechos Humanos en Venezuela”.  

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Contacto:
Loren Riesenfeld
Oficial de Comunicaciones, WOLA
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press@wola.org
Publicado por WOLA 
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Ataques a residencias son una forma inadmisible de castigo ejemplarizante

COFAVIC observa con preocupación el aumento y la práctica sistemática de la represión indiscriminada contra residencias en diferentes lugares del país, ocurridas en el contexto de las protestas que se han desarrollado en Venezuela desde abril de 2017. Hemos tenido conocimiento que en varias zonas del país, presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policías estadales han realizado presuntos procedimientos que carecen de los parámetros legales mínimos y que han puesto en grave riesgo la integridad personal y las propiedades de numerosas familias, generando efectos severos a nivel emocional en las personas que han sido expuestas a estas atrocidades. Consecuencias que serán muy difíciles de reparar y que deben ser atendidas por las autoridades de inmediato.

En el estado Mérida han sido afectados los sectores El Campito y la avenida Cardenal Quintero. En Lara, vecinos de la urbanización Sucre, ubicada en la avenida Libertador de Barquisimeto, denunciaron las horas de terror vividas por ataques ejecutados por presuntos funcionarios de la GNB. También, esto ha sido denunciado por habitantes de las residencias Altavista, ubicada en la Avenida Ferrero Tamayo de San Cristóbal, estado Táchira. En Carabobo y en el Estado Zulia, tambien se conocen casos similares, entre otras zonas del país. En el Área Metropolitana de Caracas, se han registrado ataques directos con bombas lacrimógenas, disparos y destrozos en residencias de El Valle, El Paraíso, Montalbán, Palo Verde, Petare, avenida Victoria, Candelaria, San Bernardino, San Martín, La Vega, La Urbina, El Llanito así como en San Antonio de Los Altos, ubicado en el estado Miranda, entre otros sectores.

Los ataques y actos de hostigamiento a zonas residenciales han dejado una afectación severa en sus habitantes, no sólo por el nivel de pérdidas en daños a bienes materiales como puertas de acceso, ascensores, destrucción de sistemas internos de seguridad, daños a infraestructura y áreas verdes, sino también pérdidas simbólicas. Este tipo de incursiones, tras su paso, dejan en la población residente un profundo temor y una sensación de indefensión. Para todo individuo, su domicilio es aquel espacio de protección y confort que resguarda el proyecto de vida, las ilusiones de cualquier grupo familiar. Una incursión violenta de los cuerpos de seguridad sin duda afectan de manera directa la dinámica de quienes residen en ese espacio, siendo las mujeres, los niños y los ancianos testigos principales de esas acciones y víctimas directas de sus peores efectos.

Penetrar en la cotidianidad y privacidad de las personas y las comunidades constituye uno de los más graves crímenes, puesto que dicha acción busca generar incertidumbre en la población frente al hecho de que cualquiera puede ser afectado. Con esto se siembra desconfianza a lo interno de una comunidad, rompiendo el tejido social y dispersando cualquier iniciativa de organización social y ciudadana. Por la crueldad y desproporción que se han producido, constituyen una especie de castigo ejemplarizante que no tiene otra intención que la sumisión individual y colectiva al perpetrador y sus propósitos.

El Estado no puede ser cómplice del terror ni por acción u omisión porque eso configura la institucionalización del crimen de Lesa Humanidad. Y por ello todos estos graves procedimientos contra residencias y familias que han causado daños innumerables en las personas que los han vivido deben ser investigados, sancionados y prohibirse, dado que lo contrario es auspiciar un terrorismo de Estado que deslegitima todas las acciones que se realicen y que dejará un saldo de dolor, frustración y separación que será muy difícil revertir en nuestro país.

Ningún procedimiento que pretenda ser legal puede ser desarrollado con saña y con el propósito de infligir dolor y producir la ruptura del tejido social. La aplicación de la ley debe ser reparadora y humanizadora y nunca constituir una herramienta de venganza y de aniquilación.

Ni en las circunstancias más graves un Estado está autorizado para atacar y tener injerencias arbitrarias en la familia y su domicilio. La familia como lo establece nuestra Constitución y el Derecho Internacional es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

En toda circunstancia por grave y violenta que sea, los Estados están en el deber de establecer un conjunto de normas que por razones humanitarias limiten los efectos de los conflictos y procedimientos que las autoridades desarrollen.

Los principios de humanidad, proporcionalidad, distinción y limitación deben estar en vigencia, incluso en situaciones de conflicto armado interno o externo y en desarrollo del Derecho Internacional Humanitario -situación que afortunadamente no es la nuestra- y que demuestra que hay un núcleo duro de derechos y protecciones que no deben ser traspasadas por los Estados en ninguna circunstancia. El principio de humanidad establece que no se debe infligir sufrimientos a las personas ni destruir sus bienes innecesariamente. El principio de distinción establece que en caso de que existan dudas entre objetivos militares y civiles debe prevalecer la presunción del carácter civil y desarrollar las salvaguardas propias de éste para evitar daños a las personas.

El ejercicio de la fuerza y de las competencias de las autoridades no son ilimitados y de sus restricciones depende la legitimidad y la legalidad del accionar del Estado y la gravísima ejecución del denominado terrorismo de Estado, donde se pierden límites, propósitos, distinciones y sentido de humanidad.

En su artículo 47, la Constitución establece que: “El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrá ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano…”. Asimismo en su artículo 49, la Constitución establece las garantías del debido proceso las cuales deben ser respetadas en todo momento por las autoridades que estén realizando cualquier procedimiento.

Según el artículo 68 de la Constitución “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La Ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control de orden público”.

Ningún derecho humano puede estar sujeto a suspensión, únicamente algunas garantías pueden ser restringidas temporalmente y estrictamente bajo el procedimiento constitucional previsto en los artículos 337 al 339 de la Constitución. Todo procedimiento diferente a este constituye un fraude a la Constitución y es de carácter nulo.

El interés superior de la protección de la familia, niños y ancianos goza de primacía en cualquier circunstancia y el Estado está obligado indefectiblemente a asegurar su protección y garantía. El principio de la unidad familiar y de la protección especial que deben tener sus miembros y sus residencias debe sobreponerse ante cualquier otro interés que se persiga y ajustarse a la consecución del proceder judicial a no invadir y mucho menos destruir los mínimos que permiten que una familia permanezca unida y en un ambiente propicio.

Por todo ello:

  1. Exigimos a las autoridades competentes que se inicien investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, oportunas, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas en estos últimos días, particularmente el asedio, hostigamiento y ataques a residencias. Hacemos un llamado urgente al Ministerio Público a fin de que designe fiscales especiales que reciban las denuncias sobre ataques a residencias que brinde una atención integral a las víctimas basándose en experiencia comparada.
  2. Instamos al Estado a que impulse la plena participación, incorporación y protección de las víctimas en los procesos de investigación.
  3. Se respete el debido proceso y las garantías judiciales durante los procesos de allanamiento a residencias y de todas las personas privadas de libertad y que cuyas actuaciones y detenciones estén, sin excepciones, bajo el control constitucional del Ministerio Público. Asimismo, se dé inmediata libertad a todas aquellas personas que tengan una decisión al respecto sin más dilaciones.
  4. Se garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión y de información y se proteja a los comunicadores sociales, permitiéndoles realizar su trabajo de manera efectiva y segura. Se investiguen sin dilaciones y de manera independiente todas las agresiones sufridas por los periodistas y trabajadores de medios de comunicación en general.
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CONTROL CIUDADANO: La Fiscal debe actuar contra comandantes de la GNB y la PNB, por hechos atroces del martes en Los Verdes

 

La ONG Control Ciudadano después de analizar la actuación de los uniformados, el día martes 13 de junio, en el Conjunto Residencial El Paraíso (conocido como Los Verdes), al oeste de la ciudad de Caracas, hace un llamado al Ministerio Público para que inicie las averiguaciones correspondientes, por la actuación irregular de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a cargo del M/G (GNB) Antonio Benavides Torres y el G/B (GNB) Carlos Pérez Ampueda, respectivamente.

Allanamientos si orden judicial ni presencia del Ministerio Público, detenciones arbitrarias, represalias contra comunidades que protestan, daños a la propiedad, terror generalizado contra ciudadanos en sus hogares, incluyendo niños, niñas, adolescentes y ancianos, búsqueda selectiva de opositores y violación a la propiedad, constituyen algunos de los patrones utilizados por efectivos de la GNB y de la PNB el día martes, en las Residencias El Paraíso (Los Verdes), afectando a una comunidad de más de 1.500 personas, que viven en las 4 etapas que conforman estas residencias, cada una con 3 torres de 17 pisos.

Con la utilización de la llamada figura del “patriota cooperante”, la unidad especial de la PNB a través de su capacidad de controlar, amenazar y depredar a poblaciones, ejecutó un método generalizado de violaciones a los derechos humanos contra un sector geográfico identificado como “opositor” al gobierno de Nicolás Maduro. Las acciones policiales fueron descritas por los vecinos como una venganza por protestar reiteradamente. Hubo cortes de electricidad deliberados y registro de viviendas buscando selectivamente jóvenes. Los residentes denunciaron robo de dinero en efectivo por parte de los uniformados, laptops y teléfonos en dichas “visitas domiciliarias”, efectuadas sin orden judicial.

Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano advierte: “En la actuación de la GNB y de la PNB el martes se cometieron al menos diez (10) violaciones graves a los derechos humanos, garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, por lo cual solicita públicamente a la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz:

“1) De inicio a una averiguación penal contra los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana involucrados en los hechos por investigación de oficio.

2) Cite al Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana M/G (GNB) Antonio Benavides Torres y al Director de la Policía Nacional Bolivariana G/B (GNB) Carlos Pérez Ampueda a declarar, como mando responsable a cargo de las unidades ejecutoras de estos graves hechos.

3) Llame a declarar a las víctimas, para determinar las responsabilidades penales a que haya lugar, de los funcionarios que actuaron al margen de la Ley”.

Violaciones a los DDHH cometidas por PNB contra habitantes del Conjunto Residencial El Paraíso (Los Verdes) el día 13 de junio de 2017
1. Derecho a la no discriminación por razones políticas Artículo 21 (1)
2. Derecho a la libertad Artículo 44
3. Derecho de comunicación de los detenidos Artículo 44 (2)
4. Derecho a la protección de la integridad personal: física, psíquica y moral. Artículo 46
5. Derecho a la inviolabilidad del hogar doméstico. Artículo 47
6. Derecho a la presunción de inocencia Artículo 49 (2)
7. Derecho a no ser obligado a confesarse culpable o declarar contra sí mismo, su cónyuge, concubino o pariente Artículo49 (5)
8. Derecho a la protección de la familia. Artículo 75
9. Derecho a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes Artículo 78
10. Derecho a la protección de los ancianos Articulo 80

 

 

 Caracas, 15 de junio de 2017

Prensa Control Ciudadano.

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61 Organizaciones de Sociedad Civil venezolana instan a sus pares en la región a defender la vigencia de la democracia y los derechos humanos en Venezuela

Las organizaciones de sociedad civil venezolana que suscribimos este documento instamos a nuestras pares de América Latina y el Caribe a alzar su voz en defensa de la democracia y los derechos humanos en nuestro país. La ruptura del orden constitucional, a través de fallos dictados a finales de marzo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como la represión contra manifestaciones pacíficas y la decisión del presidente Nicolás Maduro de imponer la convocatoria fraudulenta de una Asamblea Constituyente, violando garantías constitucionales, lesionan los principios democráticos, implican graves regresiones en materia de derechos humanos y atentan contra la paz de la República.

Todas las exigencias que ha planteado un vasto sector de la sociedad civil venezolana al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, se ajustan a la Constitución vigente. Las demandas en cuestión se centran en cinco puntos: 1) Publicación de un cronograma electoral y activar los mecanismos legales que permitirían el adelanto de los comicios presidenciales; 2) liberación de presos políticos y fin de las inhabilitaciones políticas; 3) respeto a la Constitución y al parlamento venezolano; 4) establecimiento de un canal humanitario que permita mitigar la escasez de alimentos y medicinas que hoy sufren los venezolanos; y 5) desarmar a las bandas paramilitares que actúan bajo las órdenes del Gobierno.

La comunidad internacional promueve la instalación de un proceso de negociación para superar la crisis que hoy padece Venezuela. Las organizaciones autónomas de sociedad civil venezolana creen firmemente en el diálogo, pero consideran necesario que se fijen plazos, agenda y reglas claras para que este esfuerzo arroje frutos y no desemboque en una nueva frustración que eche más leña al fuego de la violencia.

En Venezuela, los intentos de diálogo no son una novedad. Al contrario, ya se han registrado al menos tres procesos, todos con el mismo resultado: un fracaso que solo ha servido para aumentar la tensión política y ha impedido avanzar en la solución de problemas graves que afectan a la mayoría de la población venezolana, como el incremento de la pobreza y el costo de la vida, el hambre y la escasez de medicinas y otros productos básicos. A continuación, se citarán esas experiencias para alertar a organizaciones de sociedad civil regionales, con el fin de evitar que se incurra en los mismos errores del pasado.

Entre 2002 y 2003 se desarrolló la llamada “Mesa de negociación y acuerdos”, con la facilitación del entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Salvo el punto referido al referendo revocatorio, que terminó realizándose el 15 de agosto de 2004 y donde resultó ganador el difunto presidente Hugo Chávez, ninguno de los pactos firmados en esa mesa se respetó. Allí figuraban: 1) Designación de un árbitro electoral confiable; 2) la creación de una “Comisión de la Verdad” sobre los sucesos de abril de 2002; 3) la implementación de una “vigorosa campaña de desarme efectivo de la población civil”; 4) impedir que los cuerpos de seguridad sean utilizados como “instrumento de represión arbitraria o desproporcionada, así como tampoco para ejecutar acciones que impliquen intolerancia política”; 5) dejar la conducción de los cuerpos policiales en manos de autoridades civiles; 6) la consolidación del pluralismo político; y 7) equidad e imparcialidad en los medios de comunicación públicos.

Si esos puntos se hubieran cumplido, hoy Venezuela no estaría sumida en esta crisis política, social y económica que amerita la ayuda urgente de toda la región. De hecho, 14 años después, la sociedad civil venezolana sigue reivindicando esas mismas demandas, además de respuestas a las demandas sociales de la población

Entre abril y mayo de 2014 se ensayó otro proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición política, con la facilitación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) representada por los gobiernos de Brasil, Colombia y Ecuador, y el nuncio apostólico acreditado en Caracas. La negativa del Gobierno a avanzar en temas como la liberación de los presos políticos, la instalación de una “comisión de la verdad” para investigar los hechos ocurridos en el marco de las protestas de ese año, y la renovación de los poderes públicos atendiendo a los criterios de equilibrio e imparcialidad, llevó a la oposición a abandonar el diálogo en señal de protesta.

Gobierno y oposición emprendieron otro proceso de diálogo formalmente el 24 de octubre de 2016, con la facilitación de Unasur –representada entonces por su secretario general, Ernesto Samper-­‐ los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), y el Vaticano. De nuevo, la negativa del Gobierno a cumplir con sus compromisos liquidó la posibilidad de encontrar una solución pacífica a la crisis venezolana. En una carta enviada el 1 de diciembre de 2016 a los representantes de la oposición política venezolana, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, expresó su “dolor y preocupación” por el “inquietante retraso” en la adopción de las “medidas necesarias para la aplicación concreta de los acuerdos”. Todas esas medidas dependían del Ejecutivo para: 1) Enfrentar la escasez de alimentos y medicinas; 2) la publicación del calendario electoral; 3) respeto a la Asamblea Nacional; y 4) “acelerar el proceso de liberación de los detenidos”, calificados como presos políticos por la oposición venezolana. El Gobierno del presidente Maduro respondió a esa carta con ataques e insultos hacia la Santa Sede y el cardenal Parolin, antiguo nuncio apostólico acreditado en Caracas.

Tomando en cuenta estos graves antecedentes y ante la espiral de violencia que se ha desatado en el país, las organizaciones de sociedad civil venezolana que suscribimos este documento instamos a nuestros pares del continente a abogar por una negociación seria, con plazos, agenda y garantías, que sirva para construir una salida pacífica y democrática a la crisis, en el marco de la Constitución Bolivariana de 1999. Facilitar que el Gobierno utilice el diálogo de manera engañosa como una estrategia para ganar tiempo y legitimidad implica alejar las posibilidades de solución a la crisis y se sigan perdiendo vida y sufriendo daños irreparables en una confrontación provocada por la cúpula en el poder, que también atenta contra la estabilidad de la región.

Vulnerando los principios del voto universal, directo y secreto, y sin consultar en referendo al pueblo venezolano, como titular de la soberanía, el presidente Maduro pretende modificar la Constitución para garantizar su permanencia en el poder y poner fin a la república y al “estado democrático y social de derecho y de justicia” en ella consagrado. Distintos voceros del Gobierno han señalado que se instalará la Constituyente para “arrasar” a la oposición, “eliminar” al Parlamento e “imponer la paz”, una paz impuesta por medio de la violencia estatal. “Constituyente o guerra”, ha dicho el presidente Maduro, desconociendo la soberanía del pueblo venezolano y negándole a los ciudadanos el derecho a decidir libremente acerca de las opciones constitucionales que permitirían superar la crisis sin hundir a Venezuela en la violencia.

Ante la amenaza de la disolución de la República, el pueblo de Venezuela requiere de la solidaridad de las organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe, que deben actuar hoy en defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz en Venezuela.

Los cancilleres de todos nuestros países se reunirán en los próximos días en el marco de la OEA, para continuar discutiendo la crisis venezolana y las acciones que permitan una solución pronta, por medios pacíficos y democráticos. Contamos con que los gobiernos de la región, en todos sus espacios de acción política y diplomática, tengan en cuenta el drama que vive el pueblo venezolano, acompañándolo sin dilación en sus luchas por restaurar las libertades democráticas y la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela.
Junio 2017
Firman:
A.C Consorcio Desarrollo y Justicia, A.C. Escuela de Vecinos La Pastora
A.C. FEVECIPOL Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas
A.C. Phynatura
AC Gente del Petroleo norte de Anzoátegui
Ac. Generación Activa Venezuela
Acceso a la Justicia Acción Solidaria Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C) Asociación Civil Mujeres en Línea
Asociación Civil Uniandes
ASOSABER
Aula Abierta Venezuela
Cedice
Centro de Acción y Defensa por los DDHH
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-­‐UNIMET) Centro de Justicia y Paz-­‐ CEPAZ
Centro para la Paz y los DDHH UCV Civilis Derechos Humanos
Coalición Clima21
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
Comisión de Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad del Zulia
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de
Venezuela-­‐ Capítulo Mérida
Comisión para los Derechos Humanos y la ciudadanía (CODEHCIU) Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos
Convite AC
Derechos Humanos Ya
Escuela de Vecinos de Venezuela
Espacio Público
EXCUBITUS derechos humanos en educación
Fundacion Aguaclara
Fundacion CIIDER
Fundación de Finaniamiento Rural (FUNDEFIR) Fundación EcoJuegos
Fundación Internacional Vida Verde (FUNVIVE)
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes
Humano Derecho Radio Estación
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Politicos -­‐ Invesp
Integración Nacional de Indigenas Originarios (INDIO) La Escuela de Ciudadanos
Laboratorio de Paz Liderazgo y Visión Movimiento A.C. Movimiento SOMOS
Mujeres Venezolanas en Acción
Nueva Esparta en Movimiento A.C
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Padres Organizados de Venezuela
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Red Andina de Derechos Humanos (RADAR) Redes Ayuda
Revista SIC del Centro Gumilla
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
StopVIH
Transparencia Venezuela Un Mundo Sin Mordaza Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa de Venezuela

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123 ONG denuncian emergencia en Venezuela ante avance discriminatorio en programas de salud pública y acentuado desabastecimiento de antirretrovirales

Las organizaciones de la Sociedad Civil que trabajamos en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) y que suscribimos el presente pronunciamiento:

ALERTAMOS al país ante la crítica situación de escasez que pone en peligro la vida de miles de venezolanos, así como la implementación del Plan Quirúrgico Nacional con componentes de carácter discriminatorio de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos.

ADVERTIMOS que en la República Bolivariana de Venezuela existen graves fallas con el suministro de medicamentos antirretrovirales para tratar a las personas que han contraído el virus de inmunodeficiencia humana (VIH): Zidovudina y Kaletra para infantes así como las presentaciones para adultos  Ritonavir (Norvir), Complera (Rilvirapina+Emtricitabina+Tenofovir), Reyataz (Atazanavir), Raltegravir (Isentress), Kaletra (Lopitavir/Ritonavir) y Viraday (Efavirenz+Emtricitabina+Tenofovir). Además, se suman las fallas existentes en el suministro de reactivos e insumos para la realización de pruebas de detección primaria del VIH (ELISA de cuarta generación), así como de pruebas de monitoreo y control para el tratamiento de la infección (SubPoblación Linfocitaria CD4, Carga Viral, Test de Resistencia). También se registra la ausencia absoluta de los fármacos para tratar infecciones oportunistas: Toxoplasmosis, Tuberculosis, Hepatitis, Citomegalovirus, Herpes, Sarcoma de Kaposi, entre otras. A todo este panorama desalentador se le suma, el desabastecimiento de sucedáneos de leche maternizada para alimentar a niñas y niños que nacen de mujeres con VIH que no pueden amamantar.

INFORMAMOS que en Venezuela se estima que al menos 300.000 personas pueden haber contraído el virus de inumodeficiencia humana (VIH); 2.300 son menores de 12 años de edad; todos los años se registran al menos 11.000 nuevas infecciones por VIH; y mueren no menos de 2.500 personas por complicaciones asociadas al sida anualmente. 19.000 menores de 17 años de edad han quedado huérfanos por causas relativas a la epidemia. Datos estos que han ido en constante crecimiento. Las fuentes oficiales no publican esta información así como otros datos sustantivos para la vida de miles de venezolanos, afectando su derecho a la salud y a estar informados.

SEÑALAMOS que en el país se encuentran registradas un aproximado de 77.000 personas con VIH en el Programa de Suministro de Antirretrovirales del Programa Nacional de Sida del Ministerio del Poder Popular para la Salud. La escasez actual afecta a 80% de las personas que dependen de dichos antirretrovirales para vivir y los deben recibir, sin costo alguno, tal y como lo establece la legislación venezolana.

DENUNCIAMOS que siendo el Estado venezolano el responsable directo, y único garante de la existencia de tales suministros para la atención de las personas que han contraído el VIH en todo el país, las mencionadas carencias de medicamentos e insumos constituyen un grave atentado al derecho a la salud y a la vida de miles de ciudadanos que tienen la referida condición crónica de salud.
RECHAZAMOS igualmente por discriminatorio el anuncio hecho el pasado 16 de mayo por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, respecto al inicio del denominado Plan Quirúrgico Nacional, el cual en su aplicación diluye el derecho a la vida y la salud de los venezolanos, toda vez que se pretende condicionar su disfrute a la preexistencia de la identificación ideológica-política con el gobierno, utilizando de manera exclusiva para su acceso mecanismos discriminatorios, como en efecto lo es el denominado “Carnet de la Patria”, y encomendando su gestión a organizaciones controladas políticamente por el gobierno, como los CLAP y UBCH.

EXPRESAMOS nuestra más profunda preocupación por la demostrada negativa e incapacidad del Gobierno Nacional de cumplir con su obligación de atender la salud de los venezolanos.

CONDENAMOS que se pretenda utilizar como filtro de acceso al ya deteriorado sistema de salud nacional la opinión política de las personas.

En consecuencia,

EXIGIMOS del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, abrir los canales humanitarios que permitan de manera inmediata la llegada al país de existencias suficientes de fármacos e insumos para abastecer al Programa Nacional de Sida del Ministerio del Poder Popular para la Salud, así como otros Programas de Salud que abarcan otras enfermedades.

EXIGIMOS del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hacer cesar de manera inmediata los mecanismos discriminatorios que condicionan el acceso universal a la salud de los venezolanos.

EXIGIMOS del ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, la activación inmediata a nivel nacional de la institución que dirige, para promover, vigilar y denunciar que el acceso a la salud no sea condicionado a militancia política alguna o a la inscripción en mecanismos secundarios de identificación que contribuyen con la discriminación de las personas que necesitan atención.

En Venezuela, a los 07 días del mes de junio del año 2017.-

Suscriben este pronunciamiento:

Organizaciones nacionales:

  1. Acceso a la Justicia
  2. Acción Campesina
  3. Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
  4. Acción Ecuménica
  5. Acción Guayana por la Vida
  6. Acción Solidaria
  7. Acción Zuliana por la Vida (AZUL+)
  8. Aid for AIDS Venezuela
  9. Amigos Trasplantados de Venezuela
  10. Anzoátegui sin sida A.C.
  11. Asamblea de Educación
  12. Asociación Civil Cambio Positivo
  13. Asociación Civil Impulso vital Aragua (ACIVA)
  14. Asociación Civil Manantial de Vida (AMAVIDA)
  15. Asociación Civil Mujeres por la Vida (ASOMUVI)
  16. Asociación Civil Niña Madre
  17. Asociación Civil Protagonistas de la Vida (APROVIDA)
  18. Asociación Larense para la Planificación Familiar (ALAPLAF)
  19. Asociación Luchemos por la Vida (ALVI)
  20. Asociación Venezolana de Mujeres
  21. Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC)
  22. Asociación Venezolana para la Hemofilia
  23. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA)
  24. Aula Abierta Venezuela
  25. Banco del Libro
  26. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
  27. Cátedra de La Paz / Universidad de Los Andes
  28. Cecodap
  29. Cedice Libertad
  30. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
  31. Centro de Animación Juvenil
  32. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
  33. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  34. Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara
  35. Centro para La Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
  36. Ciudadanía Diversa A.C. (CIUDIVER)
  37. Civilis Derechos Humanos
  38. Coalición Clima 21
  39. Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
  40. Comisión de Derechos Humanos de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
  41. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Estado Apure
  42. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Estado Barinas
  43. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Estado Mérida
  44. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Estado Táchira
  45. Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ)
  46. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
  47. Confederación de Sordos de Venezuela (ConSorVen)
  48. Convite A.C.
  49. Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional (CIIDER)
  50. Derechos Humanos Ya
  51. Diverlex Diversidad e Igualdad a través de la Ley
  52. Espacio Humanitario
  53. Espacio Público
  54. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
  55. Foro Penal Venezolano
  56. Fundación Aguaclara
  57. Fundación Arcoíris Por la Vida
  58. Fundación Bengoa
  59. Fundación CELTA
  60. Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama (FUNCAMAMA)
  61. Fundación Gran Familia de la Salud.
  62. Fundación Humanitaria por la Vida
  63. Fundación Manos Amiga por la Vida (MAVID)
  64. Fundación Niños en Positivo
  65. Fundación Nueva Mujer Margarita
  66. Fundación Prepara Familia
  67. Fundación Presérvate
  68. Fundación Reflejos de Venezuela
  69. Fundación Sida Región Táchira (FUNDASIDARTA)
  70. Fundación Venezolana para la Ingeniería Ecológica (FUNVIE)
  71. Fundación Vida Sana Internacional
  72. Laboratorio de Paz
  73. Liga Merideña de Lucha Contra el Sida
  74. Llamado a la Conciencia Vial A.C.
  75. Movimiento Vinotinto
  76. Mujeres en Línea A.C.
  77. Mujeres Unidas por la Salud A.C. (MUSAS)
  78. Nueva Esparta en Movimiento A.C.
  79. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  80. Observatorio Venezolano de la Salud
  81. Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
  82. Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV)
  83. Organización StopVIH
  84. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
  85. Opción Venezuela A.C.
  86. Padres Organizados de Venezuela
  87. Positivos en Colectivo
  88. Pro Inclusión VP
  89. Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
  90. Proyecta Ciudadanía A.C.
  91. Proyecto de Vida
  92. Red Andina de Derechos Humanos
  93. Red Metropolitana de ONG con servicios en VIH y sida (RedMetSida)
  94. Red Juvenil Cultura de Paz y VIH/SIDA
  95. Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+)
  96. Revista SIC del Centro Gumilla
  97. Sinergia
  98. Sociedad Hominis Iura
  99. Sociedad Wills Wilde A.C.
  100. Transparencia Venezuela
  101. Un Mundo Sin Mordaza
  102. Una Ventana a la Libertad
  103. Unión Afirmativa
  104. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.
  105. Venezuela Diversa A.C.

Organizaciones internacionales:

  1. Acción Internacional para la Salud. Perú
  2. Alianza para la sostenibilidad de la respuesta nacional al VIH. El Salvador
  3. Asociación Atlacatl Vivo Positivo. El Salvador
  4. Caribbean Vulnerable Communities Coalition. Jamaica
  5. Coalición de TB de Las Américas. Estados Unidos de América
  6. Coalición Ecuatoriana de Personas que viven con VIH/sida (CEPVVS). Ecuador
  7. Coalition de Lutte contre la Malaria en Haïti (COLMAH). Haití
  8. GESTOS- Soropositividade, Comunicação e Gênero. Brasil
  9. Instituto para el desarrollo humano. Bolivia
  10. International Council of AIDS Service Organizations (ICASO). Canadá
  11. International Treatment Preparedness Coalition Latin American and Caribbean ITPC-LATCA
  12. Mecanismo Social de Apoyo y Control en VIH. Colombia
  13. Red Colombiana de Personas Viviendo con VIH (ReColVIH). Colombia
  14. Red Latinoamericana, Cuba y República Dominicana de Personas con VIH (RedLa+)
  15. Red Nacional de Personas con VIH y sida de Bolivia. Bolivia
  16. Red Peruana de Mujeres con VIH. RPM+
  17. Senderos Asociación Mutial. Colombia
  18. Trans Siempre Amigas (TRANSSA). República Dominicana
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