Declaración de la MESA de Articulación sobre el retiro de EEUU del Acuerdo de París

DECLARACIÓN PÚBLICA

  1. El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha anunciado que dará la espalda a la lucha contra el cambio climático retirando a ese país del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Por lo tanto, cede a los intereses de la industria de los combustibles fósiles -en particular del carbón-, a expensas de los intereses de la gran mayoría de la ciudadanía, de las comunidades, de los estados y de la propia economía de los Estados Unidos, pero más grave aún también a costa de los pueblos más vulnerables a los efectos  del cambio climático.

 

  1. Con esto los Estados Unidos se aíslan en el ámbito internacional mediante la adopción de esta vergonzosa e irresponsable medida. La salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París refleja el desprecio que el presidente Trump tiene hacia la cooperación multilateral y la construcción de Bienes públicos globales que busquen solucionar -aunque sea de manera gradual e imperfecta- la mayor de las amenazas para la humanidad.

 

Al negar la realidad científica y la responsabilidad de la humanidad sobre el cambio climático, Donald Trump protagoniza  un acto que va en contra del sentido de la historia y de todos los esfuerzos para propiciar un futuro sostenible para las personas y el planeta.

Esta decisión ilustra además las debilidades intrínsecas del Acuerdo de París, ya que además de comprometer objetivos climáticos insuficientes, no da ninguna facultad legal a las instituciones internacionales, los Estados y los ciudadanos para perseguir su incumplimiento. Esto, mientras las Instituciones Financieras Internacionales si accionan mecanismos para proteger el status quo financiero internacional, aún cuando se trata de un factor clave de la desigualdad y de la insostenibilidad del sistema económico actual. Esta dicotomía injustificable entre el comercio y el medio ambiente es uno de los temas que se deben abordar urgentemente.

  1. La decisión de Donald Trump afecta principalmente a las poblaciones más pobres, en todo el mundo, ya gravemente afectadas por el hambre y  las guerras, así como también a los pequeños estados insulares. El cambio climático acentúa esta trágica situación amenazando la seguridad alimentaria y la nutrición de cientos de millones de personas, exacerbadas por la reducción concomitante en los presupuestos de ayuda desarrollo y  los recursos insuficientes para la lucha contra el cambio climático.

 

  1. Los demás estados deben permanecer movilizados para reducir las emisiones de forma progresiva y ayudar a los más vulnerables a adaptarse a los efectos del cambio climático. Esta decisión, no puede cuestionar la urgencia climática: más que nunca, le corresponde al resto de los países grandes emisores de gases de efecto invernadero tomar la iniciativa y redoblar esfuerzos para el cumplimiento de los compromisos surgidos de la COP21 y acelerar la transición ecológica, mostrando ante el mundo su responsabilidad diferenciada ante los países en desarrollo.

 

  1. Como países de América Latina y el Caribe debemos exigir el compromiso de los países grandes emisores, y elevar nuestros compromisos climáticos – recuperando un rol de liderazgo en la escena internacional. En nuestro continente existen ejemplos positivos como el de El Salvador – país que ha congelado el desarrollo de cualquier nuevo proyecto de fuentes fósiles.

 

Los países de América Latina y el Caribe y su máximo órgano político multilateral, la CELAC, deben demostrar que van a redoblar sus esfuerzos para cumplir con los compromisos asumidos en la COP21, al igual que los países de la Unión Europea, y Asia. La oportunidad de renovar y redoblar el compromiso son múltiples: Cumbre CELAC-UE de octubre de 2017 en El Salvador; Cumbre CELAC-China de enero 2018 de Santiago; Cumbre Europa-China, del 7 y 8 de julio en Bruselas. Asimismo, la Agenda 2030 brinda una oportunidad muy bienvenida para integrar la variable medioambiental en las políticas públicas e incorporar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático de manera clara en el ciclo de formulación de políticas públicas y en la transformación de nuestros modelos de desarrollo.

 

Urge que este acto indignante permanezca aislado!

 

 

1° DE JUNIO DE 2017

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CIDH urge a proteger a defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente

5 de junio de 2017
Washington, D.C. – En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta el valioso rol que defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente ejercen en la construcción de una sociedad democrática sólida y el desarrollo sostenible en los países de la región. Asimismo, la CIDH insta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas urgentes para reconocer y proteger la labor de defensoras y defensores.

La Comisión ha observado el creciente número de conflictos socioambientales y la ausencia de adopción e implementación de medidas efectivas de reconocimiento y protección para quienes defienden y promueven los derechos al territorio, al medio ambiente y aquellos ligados al acceso a la tierra. Esto ha facilitado que estas defensoras y defensores estén más expuestos a asesinatos, ataques, amenazas o a procesos de criminalización por las causas que defienden o por el contenido de sus reivindicaciones. En este sentido, en su informe Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, la Comisión destacó su preocupación respecto de la utilización del sistema penal en contra de líderes y lideresas indígenas, afro-descendientes, campesinos y comunitarios, así como en contra de defensoras y defensores vinculados con la protección de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente como represalia a su oposición a actividades extractivas y denuncias sobre los impactos negativos que tendrían dichos proyectos en la ecología, la salud, en sus relaciones comunitarias, o en el goce de otros derechos.

La CIDH observa con suma preocupación que en el último año han aumentado estos procesos de criminalización y estigmatización. La Comisión ha dado seguimiento, entre otros, a procesos judiciales en contra de defensoras y defensores indígenas y del medio ambiente en Ecuador, acusados de los delitos de ataque y resistencia tras los hechos ocurridos durante el levantamiento indígena y el paro nacional. En Perú, Máxima Acuña, agricultora y defensora ambiental, enfrentó un proceso penal que duró desde 2011 hasta abril de este año, cuando la Corte Suprema de Justicia de Perú consideró que no había lugar a continuar con el juicio por falta de pruebas. La CIDH recuerda que los Estados deben velar por que los tipos penales en su legislación estén formulados de manera conforme con el principio de legalidad, es decir, en forma expresa, precisa, taxativa y previa con una clara definición de la conducta incriminada, y que asimismo deben garantizar que los procesos penales llevados en contra de defensores y defensoras sean resueltos en un plazo razonable de forma imparcial, con especial atención a la labor que desempeñan, ya que al quedar sujetos a procesos penales se limita su labor de defensa.

Asimismo, la Comisión ha dado seguimiento a los asesinatos de las defensoras y defensores de la tierra y medioambientales Berta Cáceres, Noel García, José Ángel Flores y Silmer Dionisio George en Honduras, todos ellos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, y Waldomiro Costa Pereira y Antonio Mig Claudino en Brasil, entre otros. La Comisión recibió información sobre el asesinato en México del líder indígena y defensor ambientalista Isidro Baldenegro el 15 de enero de 2017, quien se oponía a la extracción de madera en la Sierra Madre Occidental, territorio originario de los tarahuamaras. En Guatemala, el 17 de enero, Sebastián Alonso Juan, defensor de los derechos indígenas y del territorio originario de Yulchen, moría por heridas de bala disparadas por personas armadas durante una protesta pacífica contra un proyecto hidroeléctrico en Ixquisis, Huehuetenango.

En algunos de estos procesos se ha señalado la falta y denegación de información en torno a las investigaciones sobre los asesinatos, así como la lentitud de dichos procesos. A este respecto, la CIDH recuerda que los Estados debe luchar contra la impunidad de los ataques contra las y los defensores de la tierra y el medio ambiente mediante investigaciones serias, independientes y transparentes para identificar a los autores intelectuales y materiales, procesarlos y garantizar una reparación adecuada.

“Estoy sumamente preocupado porque la criminalización, estigmatización, intimidación y los asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, se ha convertido en una constante en los países de América”, dijo el Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco. “Las y los defensores de la tierra y el medio ambiente deben ejercer su labor de defensa en un ambiente propicio y libre de obstáculos para la defensa de los derechos humanos y esto no es posible en un contexto de constante peligro a sus vidas o integridad personal. Los Estados deben desarrollar políticas globales de protección a personas defensoras de derechos humanos, con enfoque especial hacia la prevención, protección e investigación de ataques en contra de las y los defensores de la tierra, del medio ambiente y de los pueblos indígenas, de tal manera que puedan seguir desempeñando sin temor su labor”, agregó.

La Comisión Interamericana reitera la urgente obligación de los Estados de prevenir cualquier atentado contra la vida y la integridad física de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio y a garantizar en todas las circunstancias que puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de derechos humanos sin temor o represalias y libres de cualquier restricción. Es deber de los Estados garantizar la seguridad de los grupos de defensoras y defensores en especial situación de riesgo. Los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores del medioambiente, la tierra y el territorio atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. En el caso de líderes sociales y autoridades de comunidades indígenas, tienen graves consecuencias adicionales al afectar no solo a la defensora o defensor sino también a la sociedad en la que se desempeña al verse impedido de ejercer su posición de representación, liderazgo o autoridad.

A este último respecto, la CIDH urge a los Estados de la región a que adopten urgentemente las medidas que sean necesarias para que los sistemas y programas de protección a defensoras y defensores de derechos humanos respondan a los principios de eficacia y debida coordinación. Esta Comisión señala la apremiante necesidad de que las medidas de protección sean adecuadas y efectivas, y en tal sentido, que sean idóneas para proteger la situación específica de riesgo en que se encuentra la persona defensora y que produzcan los resultados esperados de manera que cese el riesgo para la persona que se protege. En este sentido, los Estados deben tener en cuenta la especificidad de los factores de riesgo a los que están expuestos los defensores y defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio al momento de adoptar medidas específicas de protección de manera que se adapten a sus necesidades, por ejemplo, a través de protocolos especializados.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Datos de contacto:
María Isabel Rivero | Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
cidh-prensa@oas.org

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Comunicado Público ante la grave crisis del Sistema de Donación y Trasplante de órganos, el Programa de Diálisis y el Sistema Nacional de Salud en Venezuela

Venezuela, 31 de mayo de 2017

La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV), ante la grave crisis del sector salud venezolano, considerando que:

 Durante el período 2001- julio 2014 la ONTV ejecutó exitosamente por delegación del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT), llevando los índices de donación y trasplante a cifras record en el país, como lo indican las tasas por millón de habitantes respectivas.

 Una vez finalizada la gestión del SPOT por la ONTV a mediados de 2014, se fracturó gravemente el esfuerzo mancomunado de la comunidad de profesionales del área, las autoridades gubernamentales y la sociedad civil organizada, dándose inicio al declive indetenible de la actividad de donación y trasplante en el país, hasta llegar a su paralización.

 A pesar de los esfuerzos recientes para revertir la situación, actualmente persisten circunstancias convergentes que atentan directamente contra la realización segura y adecuada del proceso de trasplante. Entre ellas mencionaremos: 1.- El gran deterioro de la infraestructura de los hospitales sede de los Centros de Trasplante. 2.- La deficiencia en la disponibilidad de todo tipo de medicamentos, incluidos los indispensables inmunosupresores cuyas interrupciones, ausencias y cambios no consultados a los médicos tratantes, se han agudizado, colocando en peligro la sobrevida del injerto y en algunos casos la vida de los pacientes. 3.- La no disponibilidad de tratamiento inmunosupresor de 2 inducción indispensable al momento de realizar el trasplante para evitar el rechazo del injerto. 4.- El reportado desabastecimiento de los reactivos para medir niveles de tacrolimus dificultando el apropiado control de los pacientes en su evolución post trasplante. 5.- El grave déficit de talento humano especializado en el área, provocado por la emigración de profesionales venezolanos.

 Las diferentes y complejas situaciones descritas, llevó a las autoridades de FUNDAVENE, como instancia técnica responsable de la política pública en el área de Donación y Trasplante a suspender “oficialmente” la actividad de trasplante de cadáver, situación que de hecho ya venía ocurriendo.

 Paralelamente la Diálisis, que es el otro tratamiento sustitutivo de la función renal, en éste momento atraviesa una muy severa crisis en sus dos modalidades, habiéndose reportado el agotamiento de los suministros para diálisis peritoneal y déficit de algunos suministros y cupos para la hemodiálisis.

 El impacto de estas gravísimas situaciones en los pacientes que requieren trasplante y diálisis, así como en su familia, genera los más terribles sentimientos de desesperanza, angustia e incertidumbre. Además pueden producir complicaciones médicas a su salud, que afectan de manera significativa su calidad de vida y ponen en riesgo sus vidas.

Con base en lo mencionado se evidencia la falta de cumplimiento del derecho fundamental a la salud como parte del derecho a la vida, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 83.

Por todas estas razones, manifestamos nuestro apoyo a las Sociedades Científicas de diferentes especialidades médicas, las cuales han sentado posición en relación a la actual crisis de todo el Sistema nacional de salud y especialmente con la 3 Sociedad Venezolana de Nefrología por compartir sus planteamientos.

Nos hacemos solidarios activamente con todas las personas en lista de espera para trasplante, trasplantadas y las que requieren el tratamiento de diálisis, en nuestro país. Por lo que en su nombre, exigimos el cumplimiento del derecho humano básico a la salud y el cese de esta situación injusta, que resulta inaceptable por colocar en riesgo sus vidas.

Exhortamos al Ejecutivo Nacional a: 1. Atender de forma urgente e inmediata el llamado de su órgano técnico FUNDAVENE, a fin de diseñar un plan especial de emergencia para la restitución y fortalecimiento del proceso de trasplante. Este plan debe incluir la definición precisa de responsables, acciones a desarrollar, tiempos definidos, indicadores de evaluación y asignación de un presupuesto especial para cubrir de forma prioritaria las necesidades y requerimientos del área de donación y trasplante a fin de restablecer la normalidad y el crecimiento de la actividad, en beneficio de las miles de personas que esperan por un trasplante

2. Ordenar de forma inmediata las acciones y recursos económicos que permitan normalizar y garantizar la adecuada atención de los pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal de todo nuestro país.

Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV)

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Alianza por la Libertad de Expresión exige el cese de la represión

La Alianza por la Libertad de Expresión, integrada por representantes de las universidades, gremios y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de velar y  resguardar el derecho a la libertad de expresión y  la libertad de prensa en Venezuela, alertan sobre el recrudecimiento de las violaciones al derecho a la libertad de expresión durante los últimos 60 días manifestaciones públicas. Las protestas son en rechazo a la ruptura del orden democrático, tras las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y recientes actuaciones del Ejecutivo de impulsar de forma ilegítima una asamblea nacional constituyente.

En Venezuela tenemos un contexto de inestabilidad institucional derivado del condicionamiento a la labor parlamentaria, a través de la vía judicial, que tuvo su máxima expresión en la usurpación de las atribuciones de la Asamblea Nacional mediante las sentencias 155 y 156, con fechas 28 y 29 de marzo de 2017, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Además de la prolongación sucesiva del estado de excepción y emergencia económica, por parte del Ejecutivo Nacional, lo que debilita aún más la garantía de los derechos fundamentales.

Desde el 28 de marzo se han registrado más de 160 casos que violentaron el derecho a la libertad de expresión y a la búsqueda o difusión de información. Estos hechos afectaron a más 200 personas entre periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, medios de comunicación, y trabajadores de medios.

Como Alianza por la Libertad de Expresión, rechazamos las constantes agresiones físicas contra periodistas e infociudadanos, el  robo de equipos, el hostigamiento contra la prensa extranjera, desalojos hostiles de zonas de cobertura, las amenazas y detenciones arbitrarias, los bloqueos de sitios web, las acciones de vigilancia policial y persecución a través de redes sociales y, más recientemente, la confiscación de pasaportes para aplicar de facto una prohibición de salida del país.

Como organizaciones de la sociedad civil, alertamos sobre la constante amenaza al ejercicio efectivo de derechos a la asociación y protesta pacífica. La represión estatal ha escalado en intensidad y formas, por el uso excesivo e indiscriminado de bombas lacrimógenas vencidas, el lanzamiento de estas bombas al cuerpo de los manifestantes a pocos metros de distancia, ataque a zonas residenciales, la detención arbitraria de manifestantes, unas 2815 personas fueron arrestadas y de ellos, 1240 todavía continúan detenidas y procesadas ante tribunales civiles y militares. Según el último balance del Ministerio Público, 55 personas resultaron asesinadas durante hechos de violencia suscitados en el contexto de manifestaciones y hay unas 1000 personas lesionadas.

Las medidas ejecutivas y judiciales, en contra de lo establecido en la Constitución, fortalecen una mayor militarización de la sociedad de cara a criminalizar tanto a las voces críticas como a los mensajeros de la información necesaria para el debate. El resultado es una sociedad desinformada e inhibida gracias a la violencia institucional materializada tanto en el discurso y la acción de funcionarios, cuerpos de seguridad, civiles y militares (Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana); como por grupos de civiles armados que fungen como equipos de choque en la convocatoria de manifestaciones, y actúan bajo la omisión cómplice del Estado.

En respeto a los Artículos 57 y 58 de la Constitución, la Alianza por la Libertad de Expresión exige a las autoridades del Estado:

  1. Garantizar la seguridad de los periodistas  e infociudadanos en la búsqueda y difusión de información y condenar enérgicamente la violencia contra los comunicadores durante la cobertura de calle, tanto por cuerpos de seguridad como por grupos violentos.
  2. Cesar el discurso violento y agraviante sistemático contra la labor de los periodistas y medios de comunicación que afecta negativamente las garantías de la libertad de expresión y el derecho a la información.
  3. Cesar la represión indiscriminada contra protestas pacíficas en tanto constituye modalidades violatorias de garantías fundamentales (delitos que no prescriben), además de evidenciar ensañamiento contra sectores de la población por razones políticas.
  4. Respetar y cumplir, de manera inmediata, las obligaciones internacionales en libertad de expresión e información, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos en esta materia.
  5. Hacer efectivas las medidas de protección que dictó el Ministerio Público a favor de los periodistas para que puedan hacer su labor sin riesgos ni amenazas.
  6. Garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea a los delitos y violaciones cometidas contra periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones informativas.
  7. Garantizar, sin demoras, los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales, para evitar las órdenes de bloqueos y censura, y que se respete el derecho a la información.
  8. Abstenerse de usar grupos organizados para criminalizar y vigilar la expresión de los ciudadanos que manifiestan expresiones de disidencia a través de las redes sociales.
  9. Cesar de manera inmediata las presiones y acciones desde diversas instancias públicas, contra los medios de comunicación y proveedores de servicios radioeléctricos y de Internet, que derivan en censura y afectan el derecho de los ciudadanos a estar informados de manera pertinente, adecuada y oportuna.

Cesar la difusión de información falsa por parte de altos funcionarios del gobierno, sobre todo en relación a hipótesis sobre asesinatos de manifestantes,  declaraciones que afectan las investigaciones de los órganos competentes, y promueve mayor desinformación.

Garantizar en todos los medios impresos y audiovisuales controlados por el ejecutivo espacios para la libre expresión de las diversas corrientes de opinión, conforme al precepto constitucional pluralista

Caracas 31 de mayo de 2017

  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
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  • Escuela de Comunicación Social de la UCAB
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  • Instituto de Investigaciones de a Comunicación, ININCO UCV
  • Instituto Prensa y Sociedad – Venezuela (Ipys)
  • Postgrado en Comunicación Social y Publicidad de la Universidad Católica Andrés Bello
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Publicado por Espacio Público 

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