Cecodap condena la tortura y la ejecución de un adolescente en la OLP en Barlovento

 

Cecodap ante la desaparición y ejecución de 13 personas, especialmente la muerte un  adolescente de 17 años tras ser severamente torturado en el marco de Operación de Liberación del Pueblo (OLP) desarrollada el Municipio Acevedo de Barlovento del estado Miranda:

  1. Manifestamos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas  y nos unimos al sentimiento de pesar que los embarga. Aspiramos que sus denuncias y reclamos sean escuchados y atendidos.
  2. Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial la protección,asistencia, reparación e indemnización a los familiares de las víctimas, así como aplicar las sanciones que hubiere lugara todos los funcionarios militares implicados en la OLP considerando como una circunstancia agravante la tortura y la muerte del adolescente.
  3. Exigimos al Poder Ejecutivo eliminar en todo el territorio nacional las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) como una estrategia de seguridad ciudadana. Existen casos y elementos suficientes que evidencian que no se tratan de hechos aislados, constituye una práctica institucionalizada que ha generado abusos, desapariciones, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias que no contribuyen, ni ha contribuido, a disminuir la violencia y la criminalidad. Cecodap durante el año 2015[1]registró en la prensa nacional 13 casos de adolescentes víctimas y 29 casos detenciones en el marco de estos operativos.
  4. Exhortamos a los distintos órganos del Estado diseñar e implementar una política pública para la prevención de la violencia y que todos los organismos de seguridad ciudadana tengan un carácter estrictamente civil y profesionalde acuerdo a lo establecido en el Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Venezuela.
  5. Expresamos nuestro rechazo a las declaraciones del Defensor del Pueblo en la cual se indica que “las personas ajusticiadas en Barlovento no tenían entradas policiales ni antecedentes penales.”Esta afirmación resulta preocupante porque el derecho a la vida, a la integridad personal y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes debe prevalecer para todas las persona, aun cuando tenga antecedentes penales o registros policiales.

Para mayor información llamar al teléfono: (0212) 952.62.69

[1] CECODAP. Informe Somos Noticia 2015  [en línea]. Agencia Pana Cecodap. [fecha de consulta 01/12/2016]: Disponible en:  http://www.cecodap.org.ve/descargables/derechosNNA/Informe_Somos_Noticia_2015.pdf

Carlos Trapani

Programa de Buen Trato

Cecodap

Telf.: +58 212 9526269, 9527279

Fax: +58 212 9515841

E-mail: ctrapani@cecodap.org.ve

Web: www.cecodap.org.ve

Facebook: Cecodap Organización

@cecodap. Instagram: Cecodap

Avenida Orinoco, Quinta. El Papagayo,

Bello Monte Norte. Caracas-Venezuela

COFAVIC : Medidas de seguridad basadas en violaciones a los derechos humanos, miedo y deshumanización profundizan la exclusión social y atentan contra la democracia en Venezuela

29 de noviembre de 2016. COFAVIC expresa su profunda preocupación por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 9 personas en la población de Cariaco y la presunta detención arbitraria, desaparición forzada y posterior localización con signos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y ejecución extrajudicial de 12 personas en el Municipio Acevedo del estado Miranda y en las que se ha identificado la presunta participación de efectivos militares pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Antecedentes:

De acuerdo con información pública disponible, el viernes 11 de noviembre en la noche, nueve hombres presuntamente murieron baleados, con tiros en la cabeza, en el sector El Porvenir de Cariaco, capital del Municipio Ribero, estado Sucre.

En el estado Miranda también se registró un nuevo hecho con elementos similares. De acuerdo con versiones de testigos y familiares de las víctimas, el pasado 15 de octubre presuntos funcionarios del Ejército practicaron una serie de detenciones en el Municipio Acevedo, en el marco de uno de los operativos de seguridad en la zona, llevado a cabo en el sector entre el 7 y el 15 de octubre de 2016[1].

Los familiares de las personas detenidas en el Municipio Acevedo denunciaron las desapariciones ante el Ministerio Público y ante la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, el 25 de noviembre, se conoce del hallazgo de fosas comunes en dos áreas de Barlovento, el sector La Maturetera del Municipio Brion y en el sector Aragüita, en el Municipio Acevedo.

Según la información pública disponible, las  localizaciones se dieron a través de la actuación de los funcionarios de la División Nacional de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar[2]. Frente a estos hechos, el Ministerio Público, en fecha 26 de noviembre de 2016, mediante nota de prensa, informó que imputará a 11 funcionarios del Ejército por la muerte de 12 personas que fueron halladas en el sector El Café y Araguita del Municipio Acevedo del estado Miranda[3]. Por su parte, con relación a los hechos ocurridos en el sector El Porvenir de Cariaco, Municipio Ribero del estado Sucre, el Ministerio Público informó que 5 funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS) fueron privados de libertad por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado con alevosía, agavillamiento, uso indebido de arma orgánica y robo agravado[4].

 

Responsabilidad del Estado venezolano:

Con respecto a estos lamentables hechos, el Estado venezolano debe cumplir de manera ineludible e intransferible en forma integral con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y recobrar los cuerpos de las presuntas víctimas, identificando individualmente a cada uno mediante mecanismos confiables e independientes.

Dada la magnitud de los hechos y el temor en los familiares de las víctimas y en la población civil de las localidades de Cariaco, en el estado Sucre y Barlovento del estado Miranda, y por el contexto en que se desarrollaron, es posible determinar que en ambos casos existió un pleno conocimiento del Estado sobre los hechos, debido a que son zonas de alta militarización y control policial, en las cuales  se han venido realizando operativos de los cuerpos de seguridad del Estado, algunos enmarcados dentro de la denominada “Operación de Liberación del Pueblo”.

El Estado venezolano es responsable por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas víctimas, los sobrevivientes y sus familiares, así como por la falta de investigación y por todos los daños ulteriores que se deriven de estos lamentables acontecimientos, si los mismos no se investigan de manera imparcial, efectiva y conclusiva. “Es un principio del derecho internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia[5]

El Estado tiene la obligación intransferible de atender la seguridad ciudadana sin sacrificar los derechos humanos.

La Corte Interamericana ha manifestado en el desarrollo de estándares internacionales de obligatorio cumplimiento que: “los Principios básicos sobre empleo de la fuerza establecen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En todo caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea absolutamente inevitable para proteger una vida”[6].

Tomando en cuenta lo anterior, se ha establecido que la observancia de las medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. En casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva[7]. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales[8].

En reiteradas oportunidades, COFAVIC ha alertado y denunciado la política equivocada del Estado venezolano, en la cual se han cedido espacios vitales que solo deben estar bajo su control a grupos armados civiles y bandas delictivas. La creación de las denominadas “Zonas de Paz” y la aceptación que líderes negativos autodenominados “pranes” gobiernen cárceles o territorios bajo el argumento que, negociar con el crimen tendrá como resultado que acabe, ha terminado fortaleciendo a quienes cometen actos delictivos[9].

Por otro lado, el pasado 1 de noviembre durante el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos quedó evidenciada la preocupación de la comunidad internacional sobre el incremento de prácticas como las ejecuciones extrajudiciales en el país, este tema junto a la tortura, la independencia del poder judicial, debido proceso, impunidad, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violencia, violencia de género y reanudación de las visitas de los relatores de los defensores de DDHH en el país, fueron algunas de las 274 recomendaciones que formularon los Estados a Venezuela.

La desaparición forzada de personas dentro del Derecho Internacional es un crimen de lesa humanidad, imprescriptible. Constituye una violación múltiple y continuada de varios derechos reconocidos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad, sino viola la integridad y la seguridad personal y pone en peligro la propia vida del detenido, colocándolo en un estado de completa indefensión y acarreando otros delitos conexos.

La jurisprudencia de la CIDH ha considerado que la responsabilidad internacional del Estado se ve agravada, en el caso de la desaparición forzada de personas, cuando esta forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado[10].

PETITORIO

Por todo lo anterior, COFAVIC insta al Estado venezolano a:

Con respecto a los hechos destacados:

  1. Investigar de manera independiente, eficaz y conclusiva los referidos hechos (Arts 23, 29 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV).
  2. Realizar las investigaciones exclusivamente en la jurisdicción civil (Art. 29 de la CRBV). Deben separarse de todo el proceso de investigación a los organismos de seguridad del Estado cuyos funcionarios presuntamente puedan haber participado de manera directa o indirecta en los hechos.
  3. Utilizar estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (art 23 de la CRBV)con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantesde las Naciones Unidas[11].
  4. Asegurar la participación, incorporación y protección de las víctimas durante el proceso de investigación y el trámite judicial. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación[12]. El Estado debe sin dilación y con todas las garantías incorporar a los sobrevivientes como víctimas y documentar debidamente las lesiones sufridas por estos.

Con respecto a las medidas de seguridad ciudadana y control de orden público:

  1. Que el Poder Ejecutivo revoque las resoluciones que ha dictado para la creación de las denominadas “Zonas de Paz” y haga público la estructura y características, así como informes sobre el denominado plan de seguridad “Operación de Liberación al Pueblo”.
  2. Garantizar que los órganos policiales y los organismos de seguridad ciudadana, tengan un carácter estrictamente civil y profesional en todos sus niveles jerárquicos con clara diferenciación tanto institucional como conceptual, de la labor de prevención delictiva y de la investigación criminal.

3.- Que el Poder Ejecutivo enmarque todas sus actuaciones en materia de seguridad ciudadana en los principios del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley así como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley, ambos aprobados por la Organización de Naciones Unidas.

  1. Ratifique Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

COMUNICADO/ SINERGIA: Rechaza los recientes señalamientos realizados por el Diputado Diosdado Cabello en contra de organizaciones civiles venezolanas y sus representantes

COMUNICADO DE LA RED DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL VENEZOLANA
SINERGIA

SINERGIA rechaza los recientes señalamientos realizados por el Diputado Diosdado Cabello en contra de organizaciones civiles venezolanas y sus representantes

Venezuela vive momentos difíciles. Enfrenta una crisis económica que golpea al pueblo con una marcada escasez, desabastecimiento y alto costo de los bienes y servicios básicos. Vive una aguda situación social, marcada por una excesiva violencia. Presenta una grave carencia de mecanismos de conciliación y de opciones de procura para la convivencia y el respeto al otro. Vive una complicada situación política, cargada de confrontación, negación del diálogo y de la justicia en igualdad de condiciones para todos.

En el marco de una creciente preocupación ciudadana por estas realidades del contexto, el ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, utilizando el canal del Estado, en el curso de la transmisión de su programa semanal “Con el mazo dando”, realizó señalamientos directos en contra de varias organizaciones civiles y sus dirigentes.

Una de las organizaciones mencionadas fue Transparencia Venezuela y su Directora, Mercedes de Freitas. Transparencia es una organización asociada a Sinergia, con una trayectoria intachable, dedicada a la lucha institucional y formación ciudadana en contra de la corrupción y por la transparencia en la Gestión Pública.

Ante las reiteradas declaraciones de voceros gubernamentales, como la señalada anteriormente, sin la oportunidad del derecho a la réplica y defensa ante acusaciones que no se corresponden con los hechos, ni los propósitos planteados por organizaciones dedicadas a la construcción del bien común y la participación sin exclusiones, exponemos un total rechazo a:

1- Señalamientos que exponen de manera negativa ante la opinión pública el trabajo de las organizaciones civiles y de sus representantes.

2-La criminalización de la actuación de las organizaciones de acuerdo con intereses de corte partidista.

3- La utilización de medios de comunicación del Estado como plataforma para afectar la reputación y la percepción sobre el trabajo que realizan las organizaciones cívicas en el país.

Observamos con preocupación que estas situaciones son recurrentes y la tendencia es a constituirse en un patrón de hostigamiento, caracterizado por la descalificación moral y pública contra organizaciones autónomas de la sociedad civil.

El país es testigo del esfuerzo de millones de venezolanos por vivir en un país mejor, por contribuir en la construcción de mejores oportunidades para su gente y de exigir sus derechos. Miles de ciudadanos, ejerciendo su derecho a la participación y a la libre asociación, garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en Pactos Internacionales firmados por la República, se organizan para hacer de la democracia una palabra viva. Esta palabra no puede ser acallada.

Desde esta posición y con el firme compromiso de luchar por una sociedad de todos y todas, las organizaciones asociadas a SINERGIA, hacemos un claro y firme llamado a:

El respeto a la dignidad de las personas, de los Derechos Humanos para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas y la labor que legítimimamente realizan las organizaciones cívicas en el país.
Cese de discursos y acciones que impiden un real clima de respeto y diálogo socio-político en paz.
La atención a los reclamos ciudadanos, con la apertura a los espacios institucionales para su debida canalización. Activación de todos los mecanismos legales y constitucionales para dirimir las diferencias y procesar aquellos reclamos que plantea una buena parte del país. Transparencia en la actuación de las instituciones garantizan la paz ciudadana.
Toda la dirigencia del país al servicio del pueblo, sin exclusiones. Respeto de los funcionarios electos a instancias de representación y poderes públicos para con los ciudadanos y ciudadanas.
A la participación ciudadana, democrática y protagónica del pueblo, en libertad. Sin miedo y sin que medie la utilización de ellos o sus iniciativas por parte de grupos, instituciones y personas con la intención de desviar sus legítimos propósitos.
A los medios de comunicación, públicos y privados, para que atiendan las demandas ciudadanas, sin alimentar la polarización y el uso de sus espacios en beneficio de intereses partidistas.

En Caracas, en víspera de la Navidad, a los veintidós días del mes de diciembre del 2014.

SINERGIA:

Red de organizaciones de la sociedad civil venezolana, integrada por asociaciones civiles con iniciativas sociales y comunitarias, espacio de articulación para el fortalecimiento del trabajo solidario de compromiso con el pueblo y de defensa y promoción de los derechos a la libre asociación y participación

ONG piden a Mercosur que se aplique al Estado venezolano el artículo 1 del Protocolo de USHUAIA II

Nov 7, 2016 | PROVEA
Doctor Florisvaldo Fier (Dr. Rosinha)
Alto Representante General del MERCOSUR
De nuestra consideración
Reciba en primer lugar nuestro cordial saludo a usted y todo su equipo de trabajo. Las organizaciones venezolanas que suscribimos la presente comunicación nos dirigimos, respetuosamente, para expresar nuestro interés en que, a través de los procedimientos definidos por el Mercosur, se aplique al Estado de Venezuela el artículo 1 del Protocolo de Montevideo Sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (USHUAIA II), suscrito por Venezuela el 20 de diciembre de 2011. La presente solicitud es motivada por las razones que a continuación exponemos:

1.- El pasado 20 de octubre de 2016 el gobierno de Venezuela agravó la situación de interrupción de hilo constitucional, iniciada con el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica del 13 de mayo de 2016[1], obstaculizando de manera ilegal la realización de consultas electorales en Venezuela.

Recurriendo a un fraude a la Constitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió ese día, 20 de octubre, el procedimiento encaminado a la manifestación de voluntades para decidir la realización de un referendo revocatorio sobre el presidente Nicolás Maduro, derecho presente en nuestra Constitución y que permite evaluar la gestión de los funcionarios electos por voto popular. Cinco tribunales penales, actuando por orientación del Ejecutivo Nacional, decidieron simultáneamente, y sin tener competencia para ello, suspender el proceso de manifestaciones de voluntad pautado para los días 26, 27 y 28 de octubre, en una clara demostración de la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial. Estas decisiones fueron avaladas por el Consejo Nacional Electoral, órgano que desconoció sus propias competencias y decisiones respecto a la realización del referendo revocatorio presidencial[2].

2.- Esa arbitraria y peligrosa decisión fue el punto de quiebre de un proceso de progresiva restricción de las libertades democráticas, en un contexto de profunda crisis económica y social en el marco de un inconstitucional estado de excepción. Se le arrebató al pueblo su derecho a participar, de manera protagónica, en decidir el destino del país. Se cerró un mecanismo constitucional, democrático y pacífico a la solución de la grave crisis que padece Venezuela, cumpliendo las amenazas de diferentes altos voceros del Ejecutivo, incluyendo al propio presidente de la República, de no permitir la realización del referendo revocatorio.

La actuación irregular de jueces penales, que violando la Constitución sentencian sobre un asunto electoral sin tener legalmente competencia para adoptar tal decisión, es reflejo del cada vez mayor control que ejerce el Ejecutivo Nacional sobre el Poder Judicial.

Al cerrar la posibilidad que el pueblo venezolano pueda lograr una salida pacífica, democrática y constitucional a la crisis, el gobierno del presidente Maduro ha agravado el conflicto y generado condiciones para posibles escenarios de violencia.

3.- Venezuela atraviesa actualmente un serio deterioro de sus instituciones democráticas, teniendo como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se ha quebrantado el orden democrático y el Estado de derecho. Organismos internacionales de Protección de los Derechos Humanos vienen advirtiendo el deterioro de la democracia en el país y, particularmente, han indicado lo perjudicial para la democracia el no contar con poderes públicos independientes, así como la existencia de un Poder Judicial que actúa sin autonomía.

4.- En el año 2009, en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó:

“1154. La Comisión considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. A juicio de la Comisión, es esa falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos.

La Comisión nota que en Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la Comisión advierte que la intolerancia política no solamente dificulta la vigencia de las instituciones democráticas sino que conduce peligrosamente a su debilitamiento. La Comisión estima necesario reiterar al Estado de Venezuela que la consolidación de las democracias requiere que se intensifique la participación de todos los sectores sociales en la vida política, social, económica y cultural de cada nación”

5.- Además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), distintos órganos de Naciones Unidas han expresado su preocupación por el déficit democrático existente en Venezuela y, particularmente, han expresado que uno de los aspectos más graves es la falta de independencia de los Poderes Públicos, particularmente del Poder Judicial.

Así, el Comité de Derechos Humanos expresó en el año 2015: “El Comité continúa preocupado por la situación del poder judicial en el Estado parte, particularmente en lo que atañe a su autonomía, independencia e imparcialidad” [3]
6.- Desde que se inició el gobierno del presidente Nicolás Maduro se profundizaron los problemas estructurales que afectan la democracia en Venezuela. El reforzamiento del control de los poderes públicos, el aumento de la militarización de la estructura del Estado y la gestión de gobierno, la persecución a la disidencia así como las sistemáticas detenciones arbitrarias, la discriminación por razones políticas, el incremento considerable de denuncias de ejecuciones extrajudiciales realizadas por organismos policiales, el aumento de la tortura y malos tratos, así como la restricción de libertades democráticas tales como la libertad de expresión, el derecho a la manifestación pacífica y el derecho a la huelga, así como el crecimiento de la pobreza, son expresiones principales del debilitamiento de la Democracia.

Como bien lo establece el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Mercosur, del 19 de junio de 2005, la vigencia del orden democrático constituye una garantía indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Así mismo expresa que toda ruptura o amenaza del normal desarrollo del proceso democrático en una de las Partes pone en riesgo el goce efectivo de los derechos humanos.

Por esta razón afirmamos que las constantes violaciones a los derechos humanos y la ruptura del orden democrático en Venezuela colocan al gobierno de espaldas a los compromisos del Mercosur en materia de derechos humanos.

7.- El presidente Nicolás Maduro viene gobernando al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los valores, principios y normas establecidas por el Mercosur sobre compromiso con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Una evaluación objetiva de la actual situación del país debe llevar al Consejo del Mercado Común a establecer que Venezuela no cumple con el Protocolo de Ushuaia I y II y, por lo tanto, le es aplicable el artículo 1 del protocolo de Ushuaia. Mercosur debe actuar pronto para contribuir con los esfuerzos que realiza la población venezolana para restituir la democracia y el Estado de derecho.

8.- El pasado domingo 30 de octubre el gobierno y los partidos de la oposición iniciaron un proceso de diálogo. En el marco de este proceso el gobierno mantiene sus amenazas de continuar persiguiendo a la disidencia y reprime las manifestaciones pacíficas que reclaman la restitución del hilo democrático. No obstante, a tan solo tres días de haberse iniciado el proceso de diálogo, en una alocución transmitida en cadena nacional efectuada el jueves 3 de noviembre de 2016, el Presidente Maduro expresó en clara referencia al sector de la oposición (citamos textual) “más nunca volverá esa gente por aquí, ni por las buenas ni por las malas… …ni con votos ni con balas entrarán más nunca a Miraflores” (ver video https://www.youtube.com/watch?v=E_wOgWaMOhc ).

Las organizaciones apostamos a que de ese diálogo el gobierno adopte medidas concretas para garantizar el derecho de los y las venezolanas de evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro, la libertad de los presos políticos, el cese a la discriminación por razones políticas y cese a la persecución a la disidencia entre otros aspectos relacionados con el funcionamiento democrático que aspiramos se garantice en el país. No obstante creemos que la creación de instancias de diálogo no transforma automáticamente en democráticos a gobiernos que no lo son, por lo que esta iniciativa debe ser acompañada de otros mecanismos diplomáticos para apoyar la restitución de la democracia en Venezuela.

9.- Sabemos que los presidentes del Mercosur han indicado que esperan resultados de dicho diálogo. Por tal motivo solicitamos formalmente al Consejo del Mercado Común del Sur que de no haber un restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en un plazo perentorio, esto es, de no garantizarse a los venezolanos el derecho de rango constitucional de evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro mediante la realización de un referéndum revocatorio, así como la independencia de los poderes públicos y el respeto de los derechos humanos, solicitamos formalmente al Consejo del Mercado Común aplique el artículo 1 del Protocolo de Ushuaia II lo más pronto posible, para aplicar las sanciones establecidas en su artículo 6.

Solicitamos de Usted Dr. Florisvaldo Fier, de conformidad con sus competencias, tramite la presente comunicación ante el Consejo del Mercado Común del Sur.

En la ciudad de Caracas a los siete días del mes de noviembre de 2016.
Organizaciones venezolanas que adhieren el presente documento:
Acceso a la Justicia
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
Acción Solidaria
Asociación Civil Una Montaña de Gente (UMDG)
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Venezolana para la Hemofilia
Aula Abierta Venezuela
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Civilis Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Coalición Clima21
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del estado Apure
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Convite Asociación Civil
Defensores Activos del Foro Penal Venezolano (FPV)
Escuela de Vecinos de Venezuela
Espacio Humanitario
Excubitus Derechos Humanos
Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes
Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS)
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Observatorio Ambiental Venezolano (OAV)
Observatorio de derechos humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Oficina de DDHH del Vicariato de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Redes Ayuda
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Stop VIH
Transparencia Venezuela
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa
Un Mundo Sin Mordaza

CC. Parlamento Mecosur.

Organizaciones venezolanas solicitan a Almagro activación de la Carta Democrática

(Caracas, 25/10/2016) Este martes 25 de octubre, 54 organizaciones de derechos humanos venezolanas presentaron en rueda de prensa una carta enviada al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la activación de la Carta Democrática en el país ante la ruptura del orden constitucional.

Doctor Luis Almagro
Secretario General de la Organización de Estados Americanos
Su despacho.-

Reciba ante todo nuestros más cordiales saludos desde Caracas. Tras la subordinación ilegal e inconstitucional del Poder Judicial y Electoral al Poder Ejecutivo para suspender indefinidamente el derecho constitucional al Referendo Revocatorio, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cerrado los canales democráticos, participativos y pacíficos para la resolución de los conflictos entre los venezolanos, generando condiciones para el surgimiento de confrontaciones violentas en el país con consecuencias imprevisibles.

Ante esta situación, las organizaciones sociales y de derechos humanos, que suscribimos la presente comunicación, denunciamos a usted la violación de los siguientes principios presentes en la Carta Democrática Interamericana (CDI):

– Artículo 1: Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

– Artículo 3: El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

– Artículo 4: La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad.

– Artículo 6: La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.

– Artículo 9: La eliminación de toda forma de discriminación.

– Artículo 12: La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia.

– Artículo 13: La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia.

– Artículo 23: Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.

Ante el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, y debido a la imposibilidad que miembros de la OEA visiten al país, como se expresa en el artículo 18 de la CDI, solicitamos al señor Secretario General estimular la activación de los mecanismos presentes en el artículo 19, debido a la ruptura del hilo democrático y alteración del orden constitucional en Venezuela y, mientras esta realidad persista, suspender al Estado venezolano de la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

Asimismo, como se encuentra expresado en el artículo 20 de la CDI, solicitamos respetuosamente que usted promueva la convocatoria inmediata al Consejo Permanente de la OEA para evaluar la situación, realizando las gestiones diplomáticas necesarias para la normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela.

Suscriben la presente comunicación

1) Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
2) Acción Solidaria

3) Acceso a la Justicia
4) Asamblea de Educación
5) Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
6) Asociación Civil María Estrella de la Mañana
7) Aula Abierta Venezuela
8) Centro de Acción y Defensa por los DDHH
9) Centro de Animación Juvenil de Valera
10) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
11) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
12) Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
13) Civilis Derechos Humanos
14) Coalición Clima 21
15) Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida)
16) Comisión de DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas de la Universidad del Zulia
17) Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
18) Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
19) Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
20) Convite AC
21) Escuela de Vecinos de Venezuela
22) Espacio Público
23) Excubitus Derechos Humanos
24) Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, el Joven y la Familia (FIPAN)
25) Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
26) Foro Penal Venezolano
27) Fundación CIIDER
28) Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)
29) Fundación Incide
30) Género, Democracia y Derechos Humanos (EGP-GENDHU)
31) Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (GTAI-ULA)
32) IPYS Venezuela
33) Laboratorio de Paz
34) Movimiento Vinotinto
35) Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
36) Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
37) Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres
38) Padres Organizados de Venezuela
39) Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
40) Sociedad Hominis Iura (SOHI)
41) Sinergia
42) Sin Mordaza
43) Stop VIH
44) Transparencia Venezuela
45) Una Ventana a la Libertad
46) Uniandes
47) Unión Afirmativa de Venezuela
48) Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
49) Venezuela Diversa