44 ONG: CNE es corresponsable de violaciones DDHH ocurridas desde 01 de abril

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos el presente documento, queremos enfatizar la responsabilidad de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) -particularmente de sus rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tani D´Amelio- sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir del 01 de abril de 2017, fecha en la que se inició un ciclo de movilizaciones populares en rechazo, entre otras razones, a decisiones inconstitucionales aprobadas por este organismo.

Durante el mes de octubre de 2016 el árbitro electoral tomó la decisión de suspender, de manera irregular, el derecho constitucional a evaluar la gestión del primer mandatario a la mitad de su mandato mediante un Referendo Revocatorio. Además, sin ningún argumento legítimo, derogó indefinidamente las elecciones regionales que según la Carta Magna debieron realizarse obligatoriamente el pasado mes de diciembre.

Estas decisiones alejaron al gobierno de Nicolás Maduro de la democracia y evidenciaron que el CNE no realizaría, en lo sucesivo, elecciones democráticas.

La presidenta del CNE Tibisay Lucena anunció el 18 de octubre de 2016 que para el primer semestre de 2017 se realizarían las elecciones de gobernadores no solo violando el mandato constitucional que establece que debieron realizarse el pasado mes de diciembre, sino que tampoco fueron convocadas para el primer semestre 2017.

Por ello a partir del 1 de abril se inició un ciclo de protestas populares enarbolando, entre otras demandas, la difusión de un calendario electoral por parte del CNE. La actuación irregular del ente indicaba que no tenía voluntad para  garantizar la realización de las elecciones regionales pendientes, ni tampoco las elecciones municipales.

Durante semanas las autoridades del CNE no opinaron públicamente sobre esta legítima solicitud de los manifestantes. Sin embargo el 23 de mayo de 2017, en apenas horas, aprobaron la propuesta fraudulenta realizada por Nicolás Maduro sobre las bases comiciales para la elección de constituyentistas. Ese día el CNE divulgó que las elecciones para miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se realizarían el mes de julio, prelando sobre las de gobernadores que quedarían pautadas para diciembre próximo. El CNE demostró una vez más su sumisión a los mandatos del Ejecutivo Nacional, obviando el mandato constitucional que establece que debe actuar como Poder autónomo.

El anuncio de elecciones para diciembre 2017, no obstante, es una falsa promesa. La ANC  posee dentro de sus competencias la reforma del Estado y la abolición de los llamados “poderes constituidos”, por lo que las propias gobernaciones pudieran ser sustituidas por otra figura de gestión regional. Además, las discusiones de la ANC pueden extenderse hasta el año que viene -En 1999 se realizaron durante 6 meses-, lo cual invalidaría la actuación durante este plazo del resto de las instituciones del poder público, incluyendo la elección de nuevos mandatarios regionales.

Por tanto, elegir una ANC en el mes de julio suspendería de facto la realización de regionales en diciembre o cualquier fecha posterior. La imposición de una fraudulenta ANC sin consulta del pueblo como poder originario, alejada de los preceptos constitucionales y violando el principio de progresividad alcanzado con la Constituyente de 1999, cierra los mecanismos institucionales de resolución democrática del conflicto, abriendo el camino a una intensificación de la protesta por parte de una población en rebelión,  que apuesta y sigue apostando a la no violencia a pesar de la represión y la asfixia institucional.  El CNE con su actitud alejada de la ley y la Constitución se convierte en un factor que provoca la intensificación del conflicto actual y es co-responsable de las consecuencias que tal incremento significa, entre ellas las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo

La historia de América Latina demuestra que cuando se clausuran los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos se estimula la aparición de estrategias violentas, lo cual parece ser la intención del gobierno de Nicolás Maduro, con el respaldo tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Consejo Nacional Electoral.

Invitamos a los trabajadores del CNE a inhibirse de participar en la derogación arbitraria de la Constitución de 1999, y expresar de manera pública sus críticas al procedimiento impuesto, tal como lo ha hecho el rector Luis Emilio Rondón. La actuación de los trabajadores del CNE en la fraudulenta ANC  los hará cómplices de violaciones de derechos humanos y del fortalecimiento del autoritarismo. El artículo 25 de nuestra Carta Magna establece:

Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

Las ONG nos encargaremos, en un futuro, de recordar la responsabilidad de todos y cada uno de los funcionarios públicos que violaron derechos humanos para que sus actuaciones sean investigadas y sancionadas. Cada trabajador del CNE tiene la oportunidad de cooperar en el restablecimiento de la vigencia plena de la Constitución o, por el contrario, ser cómplice de la violación de derechos humanos con las consecuencias jurídicas que ello le traerá en un futuro. Quedará en la conciencia de cada quien su actuación en este momento histórico que vive el país.

Suscriben:

Acceso a la Justicia

Acción Solidaria

Asamblea de Educación

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)

Asociación Venezolana para la Hemofilia

Aula Abierta Venezuela

Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado

Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP)

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana

Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

Civilis Derechos Humanos

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira

Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure

Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Mérida

Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado Monagas de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

Convite AC

Escuela de Vecinos de Venezuela

Espacio Humanitario

Excubitus Derechos Humanos en Educación

Foro Penal Venezolano

Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA (GTAI)

Humano Derecho Radio

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP

Laboratorio de Paz

Movimiento Vinotinto

Nueva Esparta en Movimiento AC

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

Padres Organizados de Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (PROMEDEHUM)

Proyecta Ciudadanía A.C

Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

Redes Ayuda

Revista SIC, Centro Gumilla

Sinergia

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

Transparencia Venezuela

Un Mundo Sin Mordaza

Una Montaña de Gente

Una Ventana a la Libertad

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C

Venezuela Diversa AC

 

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Rechazo a la aplicación, en consecuencia del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, del Plan Zamora, como mecanismo restrictivo de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos

Quienes suscribimos este documento, organizaciones de la Sociedad Civil que trabajamos en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH), manifestamos:

Que el día 18 de abril el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, en alocución presidencial bajo la vigencia del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, ordenó la aplicación a nivel nacional del autodenominado PLAN ZAMORA, en su decir en FASE VERDE, bajo el cual ordena a los jefes de las REDI (Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral) y las ZODI (Zonas Operativas de Defensa Integral) la activación de este Plan Estratégico Especial Cívico-Militar que “activa la Seguridad y Defensa de la Nación en caso de amenazas al orden interno, que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional, siendo que deberá activarse bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano, en defensa del orden integral, de la paz y para derrotar el golpe de Estado”, asumiendo que los organismos de seguridad y orden público nacionales quedan bajo el mando de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI).

Que específicamente el día 15 de mayo de 2017, un grupo de ciudadanos del estado Nueva Esparta, enmarcados en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decidieron participar de manera pacífica, en el denominado “Gran Plantón”, el cual, entre otros sitios de desarrollo, se realizó en las inmediaciones de la avenida Juan Bautista Arismendi de esa entidad insular.

Que por su accionar fueron reprimidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en circunstancias que llevaron a la detención de TREINTA y TRES (33) ciudadanos en todo el territorio del estado.

Que estos ciudadanos fueron recluidos el mismo día 15 de mayo, en el Comando de Zona N° 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, a cargo del General Aquilino Mata.

Que durante sus detenciones, por demás ilegales e inconstitucionales, practicadas a través de mecanismos popularmente conocidos como redadas, sin individualizar presuntos autores de hechos punibles, y ejecutadas en su mayoría por intermedio de allanamientos ilegales sin previa orden judicial, en residencias aledañas a los sitios del suceso, violentando entre otros, el principio constitucional de inviolabilidad del hogar; comprometiendo en su accionar la Guardia Nacional Bolivariana, el derecho de toda persona al respeto de su dignidad, su integridad física, psíquica y moral; y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, al infligir serios daños físicos y morales en el grupo de detenidos, tal y como fuese plenamente comprobado por los reconocimientos médicos legales practicados por forenses de la región, a solicitud de la Fiscalía de Derechos Fundamentales.

Que diecinueve (19) de los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, siendo procesados en la jurisdicción penal ordinaria; y el restante grupo de catorce (14) detenidos, se desconocía porque no fueron presentados, motivando tal incertidumbre que el Ministerio Público a través del Fiscal Tercero de esa jurisdicción, solicitase ante el Circuito Judicial Penal se le colocaran a su disposición el resto de los detenidos, ocasionando con ello agresiones e intimidaciones verbales por parte de funcionarios de ese Circuito al referido representante de la vindicta pública, que lo “invitaron” airadamente a “retirar” su solicitud.

Que durante su detención en la mencionada dependencia militar, fueron objeto de incomunicación absoluta; inclusive el propio día de su detención, la Guardia Nacional Bolivariana impidió a la Fiscalía de Derechos Fundamentales de la región el acceso a los detenidos; asimismo impidió el acceso a familiares y/o abogados de confianza, no fueron informados de los cargos por los que se les pretendía juzgar; siendo estas condiciones como la prohibición de incomunicación o tortura y el derecho al debido proceso, garantías de carácter intangible y de imposible suspensión, por mandato del artículo 337 de nuestra Constitución Nacional.

Que ante tal situación de violación flagrante en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos detenidos, organizaciones de derechos humanos y familiares, intentaron el día 17 de mayo, unaacción de amparo a la libertad personal, conociendo de ella el Tribunal Primero en funciones de Control del Estado Nueva Esparta.

Que a pesar del mandato constitucional contenido en el artículo 27 de la Constitución, de poner bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, y sin dilación alguna a los detenidos, este Tribunal en fecha 19 de mayo, decidió declinar su competencia como juez constitucional, en un Tribunal Militar, violando con ello la propia carta magna, así como reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional que señala como único competente para expedir ese mandamiento de habeas corpus, al tribunal de control, y por lo tanto, haciendo nugatorio que otro juzgado pueda decidir un amparo sobre libertad y seguridad personales.

Que violando el principio de juez natural, estos catorce (14) ciudadanos fueron sometidos a Justicia Militar en el estado Anzoátegui, el día 19 de mayo de 2017, permitiendo a sus abogados tener contacto con ellos por primera vez, apenas 20 minutos antes de la prevista audiencia; ordenándose a siete (7) de ellos su procesamiento y reclusión en el anexo militar de la Cárcel de La Pica, estado Monagas, y al resto de ellos, a seis (6), el procesamiento con medidas cautelares; y el restante, no ha podido ser presentado por encontrarse convaleciente en una clínica, víctima de los malos tratos infligidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

Que la Justicia Militar, tiene un connotado carácter inquisitivo y no autónomo, esquivo a los principios en materia de derechos humanos; donde inclusive los fiscales y jueces militares, de esa jurisdicción, son elegidos por el Presidente de la República, violentando el debido proceso de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción, que justamente se encuentran manifestando en contra del gobierno nacional, configurándose una inaceptable criminalización y judicialización de la protesta social.       

Que la responsabilidad civil, penal y administrativa de tales acciones desplegadas en el estado Nueva Esparta, corresponden, en base los lineamientos dictados por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros (en el marco de lo que este autodenominó PLAN ZAMORA), en un primer término al Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular (REDIMAIN) Almirante Edglis Herrera Balsa, al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nueva Esparta (ZODI Nueva Esparta) Vicealmirante Alfredo Pulido Pinto, y al Comando de Zona N° 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, a cargo del General de Brigada Aquilino Mata.

Que la Defensoría del Pueblo como elemento medular de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, tiene responsabilidades ineludibles en la investigación de este tipo de casos.

En consecuencia:

EXIGIMOS del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, la suspensión inmediata a nivel nacional del denominado PLAN ZAMORA, por ser este plan un mecanismo represivo, que conlleva en su aplicación, la restricción de los derechos y garantías constitucionales consagrados a favor de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela;

 EXIGIMOS del Defensor del Pueblo la activación inmediata a nivel nacional de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la plena activación de sus funciones y facultades; comisión esta que le toca presidir, de acuerdo a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 EXIGIMOS de la Fiscal General de la República, proceda sin dilación alguna procesar y solicitar enjuiciamiento, a todos aquellos civiles, autoridades o no, funcionarios militares o policiales; que no solamente resulten señalados de presuntamente cometer violaciones al derecho a la vida y/o integridad personal, sino todos aquellos que por omisión y/o acción, hayan permitido el relajamiento de los principios y derechos fundamentales contemplados en nuestra carta magna; así como todos aquellos que por su acción pretendan entorpecer las atribuciones y competencias del Ministerio Público.

 EXIGIMOS sin dilación alguna de los Tribunales Militares a nivel nacional, ordenen la liberación inmediata de todos los civiles dispuestos a su jurisdicción; así como la urgente declinatoria de estas causas, en los correspondientes Tribunales de Control de la Jurisdicción Penal ordinaria.

 EXIGIMOS sin dilación alguna de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, revisar, de oficio, la constitucionalidad del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, y subsecuentemente la aplicación delPlan Zamora, como mecanismo restrictivo de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos.

 ADVERTIMOS que de continuar ejecutándose el Plan Zamora, estaríamos frente a una profunda desnaturalización del principio de división de poderes, así como las competencias y atribuciones constitucionales de los órganos del poder público nacional, haciendo que los actos de algunos de ellos, se ejecuten sin control alguno, estando frente a una inequívoca ruptura del orden constitucional.

En la ciudad de Porlamar, a los 23 días del mes de mayo del año 2017.-

Suscriben este comunicado…

Organizaciones venezolanas:

  1. Acceso a la Justicia A.C.
  2. Acción Campesina
  3. Asociación Ecológica para la Prevención Ambiental (AEPA) Estado Falcón
  4. Aula Abierta Venezuela
  5. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
  6. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Monseñor Oscar Romero de la Universidad de Los Andes
  7. Cedice Libertad
  8. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
  9. Centro de Animación Juvenil
  10. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
  11. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
  12. Centro de Formación para la Democracia (CFD)
  13. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  14. Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.
  15. Civilis Derechos Humanos
  16. Coalición de ONG y Defensores de Derechos Humanos
  17. Coalición Clima 21
  18. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Anzoátegui
  19. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Apure
  20. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Bolívar
  21. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Mérida
  22. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Monagas
  23. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
  24. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
  25. Convite A.C.
  26. Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional (CIIDER)
  27. Escuela de Vecinos de Venezuela
  28. Espacio Público
  29. EXCUBIRUS Derechos Humanos en Educación
  30. Federación Nacional de Sociedad de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
  31. Foro Penal Venezolano Capítulo Nueva Esparta
  32. Fundación Abrae
  33. Fundación Aguaclara
  34. Fundación Camino Democrático
  35. Fundación CELTA
  36. Fundación Ensayos Para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)
  37. Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID)
  38. Fundación Nueva Mujer Margarita
  39. Fundación Reflejos de Venezuela
  40. Fundación Venezolana para la Ingeniería Ecológica (FUNVIE)
  41. FUNDEANAMB Falcón
  42. Gente del Petróleo Anzoátegui
  43. Laboratorio de Paz
  44. Llamado a la Conciencia Vial A.C.
  45. María Estrella de la Mañana A.C.
  46. Movimiento Vinotinto
  47. Nueva Esparta en Movimiento A.C.
  48. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  49. Observatorio Venezolano de la Salud
  50. Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
  51. Organización StopVIH
  52. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
  53. Opción Venezuela A.C.
  54. Padres Organizados de Venezuela
  55. Participación Comunitaria Falcón
  56. Paz Activa A.C.
  57. Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
  58. Proyecta Ciudadanía A.C.
  59. Red Andina de DDHH (RADAR)
  60. Red Manglar Internacional Capítulo Venezuela
  61. Red Internacional de ONG que luchan contra la Desertificación (RIOD Venezuela)
  62. Revista SIC del Centro Gumilla
  63. Sinergia
  64. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  65. Transparencia Venezuela
  66. Un Mundo Sin Mordaza
  67. Una Ventana a La Libertad
  68. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.
  69. Veedores por la Educación del estado Aragua

 

Organizaciones internacionales:

  1. Justice International

Imagen cortesía google

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RAMALC | Solidaridad antimilitarista y no violenta con Venezuela

Hay antimilitaristas, objetoras de conciencia, no violentas y pacifistas en Venezuela. También hay organizaciones integrantes de nuestra Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, Ramalc. Para todas ellas nuestro abrazo, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. Las queremos vivas, sanas y libres.

En estos días, la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela está siendo objeto de persecución y represión por cuenta de sus actividades. Por eso, extendemos a ellos y a ellas nuestra solidaridad y apoyo; estamos y seguiremos atentos para denunciar dichas persecuciones.

Venezuela experimenta un ciclo de manifestaciones realizadas masivamente de manera pacífica -como reconoció la Fiscal General del país- en ciudades, pueblos y comunidades rurales- tras preocupantes decisiones del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas: aprobar un decreto de estado de excepción que ha sustituido a la Constitución; decisiones en materia económica que han aumentado la pobreza en el país y generado escasez de medicamentos y alimentos; haber suspendido el derecho a la participación mediante el voto; erosionar las atribuciones del Parlamento y la Fiscalía General de la República y aprobar e implementar un plan de ocupación militar del territorio bajo el nombre de “Plan Zamora”.

No queremos represión contra quienes ejercen sus derechos, en Venezuela ni en ningún lugar del mundo. No queremos represión militarizada como quienes por manifestarse o querer manifestarse sufren juicio y prisión militar en Venezuela. El uso de la justicia militar contra civiles ha ido en aumento en este último año y se ha convertido en una práctica represiva constante que pretende anular a la justicia civil.  Ha habido más de 40 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones, además de cientos de heridos y detenidos, casi 300 de ellos pasados a tribunales militares en este último tiempo. Estas denuncias, hechas por organismos de Derechos Humanos independientes venezolanos, se multiplican día a día demostrando que es una escalada en la militarización que vive Venezuela

Queremos se detenga el proceso de militarización que vive Venezuela mediante, por ejemplo, la conformación de Milicias conformadas por trabajadores y civiles que reciben armamento y formación militar y que están bajo el mando y tutela de la fuerza armada nacional bolivariana. La participación en dichas milicias es obligatoria. Además, se han incorporado a grupos de civiles armados para la represión a los manifestantes.

La realización de planes militares para afrontar una crisis económica y social, no hace más que agudizar la militarización que vive el país, como sucede actualmente con el plan Zamora. Diferentes organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales e incluso corrientes del propio chavismo han calificado al gobierno de tener prácticas que no pueden estar más alejadas de lo que se considera revolucionario, como cuando se violan los derechos humanos y se militariza la sociedad. Por las mismas razones creemos que el momento de actual dificultad y descontento popular de ninguna manera puede ser excusa para la intervención extranjera y violenta contra la soberanía del pueblo venezolano.

Felicitamos a quienes persisten en la noviolencia como forma de manifestarse, sin caer en la provocación violentista que implica todo este proceso de militarización. La creatividad y originalidad que han demostrado estas manifestaciones noviolentas constituyen un recurso social disponible para salir del atolladero político y social que vive Venezuela hoy día. Por ello llamamos al amplio movimiento noviolento, antimilitarista y objetor de conciencia de Latinoamérica y el mundo a acompañar, dar seguimiento y respaldo moral a quienes hacen resistencia noviolenta a la militarización en Venezuela.

Le extendemos nuestras palabras de aliento a los familiares de las víctimas de la represión, y solicitamos que todas las situaciones sean investigadas y aclaradas, y sus responsables materiales e intelectuales sancionados.

El gobierno venezolano debe abstenerse de continuar enfrentando el descontento con represión, y debe permitir salidas democráticas, constitucionales y pacíficas a la actual crisis que experimenta el país.

Finalmente, hacemos extensiva nuestra solidaridad a todo el pueblo venezolano en su lucha no violenta.

Puedes consultar la declaración AQUÍ 


Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe

Publicado por Provea 

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Los ambientalistas venezolanos frente al llamado a un proceso Constituyente en Venezuela

Nosotros los abajo firmantes, organizaciones ambientalistas, organizaciones de derechos humanos de Venezuela y profesionales en los diversos temas relacionados con el ambiente, expresamos nuestra más profunda preocupación frente al reciente decreto emanado del Ejecutivo Nacional convocando a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Este decreto incluye entre los objetivos descritos para esta convocatoria: “La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad”.

Por otra parte, el Artículo 347 de la Constitución Nacional indica que el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es “… transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

En el marco de la mencionada convocatoria, es lícito preguntarnos desde el punto de vista de los derechos ambientales de los venezolanos, sí en este momento sería pertinente realizar una transformación de las bases y estructura del Estado tal como lo expresa el artículo 347 y si se resulta necesario modificar los derechos ambientales presentes en la misma tal como es expresado en el Decreto de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.

El texto Constitucional vigente establece en su artículo 127 que: “Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho es complementado en este mismo artículo por dos mandatos al Estado venezolano al indicar que: “El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”; así como también que: “Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.

Sin embargo, el Estado Venezolano no ha cumplido con estas obligaciones que garantizan una mejor calidad de vida. Esta afirmación puede corroborarse por los siguientes hechos:

Venezuela vive uno de los racionamientos de agua más severos de su historia, sin que ello pueda ser explicado de manera clara con argumentos meramente climáticos o políticos. El mismo está afectando principalmente a las personas más pobres: En 2014 cinco millones de personas vivían en viviendas sin abastecimiento directo de agua (ENCOVI, 2014) y una encuesta reciente indica que el 69% de las camas de hospitales públicos en todo el país están inoperativas por fallas en el suministro de agua (Encuesta Nacional de Hospitales 2016).

Con respecto a la obligación de proteger la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos, es fundamental resaltar que Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica y, según un estudio reciente, es el único país de la región amazónica cuya tasa de deforestación de los bosques amazónicos ha venido creciendo en los últimos años. Esta situación afecta gravemente procesos vitales como la capacidad de captación de agua, conservación de la diversidad, protección de suelos y captación de carbono, entre otros. Asimismo, la crisis económica ha llevado a comunidades pobres en todo el país a recurrir a la explotación intensiva tanto de la fauna como de la vegetación para intentar cubrir sus necesidades.

A su vez, los parques nacionales y monumentos naturales están en uno de los peores momentos de la historia de este sistema. Todas las áreas naturales protegidas por Ley al sur del Orinoco presentan un alto grado de degradación generado por la minería ilegal de oro. El caso del Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, es emblemático, ya que luego de múltiples denuncias aún no se ha realizado ninguna acción tendente a erradicar esta actividad de su territorio. Por su parte, las áreas naturales protegidas al norte del Orinoco se encuentran gravemente amenazadas por una enorme variedad de factores que van desde la construcción de viviendas por parte del gobierno dentro de estas áreas, hasta el avance acelerado de la agricultura.

Hablar de vivir en un ambiente libre de contaminación es una utopía en Venezuela. Por nombrar unos pocos ejemplos: La contaminación por mercurio afecta a una gran cantidad de comunidades indígenas y criollas en la Guayana venezolana; el Lago de Maracaibo sufre un avanzado estado de destrucción producto del efecto combinado de la industria petrolera y las aguas negras no tratadas; la población de la región central de Venezuela debe tomar agua con peligrosos niveles de contaminación; el tratamiento de las aguas servidas es prácticamente inexistente; la mayor parte de las zonas urbanas más pobres no tienen servicios de recolección de desechos sólidos y los vertederos ilegales de basura se multiplican por todo el país.

Asimismo, aun cuando el cambio climático es considerado el factor de riesgo más grande para garantizar la seguridad ambiental de los ciudadanos, el gobierno nacional incumple la legislación nacional y los convenios internacionales al retrasar indefinidamente y sin explicaciones el desarrollo de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.

Finalmente, es necesario mencionar al proyecto del Arco Minero del Orinoco el cual reúne muchas de estas consideraciones. Ello debido a que pone en grave peligro la mayor fuente y reserva de agua de Venezuela, así como ecosistemas de alto valor social y ambiental, a la vez que genera graves riesgos de contaminación, no solo en la zona a ser afectada, sino en un territorio extenso por razón de las sustancias tóxicas usadas en el procesamiento de los minerales. Todo ello sin mencionar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas de la zona.

Todos estos factores están incidiendo de manera grave en la actual situación de crisis del país y son elementos significativos en la disminución de los indicadores de salud, productividad y seguridad de la población, representando igualmente graves violaciones a los derechos humanos de la población.

El factor común en todos los ejemplos planteados es la ineficacia, inoperancia y desorden del Estado para al menos intentar mitigar y mucho menos controlar estos efectos.

Por toda esa situación, estamos convencidos de que Venezuela no necesita un cambio de su Constitución, sino el adecuado y estricto cumplimiento de las disposiciones presentes en la actual. Un gobierno que no ha podido cumplir con los mandatos que le impone la Constitución no tiene la credibilidad, ni tiene la autoridad moral de proponer una nueva Carta Magna.

En función de lo anterior, consideramos totalmente innecesaria, inoportuna e inconveniente a los intereses de la Nación el llamado actual a una Asamblea Constituyente y por lo contrario exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir y defender la Constitución actual y sus mandatos.

Asimismo, hacemos un llamado a todos los venezolanos a cumplir con sus responsabilidades y deberes estipulados en la Constitución y participar activamente en la defensa de la misma.

Igualmente, solicitamos a la comunidad internacional, organismos internacionales de conservación ambiental y organizaciones ambientalistas en todo el mundo acompañar y apoyar las acciones que se realicen en Venezuela en defensa de la Constitución que protege los derechos ambientales de los venezolanos y los ciudadanos de todo el mundo.

Firman:

ORGANIZACIONES

1. A.C. H1nnova Lab

2. A.C. Phynatura

3. AC Una Montaña de Gente

4. Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales (ACFIMAN)

5. Acceso a la Justicia

6. Acción Campesina

7. Alianza Una Montaña de Gente – Observatorio Ambiental Venezolano.

8. Ascenso Centro de Aventura A.C.

9. Asociación Civil BioParques

10. Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai

11. Asociación Civil Núcleo de Geografía Viva

12. Asociación Civil Protegiendo y Produciendo (PRO2)

13. Asociación Ecológica para la Prevención Ambiental del Estado Falcón (AEPAFALCON)

14. Asociación Mujeres en Línea

15. AVVA Frontera Gran Sabana

16. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

17. Ciudadanía y Libertad A.C.

18. Civilis Derechos Humanos

19. Coalición Clima21

20. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Capítulo Mérida

21. El Zulia Recicla

22. Equipo de Proyectos y Asesoría Social (EDEPA)

23. Fundación Abrae

24. Fundación Aguaclara

25. Fundación Ecodiversa

26. Fundación EcoJuegos

27. Fundación Hijos de la Madre Tierra (FUNDAHIMATI)

28. Fundación Mujeres del Agua

29. Fundesos

30. Gente de Soluciones

31. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (MéridaVenezuela).

32. Laboratorio de Paz

33. Mesa Ambiental Nacional

34. Observatorio Ambiental Venezolano

35. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes

36. Observatorio Venezolano de la Salud

37. Picnic Urbano de Maracay

38. PROVEA

39. Red Andina de DDHH (RADAR)

40. Red de ONGS que luchas contra la desertificación de Venezuela (RIOD Venezuela)

41. Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red Ara)

42. Sinergia Asociación Civil

43. Sociedad Hominis Iura ( SOHI)

44. Stop VIH

45. Un Mundo Sin Mordaza

46. Una Ventana a la Libertad

47. UNIANDES

48. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle

49. Oikos Consultores Rl

50. A.C FUNDACION PEQUEÑOS GUARDIANES DEL AMBIENTE(FUNPEGUAM)

51. Grupo Ecológico San Pedro

52. Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela

PERSONAS

1. Acianela Montes de Oca

2. Adriana Humanes, Ecóloga marina

3. Aimé Tillett. Universidad Central de Venezuela

4. Alberto Blanco-Dávila, Nature Projects

5. Alberto Blanco-Uribe Quintero, abogado ambientalista y profesor UCV de derecho constitucional

6. Alejandro Álvarez Iragorry, Ambientalista, Educador ambiental

7. Alejandro Ecarri, Gente de Soluciones

8. Alejandro Luy, biólogo

9. Alejandro Suels Aranda, Ambientalista

10. Alexandra Álvarez-Muro, profesora jubilada de la Universidad de los Andes

11. Alfredo Lascautx , Delegado del partido Verde de Canadá ante la Federación de Partidos Verdes de las Américas

12. Ana Carolina Sotillo, empresaria

13. Anaurora Yranzo Duque. Investigadora en Ciencias Básicas, Naturales y Aplicadas. Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias UCV.

14. Andrés Eloy Seijas, Profesor Universitario

15. Andrew Torres, Ing. Agroindustrial y Doctor en Ciencias Agrícolas (UCV), Prof. Titular UNELLEZ.

16. Aníbal Rosales, Ingeniero agrónomo, Experto en Suelos

17. Anita Méndez, Educadora Ambiental

18. Anna Sartorio de Ponte, ambientalista

19. Antonio José Alfonzo Paradisi, Profesor universitario

20. Arnoldo José Gabaldón, ex ministro del Ambiente

21. Augusto Bastidas, Geógrafo, Maestría en Administración Ambiental

22. Azucena Martínez F. Ambientalista – Educadora Ambiental y Asesor Técnico en la Asamblea Nacional Constituyente 1999

23. Baumar Marín. Biólogo Marino, Investigador del IOV.UDO, Miembro Fundador A.C FUNDACION PEQUEÑOS GUARDIANES DEL AMBIENTE(FUNPEGUAM)

24. Beatriz Esté

25. Beatriz Ivett Peraza,

26. Belkis Echenique Ingeniero Civil.

27. Bladimir Rodríguez, Biólogo trabajo en el Museo Marino de Margarita

28. Carlos Giménez Lizarzado

29. Carlos Monedero – Profesor Titular UCV

30. Carlos Peláez, Ecólogo.

31. Carlos Rivero Blanco

32. Carmelo Ecarri

33. Carmen Aida Carrasquel, Ambientalista

34. Cecilia Gómez Miliani, profesora universitaria, ambientalista.

35. Cristina Díaz

36. Cristina Fiol, Lic. en Biología, Especialista y Consultor Ambiental y en Conservación de Especies y Ecosistemas en Peligro. Libre Ejercicio.

37. Cristina Vaamonde, Ambientalista y defensora activa del Foro Penal Venezolano

38. Daniel Delgado, Periodista ambiental. Editor del Blog Ecoscopioweb

39. Drai Cabello, ConBiVe

40. Edgardo García Larralde, Consultor en Desarrollo Sustentable, Gran Bretaña

41. Eduardo Cudisevich, Ingeniero Agrónomo

42. Eglee L Zent etnoecóloga

43. Eliseo Castellano, Profesor Universitario Jubilado de la UNELLEZ, Barinas

44. Emilio Vilanova. Profesor Agregado Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de Los Andes. Estudiante PhD University of Washington

45. Emma Corina Salazar Suárez, Profesora universitaria, ambientalista, ecóloga autodidacta

46. Enrique Alberto Martín Cuervo

47. Enrique Farfán, Ambientalista, luchador social y comerciante

48. Estrella Villamizar, Bióloga, Profesora Escuela de Biología y del Postgrado en Ecología de la UCV; Investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical. 49. Evelyn Rodríguez, Biólogo. UCV Ex funcionaria Ministerio del Ambiente.

50. Faruk Bagdah, Ambientalista

51. Francisco Provenzano Rizzi, Profesor Jubilado UCV, Doctor en Zoología

52. Franklin Daniel, GEUCA

53. Frendy Sanchez, Funvea

54. Frida Ayala

55. Gabriel Picón Nava, Profesor y Presidente de Fundación Dos Aguas,

56. Gabriela Croes Esté, Antropóloga- UCV

57. Gedio Marín, Biólogo Ecólogo ornitólogo, Prof. UDO, Miembro fundador de A.C FUNDACION PEQUEÑOS GUARDIANES DEL AMBIENTE(FUNPEGUAM) 58. Gloria Carucci, Bióloga UCV

59. Griselda Ferrara, profesora de la Universidad Central de Venezuela

60. Guayana Páez-Acosta, Sustainable Development, Partnerships and Philanthropy Professional.

61. Guiber Elena Mijares P., Docente UCV

62. Gustavo Mendoza, ambientalista y Director de la Fundación ambientalista Huerto Los Ayamanes.

63. Heidy Ramírez, periodista

64. Helios Zapata, Ambientalista y fotógrafo

65. Hernán Papaterra

66. Hildebrando Arangú Santelíz-MSc en Cs Ambientales- Profesor UCLA

67. Inelba Mata, Ingeniero Municipal Alcaldía del Municipio Marcano. Edo. Nueva Esparta”

68. Iñaki Alberdi, Biólogo

69. Irama Ficht, Lic. en Arte. Coordinadora de Proyecto Escuelas Sostenibles. EDEPA

70. Isabel Novo, Biólogo

71. Jeanfreddy Gutiérrez, Periodista Ambiental

72. Jesús Delgado, Ambientalista, Geógrafo, Investigador docente del Centro de Estudios Integrales del Ambiente (CENAMB – UCV)

73. Jesús F. Araujo Contreras, Ing. Forestal (ULA), MSc. en Manejo de Cuencas (ULA)

74. Joaquín Benítez. Profesor. Director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB

75. Jorge M. González, PhD., Profesor Universitario (California State University, USA)

76. Jorge Cruz

77. José Carvajal, periodista

78. Juan Carlos Sánchez, Profesor de la Fac. de Ingeniería UCV

79. Juan Castillo Croes, Estudiante UCV

80. Juan José Cárdenas. Oceanógrafo.

81. Juan M Posada. Ambientalista en el exilio

82. Judith Duran, ambientalista

83. Julio Alexander Parra Maldonado, Educador

84. Lecgisia Torres de Krisch, Educadora,

85. Lisbeth Bethelmy, Investigadora y psicóloga ambiental

86. Lucas Riestra, Abogado

87. Luis Arteaga Benatuil, Movimiento Ecológico Salvemos al Mundo

88. Luis Souto, periodista

89. Luisa Villalba Márquez, profesora

90. Marco Paoletti, Ambientalista

91. María A. Oliveira M., Dra. Ciencias Biológicas, Libre ejercicio

92. María Delmira Cabrera C., Licenciada en Biología

93. María Elisa Febres, abogada, Especialista en Derecho Ambiental, Doctora en Desarrollo Sostenible

94. María Esmeralda Mujica, Bióloga

95. María Gabriela Espinoza, Administradora

96. María Sánchez, Ambientalista, Geólogo, Coordinadora de Proyectos Ambientales Del Instituto Municipal Ambiente Chacao

97. María Suárez Luque, Docente de la Universidad Central de Venezuela

98. Maribel García, Ambientalista

99. Marisol Aguilera, Profesora universitaria USB

100. Maritza Pulido Santana, Premio Global 500 1991 PNUMA UNESCO

101. Mauricio Iranzo Tacoronte, Profesor Jubilado, UCLA

102. Mayra Rincón Salazar, periodista ambiental

103. Mercedes Corro, Abogada

104. Mercedes Diez, Abogada en el exilio

105. Miguel A Domador Fonseca, TSU Evaluación Ambiental

106. Miguel A. Villegas Herrera, Biólogo

107. Nalúa Silva Monterrey

108. Nélida Gruber

109. Nelson Gil Luna, Profesor Universitario. UPEL-Instituto Pedagógico JM Siso Martínez

110. Nicla Camerín, Ambientalista

111. Omaira Delgado Rivas, Ambientalista

112. Omar Escalona, Fundación Ambiental de Venezuela

113. Oscar Gómez. Gerente General de Vitaambiente

114. Pablo Lau, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez

115. Pedro Gutiérrez Leal, Profesor Universidad Nacional Abierta y miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle

116. Rafael E García, Consultor para áreas protegidas

117. Rafael Rodríguez-Altamiranda, Dpto. Biología, Universidad de Carabobo

118. Ramon Quintana Gomez, Ing. HidMet., Prof. Tit. Univ. (Emérito) UNELLEZ, UCV, Miembro de la Direct. Nac. de la Soc. Vzlana. de Ing. HidMet-CIV.

119. Raúl Pulido, Especialista en Ecología y Ambiente, Biólogo UCV, MSc IVIC

120. Reyna Pérez Ponce, Presidenta Instituto Municipal Ambiente Chacao Alcaldía Municipio Chacao

121. Rita Marín , Directora de Estrategias A.C FUNDACION PEQUEÑOS GUARDIANES DEL AMBIENTE(FUNPEGUAM)

122. Roberto Paulo Carletti Biscard, Profesor Universitario

123. Ruth Barrios, Fundación Vida Verde

124. Sandra Giner, profesora de la UCV

125. Sergio Antillano A. Ingeniero/Planificador ambiental.

126. Shaenandhoa García Rangel, Biólogo en el exilio

127. Soledad Santamarina

128. Soraya Verónica Medina Fuentes, Educadora

129. Verónica Zárraga, Fundación Venezolana Ambientalista (FUNVEA)

130. Víctor Juan Blanco Márquez. Agente de Extensión Asuntos Marinos. University of Florida/Sea Grant Florida

131. Vilisa Morón Zambrano, Bióloga

132. Viviana Salas Martín, Bióloga

133. Yani Cristina Aranguren Díaz, Bióloga

134. Yrama Capote, presidente del Grupo Ecológico San Pedro.

135. Yuraima Córdova de Colella, Biólogo UCV. Profesora Facultad de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela.

136. Zaida García, Profesora UPEL IPC

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Venezuela: La OMCT condena el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la aplicación de la jurisdicción militar a manifestantes

Ginebra (Suiza), 19 de mayo de 2017

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) insta a las autoridades venezolanas a proteger a aquellas personas que ejercen el derecho a la libertad de reunión y a investigar de forma exhaustiva la muerte de al menos 42 personas y todos los casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos ocurridos en el marco de las protestas.

Desde que empezaron las protestas a fines de marzo de 2017, al menos 42 personas, incluyendo varios adolescentes, han fallecido y más de 900 han resultado heridas, incluyendo niños y ancianos, durante enfrentamientos entre manifestantes, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana y grupos paramilitares, según los datos hechos públicos por el Ministerio Público. Centenares de manifestantes – que fuentes no oficiales cifran en más de 2000 hasta el momento – habrían sido detenidos en varias ciudades del país, muchos de ellos estudiantes y menores de edad.

Las protestas iniciaron el 30 de marzo de 2017, cuando partidos y grupos simpatizantes de la oposición convocaron marchas en varios puntos del país en rechazo a las sentencias (posteriormente modificadas) en las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció que asumía las competencias de la Asamblea Nacional por encontrarse esta última en situación de desacato. Varias de las protestas que inicialmente se desarrollaron de manera pacífica fueron dispersadas o reprimidas violentamente en medio de un fuerte despliegue de efectivos de seguridad.

Un gran número de muertes y heridos graves, incluyendo manifestantes y transeúntes, ha resultado del uso de armas de fuego y armas menos letales, en particular bombas de gas lacrimógeno, gas pimienta y perdigones. También ha habido personas arrolladas por vehículos antimotines y muchos casos de asfixia por la inhalación de gases tóxicos. En este marco, la OMCT expresa su consternación por el reiterado incumplimiento de las normas nacionales e internacionales que regulan el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en el curso de manifestaciones.

Además, se ha reportado la presencia de grupos civiles armados que realizarían labores de contención de la protesta ciudadana y habrían disparado con armas de fuego, asesinando e hiriendo a manifestantes. Esta situación se agravó con la activación del denominado Plan Zamora 200, el 18 de abril de 2017, el cual, contrariamente a la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas y a “fuerzas populares” labores relativas al control del orden público.

De la misma manera, preocupa profundamente el uso de la jurisdicción penal militar, documentado en más de 250 casos, para detener y juzgar a civiles, lo que vulnera el debido proceso y el derecho al juez natural, garantías básicas para asegurar el derecho a un recurso efectivo. Esta situación se enmarca en un contexto de criminalización generalizada de aquellas personas que participan en las protestas, las cuales han sido tildadas de “terroristas” por parte de representantes del gobierno y acusadas de delitos que acarrean altas penas como el de “rebelión”.

En este sentido, la OMCT considera que tanto la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) como el Plan Zamora deberían ser abolidos y los operativos de seguridad revisados con vistas a la desmilitarización de las tareas relacionadas con el mantenimiento del orden público.

Malos tratos y detenciones arbitrarias

También se han registrado irregularidades y abusos durante la práctica de las detenciones y el traslado a dependencias policiales y militares. En el trayecto a lugares de detención, muchos manifestantes habrían sido golpeados, maltratados y vexados, incluyendo casos de violencia sexual.

Asimismo, los informes recibidos indican la inobservancia de garantías procesales clave para prevenir la ocurrencia de tortura, malos tratos y violaciones a la libertad personal. Se han reportado lapsos prolongados de incomunicación durante los cuales el paradero de los detenidos es desconocido por sus familiares. En un número elevado de casos las detenciones se han ordenado y prolongado contrariamente a lo solicitado por la Fiscalía, en ocasiones condicionando la libertad a la presentación de fiadores, lo que ha supuesto la prolongación indebida e injustificada del periodo de detención en oficinas y dependencias no habilitadas para albergar a detenidos en condiciones dignas. Fuentes fidedignas también coinciden en denunciar hechos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo custodia, incluyendo a víctimas menores de edad.

Priorizar los cauces democráticos y alternativas al uso de la fuerza

La OMCT llama a todas las partes a abstenerse de recurrir a la violencia y a privilegiar el diálogo y los canales democráticos de participación. Con el fin de favorecer una salida no violenta a la crisis, exhortamos a las autoridades a garantizar el pleno respeto al derecho a la libertad de reunión y a proteger a los manifestantes y a los transeúntes frente a los ataques de civiles armados. El derecho a la libertad de reunión es un pilar básico para canalizar la expresión colectiva de opiniones o creencias políticas, culturales o religiosas diversas, lo cual incentiva el debate público y la existencia de sociedades plurales, tolerantes e inclusivas.

Asimismo, la OMCT recuerda a las autoridades que, según las normas internacionales, la fuerza letal por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesario en defensa propia o defensa de terceros ante una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves. Respecto el uso de la fuerza incluyendo armas menos letales, los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley solo lo permiten cuando hayan resultado ineficaces todas las vías de mediación y negociación posibles y recuerdan que “no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos”.

En este contexto, cabe destacar que el uso de la fuerza empleado sin apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad puede ser constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, la OMCT reitera que está prohibido el disparo de proyectiles de gas dirigido al cuerpo de personas, en particular cuando se hace a corta distancia y en las partes superiores del cuerpo, y no debe ser arrojado en espacios cerrados, cuando las personas no tienen una vía de evacuación ni en las cercanías de centros de salud, centros educativos ni zonas residenciales.

Las autoridades también tienen la obligación de garantizar la asistencia médica de urgencia a toda persona herida en los operativos de seguridad desplegados en las manifestaciones, notificando si fuera necesario a los familiares y amigos cercanos lo más pronto posible.

Luchar contra la impunidad

La OMCT urge a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos relacionados con la muerte, tortura, detenciones arbitrarias y cualquier otro incidente donde se haya registrado un uso abusivo o arbitrario de la fuerza, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley. Asimismo, la OMCT hace un llamado a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las víctimas y personas que denuncien violaciones a los derechos humanos pueden hacerlo sin sufrir represalias.

Libertad para los protestantes

Finalmente, la OMCT llama a las autoridades a ordenar la libertad inmediata de todas y cada una de las personas detenidas en el marco de las protestas en caso de encontrarse detenidas en ausencia de cargos legales válidos, o en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal civil competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento.

Contactos 

OMCT, Tel. +41 (0) 22 809 49 39 / omct@omct.org 

 

Publicado por OMCT

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