NP/ CONTROL CIUDADANO: El Estado está permitiendo la actuación de colectivos armados

Caracas, 18 de abril de 2017

 La ONG Control Ciudadano después de analizar los patrones de conducta de los colectivos armados, en varias regiones del país, pero especialmente en el área metropolitana de Caracas, ha logrado identificar una serie de características en su funcionamiento, que permiten revelar la permisividad del Estado frente a sus actuaciones.

Rocio San Miguel, Presidente de Control Ciudadano, ha señalado: “Después de cotejar testimonios, analizar patrones de conducta, revisar fotografías y videos de la actuación de los llamados colectivos armados, son tan evidentes los modos de actuación,  que está claro que el Estado, está permitiendo la actuación de estos grupos criminales”.

“El Ministerio Público está en la obligación de abrir una investigación que permita desarticular el accionar delictivo de los colectivos armados, que vienen operando de manera permanente en áreas específicas de la ciudad de Caracas, por ejemplo a escasos metros de la propia sede de la Fiscalía, en plena avenida Baralt”, agregó.

Preocupa a Control Ciudadano también, que habiéndose exhibido por parte de algunos colectivos, armas de guerra de manera pública y comunicacional, la Fuerza Armada Nacional no haya adelantado operaciones para desarticularlos. En la Parroquia 23 de enero, al oeste de la ciudad de Caracas, al lado de la sede de la Milicia Nacional Bolivariana y del propio Cuartel de la Montaña, tienen su sede varios de estos colectivos armados.

“Permitir, amparar, propiciar las actividades de colectivos armados es delito, y esto viene ocurriendo de manera continuada, bajo la mirada complaciente de órganos de Estado que tienen el deber legal de actuar”, considera San Miguel.

Control Ciudadano ha venido advirtiendo que la permisividad de la Fuerza Armada Nacional  frente a la actuación de colectivos armados, está mutando claramente hacia actos de “cooperación”, como ha sido documentado por los ciudadanos y medios de comunicación recientemente. La Fuerza Armada Nacional tiene atribuido constitucionalmente el control de las armas de la República (Artículo 324 de la Constitución), por tanto tiene la obligación de desarmar a los colectivos armados.

Entre los patrones de Conducta que ha precisado Control Ciudadano se encuentran:

  1. Los colectivos armados son formaciones ilegales que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Actúan coordinadamente bajo mandos jerárquicos que imparten y cumplen instrucciones.
  2. Utilizan métodos y medios violentos para atacar y dispersar manifestaciones de la oposición, vigilar comunidades, extorsionar pequeños comerciantes, agredir periodistas y líderes opositores.
  3. Se desplazan en motos, en algunos casos van encapuchados, utilizan armas abiertamente y declaran consignas en favor de la llamada “revolución bolivariana”.
  4. Evitan ser identificados y amenazan a quienes los denuncien.
  5. Están entrenados para causar daños a la integridad personal de quienes protestan.
  6. Actúan como provocadores en manifestaciones y protestas, para generar la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana, que sólo arresta a los manifestantes y nunca a los colectivos armados. También actúan como infiltrados para convertir las protestas pacíficas en violentas.
  7. Seleccionan infraestructuras gubernamentales para quemarlas y destruirlas con la actuación de encapuchados. Dichos ataques son grabados y exhibidos por el gobierno como ataques de la oposición.
  8. Controlan supermercados, panaderías, escuelas y hospitales. En muchos casos deciden quienes en las comunidades reciben bolsas de alimentos u otros beneficios gubernamentales.
  9. Utilizan el terror como método de actuación. En las comunidades donde operan, cobran vacuna e imparten castigos.
  10. Se movilizan a sus anchas en la seguridad de no ser capturados y procesados legalmente por sus delitos.

Finalmente, Control Ciudadano hace un llamado a los poderes públicos nacionales en el deber constitucional que tienen de garantizar la vida e integridad de las personas, brindar seguridad a sus ciudadanos y conservar la paz de la República.

 

Rocío San Miguel

Presidente

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

 

Prensa Control Ciudadano.

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FENASOPADRES | La verdad sobre el Asesinato de Brayan Principal

En un comunicado emitido el 12 de los corrientes, la Prof. Mirna Teresa Víes de Álvarez, Directora de la Zona Educativa del estado Lara, tergiversa vilmente el brutal asesinato del estudiante larense Brayan Principal. Conforme a una práctica que se ha hecho habitual, acusa inmediatamente, sin tomarse el trabajo de investigar lo ocurrido ni menos de aportar pruebas o tan siquiera vestigios de ellas. Es el ritornelo malicioso de siempre, plagado de epítetos tan sonoros como vacíos. Busca enturbiar los hechos y justificar las más inhumanas formas de represión para tratar de silenciar las protestas legítimas y pacíficas que han desarticulado el mecanismo diseñado para intentar infructuosamente justificar la violencia, que solo aparece cuando grupos paramilitares vinculados al gobierno y algunas unidades de la GNB y la PNB arremeten contra pacíficos manifestantes. Ellos ponen las balas y los que protestan, la sangre. No dan nombres propios, se quedan en fantasía calumniosa en el marco de la resobada leyenda oficialista acerca de golpes, magnicidios, desestabilizaciones mil veces repetidas y mil veces sustituidas por nuevas acusaciones, cuyo destino será el olvido. Aparte de que quien acusa debe probar, a riesgo de soportar la contra acusación de difamación y quizá de autoría del delito que denuncian.

A lo largo de los años hemos venido denunciando la represión contra los valientes estudiantes, como el del desdichado joven Brayan Principal. La lista de muertos, detenidos, golpeados en su integridad física y moral es interminable y ha conmovido a la comunidad internacional tanto como a la nacional, al punto de que se han dictado varias sentencias contra las autoridades de Venezuela en la Comisión y Corte hemisférica de Derechos Humanos, ante las cuales ni la directora de la Zona Educativa de Lara ni funcionarios de todos los niveles gubernamentales se han dado por enterados.

Los hechos siguen un curso diametralmente opuesto al descrito por la profesora Víes de Álvarez. No es posible callar. El joven Principal recibió cuatro impactos de bala emanados de los colectivos paramilitares, el más grave en el hígado. El informe médico y testimonios irrebatibles, que pondremos a la orden del país y del mundo, es desgarradoramente revelador. La protesta en la que participó heroicamente el muchacho siniestrado, se dirigía, al igual que muchas otras en el país, contra el gobierno nacional. Como transcurrió en un área de fuerte presencia de los paramilitares pro oficialistas, éstos reaccionaron con inusitada ferocidad, en defensa de un territorio que consideran privativo, y dispararon contra los manifestantes, con el saldo desolador de la muerte de un nuevo estudiante venezolano. Sangre y luto, otra vez.

No podemos callar. Luchamos por la paz y la reconciliación. Venezuela debe restablecer la ley y superar este amargo momento mediante elecciones viables que garanticen un tránsito pacífico y democrático hacia la convivencia civilizada que todos merecemos.
FENASOPADRES y Padres organizados de Venezuela

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COMUNICADO: Control Ciudadano y Justicia Venezolana: La permisividad de la FANB frente a la actuación de colectivos armados, está mutando claramente hacia actos de “cooperación”

 

 Comandante de la Zodi Lara compromete la responsabilidad de la FANB al brindar apoyo a colectivos armados

 Caracas, 14 de abril de 2017

Las ONG Control Ciudadano y Justicia Venezolana advierten la urgente investigación a la que debe ser sometido el General de División (Ej) José Rafael Torrealba Pérez, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Lara (Zodi Lara) por permitir la actuación de grupos armados al margen de la Ley en su jurisdicción.

El Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Lara (Zodi Lara), al referirse a unas imágenes difundidas por las redes sociales que despertaron alarma, pues en ellas se veía a motorizados civiles, presuntamente colectivos, saliendo de una instalación militar, justo en el lugar de las protestas de la noche del martes 11 de abril y donde le dispararon al adolescente Brayan Principal, quien falleció este miércoles, explicó que se habían dado instrucciones a estas personas para que recogieran los escombros que han dejado los grupos violentos, que han estado  manifestado en los últimos días. Esas personas (agregó), conjuntamente con la Fuerza Armada, han trabajado para recoger los obstáculos que van dejando estos grupos violentos. Eso es de lo que hasta ahora he tenido conocimiento, de esos motorizados que salen de una unidad militar.

Llama la atención que personas en motos sean utilizadas para recoger escombros, señaló Rocío San Miguel, Presidente de Control Ciudadano, esta es una excusa muy débil. El Comandante de la Zodi debe ser investigado por permitir la actuación de colectivos armados en su jurisdicción.

 En el Estado Lara, al menos cuatro personas han fallecido por el uso indiscriminado de la fuerza contra manifestantes por parte de autoridades policiales y militares, pero también por la acción de grupos armados al margen de la Ley, denominados colectivos armados.

Miguel Ángel Colmenares,  Brayan Principal (de 14 años), Jey Amaro y Gruseny Antonio fueron asesinados los días 11, 12 y 13 de abril en el marco de las protestas.

La Dra. Lilia Camejo Gutiérrez, directora ejecutiva de Justicia Venezolana considera que la actuación de la FANB ha sido excesiva y abusiva en algunos casos de acuerdo a testimonios de personas que disienten manifestando pacíficamente en las calles en contra del Régimen que ha pretendido instaurar en este país el Ejecutivo acompañado de las FANB, quebrantando y pisoteando lo que establece la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela, normas que rigen el ordenamiento interno, pactos, tratados y convenios internacionales. En tal sentido el artículo 68 del CNBV establece claramente que se debe garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a manifestar pacíficamente, en razón de ello es a los órganos policiales a quienes les corresponde el control de dichas manifestaciones y en el cual deben abstenerse del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como obligación del Estado venezolano, garantizar el derecho a la vida ( Artículo 32) , atribuyendo expresamente como deber de los órganos de seguridad del Estado respetar la dignidad y los derechos humanos sin discriminación alguna (Artículo 332).

Control Ciudadano y Justicia Venezolana consideran que la permisividad de la Fuerza Armada Nacional frente a la actuación de colectivos armados, está mutando claramente hacia actos de “cooperación” que están quedando en evidencia, como ha sido documentado por los ciudadanos y medios de comunicación en el Estado Lara.

 

Rocío San Miguel

Presidente

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

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Dra. Lilia Camejo Gutiérrez

Directora Ejecutiva

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Pronunciamiento de la Escuela de Vecinos de Venezuela ante la ruptura del Pacto Constitucional en Venezuela

La Escuela de Vecinos de Venezuela, como asociación civil promotora de la educación ciudadana para la participación y la democracia, hace este pronunciamiento al país y la comunidad internacional, ante la situación de ruptura del pacto político, social y económico contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

1. Venezuela ha experimentado un sucesivo proceso de deterioro, que se manifiesta en una pérdida creciente de la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas, así como, de los extranjeros que han construido sus vidas en nuestras comunidades. Todos los habitantes de esta tierra de gracia, han visto y experimentado una situación progresiva de pérdida de sus derechos, ocasionando una disminución evidente de su dignidad humana y en consecuencia, en su condición de ciudadanía propia de la vida democrática.

2. En nuestro país experimentamos una ruptura del pacto constitucional, que se manifiesta en la pérdida de la institucionalidad y en el deterioro de los derechos reconocidos en el texto aprobado por la soberanía popular en 1999 y ratificado en el 2007, fundamentos necesarios del sistema democrático que se expresa en el modelo de Estado y en las características de la Sociedad descritos en el preámbulo y las disposiciones fundamentales de la Carta Magna. Igualmente, se presenta la creación de estructuras paralelas a la institucionalidad legal, como expresión de un modelo político-ideológico, rechazado por la mayoría de los venezolanos, sembrando las semillas de la corrupción, la cooptación, el centralismo y el caos en la gestión gubernamental.

3. Tomando en cuenta las progresivas decisiones gubernamentales y judiciales, orientadas a establecer las limitaciones o el desconocimiento del Parlamento Nacional electo mediante el proceso electoral de 2015 y los pronunciamiento de los órganos del Poder Ciudadano y del Poder Electoral, que se evidencian como un desconocimiento de las demandas ciudadanas y de la soberanía popular, reconocemos la falta de funcionamiento del principio de la separación de los poderes y del Estado de Derecho, condiciones necesarias para la existencia de la democracia y el avance de los derechos políticos.

4. Tomando en cuenta las situaciones de escasez de alimentos y medicinas, así como, también la inseguridad ciudadana y el deterioro progresivo de los servicios públicos, se dan las manifestaciones públicas, reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado con el saldo lamentable de muertos, heridos y presos políticos, aunque, estas manifestaciones son legítimas expresiones del deterioro de los derechos humanos que identifican la existencia de una democracia integral.

5. Desde nuestra perspectiva como integrantes de una organización de la sociedad civil, reconocemos en las situaciones planteadas una ruptura real y efectiva del Pacto Constitucional, y en consecuencia, una lesión de los principios inherentes a la soberanía popular y la democracia, lo que genera de parte del pueblo de ciudadanos y de las diversas expresiones organizadas de la sociedad venezolana, el tener en cuenta las previsiones de los artículos 333 y 350 de la Constitución.

6. Hacemos un llamado al Dr. Tarek Willian Saab, Defensor del Pueblo, para que actué en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, en consonancia con los planteamientos y las solicitudes de la ciudadanía y del pueblo; y no como vocero de los intereses gubernamentales, si esta situación no se logra hacer efectiva, que presente su renuncia al cargo, como lo han planteado diferentes personas y organizaciones que han evaluado su gestión y sus declaraciones públicas.

7. Hacemos un llamado a la Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, para que concrete las acciones propias de su cargo, en función de su pronunciamiento público, donde declaró, a partir del contenido de las sentencias 155 y 156 dictadas por Magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, la existencia de una ruptura constitucional y la violación del modelo de Estado establecido en la Constitución.

8. Hacemos un llamado a los Medios de Comunicación Social, para que cumplan su función de informar, en correspondencia con el derecho a la información consagrado en nuestra Constitución y en acatamiento de las pautas éticas que deben caracterizar su misión, superando las amenazas y las censuras. Los Medios de Comunicación Social deben ser la voz de los sin voz, en la reseña real y efectiva de los acontecimientos y las situaciones que se producen en nuestro país, dando oportunidad a la voz del pueblo de ciudadanos y sus diversas organizaciones, para el reclamo de sus derechos y la presentación de propuestas de soluciones ante la crisis venezolana.

9. Desde la perspectiva de la comunidad internacional y las diversas instancias en las cuales se integra nuestro Estado, estimamos necesario que, en concordancia con los compromisos adquiridos, se activen los mecanismos de cooperación y de acompañamiento internacional, con el propósito de que se logren las condiciones favorables para que las distintas instancias del Poder Público, den plena garantía a los parámetros y los criterios que caracterizan el derecho a la democracia y los otros derechos humanos establecidos en beneficio del pueblo venezolano de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los otros instrumentos jurídicos internacionales, aplicables para subsanar las situaciones que señalamos en el presente pronunciamiento y lograr la restitución del texto constitucional.

10. Desde nuestra perspectiva ciudadana respaldamos y exigimos la plena realización y reconocimiento del Estado federal descentralizado, establecido en la Constitución, en consecuencia, hacemos un llamado al TSJ para que no mantenga la denegación de justicia, y haga un pronunciamiento definitivo sobre la situación de la representación indígena y de los diputados del estado Amazonas ante el Parlamento, sin que, la omisión judicial invoque un pretendido “desacato” de la Asamblea Nacional, mantenido en el tiempo, mediante decisiones contrarias a las pautas constitucionales y legales sobre la materia.

11. Hacemos un llamado a los representantes electos en las instancias políticas (estados y municipios) o sociales (universidades y sindicatos), que, según la Constitución gozan de autonomía, a los efectos de que, tomen las decisiones y acciones pertinentes para restituir la plena vigencia de la Carta Magna, en correspondencia con los derechos y deberes inherentes al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.

12. Ante la proximidad de la conmemoración del 19 de abril de 1810, consideramos pertinente que las entidades municipales y sus autoridades electas, se manifiesten públicamente en la defensa de la Constitución nacional y que concreten sus demandas a favor de la autonomía municipal, la democracia participativa y la descentralización, características fundamentales del Poder Público Municipal, así como también, en la solicitud de los procesos electorales estadales y municipales pendientes, conforme al período constitucional que corresponde. Igualmente, en la restitución de las elecciones de las juntas parroquiales, instancias administrativas de las parroquias, espacios propios para el ejercicio del derecho a la participación ciudadana y el mejoramiento de los servicios públicos, mediante la correspondiente sentencia del TSJ y una reforma legislativa, en correspondencia con las pautas constitucionales aplicables a las parroquias

La Escuela de Vecinos de Venezuela como actor de la sociedad civil, invocando su derecho a la participación, hace votos por el cese de las acciones contrarias al Pacto Constitucional, para que se den los cambios necesarios, que permitan generar las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales, características de un acuerdo nacional orientador del camino, que permita los diálogos y consensos, que faciliten el respeto mutuo y el reencuentro entre los venezolanos, la convivencia democrática, el pluralismo político, la participación ciudadana y la paz social en el país.
En Caracas, a los 14 días del mes de abril de 2017

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