La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenan las recientes acciones del Estado de Venezuela dirigidas a cerrar espacios vitales de participación política en el país y a perseguir a quienes han ejercido su derecho a la libertad de expresión

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenan las recientes acciones del Estado de Venezuela dirigidas a cerrar espacios vitales de participación política en el país y a perseguir a quienes han ejercido su derecho a la libertad de expresión. La CIDH y su Relatoría Especial manifiestan su alarma por el impacto de estas medidas en la democracia venezolana.

En el transcurso del año 2016, la CIDH y su Relatoría Especial han seguido con suma preocupación las distintas formas en que, a través de la aplicación de la ley o al margen de ella, se han impuesto serias limitaciones al pluralismo en el ejercicio de derechos políticos y libertad de expresión. De estas acciones, destacan los obstáculos impuestos por autoridades para que los ciudadanos venezolanos puedan participar en elecciones libres y confiables, la progresiva supresión de facultades constitucionales del Congreso mayoritariamente opositor, la detención arbitraria y encarcelamiento de opositores y aquellas personas que hacen público su disenso con el gobierno o se expresan a través de los medios de comunicación, la represión y restricciones indebidas al ejercicio de la protesta, los despidos y amenazas a empleados públicos con perder su cargo en caso manifestarse u expresar opinión política en contra del oficialismo, las campañas de estigmatización, vigilancia y hostigamiento en perjuicio de defensores de derechos humanos y periodistas, así como el continuado uso del derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el trabajo de la prensa crítica.

De especial preocupación para la Comisión y su Relatoría Especial resulta la decisión del Consejo Nacional Electoral del 20 de octubre de 2016 de suspender de manera indefinida el proceso de recolección de firmas del referendo revocatorio presidencial promovido por partidos de la oposición y sectores sociales. Diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana denunciaron que cinco tribunales penales de los estados Aragua, Bolívar, Apure, Monagas y Carabobo anularon, de “manera sorpresiva” y “sin facultades legales”, el acto de recolección de las firmas del 1% de electores inscritos en el Registro Electoral venezolano en sus jurisdicciones. Según la información disponible, las sentencias, proferidas simultáneamente, fueron acatadas casi de inmediato por parte del máximo órgano electoral del país. Esto sugiere la posible existencia de una decisión coordinada para impedir que la ciudadanía pueda evaluar la gestión del primer mandatario, a través del mecanismo de referendo.

La Comisión afirmó en el caso Rocío San Miguel y otras (Venezuela), presentado a la Corte Interamericana en marzo de 2016, que la firma a favor de la convocatoria de un mecanismo de participación política, como lo es referendo revocatorio presidencial, no constituye solamente el ejercicio de los derechos políticos, sino también una expresión de la opinión política de los firmantes, protegida a su vez por el derecho a la libertad de expresión y el principio de no discriminación. Como es sabido, este proceso electoral es, asimismo, considerado por varios Estados Miembros de la OEA como una forma libre y democrática de encauzar la polarización social y política existente en el país.

Todas estas medidas han tenido lugar en un contexto de profundo debilitamiento de la separación de poderes públicos en el país y de crisis económica, alimentaria y sanitaria que continúa afectando los derechos a la salud, vida e integridad personal de la población en general, con impacto diferenciado en personas o grupos en mayor situación de vulnerabilidad, como los niños y niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad y personas con VIH-SIDA.

La Comisión Interamericana ha subrayado que existe una “relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado” y ha reiterado a Venezuela la necesidad de garantizar a los ciudadanos y a los grupos políticos organizados el derecho a la participación política y a libertad de expresión sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate público plural, amplio y robusto.

En el sistema interamericano la relación entre derechos humanos, derechos políticos y democracia ha quedado plasmada en la Carta Democrática Interamericana, donde se señala que: “[s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La CIDH y su Relatoría Especial hacen un llamado urgente el Estado venezolano a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En particular, a respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la participación en la vida política en el país de todos los sectores, incluyendo el deber de facilitar las manifestaciones y protestas que se han convocado a partir de esta grave decisión del órgano electoral y hacer cesar aquellas acciones que impiden el ejercicio del derecho de las personas a elegir a sus representaes y ejercer control sobre ellos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos rechaza la violencia en contra de manifestaciones

POR AULA ABIERTA VENEZUELA · 27 OCTUBRE, 2016

prensa@aulaabiertavenezuela.org

En relación con los hechos acaecidos en Maracaibo el día 26 de octubre de 2016, las organizaciones de derechos humanos en el estado Zulia ratificamos nuestro apoyo al ejercicio de las libertades civiles y políticas, y en concreto, al derecho a la manifestación pacífica.
Durante el desarrollo de la protesta, que se inició en la mañana y se extendió hasta tempranas horas de la tarde, fue notable el comportamiento cívico de los manifestantes. Sin embargo, la paz fue interrumpida cuando los manifestantes que transitaban por la Circunvalación 1 fueron emboscados por un grupo de civiles armados adeptos al gobierno que se encontraban ubicados en el Distribuidor Perijá 1, limítrofe entre los municipios Maracaibo y San Francisco. Este grupo atacó a los manifestantes, estando en presencia de la Policía del Municipio Bolivariano de San Francisco, generando un saldo de siete (7) personas heridas, de las cuales cuatros (04) resultaron heridas de bala y tres (03) de ellas son estudiantes universitarios.

En razón de ello, exigimos al Estado venezolano que investigue los hechos que atentaron contra la integridad física y la vida de estas personas que, avaladas por la Constitución de la República, salieron de sus casas a ejercer su derecho a la protesta pacífica. En este sentido, exhortamos a las autoridades ejecutivas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, a que no exista impunidad y se sancione a los responsables de estos delitos, atendiendo a lo establecido en la Constitución y las leyes, así como en las obligaciones internacionales de la República en materia de protección de los derechos humanos. Advertimos que el Estado venezolano no sólo está obligado a permitir la manifestación pacífica, sino que también tiene el deber de garantizar la seguridad en los espacios donde esta se realice, tanto para las personas que protestan como para las que no. En definitiva, lo ocurrido en Maracaibo el 26 de octubre de 2016 replica una situación de la que ya hemos sido testigos en años anteriores: una manifestación que se inició de manera ejemplar fue interrumpida con hechos de violencia.

También hacemos un llamado a la paz y la calma en estos momentos de incertidumbre, recomendando a la ciudadanía a no hacerse eco de rumores e informaciones que no hayan sido verificadas.

Por último, reivindicamos el derecho que tenemos todos los venezolanos a decidir y resolver la crisis política que atraviesa nuestro país haciendo uso de las vías democráticas.

En Maracaibo, a los 27 días de octubre de 2016.
Organizaciones que suscriben:
· CODHEZ (Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia)

· Aula Abierta Venezuela

· Comisión de Derechos Humanos Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad del Zulia

· Foro Penal Venezolano- Capitulo Zulia

· Transparencia Venezuela

· Centro de acción y defensa por los Derechos Humanos

Cedice Libertad condena ruptura del hilo constitucional y violencia contra la AN

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) condena enfáticamente el quebrantamiento definitivo del Estado de Derecho en Venezuela, luego de un proceso progresivo pero indetenible de deterioro de las formas y prácticas republicanas que ha vivido el país desde 1998.

 

Este deterioro llegó a su punto culminante el pasado jueves con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de congelar de manera indefinida la realización del referendo revocatorio presidencial obedeciendo órdenes de tribunales penales estatales, que a su vez respondieron a dictámenes políticos de gobernadores integrantes del partido de gobierno.

Con estas medidas la mínima apariencia de régimen democrático y apegado a Derecho que podía quedarle al Gobierno venezolano, así como de autonomía técnica a los Poderes Públicos sometidos a aquél, ha desaparecido y ya hoy el mundo sabe lo que ocurre en Venezuela desde hace muchos años: que la democracia y la libertad se han perdido.

Como si no hubiera sido suficiente esta nueva muestra de subordinación y parcialidad del Poder Electoral a los designios gubernamentales, Venezuela y el mundo fueron testigos este domingo de una muestra de agresión y violencia contra el único poder Poder Público que ha intentado ejercer cierta autonomía desde que fue electo por todos los venezolanos el pasado 6 de diciembre: la Asamblea Nacional (AN).

En medio de una sesión convocada para discutir la ruptura del hilo constitucional en Venezuela,presuntos integrantes de “colectivos” (grupos simpatizantes organizados por el oficialismo) ingresaron a las instalaciones del Parlamento de manera violenta, agrediendo y robando a quienes se encontraban en el lugar, en un intento de impedir que la mayoría parlamentaria se pronunciara sobre dicha ruptura. Fue la primera vez en casi 200 años de historia republicana que se ingresaba por la fuerza al recinto parlamentario.

 

Para Cedice Libertad la crisis política, económica y social de Venezuela es consecuencia directa del irrespeto a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho y, en general, a las libertades civiles y políticas de los ciudadanos, entre las que se cuentan las de escoger y remover a sus gobernantes de acuerdo con lo previsto en la Constitución Nacional.

Organizaciones de DDHH exigimos garantías para participación política en elecciones y referendos

Organizaciones de derechos humanos venezolanas rechazan la suspensión del proceso de referéndum revocatorio y las postergación inconstitucional de las elecciones regionales. Estas medidas constituyen una violación a los derechos políticos de los venezolanos y una evidente ausencia de independencia del Poder Judicial y del Poder Electoral, que cierra las vías hacia una solución pacífica de la crisis política y social que enfrenta Venezuela.

El 20 de octubre de 2016, tribunales penales de los estados Carabobo, Apure, Aragua y Bolívar admitieron casi en simultáneo, querellas penales contra la recolección del 1% de firmas para el referéndum revocatorio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de ya haber aprobado esta parte del proceso en el mes de abril, anunció de inmediato que “acataba” las decisiones de los tribunales y suspendió el proceso.

Estos acontecimientos fueron consecutivos a declaraciones públicas del primer vicepresidente del PSUV y diputado Diosdado Cabello, quien anunció que estaban a la espera de la “cayapa judicial”. Cabello ordenó a todos los Equipos Regionales del partido y a los jefes estadales de los aliados que fueran a los tribunales y exigieran justicia por la supuesta recolección de firmas de personas fallecidas, menores de edad y privados de libertad.

Este escenario de falta de institucionalidad e independencia de poderes públicos, ausencia de consulta popular y graves violaciones de derechos humanos socava la democracia en Venezuela

El 18 de octubre el CNE anunció igualmente la suspensión, sin motivos, de las elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos, que debían hacerse en el 2016, las cuales fueron aplazadas para finales del primer semestre de 2017.

Estos hechos ocurren en el marco de una profunda crisis económica y social que afecta al país, que incluye alta escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, dificultad económica para el acceso a bienes y servicios básicos y altos índices de criminalidad.

El retardo y suspensión de la consulta popular atenta gravemente contra el derecho a la participación de los venezolanos. La ausencia de procesos electorales afecta también de forma indirecta derechos económicos y sociales de los ciudadanos, al impedir una solución pacífica a los problemas comunes. Este escenario de falta de institucionalidad e independencia de poderes públicos, ausencia de consulta popular y graves violaciones de derechos humanos socava la democracia en Venezuela.
Por estas razones, exigimos:

  1. Que el Consejo Nacional Electoral reanude de forma inmediata el proceso de recolección de firmas y haga posible llevar a cabo sin dilaciones indebidas el referéndum revocatorio así como las elecciones regionales en el tiempo constitucionalmente previsto.
  2. Que el Poder Judicial se abstenga de obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana de los venezolanos y se ajuste a parámetros de autonomía, independencia e imparcialidad en el estricto marco de su competencia
  3. Que el Poder Ejecutivo facilite el ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana de todas las personas, no establezca obstáculos para los mismos y posibilite una solución pacífica de la crisis política, institucional, económica y social de Venezuela.
  4. El gobierno nacional debe garantizar plenamente los derechos a la libertad de pensamiento, expresión, asociación y a la reunión o asamblea de todas las personas que quieran manifestar su inconformidad con estas decisiones.
  5. A las organizaciones sociales y de derechos humanos de la región ainstar a sus gobiernos a que desarrollen acciones que contribuyan a una solución constitucional y pacífica a la grave crisis venezolana.
    En Caracas, a los 21 días del mes de octubre de 2016.
    Suscriben:
    Acción Ciudadana Contra el SIDA
    Acción Solidaria
    Asociación Civil fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
    CADEF (Centro de Acción y defensa por los DDHH)
    Centro de Derechos Humanos de la UNIMET
    Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
    Civilis Derechos Humanos
    Codhez (Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia)
    Comisión Episcopal Justicia y Paz
    Convite AC
    Espacio Público
    EXCUBITUSdhe
    Movimiento Vino Tinto A.C.
    Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
    Observatorio Venezolano de Prisiones
    Oficina de DDHH de Amazonas
    Provea (Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos)
    Sinergia
    StopVIH
    Transparencia Venezuela
    Un Mundo Sin Mordaza
    Una Ventana A la Libertad