Comunicado: 100 ONG manifiestan su rechazo a la Violencia Sexual en el contexto de la represión e intolerancia política en Venezuela

Las organizaciones abajo firmantes condenamos la violencia, represión y violación de derechos humanos que se viene dando de forma sistemática por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones en contra de manifestantes y personas detenidas, desde el inicio de las protestas en Venezuela en el mes de abril de 2017; y que atentan contra derechos esenciales como lo son el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho legítimo a la protesta pacífica, la libertad de expresión  y la lucha legítima por la democracia.
En este sentido, rechazamos todas las formas de violencia contra mujeres y hombres, en especial la violencia sexual que se ha profundizado en el marco de la política de represión del Estado, así como las violaciones a garantías jurídicas específicas hacia las adolescentes que han sido detenidas en el contexto de manifestaciones públicas.
En más de 100 días de protestas pacíficas, las denuncias registradas muestran actos de violencia sexual en los que  las mujeres detenidas han sido obligadas a desnudarse al interior de un centro de detención frente a funcionarios policiales, o han sido amenazadas y amedrentadas con improperios sexuales. En varios casos, las mujeres han sufrido brutales ataques de la fuerza pública, vejaciones y abusos en el marco de las protestas y durante los procesos de detención, muchos de los cuales han sido declaradas como violaciones por organismos de justicia. Según seguimiento a la prensa realizado por AVESA, se encontraron 25 víctimas de violencia sexual en este contexto (56% mujeres), quienes reportaron exposición a la violencia sexual (60% de los casos), tocamientos (20% de casos) y violación sexual (16% de casos, 2 mujeres y 2 hombres), e identificaron que las personas agresoras pertenecían a la Policía Nacional Bolivariana en el 68% de los casos, PoliAragua en 20% y, la Guardia Nacional en 12% de casos . Asimismo, nos preocupa que los actos de violencia sexual no sean denunciados, en ejercicio, exigibilidad y defensa de sus derechos, como consecuencia de la impunidad.
De conformidad con instrumentos internacionales ratificados por Venezuela, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura, y otros Tratos Crueles o Degradantes, todas las formas de violencia deben ser erradicadas y prevenidas por las instituciones del Estado, sin ningún tipo de discriminación y garantizando el goce y ejercicio de todos los derechos en condiciones de igualdad, incluyendo la libertad de reunión pacífica, asociación y participación en los asuntos públicos; sobre todo en contextos de violencia donde las mujeres, adolescentes y niñas, por el hecho de serlo, son más vulnerables a ser víctimas de discriminación o grados mayores de violencia por la cultura patriarcal imperante.
Reafirmando el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz de conformidad con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, las organizaciones abajo firmantes instamos al Estado venezolano y a las autoridades responsables a:
1. Detener los actos de represión contra las manifestaciones pacíficas, adoptando de inmediato medidas apropiadas para proteger a la población de todas las formas de violencia, incluidas las mujeres y las niñas;
2. Investigar a fondo todas las denuncias de actos de violencia sexual cometidos por autoridades policiales o militares y que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia, incluyendo superiores civiles y jefes militares, recordando que las violaciones comprenden también no prevenir la violencia sexual y permitir la impunidad;
3. Aplicar medidas apropiadas de disciplina militar bajo el principio de responsabilidad del mando en todas aquellas situaciones donde se comentan actos de violencia sexual;
4. Cumplir la prohibición categórica de violencia sexual a través de la verificación de antecedentes de las fuerzas armadas y de seguridad para tener en cuenta su historial y el adiestramiento de tropas donde se refute mitos que alimenten la violencia sexual;
5. Adoptar medidas para la evacuación hacia un lugar seguro de las mujeres y los niños que se encuentren bajo amenaza inminente de violencia sexual, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por las mujeres de las comunidades locales afectadas.
Finalmente, ponemos a disposición de las víctimas y familiares el directorio de organizaciones que brindan apoyo, asistencia legal y psicológica en casos de violencia por razones de género, el cual, puede ser consultado en www.rednaranja.com.ve
Se seguirán recibiendo apoyos y respaldos al comunicado de organizaciones o personas AQUI
 
Organizaciones firmantes:
  1. Acción Ciudadana Contra el Sida – ACCSI
  2. Acceso a la Justicia
  3. Acción Solidaria
  4. Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo)
  5. Aliadas en Cadena A.C.
  6. Amigos Transplantados de Venezuela
  7. Asamblea de Educación
  8. Asamblea Nacional Estudiantil (ANE)
  9. Asoc.civil Centro de Desarrollo Integral Sucre
  10. Asociación Civil de Planificación Familiar – PLAFAM
  11. Asociación Civil Niña Madre
  12. Asociación Civil PRODEFEM
  13. Asociación Civil Saber es Poder “ASOSABER”
  14. Asociación Larense de Planificación Familiar – ALAPLAF
  15. Asociación Mujeres en Linea
  16. Asociación Venezolana para la Hemofilia
  17. ASOCIACION POR LA VIDA (ASOVIDA)
  18. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa – AVESA
  19. Asociación Venezolana de Mujeres A.V.M
  20. Aula Abierta Venezuela
  21. Aurora Madre
  22. Avessoc
  23. Casa de la Mujer “Juana Ramirez La Avanzadora”
  24. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar A. Romero Universidad de Los Andes
  25. Centro de Formación para la Democracia (CFD)
  26. Centro de Estudios de Genero de la Universidad Simon Bolivar
  27. Centro de Justicia y Paz – CEPAZ
  28. CDH-UNIMET
  29. Centro Hispanoamericano para la mujer FREYA
  30. CECODAP
  31. Civilis Derechos Humanos
  32. Coalición Clima21
  33. CODEVIDA
  34. Comisión de Derechos Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
  35. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
  36. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
  37. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadania CODEHCIU
  38. Comisión de DDHH de la federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure
  39. Convite AC
  40. Cultura Sin Fronteras
  41. Diverlex Diversidad e Igualdad a través de la ley
  42. Entrecuerpos. Centro de Estudios
  43. Escuela de Vecinos de Venezuela
  44. ESCUELAS VENEZOLANAS DE PSICODRAMA
  45. EXCUBITUS derechos humanos en educación 
  46. Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela – FEDEVE (Comisión de DDHH)
  47. Federación Latinoamericana de Abogadas FEDLA
  48. FEDERACIÓN NACIONAL DE SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES -FENASOPADRES-
  49. FeminismoINC
  50. Frente Nacional de Mujeres – FENAMU
  51. Fundamujer
  52. Fundación Aguaclara
  53. Fundación Blanca Nieve Sierra FBNS
  54. Fundación CELTA
  55. Fundación Reflejos de Venezuela
  56. FUNCAMAMA
  57. Género y Derechos Humanos – GENDHU
  58. Geografía Viva A. C
  59. Humano Derecho Radio Estación
  60. Instituto de Investigaciones Jurídicas UCAB
  61. Iremujeres Miranda
  62. Juventud en Acción 
  63. Liga Merideña contra el SIDA
  64. Manifiesta
  65. Mov. Mujeres con Voluntad-MujeresVP
  66. Movimiento SOMOS
  67. Mulier
  68. MVA Mujeres Venezolanas en Acción
  69. No Permitas Malos Tratos
  70. Nueva Esparta en Movimiento AC.
  71. Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres OVDHM
  72. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
  73. Oportunidad A.C.
  74. Padres Organizados de Venezuela
  75. Prepara Familia
  76. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
  77. Proinclusión VP
  78. Provea
  79. Proyecta Ciudadanía A.C
  80. Psicologos sin Fronteras Venezuela
  81. Red Juvenil Cultura de Paz y VIH/SIDA
  82. Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos( REDAC)
  83. Red de Jóvenes de las Américas Nodo Venezuela
  84. Red Sindical de Mujeres
  85. Red de Observación y Acción por el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia – Red Naranja
  86. RED ROSA
  87. SENOSALUD
  88. Senosayuda A.C.
  89. Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
  90. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  91. Soy Mujer
  92. STOP VIH
  93. Transparencia Venezuela
  94. Una Ventana a la Libertad
  95. Unión Afirmativa de Vzla
  96. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
  97. ViveMujer ONG
  98. Vicaria DDHH Guayana
  99. Voces de Género Venezuela, A.C
  100. Voces Vitales Venezuela . VVV
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Comunidad Universitaria condena las prácticas de criminalización de las protestas de los ciudadanos y ataques a zonas residenciales

La organización Aula Abierta Venezuela y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia manifiestan su profunda preocupación ante los recientes hechos acaecidos en diversas zonas del Estado Zulia, donde se ha evidenciado el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza pública violando derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas, tales como el derecho a la vida, integridad física, psíquica y moral, inviolabilidad del recinto privado u hogar, manifestación pacífica, libertad de expresión, de tránsito,  entre otros.

CONSIDERANDO

Que desde el día 16 de julio de 2017, se han incrementado sistemáticamente eventos que menoscaban los derechos fundamentales de los ciudadanos con la actuación y en algunos casos anuencia de las autoridades del Estado venezolano a partir  de un proceso de Consulta Popular convocado por la Asamblea Nacional.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y con la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la vida es inviolable, dada su condición de necesaria para el disfrute y ejercicio de los demás derechos humanos.

CONSIDERANDO

Que los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconocen como un derecho político consustancial con la vida democrática el de la manifestación pacífica, y de libertad de expresión y de asociación, por lo cual se prohíbe cualquier acción represiva de los cuerpos policiales y de seguridad, así como el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para enfrentar manifestaciones pacíficas. Asimismo el derecho a la integridad física, psíquica y moral es una garantía establecida en el artículo 46  de  la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia:(…) 4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla el derecho a la manifestación pacífica: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas (…)”. De igual forma, el artículo 53 constitucional garantiza que “Toda persona tiene el derecho de reunirse pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley”,  y el artículo 55 constitucional dispone en su último aparte que “Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad (…)”.

CONSIDERANDO

Que el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la inviolabilidad del recinto privado: “El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano (…)”. Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal en los artículos 196, 197 y 198 prevé las condiciones legales para la práctica de allanamientos a moradas, como lo son: una orden judicial fundada, notificación a quien habite en el lugar o se encuentre en ella sobre la práctica del allanamiento y la presencia de dos testigos.

CONSIDERANDO

Que el 20 de julio de 2017, Cuerpos de Seguridad Nacional en el Estado Zulia irrumpieron en distintos Zonas residenciales de la ciudad de Maracaibo, específicamente en las urbanizaciones  El Guayabal, La Misión, Terrazas de Sabaneta, Caminos de la Lagunita, Residencias San Martin, Residencias El Trébol, El Cují y Villa la Sagrada Familia, donde mediante un uso indiscriminado y desproporcional de la fuerza pública ocasionaron daños a la propiedad privada en estas residencias y afectaron gravemente a sus habitantes, violando protocolos de actuación en materia de control del orden público relativos al uso diferenciado y proporcionado de la fuerza, normas constitucionales y estándares internacionales, principalmente los establecidos en  losPrincipios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU, 1990) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíben para todos los sujetos políticos y los poderes estatales la utilización abusiva y desproporcionada o excesiva de la fuerza contra los manifestantes.

CONSIDERANDO

Que el día 20 de julio, una mujer de 38 años de edad recibió un impacto de bomba lacrimógena en su rostro dentro de su morada cuando la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) perseguía y reprimía una manifestación desarrollada en el sector Francisco de Miranda, en la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia.

CONSIDERANDO

Que el día 20 de julio de 2017 resultaron detenidas más de 130 personas en el Estado Zulia, entre ellas 20 estudiantes universitarios, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana y la  Policía del Municipio San Francisco mientras ejercían su derecho a la manifestación pacífica como forma de demostrar su desacuerdo con la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Presidente Nicolás Maduro.

CONSIDERANDO

Que uno de los estudiantes universitarios detenidos denunció haber recibido golpes fuertes alrededor de todo su cuerpo, amenazas, improperios y actos vejatorios como el intento de ser orinado por parte de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuales constituyen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

CONSIDERANDO

Que se recibieron denuncias por parte de la sociedad civil acerca del uso de ambulancias como medios de transporte encubierto para transportar efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo cual es contrario a los estándares internacionales en materia humanitaria, la cual contempla que las instalaciones médicas, sus equipamientos y su personal no pueden ser convertidos en objetivos ni empleados con fines militares.

 

CONSIDERANDO

Que existen antecedentes graves en Venezuela sobre el uso indiscriminado de la fuerza pública, la conducta represiva y desproporcionada por parte de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana(GNB) contra manifestantes, especialmente contra estudiantes, lo cual ha sido advertido con gran preocupación por parte de distintos órganos internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano, en reiteradas oportunidades, especialmente a partir de las protestas de los años 2013 y  2014.

RESUELVEN

  1. Hacer un llamado enérgico y directo a las autoridades nacionales, regionales y de seguridad para que se avoquen a garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, integridad física, psíquica y moral, manifestación, libertad de expresión, libertad académica y la inviolabilidad del recinto privado u hogar, y todos los demás derechos contenidos tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en los Tratados Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos.

 

  1. Exigir al Gobierno Nacional a respetar el derecho a manifestar de los ciudadanos, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Tratados Internacionales. La criminalización de la protesta no es compatible con los estándares internacionales ni la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

  1. Exigir a las autoridades del Poder Público con competencia en la materia el inicio de los procedimientos para la determinación de las responsabilidades a las que hubiere lugar por el cometimiento de los actos de tortura, tratos crueles,  inhumanos y degradantes, así como las distintas violaciones del marco normativo nacional e internacional, al haberse incurrido en prácticas represivas desproporcionadas contra manifestantes y en violaciones de derechos humanos de manifestantes. Urge la actuación independiente y apegada a Derecho del Ministerio Público y del Defensor del Pueblo, especialmente.

 

  1. Condenar cualquier acto de irrupción por parte de autoridades policiales y/o militares a zonas residenciales, así como cualquier otra acción que se traduzca en la violación de la garantía de la inviolabilidad del recinto privado u hogar, contemplado en el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

  1. Condenar las prácticas de criminalización de la protesta estudiantil en los sucesos recientes acaecidos en Venezuela, la práctica de detenciones arbitrarias, la perpetración de actos de tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes  y agresiones generalizadas contra manifestantes, así como el irrespeto de sus derechos al debido proceso, a la integridad física, psíquica y moral, a la libre expresión, a la libertad académica, y otros derechos humanos.

 

  1. Solidarizarnos con todas las víctimas de violación de derechos humanos y sus familias, especialmente con el estudiantado universitario víctima de la represión.

 

  1. Exigir que toda acción de órganos militares o policiales frente a grupos de manifestantes respete los derechos humanos, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los estándares internacionales, a los fines evitar el uso de la fuerza fuera del marco del respeto a la integridad de las personas, la dignidad humana y los derechos humanos en general.

 

  1. Exigir la derogación de la Resolución Nº 008610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa  de fecha 25/01/2015 sobre Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, así como de toda resolución o acto que atenta contra el propio ordenamiento constitucional venezolano y estándares internacionales en la materia, establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU, 1990).

 

  1. Exhortar a los órganos internacionales de derechos humanos a hacer un llamado contundente al Estado venezolano exigiendo el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia del uso de la fuerza pública, de la no criminalización de la protesta, así como de la garantía y respeto de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas.

 

 

Link del comunicado: http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/07/23072017-Comunicado-ataque-a-zonas-residenciales.pdf

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Exigimos el cese de la persecución en contra de activistas y defensores de Derechos Humanos en Venezuela

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos el presente comunicado, rechazamos de forma categórica y contundente la persecución que impera en Venezuela en contra de activistas y defensores de Derechos Humanos, que desde diversos ámbitos mantienen activa la labor de documentar y denunciar las grave crisis nacional, con el fin de exigir al Estado venezolano en sus distintos niveles (Municipal, Estadal y Nacional) el cumplimiento de sus responsabilidades.

Queremos enfatizar la responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por llevar a cabo de forma arbitraria y sin una orden de detención previa, la privación ilegítima de la libertad personal de Carlos Graffe y a su vez la responsabilidad del poder Judicial, donde específicamente el tribunal militar instalado en la 41 Brigada Blindada de Valencia estado Carabobo, actuando apartados del orden jurídico venezolano, inició procedimiento irregular e ilegal en esta jurisdicción, dictado el 14 de julio del presente año aproximadamente a las 12:00am medida privativa de libertad en contra de Carlos Graffe y como centro de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde.1 En contravención del artículo 44 constitucional “La libertad personal es inviolable; en consecuencia: 1.- Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti (…)” y del artículo 49 constitucional “(…) Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales (…)”

Es importante tener presente que el movimiento cívico que comenzó en las calles a partir de febrero de 2014, como parte de la labor de las nuevas generaciones de conquistar la justicia, la libertad y la igualdad en Venezuela y donde participó Graffe, sigue expresándose a través de la protesta ciudadana. Y motivado al acompañamiento y seguimiento que ha venido haciendo el movimiento de defensores de derechos humanos, el gobierno nacional ha generado patrones de persecución, deteniendo arbitrariamente, iniciando procedimientos judiciales viciados, limitando y restringiendo el ejercicio de derechos civiles y políticos, entre otros. Lo que ocurre en la cotidianidad del venezolano y se constituye como violación de derechos humanos es la muestra del deterioro institucional y la falta de independencia de los poderes públicos.

En los últimos meses el sistema de justicia ha demostrado una parcialidad política en favor del ejecutivo nacional criminalizando el ejercicio de derechos ciudadanos reconocidos tanto en el ordenamiento jurídico interno como en los tratados, pactos y convenios suscritos y ratificados por el Estado. La detención de Carlos Graffe, quien ha dedicado su labor de promover, difundir y defender Derechos Humanos desde las trincheras de un partido político de la disidencia venezolana, documentando y denunciando el alto nivel de contaminación del agua de la represa Cachinche y del lago de Valencia, el deterioro de la vialidad carabobeña y otras acciones, que sin ningún argumento legítimo, han sido desestimadas en todas las instancias o en contraposición ha operado el silencio administrativo. Este caso suma a las vulneraciones de derechos fundamentales y humanos que vienen ocurriendo en Carabobo desde el 1 de abril de 2017, fecha en la que inició de forma permanente y consecutiva el ejercicio del derecho a la protesta por parte de la sociedad civil y diversos partidos políticos, en rechazo a las decisiones inconstitucionales aprobadas por el máximo tribunal de justicia, entre otras razones.

Exigimos y exhortamos al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público ajustarse al fiel cumplimiento de la constitución vigente, restablecer el orden jurídico y los derechos vulnerados y proceder a la inmediata liberación de Carlos Graffe. Como Organizaciones garantes de Derechos Humanos que impulsamos a las nuevas generaciones, asumimos el fiel compromiso de mantener nuestras exigencias y demandar al Estado el cumplimiento de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos de forma imparcial.  


 Acceso a la justicia

·         Cátedra de DDHH de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado

·         Centro de Acción y Defensa por los DDHH

·         Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH – UNIMET)

·         Centro de Justicia y Paz

·         Centro para la Paz y los DDHH – UCV

·         Comision de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira

·         Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

·         Frente Nacional de Mujeres

·         Nva. Esparta en Movimiento A.C

·         Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

·         Padres Organizados de Venezuela

·         Provea

·         Proyecto Venezuela

·         Sociedad Hominis Iura (SOHI)

·         Una Ventana a la Libertad

Personas:

  • Alexis Zavala

  • Daniella Rodriguez

  • David Echeik

  • Gustavo Andrade

  • Leyla Ortiz

  • Luis Manzanarez

  • Maria Blanco

  • Pedro Paraqueimo

  • Mary Mogollon

  • Yeiffer Graterol

  • Ruben Quintero

  • Francisco Herrera

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WOLA: El hemisferio debe rechazar la Asamblea Constituyente de Venezuela y apoyar una resolución electoral a la crisis

Washington, DC—En el mes de julio, el gobierno venezolano pretende comenzar a reescribir la constitución del país a través de un proceso que es claramente inconstitucional y que desempoderará a los ciudadanos venezolanos por años. Como una  organización dedicada al avance de la justicia social y los derechos humanos en las Américas, WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) apela a las naciones del hemisferio a reconocer la importancia de este momento, instando al gobierno venezolano a dejar de lado su plan para crear una nueva constitución y en su lugar adherirse a la Constitución de 1999 del país.

Si es implementada como está propuesta por el gobierno del Presidente Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente representaría un asalto a un principio fundamental de la democracia: la soberanía del pueblo. La Constitución de Venezuela de 1999 establece claramente que sólo el pueblo venezolano tiene la autoridad para convocar una nueva Asamblea Constituyente. Pero el gobierno de Maduro ha usurpado esta autoridad por sí mismo, rechazando la idea de solicitar el consentimiento previo del pueblo, como fue el caso en abril de 1999, cuando la cuestión de si se reescribía o no la constitución fue sometida a un referéndum del electorado entero.

La propuesta de Maduro de reescribir la constitución es un claro intento, por parte de un gobierno impopular, de permanecer en poder en un contexto en el cual saben que no podrían ganar elecciones justas. En el 2016, el gobierno de Maduro impidió un referéndum revocatorio presidencial y pospuso indefinidamente las elecciones regionales programadas. Ahora, en el caso de la Asamblea Constituyente, el gobierno ha creado reglas para seleccionar a los delegados de la Asamblea a favor de sus partidarios: bajo los procedimientos propuestos por el gobierno, sus candidatos podrían tomar la mayoría de los asientos ganando menos que el 30 por ciento del voto, que está previsto para el 30 de julio. Los partidos de oposición justificadamente consideran que este proceso es ilegítimo e inconstitucional y, por lo tanto, no presentarán candidatos. Esto significa que si el proceso continúa, las reglas básicas del país serán reescritas por una sola fuerza política. Además, la Asamblea Constituyente tendrá “poderes de origen” que sobrepasarán a todos los demás poderes constituidos. Funcionarios del gobierno venezolano ya han sugerido que la Asamblea Constituyente usará ese poder para disolver la actual Asamblea Nacional y deponer a la Fiscal General Luisa Ortega, quien ha criticado abiertamente al gobierno y ha tratado de bloquear el plan del gobierno para reescribir la Constitución.

Por lo tanto, WOLA urge a los países del hemisferio a rechazar colectivamente la convocatoria antidemocrática de una Asamblea Nacional Constituyente, y a continuar insistiendo en el establecimiento de un calendario claro para las elecciones regionales, municipales y nacionales que observen los plazos establecidos por la Constitución. Al llamar a Venezuela para que respete su Constitución de 1999, los países de las Américas deben insistir en que el gobierno respete la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y libere a los prisioneros políticos, condiciones que fueron apoyadas por la Santa Sede durante la mediación de la crisis a finales del 2016.

También es vital que los países de la región declaren su apoyo unido para una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Aunque los actuales niveles de polarización y desconfianza en Venezuela representan serios obstáculos para las negociaciones constructivas, sólo el diálogo y las negociaciones entre las partes resolverán la situación. Los aliados regionales pueden desempeñar un papel importante para ayudar a superar los obstáculos y facilitar un diálogo constructivo. Un consenso emergente se está formando en toda la región con respecto a la importancia de un compromiso renovado con esas negociaciones en Venezuela, lo que podría ser facilitado por un grupo de países dedicados del hemisferio.

Este es un momento para acción urgente. Al hablar en favor de la resolución pacífica y contra la convocatoria del 30 de julio de una Asamblea Nacional Constituyente, los países de las Américas tienen la oportunidad de abordar la crisis de manera significativa y expresar su solidaridad con el pueblo venezolano.

Para leer más análisis de WOLA sobre la situación en Venezuela visite el blog, “Política y Derechos Humanos en Venezuela”.  

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Contacto:
Loren Riesenfeld
Oficial de Comunicaciones, WOLA
+1 (202) 797-2171
press@wola.org
Publicado por WOLA 
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Ataques a residencias son una forma inadmisible de castigo ejemplarizante

COFAVIC observa con preocupación el aumento y la práctica sistemática de la represión indiscriminada contra residencias en diferentes lugares del país, ocurridas en el contexto de las protestas que se han desarrollado en Venezuela desde abril de 2017. Hemos tenido conocimiento que en varias zonas del país, presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policías estadales han realizado presuntos procedimientos que carecen de los parámetros legales mínimos y que han puesto en grave riesgo la integridad personal y las propiedades de numerosas familias, generando efectos severos a nivel emocional en las personas que han sido expuestas a estas atrocidades. Consecuencias que serán muy difíciles de reparar y que deben ser atendidas por las autoridades de inmediato.

En el estado Mérida han sido afectados los sectores El Campito y la avenida Cardenal Quintero. En Lara, vecinos de la urbanización Sucre, ubicada en la avenida Libertador de Barquisimeto, denunciaron las horas de terror vividas por ataques ejecutados por presuntos funcionarios de la GNB. También, esto ha sido denunciado por habitantes de las residencias Altavista, ubicada en la Avenida Ferrero Tamayo de San Cristóbal, estado Táchira. En Carabobo y en el Estado Zulia, tambien se conocen casos similares, entre otras zonas del país. En el Área Metropolitana de Caracas, se han registrado ataques directos con bombas lacrimógenas, disparos y destrozos en residencias de El Valle, El Paraíso, Montalbán, Palo Verde, Petare, avenida Victoria, Candelaria, San Bernardino, San Martín, La Vega, La Urbina, El Llanito así como en San Antonio de Los Altos, ubicado en el estado Miranda, entre otros sectores.

Los ataques y actos de hostigamiento a zonas residenciales han dejado una afectación severa en sus habitantes, no sólo por el nivel de pérdidas en daños a bienes materiales como puertas de acceso, ascensores, destrucción de sistemas internos de seguridad, daños a infraestructura y áreas verdes, sino también pérdidas simbólicas. Este tipo de incursiones, tras su paso, dejan en la población residente un profundo temor y una sensación de indefensión. Para todo individuo, su domicilio es aquel espacio de protección y confort que resguarda el proyecto de vida, las ilusiones de cualquier grupo familiar. Una incursión violenta de los cuerpos de seguridad sin duda afectan de manera directa la dinámica de quienes residen en ese espacio, siendo las mujeres, los niños y los ancianos testigos principales de esas acciones y víctimas directas de sus peores efectos.

Penetrar en la cotidianidad y privacidad de las personas y las comunidades constituye uno de los más graves crímenes, puesto que dicha acción busca generar incertidumbre en la población frente al hecho de que cualquiera puede ser afectado. Con esto se siembra desconfianza a lo interno de una comunidad, rompiendo el tejido social y dispersando cualquier iniciativa de organización social y ciudadana. Por la crueldad y desproporción que se han producido, constituyen una especie de castigo ejemplarizante que no tiene otra intención que la sumisión individual y colectiva al perpetrador y sus propósitos.

El Estado no puede ser cómplice del terror ni por acción u omisión porque eso configura la institucionalización del crimen de Lesa Humanidad. Y por ello todos estos graves procedimientos contra residencias y familias que han causado daños innumerables en las personas que los han vivido deben ser investigados, sancionados y prohibirse, dado que lo contrario es auspiciar un terrorismo de Estado que deslegitima todas las acciones que se realicen y que dejará un saldo de dolor, frustración y separación que será muy difícil revertir en nuestro país.

Ningún procedimiento que pretenda ser legal puede ser desarrollado con saña y con el propósito de infligir dolor y producir la ruptura del tejido social. La aplicación de la ley debe ser reparadora y humanizadora y nunca constituir una herramienta de venganza y de aniquilación.

Ni en las circunstancias más graves un Estado está autorizado para atacar y tener injerencias arbitrarias en la familia y su domicilio. La familia como lo establece nuestra Constitución y el Derecho Internacional es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

En toda circunstancia por grave y violenta que sea, los Estados están en el deber de establecer un conjunto de normas que por razones humanitarias limiten los efectos de los conflictos y procedimientos que las autoridades desarrollen.

Los principios de humanidad, proporcionalidad, distinción y limitación deben estar en vigencia, incluso en situaciones de conflicto armado interno o externo y en desarrollo del Derecho Internacional Humanitario -situación que afortunadamente no es la nuestra- y que demuestra que hay un núcleo duro de derechos y protecciones que no deben ser traspasadas por los Estados en ninguna circunstancia. El principio de humanidad establece que no se debe infligir sufrimientos a las personas ni destruir sus bienes innecesariamente. El principio de distinción establece que en caso de que existan dudas entre objetivos militares y civiles debe prevalecer la presunción del carácter civil y desarrollar las salvaguardas propias de éste para evitar daños a las personas.

El ejercicio de la fuerza y de las competencias de las autoridades no son ilimitados y de sus restricciones depende la legitimidad y la legalidad del accionar del Estado y la gravísima ejecución del denominado terrorismo de Estado, donde se pierden límites, propósitos, distinciones y sentido de humanidad.

En su artículo 47, la Constitución establece que: “El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrá ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano…”. Asimismo en su artículo 49, la Constitución establece las garantías del debido proceso las cuales deben ser respetadas en todo momento por las autoridades que estén realizando cualquier procedimiento.

Según el artículo 68 de la Constitución “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La Ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control de orden público”.

Ningún derecho humano puede estar sujeto a suspensión, únicamente algunas garantías pueden ser restringidas temporalmente y estrictamente bajo el procedimiento constitucional previsto en los artículos 337 al 339 de la Constitución. Todo procedimiento diferente a este constituye un fraude a la Constitución y es de carácter nulo.

El interés superior de la protección de la familia, niños y ancianos goza de primacía en cualquier circunstancia y el Estado está obligado indefectiblemente a asegurar su protección y garantía. El principio de la unidad familiar y de la protección especial que deben tener sus miembros y sus residencias debe sobreponerse ante cualquier otro interés que se persiga y ajustarse a la consecución del proceder judicial a no invadir y mucho menos destruir los mínimos que permiten que una familia permanezca unida y en un ambiente propicio.

Por todo ello:

  1. Exigimos a las autoridades competentes que se inicien investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, oportunas, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas en estos últimos días, particularmente el asedio, hostigamiento y ataques a residencias. Hacemos un llamado urgente al Ministerio Público a fin de que designe fiscales especiales que reciban las denuncias sobre ataques a residencias que brinde una atención integral a las víctimas basándose en experiencia comparada.
  2. Instamos al Estado a que impulse la plena participación, incorporación y protección de las víctimas en los procesos de investigación.
  3. Se respete el debido proceso y las garantías judiciales durante los procesos de allanamiento a residencias y de todas las personas privadas de libertad y que cuyas actuaciones y detenciones estén, sin excepciones, bajo el control constitucional del Ministerio Público. Asimismo, se dé inmediata libertad a todas aquellas personas que tengan una decisión al respecto sin más dilaciones.
  4. Se garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión y de información y se proteja a los comunicadores sociales, permitiéndoles realizar su trabajo de manera efectiva y segura. Se investiguen sin dilaciones y de manera independiente todas las agresiones sufridas por los periodistas y trabajadores de medios de comunicación en general.
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