Grupo Social CESAP | Ante la crisis que agobia al país

El Grupo Social CESAP, como organización de la Sociedad Civil comprometida con el desarrollo del país, quiere fijar su posición con relación a la grave crisis social, económica e institucional que afecta hondamente a la sociedad venezolana.

En tal sentido, queremos expresar nuestra preocupación por el crecimiento exponencial de la pobreza en Venezuela a niveles alarmantes. Las cifras son elocuentes: en el informe de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI 2016), realizado por prestigiosas universidades nacionales (UCV, UCAB y USB), revela que la pobreza total en Venezuela es de 81,88 %, en tanto que la pobreza extrema alcanza la cifra de 51,51 %. Según esta encuesta solo el 18,24 % de la población se puede considerar como no pobres. En ese mismo informe se señala que el 72,7 % de la población perdió el último año, en promedio, 8,7 Kg. Por otra parte, se resalta un “cambio brusco en el patrón de alimentación: hortalizas y tubérculos desplazan a las proteínas de alto valor biológico”. Algunas de las conclusiones del informe ENCOVI señalan que “la pobreza reciente o temporal comienza a volverse estructural después de 3 años continuos de crisis y que para el 2017 se van a mantener los niveles de pobreza medida por ingresos y seguirá aumentando la pobreza estructural”.

El sistema de salud en Venezuela ha sido calificado por los especialistas como “catastrófico”, a tal punto que en la citada ENCOVI se constató que por primera vez los hospitales privados son los servicios más usados, concluyendo que a finales de 2016 el país “…tiene las peores condiciones de desprotección desde principios del siglo XX”; de igual modo se estima que la escasez actual de medicamentos está alrededor del 90%, de allí que actores vinculados a la salud han solicitado reiterativamente que se activen los mecanismos de ayuda internacional para que lleguen de inmediato medicamentos e insumos médicos al país para evitar que el sistema de salud llegue a una situación de colapso total.

Otro tema que preocupa a los venezolanos es la inseguridad. Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia dan cuenta que hemos pasado de 20 homicidios por cada cien mil habitantes en 1998 a 91 homicidios por cada cien mil habitantes en 2016, en el marco de una impunidad de más del 90% según datos oficiales. La sociedad venezolana observa consternada como se suceden planes de seguridad gubernamentales una y otra vez, sin que se resuelva esta situación de violencia y de descomposición humana que afecta al conjunto de la población.

Por otro lado la economía venezolana ha tenido en los últimos cuatro años la más profunda caída del PIB que ha tenido país alguno en situación de paz y sin haber pasado por alguna catástrofe mayor. Para 2017 se prevé una mayor profundización al ya acelerado proceso de la inflación, lo que impactará tremendamente el poder adquisitivo y el consumo de los venezolanos y se acentuarán las restricciones para la producción de alimentos por una aguda carencia de insumos agrícolas: semillas y fertilizantes.

A ese ya grave situación social y económica se agrega la crisis institucional que se ha acentuado los últimos días con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia en las que se suprimieron las competencias de la Asamblea Nacional violentando el principio democrático de separación de poderes. Este episodio todavía está sobre el tapete, ratificando que existe un enorme caos institucional que está impidiendo que se atiendan los verdaderos problemas que afectan a la población.

Desde el Grupo Social CESAP hacemos un llamado urgente al Gobierno venezolano, a los actores políticos y a la Sociedad Civil a que se realicen todos los esfuerzos que sean necesarios para construir un acuerdo político que permita restablecer el Estado de Derecho, la legalidad institucional, estabilizar la economía y atender a la brevedad posible la crisis de producción y abastecimiento de alimentos y medicinas, que está afectando tan hondamente a nuestra gente, en pro de poder ejercer plenamente su derecho a la dignidad.


Grupo Social CESAP

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28 ONG transmitieron a autoridades norteamericanas preocupaciones sobre declaraciones de Jefe de Comando Sur

En una comunicación remitida este 11 de abril de 2017, 28 ONG venezolanas expresaron sus preocupaciones a las autoridades norteamericanas sobre los comentarios sobre el país realizados por el Almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, en su discurso frente al Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el pasado 6 de abril.

En su reporte, Tidd expresó: “Venezuela se enfrenta a una inestabilidad significativa en el próximo año debido a la escasez generalizada de alimentos y medicamentos. La incertidumbre política continúa, así como el empeoramiento de la situación económica. La creciente crisis humanitaria en Venezuela podría, eventualmente, obligar a una respuesta regional”. Para las ONG aunque las palabras del funcionario parecieran referirse a las gestiones diplomáticas realizadas por organizaciones del continente como la OEA o MERCOSUR, su alocución coincidió con el inicio de acciones unilaterales de su país contra Siria, las cuales no contaron con la aprobación del Congreso de Estados Unidos ni tuvieron el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU.

Al respecto las ONG afirmaron: “Esta acción unilateral es contraria a la necesidad de agotar los mecanismos multilaterales diplomáticos, con respeto a los derechos humanos, que como organizaciones promovemos para facilitar el retorno de nuestro país a la democracia. Hemos coincidido con el doctor Luis Almagro, Secretario General de la OEA, sobre el objetivo de que la presión diplomática internacional permita que seamos los propios venezolanos quienes decidamos nuestro destino, mediante el ejercicio de nuestro derecho al voto y la restitución de la vigencia del resto de los derechos sociales, civiles y políticos que hoy son negados por el gobierno venezolano”.

Dos de las organizaciones firmantes de la comunicación, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, habían rechazado anteriormente las sanciones del llamado “Decreto Obama” por su carácter unilateral, violatorio además del derecho a la defensa de los funcionarios venezolanos afectados.

Para las 28 ONG la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (OEA) o el Protocolo de Ushuaia II (Mercosur) fueron medidas acordadas, ante ausencia de democracia, por los diferentes países de la región, lo que no podría calificarse como “injerencia”, sino el cumplimiento de los acuerdos suscritos soberanamente por el Estado venezolano. Una situación muy diferente sería la imposición unilateral de sanciones por parte de algún país de la región.

Las dos solicitudes concretas realizadas por el conjunto de ONG fueron:

– A la Administración del presidente Donald Trump, abstenerse de cualquier tipo de acción unilateral, militar o de otro tipo, contra Venezuela.

– Al Congreso de los Estados Unidos, abstenerse de aprobar cualquier solicitud de actuación unilateral por parte de la administración, militar o de otro tipo, contra Venezuela.


Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
Aula Abierta Venezuela
Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela
Civilis Derechos Humanos
Coalición Clima21
Convite AC
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela capítulo Táchira
Fundación CIIDER
Fundación Aguaclara
Fundación Reflejos de Venezuela
Humano Derecho Radio
Laboratorio de Paz
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Proyecta Ciudadanía A.C 
Red Ara
Redes Ayuda
Sinergia
Unión Afirmativa de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C. 
Venezuela Diversa A.C
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La sociedad civil larense a la opinión pública

Las organizaciones de la Sociedad Civil que suscribimos el presente acuerdo, convocados por la magnitud del crítico momento político que vive
nuestro país, ante la progresiva ruptura del orden constitucional representado en las trasgresoras actuaciones de representantes de los poderes públicos, señaladas por el Ministerio Público y particularmente en respuesta al “exhorto” emitido por el Jefe de la Zona de Defensa Integral número 13 ZODI a la autoridad civil del Municipio Iribarren, Alfredo Ramos, actuamos motivados por nuestra vocación democrática y en razón de lo cual precisamos las siguientes consideraciones:
1.- La separación de poderes, el respeto al estado de derecho democrático, la libertad de expresión y de manifestación, son atributos inseparables y concurrentes para la existencia de una real y verdadera sociedad democrática como lo contempla la Constitución de la República.
2. La Fuerza Armada Nacional, conforme lo establecido en la Constitución Nacional en su artículo 328 está al servicio de la nación y no de persona o
parcialidad política alguna. Los poderes públicos constituidos son el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano, entendiéndose que la Fuerza Armada es un componente subordinado al Poder Civil de la nación, razón suficiente para que este asuma relaciones de respeto y colaboración con el poder civil municipal, y no a la inversa, como lo pretende en su inopinada comunicación, la cual tristemente se presenta como una nueva evidencia de la falta de claridad de las verdaderas funciones de la Fuerza Armada Nacional.
3. Quienes han olvidado su responsabilidad frente a la nación, son precisamente aquellos que exigidos por la ley, omiten deliberadamente la naturaleza de su compromiso con el orden constitucional, con sus funciones como garantes del orden y la paz interna, así como el respeto a la soberanía que reside en el pueblo expresada en los resultados electorales del pasado 6 de Diciembre.
4. Quienes sí están facultados moral y políticamente para exhortar el respeto a la constitución y el orden legal son los ciudadanos que convocados en esta fecha, exigimos al estamento militar a que se aboque a la cooperación en el mantenimiento del orden interno, garantizar la soberanía de la nación, y actuar conforme al mandato constitucional que le ordena disciplina, obediencia y subordinación.
5. Instamos a la autoridad militar, depositaria legal del monopolio de las fuerza, a cumplir con su obligación de controlar aquellas expresiones de intolerante violencia armada que se ejerce contra ciudadanos que actúan con base a su derecho a manifestar pacíficamente su inconformidad con el actual estado, y que promovidas desde esferas de la administración pública, degradan aún más la crítica condición que padece el pueblo de Venezuela.
Barquisimeto, 12 de abril de 2017.

  • Fedecámaras Lara.
  • Cámara de Industriales.
  • Cámara de la Construcción.
  • CTV Lara.
  • Consejo Cultivo de la Ciudad.
  • Cámara Inmobiliaria.
  • Colegio de Abogados del Estado Lara.
  • Colegio de Contadores.
  • Colegio de ingenieros.
  • Colegio de Periodistas.
  • Colegio de Médicos.
  • Universidad Centro Occidental. UCLA.
  • Fundación Casco Histórico de la Ciudad.
  • Red de Instituciones Larenses.
  • Fundasab
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Golpe de Estado no inició con dos sentencias, ni culminó con acto del Consejo de Defensa de la Nación

El Consejo de Defensa de la Nación (CODENA), en horas de la madrugada del día 1 de abril de 2017, exhortó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a revisar las sentencias 155 y 156 promulgadas a fines de marzo. Lo decidido por el CODENA, actuando fuera de su competencia (art. 323 de la Constitución) al pronunciarse sobre ‘conflictos’ entre Poderes, demuestra una vez más la falta de independencia entre éstos, pues se dan instrucciones precisas sobre cómo debe actuar un Poder del Estado, en este caso, al Poder Judicial.

Por otra parte, bajo la insostenible tesis de la solución de una “controversia” entre el Ministerio Público y el Poder Judicial por el despojo de funciones al Legislativo, se emite un acuerdo en el que no participaron ni la Fiscal General ni el Presidente de la Asamblea Nacional, lo cual aumenta la fragilidad de este intento por aparentar que no estamos en presencia de un golpe de Estado.

Recordamos que el TSJ ha contribuido a la crisis nacional mediante una serie de sentencias (más de 50) que fracturaron de manera perjudicial el sistema democrático de nuestro país, al socavar de manera constante las funciones de la Asamblea Nacional y al atribuir poderes ilimitados al Ejecutivo; por lo que la grave crisis actual es el resultado de un golpe de Estado continuado mediante diversas actuaciones judiciales. En este sentido, el verdadero rescate del Estado de Derecho amerita el restablecimiento de todas las funciones de la Asamblea Nacional y el respeto total a la normativa establecida en la Constitución.

Cabe subrayar que, en respuesta a la exhortación del CODENA, el Presidente del TSJ leyó un comunicado ante el cuerpo diplomático en el cual, sin referirse en detalle a la usurpación de funciones consagrada por las sentencias 155 y 156, llama al órgano legislativo a “acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al Estado de Derecho”, con lo que sigue sosteniendo la tesis del desacato en la que fundamentan el despojo progresivo de todas las facultades a la Asamblea Nacional. Además, el presidente del TSJ, al terminar la lectura del comunicado, pidió que éste “sea divulgado por todo el país y, por supuesto, internacionalmente”, lo que evidencia que la principal preocupación al momento de realizar este acto sin precedentes con la representación diplomática acreditada en el país, es la percepción internacional, más que el restablecimiento del Estado de Derecho.

Las decisiones 155 y 156 no fueron sentencias judiciales sino actos políticos, al igual que las decisiones por las cuales se produce su modificación, lo que evidencia que la Sala Constitucional no actúa como garante de la Constitución sino como operador político de los intereses del Ejecutivo. La doctrina del órgano disciplinario judicial señala que el error judicial inexcusable es aquel que genera “una resolución esperpéntica, absurda, que rompa la armonía del orden jurídico” y que cause “un daño significativo”. Nada más dañino para la vida institucional de la República que una decisión del tribunal a cargo de interpretar la Constitución, que consagra la usurpación de funciones y la ruptura del hilo constitucional.

Rechazamos la simplificación de los graves hechos contra la Constitución al calificarlos como una “controversia” entre poderes y sostenemos que la restitución del Estado de Derecho no se solventa con la enmienda de dos sentencias, por lo que exigimos:

  1. La renuncia inmediata de todos los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

  2. El inicio de oficio del procedimiento judicial que permita la determinación de las responsabilidades que correspondan a los magistrados de la Sala Constitucional.

  3. La derogatoria del actual Estado de Excepción y el sometimiento a la consideración de la Asamblea Nacional de cualquier futuro decreto sobre la materia;

  4. La derogatoria de todas las actuaciones de la Sala Constitucional que, con base en un supuesto desacato, han dejado sin efecto los actos legislativos, de contraloría, de investigación y nombramientos de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, entre otras cosas:

    1. Presentar la memoria y cuenta del Presidente de la República y de los Ministros ante la Asamblea Nacional;

    2. Reconocer la facultad contralora de la Asamblea Nacional, acudiendo a sus solicitudes de interpelación y acatando las decisiones que se deriven de la misma;

    3. Presentar los informes anuales de los órganos del Poder Ciudadano ante la Asamblea Nacional;

    4. Permitir la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral cuyo período venció en 2016, mediante el mecanismo previsto en la Constitución;

    5. Ordenar la libertad inmediata e incondicional del diputado Gilber Caro y, en caso de existir bases para ello, iniciar el procedimiento que corresponda según su carácter de diputado;

    6. Restituir las partidas presupuestarias que permitan el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional, incluyendo el pago de los sueldos de sus diputados y personal, así como de los servicios e insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones;

    7. Garantizar el derecho a libre tránsito de los diputados, mediante la restitución de pasaportes y asegurando el retorno sin represalias del diputado Luis Florido.

  5. Retomar de inmediato el cronograma electoral, sin pretender justificar mayores demoras a causa del proceso de validación de partidos políticos.

  6. Tomar todas medidas necesarias para detener aumento de la pobreza en el país, lo cual incluye garantizar el acceso a los alimentos y medicinas para toda la población, sin ningún tipo de discriminación.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la comunidad internacional y en especial a los organismos multilaterales, a no bajar el nivel de atención a la situación de Venezuela, toda vez que las medidas sustantivas que produjeron el golpe de Estado permanecen vigentes y han profundizado la crisis de derechos humanos en el país.

1. AC Llamado a la Conciencia Vial
2. AC Nueva Esparta en Movimiento
3. Acceso a la Justicia
4. Acción Campesina
5. Acción Solidaria
6. Asamblea de Educación
7. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
8. Asociación Civil Mujeres Línea
9. Asociación Venezolana para la Hemofilia
10. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. AVESA
11. Aula Abierta Venezuela
12. Cecodap
13. Centro de Acción y Defensa por los DDHH (CADEF)
14. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
15. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
16. Ciudadanía Activa
17. Civilis Derechos Humanos
18. Coalición Clima21
19. Codhez
20. Comisión de Derecho Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Apure
21. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas de la Universidad del Zulia
22. Comisión Nacional de la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela del Estado Mérida
23. Convite AC
24. Espacio Humanitario
25. Espacio Público
26. FeminismoInc
27. Fundación Reflejos de Venezuela
28. GENDHU -Evangelina García Prince
29. Humano Derecho Radio
30. Laboratorio de Paz
31. Lourdes Lopez Rojas
32. Movimiento Vinotinto
33. Mujeres Venezolanas en Acción
34. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
35. Observatorio venezolano de los derechos humanos de las mujeres
36. Observatorio Venezolano de Prisiones
37. Opción Venezuela AC.
38. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
39. Padres Organizados de Venezuela
40. Prepara Familia
41. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
42. Proiuris
43. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
44. Red andina de derechos humanos RADAR.
45. Redes Ayuda
46. Sinergia
47. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
48. StopVIH
49. Un Mundo Sin Mordaza
50. Unión Afirmativa de Venezuela
51. Venezuela Diversa A.C

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Nueva sentencia del TSJ consagra un golpe al parlamento venezolano

La sentencia N° 156, dada a conocer cerca de la medianoche del 29 de marzo, mediante la cual la Sala Constitucional del TSJ asume todas las competencias de la Asamblea Nacional o las delega a quien ella decida, coloca a Venezuela ante la disolución del parlamento por vía judicial.

No existe ninguna disposición constitucional que faculte al órgano judicial, designado mediante elecciones de segundo grado, a asumir las funciones de la Asamblea Nacional, órgano que representa directamente a la población.

La Sala Constitucional ha emitido medio centenar de decisiones que ha ido despojando progresivamente a la Asamblea Nacional de sus funciones legislativas, contraloras, de investigación y de designación, hasta suspender la inmunidad parlamentaria y finalmente asumir como suyas funciones que corresponden al poder legislativo.

El parlamento constituye un pilar fundamental de la institucionalidad democrática, ya que es un espacio de participación y expresión de los diferentes grupos que integran el país. Es el espacio en el que tanto los representantes electos, como las organizaciones y miembros de la sociedad civil pueden debatir y dialogar las diferentes propuestas para crear legislaciones y políticas públicas. En este sentido esta medida no sólo atenta contra el orden constitucional, sino que además la violación del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Hacemos un llamado al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a cesar en el desconocimiento de la Constitución que ha sido evidenciado tras la publicación de las más recientes sentencias de la Sala Constitucional las cuales permiten la aplicación de medidas y acciones que socavan el hilo constitucional y rompen el orden democrático en Venezuela, y reafirman la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela consolidando un régimen Dictatorial.

Finalmente instamos, nuevamente a que se tomen los correctivos necesarios para revertir cualquier decisión que viole la norma constitucional, desconozca el poder del voto popular representado en la Asamblea Nacional electa y que profundice el alejamiento del país de un sistema democrático, al respeto de las garantías fundamentales y los derechos humanos, a fin de recuperar la democracia y el Estado de Derecho, comenzando por restablecer y respetar las funciones de la Asamblea Nacional.

1. A.C María Estrella De La Mañana
2. A.C. Nueva Esparta En Movimiento
3. A.C. Radar De Los Barrios
4. Acceso A La Justicia
5. Acción Campesina
6. Acción Solidaria
7. Amigos Trasplantados De Vebezuela AC
8. Asamblea De Educación
9.  Asociación Civil Mujeres En Línea
10. Asociación De Profesores De La Universidad Simón Bolívar APUSB
11. Asociación Venezolana De Mujeres
12. Asociación Venezolana De Mujeres
13. Asociación Venezolana Para La Hemofilia
14. Aula Abierta Venezuela
15. Banco Del Libro
16. Cedice Libertad
17. Centro De Aninación Juvenil
18. Centro De Derechos Humanos De La Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
19. Centro De Estudios Sociales Y Culturales
20. Centro De Justicia Y Paz – Cepaz
21. Civilis Derechos Humanos
22. Coalición Cambio Climático 21
23. (Codevida) Coalición Por El Derecho A La Salud Y La Vida
24. Comisión De Derechos Humanos De La Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas De La Universidad Del Zulia
25. Comisión De Derechos Humanos De La Federación De Colegios De Abogados De Venezuela Capítulo Táchira
26. Comisión De Derechos Humanos De La Federación De Colegios De Abogados De Venezuela Capítulo Táchira
27. Comisión De Derechos Humanos De La Federación Venezolana De Colegios De Abogados Del Estado Apure
28. Comisión Nacional De Derechos Humanos De La Federación De Colegios De Abogados De Venezuela-Capítulo Mérida
29. Comisión Para Los Derechos Humanos Del Estado Zulia
30. Convite AC
31. Correo Del Caroní
32. Espacio Humanitario
33. Espacio Público
34. EXCUBITUS Derechos Humanos En Educación
35. FEDERACION NACIONAL DE SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES -FENASOPADRES-
36. Frente En Defensa Del Norte De Caracas Y Asamblea De Ciudadanos De Candelaria
37. Funcamama
38. Fundación TAAP
39. Fundamujer
40. Fundeci
41. Instituto Venezolano De Estudios Sociales Y Políticos INVESP
42. IPYS Venezuela
43. Laboratorio De Paz
44. Llamado a La Conciencia Vial
45. Médicos Unidos Carabobo
46. Movimiento Vinotinto
47. Observatorio De Derechos Humanos De La Universidad De Los Andes
48. Observatorio Global De Comunicación Y Democracia
49. Observatorio Hannah Arendt
50. Observatorio Venex
51. Observatorio Venezolano De Conflictividad Social (OVCS)
52. Observatorio Venezolano De Prisiones
53. OPCION Venezuela AC.
54. Programa Venezolano De Educación- Acción En Derechos Humanos (Provea)
55. Proiuris
56. Promoción Educación Y Defensa En DDHH (PROMEDEHUM)
57. Sinergia
58. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
59. StopVIH
60. Transparencia Venezuela
61. Un Mundo Sin Mordaza
62. Una Ventana a La Libertad
63. Unión Afirmativa de Venezuela
64. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
65. Veedores por la Educación Aragua

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