ACIENPOL | La Inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la aplicación de la justicia militar a civiles

1. De conformidad con lo establecido en el art. 261 de la Carta Magna, “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Los delitos de naturaleza militar son las infracciones a los deberes de disciplina, obediencia y subordinación, a cargo de miembros activos de la Fuerza Armada y por lo tanto nunca de civiles.

2. Así lo ha establecido la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia bajo la Constitución de 1999; e incluso antes de ello, bajo la Constitución de 1961, decisiones de la Sala de Casación Penal, sin norma expresa, ya se habían pronunciado sobre la materia al excluir a civiles de la justicia militar, como en el caso de la periodista María Eugenia Díaz. Igualmente, la Sala Constitucional en la sentencia 838 del 24 de abril de 2002, al resolver una acción de amparo relacionada con un proceso penal seguido en la jurisdicción penal militar a un militar retirado, expresó:

“Para esta Sala, la justicia militar sólo se aplica a delitos de naturaleza militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento”.

3. En el caso de Venezuela, si bien la Constitución de 1999 recogió claramente los estándares internacionales sobre la materia, el Estado ha incumplido su deber a adoptarlos en el resto del Derecho interno como es el caso del Código de Justicia Militar. Por ello, tanto en los informes de la ONU como en los del sistema interamericano, el Estado venezolano ha sido condenado por aplicar la justicia militar fuera de su ámbito propio y, así mismo, ha sido requerida a dejar sin efecto dichos procesos, a reparar a las víctimas y a modificar su legislación. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Usón Ramírez vs. Venezuela (Sentencia de 20 de noviembre de 2009, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), se pronunció al respecto reiterando su jurisprudencia y recordándole a Venezuela el estándar del carácter excepcional de la justicia militar en un Estado democrático, la cual sólo se debe juzgar a militares activos (no retirados) por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar, por lo cual, cuando la justicia militar asume competencia sobre un civil, asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori,el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. En consecuencia, en palabras de la Corte Interamericana: ni civiles ni “militares en retiro pueden ser juzgados por los tribunales militares”.

4. A pesar de que el Estado venezolano denunció de manera inconstitucional la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con su texto (art. 78.2) todas las obligaciones relativas a hechos ocurridos mientras estuvo en vigor se mantienen vigentes de cumplimiento y el Estado no ha quedado desligado. De allí que la Corte Interamericana sigue supervisando el cumplimiento de este fallo y todos aquellos relativos a hechos ocurridos bajo la vigencia de dicha Convención.

5. La anterior doctrina y jurisprudencia internacional ha sido reiterada en el ámbito de la ONU, particularmente por el Comité de Derechos Humanos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (de los cuales es parte Venezuela), con relación a las normas de dicho instrumento sobre debido proceso y protección judicial, en su Observación general Nº 13 sobre la Administración de justicia (artículo 14).

6. Por lo tanto, la tendencia actual conforme a la doctrina y jurisprudencia tanto constitucional como internacional antes citada, es por consiguiente, limitar la justicia militar únicamente para ser aplicada: (i) a militares activos y (ii) sólo en caso de delitos estrictamente de función militar. Inclusive, diversas democracias contemporáneas han dejado sin efecto la justicia militar, mediante la tipificación de hechos punibles en los Códigos Penales y prever así que los militares, como ciudadanos, cuando cometen esos delitos de función, también deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria, como han sido entre otros, el caso de Alemania, así como de Argentina cuando en febrero de 2009 se derogó el Código de Justicia Militar y los militares, en lo adelante, quedaron sujetos a la justicia penal común. Además de lo anterior, es necesario poner de relieve que nuestra legislación militar y, en particular, el Código Orgánico de Justicia Militar es arcaico y preconstitucional. Por esa razón, debe ser revisado en su integridad para adaptarlo a la Constitución y a las obligaciones internacionales sobre la materia. Asimismo, hay que resaltar que el artículo 123 del Código Orgánico de Justicia Militar, que autoriza el juicio militar a civiles, no es aplicable en estos momentos por ser una norma inconstitucional al ir en sentido contrario a lo que dispone el mencionado artículo 261 de la Constitución que limita esta jurisdicción únicamente a “delitos de naturaleza militar”. Recientemente la Sala de Casación Penal (sentencia Nro. 518 del 6 de diciembre de 2016) llegó a la misma conclusión.

7. A pesar de que por mandato de la Constitución la jurisdicción penal militar “es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados por concurso” (art. 261), dicho Código todavía establece que son funcionarios de justicia militar: el Presidente de la República, el Ministro de la Defensa; el Comandante en Jefe del Ejército o Armada, y los comandantes de las jurisdicciones militares o navales (art. 28), y detalla las atribuciones e injerencias directas en la justicia militar, tanto del Presidente de la República (art. 54) como del Ministro de la Defensa (art.55); los cargos de los tribunales militares (jueces, auditores, fiscales, defensores y secretarios) los desempeñan militares en situación de actividad –y por tanto sometidos a relación de jerarquía, e incluso la mayoría de los jueces militares no requieren siquiera ser abogados (art. 24 y 49; 33, 41 y 49); y salvo los miembros de la Corte Marcial que son propuestos por el Ministro de la Defensa al Tribunal Supremo de Justicia para su designación, los demás jueces son designados por los propios tribunales militares de una lista propuesta por el Ministro de la Defensa (arts. 42 y 49); los fiscales militares son nombrados por el Presidente de la República y no requieren ser abogados (arts. 71 y 77); el auditor general militar y los demás auditores militares son nombrados por el Presidente de la República (art. 82); y los secretarios designados por los tribunales militares, también requieren ser militares activos y tampoco requieren ser abogados –salvo el de la Corte Marcial (art. 96). Así mismo, el Código de Justicia Militar impone, entre otras cosas, la obediencia ciega, al igual que otras normas militares, e inclusive, sanciona como delitos hechos o conductas que no ameritan sanción alguna y establece criterios inaceptables de discriminación entre ciudadanos. Por estas razones, los jueces militares no son independientes ni imparciales, por cuantos se rigen por el obediencia que nace del juramento que prestan al iniciar sus carreras. Esta falta de independencia y de autonomía es lo que ha llevado a las democracias europeas y latinoamericanas a rechazar la aplicación de la justicia militar a civiles.

8. El Estado debe establecer, en un plazo razonable, a través de su legislación, límites a la competencia de los tribunales militares, de forma tal que la jurisdicción militar únicamente se aplique a militares en ejercicio y por delitos de función; así como derogar, en un plazo razonable, toda disposición de la normativa interna venezolana que no resulte conforme con dicho criterio, en los términos del párrafo 172 del Fallo. (Resaltados añadidos).

9. En conclusión, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales manifiesta que la aplicación de la justicia militar a civiles configura una grave violación de los derechos constitucionales y humanos al debido proceso, al juez natural, a la independencia e imparcialidad de la justicia y a la libertad e integridad personal; y por tanto, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución son actos nulos que deben ser desaplicados y dejados sin efecto de inmediato; y los funcionarios públicos que ordenen o ejecuten estos actos incurren en responsabilidad, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores (art. 25, Constitución).

10. Por último, en virtud de las claras obligaciones tanto constitucionales como internacionales del Estado venezolano, miembros de la Fuerza Armada Nacional, incluidos los fiscales y tribunales militares, deben abstenerse de procesar o detener a ciudadanos civiles; y la Asamblea Nacional debe proceder, en cumplimiento de la referida sentencia internacional y el artículo 261 de la

Constitución, a adaptar el Código Orgánico de Justicia Militar a dicha norma y a los estándares internacionales sobre la materia.

En Caracas, 16 de mayo de 2017.

En fe de lo cual, suscriben,

Gabriel Ruan Santos.

Presidente

Luciano Lupini Bianchi

Secretario


Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Publicado por PROVEA 

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Comunicado de Fe y Alegría / De nuevo: ¡YA BASTA!

Venezuela se nos ha llenado de dolor, sufrimiento, angustia, violencia, miedo, represión y muerte. Sí, mucha muerte y con saña.

Toda sociedad pasa por luchas y conflictos. Y es en el modo de enfrentarlos donde se evidencia o niega su talante democrático. El uso desmedido de la fuerza, la calificación de las manifestaciones como insurrección armada y no ver en ellas la justa indignación de la gente, la usurpación de la justicia ordinaria y civil por tribunales militares, la violencia y muerte diaria, la destrucción vandálica de bienes públicos o privados, el trato cruel a los detenidos son inaceptables para una sociedad democrática. Estamos perdiendo la vida, la democracia, el país

La solución no es enfrentarnos unos a otros hasta derrotar al adversario. Ya basta. Dejemos a un lado la intolerancia y a los intolerantes. Necesitamos recuperar la institucionalidad democrática y la vigencia de los DDHH. Tenemos que reconstruir nuestra democracia para la esperanza y la vida, con instituciones al servicio de todos los venezolanos, sin discriminaciones ni descalificaciones.

Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco:

“No dejan de llegar noticias dramáticas sobre la situación en Venezuela y el agravarse de los enfrentamientos, con numerosos muertos, heridos y detenidos. Mientras me uno al dolor de los familiares de las víctimas, para quienes aseguro oraciones de sufragio, dirijo un apremiante llamamiento al Gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana para que se evite cualquier ulterior forma de violencia, sean respetados los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está agotando a la población. Encomendamos a la Santísima Virgen María la intención de la paz, de la reconciliación y de la democracia en ese querido país”.

Junto a Francisco, les decimos a todos los componentes de la sociedad, y sobre todo al gobierno: Detengamos la violencia. Ya basta de personas asesinadas y heridas. Ya basta de infundir miedo. Ya basta de familias acorraladas por bombas lacrimógenas, perdigones y balas. Ya basta de obstáculos a la libre movilización de personas y de marchas. Ya basta de asedio nocturno. Ya basta de destrucción de bienes públicos y privados. Rechazamos la violencia, venga de donde venga.

  • Rectores del Consejo Nacional Electoral cumplan con su responsabilidad. Ustedes pueden abrir caminos de solución. Demuestren que son un poder autónomo. Reconozcan que gran parte de lo que sucede se debe a que ustedes no han cumplido con sus obligaciones. Caigan en cuenta de que mucho de lo que está sucediendo tiene que ver con la suspensión del referéndum consultivo el año pasado.
  • Señores de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Ustedes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y proteger a todo el pueblo. Ustedes conocen y padecen esta situación. Ustedes no se formaron para reprimir al pueblo venezolano ni para vivir en guerra con sus hermanos, vecinos y paisanos. Ustedes están llamados a pensar y actuar estratégicamente. Miren más allá de los intereses particulares, de las emociones y reacciones propias del enfrentamiento. ¿Qué país quieren para sus hijos y nietos? Delante de Dios, de sus conciencias y del amor a sus familias, pregúntense: ¿Vale la pena lo que están haciendo?
  • Poder ejecutivo, gobiernen para todos y todas por igual, respeten la autonomía de los poderes, combatan a fondo la corrupción, abóquense a superar el rentismo y la dependencia petrolera para ser un país autónomo, capaz de producir la comida, medicinas y servicios que este sufrido pueblo se merece y necesita. Trabajen a fondo para que la población camine segura por las calles y acaben con los grupos civiles armados.
  • Fiscal general de la República, siga siendo vigilante de la vigencia de la Constitución y las leyes y sancione a quienes las violen y rompan o traten de romper el hilo constitucional.
  • Señores de la oposición, su liderazgo se medirá por la conducción inteligente de la movilización popular superando la violencia en todas sus manifestaciones. Están llamados a ser líderes de la resistencia no violenta que modele el comportamiento de todos los movilizados. La estrategia no es la confrontación violenta. Se trata de convocar y ganar el mayor número de personas y sectores sociales. Sean expertos del diálogo y la negociación.
  • Sociedad venezolana, necesitamos alimentar la esperanza, seguir firmes en nuestro compromiso democrático, administrar positivamente la indignación y la rabia que supere la tentación de la división, el odio y la venganza.

Actuemos prontamente, antes de que la anomia y la anarquía se nos hagan incontrolables.

Venimos, Señor, a derramar nuestro corazón
ante tu presencia.
Tenemos sed de justicia, Señor
y hambre de una vida fraternal.
Soñamos con aquel día
en que los hombres y las mujeres del pueblo
podamos mirarnos afectuosamente
cara a cara sin ira.
¿Será, Señor, nuestra esperanza
un idealismo falaz?
¿Cuándo llegará ese día en que nuestros brazos sean tantos
y tan estrechamente unidos
que los opresores juzguen inútil el recurso a las armas
y se avengan a la verdad?
(P. Trigo)

Manuel Aristorena
Director General de Fe y Alegría

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Asamblea de Educación ante la “Constituyente Educativa”

La Asociación Civil Asamblea de Educación hace del conocimiento público su total rechazo a la denominada “Constituyente Educativa” , mecanismo ideado por el gobierno de Nicolás Maduro para, de manera coactiva, obligar a docentes, padres, representantes y estudiantes a pronunciarse a favor de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente elaborada por el Presidente dela República.

Denunciamos que tal estrategia contraviene normas constitucionales y legales al introducir en los espacios escolares de manera  deliberada y con mal uso del poder que se ejerce, propaganda político-partidista que incita a la división entre los venezolanos por los calificativos discriminatorios y ofensivos hacia un sector del país que, de manera legítima, ha expresado su rechazo a la propuesta elaborada por el Presidente de la República.

Rechazamos que se utilice al sector educativo como una “cabeza de playa” para darle legitimidad a una iniciativa que ha debido ser sometida a la aprobación previa del soberano de acuerdo a lo establecido en los artículos 5, 71 y 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos convencidos de que el Ministerio de Educación debe emplear todos sus esfuerzos para asegurar a los venezolanos una educación democrática, abierta a todas las corrientes del pensamiento y de calidad, y no introduciendo propaganda y actividades partidistas que desnaturalizan la labor pedagógica y educativa que debe privar en los recintos escolares.

Hacemos un llamado al Ministro de Educación para que desista de convocar de manera compulsiva a docente y estudiantes a talleres, reuniones o actividades proselitistas, con la intención de arrancar, por la vía de la intimidación, expresiones de aprobación a la propuesta presidencial, para luego presentarlas ante el país como “la opinión favorable de docentes y estudiantes hacia la Asamblea Constituyente”.

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Fenasopadres: Nos aferramos a la Constitución

Ante la inconstitucional e ilegal imposición por parte del MPPE a docentes, estudiantes, padres y representantes y trabajadores de escuelas, liceos y colegios de todo el país para realizar la llamada “constituyente educativa” los días 18, 19 y 20 de mayo de 2017, la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes -FENASOPADRES- manifiesta a los padres y representantes, estudiantes, docentes y a la comunidad nacional:

1.- Los documentos enviados por el MPPE para la “constituyente educativa” se corresponden con el Plan de la Patria y de ninguna manera con los principios y valores establecidos en nuestra Carta Magna.

2.- La convocatoria a la “constituyente educativa”, viola los artículos 102 y 104 constitucionales que garantizan la diversidad de pensamiento que es la base de una educación democrática y libre para todos; los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica de Educación que prohíben expresamente el proselitismo político en el subsistema de educación básica, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por una educación que forme en la garantía y el respeto de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y desconoce el derecho preferente de los padres a decidir el tipo de educación que desean para sus hijos consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

3.- La “constituyente educativa” establece 14 preguntas cuyo contenido pleno de descalificaciones, incitación al odio y desconocimiento a quien piense distinto y no acompañe el proyecto político del presidente de la República, expresa claramente el nuevo intento de imponer el pensamiento único, contrario a los valores democráticos consagrados en nuestra constitución.

4.- La “constituyente educativa” no se corresponde con los planes de estudios de los niveles y modalidades del subsistema de educación básica y constituyen una clara muestra de agresión a la institución escolar, abonando el terreno para su desinstitucionalización, por parte del gobierno nacional.

5.- El ministro Elías Jaua abandona y confunde sus funciones al frente del despacho educativo utilizando sus responsabilidades como funcionario y servidor público al servicio de una parcialidad política y no al servicio del país todo.

Desde FENASOPADRES llamamos a los padres y representantes, estudiantes, docentes y trabajadores del sector y a la sociedad venezolana a

• manifestar el más profundo y categórico rechazo a la “constituyente educativa” que para nada contribuye en la obligación que tiene el Estado venezolano de garantizar una educación libre, democrática y fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento

• defender activa y manifiestamente el derecho preferente de los padres a decidir el tipo de educación de nuestros hijos • constituirnos y organizarnos en cada escuela, liceo, colegio, como Defensores de la Constitución, único camino que nos brinda los mecanismos para resolver pacíficamente la grave crisis que nos afecta.

• Asumir sin dilación nuestro liderazgo como padres en la lucha y garantía del futuro de nuestros hijos. Es nuestra obligación y nuestro derecho.

¡Nuestra Constitución está vigente y la defenderemos desde cada espacio en cada momento!

Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representante

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