Comunicado Público ante la grave crisis del Sistema de Donación y Trasplante de órganos, el Programa de Diálisis y el Sistema Nacional de Salud en Venezuela

Venezuela, 31 de mayo de 2017

La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV), ante la grave crisis del sector salud venezolano, considerando que:

 Durante el período 2001- julio 2014 la ONTV ejecutó exitosamente por delegación del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT), llevando los índices de donación y trasplante a cifras record en el país, como lo indican las tasas por millón de habitantes respectivas.

 Una vez finalizada la gestión del SPOT por la ONTV a mediados de 2014, se fracturó gravemente el esfuerzo mancomunado de la comunidad de profesionales del área, las autoridades gubernamentales y la sociedad civil organizada, dándose inicio al declive indetenible de la actividad de donación y trasplante en el país, hasta llegar a su paralización.

 A pesar de los esfuerzos recientes para revertir la situación, actualmente persisten circunstancias convergentes que atentan directamente contra la realización segura y adecuada del proceso de trasplante. Entre ellas mencionaremos: 1.- El gran deterioro de la infraestructura de los hospitales sede de los Centros de Trasplante. 2.- La deficiencia en la disponibilidad de todo tipo de medicamentos, incluidos los indispensables inmunosupresores cuyas interrupciones, ausencias y cambios no consultados a los médicos tratantes, se han agudizado, colocando en peligro la sobrevida del injerto y en algunos casos la vida de los pacientes. 3.- La no disponibilidad de tratamiento inmunosupresor de 2 inducción indispensable al momento de realizar el trasplante para evitar el rechazo del injerto. 4.- El reportado desabastecimiento de los reactivos para medir niveles de tacrolimus dificultando el apropiado control de los pacientes en su evolución post trasplante. 5.- El grave déficit de talento humano especializado en el área, provocado por la emigración de profesionales venezolanos.

 Las diferentes y complejas situaciones descritas, llevó a las autoridades de FUNDAVENE, como instancia técnica responsable de la política pública en el área de Donación y Trasplante a suspender “oficialmente” la actividad de trasplante de cadáver, situación que de hecho ya venía ocurriendo.

 Paralelamente la Diálisis, que es el otro tratamiento sustitutivo de la función renal, en éste momento atraviesa una muy severa crisis en sus dos modalidades, habiéndose reportado el agotamiento de los suministros para diálisis peritoneal y déficit de algunos suministros y cupos para la hemodiálisis.

 El impacto de estas gravísimas situaciones en los pacientes que requieren trasplante y diálisis, así como en su familia, genera los más terribles sentimientos de desesperanza, angustia e incertidumbre. Además pueden producir complicaciones médicas a su salud, que afectan de manera significativa su calidad de vida y ponen en riesgo sus vidas.

Con base en lo mencionado se evidencia la falta de cumplimiento del derecho fundamental a la salud como parte del derecho a la vida, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 83.

Por todas estas razones, manifestamos nuestro apoyo a las Sociedades Científicas de diferentes especialidades médicas, las cuales han sentado posición en relación a la actual crisis de todo el Sistema nacional de salud y especialmente con la 3 Sociedad Venezolana de Nefrología por compartir sus planteamientos.

Nos hacemos solidarios activamente con todas las personas en lista de espera para trasplante, trasplantadas y las que requieren el tratamiento de diálisis, en nuestro país. Por lo que en su nombre, exigimos el cumplimiento del derecho humano básico a la salud y el cese de esta situación injusta, que resulta inaceptable por colocar en riesgo sus vidas.

Exhortamos al Ejecutivo Nacional a: 1. Atender de forma urgente e inmediata el llamado de su órgano técnico FUNDAVENE, a fin de diseñar un plan especial de emergencia para la restitución y fortalecimiento del proceso de trasplante. Este plan debe incluir la definición precisa de responsables, acciones a desarrollar, tiempos definidos, indicadores de evaluación y asignación de un presupuesto especial para cubrir de forma prioritaria las necesidades y requerimientos del área de donación y trasplante a fin de restablecer la normalidad y el crecimiento de la actividad, en beneficio de las miles de personas que esperan por un trasplante

2. Ordenar de forma inmediata las acciones y recursos económicos que permitan normalizar y garantizar la adecuada atención de los pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal de todo nuestro país.

Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV)

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Alianza por la Libertad de Expresión exige el cese de la represión

La Alianza por la Libertad de Expresión, integrada por representantes de las universidades, gremios y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de velar y  resguardar el derecho a la libertad de expresión y  la libertad de prensa en Venezuela, alertan sobre el recrudecimiento de las violaciones al derecho a la libertad de expresión durante los últimos 60 días manifestaciones públicas. Las protestas son en rechazo a la ruptura del orden democrático, tras las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y recientes actuaciones del Ejecutivo de impulsar de forma ilegítima una asamblea nacional constituyente.

En Venezuela tenemos un contexto de inestabilidad institucional derivado del condicionamiento a la labor parlamentaria, a través de la vía judicial, que tuvo su máxima expresión en la usurpación de las atribuciones de la Asamblea Nacional mediante las sentencias 155 y 156, con fechas 28 y 29 de marzo de 2017, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Además de la prolongación sucesiva del estado de excepción y emergencia económica, por parte del Ejecutivo Nacional, lo que debilita aún más la garantía de los derechos fundamentales.

Desde el 28 de marzo se han registrado más de 160 casos que violentaron el derecho a la libertad de expresión y a la búsqueda o difusión de información. Estos hechos afectaron a más 200 personas entre periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, medios de comunicación, y trabajadores de medios.

Como Alianza por la Libertad de Expresión, rechazamos las constantes agresiones físicas contra periodistas e infociudadanos, el  robo de equipos, el hostigamiento contra la prensa extranjera, desalojos hostiles de zonas de cobertura, las amenazas y detenciones arbitrarias, los bloqueos de sitios web, las acciones de vigilancia policial y persecución a través de redes sociales y, más recientemente, la confiscación de pasaportes para aplicar de facto una prohibición de salida del país.

Como organizaciones de la sociedad civil, alertamos sobre la constante amenaza al ejercicio efectivo de derechos a la asociación y protesta pacífica. La represión estatal ha escalado en intensidad y formas, por el uso excesivo e indiscriminado de bombas lacrimógenas vencidas, el lanzamiento de estas bombas al cuerpo de los manifestantes a pocos metros de distancia, ataque a zonas residenciales, la detención arbitraria de manifestantes, unas 2815 personas fueron arrestadas y de ellos, 1240 todavía continúan detenidas y procesadas ante tribunales civiles y militares. Según el último balance del Ministerio Público, 55 personas resultaron asesinadas durante hechos de violencia suscitados en el contexto de manifestaciones y hay unas 1000 personas lesionadas.

Las medidas ejecutivas y judiciales, en contra de lo establecido en la Constitución, fortalecen una mayor militarización de la sociedad de cara a criminalizar tanto a las voces críticas como a los mensajeros de la información necesaria para el debate. El resultado es una sociedad desinformada e inhibida gracias a la violencia institucional materializada tanto en el discurso y la acción de funcionarios, cuerpos de seguridad, civiles y militares (Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana); como por grupos de civiles armados que fungen como equipos de choque en la convocatoria de manifestaciones, y actúan bajo la omisión cómplice del Estado.

En respeto a los Artículos 57 y 58 de la Constitución, la Alianza por la Libertad de Expresión exige a las autoridades del Estado:

  1. Garantizar la seguridad de los periodistas  e infociudadanos en la búsqueda y difusión de información y condenar enérgicamente la violencia contra los comunicadores durante la cobertura de calle, tanto por cuerpos de seguridad como por grupos violentos.
  2. Cesar el discurso violento y agraviante sistemático contra la labor de los periodistas y medios de comunicación que afecta negativamente las garantías de la libertad de expresión y el derecho a la información.
  3. Cesar la represión indiscriminada contra protestas pacíficas en tanto constituye modalidades violatorias de garantías fundamentales (delitos que no prescriben), además de evidenciar ensañamiento contra sectores de la población por razones políticas.
  4. Respetar y cumplir, de manera inmediata, las obligaciones internacionales en libertad de expresión e información, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos en esta materia.
  5. Hacer efectivas las medidas de protección que dictó el Ministerio Público a favor de los periodistas para que puedan hacer su labor sin riesgos ni amenazas.
  6. Garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea a los delitos y violaciones cometidas contra periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones informativas.
  7. Garantizar, sin demoras, los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales, para evitar las órdenes de bloqueos y censura, y que se respete el derecho a la información.
  8. Abstenerse de usar grupos organizados para criminalizar y vigilar la expresión de los ciudadanos que manifiestan expresiones de disidencia a través de las redes sociales.
  9. Cesar de manera inmediata las presiones y acciones desde diversas instancias públicas, contra los medios de comunicación y proveedores de servicios radioeléctricos y de Internet, que derivan en censura y afectan el derecho de los ciudadanos a estar informados de manera pertinente, adecuada y oportuna.

Cesar la difusión de información falsa por parte de altos funcionarios del gobierno, sobre todo en relación a hipótesis sobre asesinatos de manifestantes,  declaraciones que afectan las investigaciones de los órganos competentes, y promueve mayor desinformación.

Garantizar en todos los medios impresos y audiovisuales controlados por el ejecutivo espacios para la libre expresión de las diversas corrientes de opinión, conforme al precepto constitucional pluralista

Caracas 31 de mayo de 2017

  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
  • Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello
  • Colegio Nacional de Periodistas
  • Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público
  • Dirección de Publicaciones de la UCAB
  • Escuela de Comunicación Social de la UCAB
  • Espacio Público
  • Expresión Libre
  • Instituto de Investigaciones de a Comunicación, ININCO UCV
  • Instituto Prensa y Sociedad – Venezuela (Ipys)
  • Postgrado en Comunicación Social y Publicidad de la Universidad Católica Andrés Bello
  • Revista Comunicación del Centro Gumilla
  • Ser Investigación y Comunicación
  • Transparencia Venezuela

Publicado por Espacio Público 

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44 ONG: CNE es corresponsable de violaciones DDHH ocurridas desde 01 de abril

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos el presente documento, queremos enfatizar la responsabilidad de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) -particularmente de sus rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tani D´Amelio- sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir del 01 de abril de 2017, fecha en la que se inició un ciclo de movilizaciones populares en rechazo, entre otras razones, a decisiones inconstitucionales aprobadas por este organismo.

Durante el mes de octubre de 2016 el árbitro electoral tomó la decisión de suspender, de manera irregular, el derecho constitucional a evaluar la gestión del primer mandatario a la mitad de su mandato mediante un Referendo Revocatorio. Además, sin ningún argumento legítimo, derogó indefinidamente las elecciones regionales que según la Carta Magna debieron realizarse obligatoriamente el pasado mes de diciembre.

Estas decisiones alejaron al gobierno de Nicolás Maduro de la democracia y evidenciaron que el CNE no realizaría, en lo sucesivo, elecciones democráticas.

La presidenta del CNE Tibisay Lucena anunció el 18 de octubre de 2016 que para el primer semestre de 2017 se realizarían las elecciones de gobernadores no solo violando el mandato constitucional que establece que debieron realizarse el pasado mes de diciembre, sino que tampoco fueron convocadas para el primer semestre 2017.

Por ello a partir del 1 de abril se inició un ciclo de protestas populares enarbolando, entre otras demandas, la difusión de un calendario electoral por parte del CNE. La actuación irregular del ente indicaba que no tenía voluntad para  garantizar la realización de las elecciones regionales pendientes, ni tampoco las elecciones municipales.

Durante semanas las autoridades del CNE no opinaron públicamente sobre esta legítima solicitud de los manifestantes. Sin embargo el 23 de mayo de 2017, en apenas horas, aprobaron la propuesta fraudulenta realizada por Nicolás Maduro sobre las bases comiciales para la elección de constituyentistas. Ese día el CNE divulgó que las elecciones para miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se realizarían el mes de julio, prelando sobre las de gobernadores que quedarían pautadas para diciembre próximo. El CNE demostró una vez más su sumisión a los mandatos del Ejecutivo Nacional, obviando el mandato constitucional que establece que debe actuar como Poder autónomo.

El anuncio de elecciones para diciembre 2017, no obstante, es una falsa promesa. La ANC  posee dentro de sus competencias la reforma del Estado y la abolición de los llamados “poderes constituidos”, por lo que las propias gobernaciones pudieran ser sustituidas por otra figura de gestión regional. Además, las discusiones de la ANC pueden extenderse hasta el año que viene -En 1999 se realizaron durante 6 meses-, lo cual invalidaría la actuación durante este plazo del resto de las instituciones del poder público, incluyendo la elección de nuevos mandatarios regionales.

Por tanto, elegir una ANC en el mes de julio suspendería de facto la realización de regionales en diciembre o cualquier fecha posterior. La imposición de una fraudulenta ANC sin consulta del pueblo como poder originario, alejada de los preceptos constitucionales y violando el principio de progresividad alcanzado con la Constituyente de 1999, cierra los mecanismos institucionales de resolución democrática del conflicto, abriendo el camino a una intensificación de la protesta por parte de una población en rebelión,  que apuesta y sigue apostando a la no violencia a pesar de la represión y la asfixia institucional.  El CNE con su actitud alejada de la ley y la Constitución se convierte en un factor que provoca la intensificación del conflicto actual y es co-responsable de las consecuencias que tal incremento significa, entre ellas las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo

La historia de América Latina demuestra que cuando se clausuran los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos se estimula la aparición de estrategias violentas, lo cual parece ser la intención del gobierno de Nicolás Maduro, con el respaldo tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Consejo Nacional Electoral.

Invitamos a los trabajadores del CNE a inhibirse de participar en la derogación arbitraria de la Constitución de 1999, y expresar de manera pública sus críticas al procedimiento impuesto, tal como lo ha hecho el rector Luis Emilio Rondón. La actuación de los trabajadores del CNE en la fraudulenta ANC  los hará cómplices de violaciones de derechos humanos y del fortalecimiento del autoritarismo. El artículo 25 de nuestra Carta Magna establece:

Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

Las ONG nos encargaremos, en un futuro, de recordar la responsabilidad de todos y cada uno de los funcionarios públicos que violaron derechos humanos para que sus actuaciones sean investigadas y sancionadas. Cada trabajador del CNE tiene la oportunidad de cooperar en el restablecimiento de la vigencia plena de la Constitución o, por el contrario, ser cómplice de la violación de derechos humanos con las consecuencias jurídicas que ello le traerá en un futuro. Quedará en la conciencia de cada quien su actuación en este momento histórico que vive el país.

Suscriben:

Acceso a la Justicia

Acción Solidaria

Asamblea de Educación

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)

Asociación Venezolana para la Hemofilia

Aula Abierta Venezuela

Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado

Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP)

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana

Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

Civilis Derechos Humanos

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira

Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure

Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Mérida

Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado Monagas de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

Convite AC

Escuela de Vecinos de Venezuela

Espacio Humanitario

Excubitus Derechos Humanos en Educación

Foro Penal Venezolano

Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA (GTAI)

Humano Derecho Radio

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP

Laboratorio de Paz

Movimiento Vinotinto

Nueva Esparta en Movimiento AC

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

Padres Organizados de Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (PROMEDEHUM)

Proyecta Ciudadanía A.C

Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

Redes Ayuda

Revista SIC, Centro Gumilla

Sinergia

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

Transparencia Venezuela

Un Mundo Sin Mordaza

Una Montaña de Gente

Una Ventana a la Libertad

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C

Venezuela Diversa AC

 

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Rechazo a la aplicación, en consecuencia del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, del Plan Zamora, como mecanismo restrictivo de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos

Quienes suscribimos este documento, organizaciones de la Sociedad Civil que trabajamos en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH), manifestamos:

Que el día 18 de abril el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, en alocución presidencial bajo la vigencia del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, ordenó la aplicación a nivel nacional del autodenominado PLAN ZAMORA, en su decir en FASE VERDE, bajo el cual ordena a los jefes de las REDI (Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral) y las ZODI (Zonas Operativas de Defensa Integral) la activación de este Plan Estratégico Especial Cívico-Militar que “activa la Seguridad y Defensa de la Nación en caso de amenazas al orden interno, que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional, siendo que deberá activarse bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano, en defensa del orden integral, de la paz y para derrotar el golpe de Estado”, asumiendo que los organismos de seguridad y orden público nacionales quedan bajo el mando de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI).

Que específicamente el día 15 de mayo de 2017, un grupo de ciudadanos del estado Nueva Esparta, enmarcados en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decidieron participar de manera pacífica, en el denominado “Gran Plantón”, el cual, entre otros sitios de desarrollo, se realizó en las inmediaciones de la avenida Juan Bautista Arismendi de esa entidad insular.

Que por su accionar fueron reprimidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en circunstancias que llevaron a la detención de TREINTA y TRES (33) ciudadanos en todo el territorio del estado.

Que estos ciudadanos fueron recluidos el mismo día 15 de mayo, en el Comando de Zona N° 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, a cargo del General Aquilino Mata.

Que durante sus detenciones, por demás ilegales e inconstitucionales, practicadas a través de mecanismos popularmente conocidos como redadas, sin individualizar presuntos autores de hechos punibles, y ejecutadas en su mayoría por intermedio de allanamientos ilegales sin previa orden judicial, en residencias aledañas a los sitios del suceso, violentando entre otros, el principio constitucional de inviolabilidad del hogar; comprometiendo en su accionar la Guardia Nacional Bolivariana, el derecho de toda persona al respeto de su dignidad, su integridad física, psíquica y moral; y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, al infligir serios daños físicos y morales en el grupo de detenidos, tal y como fuese plenamente comprobado por los reconocimientos médicos legales practicados por forenses de la región, a solicitud de la Fiscalía de Derechos Fundamentales.

Que diecinueve (19) de los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, siendo procesados en la jurisdicción penal ordinaria; y el restante grupo de catorce (14) detenidos, se desconocía porque no fueron presentados, motivando tal incertidumbre que el Ministerio Público a través del Fiscal Tercero de esa jurisdicción, solicitase ante el Circuito Judicial Penal se le colocaran a su disposición el resto de los detenidos, ocasionando con ello agresiones e intimidaciones verbales por parte de funcionarios de ese Circuito al referido representante de la vindicta pública, que lo “invitaron” airadamente a “retirar” su solicitud.

Que durante su detención en la mencionada dependencia militar, fueron objeto de incomunicación absoluta; inclusive el propio día de su detención, la Guardia Nacional Bolivariana impidió a la Fiscalía de Derechos Fundamentales de la región el acceso a los detenidos; asimismo impidió el acceso a familiares y/o abogados de confianza, no fueron informados de los cargos por los que se les pretendía juzgar; siendo estas condiciones como la prohibición de incomunicación o tortura y el derecho al debido proceso, garantías de carácter intangible y de imposible suspensión, por mandato del artículo 337 de nuestra Constitución Nacional.

Que ante tal situación de violación flagrante en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos detenidos, organizaciones de derechos humanos y familiares, intentaron el día 17 de mayo, unaacción de amparo a la libertad personal, conociendo de ella el Tribunal Primero en funciones de Control del Estado Nueva Esparta.

Que a pesar del mandato constitucional contenido en el artículo 27 de la Constitución, de poner bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, y sin dilación alguna a los detenidos, este Tribunal en fecha 19 de mayo, decidió declinar su competencia como juez constitucional, en un Tribunal Militar, violando con ello la propia carta magna, así como reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional que señala como único competente para expedir ese mandamiento de habeas corpus, al tribunal de control, y por lo tanto, haciendo nugatorio que otro juzgado pueda decidir un amparo sobre libertad y seguridad personales.

Que violando el principio de juez natural, estos catorce (14) ciudadanos fueron sometidos a Justicia Militar en el estado Anzoátegui, el día 19 de mayo de 2017, permitiendo a sus abogados tener contacto con ellos por primera vez, apenas 20 minutos antes de la prevista audiencia; ordenándose a siete (7) de ellos su procesamiento y reclusión en el anexo militar de la Cárcel de La Pica, estado Monagas, y al resto de ellos, a seis (6), el procesamiento con medidas cautelares; y el restante, no ha podido ser presentado por encontrarse convaleciente en una clínica, víctima de los malos tratos infligidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

Que la Justicia Militar, tiene un connotado carácter inquisitivo y no autónomo, esquivo a los principios en materia de derechos humanos; donde inclusive los fiscales y jueces militares, de esa jurisdicción, son elegidos por el Presidente de la República, violentando el debido proceso de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción, que justamente se encuentran manifestando en contra del gobierno nacional, configurándose una inaceptable criminalización y judicialización de la protesta social.       

Que la responsabilidad civil, penal y administrativa de tales acciones desplegadas en el estado Nueva Esparta, corresponden, en base los lineamientos dictados por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros (en el marco de lo que este autodenominó PLAN ZAMORA), en un primer término al Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular (REDIMAIN) Almirante Edglis Herrera Balsa, al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nueva Esparta (ZODI Nueva Esparta) Vicealmirante Alfredo Pulido Pinto, y al Comando de Zona N° 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, a cargo del General de Brigada Aquilino Mata.

Que la Defensoría del Pueblo como elemento medular de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, tiene responsabilidades ineludibles en la investigación de este tipo de casos.

En consecuencia:

EXIGIMOS del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, la suspensión inmediata a nivel nacional del denominado PLAN ZAMORA, por ser este plan un mecanismo represivo, que conlleva en su aplicación, la restricción de los derechos y garantías constitucionales consagrados a favor de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela;

 EXIGIMOS del Defensor del Pueblo la activación inmediata a nivel nacional de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la plena activación de sus funciones y facultades; comisión esta que le toca presidir, de acuerdo a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 EXIGIMOS de la Fiscal General de la República, proceda sin dilación alguna procesar y solicitar enjuiciamiento, a todos aquellos civiles, autoridades o no, funcionarios militares o policiales; que no solamente resulten señalados de presuntamente cometer violaciones al derecho a la vida y/o integridad personal, sino todos aquellos que por omisión y/o acción, hayan permitido el relajamiento de los principios y derechos fundamentales contemplados en nuestra carta magna; así como todos aquellos que por su acción pretendan entorpecer las atribuciones y competencias del Ministerio Público.

 EXIGIMOS sin dilación alguna de los Tribunales Militares a nivel nacional, ordenen la liberación inmediata de todos los civiles dispuestos a su jurisdicción; así como la urgente declinatoria de estas causas, en los correspondientes Tribunales de Control de la Jurisdicción Penal ordinaria.

 EXIGIMOS sin dilación alguna de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, revisar, de oficio, la constitucionalidad del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, y subsecuentemente la aplicación delPlan Zamora, como mecanismo restrictivo de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos.

 ADVERTIMOS que de continuar ejecutándose el Plan Zamora, estaríamos frente a una profunda desnaturalización del principio de división de poderes, así como las competencias y atribuciones constitucionales de los órganos del poder público nacional, haciendo que los actos de algunos de ellos, se ejecuten sin control alguno, estando frente a una inequívoca ruptura del orden constitucional.

En la ciudad de Porlamar, a los 23 días del mes de mayo del año 2017.-

Suscriben este comunicado…

Organizaciones venezolanas:

  1. Acceso a la Justicia A.C.
  2. Acción Campesina
  3. Asociación Ecológica para la Prevención Ambiental (AEPA) Estado Falcón
  4. Aula Abierta Venezuela
  5. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
  6. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Monseñor Oscar Romero de la Universidad de Los Andes
  7. Cedice Libertad
  8. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
  9. Centro de Animación Juvenil
  10. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
  11. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
  12. Centro de Formación para la Democracia (CFD)
  13. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  14. Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.
  15. Civilis Derechos Humanos
  16. Coalición de ONG y Defensores de Derechos Humanos
  17. Coalición Clima 21
  18. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Anzoátegui
  19. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Apure
  20. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Bolívar
  21. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Mérida
  22. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Monagas
  23. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
  24. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
  25. Convite A.C.
  26. Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional (CIIDER)
  27. Escuela de Vecinos de Venezuela
  28. Espacio Público
  29. EXCUBIRUS Derechos Humanos en Educación
  30. Federación Nacional de Sociedad de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
  31. Foro Penal Venezolano Capítulo Nueva Esparta
  32. Fundación Abrae
  33. Fundación Aguaclara
  34. Fundación Camino Democrático
  35. Fundación CELTA
  36. Fundación Ensayos Para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)
  37. Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID)
  38. Fundación Nueva Mujer Margarita
  39. Fundación Reflejos de Venezuela
  40. Fundación Venezolana para la Ingeniería Ecológica (FUNVIE)
  41. FUNDEANAMB Falcón
  42. Gente del Petróleo Anzoátegui
  43. Laboratorio de Paz
  44. Llamado a la Conciencia Vial A.C.
  45. María Estrella de la Mañana A.C.
  46. Movimiento Vinotinto
  47. Nueva Esparta en Movimiento A.C.
  48. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  49. Observatorio Venezolano de la Salud
  50. Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
  51. Organización StopVIH
  52. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
  53. Opción Venezuela A.C.
  54. Padres Organizados de Venezuela
  55. Participación Comunitaria Falcón
  56. Paz Activa A.C.
  57. Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
  58. Proyecta Ciudadanía A.C.
  59. Red Andina de DDHH (RADAR)
  60. Red Manglar Internacional Capítulo Venezuela
  61. Red Internacional de ONG que luchan contra la Desertificación (RIOD Venezuela)
  62. Revista SIC del Centro Gumilla
  63. Sinergia
  64. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  65. Transparencia Venezuela
  66. Un Mundo Sin Mordaza
  67. Una Ventana a La Libertad
  68. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.
  69. Veedores por la Educación del estado Aragua

 

Organizaciones internacionales:

  1. Justice International

Imagen cortesía google

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