45 organizaciones denuncian: Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ profundiza ruptura del orden democrático en Venezuela

El 28 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a raíz de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del “Acuerdo sobre la reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela”, publicó sentencia en la cual declara la nulidad del acuerdo parlamentario y ordena diferentes medidas cautelares que constituyen una clara violación a la Constitución.

Desde hace varios meses las organizaciones de derechos humanos hemos alertado cómo, a través de actuaciones y decisiones del Poder Ejecutivo y del máximo tribunal se ha socavado el hilo constitucional, provocando la ruptura del orden democrático. Tras la publicación del presente fallo se reitera la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela, toda vez que a través de una interpretación de la Sala Constitucional se desplaza de forma definitiva al Poder Legislativo y se otorgan facultades ilimitadas al Presidente de la República.

La sentencia elimina la inmunidad parlamentaria al establecer que la misma no ampara a los diputados que forman parte de una Asamblea Nacional declarada “en desacato”. El tribunal tipifica como delito de “traición a la patria” la actuación de los diputados, sugiriendo que pudieran ser juzgados por tribunales militares y ordenando la aplicación de normas punitivas como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, entre otras.

La decisión también otorga poderes ilimitados en materia social, política, militar, penal, jurídica, económica y civil, al presidente Nicolás Maduro, lo cual le permiten revisar legislación sustantiva en varias materias, incluida la militar, violando la reserva legal, bajo el argumento de garantizar estabilidad frente supuestas acciones que atentan contra la independencia y la soberanía nacional.

Adicionalmente, en el marco del Estado de emergencia que se ha venido prorrogando de manera indefinida desde el 14 de enero de 2016, esta decisión asoma la posibilidad de la declaratoria de un Estado de Conmoción, contenido en los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción.

A través de este fallo se pretende dar legalidad y consolidar el poder en manos del ejecutivo bajo la doctrina de la seguridad nacional, tanto por la tesis del “enemigo interno” como para prevenir el supuesto “intervencionismo extranjero”. Como hemos advertido la justicia se presta al servicio de la destrucción de la democracia, restringiendo los derechos constitucionales en miras de preservar la permanencia en el poder del partido de gobierno.

Rechazamos el control constitucional ejercido por un Tribunal Supremo de Justicia, carente de independencia, que ha permitido el ejercicio de facultades ilimitadas por parte del Poder Ejecutivo y la interpretación arbitraria del texto constitucional, reiterando el actual poder dictatorial del Presidente de la República.

Asimismo, deben cesar la implementación de la tesis del enemigo interno para la preservación de la seguridad nacional, y los agravios y descalificativos como “traidores”, “desestabilizadores” entre otros, contra ciudadanos y organizaciones que manifiestan una opinión crítica al gobierno y expresan sus exigencias de respeto y garantía de derechos.

Finalmente, instamos a que se tomen los correctivos necesarios para revertir esta decisión que profundiza el alejamiento del país de la democracia, que se respeten las garantías constitucionales establecidas a fin de recuperar la democracia y el Estado de Derecho, comenzando por restablecer la función legislativa de la Asamblea Nacional, el establecimiento de un cronograma electoral, el respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, el cese de la implementación de la justicia militar contra civiles y la derogación del decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que por la vía de los hechos ha sustituido a la Constitución como máximo cuerpo normativo de la nación.

Suscriben:

Acceso a la Justicia
Acción Ciudadana Contra el SIDA – ACCSI
Acción Solidaria – ACSOL
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz – FUNPAZ A.C
Aula Abierta Venezuela
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello – CDH-UCAB
Civilis Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana – CDH-UNIMET
Centro de Justicia y Paz – CEPAZ
Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara
Coalición Clima 21
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Apure
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Mérida
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela capítulo Táchira
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia – CODHEZ
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía – CODEHCIU
Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa Nacional
CONVITE AC
Espacio Humanitario
Espacio Público
EXCUBITUS Derechos Humanos
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes –FENASOPADRES
Foro Penal Venezolano
Fundamujer-Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer
Humano Derecho Radio
Inmemujer
Juventud Unida en Acción
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Padres Organizados
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos – Provea
Promoción Educación Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social – OVCS
Observatorio Venezolano por los Derechos Humanos de las Mujeres
Redes Ayuda
Sinergia
Sociedad Hominis Iura – SOHI
StopVIH
Unión Afirmativa de Venezuela
VIVEMUJER

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Provea: Anuncio de creación de Fuerzas Especiales de Acción Rápida de la Milicia intenta disuadir ejercicio de la protesta pacífica de los venezolanos

Durante su alocución en los actos en conmemoración del bicentenario del nacimiento de Ezequiel Zamora, realizados en el parque militar Los Próceres en Caracas, el pasado 01 de febrero de 2017, el presidente Nicolás Maduro expresó: “Me alegró mucho ver a los milicianos y milicianas, estudiantes, obreros, profesionales, hombres y mujeres de los barrios. Y a las Fuerzas Especiales de Acción Rápida de la milicia nacional que ahora van a multiplicarse por todo el territorio. Escúchese bien: Fuerzas Especiales de Acción Rápida. Tropas especiales de las milicias ¡compadre! En el barrio adentro, en la Universidad, en la fábrica, para hacer a nuestra patria inexpugnable”. De esta manera Maduro anunció el despliegue de un organismo integrado por civiles, denominado “Fuerzas Especiales de Acción Rápida de la milicia”, para realizar labores de orden público en el país, lo cual vulnera lo expresado en el artículo 332 de la Carta Magna, correspondiente a los órganos de seguridad ciudadana.

En opinión del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, este anuncio reitera que:
1) La Carta Magna ha sido sustituida por un marco jurídico arbitrario e ilegal denominado “Estado de Excepción y Emergencia Económica”, vigente en el país desde el 13 de mayo de 2016, fecha en que el movimiento de derechos humanos calificó tal decisión como la ruptura del hilo constitucional en el país. El decreto de estado de excepción es un intento de crear una normativa que brinde una fachada legal al autoritarismo, abuso de poder y desconocimiento sistemático de la Constitución.

2) El decreto de estado de Excepción en su artículo 2, numerales 3, 9, 12, 15, 16 y 17 establece la militarización del país y la cesión de labores de orden público a grupos parapoliciales y civiles afines a la ideología del gobierno.

3) El artículo 3 del decreto de estado de excepción otorga facultades discrecionales y arbitrarias al presidente de la República, para dictar “cualquier otra medida” no contemplada en el decreto cuyo objetivo sea enfrentar la denominada “guerra económica”.

4) El objetivo del estado de excepción y emergencia económica es mantener la gobernabilidad de un Ejecutivo cuya legitimidad de desempeño se encuentra cuestionada, perdiendo el apoyo popular que le otorgó en un principio legitimidad de origen. Por ello la Constitución de 1999, basada en los principios de democracia participativa y protagónica, debía ser sustituida por una legalidad improvisada establecida unilateralmente por decreto, conformando así el marco jurídico de un autoritarismo de nuevo tipo, la dictadura del siglo XXI.

5) El decreto de estado excepción ha sido prorrogado ilegal e indefinidamente, ignorando lo establecido por la Constitución en su artículo 338

6) Al ser el marco jurídico arbitrario que regula a un gobierno de naturaleza dictatorial, el estado de excepción genera las condiciones para la violación de los derechos humanos de los venezolanos, como efectivamente ha venido ocurriendo en los últimos meses, tanto en los derechos económicos y sociales, con el mayor aumento de la pobreza de los últimos años, como en los derechos civiles y políticos.

7) La responsabilidad por las violaciones de derechos humanos como resultado de la militarización del país, la operación de las “Fuerzas Especiales de Acción Rápida de la Milicia” y cualquier otro grupo civil aupado por el Estado corresponderá a tanto a los funcionarios encargados de las tareas de seguridad y defensa como al propio presidente de la República. Las acciones realizadas por particulares, con el apoyo o tolerancia del Estado, que genere violaciones a los derechos humanos genera responsabilidades individuales y colectivas que deberán serán sancionadas.

8) La organización y promoción de las “Fuerzas Especiales de Acción Rápida de la Milicia” tiene como objetivo disuadir y atemorizar a la ciudadanía para que se abstenga de ejercer su derecho a la libre reunión y asociación, así como de manifestación pacífica, en momentos de la peor crisis económica y social vivido por el país desde 1958.

9) El gobierno de manera irresponsable promueve un enfrentamiento de pueblo contra pueblo pretendiendo incorporar sectores de la población para que participen en labores de represión política y de contención a las luchas por exigibilidad de derechos. Tal propósito eleva los riesgos en el país de aumento de la violencia e incremento de las violaciones de los derechos humanos, particularmente del derecho a la vida y la integridad personal

10) Las violaciones de derechos humanos no tienen fecha de vencimiento ni prescriben en el tiempo. Las organizaciones de derechos humanos estamos documentando todas las acciones de los poderes públicos, que estimulen actuaciones arbitrarias de los funcionarios estatales, para que los responsables sean investigados y sancionados cuando las circunstancias permitan la actuación de una justicia adecuada e independiente.

11) Los avances del autoritarismo en el país exigen de las fuerzas democráticas asumir con mayor capacidad y organización en el marco del ordenamiento jurídico del país las acciones de resistencia en defensa de los derechos y por la restauración de la democracia

12) Exhortamos al Defensor del Pueblo, señor Tarek William Saab, y a la Fiscal General, doctora Luisa Ortega Diaz, a rechazar y emprender las acciones correspondientes para enfrentar la violación continuada de la Constitución y el aumento de riesgo a las violaciones a los derechos humanos en el país.

13) Exhortamos a la ciudadanía a no dejarse intimidar por el discurso autoritario del alto gobierno y ejercer su derecho a la manifestación pacífica para exigir derechos sociales y políticos, condición necesaria para la restauración de la democracia en el país.

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Comunicado : Sinergia denuncia atropello a la voluntad de los venezolanos por desconocimiento de la Constitución

Ante el sistemático atropello a la voluntad de los ciudadanos por el desconocimiento de la Constitución y la fractura de la institucionalidad jurídica, Sinergia insta al gobierno nacional a seguir el diálogo que él mismo promulga a fin de atender los urgentes problemas que aquejan a todos los venezolanos

Sinergia, entidad que agrupa importantes organizaciones de la Sociedad Civil venezolana para la promoción de la convivencia democrática dentro de una pluralidad de intereses, denuncia el perjuicio que a la soberanía popular hacen las recientes acciones tomadas por el Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, mediante la interpretación no ajustada a derecho de las competencias y atribuciones constitucionalmente determinadas para la Asamblea Nacional, órgano que representa legítimamente a los ciudadanos, por cuanto fue electo por 14 millones de venezolanos, quienes, independientemente de su filiación política, demandaron con su decisión electoral la reactivación de las relaciones entre el gobierno y la sociedad, para atender urgente y efectivamente los graves problemas que aquejan a todos en el país.

Sinergia no puede permanecer impasible ante la confrontación entre poderes públicos, lo cual afecta la capacidad de los venezolanos de aportar y participar en la realización del bien común, así como también, imposibilitando el ejercicio a plenitud de sus derechos constitucionales civiles y políticos. Apoyamos el diálogo como un mecanismo esencial para superar las diferencias, siempre que se realice bajo la premisa del respeto y cumplimiento de acuerdos que favorezcan a todos los venezolanos.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 237, establece con carácter imperativo, el deber personal y directo del Presidente de la República de presentar ante la Asamblea Nacional y dentro de los diez (10) días siguientes a la instalación de la misma, “…un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior…”

Esa obligatoriedad obedece exclusivamente, al ejercicio de las funciones de control sobre el gobierno y la Administración Pública Nacional, atribuidas a la Asamblea en el numeral tercero del artículo 185 de la Carta Magna, que se erige en ejecución directa del principio de legalidad previsto en su artículo 137, cuando dispone: “La Constitución y la Ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.

Al ser la Constitución “…la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico”, a la cual quedan sujetas “todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público”, constituyendo, además, uno de los deberes constitucionales de los ciudadanos y funcionarios, el “cumplir y acatar” esa misma Constitución (Art. 131), se entiende como consecuencia directa de dicha consagración de la supremacía constitucional, que su propio texto contenga la previsión de todo un sistema para proteger y garantizar esa supremacía, situación ésta que resulta en constituirse en uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y por ende de la institucionalidad.

Sinergia exige a los órganos del poder público, a dar pasos firmes para el logro de los consensos mínimos que deben prevalecer para afianzar una gobernabilidad que facilite a todos, alcanzar y disfrutar por igual de una vida digna, en justicia, democracia y prosperidad.

#DDHHosc

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Comunicado de diferentes asociaciones civiles sobre la transformación curricular: “Fábrica de ignorancia: fábrica de pobreza”

Comunicado a la opinión pública sobre las Resoluciones 0142 y 0143 y el proceso de transformación curricular para la educación media general

Las Asociaciones Civiles abajo firmantes fijan posición sobre las Resoluciones 0142 y 0143 del Ministerio del Poder Popular de Educación sobre el proceso de Transformación Curricular para la educación media general.

  1. Ataque sistemático a la educación. La publicación de las Resoluciones 0142 y 0143 no deben tomarse como hechos aislados. Debemos analizar el proceso de transformación curricular en su contexto e identificando la concepción educativa de quienes nos gobiernan. El Gobierno Nacional entiende la educación como un arma de dominación política que busca controlar conciencias. La Constitución Nacional debe ser el único norte de los contenidos que reciben los hijos de Venezuela en las aulas del país. Cualquier intento alternativo es un fraude a nuestro pacto fundamental y una estafa para las familias venezolanas.
  2. Sobre la orientación de los contenidos. En ambas resoluciones se establece el Plan de la Patria como el fundamento de los contenidos para el nuevo currículo con el fin de adecuar la educación venezolana al modelo socialista. Esta decisión atenta contra nuestros principios constitucionales, viola el derecho a la libertad de educación, quebranta el derecho deber educativo de las familias e institucionaliza el pensamiento único en las aulas del país.
  3. Participación popular. En las Resoluciones 0142 y 0143 se identifica a la Consulta por la Calidad Educativa de 2014 como el instrumento de participación popular que impulsa la transformación curricular que se nos pretende imponer. La Consulta por la Calidad Educativa fue un proceso opaco, de cuestionada metodología y con resultados poco fiables. En tal sentido, relacionar el proceso de transformación curricular con la Consulta es un intento de manipular a la opinión pública y de ofrecer un velo de legalidad.
  4.  Propuesta pedagógica. En las resoluciones se establecen cambios estructurales que son inconvenientes. Debemos alertar que la integración de materias en áreas de conocimiento exige la actualización de la formación de los docentes, la reconstrucción de los programas de estudio, la adaptación de la infraestructura escolar y la ampliación del acceso a la información. La transformación del currículo que se pretende imponer no considera esta realidad y, por lo tanto, banaliza el proceso de formación y obstaculiza el camino hacia el progreso. Asimismo, se establece la figura de los “grupos estables”. Personas que asumen funciones de enseñanza en el aula sin contar con las competencias profesionales necesarias. Esta imposición atenta contra la calidad de la educación.

Tales motivos nos obligan a exigir al Ministerio del Poder Popular para la Educación a derogar las Resoluciones 0142 y 0143. La imposición de este proceso de transformación curricular apartado de la Constitución y motivado por la tozudez ideológica profundizará la desigualdad y la pobreza que nos azota. Esta demanda viene acompañada de aspiraciones nobles para el futuro de nuestros hijos: instamos al Gobierno Nacional a honrar su compromiso constitucional de garantizar una educación de calidad, democrática y respetuosa de todas las corrientes del pensamiento.

Hacemos un llamado de alerta a toda la sociedad venezolana, especialmente a las familias que tienen hijos en edad escolar. Expresamos nuestra solidaridad con todas las familias que sufren el abandono educativo del estado venezolano en las instituciones oficiales. Esta lucha es para que cada hijo de Venezuela goce de oportunidades que permitan el desarrollo integral de la persona y de la sociedad entera. Animamos a todo el país a informarse sobre el proceso de transformación curricular, a convertirse en multiplicador del mensaje democrático y a construir comunidades firmes capaces de luchar por los derechos educativos consagrados en nuestra Constitución y en tratados internacionales.

Las organizaciones civiles abajo firmantes estaremos realizando Asambleas Ciudadanas en todos los rincones del país la primera semana de enero de 2017. Seguidamente, presentaremos en la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional una propuesta de Acuerdo Parlamentario en defensa de la libertad y la calidad de la educación en Venezuela. Accionaremos ante las instancias jurisdiccionales y denunciaremos a la comunidad internacional este nuevo intento de adoctrinar a nuestros hijos con la expresa intención de imponernos un solo tipo de pensamiento. La defensa de los derechos de nuestros hijos es un deber moral que asumiremos con firmeza y valentía. El país nos espera y el futuro nos necesita.


Suscriben:
Fundación Juan Germán Roscio
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes –Fenasopadres-
Fundación Casa Arturo Uslar Pietri
Asociación Civil Forma
Excubitus DHE
Asamblea de Educación
EducaZulia
Parlamento Educativo
Padres Organizados Lara
Padres Organizados Bolívar
Padres Organizados de Venezuela
Veedores por la Educación de Aragua

 

Publicado por Provea 

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Conferencia Episcopal Venezolana | Mensaje de la presidencia ante la crisis que golpea a Venezuela

Caracas, 17 de diciembre de 2016

1. Las recientes medidas de carácter económico y monetario implementadas por el Gobierno Nacional han agudizado la crisis que golpea a nuestra nación y a todos los ciudadanos. Las palabras del profeta Jeremías salen a nuestro encuentro para describir la situación que en estos días ha vivido nuestra gente: “Mi dolor no tiene remedio, mi corazón desfallece. Los ayes de mi pueblo se oyen por todo el país…Sufro con el sufrimiento de mi pueblo, la tristeza y el terror se han apoderado de mí” (Jer. 8,18-19.21)

2. Poner fuera de circulación, en este momento del año, el billete de más alta denominación (Cien bolívares) y la manera apresurada de implementar la medida han causado graves molestias a toda la población y han provocado indignación, rechazo y violencia. Lo que quizás desde las altas esferas del Gobierno se pensó que sería una medida para ir resolviendo la crisis económica se revirtió contra el pueblo más sencillo. Los pobres, como siempre suele suceder, han sido los más perjudicados y los más indefensos con las decisiones tomadas. De hecho, también amplios sectores populares –campesinos, obreros, jefes de familia- por no tener cuentas bancarias han sido enormemente perjudicados y dejados a la “buena de Dios”. Existe una gran incertidumbre en la gente al no saber que pasará con su dinero y con sus ahorros. Esto, además de afectar y a muchas personas, puede generar violencia y disturbios.

3. Por eso, queremos elevar nuestra voz para que sirva de eco a los clamores de nuestra gente, en especial las grandes masas populares, que de la noche a la mañana se han quedado prácticamente sin recursos ni poder adquisitivo a fin de poder conseguir los insumos necesarios para su alimentación, transporte, medicinas y para cubrir los gastos necesarios de la cotidianidad.

4. La gente, que en largas colas con un mínimo de esperanza aguardaban alguna respuesta o caminos de solución se ha sentido desprotegida por todos los dirigentes políticos. El Gobierno ha llevado a cabo medidas terribles y precipitadas que perjudican a todos, sin tener en cuenta que son servidores de un pueblo que de verdad está sufriendo el menosprecio de todos los dirigentes políticos. Por otra parte, salvo algunos dirigentes individuales, la oposición tardó mucho en pronunciarse colectivamente al respecto. Al caminar por las comunidades escuchamos muchas críticas hacia todos los dirigentes políticos del país, lo cual resulta enormemente peligroso. Muchos hombres y mujeres no dejan de expresar sus sentimientos de frustración y de abandono por parte de quienes debían estar dando la cara y promoviendo soluciones justas.

5. A esto se une el aprovechamiento de quienes quieren sacar ganancias de la crisis que vive el país. Lamentablemente existen grupos y mafias que acaparan, colocan sobreprecios y ahora pretenden ser los primeros en ser atendidos para lo referente al cambio y depósito de la moneda que está siendo sacada de circulación. Al tener un oído en el pueblo y otro en Dios, como pastores de nuestro pueblo, queremos ratificar nuestra cercanía hacia él y nuestra decidida opción por los más pobres: lo hacemos desde el ejercicio de un discernimiento evangélico, donde se intenta reconocer —a la luz del Espíritu— «una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada; en ella y por medio de ella Dios llama al creyente» [E.G. 154].

6. A nuestra gente, en particular los más pobres y excluidos, queremos hacerles sentir nuestra cercanía. Para ello, les invitamos a ser protagonistas de su propio desarrollo. El sujeto social –es decir, el pueblo- es el verdadero protagonista de la democracia. Sin acudir a la violencia, deben manifestar pacíficamente su descontento así como exigir el derecho de ser escuchados y atendidos.

7. A todos los dirigentes políticos, económicos y sociales, de cualquier signo y color, les invitamos a ponerse del lado del pueblo y a buscar, en sintonía con el mismo, soluciones que beneficien a todos. No es momento para darles la espalda o para hacer oídos sordos a sus clamores. Al Gobierno Nacional, en todas sus instancias, particularmente el Ejecutivo, les pedimos que de verdad escuchen los clamores de la gente y resuelvan los gravísimos problema que han provocado con esas improvisadas y nocivas medidas.

8. A todos los cristianos católicos y hombres de buena voluntad en Venezuela les invitamos a mostrar la fuerza de la caridad y de la solidaridad en este tiempo de preparación a la Navidad. La imagen de José buscando posada para María y el Niño por nacer, al ser rechazado donde la pedía, expresa muy bien lo que está viviendo nuestra gente. Pedimos que en todas nuestras parroquias, comunidades eclesiales, comunidades de vida consagrada y hogares católicos se puedan abrir las puertas para que quienes verdaderamente lo necesiten encuentren un consuelo y ‘puedan compartir desde un poco de alimento hasta la auténtica alegría que nos da el nacimiento del Salvador. No nos dejemos robar ni la alegría ni la esperanza ni la Paz.

9. María de Belén, nuestra Señora de la Coromoto, junto con San José y el Niño Jesús nos acompañen y que, al celebrar el misterio de la Navidad podamos sentir la fuerza que viene de lo alto, con la cual podamos mirar el futuro del Reino de Dios, que lo es de justicia, paz y amor.

Con nuestra afectuosa bendición.

+Emmo. Sr. Cardenal

Jorge Urosa Savino

Arzobispo de Caracas

Presidente de Honor de la CEV

+Emmo. Sr. Cardenal

Baltazar E. Porras Cardozo

Arzobispo de Mérida

Presidente de Honor de la CEV

+Diego Rafael Padrón Sánchez

Arzobispo de Cumaná

Presidente de la CEV

+José Luis Azuaje Ayala

Obispo de Barinas

1° Vicepresidente de la CEV

+Mario Moronta Rodríguez

Obispo de San Cristóbal

2° Vicepresidente de la CEV

+Víctor Hugo Basabe

Obispo de San Felipe

Secretario General de la CEV

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