RAMALC | Solidaridad antimilitarista y no violenta con Venezuela

Hay antimilitaristas, objetoras de conciencia, no violentas y pacifistas en Venezuela. También hay organizaciones integrantes de nuestra Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, Ramalc. Para todas ellas nuestro abrazo, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. Las queremos vivas, sanas y libres.

En estos días, la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela está siendo objeto de persecución y represión por cuenta de sus actividades. Por eso, extendemos a ellos y a ellas nuestra solidaridad y apoyo; estamos y seguiremos atentos para denunciar dichas persecuciones.

Venezuela experimenta un ciclo de manifestaciones realizadas masivamente de manera pacífica -como reconoció la Fiscal General del país- en ciudades, pueblos y comunidades rurales- tras preocupantes decisiones del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas: aprobar un decreto de estado de excepción que ha sustituido a la Constitución; decisiones en materia económica que han aumentado la pobreza en el país y generado escasez de medicamentos y alimentos; haber suspendido el derecho a la participación mediante el voto; erosionar las atribuciones del Parlamento y la Fiscalía General de la República y aprobar e implementar un plan de ocupación militar del territorio bajo el nombre de “Plan Zamora”.

No queremos represión contra quienes ejercen sus derechos, en Venezuela ni en ningún lugar del mundo. No queremos represión militarizada como quienes por manifestarse o querer manifestarse sufren juicio y prisión militar en Venezuela. El uso de la justicia militar contra civiles ha ido en aumento en este último año y se ha convertido en una práctica represiva constante que pretende anular a la justicia civil.  Ha habido más de 40 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones, además de cientos de heridos y detenidos, casi 300 de ellos pasados a tribunales militares en este último tiempo. Estas denuncias, hechas por organismos de Derechos Humanos independientes venezolanos, se multiplican día a día demostrando que es una escalada en la militarización que vive Venezuela

Queremos se detenga el proceso de militarización que vive Venezuela mediante, por ejemplo, la conformación de Milicias conformadas por trabajadores y civiles que reciben armamento y formación militar y que están bajo el mando y tutela de la fuerza armada nacional bolivariana. La participación en dichas milicias es obligatoria. Además, se han incorporado a grupos de civiles armados para la represión a los manifestantes.

La realización de planes militares para afrontar una crisis económica y social, no hace más que agudizar la militarización que vive el país, como sucede actualmente con el plan Zamora. Diferentes organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales e incluso corrientes del propio chavismo han calificado al gobierno de tener prácticas que no pueden estar más alejadas de lo que se considera revolucionario, como cuando se violan los derechos humanos y se militariza la sociedad. Por las mismas razones creemos que el momento de actual dificultad y descontento popular de ninguna manera puede ser excusa para la intervención extranjera y violenta contra la soberanía del pueblo venezolano.

Felicitamos a quienes persisten en la noviolencia como forma de manifestarse, sin caer en la provocación violentista que implica todo este proceso de militarización. La creatividad y originalidad que han demostrado estas manifestaciones noviolentas constituyen un recurso social disponible para salir del atolladero político y social que vive Venezuela hoy día. Por ello llamamos al amplio movimiento noviolento, antimilitarista y objetor de conciencia de Latinoamérica y el mundo a acompañar, dar seguimiento y respaldo moral a quienes hacen resistencia noviolenta a la militarización en Venezuela.

Le extendemos nuestras palabras de aliento a los familiares de las víctimas de la represión, y solicitamos que todas las situaciones sean investigadas y aclaradas, y sus responsables materiales e intelectuales sancionados.

El gobierno venezolano debe abstenerse de continuar enfrentando el descontento con represión, y debe permitir salidas democráticas, constitucionales y pacíficas a la actual crisis que experimenta el país.

Finalmente, hacemos extensiva nuestra solidaridad a todo el pueblo venezolano en su lucha no violenta.

Puedes consultar la declaración AQUÍ 


Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe

Publicado por Provea 

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Los ambientalistas venezolanos frente al llamado a un proceso Constituyente en Venezuela

Nosotros los abajo firmantes, organizaciones ambientalistas, organizaciones de derechos humanos de Venezuela y profesionales en los diversos temas relacionados con el ambiente, expresamos nuestra más profunda preocupación frente al reciente decreto emanado del Ejecutivo Nacional convocando a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Este decreto incluye entre los objetivos descritos para esta convocatoria: “La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad”.

Por otra parte, el Artículo 347 de la Constitución Nacional indica que el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es “… transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

En el marco de la mencionada convocatoria, es lícito preguntarnos desde el punto de vista de los derechos ambientales de los venezolanos, sí en este momento sería pertinente realizar una transformación de las bases y estructura del Estado tal como lo expresa el artículo 347 y si se resulta necesario modificar los derechos ambientales presentes en la misma tal como es expresado en el Decreto de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.

El texto Constitucional vigente establece en su artículo 127 que: “Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho es complementado en este mismo artículo por dos mandatos al Estado venezolano al indicar que: “El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”; así como también que: “Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.

Sin embargo, el Estado Venezolano no ha cumplido con estas obligaciones que garantizan una mejor calidad de vida. Esta afirmación puede corroborarse por los siguientes hechos:

Venezuela vive uno de los racionamientos de agua más severos de su historia, sin que ello pueda ser explicado de manera clara con argumentos meramente climáticos o políticos. El mismo está afectando principalmente a las personas más pobres: En 2014 cinco millones de personas vivían en viviendas sin abastecimiento directo de agua (ENCOVI, 2014) y una encuesta reciente indica que el 69% de las camas de hospitales públicos en todo el país están inoperativas por fallas en el suministro de agua (Encuesta Nacional de Hospitales 2016).

Con respecto a la obligación de proteger la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos, es fundamental resaltar que Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica y, según un estudio reciente, es el único país de la región amazónica cuya tasa de deforestación de los bosques amazónicos ha venido creciendo en los últimos años. Esta situación afecta gravemente procesos vitales como la capacidad de captación de agua, conservación de la diversidad, protección de suelos y captación de carbono, entre otros. Asimismo, la crisis económica ha llevado a comunidades pobres en todo el país a recurrir a la explotación intensiva tanto de la fauna como de la vegetación para intentar cubrir sus necesidades.

A su vez, los parques nacionales y monumentos naturales están en uno de los peores momentos de la historia de este sistema. Todas las áreas naturales protegidas por Ley al sur del Orinoco presentan un alto grado de degradación generado por la minería ilegal de oro. El caso del Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, es emblemático, ya que luego de múltiples denuncias aún no se ha realizado ninguna acción tendente a erradicar esta actividad de su territorio. Por su parte, las áreas naturales protegidas al norte del Orinoco se encuentran gravemente amenazadas por una enorme variedad de factores que van desde la construcción de viviendas por parte del gobierno dentro de estas áreas, hasta el avance acelerado de la agricultura.

Hablar de vivir en un ambiente libre de contaminación es una utopía en Venezuela. Por nombrar unos pocos ejemplos: La contaminación por mercurio afecta a una gran cantidad de comunidades indígenas y criollas en la Guayana venezolana; el Lago de Maracaibo sufre un avanzado estado de destrucción producto del efecto combinado de la industria petrolera y las aguas negras no tratadas; la población de la región central de Venezuela debe tomar agua con peligrosos niveles de contaminación; el tratamiento de las aguas servidas es prácticamente inexistente; la mayor parte de las zonas urbanas más pobres no tienen servicios de recolección de desechos sólidos y los vertederos ilegales de basura se multiplican por todo el país.

Asimismo, aun cuando el cambio climático es considerado el factor de riesgo más grande para garantizar la seguridad ambiental de los ciudadanos, el gobierno nacional incumple la legislación nacional y los convenios internacionales al retrasar indefinidamente y sin explicaciones el desarrollo de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.

Finalmente, es necesario mencionar al proyecto del Arco Minero del Orinoco el cual reúne muchas de estas consideraciones. Ello debido a que pone en grave peligro la mayor fuente y reserva de agua de Venezuela, así como ecosistemas de alto valor social y ambiental, a la vez que genera graves riesgos de contaminación, no solo en la zona a ser afectada, sino en un territorio extenso por razón de las sustancias tóxicas usadas en el procesamiento de los minerales. Todo ello sin mencionar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas de la zona.

Todos estos factores están incidiendo de manera grave en la actual situación de crisis del país y son elementos significativos en la disminución de los indicadores de salud, productividad y seguridad de la población, representando igualmente graves violaciones a los derechos humanos de la población.

El factor común en todos los ejemplos planteados es la ineficacia, inoperancia y desorden del Estado para al menos intentar mitigar y mucho menos controlar estos efectos.

Por toda esa situación, estamos convencidos de que Venezuela no necesita un cambio de su Constitución, sino el adecuado y estricto cumplimiento de las disposiciones presentes en la actual. Un gobierno que no ha podido cumplir con los mandatos que le impone la Constitución no tiene la credibilidad, ni tiene la autoridad moral de proponer una nueva Carta Magna.

En función de lo anterior, consideramos totalmente innecesaria, inoportuna e inconveniente a los intereses de la Nación el llamado actual a una Asamblea Constituyente y por lo contrario exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir y defender la Constitución actual y sus mandatos.

Asimismo, hacemos un llamado a todos los venezolanos a cumplir con sus responsabilidades y deberes estipulados en la Constitución y participar activamente en la defensa de la misma.

Igualmente, solicitamos a la comunidad internacional, organismos internacionales de conservación ambiental y organizaciones ambientalistas en todo el mundo acompañar y apoyar las acciones que se realicen en Venezuela en defensa de la Constitución que protege los derechos ambientales de los venezolanos y los ciudadanos de todo el mundo.

Firman:

ORGANIZACIONES

1. A.C. H1nnova Lab

2. A.C. Phynatura

3. AC Una Montaña de Gente

4. Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales (ACFIMAN)

5. Acceso a la Justicia

6. Acción Campesina

7. Alianza Una Montaña de Gente – Observatorio Ambiental Venezolano.

8. Ascenso Centro de Aventura A.C.

9. Asociación Civil BioParques

10. Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai

11. Asociación Civil Núcleo de Geografía Viva

12. Asociación Civil Protegiendo y Produciendo (PRO2)

13. Asociación Ecológica para la Prevención Ambiental del Estado Falcón (AEPAFALCON)

14. Asociación Mujeres en Línea

15. AVVA Frontera Gran Sabana

16. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

17. Ciudadanía y Libertad A.C.

18. Civilis Derechos Humanos

19. Coalición Clima21

20. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Capítulo Mérida

21. El Zulia Recicla

22. Equipo de Proyectos y Asesoría Social (EDEPA)

23. Fundación Abrae

24. Fundación Aguaclara

25. Fundación Ecodiversa

26. Fundación EcoJuegos

27. Fundación Hijos de la Madre Tierra (FUNDAHIMATI)

28. Fundación Mujeres del Agua

29. Fundesos

30. Gente de Soluciones

31. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (MéridaVenezuela).

32. Laboratorio de Paz

33. Mesa Ambiental Nacional

34. Observatorio Ambiental Venezolano

35. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes

36. Observatorio Venezolano de la Salud

37. Picnic Urbano de Maracay

38. PROVEA

39. Red Andina de DDHH (RADAR)

40. Red de ONGS que luchas contra la desertificación de Venezuela (RIOD Venezuela)

41. Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red Ara)

42. Sinergia Asociación Civil

43. Sociedad Hominis Iura ( SOHI)

44. Stop VIH

45. Un Mundo Sin Mordaza

46. Una Ventana a la Libertad

47. UNIANDES

48. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle

49. Oikos Consultores Rl

50. A.C FUNDACION PEQUEÑOS GUARDIANES DEL AMBIENTE(FUNPEGUAM)

51. Grupo Ecológico San Pedro

52. Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela

PERSONAS

1. Acianela Montes de Oca

2. Adriana Humanes, Ecóloga marina

3. Aimé Tillett. Universidad Central de Venezuela

4. Alberto Blanco-Dávila, Nature Projects

5. Alberto Blanco-Uribe Quintero, abogado ambientalista y profesor UCV de derecho constitucional

6. Alejandro Álvarez Iragorry, Ambientalista, Educador ambiental

7. Alejandro Ecarri, Gente de Soluciones

8. Alejandro Luy, biólogo

9. Alejandro Suels Aranda, Ambientalista

10. Alexandra Álvarez-Muro, profesora jubilada de la Universidad de los Andes

11. Alfredo Lascautx , Delegado del partido Verde de Canadá ante la Federación de Partidos Verdes de las Américas

12. Ana Carolina Sotillo, empresaria

13. Anaurora Yranzo Duque. Investigadora en Ciencias Básicas, Naturales y Aplicadas. Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias UCV.

14. Andrés Eloy Seijas, Profesor Universitario

15. Andrew Torres, Ing. Agroindustrial y Doctor en Ciencias Agrícolas (UCV), Prof. Titular UNELLEZ.

16. Aníbal Rosales, Ingeniero agrónomo, Experto en Suelos

17. Anita Méndez, Educadora Ambiental

18. Anna Sartorio de Ponte, ambientalista

19. Antonio José Alfonzo Paradisi, Profesor universitario

20. Arnoldo José Gabaldón, ex ministro del Ambiente

21. Augusto Bastidas, Geógrafo, Maestría en Administración Ambiental

22. Azucena Martínez F. Ambientalista – Educadora Ambiental y Asesor Técnico en la Asamblea Nacional Constituyente 1999

23. Baumar Marín. Biólogo Marino, Investigador del IOV.UDO, Miembro Fundador A.C FUNDACION PEQUEÑOS GUARDIANES DEL AMBIENTE(FUNPEGUAM)

24. Beatriz Esté

25. Beatriz Ivett Peraza,

26. Belkis Echenique Ingeniero Civil.

27. Bladimir Rodríguez, Biólogo trabajo en el Museo Marino de Margarita

28. Carlos Giménez Lizarzado

29. Carlos Monedero – Profesor Titular UCV

30. Carlos Peláez, Ecólogo.

31. Carlos Rivero Blanco

32. Carmelo Ecarri

33. Carmen Aida Carrasquel, Ambientalista

34. Cecilia Gómez Miliani, profesora universitaria, ambientalista.

35. Cristina Díaz

36. Cristina Fiol, Lic. en Biología, Especialista y Consultor Ambiental y en Conservación de Especies y Ecosistemas en Peligro. Libre Ejercicio.

37. Cristina Vaamonde, Ambientalista y defensora activa del Foro Penal Venezolano

38. Daniel Delgado, Periodista ambiental. Editor del Blog Ecoscopioweb

39. Drai Cabello, ConBiVe

40. Edgardo García Larralde, Consultor en Desarrollo Sustentable, Gran Bretaña

41. Eduardo Cudisevich, Ingeniero Agrónomo

42. Eglee L Zent etnoecóloga

43. Eliseo Castellano, Profesor Universitario Jubilado de la UNELLEZ, Barinas

44. Emilio Vilanova. Profesor Agregado Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de Los Andes. Estudiante PhD University of Washington

45. Emma Corina Salazar Suárez, Profesora universitaria, ambientalista, ecóloga autodidacta

46. Enrique Alberto Martín Cuervo

47. Enrique Farfán, Ambientalista, luchador social y comerciante

48. Estrella Villamizar, Bióloga, Profesora Escuela de Biología y del Postgrado en Ecología de la UCV; Investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical. 49. Evelyn Rodríguez, Biólogo. UCV Ex funcionaria Ministerio del Ambiente.

50. Faruk Bagdah, Ambientalista

51. Francisco Provenzano Rizzi, Profesor Jubilado UCV, Doctor en Zoología

52. Franklin Daniel, GEUCA

53. Frendy Sanchez, Funvea

54. Frida Ayala

55. Gabriel Picón Nava, Profesor y Presidente de Fundación Dos Aguas,

56. Gabriela Croes Esté, Antropóloga- UCV

57. Gedio Marín, Biólogo Ecólogo ornitólogo, Prof. UDO, Miembro fundador de A.C FUNDACION PEQUEÑOS GUARDIANES DEL AMBIENTE(FUNPEGUAM) 58. Gloria Carucci, Bióloga UCV

59. Griselda Ferrara, profesora de la Universidad Central de Venezuela

60. Guayana Páez-Acosta, Sustainable Development, Partnerships and Philanthropy Professional.

61. Guiber Elena Mijares P., Docente UCV

62. Gustavo Mendoza, ambientalista y Director de la Fundación ambientalista Huerto Los Ayamanes.

63. Heidy Ramírez, periodista

64. Helios Zapata, Ambientalista y fotógrafo

65. Hernán Papaterra

66. Hildebrando Arangú Santelíz-MSc en Cs Ambientales- Profesor UCLA

67. Inelba Mata, Ingeniero Municipal Alcaldía del Municipio Marcano. Edo. Nueva Esparta”

68. Iñaki Alberdi, Biólogo

69. Irama Ficht, Lic. en Arte. Coordinadora de Proyecto Escuelas Sostenibles. EDEPA

70. Isabel Novo, Biólogo

71. Jeanfreddy Gutiérrez, Periodista Ambiental

72. Jesús Delgado, Ambientalista, Geógrafo, Investigador docente del Centro de Estudios Integrales del Ambiente (CENAMB – UCV)

73. Jesús F. Araujo Contreras, Ing. Forestal (ULA), MSc. en Manejo de Cuencas (ULA)

74. Joaquín Benítez. Profesor. Director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB

75. Jorge M. González, PhD., Profesor Universitario (California State University, USA)

76. Jorge Cruz

77. José Carvajal, periodista

78. Juan Carlos Sánchez, Profesor de la Fac. de Ingeniería UCV

79. Juan Castillo Croes, Estudiante UCV

80. Juan José Cárdenas. Oceanógrafo.

81. Juan M Posada. Ambientalista en el exilio

82. Judith Duran, ambientalista

83. Julio Alexander Parra Maldonado, Educador

84. Lecgisia Torres de Krisch, Educadora,

85. Lisbeth Bethelmy, Investigadora y psicóloga ambiental

86. Lucas Riestra, Abogado

87. Luis Arteaga Benatuil, Movimiento Ecológico Salvemos al Mundo

88. Luis Souto, periodista

89. Luisa Villalba Márquez, profesora

90. Marco Paoletti, Ambientalista

91. María A. Oliveira M., Dra. Ciencias Biológicas, Libre ejercicio

92. María Delmira Cabrera C., Licenciada en Biología

93. María Elisa Febres, abogada, Especialista en Derecho Ambiental, Doctora en Desarrollo Sostenible

94. María Esmeralda Mujica, Bióloga

95. María Gabriela Espinoza, Administradora

96. María Sánchez, Ambientalista, Geólogo, Coordinadora de Proyectos Ambientales Del Instituto Municipal Ambiente Chacao

97. María Suárez Luque, Docente de la Universidad Central de Venezuela

98. Maribel García, Ambientalista

99. Marisol Aguilera, Profesora universitaria USB

100. Maritza Pulido Santana, Premio Global 500 1991 PNUMA UNESCO

101. Mauricio Iranzo Tacoronte, Profesor Jubilado, UCLA

102. Mayra Rincón Salazar, periodista ambiental

103. Mercedes Corro, Abogada

104. Mercedes Diez, Abogada en el exilio

105. Miguel A Domador Fonseca, TSU Evaluación Ambiental

106. Miguel A. Villegas Herrera, Biólogo

107. Nalúa Silva Monterrey

108. Nélida Gruber

109. Nelson Gil Luna, Profesor Universitario. UPEL-Instituto Pedagógico JM Siso Martínez

110. Nicla Camerín, Ambientalista

111. Omaira Delgado Rivas, Ambientalista

112. Omar Escalona, Fundación Ambiental de Venezuela

113. Oscar Gómez. Gerente General de Vitaambiente

114. Pablo Lau, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez

115. Pedro Gutiérrez Leal, Profesor Universidad Nacional Abierta y miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle

116. Rafael E García, Consultor para áreas protegidas

117. Rafael Rodríguez-Altamiranda, Dpto. Biología, Universidad de Carabobo

118. Ramon Quintana Gomez, Ing. HidMet., Prof. Tit. Univ. (Emérito) UNELLEZ, UCV, Miembro de la Direct. Nac. de la Soc. Vzlana. de Ing. HidMet-CIV.

119. Raúl Pulido, Especialista en Ecología y Ambiente, Biólogo UCV, MSc IVIC

120. Reyna Pérez Ponce, Presidenta Instituto Municipal Ambiente Chacao Alcaldía Municipio Chacao

121. Rita Marín , Directora de Estrategias A.C FUNDACION PEQUEÑOS GUARDIANES DEL AMBIENTE(FUNPEGUAM)

122. Roberto Paulo Carletti Biscard, Profesor Universitario

123. Ruth Barrios, Fundación Vida Verde

124. Sandra Giner, profesora de la UCV

125. Sergio Antillano A. Ingeniero/Planificador ambiental.

126. Shaenandhoa García Rangel, Biólogo en el exilio

127. Soledad Santamarina

128. Soraya Verónica Medina Fuentes, Educadora

129. Verónica Zárraga, Fundación Venezolana Ambientalista (FUNVEA)

130. Víctor Juan Blanco Márquez. Agente de Extensión Asuntos Marinos. University of Florida/Sea Grant Florida

131. Vilisa Morón Zambrano, Bióloga

132. Viviana Salas Martín, Bióloga

133. Yani Cristina Aranguren Díaz, Bióloga

134. Yrama Capote, presidente del Grupo Ecológico San Pedro.

135. Yuraima Córdova de Colella, Biólogo UCV. Profesora Facultad de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela.

136. Zaida García, Profesora UPEL IPC

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Venezuela: La OMCT condena el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la aplicación de la jurisdicción militar a manifestantes

Ginebra (Suiza), 19 de mayo de 2017

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) insta a las autoridades venezolanas a proteger a aquellas personas que ejercen el derecho a la libertad de reunión y a investigar de forma exhaustiva la muerte de al menos 42 personas y todos los casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos ocurridos en el marco de las protestas.

Desde que empezaron las protestas a fines de marzo de 2017, al menos 42 personas, incluyendo varios adolescentes, han fallecido y más de 900 han resultado heridas, incluyendo niños y ancianos, durante enfrentamientos entre manifestantes, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana y grupos paramilitares, según los datos hechos públicos por el Ministerio Público. Centenares de manifestantes – que fuentes no oficiales cifran en más de 2000 hasta el momento – habrían sido detenidos en varias ciudades del país, muchos de ellos estudiantes y menores de edad.

Las protestas iniciaron el 30 de marzo de 2017, cuando partidos y grupos simpatizantes de la oposición convocaron marchas en varios puntos del país en rechazo a las sentencias (posteriormente modificadas) en las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció que asumía las competencias de la Asamblea Nacional por encontrarse esta última en situación de desacato. Varias de las protestas que inicialmente se desarrollaron de manera pacífica fueron dispersadas o reprimidas violentamente en medio de un fuerte despliegue de efectivos de seguridad.

Un gran número de muertes y heridos graves, incluyendo manifestantes y transeúntes, ha resultado del uso de armas de fuego y armas menos letales, en particular bombas de gas lacrimógeno, gas pimienta y perdigones. También ha habido personas arrolladas por vehículos antimotines y muchos casos de asfixia por la inhalación de gases tóxicos. En este marco, la OMCT expresa su consternación por el reiterado incumplimiento de las normas nacionales e internacionales que regulan el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en el curso de manifestaciones.

Además, se ha reportado la presencia de grupos civiles armados que realizarían labores de contención de la protesta ciudadana y habrían disparado con armas de fuego, asesinando e hiriendo a manifestantes. Esta situación se agravó con la activación del denominado Plan Zamora 200, el 18 de abril de 2017, el cual, contrariamente a la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas y a “fuerzas populares” labores relativas al control del orden público.

De la misma manera, preocupa profundamente el uso de la jurisdicción penal militar, documentado en más de 250 casos, para detener y juzgar a civiles, lo que vulnera el debido proceso y el derecho al juez natural, garantías básicas para asegurar el derecho a un recurso efectivo. Esta situación se enmarca en un contexto de criminalización generalizada de aquellas personas que participan en las protestas, las cuales han sido tildadas de “terroristas” por parte de representantes del gobierno y acusadas de delitos que acarrean altas penas como el de “rebelión”.

En este sentido, la OMCT considera que tanto la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) como el Plan Zamora deberían ser abolidos y los operativos de seguridad revisados con vistas a la desmilitarización de las tareas relacionadas con el mantenimiento del orden público.

Malos tratos y detenciones arbitrarias

También se han registrado irregularidades y abusos durante la práctica de las detenciones y el traslado a dependencias policiales y militares. En el trayecto a lugares de detención, muchos manifestantes habrían sido golpeados, maltratados y vexados, incluyendo casos de violencia sexual.

Asimismo, los informes recibidos indican la inobservancia de garantías procesales clave para prevenir la ocurrencia de tortura, malos tratos y violaciones a la libertad personal. Se han reportado lapsos prolongados de incomunicación durante los cuales el paradero de los detenidos es desconocido por sus familiares. En un número elevado de casos las detenciones se han ordenado y prolongado contrariamente a lo solicitado por la Fiscalía, en ocasiones condicionando la libertad a la presentación de fiadores, lo que ha supuesto la prolongación indebida e injustificada del periodo de detención en oficinas y dependencias no habilitadas para albergar a detenidos en condiciones dignas. Fuentes fidedignas también coinciden en denunciar hechos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo custodia, incluyendo a víctimas menores de edad.

Priorizar los cauces democráticos y alternativas al uso de la fuerza

La OMCT llama a todas las partes a abstenerse de recurrir a la violencia y a privilegiar el diálogo y los canales democráticos de participación. Con el fin de favorecer una salida no violenta a la crisis, exhortamos a las autoridades a garantizar el pleno respeto al derecho a la libertad de reunión y a proteger a los manifestantes y a los transeúntes frente a los ataques de civiles armados. El derecho a la libertad de reunión es un pilar básico para canalizar la expresión colectiva de opiniones o creencias políticas, culturales o religiosas diversas, lo cual incentiva el debate público y la existencia de sociedades plurales, tolerantes e inclusivas.

Asimismo, la OMCT recuerda a las autoridades que, según las normas internacionales, la fuerza letal por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesario en defensa propia o defensa de terceros ante una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves. Respecto el uso de la fuerza incluyendo armas menos letales, los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley solo lo permiten cuando hayan resultado ineficaces todas las vías de mediación y negociación posibles y recuerdan que “no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos”.

En este contexto, cabe destacar que el uso de la fuerza empleado sin apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad puede ser constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, la OMCT reitera que está prohibido el disparo de proyectiles de gas dirigido al cuerpo de personas, en particular cuando se hace a corta distancia y en las partes superiores del cuerpo, y no debe ser arrojado en espacios cerrados, cuando las personas no tienen una vía de evacuación ni en las cercanías de centros de salud, centros educativos ni zonas residenciales.

Las autoridades también tienen la obligación de garantizar la asistencia médica de urgencia a toda persona herida en los operativos de seguridad desplegados en las manifestaciones, notificando si fuera necesario a los familiares y amigos cercanos lo más pronto posible.

Luchar contra la impunidad

La OMCT urge a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos relacionados con la muerte, tortura, detenciones arbitrarias y cualquier otro incidente donde se haya registrado un uso abusivo o arbitrario de la fuerza, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley. Asimismo, la OMCT hace un llamado a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las víctimas y personas que denuncien violaciones a los derechos humanos pueden hacerlo sin sufrir represalias.

Libertad para los protestantes

Finalmente, la OMCT llama a las autoridades a ordenar la libertad inmediata de todas y cada una de las personas detenidas en el marco de las protestas en caso de encontrarse detenidas en ausencia de cargos legales válidos, o en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal civil competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento.

Contactos 

OMCT, Tel. +41 (0) 22 809 49 39 / omct@omct.org 

 

Publicado por OMCT

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ACIENPOL | La Inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la aplicación de la justicia militar a civiles

1. De conformidad con lo establecido en el art. 261 de la Carta Magna, “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Los delitos de naturaleza militar son las infracciones a los deberes de disciplina, obediencia y subordinación, a cargo de miembros activos de la Fuerza Armada y por lo tanto nunca de civiles.

2. Así lo ha establecido la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia bajo la Constitución de 1999; e incluso antes de ello, bajo la Constitución de 1961, decisiones de la Sala de Casación Penal, sin norma expresa, ya se habían pronunciado sobre la materia al excluir a civiles de la justicia militar, como en el caso de la periodista María Eugenia Díaz. Igualmente, la Sala Constitucional en la sentencia 838 del 24 de abril de 2002, al resolver una acción de amparo relacionada con un proceso penal seguido en la jurisdicción penal militar a un militar retirado, expresó:

“Para esta Sala, la justicia militar sólo se aplica a delitos de naturaleza militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento”.

3. En el caso de Venezuela, si bien la Constitución de 1999 recogió claramente los estándares internacionales sobre la materia, el Estado ha incumplido su deber a adoptarlos en el resto del Derecho interno como es el caso del Código de Justicia Militar. Por ello, tanto en los informes de la ONU como en los del sistema interamericano, el Estado venezolano ha sido condenado por aplicar la justicia militar fuera de su ámbito propio y, así mismo, ha sido requerida a dejar sin efecto dichos procesos, a reparar a las víctimas y a modificar su legislación. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Usón Ramírez vs. Venezuela (Sentencia de 20 de noviembre de 2009, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), se pronunció al respecto reiterando su jurisprudencia y recordándole a Venezuela el estándar del carácter excepcional de la justicia militar en un Estado democrático, la cual sólo se debe juzgar a militares activos (no retirados) por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar, por lo cual, cuando la justicia militar asume competencia sobre un civil, asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori,el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. En consecuencia, en palabras de la Corte Interamericana: ni civiles ni “militares en retiro pueden ser juzgados por los tribunales militares”.

4. A pesar de que el Estado venezolano denunció de manera inconstitucional la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con su texto (art. 78.2) todas las obligaciones relativas a hechos ocurridos mientras estuvo en vigor se mantienen vigentes de cumplimiento y el Estado no ha quedado desligado. De allí que la Corte Interamericana sigue supervisando el cumplimiento de este fallo y todos aquellos relativos a hechos ocurridos bajo la vigencia de dicha Convención.

5. La anterior doctrina y jurisprudencia internacional ha sido reiterada en el ámbito de la ONU, particularmente por el Comité de Derechos Humanos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (de los cuales es parte Venezuela), con relación a las normas de dicho instrumento sobre debido proceso y protección judicial, en su Observación general Nº 13 sobre la Administración de justicia (artículo 14).

6. Por lo tanto, la tendencia actual conforme a la doctrina y jurisprudencia tanto constitucional como internacional antes citada, es por consiguiente, limitar la justicia militar únicamente para ser aplicada: (i) a militares activos y (ii) sólo en caso de delitos estrictamente de función militar. Inclusive, diversas democracias contemporáneas han dejado sin efecto la justicia militar, mediante la tipificación de hechos punibles en los Códigos Penales y prever así que los militares, como ciudadanos, cuando cometen esos delitos de función, también deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria, como han sido entre otros, el caso de Alemania, así como de Argentina cuando en febrero de 2009 se derogó el Código de Justicia Militar y los militares, en lo adelante, quedaron sujetos a la justicia penal común. Además de lo anterior, es necesario poner de relieve que nuestra legislación militar y, en particular, el Código Orgánico de Justicia Militar es arcaico y preconstitucional. Por esa razón, debe ser revisado en su integridad para adaptarlo a la Constitución y a las obligaciones internacionales sobre la materia. Asimismo, hay que resaltar que el artículo 123 del Código Orgánico de Justicia Militar, que autoriza el juicio militar a civiles, no es aplicable en estos momentos por ser una norma inconstitucional al ir en sentido contrario a lo que dispone el mencionado artículo 261 de la Constitución que limita esta jurisdicción únicamente a “delitos de naturaleza militar”. Recientemente la Sala de Casación Penal (sentencia Nro. 518 del 6 de diciembre de 2016) llegó a la misma conclusión.

7. A pesar de que por mandato de la Constitución la jurisdicción penal militar “es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados por concurso” (art. 261), dicho Código todavía establece que son funcionarios de justicia militar: el Presidente de la República, el Ministro de la Defensa; el Comandante en Jefe del Ejército o Armada, y los comandantes de las jurisdicciones militares o navales (art. 28), y detalla las atribuciones e injerencias directas en la justicia militar, tanto del Presidente de la República (art. 54) como del Ministro de la Defensa (art.55); los cargos de los tribunales militares (jueces, auditores, fiscales, defensores y secretarios) los desempeñan militares en situación de actividad –y por tanto sometidos a relación de jerarquía, e incluso la mayoría de los jueces militares no requieren siquiera ser abogados (art. 24 y 49; 33, 41 y 49); y salvo los miembros de la Corte Marcial que son propuestos por el Ministro de la Defensa al Tribunal Supremo de Justicia para su designación, los demás jueces son designados por los propios tribunales militares de una lista propuesta por el Ministro de la Defensa (arts. 42 y 49); los fiscales militares son nombrados por el Presidente de la República y no requieren ser abogados (arts. 71 y 77); el auditor general militar y los demás auditores militares son nombrados por el Presidente de la República (art. 82); y los secretarios designados por los tribunales militares, también requieren ser militares activos y tampoco requieren ser abogados –salvo el de la Corte Marcial (art. 96). Así mismo, el Código de Justicia Militar impone, entre otras cosas, la obediencia ciega, al igual que otras normas militares, e inclusive, sanciona como delitos hechos o conductas que no ameritan sanción alguna y establece criterios inaceptables de discriminación entre ciudadanos. Por estas razones, los jueces militares no son independientes ni imparciales, por cuantos se rigen por el obediencia que nace del juramento que prestan al iniciar sus carreras. Esta falta de independencia y de autonomía es lo que ha llevado a las democracias europeas y latinoamericanas a rechazar la aplicación de la justicia militar a civiles.

8. El Estado debe establecer, en un plazo razonable, a través de su legislación, límites a la competencia de los tribunales militares, de forma tal que la jurisdicción militar únicamente se aplique a militares en ejercicio y por delitos de función; así como derogar, en un plazo razonable, toda disposición de la normativa interna venezolana que no resulte conforme con dicho criterio, en los términos del párrafo 172 del Fallo. (Resaltados añadidos).

9. En conclusión, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales manifiesta que la aplicación de la justicia militar a civiles configura una grave violación de los derechos constitucionales y humanos al debido proceso, al juez natural, a la independencia e imparcialidad de la justicia y a la libertad e integridad personal; y por tanto, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución son actos nulos que deben ser desaplicados y dejados sin efecto de inmediato; y los funcionarios públicos que ordenen o ejecuten estos actos incurren en responsabilidad, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores (art. 25, Constitución).

10. Por último, en virtud de las claras obligaciones tanto constitucionales como internacionales del Estado venezolano, miembros de la Fuerza Armada Nacional, incluidos los fiscales y tribunales militares, deben abstenerse de procesar o detener a ciudadanos civiles; y la Asamblea Nacional debe proceder, en cumplimiento de la referida sentencia internacional y el artículo 261 de la

Constitución, a adaptar el Código Orgánico de Justicia Militar a dicha norma y a los estándares internacionales sobre la materia.

En Caracas, 16 de mayo de 2017.

En fe de lo cual, suscriben,

Gabriel Ruan Santos.

Presidente

Luciano Lupini Bianchi

Secretario


Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Publicado por PROVEA 

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Comunicado de Fe y Alegría / De nuevo: ¡YA BASTA!

Venezuela se nos ha llenado de dolor, sufrimiento, angustia, violencia, miedo, represión y muerte. Sí, mucha muerte y con saña.

Toda sociedad pasa por luchas y conflictos. Y es en el modo de enfrentarlos donde se evidencia o niega su talante democrático. El uso desmedido de la fuerza, la calificación de las manifestaciones como insurrección armada y no ver en ellas la justa indignación de la gente, la usurpación de la justicia ordinaria y civil por tribunales militares, la violencia y muerte diaria, la destrucción vandálica de bienes públicos o privados, el trato cruel a los detenidos son inaceptables para una sociedad democrática. Estamos perdiendo la vida, la democracia, el país

La solución no es enfrentarnos unos a otros hasta derrotar al adversario. Ya basta. Dejemos a un lado la intolerancia y a los intolerantes. Necesitamos recuperar la institucionalidad democrática y la vigencia de los DDHH. Tenemos que reconstruir nuestra democracia para la esperanza y la vida, con instituciones al servicio de todos los venezolanos, sin discriminaciones ni descalificaciones.

Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco:

“No dejan de llegar noticias dramáticas sobre la situación en Venezuela y el agravarse de los enfrentamientos, con numerosos muertos, heridos y detenidos. Mientras me uno al dolor de los familiares de las víctimas, para quienes aseguro oraciones de sufragio, dirijo un apremiante llamamiento al Gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana para que se evite cualquier ulterior forma de violencia, sean respetados los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está agotando a la población. Encomendamos a la Santísima Virgen María la intención de la paz, de la reconciliación y de la democracia en ese querido país”.

Junto a Francisco, les decimos a todos los componentes de la sociedad, y sobre todo al gobierno: Detengamos la violencia. Ya basta de personas asesinadas y heridas. Ya basta de infundir miedo. Ya basta de familias acorraladas por bombas lacrimógenas, perdigones y balas. Ya basta de obstáculos a la libre movilización de personas y de marchas. Ya basta de asedio nocturno. Ya basta de destrucción de bienes públicos y privados. Rechazamos la violencia, venga de donde venga.

  • Rectores del Consejo Nacional Electoral cumplan con su responsabilidad. Ustedes pueden abrir caminos de solución. Demuestren que son un poder autónomo. Reconozcan que gran parte de lo que sucede se debe a que ustedes no han cumplido con sus obligaciones. Caigan en cuenta de que mucho de lo que está sucediendo tiene que ver con la suspensión del referéndum consultivo el año pasado.
  • Señores de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Ustedes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y proteger a todo el pueblo. Ustedes conocen y padecen esta situación. Ustedes no se formaron para reprimir al pueblo venezolano ni para vivir en guerra con sus hermanos, vecinos y paisanos. Ustedes están llamados a pensar y actuar estratégicamente. Miren más allá de los intereses particulares, de las emociones y reacciones propias del enfrentamiento. ¿Qué país quieren para sus hijos y nietos? Delante de Dios, de sus conciencias y del amor a sus familias, pregúntense: ¿Vale la pena lo que están haciendo?
  • Poder ejecutivo, gobiernen para todos y todas por igual, respeten la autonomía de los poderes, combatan a fondo la corrupción, abóquense a superar el rentismo y la dependencia petrolera para ser un país autónomo, capaz de producir la comida, medicinas y servicios que este sufrido pueblo se merece y necesita. Trabajen a fondo para que la población camine segura por las calles y acaben con los grupos civiles armados.
  • Fiscal general de la República, siga siendo vigilante de la vigencia de la Constitución y las leyes y sancione a quienes las violen y rompan o traten de romper el hilo constitucional.
  • Señores de la oposición, su liderazgo se medirá por la conducción inteligente de la movilización popular superando la violencia en todas sus manifestaciones. Están llamados a ser líderes de la resistencia no violenta que modele el comportamiento de todos los movilizados. La estrategia no es la confrontación violenta. Se trata de convocar y ganar el mayor número de personas y sectores sociales. Sean expertos del diálogo y la negociación.
  • Sociedad venezolana, necesitamos alimentar la esperanza, seguir firmes en nuestro compromiso democrático, administrar positivamente la indignación y la rabia que supere la tentación de la división, el odio y la venganza.

Actuemos prontamente, antes de que la anomia y la anarquía se nos hagan incontrolables.

Venimos, Señor, a derramar nuestro corazón
ante tu presencia.
Tenemos sed de justicia, Señor
y hambre de una vida fraternal.
Soñamos con aquel día
en que los hombres y las mujeres del pueblo
podamos mirarnos afectuosamente
cara a cara sin ira.
¿Será, Señor, nuestra esperanza
un idealismo falaz?
¿Cuándo llegará ese día en que nuestros brazos sean tantos
y tan estrechamente unidos
que los opresores juzguen inútil el recurso a las armas
y se avengan a la verdad?
(P. Trigo)

Manuel Aristorena
Director General de Fe y Alegría

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