Futuro Presente exige la liberación de sus egresados y respeto a los ddhh

La Fundación Futuro Presente desde hace nueve años se ha orientado a formar y promover entre los venezolanos, el liderazgo responsable y los valores democráticos. En todo este tiempo, más de diez mil jóvenes se han unido a este esfuerzo conjunto por un país próspero, justo y de oportunidades, dos mil de ellos han sido formados directamente en nuestros programas, haciéndonos sentir orgullosos de contar con la red de líderes más importante de Venezuela.

Estos líderes que no se autodenominan como tales, sino que con su destacado y sobre todo responsable desempeño, han construido las bases del país que queremos en sus comunidades, organizaciones sociales, universidades, emprendimientos y partidos políticos; demostrando que la honestidad y pluralidad nos enriquecen y que la solidaridad y libertad son requisito esencial para el progreso de nuestro país.

Estos jóvenes miembros de la red de egresados de Futuro Presente, se han convertido en parte fundamental de la reconquista de la democracia venezolana, hecho que nos enorgullece pero que a la vez los ha convertido en blanco de los atropellos de aquellos que consideran la pluralidad y la libertad una amenaza.

Es por esto que con profunda indignación pero con indudable convicción reiteramos nuestro incondicional apoyo a quienes han sido detenidos arbitrariamente, a quienes han sido  torturados y también a aquellos que han sido víctimas de persecución y amedrentamiento.

De la misma forma, nos unimos una vez más para exigir a quienes hoy detentan el gobierno nacional, el respeto a los derechos y la liberación inmediata de: Yon Goicochea, Gilber Caro y Sergio Contreras, egresados de nuestro programa Lidera, quienes sabemos que con moral intachable y amor profundo por nuestro país han dedicado sus años a hacer de Venezuela un país mejor.

A los 14 días del mes de mayo, suscribe

Equipo Futuro Presente

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A la opinión pública : En un año, Maduro convirtió la excepción en regla, agudizando la represión

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta comunicación expresamos nuestro rechazo a la continuidad del “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” que concedió facultades al gobierno para restringir derechos, restringir la cooperación internacional para organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

El 13 de mayo del 2016, determinamos y denunciamos que la prórroga de este decreto, constituía una aplicación indefinida del estado de excepción, lo cual es indiscutiblemente contrario a lo establecido en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que regula la materia, vulnerando el fin de la norma, que es evitar este tipo de prácticas de imposición del régimen excepcional por tiempo no determinado. Adicionalmente precisamos que estas declaratorias no cumplen con las normas internacionales sobre restricción de derechos en situaciones de emergencia.

Recordamos además la inconstitucionalidad del mismo, al haber sido extendido y redefinido en 6 ocasiones, sin haber contado con la aprobación de la Asamblea Nacional y únicamente con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia.

El último decreto se publicó el 13 de enero de 2017, bajo el argumento de la existencia de “circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectasen el orden constitucional la paz social, la seguridad de la nación, de las instituciones públicas y a los ciudadanos de la República”, sin siquiera someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional, reafirmando la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Este decreto fue prorrogado el 13 de marzo, por lo que se vence el 13 de mayo.

Esta situación ha permitido que por más de un año el Ejecutivo haya tenido facultades y poderes de carácter vago, amplio y discrecional, facilitando la implementación de medidas violatorias de los derechos humanos y determinó el quiebre del Estado de Derecho en Venezuela, dando pie a que el Poder Ejecutivo finalmente implementara de forma abierta el autoritarismo y acciones que configuran un claro golpe de Estado.

Vemos con preocupación cómo desde el Poder Ejecutivo, a través de estas medidas, se ha legitimado el ejercicio discrecional del Poder Público, se han cometido acciones de usurpación de poderes a la Asamblea Nacional, se han promovido mecanismos contrarios a la ley para el control del orden público, incorporando incluso la participación de civiles armados y facilitando la extensión de la militarización. Todo en virtud de la implementación de la tesis de la seguridad nacional y protección contra el enemigo interno y externo que pretende desestabilizar el país.

Exhortamos formalmente al Ejecutivo a que se abstenga de continuar con la práctica de prórroga de la extensión indefinida e inconstitucional del estado de excepción y emergencia económica.

Solicitamos el cese de la implementación de la doctrina de la Seguridad Nacional, amparada en la tesis del enemigo interno, la cual ha facilitado la vulneración a los derechos humanos de los ciudadanos y ha permito la descalificación, hostigamiento y ataque a defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios y políticos.

Suscriben:

Acción Solidaria (ACSOL)

Acceso a la Justicia

Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)

Asociación Venezolana para la Hemofilia

Aula Abierta Venezuela

Cátedra de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la universidad Católica Andrés Bello

Cecodap

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Centro Justicia y Paz – CEPAZ

Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara

Civilis Derechos Humanos

Coalición Clima21

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Apure

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Táchira

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Mérida

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

Convite A.C.

Espacio Público

EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes – FENASOPADRES

Fundación Agua Clara

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB

María Estrella de la Mañana

Movimiento Vinotinto

Sinergia

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

StopVIH

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ObservatorioULA DDHH)

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Observatorio Venezolano de la Salud (OVSalud)

PROMEDEHUM – Asociación Civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Proyecto de Educación, Visibilización y Exigibilidad de los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo

Padres Organizados de Venezuela

Proyecta Ciudadanía A.C.

Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

Transparencia Venezuela

Una Ventana a la Libertad (UVL)

Unión Afirmativa

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.

Un Mundo Sin Mordaza

Venezuela Diversa A.C.

Ligia Bolívar O.

Centro de Derechos Humanos

Universidad Católica Andrés Bello

UCAB- Final Av. Teherán, Edf. Cincuentenario, Piso 5

Caracas 1020, Venezuela

+58 212 407-4434

www.ucab.edu.ve/cddhh.html

Facebook: Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello 

@CDH_UCAB 

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Sinergia se pronuncia ante golpe de Estado continuado

Es inaceptable la utilización de la justicia militar hacia civiles por ejercer sus derechos a la participación y manifestación pacífica.

En tan solo el transcurso de un mes se han registrado más de 1700 personas detenidas, 137 de ellas presentadas en tribunales militares y 39 personas fallecidas reconocidas por el Ministerio Público, producto de las acciones de  la fuerza represiva ordenada por el gobierno nacional. Los juicios efectuados bajo la jurisdicción castrense contra personas detenidas y llevadas a prisión sin el cumplimiento del debido proceso y la existencia de personas privadas de libertad por razones políticas, demuestran el desconocimiento del Estado de Derecho.

Las acciones emprendidas por organismos estatales, con el apoyo de civiles armados en contra del pueblo en la calle que exige sus derechos, representa una evidente y clara violación de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las actuaciones y declaraciones públicas de sus más altos representantes, demuestran que en Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha convertido en la fuerza del grupo político en el poder.

La paz y convivencia en el país será posible si las instituciones, autoridades y actores políticos cumplen con lo establecido en la Constitución, los tratados y pactos para el resguardo de los Derechos Humanos.

El llamado a un proceso constituyente, sin el cumplimiento de lo establecido en la Carta Magna para su activación, se convierte en la intención de imponer un nuevo modelo político, económico y social, sin las debidas garantías para que sea el pueblo, en el ejercicio de su soberanía, quien decida las bases de la República y su destino. No se requiere una nueva Constitución. Lo imperativo es el cumplimiento de la aprobada por el pueblo en 1999.

Lo que la gente exige en la calle es su derecho a decidir. Ese derecho está previsto en la actual Constitución a través del ejercicio del voto universal, directo y secreto. Las elecciones suspendidas en Venezuela en su tiempo establecido, demuestran un serio bloqueo a la democracia. El diálogo y la negociación son necesarios, pero para ello debe haber respeto al pacto social vigente, reconocimiento del otro y el cumplimiento de los acuerdos.

La crisis social y económica golpea a un pueblo que no encuentra soluciones a sus problemas y a la garantía de su derecho a la vida.

El estado del desabastecimiento en alimentos y medicinas en el país ha llevado a la población a sufrir situaciones graves con las consecuencias de pérdidas de vidas humanas y afectaciones permanentes a la salud. Todos los indicadores disponibles, registrados por instituciones especializadas tanto en el ámbito nacional como en el internacional, muestran un fuerte deterioro en las condiciones de vida. El sector privado se ha visto reducido en su capacidad de aportar a la producción nacional en todos sus campos, enfrentando una política pública diseñada para su control. Las instituciones públicas han sufrido un deterioro sistemático, sin capacidad de dar respuesta a las necesidades y requerimientos de una población cada día más desasistida. Todas estas condiciones representan un cuadro muy difícil de enfrentar y van en contravía de los postulados y orientaciones establecidas en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible asumida por las Naciones Unidas para facilitar el camino a las políticas que permitan sostener la vida en el planeta, con base al respeto de los derechos de los ciudadanos del mundo y con la democracia como sistema político que lo haga viable.

Toda esta lamentable situación representa un desafío para la sociedad civil venezolana y para sus instituciones. El esfuerzo debe estar encaminado a continuar en la exigencia del cumplimiento de los derechos y que los poderes constituidos cumplan con lo establecido en la Constitución vigente.

Al respecto exigimos:

  • A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respetarse como institución al servicio de todos los venezolanos y no de parcialidad política alguna. No puede seguir en su actuación conjunta con el Ejecutivo en acciones de represión contra la ciudadanía y el juzgamiento de civiles en las instancias penales militares.
  • Al Tribunal Supremo de Justicia, actuar con independencia y hacer cumplir la Constitución, respetando las decisiones del Poder Legislativo en ejercicio de sus legítimas competencias y proteger los derechos de la población frente a violaciones cometidas por las instituciones gubernamentales.
  • Al Consejo Nacional Electoral, que cumpla con el ordenamiento electoral que garantice el voto universal, directo y secreto; al igual que con los cronogramas electorales postergados por este ente.
  • Al Ejecutivo Nacional, que cese en su política de represión a ciudadanos en manifestaciones públicas y que atienda con urgencia los graves problemas sociales y económicos por los que atraviesa la nación. Que reconozca la crisis en la seguridad alimentaria y defina políticas públicas de emergencia para atender la desnutrición que a diario se agrava, así como la crisis general en el sistema de salud.
  • Al Ministerio Público, que garantice el debido proceso en las causas que afectan a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos y hacer valer de inmediato el derecho de los civiles a ser juzgados por sus jueces naturales.
  • Al Defensor del Pueblo, ante su clara parcialización y evidente incapacidad para cumplir con el mandato de su función, que tenga la dignidad de renunciar.

Suscriben

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Organizaciones miembros

  • Acción Campesina
  • Acción Solidaria
  • Asociación Venezolana de Mujeres- AVM
  • Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana – Avessoc
  • Asociación Venezolana para la Hemofilia
  • Banco del Libro
  • Bioparques
  • Cedice Libertad
  • Convite AC
  • Escuela de Vecinos de Venezuela
  • Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, el Joven y la Familia- FIPAN
  • Fundación Aguaclara
  • Fundación Bengoa
  • Fundación CIIDER
  • Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama – FUNCAMAMA
  • Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente – FEPAP
  • Fundación Futuro Presente
  • Fundación Reflejos de Venezuela
  • Grupo Social Cesap
  • Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela- IPYS VENEZUELA
  • Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos- INVESP
  • Opción Venezuela
  • Proadopción
  • Proadopción
  • Stop VIH
  • Transparencia Venezuela
  • Uniandes
  • Unión Vecinal para la Participación Ciudadana

Otras organizaciones civiles 

  • Acceso a la Justicia
  • Centro de Acción y defensa por los DDHH (CADEF)
  • Civilis Derechos Humanos
  • Coalición Clima21
  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela capítulo Táchira
  • Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Mérida
  • EXCUBITUS derechos humanos en educación
  • Observatorio de derechos humanos de la ULA
  • Observatorio Venezolano de la Salud
  • Red Andina de DDHH (RADAR)
  • Revista SIC
  • Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  • Una Ventana a la Libertad

Personas

  • Francisco González Cruz – Presidente del Consejo Superior de la UVM
  • Morella Ramírez Angarita
  • Zulma Bolívar

Descargar documento aquí 

 

 

 

 

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Venezuela: Registro en el domicilio del defensor de derechos humanos Ehisler Vásquez

El 10 de mayo de 2017, el domicilio del defensor de derechos humanos Ehisler Vásquez fue registrado por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Barquisimeto, Lara, Venezuela. Las autoridades no revelaron por qué se emitió la orden de registro.

Ehisler Vásquez es fundador de la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz – FUNPAZ, en Barquisimeto, Lara. La Asociación fue creada en respuesta a actos represivos llevados a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los días 15 y 16 de abril de 2013, cuando las autoridades dispararon cinco veces al defensor de derechos humanos mientras participaba en una manifestación pacífica en Barquisimeto. Ehisler Vásquez ha sido operado cuatro veces pero no se ha recuperado completamente. Él presentó quejas ante el Ministerio Público de Venezuela sobre los disparos y durante los últimos cuatro años ha estado luchando para llevar a la GNB a la justicia. El defensor de derechos humanos también ha trabajado con FUNPAZ para desafiar la impunidad de las fuerzas de seguridad del Estado en Lara.

El 10 de mayo de 2017, aproximadamente a las 7:00, miembros del CICPC llegaron a la casa de Ehisler Vásquez en posesión de una orden de registro. Afirmaron que el objetivo de la búsqueda era encontrar indicios de actividad delictiva. Las autoridades registraron la casa y revolvieron las pertenencias de todos los presentes. Cuando les preguntaron sobre los motivos de la orden de allanamiento, los miembros del CICPC respondieron que lo desconcían.

Cuando se concluyó el registro, Ehisler Vázquez, acompañado por sus parientes, acudió al Ministerio Público en un intento de verificar las razones de la inspección. Mientras estaban allí, conversaron con la Fiscal María Vásquez, quien indicó que ella había solicitado la orden de allanamiento y que si cualquier evidencia incriminatoria fue encontrada en su contra, le acusaría formalmente. No se dieron más explicaciones.

El Estado de Lara ha experimentado altas tasas de actividad militar y paramilitar, a la vez que altos índices de impunidad. Desde 2012, el Estado ha sido gobernado por la Avanzada Progresista, un partido anti-chavista, opuesto al gobierno federal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El ex-gobernador del Estado y miembro del PSUV, General Luis Reyes Reyes, que ha ocupado cargos en el ejecutivo nacional, es actualmente presidente de CORPOLARA, una corporación creada y patrocinada por el gobierno federal. CORPOLARA tiene poderes paralelos al gobierno del estado, como mejorar, evaluar y controlar la administración pública, administrar los recursos públicos y aplicar políticas públicas. CORPOLARA ha estado actuando bajo la égida del gobierno federal y, junto al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Lara, José Rafael Torrealba, es culpado por personas defensoras de derechos humanos de ser responsable por el uso excesivo de fuerza y violaciones cometidas por las tropas militares y paramilitares.

Desde el 19 de abril de 2017, el gobierno venezolano viene implementando el Plan Zamora, un plan militar por el que se llevan a cabo estrictas vigilancias, monitoreo y patrullas en regiones determinadas. La ejecución del Plan en varias zonas de Venezuela ha dado como resultado detenciones masivas así como civiles acusados y juzgados por delitos militares, como el delito de rebelión, en tribunales militares. La región de Lara es una de las más afectadas por las acciones militares y policiales.

En una reciente ola de protestas masivas a nivel nacional, diversas movilizaciones y demostraciones, incluyendo en Barquisimeto, han sido desproporcionadamente reprimidas por la GNB. En algunos casos, la represión ha sido llevada a cabo por civiles armados y ha tenido lugar durante la noche en zonas residenciales.

Varias organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo FUNPAZ y Ehisler Vásquez, han estado monitoreando la situación en la región y denunciando los actos de violencia cometidos por las autoridades.

Front Line Defenders ha informado previamente sobre las violaciones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos en Lara, Venezuela. El 8 de mayo de 2017, en Barquisimeto, Lara, la casa de las personas defensoras de derechos humanos Yonaide Sanchéz y Nelsón Freitez fue allanada por la tercera vez y sus pertenencias revueltas por personas no identificadas. Los invasores dejaron una piquera y dos cuchillos en el comedor, lo que pareció ser una forma intimidar a los defensores.

Front Line Defenders muestra preocupación por los actos cometidos contra Ehisler Vásquez, así como contra otras organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela y cree que los actos en su contra están directamente vinculados a su trabajo legítimo en defensa de derechos humanos. Front Line Defenders muestra también extrema preocupación por la situación general en Venezuela, especialmente en Lara, incluyendo el estado de emergencia actualmente en vigor, y los numerosos reportes de violaciones en curso contra personas defensoras de derechos humanos.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Venezuela a:
1. Cesar inmediatamente el hostigamiento en contra Ehisler Vásquez y su familia;

2. Tomar todas las medidas necesarias, en consulta el defensor de derechos humanos, para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica;

3. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y libres de toda restricción.

_______________________________________________
Appeals mailing list
Appeals@frontlinedefenders.org
https://mail.frontlinedefenders.org/cgi-bin/mailman/listinfo/appeals

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Comunicado del Consejo Evangélico de Venezuela

La Junta Directiva del Consejo Evangélico de Venezuela se dirige al país, a nuestros afiliados y relacionados a través del siguiente comunicado en relación a la invitación que se hiciera a nuestra organización a participar en la convocatoria que hizo el Presidente de la Republica, para crear una Asamblea Nacional Constituyente Comunal y ante la confusión generada por la determinación de algunos líderes evangélicos; quienes actuando como voceros en esa convocatoria, han afirmado que “la Iglesia Evangélica apoya el llamado del Presidente de la República”.

Durante la durante la sesión del 08 de mayo del presente año por la noche, en el marco de la reunión dirigida por laComisión Presidencial para la Conformación y Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente Comunal uno de los presentes del sector religioso es decir; un pastor evangélico afirmó que la Conformación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANCC) cuenta con el respaldo de la iglesia evangélica, además sugirió solicitar al gobierno que este “debe apretar más las tuercas a los medios de comunicación”. En tal sentido, la Junta Directiva del CEVacuerda responder a tal afirmación, toda vez que la misma ha generado confusión en la sociedad venezolana, y porque desdice mucho del ser y hacer de la iglesia evangélica en torno a su desenvolvimiento caracterizado por la tolerancia, el respeto por las normas fundamentales de la vida republicana en los escenarios públicos y particularmente, en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

1.- Nuestra posición ante el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente Comunal:

El CEV en representación de sus afiliados y en virtud de la invitación que hiciera el Presidente de la Comisión Presidencial para la Conformación y Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente Comunal presidida por el Ministro de Educación Elías Jaua Milano, decidió no asistir a dicha reunión entre otras razones por las siguientes:

A.- Por la conciencia cristiana, la cual está unida a la población sufriente debido al caos y desespero vivido diariamente y cada vez en aumento, sin escuchar buenas noticias con medidas que coadyuven a solucionar tal situación.

B.- Por principios constitucionales donde las medidas hasta ahora anunciadas para solventar el conflicto político descansa en esta iniciativa y no en las otras fórmulas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), las cuales ofrecen alternativas prácticas que ayudarían en mucho a disminuir el clima de conflictividad social y abriría un compás inmediato para con base a la CRBV solucionar de forma pacífica el conflicto político que actualmente vive el país.

En adición a lo anterior, la junta Directiva del CEV tras el análisis al llamado a una Asamblea Nacional Constituyente Comunal, amplía y fija su posición sobre este tema.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su Artículo 347 establece: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.”

De igual forma el Artículo 348 de la CRBV dice que “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”.

Por tanto, no queda duda de El pueblo es el depositario del poder Constituyente originario.Entendiéndose por DEPOSITARIO: Aquel que asume la guarda y conservación de la cosa depositada, que en este caso es el PODER, o sea, la oportunidad o posibilidad existente en una relación social que permite a un individuo cumplir su propia voluntad (Max Weber, 2011). En cuanto a la palabra “podrán” es facultativo, o sea que ese mismo pueblo es quien tiene la facultad de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad de transformar el Estado, de crear nuevas leyes y redactar una nueva constitución.

En consecuencia, teniendo el Presidente esta iniciativa acordada en Consejo de Ministros, debe consultar al pueblo que es el depositario del poder constituyente para conocer si éste quiere o no ir a una Asamblea Constituyente.

Así mismo el Artículo 70 de la CRBV señala: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”.

Ratifica una vez más éste artículo que es el pueblo el que tiene el “PODER ORIGINARIO” de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

El Artículo 5 de la CRBV consagra: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el SUFRAGIO, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

También el Artículo 63 de la CRBV expresa: “El SUFRAGIO es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”.

En este término “SUFRAGIO” refiere que cada ciudadano capaz, que compone el PUEBLO podrá ejercer su PODER ORIGINARIO a través del voto Libre, UNIVERSAL, DIRECTO Y SECRETO.

Para culminar este análisis consideramos que si existe alguna laguna legal podremos invocar el Artículo 4° del Código Civil Venezolano: “A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador.

Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas y si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho”.

Hacemos énfasis en esta norma, ya que, es uno de los mecanismos que debemos utilizar para subsanar los vacíos legales en nuestro marco jurídico, un ejemplo de casos semejantes fue el procedimiento realizado en la Asamblea Constituyente de Venezuela el año 1999. donde se hizo un Referéndum para consultarle al pueblo si querían o no una nueva constitución. Por tanto en una Asamblea Constituyente participa todo el pueblo.

Según el análisis realizado observamos que el Decreto Presidencial No. 2830 de 1 de Mayo de 2017 (publicado el 3 de mayo de 2017) convocando una Asamblea Nacional Constituyente no está planteado en los términos que establece la CRBV, pues, se deja de lado a un sector de la población venezolana que también forma parte del pueblo soberano; atentando no solo contra la voluntad popular, sino que además se trata de aplicar una sectorización de la base poblacional sin sustentos legales en la CRBV. Aunado a lo anterior, tanto el PRESIDENTE como EL PUEBLO y demás instituciones que menciona el Artículo 348 de la CRBV tienen “la iniciativa constitucional de convocar” a una Asamblea Constituyente. En consecuencia esta NORMA solo le atribuye al Presidente la iniciativa para que se convoque una Constituyente, pero no para proceder directamente a su convocatoria que solo le corresponde al pueblo como titular de la soberanía y depositario del poder constituyente originario. De tal manera que a todas luces existe la presunción de que el Presidente ha usurpado y le ha arrebatado al pueblo su derecho exclusivo de convocar mediante referendo la Asamblea Nacional Constituyente; sin obviar que el pueblo venezolano ya en Diciembre del año 2007 se expresó mayoritariamente diciendo NO al referendo, donde se rechazó la reforma constitucional que ahora se quiere volver a aprobar pero sin la participación de todo el pueblo; en la que se propuso en aquel entonces eliminar el Estado democrático y Social de derecho y de Justicia y convertirlo en un “Estado Comunal” o “del Poder Popular”.

En Romanos 13:1 la Biblia invita a los creyentes a sujetarse a las autoridades gobernantes, y en la democracia venezolana el legítimo depositario de esa autoridad es el pueblo que la expresa mediante el pacto social la Constitución Nacional, en otras palabras en materia civil es la Constitución y -no ningún personaje- la autoridad a la que nos debemos los ciudadanos venezolanos, y quienes fungen como gobernantes deben hacerlo en nombre del pueblo bajo la regla del pueblo que es la constitución, siendo ellos no mandadores sino mandatarios, y así el ejecutivo es ejecutivo precisamente por tener la vocación constitucional de ejecutar el mandato popular.

En este contexto, obedecemos a Dios cuando ponemos en práctica el mandato divino previsto en Marcos 12:31 “AMARÁS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO”. No hay otro mandamiento mayor. Y ese prójimo puede ser, incluso, nuestro adversario; aquel que piensa diferente a nuestras doctrinas y enseñanzas, no obstante debemos amarlo; así como el hijo de Dios dio su vida en rescate por todos, dándole un trato justo, de igualdad y sin discriminación; si verdaderamente amamos a nuestro Dios.

Ese Mandato Divino en estos tiempos ha sido muy vulnerado, pues, como venezolanos somos testigos de los altos niveles de conflictividad entre el Gobierno y los manifestantes; lo cual ha producido un estado de ingobernabilidad que ha deteriorado en gran medida el desarrollo del país, la sociedad y nuestras familias; como consecuencia de esto nos enfrentamos a innumerables problemas económicos, sociales y políticos los cuales han generado intranquilidad, desasosiego e inestabilidad.

Además los hechos de violencia desencadenados durante los meses de Abril a Mayo de este año 2017 que arrojan un saldo extraoficial de más de cuarenta (40) jóvenes y adolescentes abatidos en las protestas, así como de miembros de la fuerza pública quienes también han cargado con las consecuencias de la violencia. Sin dejar de mencionar los más de 1700 arrestos efectuados por las autoridades y el desarrollo de juicios militares a los detenidos vulnerando lo establecido en la carta magna sobre la materia.

La misma violencia de las autoridades dan muestra de violaciones flagrantes de derechos fundamentales y del uso excesivo de fuerzas por parte de la PNB, la GN y presuntos colectivos, al reprimir a quienes adversan al gobierno, tratándoseles como un enemigo que hay que destruir y encarcelar; imputándoseles delitos de traición a la patria, rebelión, terrorismo y otros delitos muy graves que casi habían desaparecido de la justicia venezolana; lo que nos lleva a retroceder como sociedad democrática; violentándose el derecho a la vida, la libertad, protesta pacífica, entre otros; en un Estado que se proclama Democrático y Social de Derecho y de Justicia, Ético y de Pluralismo Político y con Preeminencia del respeto por los Derechos Humanos (Art.2 CRBV).

Por ello, estamos llamados a ser pacificadores en medio de esta controversia estructural sin precedentes en la historia de nuestro país, donde los adolescentes han dejado los libros, la escuela y hasta sus instrumentos musicales para adherirse a una lucha que desde su visión consideran justa porque los alimentos no están al alcance del presupuesto familiar, los medicamentos escasean y ni hablar del tema de la seguridad ciudadana, ya que, la delincuencia común migro a lo que ahora se conoce como colectivos, armados hasta los dientes para arremeter contra otros civiles despojándoles de sus bienes, pertenencias y hasta de la vida; sería inmensamente largo este documento si nos pusiéramos a enumerar distintos hechos que han sido público y notorio en relación a este tema; donde además los ciudadanos señalan que presuntamente estos grupos armados siguen una ideología, que es utilizada como elemento de represión para infundir terror y muerte de civiles que levantan su voz en desacuerdo a esta triste situación que estamos viviendo.

En este sentido por el principio de corresponsabilidad social y en cumplimiento del Mandato Divino“Amaras a tu prójimo como a ti mismo”, debemos ser garantes de que el Ejecutivo Nacional tome acciones contundentes que impulsen la Paz Social y Convivencia Pacífica de todos los Venezolanos (as). Por lo tanto consideramos que la iniciativa del Presidente para aprobar una Constituyente Comunal; no traerá paz al país y muy por el contrario, tenemos el temor muy probable que quienes hoy adversan al gobierno intensifiquen la protesta, ya que, están siendo discriminados e invisibilizados en esa propuesta; trayendo como consecuencia que el Estado quizás ejerza más represión contra ese pueblo manifestante, en la que se incluyen nuestros jóvenes estudiantes y adolescentes; los cuales han sido los más vulnerables, alcanzándose cifras alarmantes de fallecidos, ante lo cual como cristianos no podemos avalar porque choca contra ese mandato supra mencionado al cual nos debemos, no podemos ser indolentes e ignorar a ese pueblo que hoy reclama al gobierno y que se encuentra en la calle arriesgando sus vida en las protestas que se vienen realizando.

Por ello, más bien exhortando a la reconciliación de todos los venezolanos, es hora de que construyamos juntos el país que merecemos tener en el Amor de Cristo y así detenerla violencia y el derramamiento de sangre; sean partidarios, simpatizantes, adversos o neutrales a cualquier expresión político partidista, todos los habitantes de esta nación son nuestro prójimo al cual debemos Amar. Los argumentos esgrimidos nos llevan a concluir que debemos abstenernos de participar en esa convocatoria; dando cumplimiento a lo estipulado en la Biblia, libro de los Hechos 5:29“…Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”. Aspirando que prive la buena voluntad para que se escuchen las demandas de todo el pueblo venezolano y consigamos la paz que se ha extraviado, a la cual debemos retornar sin inculparnos unos a otros, sino más bien reconciliando las relaciones entre hermanos y restaurando con la ayuda de Dios todas las áreas de la vida pública nacional.

2.- Un llamado a entender la dimensión representativa de la Iglesia Evangélica:

Esta declaración tiene por finalidad hacer frente a las confusiones y corrupciones presentes al momento de abrogarse la representatividad de la iglesia evangélica en los espacios públicos.

Los evangélicos no tenemos un líder o un portavoz oficial exclusivo, de manera que nadie puede hablar por todos los evangélicos y mucho menos aquellos que llegan a ser impuestos por instancias externas a las propias comunidades evangélicas. Hablamos por nosotros mismos, es decir en nuestro caso, como voz de las organizaciones representativas de los evangélicos que conforman al Consejo Evangélico de Venezuela. En tal sentido negamos rotundamente la afirmación del respaldo de la iglesia Evangélica al proceso de conformación de una Asamblea Nacional Constituyente Comunal. Es por ello que una sola persona no puede representar a todas, sin antes contar con el respaldo de todas las organizaciones evangélicas representadas en el país, lo demás es temerario y no ajustado con la realidad.

Que Dios bendiga a Venezuela.

Consejo Evangélico de Venezuela

La Justicia engrandece a la nación

En Caracas, a los diez días del mes demayo de 2017

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