Comunicado : Del deber de todo ciudadano de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución

Las organizaciones de la Sociedad Civil que suscriben el presente comunicado, asumiendo su rol histórico y protagónico de dar inequívoca respuesta al país nacional en el marco de esta dramática coyuntura, la cual abarca una serie de eventos jurídicos, políticos y sociales, que a todas luces, configuran una fractura del estado de derecho y por ende del orden constitucional que nos debemos todos los ciudadanos; y respaldados como lo estamos, por nuestro compromiso en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) nos permitimos manifestar a través del presente comunicado lo siguiente:

DENUNCIAMOS que en Venezuela se han venido ejecutando de manera sistemática algunos actos, con aparente halo de legalidad, en los que han intervenido en su formación y ejecución, de manera concertada, el Poder Ejecutivo Nacional, en la cabeza del Presidente Nicolás Maduro Moros, el Tribunal Supremo de Justicia en manos de su Presidente Abogado Maikel José Moreno Pérez, así como el Defensor del Pueblo, Abogado Tarek William Saab y la Presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena Ramírez; los cuales han dado como resultado el irrito por demás, desconocimiento de instituciones del Poder Público, vitales para el sostenimiento del estado de derecho y la democracia; como en efecto lo fue en un primer término la Asamblea Nacional, luego el Pueblo de Venezuela en cuanto al ejercicio de sus poderes creadores y ahora la Fiscalía General de la Republica; a través de actos que por demás carecen de valor alguno, y que responden a un preconcebido interés del ejercicio monopólico del poder, por un sector del país, rompiendo así, con inalienables valores históricos del pueblo Venezolano.

ADVERTIMOS que sobre el Tribunal Supremo de Justicia, pesan serias y significativas denuncias por la falta de legitimidad de origen de un grupo importante de sus magistrados, denuncias estas que han sido negadas recientemente y de manera escandalosa por los propios Magistrados presuntamente involucrados, los cuales rompiendo con las elementales criterios de idoneidad, legalidad y lógica, no se inhibieron de conocer su propio caso, y actuaron como jueces y partes en el proceso que los involucra.

RECHAZAMOS que siendo el pueblo Venezolano, el único recipiendario del poder originario, ese mismo que en el año 1999, le permitió a través de una Asamblea Nacional Constituyente, mediante el voto libre y en referendo democrático, darse la Constitución Nacional que hoy nos rige; se pretenda a través de un asalto a la legalidad y el sentido común, abrogarse tan sagrado derecho ciudadano, usurpando la soberanía popular, al convocar a sus espaldas, una pretendida Asamblea Constituyente, respaldada por una irrita convalidación de las bases comiciales presentadas por el Presidente Nicolás Maduro Moros, hecha por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral  Tibisay Lucena y el resto de las rectoras Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D´Amelio, ordenando así, de una manera escandalosa, una elecciones constituyentitas, que no representan en rigor, la voluntad ni la letra de nuestra Constitución; y otorgando poderes supra constitucionales a unos personeros del gobierno nacional, que de manera indeterminada en el tiempo, según se desprende de las pretendidas bases comiciales presentadas, asumirían poderes absolutos y originarios, con los que públicamente han amenazado al resto de los poderes públicos y sus integrantes, así como a diversos sectores de la sociedad, con someterlos a una justicia que no les es propia, por ser indignos de aplicarla.

 EXPRESAMOS que es clara nuestra Constitución en cuanto la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, así como la prohibición o retroceso en el ejercicio de estos derechos, respondiendo de esta manera al principio de progresividad; por lo que de permitirse en el tiempo estas acciones, se convertirían en un inaceptable abismo social, el cual como ciudadanos nos negamos de plano asumir.

Por lo que en consecuencia;

INSTAMOS de manera firme y decidida, a cada ciudadano y ciudadana, de la República Bolivariana de Venezuela a EJERCER su DEBER de COLABORAR, en el restablecimiento de la efectiva vigencia de nuestra Constitución, vistos como han sido, los írritos actos ejecutados por algunos actores del Poder Público Nacional, que han menoscabado la vigencia de nuestra carta magna.

EXHORTAMOS de manera firme y decidida, a cada ciudadano y ciudadana, de la República Bolivariana de Venezuela a EJERCER su DEBER de DESCONOCER cualquier sistema de gobierno, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos consagrados en nuestra carta magna.

NOS COMPROMETEMOS a ser fieles en nuestros exhortos, y ASUMIR igualmente como lo solicitamos, tanto desde nuestra perspectiva como organizaciones, e individualmente como ciudadanos; TODOS LOS ESFUERZOS DISPONIBLES para garantizar y hacer respetar, los más sagrados valores de nuestra república, como lo son la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Suscriben el presente comunicado:

1)         Acceso a la Justicia

2)         Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)

3)         Asociación Civil Phynatura

4)         Aula Abierta Venezuela

5)         Cátedra de la Paz / Universidad de los Andes

6)         Catedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado

7)         Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

8)         Centro de Animación Juvenil

9)         Centro de Formación para la Democracia

10)     Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

11)     Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

12)     Civilis Derechos Humanos

13)     Coalición Clima 21

14)     Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

15)     Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, estado Apure

16)     Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, estado Mérida

17)     Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, estado Táchira

18)     Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ)

19)     Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

20)     Convite A.C.

21)     Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional (CIIDER)

22)     Derechos Humanos Ya

23)     EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

24)     Foro Penal Venezolano – Capítulo Nueva Esparta

25)     Fundación Aguaclara

26)     Fundación Arcoiris por la Vida (FAVID)

27)     Fundación CELTA

28)     Fundación Futuro Presente

29)     Fundación Nueva Mujer Margarita

30)     Fundación Reflejos de Venezuela

31)     Fundación Venezolana para la Ingeniería Ecológica

32)     Grupo de Trabajo sobre asuntos indígenas de la Universidad de Los Andes

33)     Llamado a la Conciencia Vial A.C.

34)     María Estrella de la Mañana A.C.

35)     Movimiento Vinotinto A.C.

36)     Niña Madre A.C.

37)     Nueva Esparta en Movimiento A.C.

38)     Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

39)     Opción Venezuela A.C.

40)     Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)

41)     Organización StopVIH

42)     Padres Organizados de Venezuela

43)     Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

44)     Proyecta Ciudadanía A.C.

45)     Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

46)     Red ARA Venezuela

47)     Revista SIC del Centro Gumilla

48)     Senos Ayuda A.C.

49)     Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil

50)     Sociedad Hominis Iura (SOHI)

51)     Una Ventana a la Libertad

52)     Unión Afirmativa de Venezuela

53)     Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.

54)     Venezuela Diversa A.C.

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Mecanismos de negociación en crisis venezolana deben incorporar visitas de organismos internacionales de protección a los DDHH

La reciente visita de una misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Argentina, para constatar las condiciones de privación de libertad de la activista Milagro Sala, reitera la importancia de los organismos internacionales en la vigilancia de los compromisos en Derechos Humanos asumidos por los Estados. Sin embargo, el Estado venezolano se ha negado desde el año 2002 a recibir visitas de los órganos de la OEA y Naciones Unidas para recopilar información sobre las diferentes denuncias de violación a los derechos humanos en el país.

El pasado 16 de junio, tras una invitación del Estado argentino, la CIDH pudo visitar en su sitio de reclusión a la activista Milagro Sala, detenida de manera arbitraria y sometida a un proceso judicial irregular, que la condenó a 3 años de prisión, según denunció Amnistía Internacional y organizaciones argentinas en Derechos Humanos. La CIDH recibió la solicitud de medida cautelar para Sala, por lo que gestionó, dentro del marco de sus atribuciones, la posibilidad de visitar a la líder comunitaria para obtener mayor información y constatar sus condiciones de privación de libertad. A la visita acudieron el presidente de la CIDH, relator para los países Argentina, Uruguay y Venezuela, Francisco Eguiguren, así como la relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño. Tras la visita la CIDH se pronunciará sobre el caso el próximo mes de julio.

Milagro Sala ha sido visibilizada por las organizaciones de DDHH argentinas como ejemplo de la política de criminalización de la protesta y persecución política promovida por el gobierno de Mauricio Macri. La visita de la CIDH a Sala reitera que las acusaciones de “injerencismo” y “vulneración de la soberanía” carecen de asidero para impedir el monitoreo a los países por parte de los organismos internacionales de derechos humanos.

Desde el año 2002 el Estado venezolano se ha negado a permitir la visita al país de los organismos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos con competencia en derechos humanos. El pasado mes de mayo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recordó que han solicitado insistentemente la posibilidad que los relatores de Naciones Unidas puedan visitar a Venezuela, petición que ha sido negada en todas las oportunidades. La propia CIDH ha reiterado su deseo de poder visitar al país para reunirse con todos los sectores para conocer directamente la situación, lo cual ha sido negado por los representantes del Estado. El gobierno de Macri, denunciado como arbitrario por distintas expresiones del movimiento de derechos humanos de la región, ha permitido la visita de la CIDH. El gobierno de Nicolás Maduro, con gravísimas denuncias, se rehúsa a hacerlo.

En el pasado, como en el presente la CIDH ha jugado un papel importante en la promoción y defensa de los derechos humanos ante gobiernos diversos de la región. Sus visitas in loco y medidas cautelares han contribuido a salvar la vida o garantizar la libertad e integridad de cientos de líderes sociales del continente. Su visita en el año 1999 al Perú para constatar las denuncias realizadas contra el gobierno de Alberto Fujimori que había llegado al poder mediante las elecciones, pero que también se había convertido en una dictadura, recuerda la importancia de promover estos mecanismos a pesar de las circunstancias más difíciles.

Por esta razón las organizaciones sociales y no gubernamentales que firmamos el presente comunicado, exigimos que cualquier mecanismo de negociación que sea implementado para canalizar la crisis venezolana, incorpore la visita de los organismos internacionales con competencia en derechos humanos. De esta manera puedan obtener la información necesaria para constatar las diferentes denuncias sobre violación de derechos humanos, mediante reuniones con los diferentes sectores del país, y constatar las condiciones de privación de libertad de los presos políticos.


Acceso a la Justicia
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
Acción Solidaria
Asamblea de Educación
Aula Abierta Venezuela
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Centro de Acción y Defensa por los DDHH (Cadef)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Civilis Derechos Humanos
Coalición Clima21
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – capítulo Mérida
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
Espacio Público
EXCUBITUS Derechos Humanos
Humano Derecho Radio Estación
María Estrella de la Mañana  A.C
Nueva Esparta en Movimiento
Laboratorio de Paz
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Padres Organizados de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Red Andina de DDHH (RADAR)
Redes Ayuda
Red de Organizaciones Vecinales de Baruta
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil 
Sociedad Hominis Iura
Stop VIH
Transparencia Venezuela
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa
Venezuela Diversa

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Casi 400 civiles han sido enjuiciados en tribunales militares en este periodo de protestas

La revolución chavista apela a la justicia militar para silenciar la disidencia

Venezuela es un país donde los militares ocupan buena parte de los ministerios y de las gobernaciones y controlan las importaciones de alimentos y su distribución. Por ello no debería extrañar que la represión a la actual ola de protestas opositoras sea encabezada por los uniformados y sus tribunales cobren protagonismo.

Hasta ahora 372 venezolanos han sido puestos a desfilar ante juzgados castrenses bajo la aplicación del polémico Plan Zamora; y de ellos 204 han sido enviados a prisiones militares de manera provisional – mientras se decide si se les enjuicia o no -, de acuerdo a cifras del Foro Penal Venezolano.

Al proceder de esta forma, el Gobierno no solo viola el artículo 261 de la Constitución el cual establece que “la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”, sino también la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Desde el año 2000, el máximo tribunal dejó en claro que la justicia castrense solo puede enjuiciar a uniformados, y no a cualquiera, sino a los activos y por delitos militares cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Así la Sala de Casación Penal en su sentencia número 750 del 23 de octubre de 2001 señaló: “Los delitos comunes serán juzgados por los tribunales ordinarios y la competencia de los tribunales militares se limitará a las infracciones de naturaleza militar. En consecuencia, deben entenderse por estos delitos, aquellas infracciones que atenten a los deberes militares. La Constitución resuelve así las viejas dudas existentes al respecto y lo hace aplicando el principio de la igualdad: no existe fuero castrense en razón de las personas que cometan o sean víctimas de delitos, sino que la jurisdicción sigue a la naturaleza de la infracción”.

Este criterio fue reiterado por la Sala Constitucional un después en su sentencia 1.256, la cual estableció: “Los delitos comunes cometidos por militares, aun cuando sea en ejercicio de funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas o encontrándose dentro o fuera de las instalaciones militares, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo”.

Pero aunque en diciembre pasado el TSJ ratificó su postura, al arrebatarle a la justicia castrense el caso de unos dirigentes de Primero Justicia detenidos por un video donde se instaba a las Fuerzas Armadas a no reprimir las protestas contra la suspensión del referendo revocatorio, los juzgados de instancia no han hecho nada por impedir que manifestantes sean llevados ante tribunales militares. Esto, a pesar de que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ya ha interpuesto al menos tres acciones.

Solo en dictaduras

La decisión del Gobierno de usar los tribunales militares para procesar a civiles que protestan ha sido rechazada por juristas y activistas de derechos humanos, quienes la consideran una prueba más de que en Venezuela la democracia es cosa del pasado.

“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe expresamente que civiles sean enjuiciados por militares, porque esa no es una medida cónsona con estados democráticos”, denunció Nizar El Fakih, director de la organización de derechos humanos Proiuris.

En similares términos se pronunció la magistrada emérita del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, quien redactó algunos de los fallos con los que el máximo juzgado restringió la actuación del justicia militar. Para ella, la remisión de casos a los tribunales castrenses se debe al cambio de actitud de la Fiscal General.

“Este súbito despertar de la Fiscalía, la cual no se había enterado sino hasta ahora del quiebre del hilo constitucional en el país, es el motivo por el cual el régimen ha decidido apelar a la jurisdicción militar para su ola represiva, pues sabe que allí tiene mayor control y que no se va a encontrar con un fiscal o un juez que decida de acuerdo a la ley, por encima de las instrucciones que reciba”. Mármol de León recordó que los jueces militares, como cualquier soldado, debe obediencia al presidente de la República, su comandante en jefe.

Esta opinión es compartida por el ex coordinador de Provea, Marino Alvarado. “Pareciera que la estrategia represiva del gobierno de Maduro incluye hacer un mayor uso de la justicia militar ya que el Ministerio Público se está absteniendo de acusar en algunos casos donde ha habido un burdo montaje con la siembra de armas y explosivos”, en clara alusión al caso del comisario Coromoto Rodríguez, ex jefe de escoltas del anterior presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

Un proceder otrora criticado por el chavismo

La aplicación de la justicia militar a los civiles no es algo nuevo en Venezuela. Así lo recordó la Fiscalía en su informe “Contra el silencio y el olvido”, elaborado por la Comisión que investigó las violaciones a los Derechos Humanos ocurridos antes del chavismo. En dicho reporte consta que “los tribunales militares, adscritos al Ministerio de la Defensa, actuaron y fueron sede de la aplicación de juicios extraordinarios a centenares de ciudadanos y ciudadanas, por su presunta participación en apoyo a la guerrilla” y se denuncia que en muchos de esos procesos no se guardaron las mínimas garantías.

Antes del inicio de esta ola de protestas Proiuris había contabilizado 52 casos, entre ellos, el del profesor jubilado de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, quien fue aprehendido por agentes de la dirección de Contrainteligencia Militar en febrero, luego de publicar un artículo crítico con la gestión gubernamental. El académico fue imputado por traición a la patria.

Pero no solo quienes opinan distinto han terminado ante esta jurisdicción, sino también quienes han osado quejarse o expresar su descontento por la escasez de alimentos y medicinas reinante en el país. Entre 2015 y mediados de 2016 Provea registró que 21 venezolanos habían terminado ante un Consejo de Guerra por protestar en una cola o por discutir con un uniformado que las vigila, por lo cual se les imputó el delito de “ultraje a centinela”

Publicado por Transparencia Venezuela

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WOLA: El hemisferio debe rechazar la Asamblea Constituyente de Venezuela y apoyar una resolución electoral a la crisis

Washington, DC—En el mes de julio, el gobierno venezolano pretende comenzar a reescribir la constitución del país a través de un proceso que es claramente inconstitucional y que desempoderará a los ciudadanos venezolanos por años. Como una  organización dedicada al avance de la justicia social y los derechos humanos en las Américas, WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) apela a las naciones del hemisferio a reconocer la importancia de este momento, instando al gobierno venezolano a dejar de lado su plan para crear una nueva constitución y en su lugar adherirse a la Constitución de 1999 del país.

Si es implementada como está propuesta por el gobierno del Presidente Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente representaría un asalto a un principio fundamental de la democracia: la soberanía del pueblo. La Constitución de Venezuela de 1999 establece claramente que sólo el pueblo venezolano tiene la autoridad para convocar una nueva Asamblea Constituyente. Pero el gobierno de Maduro ha usurpado esta autoridad por sí mismo, rechazando la idea de solicitar el consentimiento previo del pueblo, como fue el caso en abril de 1999, cuando la cuestión de si se reescribía o no la constitución fue sometida a un referéndum del electorado entero.

La propuesta de Maduro de reescribir la constitución es un claro intento, por parte de un gobierno impopular, de permanecer en poder en un contexto en el cual saben que no podrían ganar elecciones justas. En el 2016, el gobierno de Maduro impidió un referéndum revocatorio presidencial y pospuso indefinidamente las elecciones regionales programadas. Ahora, en el caso de la Asamblea Constituyente, el gobierno ha creado reglas para seleccionar a los delegados de la Asamblea a favor de sus partidarios: bajo los procedimientos propuestos por el gobierno, sus candidatos podrían tomar la mayoría de los asientos ganando menos que el 30 por ciento del voto, que está previsto para el 30 de julio. Los partidos de oposición justificadamente consideran que este proceso es ilegítimo e inconstitucional y, por lo tanto, no presentarán candidatos. Esto significa que si el proceso continúa, las reglas básicas del país serán reescritas por una sola fuerza política. Además, la Asamblea Constituyente tendrá “poderes de origen” que sobrepasarán a todos los demás poderes constituidos. Funcionarios del gobierno venezolano ya han sugerido que la Asamblea Constituyente usará ese poder para disolver la actual Asamblea Nacional y deponer a la Fiscal General Luisa Ortega, quien ha criticado abiertamente al gobierno y ha tratado de bloquear el plan del gobierno para reescribir la Constitución.

Por lo tanto, WOLA urge a los países del hemisferio a rechazar colectivamente la convocatoria antidemocrática de una Asamblea Nacional Constituyente, y a continuar insistiendo en el establecimiento de un calendario claro para las elecciones regionales, municipales y nacionales que observen los plazos establecidos por la Constitución. Al llamar a Venezuela para que respete su Constitución de 1999, los países de las Américas deben insistir en que el gobierno respete la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y libere a los prisioneros políticos, condiciones que fueron apoyadas por la Santa Sede durante la mediación de la crisis a finales del 2016.

También es vital que los países de la región declaren su apoyo unido para una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Aunque los actuales niveles de polarización y desconfianza en Venezuela representan serios obstáculos para las negociaciones constructivas, sólo el diálogo y las negociaciones entre las partes resolverán la situación. Los aliados regionales pueden desempeñar un papel importante para ayudar a superar los obstáculos y facilitar un diálogo constructivo. Un consenso emergente se está formando en toda la región con respecto a la importancia de un compromiso renovado con esas negociaciones en Venezuela, lo que podría ser facilitado por un grupo de países dedicados del hemisferio.

Este es un momento para acción urgente. Al hablar en favor de la resolución pacífica y contra la convocatoria del 30 de julio de una Asamblea Nacional Constituyente, los países de las Américas tienen la oportunidad de abordar la crisis de manera significativa y expresar su solidaridad con el pueblo venezolano.

Para leer más análisis de WOLA sobre la situación en Venezuela visite el blog, “Política y Derechos Humanos en Venezuela”.  

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Contacto:
Loren Riesenfeld
Oficial de Comunicaciones, WOLA
+1 (202) 797-2171
press@wola.org
Publicado por WOLA 
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Ataques a residencias son una forma inadmisible de castigo ejemplarizante

COFAVIC observa con preocupación el aumento y la práctica sistemática de la represión indiscriminada contra residencias en diferentes lugares del país, ocurridas en el contexto de las protestas que se han desarrollado en Venezuela desde abril de 2017. Hemos tenido conocimiento que en varias zonas del país, presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policías estadales han realizado presuntos procedimientos que carecen de los parámetros legales mínimos y que han puesto en grave riesgo la integridad personal y las propiedades de numerosas familias, generando efectos severos a nivel emocional en las personas que han sido expuestas a estas atrocidades. Consecuencias que serán muy difíciles de reparar y que deben ser atendidas por las autoridades de inmediato.

En el estado Mérida han sido afectados los sectores El Campito y la avenida Cardenal Quintero. En Lara, vecinos de la urbanización Sucre, ubicada en la avenida Libertador de Barquisimeto, denunciaron las horas de terror vividas por ataques ejecutados por presuntos funcionarios de la GNB. También, esto ha sido denunciado por habitantes de las residencias Altavista, ubicada en la Avenida Ferrero Tamayo de San Cristóbal, estado Táchira. En Carabobo y en el Estado Zulia, tambien se conocen casos similares, entre otras zonas del país. En el Área Metropolitana de Caracas, se han registrado ataques directos con bombas lacrimógenas, disparos y destrozos en residencias de El Valle, El Paraíso, Montalbán, Palo Verde, Petare, avenida Victoria, Candelaria, San Bernardino, San Martín, La Vega, La Urbina, El Llanito así como en San Antonio de Los Altos, ubicado en el estado Miranda, entre otros sectores.

Los ataques y actos de hostigamiento a zonas residenciales han dejado una afectación severa en sus habitantes, no sólo por el nivel de pérdidas en daños a bienes materiales como puertas de acceso, ascensores, destrucción de sistemas internos de seguridad, daños a infraestructura y áreas verdes, sino también pérdidas simbólicas. Este tipo de incursiones, tras su paso, dejan en la población residente un profundo temor y una sensación de indefensión. Para todo individuo, su domicilio es aquel espacio de protección y confort que resguarda el proyecto de vida, las ilusiones de cualquier grupo familiar. Una incursión violenta de los cuerpos de seguridad sin duda afectan de manera directa la dinámica de quienes residen en ese espacio, siendo las mujeres, los niños y los ancianos testigos principales de esas acciones y víctimas directas de sus peores efectos.

Penetrar en la cotidianidad y privacidad de las personas y las comunidades constituye uno de los más graves crímenes, puesto que dicha acción busca generar incertidumbre en la población frente al hecho de que cualquiera puede ser afectado. Con esto se siembra desconfianza a lo interno de una comunidad, rompiendo el tejido social y dispersando cualquier iniciativa de organización social y ciudadana. Por la crueldad y desproporción que se han producido, constituyen una especie de castigo ejemplarizante que no tiene otra intención que la sumisión individual y colectiva al perpetrador y sus propósitos.

El Estado no puede ser cómplice del terror ni por acción u omisión porque eso configura la institucionalización del crimen de Lesa Humanidad. Y por ello todos estos graves procedimientos contra residencias y familias que han causado daños innumerables en las personas que los han vivido deben ser investigados, sancionados y prohibirse, dado que lo contrario es auspiciar un terrorismo de Estado que deslegitima todas las acciones que se realicen y que dejará un saldo de dolor, frustración y separación que será muy difícil revertir en nuestro país.

Ningún procedimiento que pretenda ser legal puede ser desarrollado con saña y con el propósito de infligir dolor y producir la ruptura del tejido social. La aplicación de la ley debe ser reparadora y humanizadora y nunca constituir una herramienta de venganza y de aniquilación.

Ni en las circunstancias más graves un Estado está autorizado para atacar y tener injerencias arbitrarias en la familia y su domicilio. La familia como lo establece nuestra Constitución y el Derecho Internacional es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

En toda circunstancia por grave y violenta que sea, los Estados están en el deber de establecer un conjunto de normas que por razones humanitarias limiten los efectos de los conflictos y procedimientos que las autoridades desarrollen.

Los principios de humanidad, proporcionalidad, distinción y limitación deben estar en vigencia, incluso en situaciones de conflicto armado interno o externo y en desarrollo del Derecho Internacional Humanitario -situación que afortunadamente no es la nuestra- y que demuestra que hay un núcleo duro de derechos y protecciones que no deben ser traspasadas por los Estados en ninguna circunstancia. El principio de humanidad establece que no se debe infligir sufrimientos a las personas ni destruir sus bienes innecesariamente. El principio de distinción establece que en caso de que existan dudas entre objetivos militares y civiles debe prevalecer la presunción del carácter civil y desarrollar las salvaguardas propias de éste para evitar daños a las personas.

El ejercicio de la fuerza y de las competencias de las autoridades no son ilimitados y de sus restricciones depende la legitimidad y la legalidad del accionar del Estado y la gravísima ejecución del denominado terrorismo de Estado, donde se pierden límites, propósitos, distinciones y sentido de humanidad.

En su artículo 47, la Constitución establece que: “El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrá ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano…”. Asimismo en su artículo 49, la Constitución establece las garantías del debido proceso las cuales deben ser respetadas en todo momento por las autoridades que estén realizando cualquier procedimiento.

Según el artículo 68 de la Constitución “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La Ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control de orden público”.

Ningún derecho humano puede estar sujeto a suspensión, únicamente algunas garantías pueden ser restringidas temporalmente y estrictamente bajo el procedimiento constitucional previsto en los artículos 337 al 339 de la Constitución. Todo procedimiento diferente a este constituye un fraude a la Constitución y es de carácter nulo.

El interés superior de la protección de la familia, niños y ancianos goza de primacía en cualquier circunstancia y el Estado está obligado indefectiblemente a asegurar su protección y garantía. El principio de la unidad familiar y de la protección especial que deben tener sus miembros y sus residencias debe sobreponerse ante cualquier otro interés que se persiga y ajustarse a la consecución del proceder judicial a no invadir y mucho menos destruir los mínimos que permiten que una familia permanezca unida y en un ambiente propicio.

Por todo ello:

  1. Exigimos a las autoridades competentes que se inicien investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, oportunas, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas en estos últimos días, particularmente el asedio, hostigamiento y ataques a residencias. Hacemos un llamado urgente al Ministerio Público a fin de que designe fiscales especiales que reciban las denuncias sobre ataques a residencias que brinde una atención integral a las víctimas basándose en experiencia comparada.
  2. Instamos al Estado a que impulse la plena participación, incorporación y protección de las víctimas en los procesos de investigación.
  3. Se respete el debido proceso y las garantías judiciales durante los procesos de allanamiento a residencias y de todas las personas privadas de libertad y que cuyas actuaciones y detenciones estén, sin excepciones, bajo el control constitucional del Ministerio Público. Asimismo, se dé inmediata libertad a todas aquellas personas que tengan una decisión al respecto sin más dilaciones.
  4. Se garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión y de información y se proteja a los comunicadores sociales, permitiéndoles realizar su trabajo de manera efectiva y segura. Se investiguen sin dilaciones y de manera independiente todas las agresiones sufridas por los periodistas y trabajadores de medios de comunicación en general.
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