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Organizaciones de DDHH exigen renuncia a Defensor del Pueblo por incompetencia y apoyo fraudulento al TSJ

Más de 100 organizaciones de derechos humanos, junto a personalidades y miembros de la sociedad civil, suscribieron este martes un documento que exige la renuncia del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, luego de que este, en nombre del Consejo Moral Republicano, apoyara públicamente la sentencia 155 del Tribunal Supremo de Justicia

Leer la nota completa Aquí

Conozca la comunicación entregada al despacho del defensor

Golpe de Estado no inició con dos sentencias, ni culminó con acto del Consejo de Defensa de la Nación

El Consejo de Defensa de la Nación (CODENA), en horas de la madrugada del día 1 de abril de 2017, exhortó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a revisar las sentencias 155 y 156 promulgadas a fines de marzo. Lo decidido por el CODENA, actuando fuera de su competencia (art. 323 de la Constitución) al pronunciarse sobre ‘conflictos’ entre Poderes, demuestra una vez más la falta de independencia entre éstos, pues se dan instrucciones precisas sobre cómo debe actuar un Poder del Estado, en este caso, al Poder Judicial.

Por otra parte, bajo la insostenible tesis de la solución de una “controversia” entre el Ministerio Público y el Poder Judicial por el despojo de funciones al Legislativo, se emite un acuerdo en el que no participaron ni la Fiscal General ni el Presidente de la Asamblea Nacional, lo cual aumenta la fragilidad de este intento por aparentar que no estamos en presencia de un golpe de Estado.

Recordamos que el TSJ ha contribuido a la crisis nacional mediante una serie de sentencias (más de 50) que fracturaron de manera perjudicial el sistema democrático de nuestro país, al socavar de manera constante las funciones de la Asamblea Nacional y al atribuir poderes ilimitados al Ejecutivo; por lo que la grave crisis actual es el resultado de un golpe de Estado continuado mediante diversas actuaciones judiciales. En este sentido, el verdadero rescate del Estado de Derecho amerita el restablecimiento de todas las funciones de la Asamblea Nacional y el respeto total a la normativa establecida en la Constitución.

Cabe subrayar que, en respuesta a la exhortación del CODENA, el Presidente del TSJ leyó un comunicado ante el cuerpo diplomático en el cual, sin referirse en detalle a la usurpación de funciones consagrada por las sentencias 155 y 156, llama al órgano legislativo a “acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al Estado de Derecho”, con lo que sigue sosteniendo la tesis del desacato en la que fundamentan el despojo progresivo de todas las facultades a la Asamblea Nacional. Además, el presidente del TSJ, al terminar la lectura del comunicado, pidió que éste “sea divulgado por todo el país y, por supuesto, internacionalmente”, lo que evidencia que la principal preocupación al momento de realizar este acto sin precedentes con la representación diplomática acreditada en el país, es la percepción internacional, más que el restablecimiento del Estado de Derecho.

Las decisiones 155 y 156 no fueron sentencias judiciales sino actos políticos, al igual que las decisiones por las cuales se produce su modificación, lo que evidencia que la Sala Constitucional no actúa como garante de la Constitución sino como operador político de los intereses del Ejecutivo. La doctrina del órgano disciplinario judicial señala que el error judicial inexcusable es aquel que genera “una resolución esperpéntica, absurda, que rompa la armonía del orden jurídico” y que cause “un daño significativo”. Nada más dañino para la vida institucional de la República que una decisión del tribunal a cargo de interpretar la Constitución, que consagra la usurpación de funciones y la ruptura del hilo constitucional.

Rechazamos la simplificación de los graves hechos contra la Constitución al calificarlos como una “controversia” entre poderes y sostenemos que la restitución del Estado de Derecho no se solventa con la enmienda de dos sentencias, por lo que exigimos:

  1. La renuncia inmediata de todos los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

  2. El inicio de oficio del procedimiento judicial que permita la determinación de las responsabilidades que correspondan a los magistrados de la Sala Constitucional.

  3. La derogatoria del actual Estado de Excepción y el sometimiento a la consideración de la Asamblea Nacional de cualquier futuro decreto sobre la materia;

  4. La derogatoria de todas las actuaciones de la Sala Constitucional que, con base en un supuesto desacato, han dejado sin efecto los actos legislativos, de contraloría, de investigación y nombramientos de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, entre otras cosas:

    1. Presentar la memoria y cuenta del Presidente de la República y de los Ministros ante la Asamblea Nacional;

    2. Reconocer la facultad contralora de la Asamblea Nacional, acudiendo a sus solicitudes de interpelación y acatando las decisiones que se deriven de la misma;

    3. Presentar los informes anuales de los órganos del Poder Ciudadano ante la Asamblea Nacional;

    4. Permitir la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral cuyo período venció en 2016, mediante el mecanismo previsto en la Constitución;

    5. Ordenar la libertad inmediata e incondicional del diputado Gilber Caro y, en caso de existir bases para ello, iniciar el procedimiento que corresponda según su carácter de diputado;

    6. Restituir las partidas presupuestarias que permitan el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional, incluyendo el pago de los sueldos de sus diputados y personal, así como de los servicios e insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones;

    7. Garantizar el derecho a libre tránsito de los diputados, mediante la restitución de pasaportes y asegurando el retorno sin represalias del diputado Luis Florido.

  5. Retomar de inmediato el cronograma electoral, sin pretender justificar mayores demoras a causa del proceso de validación de partidos políticos.

  6. Tomar todas medidas necesarias para detener aumento de la pobreza en el país, lo cual incluye garantizar el acceso a los alimentos y medicinas para toda la población, sin ningún tipo de discriminación.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la comunidad internacional y en especial a los organismos multilaterales, a no bajar el nivel de atención a la situación de Venezuela, toda vez que las medidas sustantivas que produjeron el golpe de Estado permanecen vigentes y han profundizado la crisis de derechos humanos en el país.

1. AC Llamado a la Conciencia Vial
2. AC Nueva Esparta en Movimiento
3. Acceso a la Justicia
4. Acción Campesina
5. Acción Solidaria
6. Asamblea de Educación
7. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
8. Asociación Civil Mujeres Línea
9. Asociación Venezolana para la Hemofilia
10. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. AVESA
11. Aula Abierta Venezuela
12. Cecodap
13. Centro de Acción y Defensa por los DDHH (CADEF)
14. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
15. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
16. Ciudadanía Activa
17. Civilis Derechos Humanos
18. Coalición Clima21
19. Codhez
20. Comisión de Derecho Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Apure
21. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas de la Universidad del Zulia
22. Comisión Nacional de la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela del Estado Mérida
23. Convite AC
24. Espacio Humanitario
25. Espacio Público
26. FeminismoInc
27. Fundación Reflejos de Venezuela
28. GENDHU -Evangelina García Prince
29. Humano Derecho Radio
30. Laboratorio de Paz
31. Lourdes Lopez Rojas
32. Movimiento Vinotinto
33. Mujeres Venezolanas en Acción
34. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
35. Observatorio venezolano de los derechos humanos de las mujeres
36. Observatorio Venezolano de Prisiones
37. Opción Venezuela AC.
38. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
39. Padres Organizados de Venezuela
40. Prepara Familia
41. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
42. Proiuris
43. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
44. Red andina de derechos humanos RADAR.
45. Redes Ayuda
46. Sinergia
47. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
48. StopVIH
49. Un Mundo Sin Mordaza
50. Unión Afirmativa de Venezuela
51. Venezuela Diversa A.C

Estado rechazó 81 recomendaciones dirigidas a la resolución de la crisis venezolana

Resultados de la Sesión Final de Adopción de Recomendaciones en el 2do Examen Periódico Universal de Venezuela, 2016 
El Estado aceptó 193 recomendaciones, desestimó 28 sobre derechos gravemente afectados y no está dispuesto a cumplir 53 que resolverían la severa crisis del país en materia de derechos humanos y democracia       

(Caracas, 16.03.17) Este jueves el Estado venezolano adoptó el informe final del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En la sesión, el Estado estuvo representado por la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien en abierta contradicción con las 274 recomendaciones hechas por los estados miembros en la etapa de evaluación, afirmó que en Venezuela se respetan todos los derechos humanos y libertades, existe plena independencia y autonomía de los poderes públicos, se garantiza el derecho a referendo revocatorio y la recolección de manifestación de voluntades ciudadanas y se mantiene una sistemática cooperación con el sistema universal de derechos humanos, al que se transmite amplia información.

Feliciano Reyna por Civicus – Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, habló en nombre de las 170 organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolano que contribuyeron a este examen, destacando que “la mayoría de estados que participaron en el EPU llamó la atención del Estado venezolano sobre la afectación de un amplio espectro de derechos humanos, la falta de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y la negativa a invitar al país a representantes de los Procedimientos Especiales”.

Además Reyna recordó que en el EPU los países señalaron que las libertades de asociación, manifestación pacífica y expresión están severamente restringidas; periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de derechos humanos son objeto de estigmatización y criminalización y las personas detenidas son sometidas a torturas y tratos crueles; el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no actúan con independencia, afectando así las garantías de protección de los derechos humanos;  el Servicio de Inteligencia venezolano debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles”.

Con cifras, Reyna mostró que “vivimos una emergencia humanitaria compleja, 82% de la población venezolana vive hoy en pobreza, 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global Aguda en diciembre de 2016, 75% de hospitales públicos no puede prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos y no hay reactivos para pruebas de control para el VIH, 4 millones de personas no tienen desde hace meses acceso a las medicinas que su condición con urgencia requiere”.

En el 2do Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela, realizado el pasado 01 de noviembre de 2016, el Estado venezolano recibió 274 recomendaciones de 102 países miembros de las Naciones Unidas. De este total de recomendaciones, aceptó 193 y tomó nota de 81 (42%), manifestando no estar en disposición de cumplir 53, que representan 65% del total de anotadas.

Conforme a los procedimientos del EPU se permite a los Estados hacer una excepción con algunas recomendaciones en las que sólo se tome nota, sin que esto signifique desentenderse de ellas. Pero  el Estado además de colocar en la lista de anotadas recomendaciones de las cuales depende garantizar derechos gravemente afectados, manifestó no estar dispuesto a implementar un gran número de recomendaciones que están dentro de sus obligaciones y que al ser cumplidas podrían resolver la severa crisis que atraviesa el país en materia de derechos humanos y democracia.

En las 28 recomendaciones que el Estado desestimó como “anotadas” se encuentran ratificar los protocolos de denuncia en casos de tortura y violaciones a derechos del niño; garantizar el respeto a las libertades de expresión y asociación y un entorno propicio para la sociedad civil; poner fin a la prisión arbitraria y liberar a todos los presos políticos; respetar el debido proceso y los derechos humanos de las personas privadas de libertad; garantizar derechos a personas transexuales, transgénero y parejas del mismo sexo; y aceptar la asistencia y la cooperación internacional para enfrentar la crisis del sector salud y la escasez de alimentos, ésta última por no tomar en cuenta la guerra económica, el asedio y la amenaza de “poderes fácticos y políticos–económicos de ciertas élites nacionales e internacionales”.

Dentro de las 53 recomendaciones que “no contaron con el apoyo” del Estado luego de su análisis por considerarlas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”, se encuentran:

1.        Revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos,

2.        Aceptar las visitas solicitadas por órganos de las Naciones Unidas y atender los llamados del Alto Comisionado,

3.        Todas las relacionadas con reconocer y restaurar las potestades de la Asamblea Nacional y respetar plenamente la democracia y la participación política,

4.        Todas las referidas a la protección de los defensores de los derechos humanos,

5.        Garantizar el cese de la persecución y violencia política,

6.        Respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y adecuar la vigilancia de comunicaciones a las normas de derechos humanos,

7.        Poner fin a la Operación Liberación y Protección del Pueblo,

8.        Garantizar los derechos a los colombianos afectados por el cierre de fronteras,

9.        Reducir los homicidios, combatir la impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad,

10.    Asegurar mejores condiciones de reclusión para el elevado número de personas detenidas y el excesivo hacinamiento en las cárceles,

11.    Eliminar la instrucción premilitar en las escuelas,

12.    Ajustar la Ley de Educación a la protección del derecho a la autonomía y la libertad de cátedra.

Lic. María Antonieta Segovia

Área Comunicación y Redes
Civilis Derechos Humanos

Liderar el Tercer Sector en Venezuela

Lorena Liendo-Rey y Roddy Enrique Rodríguez /

Quienes dirigen organizaciones del tercer sector necesitan gestionar de un modo tenaz e inteligente el recurso humano, para afinar su capacidad de respuesta ante el entorno. Hallar las claves de este liderazgo puede significar también encontrar las bases para la construcción de una sociedad civil comprometida con los principios de equidad y progreso.

Liendo-Rodríguez-Liderar el tercer sector (1)

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Asesinato de Berta Cáceres alerta sobre lo que podría ocurrir con el Arco Minero del Orinoco de Venezuela

(Caracas, 01 de marzo de 2017) Este 02 de marzo de 2017 se cumple el primer aniversario del asesinato de la activista medioambiental e indígena hondureña Berta Cáceres. Como se recordará, Cáceres mantenía una lucha de resistencia a los proyectos inconsultos que afectan a las comunidades indígenas de su país. Este contexto de ausencia de garantías del ejercicio de derechos que acompañan el avance del modelo de desarrollo extractivista en Honduras y en el resto de América Latina, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, crea condiciones para acciones que vulneran derechos fundamentales entre ellos el territorio, el ambiente y la vida y garantizan impunidad para los responsables.
Desde el año 2006, junto a la comunidad indígena lenca de Río Blanco, Berta Cáceres se organizaron para rechazar la construcción de cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque, las cuales impactarían negativamente en el acceso al agua, alimentos y medicinas de los poblados de la zona, forzándolos a desplazarse a otros territorios. El Estado Hondureño y las compañías involucradas: Sinohydro (China), Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) y la estatal Desarrollos Energéticos S.A incumplieron la obligación de realizar el derecho a las consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas que habitan en las inmediaciones del proyecto. Debido a su activismo en defensa del ambiente y pueblos indígenas, Cáceres sufrió hostigamiento y criminalización por parte del gobierno de su país, quien la acusó falsamente de “posesión ilegal de un arma de fuego poniendo en peligro la seguridad del Estado de Honduras”, así como de “usurpación de tierras, y coacción”. El 03 de marzo de 2016, atacantes no identificados irrumpieron en su domicilio y la asesinaron.

Datos de la ONG Global Witness estima en 12 los activistas medioambientales asesinados en Honduras desde el año 2014, quienes se habían opuesto a la construcción de grandes infraestructuras y proyectos extractivos en zonas de alta fragilidad ecológica y habitados por pueblos y comunidades indígenas. A pesar de la diversidad ideológica de los gobiernos de América Latina los une la profundización de la economía extractiva y de renta minero-petrolera, generando resistencias de amplios sectores sociales. La impunidad en el crimen de Berta Cáceres es un claro mensaje en la búsqueda de disuasión, amedrentamiento y miedo para todos aquello/as que desean rechazar la promoción de grandes obras de infraestructura y la profundización de la economía extractiva, petrolera y minera en los territorios tanto en Honduras como en el resto de nuestros países.

Las decisiones unilaterales, e impositivas, así como la violación al derecho a la demarcación, a los estudios de impacto ambiental y cultural, el acceso a la información, la actuación de buena fe, la consulta previa libre e informada y el consentimiento previo de este modelo de desarrollo, que generaron las condiciones para el asesinato de Berta Cáceres y otros activistas en Honduras, se repiten en Venezuela. Sin cumplir sus obligaciones constitucionales el gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha decretado una zona para la explotación minera que se extiende en un 12% del total del territorio venezolano bajo la denominación “Arco Minero del Orinoco”. Actualmente decenas de líderes, lideresas y miembros de comunidades indígenas del estado Bolívar están siendo hostigados y coaccionados para incorporarse a este proyecto, que afectará el medio ambiente, sus culturas ancestrales y su vida.

Diversas organizaciones indígenas del estado Bolívar y Amazonas en Venezuela han expresado que sus derechos han sido vulnerados con la aprobación del Decreto Arco Minero del Orinoco. Organizaciones de sociedad civil, aliadas, intelectuales, académicas, políticas exigimos el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los pactos internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas.

El mismo día que conmemoramos 1 año de la muerte de Berta Cáceres, se cumplen 4 años de la muerte del Cacique Yukpa Sabino Romero asesinado igualmente por defender sus territorios ancestrales en la Sierra de Perijá estado Zulia. Al exigir Justicia para Berta Caceres, exigimos Justicia para todos los defensoras y defensores indígenas asesinados en el mundo por defender el ambiente y la tierra para todo/as.

  • Nos sumamos a las palabras de la relatora ONU de Pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz “Es urgente que se termine con la impunidad imperante en el país en relación con hechos delictivos contra miembros de las comunidades indígenas y sus defensores”. Exigimos al gobierno de Honduras el fin de la impunidad en los asesinatos de Berta Cáceres y el resto de activistas medioambientales, sancionando a sus autores materiales e intelectuales
  • Demandamos tanto al gobierno de Honduras como el de Venezuela cumplir con el compromiso de promover y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la demarcación, los procesos de consulta previa, libre e informada antes de realizar intervenciones en los territorios habitados por comunidades indígenas.
  • Exigimos al gobierno venezolano cumplir el requisito constitucional de realizar y difundir el estudio de impacto socioambiental en el proyecto del Arco Minero del Orinoco

¡1 Año Sin Justicia para Berta Cáceres!, Berta Vive! Sabino Romero Vive.

 

Publicado por PROVEA 
Laboratorio de Paz