57 Organizaciones expresaron su rechazo a la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública (CVJPTP)

Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la sociedad civil y del movimiento de los derechos humanos, declaramos que rechazamos la propuesta, constitución y actual funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente  (ANC) que se adelantó de manera unilateral, violando principios constitucionales y derechos humanos de los venezolanos, configurándose en una acción constante de desconocimiento de la […]

Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la sociedad civil y del movimiento de los derechos humanos, declaramos que rechazamos la propuesta, constitución y actual funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente  (ANC) que se adelantó de manera unilateral, violando principios constitucionales y derechos humanos de los venezolanos, configurándose en una acción constante de desconocimiento de la voluntad soberana por parte del propio Estado siendo su existencia ilegal, ilegítima y usurpadora de la soberanía popular, como hemos expresado anteriormente.

La ilegítima Constituyente creó el pasado 8 de agosto, la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública (CVJPTP), a través de una “Ley Constitucional”, la cual en sí misma representa un abuso de poder y un acto en contra de la soberanía popular, ya que la ANC no puede dictar leyes.

La única institución que puede hacerlo es la Asamblea Nacional, como expresión del Poder Legislativo Nacional, siendo entonces la existencia de una “ley constitucional” una violación a la Constitución de 1999, aún vigente.

Con este tipo de actos la ilegítima Constituyente se ha subrogado potestades que no le son propias, pretendiendo dictar actos con rango constitucional, lo que no es posible sino en regímenes de facto, desconociendo los principios constitucionales y los contenidos en todos los instrumentos internacionales reconocidos por la República en materia de derechos humanos.

Prueba de ello es que en la creación de la CVJPTP se establece como finalidad la de investigar y determinar responsabilidades de “los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia, ocurridos dentro de la jurisdicción de la República, durante el período comprendido entre los años 1999 y 2017”.

Esto advierte que a esta ilegítima CVJPTP se le dará un margen de aplicación amplio que desvirtúa la naturaleza una legítima Comisión de la Verdad. La CVJPTP no puede ser considerada una verdadera Comisión de la Verdad, conforme a los estándares internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica en sus instrumentos para las comisiones de la verdad, que son elementos fundamentales para su constitución: la voluntad política para alentar la realización de investigaciones serias sobre los hechos bajo estudio de la comisión; que el conflicto o las prácticas represivas hayan terminado y que exista interés de las víctimas en participar en el proceso que se desarrolle en la comisión.

Ninguno de estos elementos se constata en la realidad venezolana pues, por ejemplo, ni las víctimas ni la sociedad en general han sido consultadas en cuanto a si quieren o no constituir esta comisión; el conflicto y las prácticas represivas se mantienen, pues hasta la fecha continúan privadas de libertad por razones políticas más de 600 personas y, además, quien dirige la  CVJPTP ha emitido, en reiteradas oportunidades, opinión sobre varios de los casos que estarían bajo su estudio, por lo que la investigación estaría a todas luces viciada, sin que se profundice sobre la arbitrariedad de quienes en general constituyen dicha “comisión”.

Por esta razón alertamos sobre el verdadero propósito de la ilegítima CVJPTP que, en el fondo, lo que se plantea es instaurar y agudizar mecanismos de persecución de la disidencia, y no atender a las necesidades reales y concretas de la población.  Esta instancia determinaría las responsabilidades por delitos de naturaleza política a su libre arbitrio, en un pseudo tribunal que carece de cualquier tipo de independencia, realizando procedimientos a través de “audiencias públicas”, fundamentadas en supuestos poderes supraconstitucionales pero que son procesos políticos que buscan castigos ejemplarizantes, así como desacreditar y anular a la disidencia política, como ha sido mostrado en muchos ejemplos históricos de regímenes totalitarios.

Esta es una manera de criminalizar a quienes disienten y manifiestan su rechazo al actual régimen político y de socavar los derechos civiles y políticos de la población. Teniendo en cuenta lo anterior, denunciamos el retroceso político y legal y, en especial, la amenaza a los derechos humanos, promovidos tanto por el Ejecutivo Nacional, como por el Poder Judicial y el Poder Ciudadano.

Rechazamos las acciones del Ejecutivo Nacional, a través la ANC y la constitución de la CVJPTP, al tiempo que mantenemos nuestra firme determinación de velar y requerir al Estado el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales de los derechos humanos del pueblo venezolano.

Desde nuestros correspondientes espacios dejamos en claro que los derechos y principios no se negocian, por el contrario, se exigen, respetan y practican, ya que son anteriores y superiores a la autoridad del Estado y su carácter es universal; de ahí que dependan de la seguridad jurídica, el orden social y la paz.

Instamos al Ejecutivo Nacional a apegarse a los principios normativos nacionales e internacionales; así también, le exhortamos a que detenga toda acción sistemática de persecución y de generación de zozobra hacia la dirigencia política, grupos minoritarios, organizaciones civiles y religiosas, al igual que al resto de la población.

Solicitamos a la comunidad internacional continuar atenta a la crisis generada por la creación de la ilegítima ANC y solicitamos  el desconocimiento y rechazo de todo órgano supraconstitucional, incluyendo a la CVJPTP.

Desconocemos todo régimen, legislación y autoridad que contraríe los valores, principios, garantías y libertades consagradas en la Constitución Nacional, así como en los distintos tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.

La ciudadanía demanda un sistema social, político y económico capaz de fomentar condiciones que dignifiquen su propia existencia en sociedad.

En la ciudad de Caracas, a los 21 días del mes de agosto del año 2017.

Suscriben este documento:

  1. A.C. Mujeres Unidas por la Salud (MUSAS)
  2. Acceso a la Justicia
  3. Acción Solidaria (Acsol)
  4. AEPA Falcón
  5. A.C. Mujeres en Positivo por Venezuela
  6. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC)
  7. Asociación Civil Juventud Unida en Acción
  8. Asociación Civil Mujeres en Línea
  9. Asociación Civil Saber es Poder “ASOSABER”
  10. Asociación Civil Saber es Podet “ASOSABER”
  11. Asociacion de Profesores de la UCV (2)
  12. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
  13. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
  14. Centro de Educación y Capacitación para la Vida CECAVID
  15. Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
  16. Centro para la Paz y los DDHH UCV
  17. Civilis Derechos Humanos
  18. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
  19. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure
  20. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ
  21. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
  22. ECOCATIA
  23. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
  24. Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (FEDEVE) Comision DDHH
  25. FEDERACIÓN NACIONAL DE SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES -FENASOPADRES-
  26. Fenasopadres Capítulo Aragua
  27. Foro Hatillano
  28. Frente Nacional de Mujeres
  29. FUNDACION PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER LATINOAMERICANA (FUNDEMUL)
  30. FUNDAMUJER
  31. FUNDECI
  32. JUVENTUD UNIDA EN ACCION (JUENA)
  33. Mujeres Venezolanas en Acción
  34. Mujeres VP-Mujeres con Voluntad
  35. Nueva Esparta en Movimiento A.C
  36. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  37. Observatorio Global de Comunicación y Democracia
  38. Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
  39. ONG Centro Internacional para el Desarrollo SostenibleA.
  40. Organización StopVIH
  41. Padres Organizados de Venezuela
  42. PAZ ACTIVA
  43. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
  44. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
  45. Proyecta Ciudadanía A.C
  46. Red de Jóvenes de las Américas nodo Venezuela
  47. Red de Organizaciones Vecinales de Baruta
  48. Red Sindical de Mujeres
  49. Red Venezolana de Mujeres Positivas RVM+Info
  50. RIOD Venezuela
  51. Transparencia Venezuela
  52. Un Estado de Derecho
  53. Una Ventana a la Libertad
  54. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
  55. Venered
  56. Venezolanos por la Libertad
  57. VotoJoven

También suscriben:

  1. Ana Julia Jatar
  2. Antonio Pignatiello
  3. Begoña Esteban
  4. Cecilia Chacon
  5. Chere Ramos
  6. Jose Alonso Sanchez M
  7. Elaisa Ferris
  8. Elida Yannett Rivero
  9. Elizabeth Piña
  10. Evangelina García Prince
  11. Fernando Wallis
  12. Geovanni Siemm
  13. Gloria M. Egui
  14. Graciela Viloria de Pérez
  15. Joel García Vicepresidente
  16. Jose Rafael López Padrino
  17. Karla Ávila – Periodista
  18. Magaly Huggins
  19. Malena Salas
  20. Manuela Bolívar
  21. Mariangela Gonzalez
  22. Marta De La Vega
  23. Rosario Hernández
  24. Vanessa Izaguirre
  25. Vìctor J. Poleo U

Fuente : Cepaz 

Share

Alertamos ante la creciente criminalización de las organizaciones sociales y sus actores fundamentales en Venezuela

Las organizaciones de la Sociedad Civil que suscriben el presente comunicado, respaldados como lo estamos, en nuestro compromiso de promover y defender los Derechos Humanos (DDHH) nos permitimos manifestar a través del presente comunicado lo siguiente:

DENUNCIAMOS que en Venezuela se vienen ejecutando de manera sistemática, actos de criminalización de organizaciones sociales, sus actividades y sus principales actores; entre los que se incluyen ONG’s, Gremios Profesionales, Asociaciones Vecinales, Sindicatos, Organizaciones Religiosas, Grupos Empresariales; organizaciones estas que en su conjunto, constituyen la base medular y conciencia del país nacional.

ADVERTIMOS que tales prácticas de criminalización de organizaciones sociales y sus principales actores, provienen de distintos órganos del Poder Público Nacional, como lo son el Poder Ejecutivo Nacional y sus distintos apéndices, incluyendo allí de manera especial al Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN; el Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia y sus distintos órganos dependientes; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a la jurisdicción militar y con especial referencia a la Guardia Nacional Bolivariana;​​​ y muy recientemente a través de un ente de hecho, como lo es la pretendida Asamblea Nacional Constituyente, la cual recientemente creó, según propuesta del Presidente Nicolás Maduro, la denominada  Comisión de la verdad, justicia, paz y tranquilidad pública, la cual por su origen irrito, así como su composición, esencialmente integrada por factores del Gobierno Nacional, pudiera convertirse en un órgano de persecución con presunto y discutido carácter supraconstitucional, dirigido esencialmente a impartir “justicia” hacia los factores del país nacional, que recientemente vienen manifestando su descontento ante las políticas gubernamentales, así como ante la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

 CONDENAMOS la detención en el territorio nacional de distintos dirigentes sociales, gremiales y empresariales, como los casos del dirigente comunitario y periodista Carlos Julio Rojas, procesado por justicia militar y confinado en precarias condiciones en la Cárcel de Ramo Verde;  del defensor de Derechos Humanos y activista social Carlos Graffe; procesado por justicia militar y confinado en precarias condiciones en la Cárcel de Ramo Verde;  Rosmary Di Pietro presidenta del Colegio de Contadores procesada por justicia militar y recluida en la sede El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); Julio García presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, procesado por justicia militar y confinado en la Cárcel de Ramo Verde;  Omar Escalante, presidente de la Federación de Trabajadores de Carabobo (FETRACARABOBO), procesado por justicia militar y confinado en la Cárcel de Ramo Verde; y que a decir del director del SEBÍN, Gustavo González López, “estos hechos guardan relación con la permanente acción delictiva de grupos opositores que pretenden el derrocamiento del Gobierno presidido por el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, tal como lo han expresado públicamente voceros de la derecha, y que estamos seguros serán objeto de las acciones que se emprenderán para hacer justicia bajo la tutela de la Asamblea Nacional Constituyente y las nuevas autoridades del Ministerio Público”; por lo que en definitiva tal elaboración policial, pudiera convertirse en un justificativo, y causa común de persecución política a un gran e indeterminado número de venezolanos.

RECHAZAMOS la criminalización y ataque a iniciativas generadas desde organizaciones de derechos humanos, actuando en el ejercicio y ámbito de sus objetivos, tales como “nombre y vergüenza”, iniciada desde la ONG Provea, la cual respaldamos y avalamos en su totalidad el grupo de organizaciones que suscribe el presente comunicado, iniciativa esta con la que se busca esencialmente documentar, visibilizar y prevenir violaciones de derechos humanos ocurridas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Afirmamos de manera inequívoca, nuestra firme voluntad de avanzar unidos en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como compartir solidariamente la responsabilidad y consecuencias de esta lucha.

 MANIFESTAMOS gran preocupación por la irrita destitución de la Fiscal General de la Republica, Luisa Ortega Díaz, luego de manifiestos actos de hostigamiento, presión, e injerencia indebidas, por parte del Poder Ejecutivo Nacional; así como la irrita designación del antiguo Defensor del Pueblo Tarek William Saab, en las funciones de Fiscal General de la Republica; provocando con ello, más allá de una usurpación de funciones, peligrosos procesos de ingobernabilidad, así como de fractura evidente en la imparcialidad debida a la administración de justicia; que sumados a los factores anteriormente señalados, constituyen un absoluto desmoronamiento del concepto de justicia justa, la cual se precisa necesaria ante la evidente y sistemática criminalización de las organizaciones sociales y sus actores fundamentales en Venezuela.

Por lo que en consecuencia;

DEMANDAMOS a las cabezas del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Ciudadano; Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel José Moreno Pérez, Presidente del Consejo Moral Republicano  Tarek William Saab Halabi, que se ciñan en su accionar, y en estricto apego, a los Pactos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, en materia de derechos humanos, así como  a los derechos garantizados en la Constitución de 1999; haciendo cesar de manera inmediata todo acto de criminalización de las organizaciones sociales del país, de sus actividades, así como de persecución a sus principales actores.

EXPRESAMOS de manera firme y decidida, a cada ciudadano y ciudadana, de la República Bolivariana de Venezuela a EJERCER su DEBER de COLABORAR, en el restablecimiento de la efectiva vigencia de nuestra Constitución, vistos como han sido, los írritos actos ejecutados por algunos actores del Poder Público Nacional, que han menoscabado y pretenden seguir menoscabando la vigencia de nuestra carta magna.

EXHORTAMOS de manera firme y decidida, a cada ciudadano y ciudadana, de la República Bolivariana de Venezuela a EJERCER su DEBER de DESCONOCER cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos consagrados en nuestra carta magna.

NOS COMPROMETEMOS a ser fieles en nuestros exhortos, y ASUMIR igualmente como lo solicitamos, tanto desde nuestra perspectiva como organizaciones, e individualmente como ciudadanos; TODOS LOS ESFUERZOS DISPONIBLES para garantizar y hacer respetar, los más sagrados valores de nuestra república, como lo son la democracia y el respeto a los derechos humanos.

En la ciudad de Porlamar, a los 17 días del mes de agosto del año 2017.-

Suscriben este manifiesto:

  • Acceso a la Justicia.
  • Acción Solidaria
  • Acción Zuliana por la Vida (AZUL POSITIVO)
  • AEPA Falcón A.C
  • Amigos Trasplantados Venezuela.
  • Aula Abierta Venezuela.
  • Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.
  • Catedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar Arnulfo Romero de la Universidad de los Andes.
  • Camino Democrático
  • Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF).
  • Centro de Animación Juvenil.
  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
  • Centro para la paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” UCV (CPDDHH)
  • Centro de Formación para la Democracia CFD (Venezuela).
  • CEPAZ – Centro de Justicia y Paz.
  • CIDER
  • CIVILIS Derechos Humanos
  • Coalición Clima 21
  • Coalición DDHH y Defensores del Estado Falcón
  • Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA).
  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del Estado Apure.
  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del Estado Monagas.
  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del Estado Sucre.
  • Comité para la Defensa de los Familiares y Víctimas de Violación DDHH (COPRODEH)
  • Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia.
  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira.
  • Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
  • CONVITE A.C
  • Espacio Público
  • Expresión Libre A.C
  • EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación.
  • Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
  • Foro Penal Venezolano Capitulo Nueva Esparta.
  • Fundación Agua Clara
  • Fundación Arcoíris por la Vida (FAVID)
  • Fundación Nueva Mujer Margarita
  • Gente del Petróleo (Zona Norte Anzoátegui).
  • Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes.
  • Humano Derecho Radio Estación
  • INCIDE
  • Laboratorio de Paz.
  • Llamado a la Conciencia Vial A.C.
  • Manos Amigas por la Vida (MAVID)
  • Movimiento SOMOS
  • Movimiento Vinotinto
  • Nueva Esparta en Movimiento A.C.
  • Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA)
  • Observatorio Venezolano de la Salud.
  • Organización StopVIH.
  • Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC).
  • Padres Organizados de Venezuela
  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. (PROVEA).
  • Proyecta Ciudadanía A.C.
  • Redes Ayuda
  • Revista SIC
  • RIOD Venezuela
  • Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  • Transparencia Venezuela.
  • Un Mundo Sin Mordaza
  • Una Ventana a La Libertad
  • Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
  • Venezuela Diversa A.C

Fuente: Stop VIH 

Share

The Stanley Foundation | Respuestas Regionales a la Crisis en Venezuela

El 25 y 26 de julio de 2017 se realizó en la Ciudad de Panamá el taller regional titulado “Respuestas Regionales a la Crisis en Venezuela” co-organizado por la Stanley Foundation y CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Economicas y Sociales). El evento tuvo como propósito contribuir a profundizar el entendimiento de la crisis que afecta a Venezuela y su impacto regional, así como identificar oportunidades y estrategias para contribuir al desescalamiento de la violencia, la reducción de las violaciones a los DD.HH., y el restablecimiento de las instituciones democráticas. El taller reunió a expertos en las áreas de DD.HH., conflictividad, migración y política exterior, así como un nutrido grupo de representantes de  organizaciones de la sociedad civil provenientes de 12 países de América Latina y el Caribe.

Mientras el foco mediático respecto a Venezuela gira en torno a la dinámica política del país, debiera prestarse una atención prioritaria a dos elementos particulares: (1) una dramática crisis humanitaria, ligada al mal manejo de la economía y una gestión deficiente de la renta petrolera, que derivan en el desabastecimiento de alimentos y medicinas, una creciente inseguridad, y la falta de acceso a elementos básicos de supervivencia; (2) una situación de violación de los DD.HH., que, a su vez, está vinculada a masivos desplazamientos de la población venezolana, con el agravante de que muchos de estos desplazados migran en situación de extrema vulnerabilidad, y terminan desempleados o subempleados en el país receptor, cayendo en las redes del crimen organizado y del tráfico de personas. A estas problemáticas se suma una tercera, de carácter regional, que gira en torno a cómo impacta el movimiento de migrantes forzados venezolanos a los países de la región y qué respuestas ensayan estos países frente a
dicha situación.

Policy-Memo_Venezuela-Crisis_Spanish

Fuente: Provea 

Share

ONG: Rechazamos toda acción internacional que signifique más sufrimiento para el pueblo de Venezuela

Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado expresamos nuestra preocupación por las palabras expresadas el día 11 de agosto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en el sentido que, ante situación en Venezuela, no descartaba opción militar. En tal sentido indicamos
1.- Rechazamos toda medida de la comunidad internacional, o un país en particular, que signifique producir más sufrimiento para el pueblo de Venezuela. Una posible operación militar solo traería más violencia y le daría justificación al gobierno para aumentar sus medidas represivas contra quienes lo critican.
2.-En correspondencia con lo anterior nos oponemos, igualmente, a sanciones económicas que puedan agravar la crisis social que ya padecen las familias principalmente las más pobres, tal y como fue expresado en días anteriores en la carta abierta suscrita por 70 ONG a la reunión de Cancilleres en Lima.
3.-Las experiencias de acciones unilaterales de Estados Unidos frente a conflictos han sido negativas para los pueblos que la han padecido. Sus acciones fuera de las normas del derecho internacional en vez de ayudar a resolver crisis las agudiza. La violencia del Estado venezolano contra la población no puede ni debe responderse con más violencia por parte de alguna entidad extranjera. Recordamos que las normas de la Carta de las Naciones Unidas indican:
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”
4.- Aplaudimos y estimulamos las acciones de solidaridad internacional con el pueblo venezolano, tanto de gobiernos como de organizaciones políticas y sociales.  Agradecemos sus gestos y exhortamos a mantener y extender la denuncia de los abusos que cometen a diario diversas instituciones del Estado venezolano.
5.-Consideramos que una de las mejores ayudas que puede realizar la comunidad internacional frente a la crisis en país y la arbitrariedad del Estado es fortalecer los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos que permitan dar respuestas más efectivas a las víctimas y contribuir, con las gestiones diplomáticas necesarias, para una salida pacífica y negociada que permita la pronta restitución de la democracia. En este sentido seguiremos insistiendo en la visita de expertos de la CIDH y Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, a nuestro país.
6.-Expresamos nuestro reconocimiento a la reciente Declaración de Cancilleres de Lima y particularmente: “Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país”.
Suscriben la presente comunicación
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
Asamblea de Educación
Aula Abierta Venezuela
Cátedra Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidaad Central de Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Cecodap
Civilis Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Colegio de Abogados de Venezuela estado Táchira
Coalición Clima 21
Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadania (CODEHCIU)
Defensa de los Derechos Civiles AC
Espacio Público
Fundación Agua Clara
Fundación Banco del Libro
Fundación de Derechos Humanos INCIDE
Grupo Social Cesap
Humano Derecho Radio Estación
Instituto Prensa y Sociedad
Laboratorio de Paz
Observatorio Ambiental Venezolano
Observatorio Venezolano  de Prisiones
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Opción Venezuela AC
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Promoción, Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Proyecta Ciudadania AC
Redes Ayuda
Revista SIC
Una Montaña de Gente AC
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Fernando Fernandez. Abogado. Activista de derechos Humanos
Marino Alvarado. Abogado. Ex Coordinador General de Provea
Raul Cubas. Activista de derechos humanos. Ex Coordinador General de Provea
Jacqueline Richter. Activista. Profesora universitaria.
Publicado por Provea 
Share