Estado rechazó 81 recomendaciones dirigidas a la resolución de la crisis venezolana

Resultados de la Sesión Final de Adopción de Recomendaciones en el 2do Examen Periódico Universal de Venezuela, 2016 
El Estado aceptó 193 recomendaciones, desestimó 28 sobre derechos gravemente afectados y no está dispuesto a cumplir 53 que resolverían la severa crisis del país en materia de derechos humanos y democracia       

(Caracas, 16.03.17) Este jueves el Estado venezolano adoptó el informe final del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En la sesión, el Estado estuvo representado por la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien en abierta contradicción con las 274 recomendaciones hechas por los estados miembros en la etapa de evaluación, afirmó que en Venezuela se respetan todos los derechos humanos y libertades, existe plena independencia y autonomía de los poderes públicos, se garantiza el derecho a referendo revocatorio y la recolección de manifestación de voluntades ciudadanas y se mantiene una sistemática cooperación con el sistema universal de derechos humanos, al que se transmite amplia información.

Feliciano Reyna por Civicus – Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, habló en nombre de las 170 organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolano que contribuyeron a este examen, destacando que “la mayoría de estados que participaron en el EPU llamó la atención del Estado venezolano sobre la afectación de un amplio espectro de derechos humanos, la falta de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y la negativa a invitar al país a representantes de los Procedimientos Especiales”.

Además Reyna recordó que en el EPU los países señalaron que las libertades de asociación, manifestación pacífica y expresión están severamente restringidas; periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de derechos humanos son objeto de estigmatización y criminalización y las personas detenidas son sometidas a torturas y tratos crueles; el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no actúan con independencia, afectando así las garantías de protección de los derechos humanos;  el Servicio de Inteligencia venezolano debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles”.

Con cifras, Reyna mostró que “vivimos una emergencia humanitaria compleja, 82% de la población venezolana vive hoy en pobreza, 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global Aguda en diciembre de 2016, 75% de hospitales públicos no puede prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos y no hay reactivos para pruebas de control para el VIH, 4 millones de personas no tienen desde hace meses acceso a las medicinas que su condición con urgencia requiere”.

En el 2do Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela, realizado el pasado 01 de noviembre de 2016, el Estado venezolano recibió 274 recomendaciones de 102 países miembros de las Naciones Unidas. De este total de recomendaciones, aceptó 193 y tomó nota de 81 (42%), manifestando no estar en disposición de cumplir 53, que representan 65% del total de anotadas.

Conforme a los procedimientos del EPU se permite a los Estados hacer una excepción con algunas recomendaciones en las que sólo se tome nota, sin que esto signifique desentenderse de ellas. Pero  el Estado además de colocar en la lista de anotadas recomendaciones de las cuales depende garantizar derechos gravemente afectados, manifestó no estar dispuesto a implementar un gran número de recomendaciones que están dentro de sus obligaciones y que al ser cumplidas podrían resolver la severa crisis que atraviesa el país en materia de derechos humanos y democracia.

En las 28 recomendaciones que el Estado desestimó como “anotadas” se encuentran ratificar los protocolos de denuncia en casos de tortura y violaciones a derechos del niño; garantizar el respeto a las libertades de expresión y asociación y un entorno propicio para la sociedad civil; poner fin a la prisión arbitraria y liberar a todos los presos políticos; respetar el debido proceso y los derechos humanos de las personas privadas de libertad; garantizar derechos a personas transexuales, transgénero y parejas del mismo sexo; y aceptar la asistencia y la cooperación internacional para enfrentar la crisis del sector salud y la escasez de alimentos, ésta última por no tomar en cuenta la guerra económica, el asedio y la amenaza de “poderes fácticos y políticos–económicos de ciertas élites nacionales e internacionales”.

Dentro de las 53 recomendaciones que “no contaron con el apoyo” del Estado luego de su análisis por considerarlas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”, se encuentran:

1.        Revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos,

2.        Aceptar las visitas solicitadas por órganos de las Naciones Unidas y atender los llamados del Alto Comisionado,

3.        Todas las relacionadas con reconocer y restaurar las potestades de la Asamblea Nacional y respetar plenamente la democracia y la participación política,

4.        Todas las referidas a la protección de los defensores de los derechos humanos,

5.        Garantizar el cese de la persecución y violencia política,

6.        Respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y adecuar la vigilancia de comunicaciones a las normas de derechos humanos,

7.        Poner fin a la Operación Liberación y Protección del Pueblo,

8.        Garantizar los derechos a los colombianos afectados por el cierre de fronteras,

9.        Reducir los homicidios, combatir la impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad,

10.    Asegurar mejores condiciones de reclusión para el elevado número de personas detenidas y el excesivo hacinamiento en las cárceles,

11.    Eliminar la instrucción premilitar en las escuelas,

12.    Ajustar la Ley de Educación a la protección del derecho a la autonomía y la libertad de cátedra.

Lic. María Antonieta Segovia

Área Comunicación y Redes
Civilis Derechos Humanos

Liderar el Tercer Sector en Venezuela

Lorena Liendo-Rey y Roddy Enrique Rodríguez /

Quienes dirigen organizaciones del tercer sector necesitan gestionar de un modo tenaz e inteligente el recurso humano, para afinar su capacidad de respuesta ante el entorno. Hallar las claves de este liderazgo puede significar también encontrar las bases para la construcción de una sociedad civil comprometida con los principios de equidad y progreso.

Liendo-Rodríguez-Liderar el tercer sector (1)

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Asesinato de Berta Cáceres alerta sobre lo que podría ocurrir con el Arco Minero del Orinoco de Venezuela

(Caracas, 01 de marzo de 2017) Este 02 de marzo de 2017 se cumple el primer aniversario del asesinato de la activista medioambiental e indígena hondureña Berta Cáceres. Como se recordará, Cáceres mantenía una lucha de resistencia a los proyectos inconsultos que afectan a las comunidades indígenas de su país. Este contexto de ausencia de garantías del ejercicio de derechos que acompañan el avance del modelo de desarrollo extractivista en Honduras y en el resto de América Latina, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, crea condiciones para acciones que vulneran derechos fundamentales entre ellos el territorio, el ambiente y la vida y garantizan impunidad para los responsables.
Desde el año 2006, junto a la comunidad indígena lenca de Río Blanco, Berta Cáceres se organizaron para rechazar la construcción de cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque, las cuales impactarían negativamente en el acceso al agua, alimentos y medicinas de los poblados de la zona, forzándolos a desplazarse a otros territorios. El Estado Hondureño y las compañías involucradas: Sinohydro (China), Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) y la estatal Desarrollos Energéticos S.A incumplieron la obligación de realizar el derecho a las consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas que habitan en las inmediaciones del proyecto. Debido a su activismo en defensa del ambiente y pueblos indígenas, Cáceres sufrió hostigamiento y criminalización por parte del gobierno de su país, quien la acusó falsamente de “posesión ilegal de un arma de fuego poniendo en peligro la seguridad del Estado de Honduras”, así como de “usurpación de tierras, y coacción”. El 03 de marzo de 2016, atacantes no identificados irrumpieron en su domicilio y la asesinaron.

Datos de la ONG Global Witness estima en 12 los activistas medioambientales asesinados en Honduras desde el año 2014, quienes se habían opuesto a la construcción de grandes infraestructuras y proyectos extractivos en zonas de alta fragilidad ecológica y habitados por pueblos y comunidades indígenas. A pesar de la diversidad ideológica de los gobiernos de América Latina los une la profundización de la economía extractiva y de renta minero-petrolera, generando resistencias de amplios sectores sociales. La impunidad en el crimen de Berta Cáceres es un claro mensaje en la búsqueda de disuasión, amedrentamiento y miedo para todos aquello/as que desean rechazar la promoción de grandes obras de infraestructura y la profundización de la economía extractiva, petrolera y minera en los territorios tanto en Honduras como en el resto de nuestros países.

Las decisiones unilaterales, e impositivas, así como la violación al derecho a la demarcación, a los estudios de impacto ambiental y cultural, el acceso a la información, la actuación de buena fe, la consulta previa libre e informada y el consentimiento previo de este modelo de desarrollo, que generaron las condiciones para el asesinato de Berta Cáceres y otros activistas en Honduras, se repiten en Venezuela. Sin cumplir sus obligaciones constitucionales el gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha decretado una zona para la explotación minera que se extiende en un 12% del total del territorio venezolano bajo la denominación “Arco Minero del Orinoco”. Actualmente decenas de líderes, lideresas y miembros de comunidades indígenas del estado Bolívar están siendo hostigados y coaccionados para incorporarse a este proyecto, que afectará el medio ambiente, sus culturas ancestrales y su vida.

Diversas organizaciones indígenas del estado Bolívar y Amazonas en Venezuela han expresado que sus derechos han sido vulnerados con la aprobación del Decreto Arco Minero del Orinoco. Organizaciones de sociedad civil, aliadas, intelectuales, académicas, políticas exigimos el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los pactos internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas.

El mismo día que conmemoramos 1 año de la muerte de Berta Cáceres, se cumplen 4 años de la muerte del Cacique Yukpa Sabino Romero asesinado igualmente por defender sus territorios ancestrales en la Sierra de Perijá estado Zulia. Al exigir Justicia para Berta Caceres, exigimos Justicia para todos los defensoras y defensores indígenas asesinados en el mundo por defender el ambiente y la tierra para todo/as.

  • Nos sumamos a las palabras de la relatora ONU de Pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz “Es urgente que se termine con la impunidad imperante en el país en relación con hechos delictivos contra miembros de las comunidades indígenas y sus defensores”. Exigimos al gobierno de Honduras el fin de la impunidad en los asesinatos de Berta Cáceres y el resto de activistas medioambientales, sancionando a sus autores materiales e intelectuales
  • Demandamos tanto al gobierno de Honduras como el de Venezuela cumplir con el compromiso de promover y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la demarcación, los procesos de consulta previa, libre e informada antes de realizar intervenciones en los territorios habitados por comunidades indígenas.
  • Exigimos al gobierno venezolano cumplir el requisito constitucional de realizar y difundir el estudio de impacto socioambiental en el proyecto del Arco Minero del Orinoco

¡1 Año Sin Justicia para Berta Cáceres!, Berta Vive! Sabino Romero Vive.

 

Publicado por PROVEA 
Laboratorio de Paz

La nueva carrera de obstáculos de los partidos políticos

El asunto de la renovación de la nómina de los inscritos de partidos políticos sigue ocupando el centro de atención, a raíz de que el CNE anunciara el pasado jueves 16 de febrero que este proceso se realizará durante diez fines de semana, desde el sábado 4 de marzo, en donde cada organización política tendrá solo 2 días para la recolección de las manifestaciones de voluntad de sus miembros, tal como se lee en su página oficial.

En ese sentido, en la página web del CNE se lee que la recolección de las manifestaciones de voluntad se realizará a través del sistema biométrico, cuyos puntos estarán ubicados en las plazas Bolívar de las entidades federales, donde las organizaciones con fines políticos deberán acudir con sus militantes.

Esta nueva exigencia tiene su origen en la sentencia  N° 1 de la Sala Constitucional, de fecha 5 de enero de 2016, que estableció que los partidos políticos que hubieran obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias debían renovar la nómina de sus inscritos, y que el CNE regularía ese proceso con el uso de mecanismos biométricos.

Ahora bien, como quiera que el asunto debió haber sido resuelto el año pasado, es importante que se tengan en cuenta las normas que fueron dictadas por el CNE, según Resolución N° 160304-0010 del 4 de marzo de 2016, para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos nacionales (publicadas en la Gaceta Electoral N° 801 de fecha 4 de marzo de 2016).

En este sentido, Acceso a la Justicia considera necesario analizar algunos aspectos esenciales de las pautas normativas dictadas por el CNE para regular dicho proceso, que pueden resumirse de la siguiente manera:

  1. En primer lugar, destaca la incertidumbre que genera la falta de precisión de las normas.

Llama la atención, al respecto, el artículo 17 de la Resolución N° 160304-0010 del 4 de marzo de 2016 a través del cual el CNE, con el pretexto de resolver “las dudas que se susciten en cuanto a su aplicación”, puede modificar sorpresivamente, las reglas pautadas para la legitimación de los partidos políticos, como se ha evidenciado durante procesos electorales anteriores, particularmente en el 2016 con el proceso de referendo revocatorio presidencial que había activado la organización MUD.

Es por ello que se debe enfatizar sobre el peligro de esta regulación normativa que deja a la absoluta discrecionalidad de la Administración electoral para disponer de los trámites, procedimientos y requisitos al margen de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, lo que trae como consecuencia inseguridad, desconfianza y mutabilidad de las reglas de juego de forma sobrevenida que pueden transformar las normas originariamente emitidas por el CNE.

  1. Un caso que evidencia la falta de regulación en la normativa dictada por el árbitro electoral es en la materia referente a las impugnaciones contra las manifestaciones de voluntad. El CNE, de hecho, no da a conocer los lapsos ni los recursos administrativos que eventualmente podrán ejercerse contra ellas.

El artículo 13 solo se limita a indicar que “Los ciudadanos y ciudadanas podrán revisar e impugnar la nómina de manifestación de voluntad de pertenecer a una organización con fines políticos dentro de los lapsos establecidos en el cronograma respectivo. A tales fines, presentarán un escrito contentivo del recurso de impugnación por ante la Oficina Regional Electoral correspondiente en razón del territorio, quien lo remitirá junto con los recaudos que lo acompañen, a la Oficina Nacional de Participación Política, a los fines de su consideración”. Al respecto cabe preguntarse, ¿puede el CNE establecer lapsos y recursos al margen de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Pública y Manifestaciones? ¿Quién resolverá la impugnación presentada? ¿Cómo queda el derecho a la defensa de los interesados? ¿Cuáles son los vicios que podrán ser alegados como motivos de impugnación? ¿Por qué establecer los lapsos en el Cronograma Electoral y no en el instrumento normativo dictado por la Administración Electoral?  Lamentablemente esta falta de precisión y claridad no promueve la confiabilidad del proceso e imposibilita el ejercicio de derechos constitucionales, además de crear más desconfianza en el árbitro electoral en virtud de que impide conocer a ciencia cierta y con debida antelación los mecanismos de defensa.

  1. Tampoco aclara la normativa cuáles serán los criterios que aplicará para la validación de las manifestaciones de voluntad de los militantes de las organizaciones políticas que renovarán su nómina. Solo se limita a señalar que el CNE “garantizará el uso de los recursos tecnológicos y talento humano que permitan obtener de manera fidedigna la manifestación de voluntad del elector y electora” (artículo 7) y, de manera especial, regula en el artículo 12 el supuesto de la múltiple inscripción en organizaciones con fines políticos (lo que no tiene asidero legal como hemos explicado), caso en que se considerará como válida la última manifestación de voluntad expresada ante una organización política.

De manera que, al no existir especificaciones que garanticen a los actores políticos y a los electores la certeza jurídica y transparencia de las funciones que debe realizar el CNE en este proceso Acceso a la Justicia estima que ello generará desconocimiento y zozobra en el país.

Por tanto, frente a estos condicionamientos impropios del Poder Electoral, es importante denunciar e insistir que las reglas del juego impuestas deben ser claras para proporcionar a la población venezolana confianza en su gestión, seguridad y certeza jurídica que, en definitiva, son las principales columnas del edificio de la democracia. Ello incluso aunque cada vez la democracia esté más minada y debilitada en Venezuela, por la desvalorización de las reglas constitucionales y legales, por la carencia de independencia por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial, y por la violación a los Derechos Humanos.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La Constitución venezolana nos otorga el derecho a organizarnos políticamente para defender nuestros intereses y nuestros derechos, como en cualquier democracia digna de ese nombre. Por tanto, la labor del CNE debe ser reglamentar y organizar los procesos necesarios para proteger el uso de ese derecho, y no como lamentablemente sucede, buscar maneras de entorpecer su libre ejercicio.

La conducta del CNE, avalada e incluso exigida por el TSJ, limita seriamente el pluralismo político por cuanto aquellos partidos que no actúen en coalición pueden estar destinados a desaparecer, y aquellas agrupaciones que representen a los intereses de minorías pequeñas (pero no por ello menos importantes) tendrán serias dificultades para poder mantener su estatus legal y de ese modo participar en futuros procesos electorales.

Si se limita tu derecho a elegir entre varias opciones, se limita tu derecho a votar por quien realmente te represente. Y si esto ocurre, en realidad no hay democracia.

Publicado por Acceso a la Justicia 

Justicia expedita ¡pero solo pa’ los panas!

Si la justicia existe, tiene que ser para todos;
nadie puede quedar excluido,
de lo contrario ya no sería justicia
Paul Auster

Según cálculos de Acceso a la Justicia, durante 2016 el Tribunal Supremo de Justicia tomó cuando menos 64 decisiones que atentaron contra la Asamblea Nacional y/o los derechos humanos de los ciudadanos en general. Una revisión detallada de estas decisiones reveló un patrón que es necesario resaltar: los recursos intentados por miembros o simpatizantes del gobierno obtienen respuesta en cuestión de días, mientras que el resto de la ciudadanía debe esperar, en promedio, casi un año.

Quizás el mejor ejemplo de esto sea el Presidente de la República, cuyas acciones reciben respuesta en un promedio de apenas 9 días. Podría argumentarse que esta celeridad tiene que ver con el hecho de que la inmensa mayoría de sus solicitudes están relacionadas a la declaratoria de Estados de Excepción o control de constitucionalidad de leyes, acciones estas que tienen lapsos perentorios: 10 días según el art. 33 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción y 15 días según el art. 214 de la Constitución, respectivamente.

Sin embargo, no parece ser este el caso pues cuando se revisan recursos en otras materias distintas seguimos encontrando que la respuesta llegó también apenas 9 días después; lapso por demás muy similar a los 8,5 días que necesitó el máximo tribunal para decidir en los casos iniciados por la Procuraduría General de la República.

Si en cambio revisamos aquellos recursos intentados por diputados a la Asamblea Nacional, veremos que cuando son miembros del partido de gobierno, el TSJ se tomó en promedio 21 días para decidir y en casi todos los casos lo hizo en menos de dos semanas. Por el contrario, si los accionantes son diputados de la oposición, la decisión llegó 436,6 días después y en ningún caso en menos de un mes, llegando a esperar hasta más de 5 años en un caso.

Algo similar sucede cuando la parte interesada en los recursos es un partido político. Existen dos casos con estas características en nuestra muestra: uno es miembro del polo patriótico y fue resuelto en 6 días, el otro reúne a partidos opositores y debió esperar 198 días.

Por otra parte, cuando la sociedad civil organizada (ONG, fundaciones, asociaciones, etc) acude al máximo tribunal del país, este se toma un promedio de 383 días para darle respuesta. Un ejemplo grotesco de esta situación lo vivió CEDICE, que debió esperar 2652 días para obtener una decisión; en ese mismo tiempo Maduro hubiese obtenido 295 respuestas distintas por parte del máximo tribunal.

Finalmente, hemos podido constatar que este patrón se repite en los casos que son presentados (al menos en apariencia) por ciudadanos particulares. A pesar de que el promedio general en esta categoría es de 334,25 días, al mirar con más detenimiento, vemos que la realidad varía notablemente cuando el tema interesa al gobierno o si el proponente es cercano a él. Veamos.

Si tomamos los tres recursos con temas más importantes para el gobierno (la capacidad del BCV para endeudarse sin permiso de la AN, la vigencia o no del decreto de Estado de Excepción y la capacidad de la AN de anular el nombramiento de los magistrados del TSJ), tenemos que la sentencia llegó siempre en menos de dos semanas.

En cambio, al revisar los tres casos con temas más incómodos (dos sobre las Normas que rigen la actuación de la FANB en funciones de orden público y uno sobre el Código de Ética del Juez) encontramos que el lapso de espera oscila entre 540 y 2332 días. La diferencia es tan abismal que el patrón resulta innegable.

Resumiendo, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que hace la más grosera de las discriminaciones políticas al decidir rápido los casos que son favorables al gobierno o propuestos por el gobierno mismo, y tarda en decidir los casos que no favorecen al gobierno.

Además, siempre que los solicitantes no sean del gobierno, del partido del gobierno o con distintos intereses, los decide en contra o no los admite, mientras que los del gobierno o afines son siempre a favor.

Acceso a la Justicia debe llamar la atención sobre el hecho de que con esta actitud el TSJ no solo viola el artículo 256 de la Constitución que prohíbe el activismo político, sino que además está incurriendo en el delito de denegación de justicia, tipificado en el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal, que reza: Los jueces y juezas no podrán abstenerse de decidir so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión. Si lo hicieren, incurrirán en denegación de justicia (resaltado nuestro).

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El retardo procesal es uno de los males más antiguos de la justicia, y es muy conocido en nuestro sistema de justicia. Pero hay que tener claro que lo que aquí hemos mostrado no es parte de esa realidad, sino que más bien es una forma más de retardo que se añade a las existentes, porque la velocidad a la que tú como venezolano obtendrás respuesta y el tipo de respuesta que obtengas dependerá de si tu solicitud favorece o no al poder.

En esas condiciones, es evidente que en Venezuela no hay acceso a la justicia, por lo que tus derechos como ciudadano, aunque estén escritos en la Constitución, no existen en la realidad, ya que no hay manera de hacerlos valer por la vía de la institucionalidad.