CIDH expresa preocupación por situación de personas migrantes venezolanas y llama a Estados de la región a implementar medidas para su protección

25 de enero de 2017
Washington, D.C. – La Comisión expresa su preocupación ante la información que indica que un gran número de venezolanos se han visto forzados a migrar a otros países de la región como mecanismo de supervivencia, como consecuencia de la situación humanitaria, en particular a los efectos que vienen ocasionando la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos. Ante la falta de canales legales, regulares y seguros para migrar, muchas personas no han tenido otra opción que recurrir a canales clandestinos que provee la migración irregular, a través de riesgosas rutas terrestres y marítimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama los Estados Miembros de la OEA a adoptar medidas para reforzar los mecanismos de responsabilidad compartida con relación a la situación de los migrantes venezolanos, a la vez que les insta a no adoptar medidas que limiten o vulneren los derechos humanos de los migrantes y de los solicitantes de refugio procedentes de Venezuela.

En este orden de ideas, la CIDH expresa su preocupación ante las actuaciones llevadas a cabo el pasado 9 de diciembre en Brasil con el objeto de deportar a aproximadamente 450 personas migrantes venezolanas en situación migratoria irregular de Boa Vista, estado de Roraima, Brasil, cerca de la frontera con Venezuela. Las personas migrantes eran en su mayoría indígenas del Pueblo Indígena Warao, entre los que se encontraban hombres y mujeres, así como más de 180 niños y niñas, incluyendo recién nacidos.

De acuerdo con información de público conocimiento, en la madrugada del 9 de diciembre de 2016 se realizó un operativo de control migratorio en la Feria del Passarão, en la ciudad de Boa Vista, con el fin de detectar, detener y expulsar a personas migrantes venezolanas en situación indocumentada en Brasil. Como resultado de este operativo, alrededor de 450 personas migrantes venezolanas, en su mayoría indígenas Warao, fueron puestas en detención migratoria, mientras esperaban para ser deportadas.

Durante el tiempo que permanecieron detenidas, a los indígenas Warao no se les habría permitido exponer sus circunstancias individuales y colectivas ni establecer contacto con miembros de la Pastoral y otras organizaciones de la sociedad civil que deseaban orientarlos y darles asistencia legal. En el mismo día las personas migrantes venezolanas fueron montadas en autobuses para ser trasladadas hasta la ciudad de Santa Elena de Uarién, en la frontera entre Brasil y Venezuela, en donde serían entregadas a las autoridades migratorias de Venezuela.

Ante estos hechos, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) de Brasil presentó un recurso de habeas corpus con solicitud de medida cautelar, a efectos de detener la expulsión colectiva de las personas migrantes venezolanas, por ser estos hechos violatorios de la Constitución de la República y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Tribunal Federal publicó la decisión del habeas corpus mediante la cual concedía la medida cautelar y ordenaba asegurar el derecho a permanecer en el país a la colectividad de venezolanos hasta que se haya proferido la decisión final en un proceso administrativo en el que se garantice el debido proceso legal. El 10 de diciembre de 2016 se detuvo la deportación de las personas migrantes venezolanas. La Comisión destaca la importancia de las medidas emprendidas por la Defensoría Pública de la Unión y la decisión del Tribunal Federal como medidas ejemplares a efectos de salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes venezolanas.

De conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la CIDH recuerda al Estado brasileño que tiene la obligación de implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida, integridad y seguridad de todas las personas migrantes bajo su jurisdicción. La garantía efectiva del derecho a la vida exige que el Estado adopte medidas especiales de prevención, protección y asistencia cuando tiene conocimiento de situaciones de personas migrantes o necesitadas de protección internacional en tránsito o en fronteras internacionales que se encuentran en peligro. Estas medidas deben abordar las necesidades especiales de las personas migrantes o en necesidad de protección internacional en materia de edad, género, así como cualquier otra situación de vulnerabilidad, como puede ser el hecho de ser miembro de un pueblo indígena. La asistencia del Estado debe ser proporcionada sin discriminación y de manera culturalmente apropiada a todas las personas migrantes o necesitadas de protección internacional en grandes movimientos migratorios, incluyendo atención médica, comida y agua adecuadas, mantas, ropa, artículos sanitarios y oportunidades de descanso. A su vez, el Estado también tiene la obligación de establecer medidas para responder a las necesidades especiales de la niñez migrante o en necesidad de protección internacional. Asimismo, el Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que no se apliquen perfiles raciales en el marco de operativos de control migratorio.
La Comisión toma nota de que el pasado 6 de diciembre de 2016, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de Ley 2.516/15, mediante el cual se busca establecer una nueva Ley de Migración. La Comisión insta al Estado brasileño para que la ley sea aprobada y se encuentre acorde con un enfoque de derechos humanos e incorpore las normas y estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos.

Al respecto la Comisión recuerda a los Estados de la región que la detención migratoria debe ser una medida excepcional, de último recurso y siempre por el menor tiempo posible, una vez realizada una evaluación individualizada de cada caso y a la consideración de medidas alternativas. Asimismo, los Estados no pueden recurrir a la detención migratoria de niñas o niños y sus padres para cautelar los fines de un proceso migratorio o un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado.

La CIDH también recuerda que de acuerdo con normas y estándares internacionales es obligación de los Estados identificar dentro de las personas migrantes a aquellas que tengan necesidades especiales de protección, tales como solicitantes de asilo y refugiados, personas con necesidades de protección complementaria, víctimas de trata, entre otros, y adoptar medidas para su protección. Los Estados también deben adoptar medidas para garantizar los derechos al debido proceso y a la protección judicial en el marco de procedimientos migratorios y de determinación de la condición de refugiado, a la unidad familiar, a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución (non-refoulement) y la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros. Los procedimientos migratorios, en particular los que puedan conllevar la deportación de migrantes, deben analizar, fundamentar y decidirse de forma individual y respetar garantías mínimas tales como el derecho a ser escuchado por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendiente a su deportación y a tener una oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa; a contar con interpretación y traducción; a contar con representación legal; a la protección consular; a recibir una notificación de la decisión que ordena su deportación; a acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación; a impugnar la decisión de deportación; y a que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación.

Según información de público conocimiento, la migración de personas de nacionalidad venezolana a los Estados de la región ha venido aumentando de forma exponencial en los últimos años. En este sentido, la Comisión observa con suma preocupación el aumento exponencial en el número de solicitantes de asilo provenientes de Venezuela. De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para finales de 2012, la cifra de solicitantes de asilo de Venezuela era de 505, pasando a 1.153 en 2013, 4.820 en 2014 y 15.094 para finales de 2015. Lo anterior representa un aumento porcentual de 2.889% en el número de personas venezolanas que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en el exterior entre 2012 y 2015.

Con relación al aumento de la migración de personas venezolanas a los países de la región, dentro de un marco de responsabilidad compartida, la Comisión insta a los Estados de la región a adoptar medidas tendientes a brindar un trato humanitario y respuestas de protección internacional a personas procedentes de Venezuela a través de la protección de los refugiados, a considerar formas de protección complementaria de conformidad al artículo 22.8 de la Convención Americana, a aplicar regímenes de visas humanitarias, a aplicar regímenes de protección temporal por razones humanitarias, así como aplicar otras alternativas de regularización con base en la normativa migratoria nacional y regional.

Asimismo, la Comisión expresa su preocupación por la decisión de Venezuela de cerrar sus fronteras. Venezuela decretó el cierre de la frontera con Brasil el pasado 14 de diciembre de 2016. El cierre de la frontera con Brasil se suma al ya existente cierre de la frontera con Colombia desde agosto de 2015. Al respecto, la CIDH insta a Venezuela a dejar sin efectos todas aquellas medidas que obstaculicen el derecho de todas las personas a salir del territorio venezolano, así como a solicitar y recibir asilo, a solicitar y recibir protección complementaria u otra respuesta de protección.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Datos de contacto:
María Isabel Rivero | Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
Tel. (1) 202 370 9001
mrivero@oas.org

 

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¿Quiere una bolsa?

Alejandro Luy
Las bolsas plásticas constituyen uno de los principales problemas socio-ambientales a nivel mundial. No solo causan la muerte de más de 250 especies de fauna marina, incluyendo tortugas, ballenas y diversas aves, sino que obstruyen drenajes en ciudades agravando los riesgos de enfermedades hídricas y generando costos adicionales a gobiernos locales; representan un consumo de hidrocarburos y por tanto impactan en la generación de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático; contaminan los mares y sus peces con pequeñas partículas de plástico producto de su desintegración que entran en el ciclo alimenticio del hombre; su incineración contamina el aire, entre muchas otros efectos.
Por ese motivo en numerosos países y más de 300 ciudades de los 5 continentes se han desarrollado distintas estrategias para promover la reducción del consumo de bolsas plásticas de “un solo uso”, esas que comúnmente recibimos en supermercados, farmacias, panaderías. En 2014, en alianza con Botiquería, Fundación Tierra Viva editó el documento “Bolsas plásticas; un problema nada ligero” que recoge diversas experiencias de municipios, estados y países, y los resultados obtenidos.
Una de las tácticas más comunes en esta tarea ha sido la aplicación de un impuesto a las bolsas, en otras palabras, por regulaciones nacionales o locales, los usuarios deben cancelar el costo de la bolsa. En ocasiones este impuesto alimenta un fondo para financiar proyectos ambientales. En algunos países esta acción ha producido la reducción en un 90% del volumen de bolsas plásticas. En los países donde esto se ha implementado, las personas encargadas de facturar las compras suelen preguntar al cliente si quiere bolsas plásticas y cuántas. Como consecuencia de lo que este costo representa para la economía personal, los clientes – muchas veces a partir de procesos educativos – generalmente cargan consigo bolsas ecológicas, es decir bolsas resistente y de múltiples usos para evitar esta adquisición innecesaria.
En Venezuela, no existe ninguna legislación o reglamento orientado a reducir el consumo de bolsas plásticas, pero como consecuencia del incremento de la situación económica y los costos de las bolsas, diversos negocios – incluyendo importantes cadenas de supermercados – han empezado a cobrar las bolsas plásticas a sus clientes. Hemos conocido de casos en Caracas, Valencia y Tucupita, dónde los cajeros preguntan “¿Quiere una bolsa?” y al responder afirmativamente se refleja el costo de la misma en la factura de compra.
Lo anterior sirve para reflexionar sobre lo positivo, negativo e interesante de la situación. Sin duda que es positivo e importante que en nuestros país, donde en promedio cada habitante usa 150 bolsas al año (unas 4 mil millones en total), se promueva la disminución del consumo de este artículo. Es lo que hemos venido haciendo en alianza con Botiquería desde 2012, con estrategias de educación y comunicación, y con la Alcaldía de Chacao con la promoción de las bolsas ecológicas.
Sin embargo, y aquí lo negativo, la manera como se está haciendo está llena de carencias. En primer lugar no se está haciendo por una preocupación socio-ambiental, sino como una estrategia de reducir costos a los comerciantes. Por otra parte, no tiene la estrategia ningún soporte técnico-jurídico que lo norme, así cada comerciante está haciendo lo que cree necesario, independientemente de lo que compre, el tamaño de la compra, entre otras cosas. Así que lo hace quien quiere, cómo prefiera: algunos no entregan bolsas para la compra de algunos productos, otros no entregan ninguna bolsas a menos que la adquieras.
Pero lo más importante es que no hay asociado un proceso educativo mediante el cual se explique el beneficio para el ciudadano, la ciudad y el ambiente disminuir el consumo de bolsas plásticas, cuáles son las alternativas y que pueden considerar – como un elemento – la promoción de bolsas ecológicas.
Lo interesante, y hemos tenido la oportunidad de decirlo en ámbitos empresariales, universitarios y comunitarios, es que la situación económica y el costo que representa la bolsa para la operación de las tiendas podría convertirse en una oportunidad para una acción coordinada entre distintos sectores para atender un problema “nada ligero”, complejo y que “a la calladita” tiene una importante incidencia en la gestión de residuos sólidos especialmente en zonas costeras. Aun ese proceso de coordinación no se ha dado ni siquiera entre sectores de un mismo ramo del comercio.
Mientras tanto, conociendo la problemática que generan las bolsas plásticas y esta tendencia sin guía que puede ser que se extienda masivamente en buena parte del país, me permito aportar a los ciudadanos algunas recomendaciones sencillas que pueden hacerlos parte de la solución y no del problema:
Cargue siempre su bolsa ecológica en su cartera, carro o bolso.
Cuando haga una compra analice si esta la puede llevar en sus bolsillos, cartera o morral. No pida la bolsa – aunque sea gratis – si no la necesita.
No pida doble bolsa en los supermercados. Las bolsas pueden soportar hasta 8 kilos de peso.
Por último comparta estas recomendaciones con su familia, sus amigos y sus vecinos. Al final ganamos todos.

Alejandro Luy
Gerente general de Fundación Tierra Viva
24 de enero de 2017

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Exhortación Pastoral: “Jesucristo Luz y Camino para Venezuela” De la CVII Asamblea de la CEV

CENTÉSIMA SÉPTIMA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA DEL EPISCOPADO VENEZOLANO

1. Al comienzo de un nuevo año, los obispos de Venezuela hacemos llegar a nuestros hermanos en la fe y a todos los ciudadanos los mejores votos, junto con nuestra oración, para que tengan un 2017 lleno de bendiciones. Como cristianos hemos celebrado en estos días el nacimiento y la manifestación de Jesús, el Señor, que ha venido como “luz del mundo” (Jn 8,12) y salvación para todos los pueblos. Él nos invita a iluminar los ambientes en que nos desenvolvemos con la claridad de la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad, procurando integrar a esta tarea a quienes no comparten nuestra fe o nuestras convicciones, pero quieren construir una convivencia fraterna y pacífica. Si bien hablamos como cristianos católicos, nuestras reflexiones y preocupaciones las ofrecemos a todos, sin distinción de credo, de inclinaciones políticas o sociales. El país nos duele a todos, y el clamor y la angustia de la gente son también nuestros.

 El OSCURO PANORAMA DE VENEZUELA

2. La actual realidad venezolana es extremadamente crítica. Una gran oscuridad cubre nuestro país. Estamos viviendo situaciones dramáticas: la grave escasez de medicinas y alimentos, ¡Nunca antes habíamos visto tantos hermanos nuestros hurgar en la basura en búsqueda de comida!, el deterioro extremo de la salud pública, la alta desnutrición en los niños, la ideologización en la educación, el altísimo índice de inflación con la consecuente pérdida del poder adquisitivo, la corrupción generalizada e impune, propiciada particularmente por el control de cambio, el odio y la violencia política, los elevados índices de delincuencia e inseguridad, el pésimo funcionamiento de los servicios públicos, dibujan un oscuro panorama que se agrava cada día que pasa, porque no se ponen correctivos a los males y porque la causa que los genera avanza como una tenaza que se va cerrando, con sus secuelas opresivas y destructoras. Esta cultura de muerte en la que estamos sumidos configura un estado de acciones y decisiones moralmente inaceptables que descalifica éticamente a quien lo provoca, mantiene o justifica.

3. La obstrucción del Referendo Revocatorio del mandato del Presidente de la República por parte del Consejo Nacional Electoral ha provocado rechazo, desencanto y frustración de la ciudadanía. El intento de cercenar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y la ola de represión y persecución política que se ha desatado en últimos días lesionan gravemente el ejercicio de la institucionalidad democrática. Sólo en regímenes totalitarios se desconoce la autonomía de los poderes públicos y se impide la libre manifestación de la ciudadanía.

4. Muchas son las razones que han conducido al país a la actual situación. La causa fundamental, como lo hemos afirmado en otras ocasiones, es el empeño del Gobierno de imponer el sistema totalitario recogido en el “Plan de la Patria” (llamado Socialismo del Siglo XXI), a pesar de que el sistema socialista marxista ha fracasado en todos los países en que se ha instaurado, dejando una estela de dolor y pobreza.

5. Es necesario incluir en el inventario negativo el infructuoso diálogo entre el Gobierno y la Oposición, en el cual la Sede Apostólica aceptó participar como facilitador por la invitación de las partes en conflicto. Dicho diálogo suscitó esperanza en la mayoría de los venezolanos, pero su resultado fue decepcionante, a causa, principalmente, del incumplimiento, por parte del Gobierno, de los acuerdos a que se había llegado en la reunión del 30 de octubre de 2016.

6. Agradecemos vivamente la disposición de servicio del Papa Francisco y lamentamos que su contribución a la paz de Venezuela haya sido mal interpretada. El diálogo, positivo y necesario en sí, exige, para ser fructífero y exitoso, una plataforma común de objetivos definidos y, sobre todo, una actitud de ánimo respetuosa y receptiva en los participantes, la cual conlleva superar la intolerancia y la autosuficiencia.

7. Los obispos venezolanos, en comunión con el Santo Padre Francisco, reiteramos las condiciones para continuar el diálogo señaladas por el Secretario del Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolín, en su carta del 01 de diciembre de 2016: “1. Aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas que está sufriendo la población. 2. Las partes concuerden el calendario electoral que permita a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro. 3. Se tomen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución; 4. Se apliquen los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación de los detenidos”.

LUCES PARA CONSTRUIR LA NUEVA VENEZUELA

8. El verdadero cristiano es “sal de la tierra y luz del mundo” (Mt 5,13.14). No esconde su luz, sino que la hace brillar delante de los hombres para que sus buenas obras iluminen a la sociedad y alaben al Padre celestial (Cf. Mt 5,16). Busca el bien común guiado por una conciencia recta.

9. ¿Cómo ser portadores de luz y esperanza en un panorama de oscuridad y de muerte? Este es el desafío que nos interpela más profundamente como ciudadanos y como creyentes. Los preceptos “ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 22,39) y “no matarás” (Ex 20,13), es la voz de Dios que resuena en el fondo de nuestras conciencias. La misión del cristiano, en cualquier circunstancia, es anunciar al Dios de la vida y revertir la cultura de muerte en cultura de vida.

10. Es necesario generar gestos valientes e iniciativas innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza (Cf. Rom 4,18), para construir una convivencia libre, justa y fraterna; es tarea que nos compete a todos, cada cual según su posición. Es una responsabilidad ineludible porque frente al mal nadie puede permanecer como simple espectador. El llamado es a ser protagonistas del presente y del futuro de nuestro querido país.

11. Las urgentes necesidades de las personas, familias y comunidades reclaman de las autoridades respuestas inmediatas. En este momento es necesario que el Estado venezolano acepte la ayuda internacional, ofrecida por varios países y organizaciones. La Iglesia pone a disposición su infraestructura organizativa (diocesana, parroquial, comunidades eclesiales, Cáritas y otros organismos) para ayudar a enfrentar las carencias de tantos hombres, mujeres y niños en situación de riesgo. Hay muchas otras instituciones e iniciativas privadas dispuestas a contribuir al bien de todos. Con el concurso de los medios y redes de comunicación promovamos la solidaridad nacional que nos lleve a encontrar respuestas valederas ante la urgencia de alimentación y salud.

12. Tal como declaramos en el Mensaje de la Asamblea Conjunta con los Laicos (08-09/01/17), estimamos que el pueblo clama por un cambio profundo de la orientación política del país que sea producto de la decisión del pueblo soberano (CRBV 5): o el Socialismo del Siglo XXI, ausente de la Constitución, o el sistema democrático establecido en la Constitución. El país exige un itinerario electoral, tal como se acordó en la Mesa de Diálogo.

13. Es urgente emprender entre todos acciones que conlleven a la superación de la crisis del país: reactivar el aparato productivo, garantizar la vigencia del Estado de derecho, reconstituir el tejido social fracturado, valorar la ética personal, familiar y comunitaria, fomentar la honestidad y la responsabilidad en la vida pública, promover la reconciliación entre las personas y grupos y, en definitiva, renovar la vida completa del país.

14. Ante la desesperanza reinante, que paraliza la dinámica de toda buena y oportuna iniciativa, exhortamos a todas las agrupaciones políticas, a las distintas confesiones religiosas, a los gremios y asociaciones, a las universidades y al amplio mundo educativo, a los medios de comunicación, a lograr puntos de encuentro que favorezcan la articulación de los diversos sectores en un proyecto común de país. Tengamos confianza y esperanza en nuestras capacidades para cambiar la actual situación.

15. Acogemos lo expresado en el Mensaje de Año Nuevo y la Jornada Mundial por la Paz de la Arquidiócesis de Caracas, “en torno a la liberación de los presos por hechos conexos con actividades políticas. Tanto el Poder Judicial como el Gobierno Nacional tienen instrumentos legales y constitucionales para poner en libertad inmediata a la mayoría de esos ciudadanos, más de un centenar, que sufren una prisión injusta. Además, aunque estuvieran presuntamente incursos en delitos, todos ellos deberían ser procesados en libertad, tal como lo dispone el Código Orgánico Procesal Penal”.

16. Pedimos a Dios que ilumine a nuestros dirigentes a fin de que se logren a la mayor brevedad los acuerdos necesarios para superar la crisis. Imploramos su bendición sobre todos los habitantes del país.

17. Invocamos a nuestra Madre, la Virgen María de Coromoto, para que interceda ante su hijo Jesucristo en estos momentos decisivos para el futuro de la patria. Invitamos a todos los ciudadanos a unirse a nuestras súplicas y a ser luz y camino para Venezuela.

 

 

Los Arzobispos y Obispos de Venezuela.

Caracas, 13 de enero de 2017.

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Provea advierte que declaratoria de abandono de cargo agrava crisis institucional

En opinión de Provea toda salida a la crisis del país debe darse en el marco de la Constitución y la ley. Por ello preocupa que la declaratoria de “abandono de cargo”, como está siendo promovida por algunos voceros políticos, es una interpretación forzada de la Constitución que agravará el debilitamiento de la institucionalidad democrática en nuestro país.

El pasado 5 de enero de 2017, al realizar su discurso de toma de posesión, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges expresó: “Nicolás Maduro al abandonar la Constitución, abandonó el cargo. Con esta decisión la Asamblea abre las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles, desde gobernadores, alcaldes, Presidente de la República”. A raíz de dicha declaración diferentes diputados han expresado la necesidad de que antes del 10 de enero el hemiciclo parlamentario declare el “abandono del cargo”, como lo expresa el artículo 233 de la Constitución, para convocar elecciones en los treinta días siguientes. Esta iniciativa estaría precedida por la declaratoria de la “responsabilidad política” del primer mandatario sobre la crisis del país, por parte de la Asamblea Nacional, fundamentada en los artículos 187, 222 y 232 de la Carta Magna. En opinión del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) el Presidente de la República es el principal responsable de la situación de pobreza de millones de venezolanos y venezolanas, así como del desvío dictatorial como secuela de la declaratoria indeterminada de un estado de excepción y de la suspensión indefinida de los procesos electorales en el país hasta que pueda garantizar resultados favorables. Sin embargo, la declaratoria de “abandono de cargo” es una interpretación forzada de la Constitución, que contribuye a agravar el debilitamiento de la institucionalidad democrática en nuestro país.

Hemos reiterado en diferentes oportunidades que el TSJ ha sido uno de los protagonistas de la crisis democrática en el país, perdiendo su condición de árbitro independiente

Provea ha rechazado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya avalado y apoyado la ausencia de democracia en nuestro país, mediante decisiones ilegales e inconstitucionales, que han permitido al gobierno de Nicolás Maduro convertirse en una dictadura del Siglo XXI. Hemos reiterado en diferentes oportunidades que el TSJ ha sido uno de los protagonistas de la crisis democrática en el país, perdiendo su condición de árbitro independiente. Si el máximo tribunal del país ratifica el presunto desacato de la Asamblea Nacional, y toma la decisión de anular su nueva directiva continuaría erosionando la ya débil institucionalidad democrática, aumentando la conflictividad política en Venezuela y estimulando confrontaciones violentas entre la población. No obstante y con la misma energía, deploraríamos que la Asamblea Nacional pueda adoptar decisiones vulnerando el estado de derecho y la legalidad vigente, mediante interpretaciones forzadas, convirtiéndose en otro promotor del quiebre democrático e institucional.

Históricamente Provea ha rechazado las salidas políticas al margen de la Constitución y las leyes, independientemente del sector que las promueva. Provea considera que la ausencia de democracia en Venezuela se soluciona con mayor democracia, no realizando maniobras en la interpretación de la Constitución. La recuperación del hilo constitucional empieza por respetar los mecanismos de consulta popular que están claramente expresados en ella. Las autoridades electorales deben proceder a convocar, en el plazo más pronto posible, las elecciones regionales que legalmente debieron realizarse en diciembre pasado. Además, tanto el Consejo Nacional Electoral como los tribunales del país deben permitir la realización de un proceso revocatorio como ha sido solicitado por un sector de los ciudadanos del país, apelando al derecho a evaluar la gestión de los funcionarios electos tal y como se encuentra presente en la Carta Magna. La voluntad de los electores debe respetarse, no obstaculizando los mecanismos mediante los cuales el soberano pueda expresarse y permita iniciar el proceso de reconstrucción democrático en Venezuela.

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Conferencia Episcopal Venezolana | Mensaje de la presidencia ante la crisis que golpea a Venezuela

Caracas, 17 de diciembre de 2016

1. Las recientes medidas de carácter económico y monetario implementadas por el Gobierno Nacional han agudizado la crisis que golpea a nuestra nación y a todos los ciudadanos. Las palabras del profeta Jeremías salen a nuestro encuentro para describir la situación que en estos días ha vivido nuestra gente: “Mi dolor no tiene remedio, mi corazón desfallece. Los ayes de mi pueblo se oyen por todo el país…Sufro con el sufrimiento de mi pueblo, la tristeza y el terror se han apoderado de mí” (Jer. 8,18-19.21)

2. Poner fuera de circulación, en este momento del año, el billete de más alta denominación (Cien bolívares) y la manera apresurada de implementar la medida han causado graves molestias a toda la población y han provocado indignación, rechazo y violencia. Lo que quizás desde las altas esferas del Gobierno se pensó que sería una medida para ir resolviendo la crisis económica se revirtió contra el pueblo más sencillo. Los pobres, como siempre suele suceder, han sido los más perjudicados y los más indefensos con las decisiones tomadas. De hecho, también amplios sectores populares –campesinos, obreros, jefes de familia- por no tener cuentas bancarias han sido enormemente perjudicados y dejados a la “buena de Dios”. Existe una gran incertidumbre en la gente al no saber que pasará con su dinero y con sus ahorros. Esto, además de afectar y a muchas personas, puede generar violencia y disturbios.

3. Por eso, queremos elevar nuestra voz para que sirva de eco a los clamores de nuestra gente, en especial las grandes masas populares, que de la noche a la mañana se han quedado prácticamente sin recursos ni poder adquisitivo a fin de poder conseguir los insumos necesarios para su alimentación, transporte, medicinas y para cubrir los gastos necesarios de la cotidianidad.

4. La gente, que en largas colas con un mínimo de esperanza aguardaban alguna respuesta o caminos de solución se ha sentido desprotegida por todos los dirigentes políticos. El Gobierno ha llevado a cabo medidas terribles y precipitadas que perjudican a todos, sin tener en cuenta que son servidores de un pueblo que de verdad está sufriendo el menosprecio de todos los dirigentes políticos. Por otra parte, salvo algunos dirigentes individuales, la oposición tardó mucho en pronunciarse colectivamente al respecto. Al caminar por las comunidades escuchamos muchas críticas hacia todos los dirigentes políticos del país, lo cual resulta enormemente peligroso. Muchos hombres y mujeres no dejan de expresar sus sentimientos de frustración y de abandono por parte de quienes debían estar dando la cara y promoviendo soluciones justas.

5. A esto se une el aprovechamiento de quienes quieren sacar ganancias de la crisis que vive el país. Lamentablemente existen grupos y mafias que acaparan, colocan sobreprecios y ahora pretenden ser los primeros en ser atendidos para lo referente al cambio y depósito de la moneda que está siendo sacada de circulación. Al tener un oído en el pueblo y otro en Dios, como pastores de nuestro pueblo, queremos ratificar nuestra cercanía hacia él y nuestra decidida opción por los más pobres: lo hacemos desde el ejercicio de un discernimiento evangélico, donde se intenta reconocer —a la luz del Espíritu— «una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada; en ella y por medio de ella Dios llama al creyente» [E.G. 154].

6. A nuestra gente, en particular los más pobres y excluidos, queremos hacerles sentir nuestra cercanía. Para ello, les invitamos a ser protagonistas de su propio desarrollo. El sujeto social –es decir, el pueblo- es el verdadero protagonista de la democracia. Sin acudir a la violencia, deben manifestar pacíficamente su descontento así como exigir el derecho de ser escuchados y atendidos.

7. A todos los dirigentes políticos, económicos y sociales, de cualquier signo y color, les invitamos a ponerse del lado del pueblo y a buscar, en sintonía con el mismo, soluciones que beneficien a todos. No es momento para darles la espalda o para hacer oídos sordos a sus clamores. Al Gobierno Nacional, en todas sus instancias, particularmente el Ejecutivo, les pedimos que de verdad escuchen los clamores de la gente y resuelvan los gravísimos problema que han provocado con esas improvisadas y nocivas medidas.

8. A todos los cristianos católicos y hombres de buena voluntad en Venezuela les invitamos a mostrar la fuerza de la caridad y de la solidaridad en este tiempo de preparación a la Navidad. La imagen de José buscando posada para María y el Niño por nacer, al ser rechazado donde la pedía, expresa muy bien lo que está viviendo nuestra gente. Pedimos que en todas nuestras parroquias, comunidades eclesiales, comunidades de vida consagrada y hogares católicos se puedan abrir las puertas para que quienes verdaderamente lo necesiten encuentren un consuelo y ‘puedan compartir desde un poco de alimento hasta la auténtica alegría que nos da el nacimiento del Salvador. No nos dejemos robar ni la alegría ni la esperanza ni la Paz.

9. María de Belén, nuestra Señora de la Coromoto, junto con San José y el Niño Jesús nos acompañen y que, al celebrar el misterio de la Navidad podamos sentir la fuerza que viene de lo alto, con la cual podamos mirar el futuro del Reino de Dios, que lo es de justicia, paz y amor.

Con nuestra afectuosa bendición.

+Emmo. Sr. Cardenal

Jorge Urosa Savino

Arzobispo de Caracas

Presidente de Honor de la CEV

+Emmo. Sr. Cardenal

Baltazar E. Porras Cardozo

Arzobispo de Mérida

Presidente de Honor de la CEV

+Diego Rafael Padrón Sánchez

Arzobispo de Cumaná

Presidente de la CEV

+José Luis Azuaje Ayala

Obispo de Barinas

1° Vicepresidente de la CEV

+Mario Moronta Rodríguez

Obispo de San Cristóbal

2° Vicepresidente de la CEV

+Víctor Hugo Basabe

Obispo de San Felipe

Secretario General de la CEV

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