El TSJ acabó con la democracia en 2016

“La paz sólo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen qué comer y cuando los individuos y las naciones son libres”
Dalai Lama

“Privar a las personas de sus derechos humanos es
poner en tela de juicio su propia humanidad.”
Nelson Mandela

Comienza un año nuevo y con este siempre nace la esperanza y, por ende, una oportunidad para alcanzar nuevas metas y propósitos. Sin embargo, Acceso a la justicia, considera importante evaluar lo acontecido en el transcurso del año pasado haciendo un balance de lo sucedido; especialmente ante el ataque que emprendió el TSJ contra la Asamblea Nacional desde que la oposición ganó las elecciones parlamentarias y en virtud del cual ha dictado más de 50 sentencias en que ha violado 8 derechos políticos y 5 socioeconómicos, además de principios constitucionales básicos, con la única intención de violentar un poder público electo democráticamente y darle más poder al Ejecutivo.

Adicionalmente con las reiteradas declaratorias de Estado de Excepción que han sido en sí mismas violatorias del ordenamiento jurídico por cómo se han dado, se han restringido derechos adicionales a los ya mencionados.
A continuación un resumen que, a nuestro entender, retrata perfectamente la gravedad de la situación actual, consecuencia de las más de 60 decisiones del TSJ en el sentido explicado.
Elegir, opinar y mucho más: Los derechos políticos y la libertad de expresión
Es con una decisión de la Sala Electoral poco antes de que empezara el 2016, la N° 260 del 30 de diciembre de 2015, que se suspende “provisionalmente” a cuatro diputados electos del estado Amazonas, que el CNE había ya proclamado, y se genera la causa-raíz de todo lo que aconteció en el periodo 2016.

De hecho, con este fallo se sentó la base para trastocar los pilares fundamentales en que descansa la democracia representativa del país, que regula los artículos 5, 62 y 201 de la Constitución, especialmente al desconocer el derecho al voto, el principio de la soberanía popular y sobre todo, la voluntad popular expresada por los electores en los comicios celebrados en el estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015.

Desde entonces el TSJ dejó al estado Amazonas sin representación política en el órgano legislativo, violando así los derechos de representación de los electores de esta entidad, irregularidad que fue reforzada con otras sentencias de la Sala Electoral, las Nos. 108 y 126.

Lo anterior dejó en el 2016 muchas incertidumbres, la más grave, es que todavía se espera por una decisión que restituya a los diputados suspendidos o anule definitivamente la elección del 6 de diciembre en el estado y convoque a nuevas elecciones.

Pero esta inconstitucionalidad creada por la Sala Electoral, además, resultó agravada por la labor del juez constitucional, especialmente con sentencia No. 808 del 2 de septiembre, en que declaró a los diputados de la Asamblea Nacional en desacato, con motivo de la incorporación y juramentación de los diputados electos por el estado Amazonas. Esta posición fue ratificada por la misma Sala Constitucional en sentencia No. 810 de 21 de septiembre.

Destaca Acceso a la justicia que este fue el argumento clave que acogió “el guardián de la Constitución”, sobre todo en el último trimestre del 2016 para declarar la nulidad de todos los actos emanados de la AN y, por ende, impedir el ejercicio de sus funciones legislativas, deliberativas y contraloras. Y, parece ser que esta será la línea inconstitucional que abiertamente se impondrá en el 2017 como lo demuestran ya las primeras sentencias del año de la Sala Constitucional, las N° 2 y N° 3, ambas del 11 de enero.

Si nos atenemos, en efecto, a las sentencias dictadas por el máximo tribunal del país, claramente se advierte que el 2016 estuvo marcado por una labor jurisprudencial que fomentó la hegemonía gubernamental y, al mismo tiempo, truncó las facultades de la AN. Pero lo más grave es que profundizó la situación caótica de los Derechos Humanos de los venezolanos. El TSJ creó, en definitiva, un clima de zozobra en el país, infundiendo, además, frustración en la población por decisiones desconectadas de los problemas concretos de los venezolanos.

En este sentido, resultó particularmente grave la sentencia de la Sala Constitucional N° 1.086 del 13 de diciembre en que designó a Socorro Hernández y Tania D´Amelio, junto a sus respectivos suplentes, como rectores del Consejo Nacional Electoral, usurpando las funciones de la AN en flagrante violación del texto constitucional y, por ende, quebrantando los derechos políticos, además que configuró un fraude constitucional a lo previsto en el artículo 296, porque violó groseramente el principio de la democracia representativa, que es consustancial al Poder Legislativo, órgano representativo por excelencia del pueblo.

Lo anterior muestra claramente que en el 2016 los quebrantamientos a los derechos políticos estuvieron a la orden del día. En esa misma línea, la primera sentencia que la Sala Constitucional dictó el año pasado, con ocasión de un recurso de interpretación constitucional, vulneró el derecho de asociación con fines políticos consagrado en el artículo 67 de la Carta venezolana, entre otras cosas, porque la Sala ordenó al CNE a abrir un procedimiento para renovar la inscripción de las organizaciones políticas y utilizar para ello el sistema biométrico de identificación para evitar que un mismo ciudadano apareciera como militante de uno o varias agrupaciones. La Sala, en este caso, interpretó arbitrariamente que la doble militancia está prohibida en el país.

La anterior sentencia estuvo reforzada con una aclaratoria que se produjo en el fallo N° 878 del 21 de octubre en que se desprende que la Sala Constitucional busca cancelar a los partidos políticos en el país cuando estos no cumplan con la exigencia de la verificación de los datos de sus asociados a través de un mecanismo -biométrico- no contemplado expresamente en la legislación venezolana. Este criterio, al mismo tiempo, fue avalado por la Sala Electoral con la sentencia N° 197 del 15 de diciembre al rechazar una recurso judicial que pretendía la revisión de las normas dictadas por el CNE impuestas por la Sala Constitucional.
La violación a los derechos políticos también se verificó con la sentencia N° 147 del 17 de octubre mediante la cual la Sala Electoral interpretó, alejada de lo que pauta el artículo 72 de la Constitución, así como los artículos 15 y 29 de las normas del CNE para regular el procedimiento de promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargo de elección popular. Su interpretación, en efecto, buscó obstaculizar el referendo revocatorio presidencial que había activado la organización política Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Es necesario acotar que este proceso revocatorio fue suspendido, finalmente, por el CNE atendiendo además a medidas cautelares dictadas por cuatro tribunales penales regionales, de Apure, Aragua, Bolívar y Carabobo, por supuestos fraudes en la recolección del 1% de las manifestaciones de voluntad de los electores que se habían recogido en el mes de abril. Esta decisión fue avalada por la Sala Electoral con la sentencia N° 153 del 10 de noviembre al desestimar una acción de amparo presentada contra esta suspensión decretada por el CNE.

Otro derecho político ignorado por el TSJ fue el derecho a manifestar pacíficamente que está consagrado en la Constitución (artículo 68). Destaca, en este caso, la sentencia N° 948 del 15 de noviembre que dictó la Sala Constitucional, Igualmente, la sentencia N° 2016-0120 del 18 de mayo de 2016 emanada de la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativa fue una grosera violación a este derecho, cuando ordenó a las autoridades de la GNB, PNB y de los municipios a que adoptaran medidas necesarias para impedir las marchas, protestas, concentraciones y manifestaciones no autorizadas o violentas, con la finalidad de resguardar las instalaciones del Poder Electoral y a sus trabajadores.

La Sala Constitucional limitó inconstitucionalmente, de igual modo, el derecho a la libre expresión del pensamiento, que está garantizado en el artículo 57 de la Carta Fundamental, en la sentencia N° 429 del 8 de junio.

Hay que destacar, al respecto, que en el mes de diciembre pasado existió en la Sala Político-Administrativa una tendencia deliberada de opacidad, a la falta de rendición de cuentas y al bloqueo informativo que impidió el ejercicio del derecho a la información administrativa, y que puede apreciarse de manera muy clara en las sentencias Nos. 1.447 1.448 1.463 1.464 1.465 1.466 1.523 1.526 1.527 1.534 1.561 1.562 emanadas el 15 de diciembre, a través de las cuales rechazó varias solicitudes presentadas por la organización Transparencia Venezuela relacionadas a presuntos casos de corrupción administrativa en el país.
Propiedad, pensiones y bienestar general: los derechos socioeconómicos y el derecho a la información

El TSJ tampoco ofreció garantías en los derechos referentes a la libertad económica (artículo 112 constitucional) y la propiedad privada (artículo 115 constitucional), según la sentencia N° 882 del 9 de agosto de la Sala Político-Administrativa. Pero es, especialmente, la sentencia N° 343 del 13 de abril, dictada por la Sala Constitucional que abiertamente violó el derecho a la propiedad privada, al declarar la nulidad de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros Programas Habitacionales del Sector Público que dictó la AN en sesión del 13 de abril para reivindicar el derecho de propiedad a cada uno de los beneficiarios de la GMVV.

La indefensión de los ciudadanos también se hizo presente con el menoscabo de otros derechos humanos. Un caso emblemático fue el que recayó en la sentencia N° 327 del 28 de abril a través de la cual la Sala Constitucional violó el derecho a disfrutar de una pensión o jubilación digna e igual al salario mínimo vital, garantizado en el artículo 80 de la Constitución.

Tampoco fueron garantizados los derechos de los docentes con la declaratoria de nulidad de la Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, en sentencia N° 1.012 del 25 de noviembre dictada por la Sala Constitucional.

El derecho a la salud (artículos 83 y 84) también fue negado por esta Sala a través del fallo N° 460 del 9 de junio al declarar la inconstitucionalidad de la Ley Especial para Atender la crisis Nacional de Salud que había sido sancionada por la AN para atender la crisis del país ante la indiferencia del Ejecutivo Nacional.

Se constató, igualmente, que la Sala Constitucional negó a los venezolanos durante el 2016 el derecho al bienestar social (artículo 320) con la sentencia N° 259 del 31 de marzo de 2016 al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 3 de marzo de 2016.

En este sentido, la Sala Político-Administrativa también atentó contra el ejercicio legítimo del derecho a la información oportuna contenido en el artículo 58 y del derecho a la información administrativa contemplado en el artículo 143, mediante la sentencia N° 858 del 9 de agosto a través de la cual rechazó la demanda presentada por algunos diputados opositores en contra del Banco Central de Venezuela (BCV) por no publicar los datos de la inflación correspondientes al año 2015.

Lo más grave: el fin de la democracia con la normalización de la excepcionalidad y la anulación del parlamento venezolano

Para Acceso a la justicia resulta particularmente grave, en materia de DD.HH., los Estados de Excepción y sus prórrogas dictados por el Presidente de la República durante el 2016 a espaldas de la Constitución, porque, entre otras razones, afectaron directamente los derechos como libertad personal, tránsito, propiedad, libertad de expresión, reunión, manifestación, libertad sindical y huelga, violaciones estas que fueron avaladas por “el custodio de la Constitución” al declarar la constitucionalidad de estos actos de gobierno sin objeción alguna, tal como se aprecia en las sentencias No. 4 del 20 de enero No. 7 del 11 de febrero No. 184 del 17 de marzo No. 411 del 19 de mayo No. 615 del 19 de julio No. 810 del 21 de septiembre No. 952 del 21 de noviembre.

Es fundamental destacar que bajo este marco jurídico “excepcional” creado en el 2016, la Sala Constitucional aplicó un “modelo paralelo” divorciado al espíritu y letra de la Carta venezolana para garantizarle al Ejecutivo “una zona de confort” sin ningún tipo de control -político y jurídico-. Este “modelo paralelo” está presente además en al menos 40 sentencias a partir de las cuales la Sala Constitucional cercenó las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, entorpeciendo el equilibrio que debe existir entre los poderes públicos, que proclama el artículo 136 constitucional, con lo que profundizó aún más la crisis institucional.

Si recapitulamos un poco lo que pasó con la AN, esta fue suplantada por la Sala Constitucional en materias tales como: el control presupuestario mediante sentencia N° 814 del 11 de octubre de 2016; el control político que ejerce sobre el gobierno, la administración pública y otros poderes públicos a través de las sentencias N° 6 del 4 de febrero, N° 9 del 1 de marzo, N° 797 del 19 de agosto y, especialmente, el fallo N° 948 del 15 de noviembre, que impidió realizar el juicio político contra el Presidente de la República.

Así mismo, la Sala impidió a la AN las investigaciones que llevaba a cabo sobre la empresa estatal Pdvsa en sentencia N° 893 del 25 de octubre y obstaculizó el control sobre el BCV con los fallos N° 259 del 31 de marzo y N° 618 del 20 de julio.

También le negó a la AN ejercer la función legislativa para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 341 del 5 mayo; decretar amnistías en sentencia N° 264 del 11 de abril; presentar proyectos de ley y, en especial, proponer enmiendas a la Constitución con la sentencia N° 274 del 21 de abril.

La Sala Constitucional también hizo caso omiso a la Constitución al impedirle a la AN reglamentar autónomamente su funcionamiento, mediante la sentencia N° 473 del 14 de junio, así como ejercer la potestad revocatoria sobre sus actos para modificarlos y eliminarlos, según las sentencias N° 9 del 1 de marzo y N° 225 del 29 de marzo.

La peor sentencia del año: la que exonera al Presidente de requisitos indispensables para ejercer su cargo y muestra la total parcialidad del TSJ

No podía faltar en nuestro balance la sentencia N° 907 del 28 de octubre que hemos catalogado como la peor sentencia del 2016, en donde la Sala Constitucional decidió que Nicolás Maduro Moros es venezolano por nacimiento y que no posee otra nacionalidad y, que es quizás, el fallo más emblemático de cómo el máximo tribunal del país ha abandonado completamente la búsqueda de la justicia para complacer los deseos y necesidades del Presidente y su partido de gobierno.

Se trata de una sentencia con pocos argumentos jurídicos y los que tiene son falsos, en que el juez actúa al margen de sus funciones propias, como una suerte de registrador y que es un ejemplo muy ilustrativo del despotismo judicial que imperó en Venezuela en 2016.

Al revisar este balance cualitativo, en definitiva, solo podemos concluir que en el 2016, el TSJ ejerció un control arbitrario sobre el poder legislativo para amputarle, como autoridad legítimamente electa, sus funciones a través de numerosas sentencias, producto de acciones ejercidas por el propio Presidente de la República u otros representantes del gobierno, con lo cual legitimó las actuaciones del gobierno contrarias a la Constitución, los principios democráticos, el Estado de Derecho y, sobre todo, a los Derechos Humanos, afectando con esto todos los principios del Estado social democrático de Derecho y de Justicia que consagra la Constitución venezolana.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

En el 2016, el TSJ, en especial a través de sus salas Constitucional y Electoral, permitió la concentración de poder en el Ejecutivo Nacional y la “muerte” del Poder Legislativo. El resultado más trágico de esta labor fue el deterioro de la dignidad de los venezolanos, así como la profunda y multidimensional crisis que vivió el país con este choque de poderes, y que pareciera no amainar en este nuevo año y llevarnos a la implantación de una dictadura militar.

Por eso, en el 2017 Acceso a la justicia seguirá comprometida con el país para la defensa de la independencia judicial, la defensa de la justicia, la democracia, la libertad, además del respeto por los derechos humanos, el Estado de derecho y la separación de poderes.

Irene María De Sousa
Responsable de medios
Acceso a la Justicia
El Observatorio Venezolano de la Justicia
Teléfonos: (0426) 804.52.41 (0412) 595.02.83

Cárceles y nuevo plan de seguridad

Nicolás Maduro acaba de anunciar una reformulación del Plan Patria Segura que fue presentado en el año 2013, ahora llamado Carabobo 2021 y que viene a ser el plan número 25 que se hace desde que Hugo Chávez tomo el poder en el año 1999, diecisiete años después podemos decir que todos han fracasado y hoy en día Venezuela es el segundo país con mayor índice de inseguridad en el mundo y Caracas la ciudad más peligrosa, según el último informe del Observatorio Venezolano de Violencia.

El Plan Patria segura originalmente tenía 9 vértices de acción: 1. Prevención integral y convivencia solidaria; 2.- Fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana; 3.- Transformación del sistema justicia penal y creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos; 4.- Modernización del sistema penitenciario venezolano; 5.- Sistema nacional de atención a víctimas de violencia; 6.- Creación y socialización de conocimiento para la convivencia y seguridad ciudadana; 7.- Lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas; 8.- Lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo y 9.- Fortalecimiento de la política para el control de armas de fuego y municiones y el desarme en el territorio nacional.

Es claro que todos estos vértices de acción fracasaron, no los ejecutaron y por eso ahora lo reformularon y establecieron ahora 5 ejes de acción para esta nueva fase del Plan Patria Segura o Carabobo 2021 que son: 1.- Expansión de todos los planes deportivos, culturales y de creación de valores, que conforman el Movimiento por la Paz y la Vida; 2.- Reimpulsar el Patrullaje Inteligente establecido en el Plan Patria Segura, a través de la activación de todos los cuerpos policiales del país; 3.-Ampliación de los Cuadrantes de Paz en el territorio nacional, con capacidades sociales y comunicacionales entre los cuerpos de seguridad, y la comunidad; 4.- Fortalecimiento del Sistema de Protección Popular para la Paz (SP3); 5.- Reformular y hacer más eficientes las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) y 6.- Establecer Casas de Justicia en las comunidades.

Maduro designó como responsable de la ejecución de esta nueva propuesta del plan Patria Segura a el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami; en conjunto con la primera dama, Cilia Flores; el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol Torres; sus viceministros, directores de entes y cuerpos de seguridad; y el ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López.

Yo quiero referirme hoy a un tema que me preocupa de este plan y que creo será la piedra del zapato para el éxito de su aplicación, y que no se tomó en cuenta en estos nuevos ejes de acción y no es otro que donde van a llevar a los delincuentes que sean detenidos en los operativos que se ejecuten pues no hay recintos carcelarios, ni centros de detención preventiva donde llevarlos, el sistema penitenciario está colapsado y en un completo caos, no hay espacio en Venezuela donde llevar nuevos presos.

En un informe elaborado en el mes de diciembre por Una Ventana a la Libertad dio como resultado que en los Centros de Detención Preventiva hay 378% de hacinamiento y en las cárceles a cargo del Ministerio para el Servicio Penitenciario supera el 250%. Tenemos una población de 100 mil reclusos, 55 mil en las cárceles tradicionales y 45 mil en los Centros de Detención Preventiva y solo hay cupo para 20 mil reclusos, se necesita espacio para tener 80 mil reclusos lo que equivaldría a 80 nuevas cárceles para mil reclusos cada una.

La situación es de extrema gravedad tanto las cárceles nacionales que dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario como los Centros de Detención Preventiva que dependen de los diferentes cuerpos policiales, no tienen espacio donde albergar nuevos detenidos por lo que los delincuentes que sean aprendidos en el marco de este plan no tendrán lugar donde llevarlos.

No puede ser eficiente un plan de seguridad que no tiene un lugar a donde llevar a los delincuentes que detengan, el Estado venezolano debe avocarse a solucionar este problema si pretende desarrollar un plan que sea exitoso y beneficie a la comunidad.

Lamentablemente desde la época en que el ahora Vicepresidente de la República Tareck El Aissami era Ministro de Interiores y Justicia donde presento un Plan de Humanización Penitenciaria que contemplaba la construcción de 25 nuevos recintos carcelarios, aunque solo hizo 3, y las promesas de la Ministra Penitenciaria hace 5 años de construir un recinto carcelario nuevo para procesados en cada estado del país y de la cual solo ha hecho 3, han llevado, estas falsas promesas, a colapsar el sistema penitenciario venezolano y el hacinamiento carcelario ha tomado proporciones nunca vistas.

El gran problema para implementar el plan de seguridad que aspira el régimen es que no tienen donde llevar a los delincuentes que apresen, sin dudas un gran problema que les será difícil resolver.

cnietopalma@gmail.com

CIDH expresa preocupación por situación de personas migrantes venezolanas y llama a Estados de la región a implementar medidas para su protección

25 de enero de 2017
Washington, D.C. – La Comisión expresa su preocupación ante la información que indica que un gran número de venezolanos se han visto forzados a migrar a otros países de la región como mecanismo de supervivencia, como consecuencia de la situación humanitaria, en particular a los efectos que vienen ocasionando la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos. Ante la falta de canales legales, regulares y seguros para migrar, muchas personas no han tenido otra opción que recurrir a canales clandestinos que provee la migración irregular, a través de riesgosas rutas terrestres y marítimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama los Estados Miembros de la OEA a adoptar medidas para reforzar los mecanismos de responsabilidad compartida con relación a la situación de los migrantes venezolanos, a la vez que les insta a no adoptar medidas que limiten o vulneren los derechos humanos de los migrantes y de los solicitantes de refugio procedentes de Venezuela.

En este orden de ideas, la CIDH expresa su preocupación ante las actuaciones llevadas a cabo el pasado 9 de diciembre en Brasil con el objeto de deportar a aproximadamente 450 personas migrantes venezolanas en situación migratoria irregular de Boa Vista, estado de Roraima, Brasil, cerca de la frontera con Venezuela. Las personas migrantes eran en su mayoría indígenas del Pueblo Indígena Warao, entre los que se encontraban hombres y mujeres, así como más de 180 niños y niñas, incluyendo recién nacidos.

De acuerdo con información de público conocimiento, en la madrugada del 9 de diciembre de 2016 se realizó un operativo de control migratorio en la Feria del Passarão, en la ciudad de Boa Vista, con el fin de detectar, detener y expulsar a personas migrantes venezolanas en situación indocumentada en Brasil. Como resultado de este operativo, alrededor de 450 personas migrantes venezolanas, en su mayoría indígenas Warao, fueron puestas en detención migratoria, mientras esperaban para ser deportadas.

Durante el tiempo que permanecieron detenidas, a los indígenas Warao no se les habría permitido exponer sus circunstancias individuales y colectivas ni establecer contacto con miembros de la Pastoral y otras organizaciones de la sociedad civil que deseaban orientarlos y darles asistencia legal. En el mismo día las personas migrantes venezolanas fueron montadas en autobuses para ser trasladadas hasta la ciudad de Santa Elena de Uarién, en la frontera entre Brasil y Venezuela, en donde serían entregadas a las autoridades migratorias de Venezuela.

Ante estos hechos, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) de Brasil presentó un recurso de habeas corpus con solicitud de medida cautelar, a efectos de detener la expulsión colectiva de las personas migrantes venezolanas, por ser estos hechos violatorios de la Constitución de la República y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Tribunal Federal publicó la decisión del habeas corpus mediante la cual concedía la medida cautelar y ordenaba asegurar el derecho a permanecer en el país a la colectividad de venezolanos hasta que se haya proferido la decisión final en un proceso administrativo en el que se garantice el debido proceso legal. El 10 de diciembre de 2016 se detuvo la deportación de las personas migrantes venezolanas. La Comisión destaca la importancia de las medidas emprendidas por la Defensoría Pública de la Unión y la decisión del Tribunal Federal como medidas ejemplares a efectos de salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes venezolanas.

De conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la CIDH recuerda al Estado brasileño que tiene la obligación de implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida, integridad y seguridad de todas las personas migrantes bajo su jurisdicción. La garantía efectiva del derecho a la vida exige que el Estado adopte medidas especiales de prevención, protección y asistencia cuando tiene conocimiento de situaciones de personas migrantes o necesitadas de protección internacional en tránsito o en fronteras internacionales que se encuentran en peligro. Estas medidas deben abordar las necesidades especiales de las personas migrantes o en necesidad de protección internacional en materia de edad, género, así como cualquier otra situación de vulnerabilidad, como puede ser el hecho de ser miembro de un pueblo indígena. La asistencia del Estado debe ser proporcionada sin discriminación y de manera culturalmente apropiada a todas las personas migrantes o necesitadas de protección internacional en grandes movimientos migratorios, incluyendo atención médica, comida y agua adecuadas, mantas, ropa, artículos sanitarios y oportunidades de descanso. A su vez, el Estado también tiene la obligación de establecer medidas para responder a las necesidades especiales de la niñez migrante o en necesidad de protección internacional. Asimismo, el Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que no se apliquen perfiles raciales en el marco de operativos de control migratorio.
La Comisión toma nota de que el pasado 6 de diciembre de 2016, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de Ley 2.516/15, mediante el cual se busca establecer una nueva Ley de Migración. La Comisión insta al Estado brasileño para que la ley sea aprobada y se encuentre acorde con un enfoque de derechos humanos e incorpore las normas y estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos.

Al respecto la Comisión recuerda a los Estados de la región que la detención migratoria debe ser una medida excepcional, de último recurso y siempre por el menor tiempo posible, una vez realizada una evaluación individualizada de cada caso y a la consideración de medidas alternativas. Asimismo, los Estados no pueden recurrir a la detención migratoria de niñas o niños y sus padres para cautelar los fines de un proceso migratorio o un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado.

La CIDH también recuerda que de acuerdo con normas y estándares internacionales es obligación de los Estados identificar dentro de las personas migrantes a aquellas que tengan necesidades especiales de protección, tales como solicitantes de asilo y refugiados, personas con necesidades de protección complementaria, víctimas de trata, entre otros, y adoptar medidas para su protección. Los Estados también deben adoptar medidas para garantizar los derechos al debido proceso y a la protección judicial en el marco de procedimientos migratorios y de determinación de la condición de refugiado, a la unidad familiar, a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución (non-refoulement) y la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros. Los procedimientos migratorios, en particular los que puedan conllevar la deportación de migrantes, deben analizar, fundamentar y decidirse de forma individual y respetar garantías mínimas tales como el derecho a ser escuchado por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendiente a su deportación y a tener una oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa; a contar con interpretación y traducción; a contar con representación legal; a la protección consular; a recibir una notificación de la decisión que ordena su deportación; a acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación; a impugnar la decisión de deportación; y a que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación.

Según información de público conocimiento, la migración de personas de nacionalidad venezolana a los Estados de la región ha venido aumentando de forma exponencial en los últimos años. En este sentido, la Comisión observa con suma preocupación el aumento exponencial en el número de solicitantes de asilo provenientes de Venezuela. De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para finales de 2012, la cifra de solicitantes de asilo de Venezuela era de 505, pasando a 1.153 en 2013, 4.820 en 2014 y 15.094 para finales de 2015. Lo anterior representa un aumento porcentual de 2.889% en el número de personas venezolanas que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en el exterior entre 2012 y 2015.

Con relación al aumento de la migración de personas venezolanas a los países de la región, dentro de un marco de responsabilidad compartida, la Comisión insta a los Estados de la región a adoptar medidas tendientes a brindar un trato humanitario y respuestas de protección internacional a personas procedentes de Venezuela a través de la protección de los refugiados, a considerar formas de protección complementaria de conformidad al artículo 22.8 de la Convención Americana, a aplicar regímenes de visas humanitarias, a aplicar regímenes de protección temporal por razones humanitarias, así como aplicar otras alternativas de regularización con base en la normativa migratoria nacional y regional.

Asimismo, la Comisión expresa su preocupación por la decisión de Venezuela de cerrar sus fronteras. Venezuela decretó el cierre de la frontera con Brasil el pasado 14 de diciembre de 2016. El cierre de la frontera con Brasil se suma al ya existente cierre de la frontera con Colombia desde agosto de 2015. Al respecto, la CIDH insta a Venezuela a dejar sin efectos todas aquellas medidas que obstaculicen el derecho de todas las personas a salir del territorio venezolano, así como a solicitar y recibir asilo, a solicitar y recibir protección complementaria u otra respuesta de protección.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Datos de contacto:
María Isabel Rivero | Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
Tel. (1) 202 370 9001
mrivero@oas.org

 

¿Quiere una bolsa?

Alejandro Luy
Las bolsas plásticas constituyen uno de los principales problemas socio-ambientales a nivel mundial. No solo causan la muerte de más de 250 especies de fauna marina, incluyendo tortugas, ballenas y diversas aves, sino que obstruyen drenajes en ciudades agravando los riesgos de enfermedades hídricas y generando costos adicionales a gobiernos locales; representan un consumo de hidrocarburos y por tanto impactan en la generación de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático; contaminan los mares y sus peces con pequeñas partículas de plástico producto de su desintegración que entran en el ciclo alimenticio del hombre; su incineración contamina el aire, entre muchas otros efectos.
Por ese motivo en numerosos países y más de 300 ciudades de los 5 continentes se han desarrollado distintas estrategias para promover la reducción del consumo de bolsas plásticas de “un solo uso”, esas que comúnmente recibimos en supermercados, farmacias, panaderías. En 2014, en alianza con Botiquería, Fundación Tierra Viva editó el documento “Bolsas plásticas; un problema nada ligero” que recoge diversas experiencias de municipios, estados y países, y los resultados obtenidos.
Una de las tácticas más comunes en esta tarea ha sido la aplicación de un impuesto a las bolsas, en otras palabras, por regulaciones nacionales o locales, los usuarios deben cancelar el costo de la bolsa. En ocasiones este impuesto alimenta un fondo para financiar proyectos ambientales. En algunos países esta acción ha producido la reducción en un 90% del volumen de bolsas plásticas. En los países donde esto se ha implementado, las personas encargadas de facturar las compras suelen preguntar al cliente si quiere bolsas plásticas y cuántas. Como consecuencia de lo que este costo representa para la economía personal, los clientes – muchas veces a partir de procesos educativos – generalmente cargan consigo bolsas ecológicas, es decir bolsas resistente y de múltiples usos para evitar esta adquisición innecesaria.
En Venezuela, no existe ninguna legislación o reglamento orientado a reducir el consumo de bolsas plásticas, pero como consecuencia del incremento de la situación económica y los costos de las bolsas, diversos negocios – incluyendo importantes cadenas de supermercados – han empezado a cobrar las bolsas plásticas a sus clientes. Hemos conocido de casos en Caracas, Valencia y Tucupita, dónde los cajeros preguntan “¿Quiere una bolsa?” y al responder afirmativamente se refleja el costo de la misma en la factura de compra.
Lo anterior sirve para reflexionar sobre lo positivo, negativo e interesante de la situación. Sin duda que es positivo e importante que en nuestros país, donde en promedio cada habitante usa 150 bolsas al año (unas 4 mil millones en total), se promueva la disminución del consumo de este artículo. Es lo que hemos venido haciendo en alianza con Botiquería desde 2012, con estrategias de educación y comunicación, y con la Alcaldía de Chacao con la promoción de las bolsas ecológicas.
Sin embargo, y aquí lo negativo, la manera como se está haciendo está llena de carencias. En primer lugar no se está haciendo por una preocupación socio-ambiental, sino como una estrategia de reducir costos a los comerciantes. Por otra parte, no tiene la estrategia ningún soporte técnico-jurídico que lo norme, así cada comerciante está haciendo lo que cree necesario, independientemente de lo que compre, el tamaño de la compra, entre otras cosas. Así que lo hace quien quiere, cómo prefiera: algunos no entregan bolsas para la compra de algunos productos, otros no entregan ninguna bolsas a menos que la adquieras.
Pero lo más importante es que no hay asociado un proceso educativo mediante el cual se explique el beneficio para el ciudadano, la ciudad y el ambiente disminuir el consumo de bolsas plásticas, cuáles son las alternativas y que pueden considerar – como un elemento – la promoción de bolsas ecológicas.
Lo interesante, y hemos tenido la oportunidad de decirlo en ámbitos empresariales, universitarios y comunitarios, es que la situación económica y el costo que representa la bolsa para la operación de las tiendas podría convertirse en una oportunidad para una acción coordinada entre distintos sectores para atender un problema “nada ligero”, complejo y que “a la calladita” tiene una importante incidencia en la gestión de residuos sólidos especialmente en zonas costeras. Aun ese proceso de coordinación no se ha dado ni siquiera entre sectores de un mismo ramo del comercio.
Mientras tanto, conociendo la problemática que generan las bolsas plásticas y esta tendencia sin guía que puede ser que se extienda masivamente en buena parte del país, me permito aportar a los ciudadanos algunas recomendaciones sencillas que pueden hacerlos parte de la solución y no del problema:
Cargue siempre su bolsa ecológica en su cartera, carro o bolso.
Cuando haga una compra analice si esta la puede llevar en sus bolsillos, cartera o morral. No pida la bolsa – aunque sea gratis – si no la necesita.
No pida doble bolsa en los supermercados. Las bolsas pueden soportar hasta 8 kilos de peso.
Por último comparta estas recomendaciones con su familia, sus amigos y sus vecinos. Al final ganamos todos.

Alejandro Luy
Gerente general de Fundación Tierra Viva
24 de enero de 2017

Exhortación Pastoral: “Jesucristo Luz y Camino para Venezuela” De la CVII Asamblea de la CEV

CENTÉSIMA SÉPTIMA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA DEL EPISCOPADO VENEZOLANO

1. Al comienzo de un nuevo año, los obispos de Venezuela hacemos llegar a nuestros hermanos en la fe y a todos los ciudadanos los mejores votos, junto con nuestra oración, para que tengan un 2017 lleno de bendiciones. Como cristianos hemos celebrado en estos días el nacimiento y la manifestación de Jesús, el Señor, que ha venido como “luz del mundo” (Jn 8,12) y salvación para todos los pueblos. Él nos invita a iluminar los ambientes en que nos desenvolvemos con la claridad de la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad, procurando integrar a esta tarea a quienes no comparten nuestra fe o nuestras convicciones, pero quieren construir una convivencia fraterna y pacífica. Si bien hablamos como cristianos católicos, nuestras reflexiones y preocupaciones las ofrecemos a todos, sin distinción de credo, de inclinaciones políticas o sociales. El país nos duele a todos, y el clamor y la angustia de la gente son también nuestros.

 El OSCURO PANORAMA DE VENEZUELA

2. La actual realidad venezolana es extremadamente crítica. Una gran oscuridad cubre nuestro país. Estamos viviendo situaciones dramáticas: la grave escasez de medicinas y alimentos, ¡Nunca antes habíamos visto tantos hermanos nuestros hurgar en la basura en búsqueda de comida!, el deterioro extremo de la salud pública, la alta desnutrición en los niños, la ideologización en la educación, el altísimo índice de inflación con la consecuente pérdida del poder adquisitivo, la corrupción generalizada e impune, propiciada particularmente por el control de cambio, el odio y la violencia política, los elevados índices de delincuencia e inseguridad, el pésimo funcionamiento de los servicios públicos, dibujan un oscuro panorama que se agrava cada día que pasa, porque no se ponen correctivos a los males y porque la causa que los genera avanza como una tenaza que se va cerrando, con sus secuelas opresivas y destructoras. Esta cultura de muerte en la que estamos sumidos configura un estado de acciones y decisiones moralmente inaceptables que descalifica éticamente a quien lo provoca, mantiene o justifica.

3. La obstrucción del Referendo Revocatorio del mandato del Presidente de la República por parte del Consejo Nacional Electoral ha provocado rechazo, desencanto y frustración de la ciudadanía. El intento de cercenar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y la ola de represión y persecución política que se ha desatado en últimos días lesionan gravemente el ejercicio de la institucionalidad democrática. Sólo en regímenes totalitarios se desconoce la autonomía de los poderes públicos y se impide la libre manifestación de la ciudadanía.

4. Muchas son las razones que han conducido al país a la actual situación. La causa fundamental, como lo hemos afirmado en otras ocasiones, es el empeño del Gobierno de imponer el sistema totalitario recogido en el “Plan de la Patria” (llamado Socialismo del Siglo XXI), a pesar de que el sistema socialista marxista ha fracasado en todos los países en que se ha instaurado, dejando una estela de dolor y pobreza.

5. Es necesario incluir en el inventario negativo el infructuoso diálogo entre el Gobierno y la Oposición, en el cual la Sede Apostólica aceptó participar como facilitador por la invitación de las partes en conflicto. Dicho diálogo suscitó esperanza en la mayoría de los venezolanos, pero su resultado fue decepcionante, a causa, principalmente, del incumplimiento, por parte del Gobierno, de los acuerdos a que se había llegado en la reunión del 30 de octubre de 2016.

6. Agradecemos vivamente la disposición de servicio del Papa Francisco y lamentamos que su contribución a la paz de Venezuela haya sido mal interpretada. El diálogo, positivo y necesario en sí, exige, para ser fructífero y exitoso, una plataforma común de objetivos definidos y, sobre todo, una actitud de ánimo respetuosa y receptiva en los participantes, la cual conlleva superar la intolerancia y la autosuficiencia.

7. Los obispos venezolanos, en comunión con el Santo Padre Francisco, reiteramos las condiciones para continuar el diálogo señaladas por el Secretario del Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolín, en su carta del 01 de diciembre de 2016: “1. Aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas que está sufriendo la población. 2. Las partes concuerden el calendario electoral que permita a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro. 3. Se tomen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución; 4. Se apliquen los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación de los detenidos”.

LUCES PARA CONSTRUIR LA NUEVA VENEZUELA

8. El verdadero cristiano es “sal de la tierra y luz del mundo” (Mt 5,13.14). No esconde su luz, sino que la hace brillar delante de los hombres para que sus buenas obras iluminen a la sociedad y alaben al Padre celestial (Cf. Mt 5,16). Busca el bien común guiado por una conciencia recta.

9. ¿Cómo ser portadores de luz y esperanza en un panorama de oscuridad y de muerte? Este es el desafío que nos interpela más profundamente como ciudadanos y como creyentes. Los preceptos “ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 22,39) y “no matarás” (Ex 20,13), es la voz de Dios que resuena en el fondo de nuestras conciencias. La misión del cristiano, en cualquier circunstancia, es anunciar al Dios de la vida y revertir la cultura de muerte en cultura de vida.

10. Es necesario generar gestos valientes e iniciativas innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza (Cf. Rom 4,18), para construir una convivencia libre, justa y fraterna; es tarea que nos compete a todos, cada cual según su posición. Es una responsabilidad ineludible porque frente al mal nadie puede permanecer como simple espectador. El llamado es a ser protagonistas del presente y del futuro de nuestro querido país.

11. Las urgentes necesidades de las personas, familias y comunidades reclaman de las autoridades respuestas inmediatas. En este momento es necesario que el Estado venezolano acepte la ayuda internacional, ofrecida por varios países y organizaciones. La Iglesia pone a disposición su infraestructura organizativa (diocesana, parroquial, comunidades eclesiales, Cáritas y otros organismos) para ayudar a enfrentar las carencias de tantos hombres, mujeres y niños en situación de riesgo. Hay muchas otras instituciones e iniciativas privadas dispuestas a contribuir al bien de todos. Con el concurso de los medios y redes de comunicación promovamos la solidaridad nacional que nos lleve a encontrar respuestas valederas ante la urgencia de alimentación y salud.

12. Tal como declaramos en el Mensaje de la Asamblea Conjunta con los Laicos (08-09/01/17), estimamos que el pueblo clama por un cambio profundo de la orientación política del país que sea producto de la decisión del pueblo soberano (CRBV 5): o el Socialismo del Siglo XXI, ausente de la Constitución, o el sistema democrático establecido en la Constitución. El país exige un itinerario electoral, tal como se acordó en la Mesa de Diálogo.

13. Es urgente emprender entre todos acciones que conlleven a la superación de la crisis del país: reactivar el aparato productivo, garantizar la vigencia del Estado de derecho, reconstituir el tejido social fracturado, valorar la ética personal, familiar y comunitaria, fomentar la honestidad y la responsabilidad en la vida pública, promover la reconciliación entre las personas y grupos y, en definitiva, renovar la vida completa del país.

14. Ante la desesperanza reinante, que paraliza la dinámica de toda buena y oportuna iniciativa, exhortamos a todas las agrupaciones políticas, a las distintas confesiones religiosas, a los gremios y asociaciones, a las universidades y al amplio mundo educativo, a los medios de comunicación, a lograr puntos de encuentro que favorezcan la articulación de los diversos sectores en un proyecto común de país. Tengamos confianza y esperanza en nuestras capacidades para cambiar la actual situación.

15. Acogemos lo expresado en el Mensaje de Año Nuevo y la Jornada Mundial por la Paz de la Arquidiócesis de Caracas, “en torno a la liberación de los presos por hechos conexos con actividades políticas. Tanto el Poder Judicial como el Gobierno Nacional tienen instrumentos legales y constitucionales para poner en libertad inmediata a la mayoría de esos ciudadanos, más de un centenar, que sufren una prisión injusta. Además, aunque estuvieran presuntamente incursos en delitos, todos ellos deberían ser procesados en libertad, tal como lo dispone el Código Orgánico Procesal Penal”.

16. Pedimos a Dios que ilumine a nuestros dirigentes a fin de que se logren a la mayor brevedad los acuerdos necesarios para superar la crisis. Imploramos su bendición sobre todos los habitantes del país.

17. Invocamos a nuestra Madre, la Virgen María de Coromoto, para que interceda ante su hijo Jesucristo en estos momentos decisivos para el futuro de la patria. Invitamos a todos los ciudadanos a unirse a nuestras súplicas y a ser luz y camino para Venezuela.

 

 

Los Arzobispos y Obispos de Venezuela.

Caracas, 13 de enero de 2017.