Carta abierta de organizaciones sociales y de DDHH de Venezuela a la reunión de Cancilleres a realizarse en Perú el 8 de agosto 2017

Las organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanos que suscribimos el presente documento queremos transmitir a las delegaciones presentes en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la región, a realizarse este 8 de agosto a petición de la Cancillería de Perú, las siguientes informaciones:

1) Desde el pasado 1º de abril de 2017 importantes sectores de la población venezolana vienen realizando manifestaciones pacíficas en ciudades, pueblos y comunidades rurales del país para protestar contra la interrupción del hilo constitucional y el debilitamiento de la institucionalidad democrática, exigiendo un cronograma de las elecciones pendientes, apertura de canal humanitario para el acceso a los alimentos y las medicinas, liberación de los presos políticos y respeto a la independencia de los poderes. En este ciclo de protestas la manifestación más grande se realizó el 16 de julio cuando más de 7 millones de venezolanos expresaron su rechazo a la promoción irregular de una Asamblea Nacional Constituyente.

2) La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a las demandas ciudadanas mediante el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica ha sido la represión y la violencia. Según las cifras del Ministerio Público del 31 de julio del año en curso, en Venezuela 121 personas han perdido la vida en el contexto de las protestas, de las cuales al menos 99 han sido asesinadas directamente en actos de represión, mientras ocurren violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como la violación de domicilio sin orden judicial y sin cumplir los requisitos legales para ello; detenciones masivas y arbitrarias; torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra personas privadas de libertad por manifestar; aplicación de la justicia militar contra civiles; ataques contra conjuntos residenciales; uso de civiles armados contra las protestas y la violación generalizada de los estándares internacionales en el uso de la fuerza.

3) En este contexto, se ha promovido de manera irregular una Asamblea Nacional Constituyente sin consultar previamente a la ciudadanía, sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación del país y vulnerando los principios que caracterizan a un proceso electoral como democrático. Según las denuncias procesadas por nuestras organizaciones el hostigamiento a los empleados públicos para obligarlos a participar en los comicios del 30 de julio se transformó en una política de Estado. Las autoridades electorales han anunciado una cifra de participación -superior a los 8 millones de personas- que no corresponden con las evidencias registradas durante la jornada. Lo que ha sido caracterizado como un fraude, ha sido denunciado tanto por la Fiscal General de la República, el rector principal del CNE Luis Emilio Rondón, como por antiguos ministros de la administración de Hugo Chávez, profundizando con ello la crisis social y política de Venezuela. Incluso la propia empresa contratada por el Estado venezolano, Smartmatic, para instalar la plataforma informática y tecnológica que se utilizó en dicho proceso, ha denunciado que los resultados de la ilegal elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente fueron falseados.

4) Nuestras organizaciones promueven una resolución pacífica, democrática y constitucional de la actual crisis política del país. Para ello consideramos clave la actuación de la comunidad internacional, obligando al Estado venezolano a cumplir sus deberes democráticos y sus obligaciones en materia de derechos humanos, derivados de los pactos y acuerdos que de manera soberana han sido suscritos por la República.

Por las anteriores consideraciones, respetuosamente pedimos a las Cancillerías de los diferentes países presentes en esta reunión extraordinaria de ministros interceder por el cumplimiento de los siguientes aspectos:

1) Exhortar al gobierno venezolano suspender la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente, respetar el marco constitucional vigente y la independencia de los poderes, especialmente el Parlamento y el Ministerio Publico.

2) Reforzar el papel de los Sistemas de protección a los derechos humanos para que incida en la resolución democrática de la crisis venezolana, instando al gobierno a aceptar la visita tanto de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como los de Naciones Unidas.

3) Instar al gobierno venezolano al anuncio y cumplimiento de un calendario electoral de los procesos comiciales pendientes establecidos en la Constitución Nacional, realizados según los estándares democráticos.

4) Exigir al gobierno venezolano el respeto a los derechos de libertad de reunión, expresión y asociación, así como el de manifestación pacífica, deteniendo su criminalización, desactivación de grupos de civiles armados, el uso de la justicia militar contra civiles, la liberación inmediata de personas privadas de libertad por razones políticas y la investigación y sanción de las denuncias de violaciones de derechos humanos.

5) Exigir al gobierno venezolano el respeto y el cese inmediato de todo acto de persecución, intimidación o amenaza contra los activistas de derechos Humanos y miembros de las ONG que se han dedicado a denunciar y a registrar las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en nuestra nación.

6) Instar al gobierno venezolano a que acepte la cooperación internacional humanitaria que permita en un corto plazo mejorar el acceso de la ciudadanía a los alimentos y medicinas, reconociendo la gravedad de la situación de amplios sectores de la población, especialmente los que se encuentran en situación vulnerable.

7) Continuar realizando las gestiones necesarias para que los diferentes países de la región asuman la crisis migratoria generada por los retrocesos en derechos sociales y políticos en Venezuela con estándares en derechos humanos.

8) Impedir la aprobación de sanciones unilaterales o multilaterales contra el conjunto de la nación por parte de los gobiernos de la región, las cuales aumenten la crisis humanitaria existente en Venezuela.

9) Contribuir con las organizaciones de la sociedad civil venezolana, así como con las instituciones del Estado que lo solicitasen, en el esclarecimiento de investigaciones que develen las conexiones de funcionarios del gobierno venezolano en casos de corrupción, que han generado como consecuencia la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestra nación, así como garantizar el acceso a la información pública.

En Caracas, a los 7 días del mes de agosto de 2017, suscribimos:

  1. Acceso a La Justicia
  2. Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
  3. Acción Solidaria
  4. Acción por la Libertad
  5. Aepa Falcón A.C., Coalición ONGs DDHH Falcón
  6. Asamblea de Educación
  7. Asociación Civil Camino Democrático
  8. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
  9. Asociación Civil Mujeres en Línea
  10. Asociación Venezolana de Mujeres
  11. Asociación Venezolana para la Hemofilia
  12. Aula Abierta Venezuela
  13. Bloque Constitucional
  14. Cátedra de DDHH de la UCLA
  15. Cátedra de la Paz y DDHH Monseñor Oscar Arnulfo Romero
  16. Cecodap
  17. Centro de Acción y Defensa Por Los Derechos Humanos (CADEF)
  18. Centro de Animación Juvenil
  19. Cedice Libertad
  20. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  21. Centro de Formación para la Democracia (CFD Venezuela)
  22. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
  23. Centro para la Paz y los DDHH UCV
  24. Ciudadanía Activa
  25. Civilis Derechos Humanos
  26. Coalición Clima 21
  27. Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y Esfuerzo Regional (CIIDER)
  28. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas LUZ
  29. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
  30. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Monagas
  31. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure
  32. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Monagas
  33. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
  34. Comisión Para Los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
  35. Comité Pro Defensa de DDHH víctimas y familiares del Estado Falcón (COPRODEH)
  36. CONVITE
  37. Espacio Humanitario
  38. Espacio Público
  39. Excubitus Derechos Humanos en Educación
  40. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
  41. FENASOPADRES Capítulo Aragua
  42. Federación Latinoamericana de Abogadas (FEDLA)
  43. Foro Penal Venezolano
  44. Fundación Aguaclara
  45. Fundación Futuro Presente
  46. Fundación Nueva Mujer Margarita
  47. Fundación Redes
  48. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes
  49. Humano Derecho Radio Estación
  50. Instituto de Investigaciones Jurídicas UCAB
  51. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela)
  52. Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP)
  53. Nueva Esparta en Movimiento A.C.
  54. Laboratorio de Paz
  55. Movimiento SOMOS
  56. Movimiento Vinotinto
  57. Observatorio Venezolano de la Salud
  58. Observatorio Venezolano de Prisiones
  59. Observatorio Venezolano de Violencia
  60. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
  61. Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
  62. Opción Venezuela A.C.
  63. Padres Organizados de Venezuela
  64. Poder ASOSABER
  65. Prepara Familia
  66. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
  67. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
  68. Proyecto Mujeres
  69. Redes Ayuda
  70. Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
  71. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  72. StopVIH
  73. Transparencia Venezuela
  74. Una Ventana a la Libertad
  75. Uniandes
  76. Un Mundo Sin Mordaza
  77. Unión Afirmativa
  78. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.
  79. Vicaria DDHH Arquidiócesis de Coro
  80. 1001 Ideas Para Mi País

 

 

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UE : Instalación de la ANC y la destitución de Fiscal General debilitan el retorno pacífico al orden democrático en Venezuela

DECLARACIÓN DEL PORTAVOZ SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA
(traducción de cortesía)

Bruselas, 07/08/2017 – 11:57 – UNIQUE ID: 170807_4

La instalación de la asamblea constituyente y sus primeras actuaciones, incluyendo la remoción de Luisa Ortega de su cargo como Fiscal General, han debilitado aún más las posibilidades de un retorno pacífico al orden democrático en Venezuela, contrariamente a las recientes afirmaciones de que la paz y la democracia se verían beneficiados. Ello también ha aumentado la polarización de una sociedad ya dividida.

La UE recuerda que no existen alternativas al respeto de las instituciones legítimas, a la separación de poderes y al respeto de los derechos de los ciudadanos de expresar libremente sus opiniones políticas. El gobierno venezolano tiene  la responsabilidad de garantizar el respeto de la Constitución de Venezuela. La UE reitera su llamado a todos los actores en Venezuela a trabajar en pro de la implantación de la confianza necesaria para el logro de una solución negociada a la crisis institucional.

Esperamos que el gobierno de Venezuela libere urgentemente a todos los presos políticos y asegure el respeto del estado de derecho y de los derechos humanos.

La UE continuará trabajando con todos los partícipes -nacionales e internacionales- para asegurar el apoyo adecuado a un  retorno no violento al orden democrático y la solución de la situación económica y social del pueblo venezolano.

Contacto de Prensa:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/789/eeas-press-team_en

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Organizaciones de Derechos Humanos rechazan la ANC, sus elecciones y piden el restablecimiento del Estado de Derecho

El pasado 1° de mayo, durante la celebración del Día del Trabajador, Nicolás Maduro Moros anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente sin la previa consulta al pueblo, partiendo de una errónea interpretación de la palabra “iniciativa” en el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dicha convocatoria fue materializada en un proceso electoral llevado a cabo el 30 de julio. El proceso, lleno de opacidad y carente de controles fundamentales, arrojó un resultado inédito e inesperado por todos los venezolanos. Según las cifras anunciadas por la Rectora Principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el total de participantes en el proceso Constituyente inconsulto fue de 8.089.320.

La población fue testigo a través de los medios sociales digitales de un hecho totalmente distinto al anunciado por el CNE: numerosas fotos de centros electorales vacíos se publicaron por infociudadanos en las redes y ayudaron a la confirmación de lo que se sospechaba desde mucho antes de la celebración de la elección.

La compañía Smartmatic, que provee servicios electorales al CNE desde 2004, se pronunció el pasado 2 de agosto señalando que no garantizaban la transparencia de los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que no podían asegurar la veracidad de las cifras de participación anunciadas por el CNE, y que estimaba que existe una diferencia de al menos 1 millón de votos debido a que la data electoral fue manipulada. Más aún, voces del oficialismo han replicado estas denuncias y pedido que se auditen los resultados divulgados del CNE.

El Foro por la Vida atiende las serias dudas de transparencia y a la opacidad general que envolvió al proceso electoral, por lo que exige la realización de una auditoría inmediata de los resultados de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Es necesario que se despejen las dudas sobre la veracidad de las cifras y la actuación del Poder Electoral, que cabe resaltar, materializó el fraude Constituyente sin la aprobación del verdadero depositario del poder originario: el pueblo.

De igual forma, las organizaciones pertenecientes al Foro por la Vida, rechazamos categóricamente la violencia que se suscitó el día de la elección que dejó un saldo de más de una decena de personas asesinadas, exigimos el respeto a la Carta Magna y el retorno a la Democracia y al Estado de Derecho.

Quienes suscriben:

Acción Ciudadana Contra el SIDA
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro para la Paz y los DDHH-UCV
Espacio Público
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Provea

Fuente Espacio Público 

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REC | Desconocemos y rechazamos los resultados anunciados por el CNE el 30J

Quienes suscriben, individuos y miembros de las Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones Civiles reunidas en la Red Electoral Ciudadana (REC), desconocen y rechazan los resultados de una votación configurada en un fraude constituyente que no sólo incumplió los requisitos básicos para su convocatoria sino que violó de forma sistemática todos los procedimientos y garantías electorales relativos a la ejecución de procesos justos, transparentes y democráticos. Las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral son, por lo tanto, responsables por la pérdida de legitimidad del órgano electoral y por el consiguiente aumento de la desconfianza que tienen hoy los venezolanos en el sistema electoral.

La reciente declaración de Smartmatic, empresa proveedora del software y de las máquinas electorales, desconociendo los resultados presentados por la rectora Lucena, afirmando que “hubo manipulación en los datos de participación anunciados”, constituyen una evidencia categórica de la existencia de un fraude electoral perpetrado por el CNE en concordancia con el Ejecutivo. El sistema de votación automatizado utilizado en Venezuela permite conocer, a través de auditorías donde participen los partidos políticos, los datos reales de participación así como los intentos de fraude en la usurpación de identidad y voto múltiple. El CNE no ha hecho públicos, hasta ahora, los resultados en su página web a sabiendas de que los números no soportarían una auditoria mínima; desde la Red Electoral Ciudadana exigimos que se realice la auditoria de no duplicidad de huellas con participación de representantes de partidos políticos, de organizaciones de observación electoral nacionales e internacionales.

 

Cerca de cumplir 60 años de democracia en Venezuela, y tras 20 años del inicio del llamado socialismo del siglo XXI, el anuncio del 30 de julio será recordado como la culminación de un proceso marcado por vicios e irregularidades atentatorias contra las garantías electorales y los derechos políticos de los venezolanos, tales como las amenazas a los empleados públicos y ciudadanos receptores de beneficios sociales para quienes el voto dejó de ser un derecho para convertirse en una amenaza a su estabilidad. Más allá de los resultados anunciados por las rectoras, el 30 de julio será además recordado por el escenario en el que se masacraron a más de 16 venezolanos, lo que manchó de sangre el final de un proceso inconstitucional y anti democrático.

A lo largo de esta coyuntura, los venezolanos han demostrado poseer un talante profundamente democrático, evidenciando en todo momento su indeclinable disposición a usar la ruta electoral y democrática para dirimir las diferencias. La REC saluda a la ciudadanía venezolana por su firme decisión de demandar el pleno restablecimiento de la vigencia del derecho a elegir a sus gobernantes y representantes y participar de forma activa en la recuperación de la democracia, así como a hacerlo en forma pacífica.

Frente a la gravísima situación en la que se encuentra hoy sumergido el país, los venezolanos exigen la conformación de un CNE que asuma en forma plena el mandato constitucional de actuar de forma independiente, de manera que pueda responder apropiada y eficazmente a las masivas demandas de elecciones limpias y transparentes. Hoy más que nunca, desde la Red Electoral Ciudadana exigimos la restitución de las garantías constitucionales y la plena vigencia del estado de derecho y la democracia en Venezuela. Mientras ello no se materialice, seguiremos luchando, junto a la inmensa mayoría de los venezolanos, por un país donde las instituciones sean independientes, trabajen apegadas a las leyes y por el respeto y garantía de los derechos humanos de los venezolanos.

Fuente Provea 

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Foro por la Vida rechaza la ANC, sus elecciones, exige respeto a la CRBV y el restablecimiento del Estado de Derecho

El pasado 1° de mayo, durante la celebración del Día del Trabajador, Nicolás Maduro Moros anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente sin la previa consulta al pueblo, partiendo de una errónea interpretación de la palabra “iniciativa” en el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dicha convocatoria fue materializada en un proceso electoral llevado a cabo el 30 de julio. El proceso, lleno de opacidad y carente de controles fundamentales, arrojó un resultado inédito e inesperado por todos los venezolanos. Según las cifras anunciadas por la Rectora Principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el total de participantes en el proceso Constituyente inconsulto fue de 8.089.320.

La población fue testigo a través de los medios sociales digitales de un hecho totalmente distinto al anunciado por el CNE: numerosas fotos de centros electorales vacíos se publicaron por infociudadanos en las redes y ayudaron a la confirmación de lo que se sospechaba desde mucho antes de la celebración de la elección.

La compañía Smartmatic, que provee servicios electorales al CNE desde 2004, se pronunció el pasado 2 de agosto señalando que no garantizaban la transparencia de los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que no podían asegurar la veracidad de las cifras de participación anunciadas por el CNE, y que estimaba que existe una diferencia de al menos 1 millón de votos debido a que la data electoral fue manipulada. Más aún, voces del oficialismo han replicado estas denuncias y pedido que se auditen los resultados divulgados del CNE.

El Foro por la Vida atiende las serias dudas de transparencia y a la opacidad general que envolvió al proceso electoral, por lo que exige la realización de una auditoría inmediata de los resultados de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Es necesario que se despejen las dudas sobre la veracidad de las cifras y la actuación del Poder Electoral, que cabe resaltar, materializó el fraude Constituyente sin la aprobación del verdadero depositario del poder originario: el pueblo.

De igual forma, las organizaciones pertenecientes al Foro por la Vida, rechazamos categóricamente la violencia que se suscitó el día de la elección que dejó un saldo de más de una decena de personas asesinadas, exigimos el respeto a la Carta Magna y el retorno a la Democracia y al Estado de Derecho.

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