Liderar el Tercer Sector en Venezuela

Lorena Liendo-Rey y Roddy Enrique Rodríguez /

Quienes dirigen organizaciones del tercer sector necesitan gestionar de un modo tenaz e inteligente el recurso humano, para afinar su capacidad de respuesta ante el entorno. Hallar las claves de este liderazgo puede significar también encontrar las bases para la construcción de una sociedad civil comprometida con los principios de equidad y progreso.

Liendo-Rodríguez-Liderar el tercer sector (1)

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Asesinato de Berta Cáceres alerta sobre lo que podría ocurrir con el Arco Minero del Orinoco de Venezuela

(Caracas, 01 de marzo de 2017) Este 02 de marzo de 2017 se cumple el primer aniversario del asesinato de la activista medioambiental e indígena hondureña Berta Cáceres. Como se recordará, Cáceres mantenía una lucha de resistencia a los proyectos inconsultos que afectan a las comunidades indígenas de su país. Este contexto de ausencia de garantías del ejercicio de derechos que acompañan el avance del modelo de desarrollo extractivista en Honduras y en el resto de América Latina, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, crea condiciones para acciones que vulneran derechos fundamentales entre ellos el territorio, el ambiente y la vida y garantizan impunidad para los responsables.
Desde el año 2006, junto a la comunidad indígena lenca de Río Blanco, Berta Cáceres se organizaron para rechazar la construcción de cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque, las cuales impactarían negativamente en el acceso al agua, alimentos y medicinas de los poblados de la zona, forzándolos a desplazarse a otros territorios. El Estado Hondureño y las compañías involucradas: Sinohydro (China), Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) y la estatal Desarrollos Energéticos S.A incumplieron la obligación de realizar el derecho a las consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas que habitan en las inmediaciones del proyecto. Debido a su activismo en defensa del ambiente y pueblos indígenas, Cáceres sufrió hostigamiento y criminalización por parte del gobierno de su país, quien la acusó falsamente de “posesión ilegal de un arma de fuego poniendo en peligro la seguridad del Estado de Honduras”, así como de “usurpación de tierras, y coacción”. El 03 de marzo de 2016, atacantes no identificados irrumpieron en su domicilio y la asesinaron.

Datos de la ONG Global Witness estima en 12 los activistas medioambientales asesinados en Honduras desde el año 2014, quienes se habían opuesto a la construcción de grandes infraestructuras y proyectos extractivos en zonas de alta fragilidad ecológica y habitados por pueblos y comunidades indígenas. A pesar de la diversidad ideológica de los gobiernos de América Latina los une la profundización de la economía extractiva y de renta minero-petrolera, generando resistencias de amplios sectores sociales. La impunidad en el crimen de Berta Cáceres es un claro mensaje en la búsqueda de disuasión, amedrentamiento y miedo para todos aquello/as que desean rechazar la promoción de grandes obras de infraestructura y la profundización de la economía extractiva, petrolera y minera en los territorios tanto en Honduras como en el resto de nuestros países.

Las decisiones unilaterales, e impositivas, así como la violación al derecho a la demarcación, a los estudios de impacto ambiental y cultural, el acceso a la información, la actuación de buena fe, la consulta previa libre e informada y el consentimiento previo de este modelo de desarrollo, que generaron las condiciones para el asesinato de Berta Cáceres y otros activistas en Honduras, se repiten en Venezuela. Sin cumplir sus obligaciones constitucionales el gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha decretado una zona para la explotación minera que se extiende en un 12% del total del territorio venezolano bajo la denominación “Arco Minero del Orinoco”. Actualmente decenas de líderes, lideresas y miembros de comunidades indígenas del estado Bolívar están siendo hostigados y coaccionados para incorporarse a este proyecto, que afectará el medio ambiente, sus culturas ancestrales y su vida.

Diversas organizaciones indígenas del estado Bolívar y Amazonas en Venezuela han expresado que sus derechos han sido vulnerados con la aprobación del Decreto Arco Minero del Orinoco. Organizaciones de sociedad civil, aliadas, intelectuales, académicas, políticas exigimos el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los pactos internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas.

El mismo día que conmemoramos 1 año de la muerte de Berta Cáceres, se cumplen 4 años de la muerte del Cacique Yukpa Sabino Romero asesinado igualmente por defender sus territorios ancestrales en la Sierra de Perijá estado Zulia. Al exigir Justicia para Berta Caceres, exigimos Justicia para todos los defensoras y defensores indígenas asesinados en el mundo por defender el ambiente y la tierra para todo/as.

  • Nos sumamos a las palabras de la relatora ONU de Pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz “Es urgente que se termine con la impunidad imperante en el país en relación con hechos delictivos contra miembros de las comunidades indígenas y sus defensores”. Exigimos al gobierno de Honduras el fin de la impunidad en los asesinatos de Berta Cáceres y el resto de activistas medioambientales, sancionando a sus autores materiales e intelectuales
  • Demandamos tanto al gobierno de Honduras como el de Venezuela cumplir con el compromiso de promover y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la demarcación, los procesos de consulta previa, libre e informada antes de realizar intervenciones en los territorios habitados por comunidades indígenas.
  • Exigimos al gobierno venezolano cumplir el requisito constitucional de realizar y difundir el estudio de impacto socioambiental en el proyecto del Arco Minero del Orinoco

¡1 Año Sin Justicia para Berta Cáceres!, Berta Vive! Sabino Romero Vive.

 

Publicado por PROVEA 
Laboratorio de Paz

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La nueva carrera de obstáculos de los partidos políticos

El asunto de la renovación de la nómina de los inscritos de partidos políticos sigue ocupando el centro de atención, a raíz de que el CNE anunciara el pasado jueves 16 de febrero que este proceso se realizará durante diez fines de semana, desde el sábado 4 de marzo, en donde cada organización política tendrá solo 2 días para la recolección de las manifestaciones de voluntad de sus miembros, tal como se lee en su página oficial.

En ese sentido, en la página web del CNE se lee que la recolección de las manifestaciones de voluntad se realizará a través del sistema biométrico, cuyos puntos estarán ubicados en las plazas Bolívar de las entidades federales, donde las organizaciones con fines políticos deberán acudir con sus militantes.

Esta nueva exigencia tiene su origen en la sentencia  N° 1 de la Sala Constitucional, de fecha 5 de enero de 2016, que estableció que los partidos políticos que hubieran obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias debían renovar la nómina de sus inscritos, y que el CNE regularía ese proceso con el uso de mecanismos biométricos.

Ahora bien, como quiera que el asunto debió haber sido resuelto el año pasado, es importante que se tengan en cuenta las normas que fueron dictadas por el CNE, según Resolución N° 160304-0010 del 4 de marzo de 2016, para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos nacionales (publicadas en la Gaceta Electoral N° 801 de fecha 4 de marzo de 2016).

En este sentido, Acceso a la Justicia considera necesario analizar algunos aspectos esenciales de las pautas normativas dictadas por el CNE para regular dicho proceso, que pueden resumirse de la siguiente manera:

  1. En primer lugar, destaca la incertidumbre que genera la falta de precisión de las normas.

Llama la atención, al respecto, el artículo 17 de la Resolución N° 160304-0010 del 4 de marzo de 2016 a través del cual el CNE, con el pretexto de resolver “las dudas que se susciten en cuanto a su aplicación”, puede modificar sorpresivamente, las reglas pautadas para la legitimación de los partidos políticos, como se ha evidenciado durante procesos electorales anteriores, particularmente en el 2016 con el proceso de referendo revocatorio presidencial que había activado la organización MUD.

Es por ello que se debe enfatizar sobre el peligro de esta regulación normativa que deja a la absoluta discrecionalidad de la Administración electoral para disponer de los trámites, procedimientos y requisitos al margen de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, lo que trae como consecuencia inseguridad, desconfianza y mutabilidad de las reglas de juego de forma sobrevenida que pueden transformar las normas originariamente emitidas por el CNE.

  1. Un caso que evidencia la falta de regulación en la normativa dictada por el árbitro electoral es en la materia referente a las impugnaciones contra las manifestaciones de voluntad. El CNE, de hecho, no da a conocer los lapsos ni los recursos administrativos que eventualmente podrán ejercerse contra ellas.

El artículo 13 solo se limita a indicar que “Los ciudadanos y ciudadanas podrán revisar e impugnar la nómina de manifestación de voluntad de pertenecer a una organización con fines políticos dentro de los lapsos establecidos en el cronograma respectivo. A tales fines, presentarán un escrito contentivo del recurso de impugnación por ante la Oficina Regional Electoral correspondiente en razón del territorio, quien lo remitirá junto con los recaudos que lo acompañen, a la Oficina Nacional de Participación Política, a los fines de su consideración”. Al respecto cabe preguntarse, ¿puede el CNE establecer lapsos y recursos al margen de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Pública y Manifestaciones? ¿Quién resolverá la impugnación presentada? ¿Cómo queda el derecho a la defensa de los interesados? ¿Cuáles son los vicios que podrán ser alegados como motivos de impugnación? ¿Por qué establecer los lapsos en el Cronograma Electoral y no en el instrumento normativo dictado por la Administración Electoral?  Lamentablemente esta falta de precisión y claridad no promueve la confiabilidad del proceso e imposibilita el ejercicio de derechos constitucionales, además de crear más desconfianza en el árbitro electoral en virtud de que impide conocer a ciencia cierta y con debida antelación los mecanismos de defensa.

  1. Tampoco aclara la normativa cuáles serán los criterios que aplicará para la validación de las manifestaciones de voluntad de los militantes de las organizaciones políticas que renovarán su nómina. Solo se limita a señalar que el CNE “garantizará el uso de los recursos tecnológicos y talento humano que permitan obtener de manera fidedigna la manifestación de voluntad del elector y electora” (artículo 7) y, de manera especial, regula en el artículo 12 el supuesto de la múltiple inscripción en organizaciones con fines políticos (lo que no tiene asidero legal como hemos explicado), caso en que se considerará como válida la última manifestación de voluntad expresada ante una organización política.

De manera que, al no existir especificaciones que garanticen a los actores políticos y a los electores la certeza jurídica y transparencia de las funciones que debe realizar el CNE en este proceso Acceso a la Justicia estima que ello generará desconocimiento y zozobra en el país.

Por tanto, frente a estos condicionamientos impropios del Poder Electoral, es importante denunciar e insistir que las reglas del juego impuestas deben ser claras para proporcionar a la población venezolana confianza en su gestión, seguridad y certeza jurídica que, en definitiva, son las principales columnas del edificio de la democracia. Ello incluso aunque cada vez la democracia esté más minada y debilitada en Venezuela, por la desvalorización de las reglas constitucionales y legales, por la carencia de independencia por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial, y por la violación a los Derechos Humanos.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La Constitución venezolana nos otorga el derecho a organizarnos políticamente para defender nuestros intereses y nuestros derechos, como en cualquier democracia digna de ese nombre. Por tanto, la labor del CNE debe ser reglamentar y organizar los procesos necesarios para proteger el uso de ese derecho, y no como lamentablemente sucede, buscar maneras de entorpecer su libre ejercicio.

La conducta del CNE, avalada e incluso exigida por el TSJ, limita seriamente el pluralismo político por cuanto aquellos partidos que no actúen en coalición pueden estar destinados a desaparecer, y aquellas agrupaciones que representen a los intereses de minorías pequeñas (pero no por ello menos importantes) tendrán serias dificultades para poder mantener su estatus legal y de ese modo participar en futuros procesos electorales.

Si se limita tu derecho a elegir entre varias opciones, se limita tu derecho a votar por quien realmente te represente. Y si esto ocurre, en realidad no hay democracia.

Publicado por Acceso a la Justicia 

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Justicia expedita ¡pero solo pa’ los panas!

Si la justicia existe, tiene que ser para todos;
nadie puede quedar excluido,
de lo contrario ya no sería justicia
Paul Auster

Según cálculos de Acceso a la Justicia, durante 2016 el Tribunal Supremo de Justicia tomó cuando menos 64 decisiones que atentaron contra la Asamblea Nacional y/o los derechos humanos de los ciudadanos en general. Una revisión detallada de estas decisiones reveló un patrón que es necesario resaltar: los recursos intentados por miembros o simpatizantes del gobierno obtienen respuesta en cuestión de días, mientras que el resto de la ciudadanía debe esperar, en promedio, casi un año.

Quizás el mejor ejemplo de esto sea el Presidente de la República, cuyas acciones reciben respuesta en un promedio de apenas 9 días. Podría argumentarse que esta celeridad tiene que ver con el hecho de que la inmensa mayoría de sus solicitudes están relacionadas a la declaratoria de Estados de Excepción o control de constitucionalidad de leyes, acciones estas que tienen lapsos perentorios: 10 días según el art. 33 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción y 15 días según el art. 214 de la Constitución, respectivamente.

Sin embargo, no parece ser este el caso pues cuando se revisan recursos en otras materias distintas seguimos encontrando que la respuesta llegó también apenas 9 días después; lapso por demás muy similar a los 8,5 días que necesitó el máximo tribunal para decidir en los casos iniciados por la Procuraduría General de la República.

Si en cambio revisamos aquellos recursos intentados por diputados a la Asamblea Nacional, veremos que cuando son miembros del partido de gobierno, el TSJ se tomó en promedio 21 días para decidir y en casi todos los casos lo hizo en menos de dos semanas. Por el contrario, si los accionantes son diputados de la oposición, la decisión llegó 436,6 días después y en ningún caso en menos de un mes, llegando a esperar hasta más de 5 años en un caso.

Algo similar sucede cuando la parte interesada en los recursos es un partido político. Existen dos casos con estas características en nuestra muestra: uno es miembro del polo patriótico y fue resuelto en 6 días, el otro reúne a partidos opositores y debió esperar 198 días.

Por otra parte, cuando la sociedad civil organizada (ONG, fundaciones, asociaciones, etc) acude al máximo tribunal del país, este se toma un promedio de 383 días para darle respuesta. Un ejemplo grotesco de esta situación lo vivió CEDICE, que debió esperar 2652 días para obtener una decisión; en ese mismo tiempo Maduro hubiese obtenido 295 respuestas distintas por parte del máximo tribunal.

Finalmente, hemos podido constatar que este patrón se repite en los casos que son presentados (al menos en apariencia) por ciudadanos particulares. A pesar de que el promedio general en esta categoría es de 334,25 días, al mirar con más detenimiento, vemos que la realidad varía notablemente cuando el tema interesa al gobierno o si el proponente es cercano a él. Veamos.

Si tomamos los tres recursos con temas más importantes para el gobierno (la capacidad del BCV para endeudarse sin permiso de la AN, la vigencia o no del decreto de Estado de Excepción y la capacidad de la AN de anular el nombramiento de los magistrados del TSJ), tenemos que la sentencia llegó siempre en menos de dos semanas.

En cambio, al revisar los tres casos con temas más incómodos (dos sobre las Normas que rigen la actuación de la FANB en funciones de orden público y uno sobre el Código de Ética del Juez) encontramos que el lapso de espera oscila entre 540 y 2332 días. La diferencia es tan abismal que el patrón resulta innegable.

Resumiendo, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que hace la más grosera de las discriminaciones políticas al decidir rápido los casos que son favorables al gobierno o propuestos por el gobierno mismo, y tarda en decidir los casos que no favorecen al gobierno.

Además, siempre que los solicitantes no sean del gobierno, del partido del gobierno o con distintos intereses, los decide en contra o no los admite, mientras que los del gobierno o afines son siempre a favor.

Acceso a la Justicia debe llamar la atención sobre el hecho de que con esta actitud el TSJ no solo viola el artículo 256 de la Constitución que prohíbe el activismo político, sino que además está incurriendo en el delito de denegación de justicia, tipificado en el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal, que reza: Los jueces y juezas no podrán abstenerse de decidir so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión. Si lo hicieren, incurrirán en denegación de justicia (resaltado nuestro).

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El retardo procesal es uno de los males más antiguos de la justicia, y es muy conocido en nuestro sistema de justicia. Pero hay que tener claro que lo que aquí hemos mostrado no es parte de esa realidad, sino que más bien es una forma más de retardo que se añade a las existentes, porque la velocidad a la que tú como venezolano obtendrás respuesta y el tipo de respuesta que obtengas dependerá de si tu solicitud favorece o no al poder.

En esas condiciones, es evidente que en Venezuela no hay acceso a la justicia, por lo que tus derechos como ciudadano, aunque estén escritos en la Constitución, no existen en la realidad, ya que no hay manera de hacerlos valer por la vía de la institucionalidad.

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El TSJ acabó con la democracia en 2016

“La paz sólo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen qué comer y cuando los individuos y las naciones son libres”
Dalai Lama

“Privar a las personas de sus derechos humanos es
poner en tela de juicio su propia humanidad.”
Nelson Mandela

Comienza un año nuevo y con este siempre nace la esperanza y, por ende, una oportunidad para alcanzar nuevas metas y propósitos. Sin embargo, Acceso a la justicia, considera importante evaluar lo acontecido en el transcurso del año pasado haciendo un balance de lo sucedido; especialmente ante el ataque que emprendió el TSJ contra la Asamblea Nacional desde que la oposición ganó las elecciones parlamentarias y en virtud del cual ha dictado más de 50 sentencias en que ha violado 8 derechos políticos y 5 socioeconómicos, además de principios constitucionales básicos, con la única intención de violentar un poder público electo democráticamente y darle más poder al Ejecutivo.

Adicionalmente con las reiteradas declaratorias de Estado de Excepción que han sido en sí mismas violatorias del ordenamiento jurídico por cómo se han dado, se han restringido derechos adicionales a los ya mencionados.
A continuación un resumen que, a nuestro entender, retrata perfectamente la gravedad de la situación actual, consecuencia de las más de 60 decisiones del TSJ en el sentido explicado.
Elegir, opinar y mucho más: Los derechos políticos y la libertad de expresión
Es con una decisión de la Sala Electoral poco antes de que empezara el 2016, la N° 260 del 30 de diciembre de 2015, que se suspende “provisionalmente” a cuatro diputados electos del estado Amazonas, que el CNE había ya proclamado, y se genera la causa-raíz de todo lo que aconteció en el periodo 2016.

De hecho, con este fallo se sentó la base para trastocar los pilares fundamentales en que descansa la democracia representativa del país, que regula los artículos 5, 62 y 201 de la Constitución, especialmente al desconocer el derecho al voto, el principio de la soberanía popular y sobre todo, la voluntad popular expresada por los electores en los comicios celebrados en el estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015.

Desde entonces el TSJ dejó al estado Amazonas sin representación política en el órgano legislativo, violando así los derechos de representación de los electores de esta entidad, irregularidad que fue reforzada con otras sentencias de la Sala Electoral, las Nos. 108 y 126.

Lo anterior dejó en el 2016 muchas incertidumbres, la más grave, es que todavía se espera por una decisión que restituya a los diputados suspendidos o anule definitivamente la elección del 6 de diciembre en el estado y convoque a nuevas elecciones.

Pero esta inconstitucionalidad creada por la Sala Electoral, además, resultó agravada por la labor del juez constitucional, especialmente con sentencia No. 808 del 2 de septiembre, en que declaró a los diputados de la Asamblea Nacional en desacato, con motivo de la incorporación y juramentación de los diputados electos por el estado Amazonas. Esta posición fue ratificada por la misma Sala Constitucional en sentencia No. 810 de 21 de septiembre.

Destaca Acceso a la justicia que este fue el argumento clave que acogió “el guardián de la Constitución”, sobre todo en el último trimestre del 2016 para declarar la nulidad de todos los actos emanados de la AN y, por ende, impedir el ejercicio de sus funciones legislativas, deliberativas y contraloras. Y, parece ser que esta será la línea inconstitucional que abiertamente se impondrá en el 2017 como lo demuestran ya las primeras sentencias del año de la Sala Constitucional, las N° 2 y N° 3, ambas del 11 de enero.

Si nos atenemos, en efecto, a las sentencias dictadas por el máximo tribunal del país, claramente se advierte que el 2016 estuvo marcado por una labor jurisprudencial que fomentó la hegemonía gubernamental y, al mismo tiempo, truncó las facultades de la AN. Pero lo más grave es que profundizó la situación caótica de los Derechos Humanos de los venezolanos. El TSJ creó, en definitiva, un clima de zozobra en el país, infundiendo, además, frustración en la población por decisiones desconectadas de los problemas concretos de los venezolanos.

En este sentido, resultó particularmente grave la sentencia de la Sala Constitucional N° 1.086 del 13 de diciembre en que designó a Socorro Hernández y Tania D´Amelio, junto a sus respectivos suplentes, como rectores del Consejo Nacional Electoral, usurpando las funciones de la AN en flagrante violación del texto constitucional y, por ende, quebrantando los derechos políticos, además que configuró un fraude constitucional a lo previsto en el artículo 296, porque violó groseramente el principio de la democracia representativa, que es consustancial al Poder Legislativo, órgano representativo por excelencia del pueblo.

Lo anterior muestra claramente que en el 2016 los quebrantamientos a los derechos políticos estuvieron a la orden del día. En esa misma línea, la primera sentencia que la Sala Constitucional dictó el año pasado, con ocasión de un recurso de interpretación constitucional, vulneró el derecho de asociación con fines políticos consagrado en el artículo 67 de la Carta venezolana, entre otras cosas, porque la Sala ordenó al CNE a abrir un procedimiento para renovar la inscripción de las organizaciones políticas y utilizar para ello el sistema biométrico de identificación para evitar que un mismo ciudadano apareciera como militante de uno o varias agrupaciones. La Sala, en este caso, interpretó arbitrariamente que la doble militancia está prohibida en el país.

La anterior sentencia estuvo reforzada con una aclaratoria que se produjo en el fallo N° 878 del 21 de octubre en que se desprende que la Sala Constitucional busca cancelar a los partidos políticos en el país cuando estos no cumplan con la exigencia de la verificación de los datos de sus asociados a través de un mecanismo -biométrico- no contemplado expresamente en la legislación venezolana. Este criterio, al mismo tiempo, fue avalado por la Sala Electoral con la sentencia N° 197 del 15 de diciembre al rechazar una recurso judicial que pretendía la revisión de las normas dictadas por el CNE impuestas por la Sala Constitucional.
La violación a los derechos políticos también se verificó con la sentencia N° 147 del 17 de octubre mediante la cual la Sala Electoral interpretó, alejada de lo que pauta el artículo 72 de la Constitución, así como los artículos 15 y 29 de las normas del CNE para regular el procedimiento de promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargo de elección popular. Su interpretación, en efecto, buscó obstaculizar el referendo revocatorio presidencial que había activado la organización política Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Es necesario acotar que este proceso revocatorio fue suspendido, finalmente, por el CNE atendiendo además a medidas cautelares dictadas por cuatro tribunales penales regionales, de Apure, Aragua, Bolívar y Carabobo, por supuestos fraudes en la recolección del 1% de las manifestaciones de voluntad de los electores que se habían recogido en el mes de abril. Esta decisión fue avalada por la Sala Electoral con la sentencia N° 153 del 10 de noviembre al desestimar una acción de amparo presentada contra esta suspensión decretada por el CNE.

Otro derecho político ignorado por el TSJ fue el derecho a manifestar pacíficamente que está consagrado en la Constitución (artículo 68). Destaca, en este caso, la sentencia N° 948 del 15 de noviembre que dictó la Sala Constitucional, Igualmente, la sentencia N° 2016-0120 del 18 de mayo de 2016 emanada de la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativa fue una grosera violación a este derecho, cuando ordenó a las autoridades de la GNB, PNB y de los municipios a que adoptaran medidas necesarias para impedir las marchas, protestas, concentraciones y manifestaciones no autorizadas o violentas, con la finalidad de resguardar las instalaciones del Poder Electoral y a sus trabajadores.

La Sala Constitucional limitó inconstitucionalmente, de igual modo, el derecho a la libre expresión del pensamiento, que está garantizado en el artículo 57 de la Carta Fundamental, en la sentencia N° 429 del 8 de junio.

Hay que destacar, al respecto, que en el mes de diciembre pasado existió en la Sala Político-Administrativa una tendencia deliberada de opacidad, a la falta de rendición de cuentas y al bloqueo informativo que impidió el ejercicio del derecho a la información administrativa, y que puede apreciarse de manera muy clara en las sentencias Nos. 1.447 1.448 1.463 1.464 1.465 1.466 1.523 1.526 1.527 1.534 1.561 1.562 emanadas el 15 de diciembre, a través de las cuales rechazó varias solicitudes presentadas por la organización Transparencia Venezuela relacionadas a presuntos casos de corrupción administrativa en el país.
Propiedad, pensiones y bienestar general: los derechos socioeconómicos y el derecho a la información

El TSJ tampoco ofreció garantías en los derechos referentes a la libertad económica (artículo 112 constitucional) y la propiedad privada (artículo 115 constitucional), según la sentencia N° 882 del 9 de agosto de la Sala Político-Administrativa. Pero es, especialmente, la sentencia N° 343 del 13 de abril, dictada por la Sala Constitucional que abiertamente violó el derecho a la propiedad privada, al declarar la nulidad de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros Programas Habitacionales del Sector Público que dictó la AN en sesión del 13 de abril para reivindicar el derecho de propiedad a cada uno de los beneficiarios de la GMVV.

La indefensión de los ciudadanos también se hizo presente con el menoscabo de otros derechos humanos. Un caso emblemático fue el que recayó en la sentencia N° 327 del 28 de abril a través de la cual la Sala Constitucional violó el derecho a disfrutar de una pensión o jubilación digna e igual al salario mínimo vital, garantizado en el artículo 80 de la Constitución.

Tampoco fueron garantizados los derechos de los docentes con la declaratoria de nulidad de la Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, en sentencia N° 1.012 del 25 de noviembre dictada por la Sala Constitucional.

El derecho a la salud (artículos 83 y 84) también fue negado por esta Sala a través del fallo N° 460 del 9 de junio al declarar la inconstitucionalidad de la Ley Especial para Atender la crisis Nacional de Salud que había sido sancionada por la AN para atender la crisis del país ante la indiferencia del Ejecutivo Nacional.

Se constató, igualmente, que la Sala Constitucional negó a los venezolanos durante el 2016 el derecho al bienestar social (artículo 320) con la sentencia N° 259 del 31 de marzo de 2016 al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 3 de marzo de 2016.

En este sentido, la Sala Político-Administrativa también atentó contra el ejercicio legítimo del derecho a la información oportuna contenido en el artículo 58 y del derecho a la información administrativa contemplado en el artículo 143, mediante la sentencia N° 858 del 9 de agosto a través de la cual rechazó la demanda presentada por algunos diputados opositores en contra del Banco Central de Venezuela (BCV) por no publicar los datos de la inflación correspondientes al año 2015.

Lo más grave: el fin de la democracia con la normalización de la excepcionalidad y la anulación del parlamento venezolano

Para Acceso a la justicia resulta particularmente grave, en materia de DD.HH., los Estados de Excepción y sus prórrogas dictados por el Presidente de la República durante el 2016 a espaldas de la Constitución, porque, entre otras razones, afectaron directamente los derechos como libertad personal, tránsito, propiedad, libertad de expresión, reunión, manifestación, libertad sindical y huelga, violaciones estas que fueron avaladas por “el custodio de la Constitución” al declarar la constitucionalidad de estos actos de gobierno sin objeción alguna, tal como se aprecia en las sentencias No. 4 del 20 de enero No. 7 del 11 de febrero No. 184 del 17 de marzo No. 411 del 19 de mayo No. 615 del 19 de julio No. 810 del 21 de septiembre No. 952 del 21 de noviembre.

Es fundamental destacar que bajo este marco jurídico “excepcional” creado en el 2016, la Sala Constitucional aplicó un “modelo paralelo” divorciado al espíritu y letra de la Carta venezolana para garantizarle al Ejecutivo “una zona de confort” sin ningún tipo de control -político y jurídico-. Este “modelo paralelo” está presente además en al menos 40 sentencias a partir de las cuales la Sala Constitucional cercenó las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, entorpeciendo el equilibrio que debe existir entre los poderes públicos, que proclama el artículo 136 constitucional, con lo que profundizó aún más la crisis institucional.

Si recapitulamos un poco lo que pasó con la AN, esta fue suplantada por la Sala Constitucional en materias tales como: el control presupuestario mediante sentencia N° 814 del 11 de octubre de 2016; el control político que ejerce sobre el gobierno, la administración pública y otros poderes públicos a través de las sentencias N° 6 del 4 de febrero, N° 9 del 1 de marzo, N° 797 del 19 de agosto y, especialmente, el fallo N° 948 del 15 de noviembre, que impidió realizar el juicio político contra el Presidente de la República.

Así mismo, la Sala impidió a la AN las investigaciones que llevaba a cabo sobre la empresa estatal Pdvsa en sentencia N° 893 del 25 de octubre y obstaculizó el control sobre el BCV con los fallos N° 259 del 31 de marzo y N° 618 del 20 de julio.

También le negó a la AN ejercer la función legislativa para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 341 del 5 mayo; decretar amnistías en sentencia N° 264 del 11 de abril; presentar proyectos de ley y, en especial, proponer enmiendas a la Constitución con la sentencia N° 274 del 21 de abril.

La Sala Constitucional también hizo caso omiso a la Constitución al impedirle a la AN reglamentar autónomamente su funcionamiento, mediante la sentencia N° 473 del 14 de junio, así como ejercer la potestad revocatoria sobre sus actos para modificarlos y eliminarlos, según las sentencias N° 9 del 1 de marzo y N° 225 del 29 de marzo.

La peor sentencia del año: la que exonera al Presidente de requisitos indispensables para ejercer su cargo y muestra la total parcialidad del TSJ

No podía faltar en nuestro balance la sentencia N° 907 del 28 de octubre que hemos catalogado como la peor sentencia del 2016, en donde la Sala Constitucional decidió que Nicolás Maduro Moros es venezolano por nacimiento y que no posee otra nacionalidad y, que es quizás, el fallo más emblemático de cómo el máximo tribunal del país ha abandonado completamente la búsqueda de la justicia para complacer los deseos y necesidades del Presidente y su partido de gobierno.

Se trata de una sentencia con pocos argumentos jurídicos y los que tiene son falsos, en que el juez actúa al margen de sus funciones propias, como una suerte de registrador y que es un ejemplo muy ilustrativo del despotismo judicial que imperó en Venezuela en 2016.

Al revisar este balance cualitativo, en definitiva, solo podemos concluir que en el 2016, el TSJ ejerció un control arbitrario sobre el poder legislativo para amputarle, como autoridad legítimamente electa, sus funciones a través de numerosas sentencias, producto de acciones ejercidas por el propio Presidente de la República u otros representantes del gobierno, con lo cual legitimó las actuaciones del gobierno contrarias a la Constitución, los principios democráticos, el Estado de Derecho y, sobre todo, a los Derechos Humanos, afectando con esto todos los principios del Estado social democrático de Derecho y de Justicia que consagra la Constitución venezolana.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

En el 2016, el TSJ, en especial a través de sus salas Constitucional y Electoral, permitió la concentración de poder en el Ejecutivo Nacional y la “muerte” del Poder Legislativo. El resultado más trágico de esta labor fue el deterioro de la dignidad de los venezolanos, así como la profunda y multidimensional crisis que vivió el país con este choque de poderes, y que pareciera no amainar en este nuevo año y llevarnos a la implantación de una dictadura militar.

Por eso, en el 2017 Acceso a la justicia seguirá comprometida con el país para la defensa de la independencia judicial, la defensa de la justicia, la democracia, la libertad, además del respeto por los derechos humanos, el Estado de derecho y la separación de poderes.

Irene María De Sousa
Responsable de medios
Acceso a la Justicia
El Observatorio Venezolano de la Justicia
Teléfonos: (0426) 804.52.41 (0412) 595.02.83

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