Venezuela debe poner fin a la detención sistemática y el uso de tribunales militares contra manifestantes

GINEBRA (4 de agosto de 2017) – El Gobierno de Venezuela debe poner un alto a las detenciones sistemáticas de los manifestantes y frenar el creciente uso de tribunales militares para juzgar a civiles, dice un grupo de expertos* en los derechos humanos de la ONU.

Las autoridades deben también respetar los derechos de todos los manifestantes y detenidos y garantizar su integridad física y psicológica, dijeron los expertos independientes. 

“Estamos seriamente preocupados por acusaciones de detenciones arbitrarias y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en el marco de las protestas públicas, así como por el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles”, enfatizaron.

“Tales actos estarían en abierta violación al derecho de no ser privado arbitrariamente de la libertad, al debido proceso y a ser juzgado por un juez natural, independiente e imparcial. Además, constituirían graves violaciones a los derechos de libertad de reunión pacífica y de expresión”.

Miles de personas habrían sido privadas de su libertad, desde abril del 2017, en el marco de protestas públicas. En muchos de esos casos, los detenidos han sido sometidos a aislamiento temporal, sin tener la posibilidad de comunicarse con sus familiares o abogados, previo a su presentación ante los tribunales. En otros casos, las personas fueron liberadas por decisión discrecional de los cuerpos de seguridad. 

“El Gobierno venezolano tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos no sean privados arbitrariamente de su libertad, o penalizados de ninguna manera, por expresarse y protestar pacíficamente. Las protestas no deben ser criminalizadas”, señalaron los expertos.

“El Gobierno también debe asegurar que los registros de detención sean públicos y estén a disposición de los familiares”.

Los expertos también llamaron las autoridades a poner en inmediata libertad los dirigentes de oposiciónLeopoldo López y Antonio Ledezma, recientemente transferidos a centros de detención tras la revocación de sus arrestos domiciliarios. Los expertos resaltaron el hecho de que El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera que la privación de libertad del Sr. Lópezy el Sr. Ledezma violó sus derechos. 

Los expertos dijeron que el creciente uso de los tribunales militares para juzgar a civiles fue especialmente preocupante. Al menos cuatrocientos manifestantes habrían sido juzgados de esta manera y la gran mayoría habrían sido privados de su libertad bajo acusaciones de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, tales como rebelión militar, traición a la patria y ultraje al centinela.  

“El uso de la justicia militar penal debe ser estrictamente limitado a casos en los que militares activos cometan delitos militares”, recalcaron los expertos. 

“Los órganos judiciales militares deberían, por principio, ser incompetentes para juzgar a civiles. El Estado venezolano debe velar por que los civiles acusados de una infracción penal sean juzgados por tribunales ordinarios”.  

Los expertos también expresaron grave preocupación por las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las protestas por parte de los agentes de estado y de los llamados armados ‘colectivos’, que fueron acusados intimidar, agredir, detener e incluso dar muerte a algunos manifestantes. 

Los expertos de los derechos humanos notaron que muchos de los detenidos han denunciado torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de ser presentados ante los tribunales. 

“Recordamos al Gobierno venezolano la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas normas deben regir la actuación de las fuerzas policiales y militares en todo momento”, indicaron.

Los expertos en derechos humanos de la ONU se han comunicado con las autoridades venezolanas para pedir aclaraciones sobre la conformidad de los hechos aquí expresados con el derecho internacional. 

(*) Los expertos: el Sr. José Antonio Guevara Bermúdez, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitrariael Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresiónla Sra. Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociaciónel Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogadosel Sr. Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

FIN

Fuente Naciones Unidas

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Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena restricciones arbitrarias de la Libertad de Expresión y de Reunión en Venezuela

29 de julio de 2017
Washington DC., La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela, dirigidas a impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y a prohibir el ejercicio del derecho a manifestarse y a la reunión pacífica en el contexto del proceso electoral convocado el 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente. La Relatoría Especial hace un llamado urgente al Estado venezolano a dejar sin efecto estas medidas y a ajustar su actuación a los estándares internacionales de derechos humanos.

Un proceso electoral de esta naturaleza, que busca la adopción de una nueva Constitución y cuyo retiro ha sido solicitado por millones de venezolanos, partidos de oposición, asociaciones ciudadanas y académicas, así como por países miembros de la Organización de los Estados Americanos, no puede llevarse adelante bajo restricciones a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica que impidan, de forma arbitraria, la amplia difusión de todas las opiniones políticas.

Restricciones arbitrarias al ejercicio del periodismo

En la mañana del 28 de julio, las autoridades migratorias habrían denegado la entrada al país del periodista de investigación argentino, Jorge Lanata, por no contar con una visa de periodista. En la ocasión, habría estado detenido incomunicado en instalaciones del aeropuerto de Caracas por varias horas e interrogado por oficiales del Ejército y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) hasta que fuera deportado.

El incidente habría tenido lugar un día después de que los reporteros portugueses Luis Garriapa y Odacir Junior, de Sociedade Independente de Comunicação (SIC), fueron declarados inadmisibles en territorio venezolano por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) por supuestamente no reunir los requisitos establecidos para su ingreso legal al país. Asimismo, el 26 de julio la embajada de Venezuela en México denegó la acreditación y visado para trabajar al país a los periodistas mexicanos Lourdes Murguía y Antonio Mandujano, del canal Imagen televisión.

Estos hechos se suman a los casos de al menos 6 periodistas extranjeros expulsados de Venezuela en 2017.

Asimismo, el día 27 de julio se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habría denegado credenciales a organizaciones de prensa de atestada relevancia local como el Correo del Caroní y El Pitazo.

La libertad de expresión protege el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin condición de fronteras. Atendiendo al importante papel de control que desempeñan los periodistas y los medios de comunicación en el sistema democrático, esta Relatoría ha sido sido enfática al afirmar que a los periodistas no se les debe exigir licencia o registro para ejercer su labor.

Los esquemas de acreditación y registro de periodistas solo son apropiados si son necesarios para proveerles acceso privilegiado a lugares o a eventos, dichos esquemas deben ser supervisados por órganos independientes y por decisiones sobre esta acreditación, teniendo un procedimiento justo, basado en criterios claros, razonables, transparentes y publicados con anterioridad. Además, las decisiones sobre la acreditación deben ser neutrales frente a los contenidos y no pueden discriminar en razón de la línea editorial o tipo de cobertura.

Protesta: prohibición, criminalización y militarización

El 27 de julio el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, anunció la prohibición en todo el territorio nacional venezolano de “las manifestaciones y reuniones públicas, concentraciones de personas o cualquier acto similar que puedan perturbar el normal desarrollo del proceso electoral”. La prohibición se extiende durante cinco días, del 28 de julio al 1 de agosto. El general anunció que había ordenado la puesta en marcha de un “Plan Nacional de Patrullaje con Contención Activa”, que incluye acciones “de inteligencia, de patrullaje y de reacción inmediata para atender cualquier incidencia que se presente antes, durante y después del proceso electoral”, incluido el establecimiento de 96 lugares para procesamiento para delitos electorales y delitos naturaleza militar, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de la Ley Orgánica de Seguridad Nacional. Indicó, asimismo, que durante el periodo electoral el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) estará encargado y tendrá el control operacional de todos los cuerpos estaduales y municipales de policía civil.

Estas medidas fueron anunciadas luego de cuatro meses de protesta en Venezuela, en las que se han registrado al menos 113 personas fallecidas, así como detenciones masivas y aperturas de juicios en la jurisdicción penal militar en contra de manifestantes y líderes políticos y sociales.

La Relatoría Especial recuerda que, en democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. Esto implica un enfoque centrado en el fortalecimiento de la participación política y la construcción de mayores niveles de participación ciudadanía, con las calles y plazas como lugares privilegiados para la expresión pública.

En tal sentido, las restricciones de modo, lugar y tiempo al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacifica deben ajustarse a los estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Las prohibiciones generales al ejercicio del derecho de las personas a participar en protestas pacíficas son inherentemente desproporcionadas y excesivas y no pueden servir de fundamento para vigilar, detener y someter a procesos penales de naturaleza civil o militar a manifestantes o líderes sociales por el sólo hecho de expresar sus opiniones sobre una política o medida gubernamental.

Asimismo, esta oficina reitera que en el ámbito de la gestión de la protesta social debe excluirse la participación de militares y fuerzas armadas. Los Estados deben contar con cuerpos civiles de policías con competencia exclusiva en el monitoreo y preservación de la seguridad de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, especialmente en los operativos de manejo de manifestaciones públicas.

Finalmente, la Relatoría Especial renueva su rechazo a la violencia en el contexto de protestas y hace un llamado al Estado venezolano a garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

R109/17

Datos de contacto:
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Tel. (+1) 202 370 0816
cidhexpresion@oas.org

Publicado por Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

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Amnistía Internacional | Venezuela: Prohibición de protestas sienta bases para violaciones masivas de derechos humanos

El plan de seguridad anunciado antes de las elecciones para la Asamblea Constituyente en Venezuela este domingo está sentando las bases para una nueva ola de violaciones masivas a los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional.

“La prohibición de protestas en Venezuela no hará más que empeorar una situación increíblemente volátil,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“En vez de intentar silenciar el creciente descontento popular, las autoridades deben encontrar soluciones factibles a las razonables demandas de la gente. El continuar castigando a las voces disidentes no hará más que sumergir al país en una crisis aun más profunda.”

El plan de seguridad del gobierno de Venezuela incluye planes – tales como el despliegue de personal militar y expertos para lidear con crímenes electorales y militares – que pueden facilitar una nueva ola de violaciones a los derechos humanos.

Desde que las protestas comenzaron el 4 de Abril, más de 100 personas han sido asesinadas y más de 1,400 fueron heridas, de acuerdo a cifras oficiales.

Las autoridades venezolanas llamaron a elecciones para la Asamblea General Constituyente, que tundra lugar el 30 de Julio. La Asamblea tundra el poder de re escribir la constitución del país.

Algunas personas en Venezuela han reportado amenazas e intimidación para participar en las elecciones.


Amnistía Venezuela

Fuente Provea 

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OEV: Domingo 30: La elección de la ANC no es transparente

A 48 horas de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente, el país se enfrenta a una nueva redacción de su más importante pacto de convivencia, la Carta Magna de 1999. Es resultado de una iniciativa presidencial que, como ha sido señalado con abundancia de argumentos, es ilegítima, agrava el grado de conflictividad reinante y no ayuda a resolver la grave crisis política, económica, y social, además de contar con el rechazo de la mayoría de los venezolanos (como se mostró con la consulta popular del 16 de julio).

La elección se llevará a cabo sin cumplir los estándares mínimos de una elección confiable y transparente. En efecto, conviene mencionar que el CNE está llevando a cabo la mencionada iniciativa, a través de un proceso que presenta numerosas irregularidades: eliminó del cronograma 14 auditorías previstas para generar confianza en el Sistema Automatizado de Votación, redujo el número de mesas electorales a casi la mitad, habilitó centros de contingencia que no aseguran el principio de “un elector, un voto” y avaló unas Bases Comiciales excluyentes y discriminatorias, que no fueron sometidas a referendo consultivo.

Con inusitada celeridad, el Poder Electoral dio respuesta a la propuesta del Ejecutivo en cuatro horas y estableció que ejecutarla demoraría solo 60 días. Un profundo contraste con la organización del referendo revocatorio –solicitado por la oposición en el primer cuatrimestre de 2016– cuando estableció que requeriría más de 300 días, a pesar de que se trataba de una elección bastante más sencilla.

Así, el CNE para esta elección suprimió del calendario electoral 70 actividades y llamó a postularse antes de concluir la discusión del texto presentado por el presidente Nicolás Maduro y antes de publicar formalmente la convocatoria, como lo establece el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Inclusive, aunque no previó un período de subsanación del Registro Electoral, permitió a candidatos oficialistas hacer modificaciones a última hora, trasladándolos de un centro de votación a otro.

El CNE también aprobó la sectorización del voto, un mecanismo inédito a través del cual se elegirán 31,7% de los constituyentes con sub-registros proporcionados por organismos gubernamentales y no fueron posteriormente auditados. De igual forma, descartó todo principio de proporcionalidad bajo el criterio de municipalización, con el cual los votos en algunos municipios tienen más valor que en otros: mientras en Zulia, el estado más poblado del país, se elegirán 22 diputados territoriales, en el estado Táchira, con poco más de la cuarta parte de la población zuliana, se elegirán 30 diputados.

Las bases comiciales, adicionalmente, permiten que unos electores tengan dos votos (territorial y sectorial), mientras otros uno solo, discriminando ilegítimamente a los ciudadanos en electores de primera y de segunda. Igualmente, se prescindió del tarjetón electrónico, haciendo que no todos los candidatos puedan ser identificados claramente con nombre y apellido, sino con un número.

Difícil pensar, visto lo anterior, que el acto que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de julio, mediante el cual se va a una Asamblea Nacional Constituyente, arroje resultados confiables. Por todo lo señalado, el OEV considera que se trata de una iniciativa ilegítima y poco democrática que, encima, se lleva a cabo contrariando condiciones establecidas para realizar procesos electorales.

A continuación una lista de irregularidades:


1) No se sometió a referendo consultivo y se confundió “iniciativa” con “convocatoria”.

2) Las Bases Comiciales fueron debatida, de acuerdo a anuncios oficiales, por no más de 600.000 personas en 20 días, apenas el 3,08% del Registro Electoral. Solo alrededor del 20% de la población electoral manifiesta estar dispuesta a acudir a la votación, según diversos sondeos de opinión.

3) CNE priorizó velozmente la nueva propuesta constituyente frente a las elecciones regionales, mandato constitucional pendiente desde diciembre de 2016.

4) CNE aprobó dos mecanismos de votación inéditos e ilegales: sectorialización, que no incluye a toda la población electoral y cuyos sub-registros permanecen sin auditar, y municipalización, cuya distribución permite que votos en determinadas zonas resulten más valiosos que en otras (desequilibrio que se denomina “malaproporcionamiento”).

5) CNE eliminó 70 actividades del cronograma, entre las más importantes se cuentan:

-La campaña institucional

–  Fase de consulta, impugnación y solicitud de incorporación al Registro Electoral (RE). Aunque sí permitió a candidatos oficialistas hacer modificaciones a última hora, trasladándolos de un centro de votación a otro.

– Operativos o jornadas especiales de inscripción y actualización del RE.

– Fase de catastro: revisión y visita de los centros de votación.

– Subsanación de los recaudos y presentación de alegatos o pruebas contra postulaciones.

– Sorteo de posición y elaboración de las boletas: arte e impresión (producción) de los tarjetones válidos y no válidos.

– Convocatoria, notificación  y adiestramiento de los miembros de mesa.

– Acreditación de testigos de partidos políticos, observadores nacionales y acompañantes internacionales.

6) CNE llamó a postularse antes de hacer formalmente la convocatoria, publicar el cronograma de actividades y publicar los sub-registros sectoriales. Además, se planificaron otras actividades previas a la convocatoria, las cuales carecen de validez legal, como la capacitación del personal electoral (miembros de juntas electorales y operadores).

7) El ente también eliminó la validación biométrica como requisito para postularse. Así, cada pre-candidato debió recolectar de forma manual el 3% de las firmas electorales, las cuales fueron revisadas en apenas cinco días, no fueron digitalizadas ni publicadas.

8) CNE suprimió 14 auditorías del cronograma, entre ellas:

– Auditorías de huellas de electores

– Del Sistema de Información al Elector

– De la infraestructura electoral

– De la verificación ciudadana, incluyendo el escrutinio en mesas electorales una vez finaliza el acto de votación

– De la transmisión de resultados

– Del Registro Electoral y de los ocho nuevos sub-registros sectoriales

– De la base de datos de los elegibles a los organismos electorales subalternos

– De datos y código fuente del Sistema de Autenticación del Votante (SAV)

9) CNE prescindió del tarjetón electrónico, en el que los candidatos no serán identificados con nombre, apellido y foto, sino con un número. Además, eligió arbitrariamente el número de cada candidato, priorizando unos sobre otros.

10) Los partidos fueron excluidos del proceso. Se les prohibió la postulación de candidatos.

11) No penalizó los abusos televisivos durante la campaña, el lenguaje agresivo, ni las amenazas a empleados públicos, especialmente las relacionadas al Carnet de la Patria como nuevo instrumento para controlar a los votantes. El CNE nunca aclaró cuáles serían las fuentes de financiamiento de los candidatos en esta oportunidad.

12) Se redujo el número de mesas electorales a casi la mitad, que pasaron de 40.601 instaladas para las parlamentarias de 2015 a 24.139 mesas este 2017; mientras que se mantuvo la misma cantidad de centros de votación (14.515, pese a que algunos de ellos no pudieron ser tomados por el Plan República).

13) Fueron habilitados centros de contingencia, se anunció a última hora que los electores podrían votar en cualquier centro de su municipio y se eliminó la tinta indeleble; elementos que no aseguran el principio de “un elector, un voto”.

En suma, el OEV considera que la ANC no es solo una iniciativa cuestionada desde el punto de vista legal, sino que, adicionalmente, se llevara a cabo mediante un proceso que, por las razones arriba indicadas, no cumple con las condiciones necesarias para ser confiable.

Publicado por el Observatorio Electoral Venezolano

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ONU | Exigimos que se respete el derecho a la manifestación pacífica

Luego de más de cuatro meses de protestas, 112 fallecidos y más de 1900 heridos, Nestor Reverol prohibió el derecho a la manifestación pacífica y reuniones públicas a partir del presente viernes frente al proceso que se llevará a cabo el próximo 30 de Julio con la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente. (ANC)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy a las autoridades de Venezuela que respeten el derecho de sus ciudadanos a la libertad de expresión, asamblea y manifestación pacífica.

“Estamos muy preocupados por la prohibición de los derechos básicos de expresión y manifestación, especialmente en el contexto del proceso electoral del domingo”, afirmó en rueda de prensa la portavoz de la oficina, Liz Throssell.

El gobierno venezolano ha prohibido “reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que pueda perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral” desde hoy hasta el 1° de agosto para, según su versión, permitir la votación de una nueva asamblea constituyente.

Throssell recordó que Venezuela debe respetar la ley internacional de derechos humanos y por eso reiteró su “preocupación” por el hecho de que todas las manifestaciones hayan sido prohibidas.

“Es por ello que hacemos un llamamiento a las autoridades para que respeten el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica”, afirmó.

Agregó que la oficina de la ONU está “profundamente preocupada por el riesgo de más violencia en Venezuela en el marco las elecciones del domingo” para la constituyente.

Especificó que deben respetarse “los deseos” de los venezolanos a participar o no en los comicios y que, si bien nadie debe ser obligado a votar, aquellos que quieran participar en el proceso deben poder hacerlo.

Es por ello que la portavoz hizo un llamamiento a aquellos que se oponen a la cita electoral para que lo hagan de “forma pacífica”.

“Estamos hablando ahora porque, dada la extremadamente tensa situación que vive Venezuela, queremos repetir nuestro llamamiento para que todos mantengan la calma y expresen sus opiniones de forma pacífica”, declaró.

Con respecto al proceso de nueva constituyente, Throssell dijo que la oficina de las Naciones Unidas no se posicionaba y que se limitaba a denunciar el tumultuoso “contexto” en el que estas elecciones se llevan a cabo.

No obstante, la portavoz agregó que “una modificación constitucional solo puede llevarse a cabo con un amplio consenso y la participación de todos los sectores de la sociedad”.

Además, recordó las conclusiones de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo europeo en temas constitucionales, que la semana pasada opinó que “el proceso y las normas electorales de la asamblea electoral constituyente contradicen la Constitución de Venezuela de 1999”.

Consultada sobre si el Alto Comisionado asumía las conclusiones de este órgano, Throssell respondió que “reconoce el conocimiento de la Comisión de Viena en temas constitucionales”.

Agregó que, a juicio del Alto Comisionado, para poder llevar a cabo una modificación constitucional se deben respetar los derechos a la libertad de expresión, de asamblea y de manifestación pacífica.


Organización de las Naciones Unidas

Fuente Provea 

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