44 ONG: CNE es corresponsable de violaciones DDHH ocurridas desde 01 de abril

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos el presente documento, queremos enfatizar la responsabilidad de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) -particularmente de sus rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tani D´Amelio- sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir del 01 de abril de 2017, fecha en la que se inició un ciclo de movilizaciones populares en rechazo, entre otras razones, a decisiones inconstitucionales aprobadas por este organismo.

Durante el mes de octubre de 2016 el árbitro electoral tomó la decisión de suspender, de manera irregular, el derecho constitucional a evaluar la gestión del primer mandatario a la mitad de su mandato mediante un Referendo Revocatorio. Además, sin ningún argumento legítimo, derogó indefinidamente las elecciones regionales que según la Carta Magna debieron realizarse obligatoriamente el pasado mes de diciembre.

Estas decisiones alejaron al gobierno de Nicolás Maduro de la democracia y evidenciaron que el CNE no realizaría, en lo sucesivo, elecciones democráticas.

La presidenta del CNE Tibisay Lucena anunció el 18 de octubre de 2016 que para el primer semestre de 2017 se realizarían las elecciones de gobernadores no solo violando el mandato constitucional que establece que debieron realizarse el pasado mes de diciembre, sino que tampoco fueron convocadas para el primer semestre 2017.

Por ello a partir del 1 de abril se inició un ciclo de protestas populares enarbolando, entre otras demandas, la difusión de un calendario electoral por parte del CNE. La actuación irregular del ente indicaba que no tenía voluntad para  garantizar la realización de las elecciones regionales pendientes, ni tampoco las elecciones municipales.

Durante semanas las autoridades del CNE no opinaron públicamente sobre esta legítima solicitud de los manifestantes. Sin embargo el 23 de mayo de 2017, en apenas horas, aprobaron la propuesta fraudulenta realizada por Nicolás Maduro sobre las bases comiciales para la elección de constituyentistas. Ese día el CNE divulgó que las elecciones para miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se realizarían el mes de julio, prelando sobre las de gobernadores que quedarían pautadas para diciembre próximo. El CNE demostró una vez más su sumisión a los mandatos del Ejecutivo Nacional, obviando el mandato constitucional que establece que debe actuar como Poder autónomo.

El anuncio de elecciones para diciembre 2017, no obstante, es una falsa promesa. La ANC  posee dentro de sus competencias la reforma del Estado y la abolición de los llamados “poderes constituidos”, por lo que las propias gobernaciones pudieran ser sustituidas por otra figura de gestión regional. Además, las discusiones de la ANC pueden extenderse hasta el año que viene -En 1999 se realizaron durante 6 meses-, lo cual invalidaría la actuación durante este plazo del resto de las instituciones del poder público, incluyendo la elección de nuevos mandatarios regionales.

Por tanto, elegir una ANC en el mes de julio suspendería de facto la realización de regionales en diciembre o cualquier fecha posterior. La imposición de una fraudulenta ANC sin consulta del pueblo como poder originario, alejada de los preceptos constitucionales y violando el principio de progresividad alcanzado con la Constituyente de 1999, cierra los mecanismos institucionales de resolución democrática del conflicto, abriendo el camino a una intensificación de la protesta por parte de una población en rebelión,  que apuesta y sigue apostando a la no violencia a pesar de la represión y la asfixia institucional.  El CNE con su actitud alejada de la ley y la Constitución se convierte en un factor que provoca la intensificación del conflicto actual y es co-responsable de las consecuencias que tal incremento significa, entre ellas las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo

La historia de América Latina demuestra que cuando se clausuran los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos se estimula la aparición de estrategias violentas, lo cual parece ser la intención del gobierno de Nicolás Maduro, con el respaldo tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Consejo Nacional Electoral.

Invitamos a los trabajadores del CNE a inhibirse de participar en la derogación arbitraria de la Constitución de 1999, y expresar de manera pública sus críticas al procedimiento impuesto, tal como lo ha hecho el rector Luis Emilio Rondón. La actuación de los trabajadores del CNE en la fraudulenta ANC  los hará cómplices de violaciones de derechos humanos y del fortalecimiento del autoritarismo. El artículo 25 de nuestra Carta Magna establece:

Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

Las ONG nos encargaremos, en un futuro, de recordar la responsabilidad de todos y cada uno de los funcionarios públicos que violaron derechos humanos para que sus actuaciones sean investigadas y sancionadas. Cada trabajador del CNE tiene la oportunidad de cooperar en el restablecimiento de la vigencia plena de la Constitución o, por el contrario, ser cómplice de la violación de derechos humanos con las consecuencias jurídicas que ello le traerá en un futuro. Quedará en la conciencia de cada quien su actuación en este momento histórico que vive el país.

Suscriben:

Acceso a la Justicia

Acción Solidaria

Asamblea de Educación

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)

Asociación Venezolana para la Hemofilia

Aula Abierta Venezuela

Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado

Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP)

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana

Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

Civilis Derechos Humanos

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira

Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure

Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Mérida

Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado Monagas de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

Convite AC

Escuela de Vecinos de Venezuela

Espacio Humanitario

Excubitus Derechos Humanos en Educación

Foro Penal Venezolano

Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA (GTAI)

Humano Derecho Radio

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP

Laboratorio de Paz

Movimiento Vinotinto

Nueva Esparta en Movimiento AC

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

Padres Organizados de Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (PROMEDEHUM)

Proyecta Ciudadanía A.C

Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

Redes Ayuda

Revista SIC, Centro Gumilla

Sinergia

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

Transparencia Venezuela

Un Mundo Sin Mordaza

Una Montaña de Gente

Una Ventana a la Libertad

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C

Venezuela Diversa AC

 

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Rechazo a la aplicación, en consecuencia del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, del Plan Zamora, como mecanismo restrictivo de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos

Quienes suscribimos este documento, organizaciones de la Sociedad Civil que trabajamos en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH), manifestamos:

Que el día 18 de abril el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, en alocución presidencial bajo la vigencia del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, ordenó la aplicación a nivel nacional del autodenominado PLAN ZAMORA, en su decir en FASE VERDE, bajo el cual ordena a los jefes de las REDI (Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral) y las ZODI (Zonas Operativas de Defensa Integral) la activación de este Plan Estratégico Especial Cívico-Militar que “activa la Seguridad y Defensa de la Nación en caso de amenazas al orden interno, que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional, siendo que deberá activarse bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano, en defensa del orden integral, de la paz y para derrotar el golpe de Estado”, asumiendo que los organismos de seguridad y orden público nacionales quedan bajo el mando de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI).

Que específicamente el día 15 de mayo de 2017, un grupo de ciudadanos del estado Nueva Esparta, enmarcados en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decidieron participar de manera pacífica, en el denominado “Gran Plantón”, el cual, entre otros sitios de desarrollo, se realizó en las inmediaciones de la avenida Juan Bautista Arismendi de esa entidad insular.

Que por su accionar fueron reprimidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en circunstancias que llevaron a la detención de TREINTA y TRES (33) ciudadanos en todo el territorio del estado.

Que estos ciudadanos fueron recluidos el mismo día 15 de mayo, en el Comando de Zona N° 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, a cargo del General Aquilino Mata.

Que durante sus detenciones, por demás ilegales e inconstitucionales, practicadas a través de mecanismos popularmente conocidos como redadas, sin individualizar presuntos autores de hechos punibles, y ejecutadas en su mayoría por intermedio de allanamientos ilegales sin previa orden judicial, en residencias aledañas a los sitios del suceso, violentando entre otros, el principio constitucional de inviolabilidad del hogar; comprometiendo en su accionar la Guardia Nacional Bolivariana, el derecho de toda persona al respeto de su dignidad, su integridad física, psíquica y moral; y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, al infligir serios daños físicos y morales en el grupo de detenidos, tal y como fuese plenamente comprobado por los reconocimientos médicos legales practicados por forenses de la región, a solicitud de la Fiscalía de Derechos Fundamentales.

Que diecinueve (19) de los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, siendo procesados en la jurisdicción penal ordinaria; y el restante grupo de catorce (14) detenidos, se desconocía porque no fueron presentados, motivando tal incertidumbre que el Ministerio Público a través del Fiscal Tercero de esa jurisdicción, solicitase ante el Circuito Judicial Penal se le colocaran a su disposición el resto de los detenidos, ocasionando con ello agresiones e intimidaciones verbales por parte de funcionarios de ese Circuito al referido representante de la vindicta pública, que lo “invitaron” airadamente a “retirar” su solicitud.

Que durante su detención en la mencionada dependencia militar, fueron objeto de incomunicación absoluta; inclusive el propio día de su detención, la Guardia Nacional Bolivariana impidió a la Fiscalía de Derechos Fundamentales de la región el acceso a los detenidos; asimismo impidió el acceso a familiares y/o abogados de confianza, no fueron informados de los cargos por los que se les pretendía juzgar; siendo estas condiciones como la prohibición de incomunicación o tortura y el derecho al debido proceso, garantías de carácter intangible y de imposible suspensión, por mandato del artículo 337 de nuestra Constitución Nacional.

Que ante tal situación de violación flagrante en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos detenidos, organizaciones de derechos humanos y familiares, intentaron el día 17 de mayo, unaacción de amparo a la libertad personal, conociendo de ella el Tribunal Primero en funciones de Control del Estado Nueva Esparta.

Que a pesar del mandato constitucional contenido en el artículo 27 de la Constitución, de poner bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, y sin dilación alguna a los detenidos, este Tribunal en fecha 19 de mayo, decidió declinar su competencia como juez constitucional, en un Tribunal Militar, violando con ello la propia carta magna, así como reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional que señala como único competente para expedir ese mandamiento de habeas corpus, al tribunal de control, y por lo tanto, haciendo nugatorio que otro juzgado pueda decidir un amparo sobre libertad y seguridad personales.

Que violando el principio de juez natural, estos catorce (14) ciudadanos fueron sometidos a Justicia Militar en el estado Anzoátegui, el día 19 de mayo de 2017, permitiendo a sus abogados tener contacto con ellos por primera vez, apenas 20 minutos antes de la prevista audiencia; ordenándose a siete (7) de ellos su procesamiento y reclusión en el anexo militar de la Cárcel de La Pica, estado Monagas, y al resto de ellos, a seis (6), el procesamiento con medidas cautelares; y el restante, no ha podido ser presentado por encontrarse convaleciente en una clínica, víctima de los malos tratos infligidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

Que la Justicia Militar, tiene un connotado carácter inquisitivo y no autónomo, esquivo a los principios en materia de derechos humanos; donde inclusive los fiscales y jueces militares, de esa jurisdicción, son elegidos por el Presidente de la República, violentando el debido proceso de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción, que justamente se encuentran manifestando en contra del gobierno nacional, configurándose una inaceptable criminalización y judicialización de la protesta social.       

Que la responsabilidad civil, penal y administrativa de tales acciones desplegadas en el estado Nueva Esparta, corresponden, en base los lineamientos dictados por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros (en el marco de lo que este autodenominó PLAN ZAMORA), en un primer término al Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular (REDIMAIN) Almirante Edglis Herrera Balsa, al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nueva Esparta (ZODI Nueva Esparta) Vicealmirante Alfredo Pulido Pinto, y al Comando de Zona N° 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, a cargo del General de Brigada Aquilino Mata.

Que la Defensoría del Pueblo como elemento medular de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, tiene responsabilidades ineludibles en la investigación de este tipo de casos.

En consecuencia:

EXIGIMOS del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, la suspensión inmediata a nivel nacional del denominado PLAN ZAMORA, por ser este plan un mecanismo represivo, que conlleva en su aplicación, la restricción de los derechos y garantías constitucionales consagrados a favor de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela;

 EXIGIMOS del Defensor del Pueblo la activación inmediata a nivel nacional de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la plena activación de sus funciones y facultades; comisión esta que le toca presidir, de acuerdo a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 EXIGIMOS de la Fiscal General de la República, proceda sin dilación alguna procesar y solicitar enjuiciamiento, a todos aquellos civiles, autoridades o no, funcionarios militares o policiales; que no solamente resulten señalados de presuntamente cometer violaciones al derecho a la vida y/o integridad personal, sino todos aquellos que por omisión y/o acción, hayan permitido el relajamiento de los principios y derechos fundamentales contemplados en nuestra carta magna; así como todos aquellos que por su acción pretendan entorpecer las atribuciones y competencias del Ministerio Público.

 EXIGIMOS sin dilación alguna de los Tribunales Militares a nivel nacional, ordenen la liberación inmediata de todos los civiles dispuestos a su jurisdicción; así como la urgente declinatoria de estas causas, en los correspondientes Tribunales de Control de la Jurisdicción Penal ordinaria.

 EXIGIMOS sin dilación alguna de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, revisar, de oficio, la constitucionalidad del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, y subsecuentemente la aplicación delPlan Zamora, como mecanismo restrictivo de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos.

 ADVERTIMOS que de continuar ejecutándose el Plan Zamora, estaríamos frente a una profunda desnaturalización del principio de división de poderes, así como las competencias y atribuciones constitucionales de los órganos del poder público nacional, haciendo que los actos de algunos de ellos, se ejecuten sin control alguno, estando frente a una inequívoca ruptura del orden constitucional.

En la ciudad de Porlamar, a los 23 días del mes de mayo del año 2017.-

Suscriben este comunicado…

Organizaciones venezolanas:

  1. Acceso a la Justicia A.C.
  2. Acción Campesina
  3. Asociación Ecológica para la Prevención Ambiental (AEPA) Estado Falcón
  4. Aula Abierta Venezuela
  5. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
  6. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Monseñor Oscar Romero de la Universidad de Los Andes
  7. Cedice Libertad
  8. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
  9. Centro de Animación Juvenil
  10. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
  11. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
  12. Centro de Formación para la Democracia (CFD)
  13. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  14. Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.
  15. Civilis Derechos Humanos
  16. Coalición de ONG y Defensores de Derechos Humanos
  17. Coalición Clima 21
  18. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Anzoátegui
  19. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Apure
  20. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Bolívar
  21. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Mérida
  22. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Monagas
  23. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
  24. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
  25. Convite A.C.
  26. Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional (CIIDER)
  27. Escuela de Vecinos de Venezuela
  28. Espacio Público
  29. EXCUBIRUS Derechos Humanos en Educación
  30. Federación Nacional de Sociedad de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
  31. Foro Penal Venezolano Capítulo Nueva Esparta
  32. Fundación Abrae
  33. Fundación Aguaclara
  34. Fundación Camino Democrático
  35. Fundación CELTA
  36. Fundación Ensayos Para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)
  37. Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID)
  38. Fundación Nueva Mujer Margarita
  39. Fundación Reflejos de Venezuela
  40. Fundación Venezolana para la Ingeniería Ecológica (FUNVIE)
  41. FUNDEANAMB Falcón
  42. Gente del Petróleo Anzoátegui
  43. Laboratorio de Paz
  44. Llamado a la Conciencia Vial A.C.
  45. María Estrella de la Mañana A.C.
  46. Movimiento Vinotinto
  47. Nueva Esparta en Movimiento A.C.
  48. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  49. Observatorio Venezolano de la Salud
  50. Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
  51. Organización StopVIH
  52. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
  53. Opción Venezuela A.C.
  54. Padres Organizados de Venezuela
  55. Participación Comunitaria Falcón
  56. Paz Activa A.C.
  57. Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
  58. Proyecta Ciudadanía A.C.
  59. Red Andina de DDHH (RADAR)
  60. Red Manglar Internacional Capítulo Venezuela
  61. Red Internacional de ONG que luchan contra la Desertificación (RIOD Venezuela)
  62. Revista SIC del Centro Gumilla
  63. Sinergia
  64. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  65. Transparencia Venezuela
  66. Un Mundo Sin Mordaza
  67. Una Ventana a La Libertad
  68. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.
  69. Veedores por la Educación del estado Aragua

 

Organizaciones internacionales:

  1. Justice International

Imagen cortesía google

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Amnistía Internacional | Residencia de Defensores invadida, seguridad en riesgo

Personas no identificadas irrumpieron en la residencia de los defensores de derechos humanos venezolanos Yonaide Sánchez y Nelson Freitez. Existe preocupación que esto sea un intento de detener el activismo legítimo que realizan por los derechos humanos.

La noche del 8 de mayo sujetos no identificados ingresaron a la residencia de Yonaide Sánchez y Nelson Freitez en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Al parecer no sustrajeron nada, pero sí revolvieron las pertenencias de los defensores y dejaron cuchillos, un pico y una tabla dispuestos de forma amenazante en la residencia.

La información a la que ha accedido Amnistía Internacional indica que la morada de los defensores había sido violentada en dos oportunidades anteriores el 30 de noviembre de 2016 y el 8 de abril de 2017 por grupos igualmente sin identificar, en los que sí hubo sustracción de artículos personales y de trabajo. En dichas ocasiones, los defensores presentaron denuncias ante la Guardia Nacional pero al parecer no se ha abierto ninguna investigación. Además, en el segundo incidente, también fue presentada una denuncia ante la Fiscalía del estado Lara, la cual tampoco ha recibido respuesta ni seguimiento. Después del incidente del 8 de mayo, Nelson Freitez y Yonaide Sánchez interpusieron otra denuncia ante la Fiscalía Superior del estado Lara, esta vez solicitando también medidas de protección para salvaguardar su integridad. Después de más de una semana sin seguimiento a este pedido, el 19 de mayo se solicitó una audiencia ante dicho ente, pero aún se espera respuesta.

En el contexto de manifestaciones reiteradas en Venezuela, Yonaide Sánchez y Nelson Freitez han denunciado públicamente, tanto en radio como en televisión, la existencia de violaciones a derechos humanos, la participación de grupos civiles armados en acciones de hostigamiento de los manifestantes y los excesos en el uso de la fuerza en las manifestaciones. Por lo tanto, consideran que estas incursiones en su propiedad pueden ser un intento de neutralizar su actividad como defensores de derechos humanos. Así, estos elementos y la impunidad ante las denuncias previas pone a Yonaide Sánchez and Nelson Freitez en una situación de riesgo tanto para su seguridad personal como para su capacidad de ejercer libremente sus labores de defensa de derechos humanos.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

– Instando a las autoridades venezolanas a que tomen todas las medidas necesarias, en consulta con Yonaide Sánchez y Nelson Freitez, para garantizar la integridad física y psicológica de ambos así como de sus familiares;


Amnistía Internacional

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Venezuela: La OMCT condena el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la aplicación de la jurisdicción militar a manifestantes

Ginebra (Suiza), 19 de mayo de 2017

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) insta a las autoridades venezolanas a proteger a aquellas personas que ejercen el derecho a la libertad de reunión y a investigar de forma exhaustiva la muerte de al menos 42 personas y todos los casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos ocurridos en el marco de las protestas.

Desde que empezaron las protestas a fines de marzo de 2017, al menos 42 personas, incluyendo varios adolescentes, han fallecido y más de 900 han resultado heridas, incluyendo niños y ancianos, durante enfrentamientos entre manifestantes, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana y grupos paramilitares, según los datos hechos públicos por el Ministerio Público. Centenares de manifestantes – que fuentes no oficiales cifran en más de 2000 hasta el momento – habrían sido detenidos en varias ciudades del país, muchos de ellos estudiantes y menores de edad.

Las protestas iniciaron el 30 de marzo de 2017, cuando partidos y grupos simpatizantes de la oposición convocaron marchas en varios puntos del país en rechazo a las sentencias (posteriormente modificadas) en las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció que asumía las competencias de la Asamblea Nacional por encontrarse esta última en situación de desacato. Varias de las protestas que inicialmente se desarrollaron de manera pacífica fueron dispersadas o reprimidas violentamente en medio de un fuerte despliegue de efectivos de seguridad.

Un gran número de muertes y heridos graves, incluyendo manifestantes y transeúntes, ha resultado del uso de armas de fuego y armas menos letales, en particular bombas de gas lacrimógeno, gas pimienta y perdigones. También ha habido personas arrolladas por vehículos antimotines y muchos casos de asfixia por la inhalación de gases tóxicos. En este marco, la OMCT expresa su consternación por el reiterado incumplimiento de las normas nacionales e internacionales que regulan el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en el curso de manifestaciones.

Además, se ha reportado la presencia de grupos civiles armados que realizarían labores de contención de la protesta ciudadana y habrían disparado con armas de fuego, asesinando e hiriendo a manifestantes. Esta situación se agravó con la activación del denominado Plan Zamora 200, el 18 de abril de 2017, el cual, contrariamente a la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas y a “fuerzas populares” labores relativas al control del orden público.

De la misma manera, preocupa profundamente el uso de la jurisdicción penal militar, documentado en más de 250 casos, para detener y juzgar a civiles, lo que vulnera el debido proceso y el derecho al juez natural, garantías básicas para asegurar el derecho a un recurso efectivo. Esta situación se enmarca en un contexto de criminalización generalizada de aquellas personas que participan en las protestas, las cuales han sido tildadas de “terroristas” por parte de representantes del gobierno y acusadas de delitos que acarrean altas penas como el de “rebelión”.

En este sentido, la OMCT considera que tanto la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) como el Plan Zamora deberían ser abolidos y los operativos de seguridad revisados con vistas a la desmilitarización de las tareas relacionadas con el mantenimiento del orden público.

Malos tratos y detenciones arbitrarias

También se han registrado irregularidades y abusos durante la práctica de las detenciones y el traslado a dependencias policiales y militares. En el trayecto a lugares de detención, muchos manifestantes habrían sido golpeados, maltratados y vexados, incluyendo casos de violencia sexual.

Asimismo, los informes recibidos indican la inobservancia de garantías procesales clave para prevenir la ocurrencia de tortura, malos tratos y violaciones a la libertad personal. Se han reportado lapsos prolongados de incomunicación durante los cuales el paradero de los detenidos es desconocido por sus familiares. En un número elevado de casos las detenciones se han ordenado y prolongado contrariamente a lo solicitado por la Fiscalía, en ocasiones condicionando la libertad a la presentación de fiadores, lo que ha supuesto la prolongación indebida e injustificada del periodo de detención en oficinas y dependencias no habilitadas para albergar a detenidos en condiciones dignas. Fuentes fidedignas también coinciden en denunciar hechos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo custodia, incluyendo a víctimas menores de edad.

Priorizar los cauces democráticos y alternativas al uso de la fuerza

La OMCT llama a todas las partes a abstenerse de recurrir a la violencia y a privilegiar el diálogo y los canales democráticos de participación. Con el fin de favorecer una salida no violenta a la crisis, exhortamos a las autoridades a garantizar el pleno respeto al derecho a la libertad de reunión y a proteger a los manifestantes y a los transeúntes frente a los ataques de civiles armados. El derecho a la libertad de reunión es un pilar básico para canalizar la expresión colectiva de opiniones o creencias políticas, culturales o religiosas diversas, lo cual incentiva el debate público y la existencia de sociedades plurales, tolerantes e inclusivas.

Asimismo, la OMCT recuerda a las autoridades que, según las normas internacionales, la fuerza letal por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesario en defensa propia o defensa de terceros ante una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves. Respecto el uso de la fuerza incluyendo armas menos letales, los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley solo lo permiten cuando hayan resultado ineficaces todas las vías de mediación y negociación posibles y recuerdan que “no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos”.

En este contexto, cabe destacar que el uso de la fuerza empleado sin apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad puede ser constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, la OMCT reitera que está prohibido el disparo de proyectiles de gas dirigido al cuerpo de personas, en particular cuando se hace a corta distancia y en las partes superiores del cuerpo, y no debe ser arrojado en espacios cerrados, cuando las personas no tienen una vía de evacuación ni en las cercanías de centros de salud, centros educativos ni zonas residenciales.

Las autoridades también tienen la obligación de garantizar la asistencia médica de urgencia a toda persona herida en los operativos de seguridad desplegados en las manifestaciones, notificando si fuera necesario a los familiares y amigos cercanos lo más pronto posible.

Luchar contra la impunidad

La OMCT urge a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos relacionados con la muerte, tortura, detenciones arbitrarias y cualquier otro incidente donde se haya registrado un uso abusivo o arbitrario de la fuerza, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley. Asimismo, la OMCT hace un llamado a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las víctimas y personas que denuncien violaciones a los derechos humanos pueden hacerlo sin sufrir represalias.

Libertad para los protestantes

Finalmente, la OMCT llama a las autoridades a ordenar la libertad inmediata de todas y cada una de las personas detenidas en el marco de las protestas en caso de encontrarse detenidas en ausencia de cargos legales válidos, o en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal civil competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento.

Contactos 

OMCT, Tel. +41 (0) 22 809 49 39 / omct@omct.org 

 

Publicado por OMCT

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Palabras de Mons. Diego Padrón Sánchez, Presidente del Conferencia Episcopal Venezolana,en el momento de recibir a la comisión organizadora de la Asamblea Nacional Constituyente

Caracas, 19 de Mayo de 2017.

 Doctor
Elías Jaua Milano
Ministro de Educación
Presidente de la Comisión Organizadora de la Asamblea Nacional Constituyente

 Sres. Miembros de la misma Comisión

En nombre de la Conferencia Episcopal Venezolana, agradezco su gentileza de venir a esta casa a presentar a los obispos el proyecto general de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el Sr. Presidente de la República. Esta casa nuestra es “la Casa de todos”. Bienvenidos.

Comienzo por manifestarles con mucho respeto que los obispos hemos decidido, después que hayamos escuchado su exposición, no entrar a debatir con Ustedes los pro y los contra de la iniciativa presidencial. Ya hemos declarado nuestra opinión al respecto. En efecto, en el Comunicado que dimos a conocer públicamente el pasado 05 del presente mes y en la Exhortación que publicamos ayer, señalamos:

1. Que esta Asamblea Constituyente es innecesaria, porque Venezuela cuenta con una de las constituciones más completas del mundo. Ella contiene lo que cualquier otra constitución nacional quiere garantizar. Lo que hace falta no es reformar el texto constitucional, sino que el Gobierno le dé pleno cumplimiento a su letra y su espíritu. Y si la cumpliera, podría, en algún caso, proponer su enmienda.
2. Es innecesaria, porque no es lo que el pueblo necesita. Lo que necesita y reclama el pueblo, en primer lugar, es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas. La Asamblea Constituyente retrasa el proceso electoral ya sobrepasado en el tiempo, conforme a la Constitución Nacional. Por estas y otras razones, la iniciativa presidencial tiene muy escasa aprobación. No ha traído tranquilidad al país. Incluso dentro del oficialismo hay quienes la adversan o no la consideran conveniente u oportuna.
3. Es inconveniente, porque la nueva estructura de Estado, la estructura comunal, que el Gobierno pretende introducir mediante la Asamblea Constituyente, fue ya consultada al pueblo en 2007 y el pueblo la rechazó. La soberanía popular debe ser respetada.
4. Es inconveniente, porque – como sabemos – la eventual instalación de una Asamblea Nacional Constituyente suprimiría de facto el ejercicio de la Asamblea Nacional, la cual fue elegida por una abrumadora mayoría nacional en elecciones universales, directas y secretas.
5. Es inconveniente, porque no contribuye al entendimiento entre los venezolanos. Ustedes han insistido en que la propuesta presidencial, en los términos en que hasta ahora ha sido formulada, tiene como objetivo el diálogo y la paz. La Iglesia apoya y comparte este objetivo. Pero, al mismo tiempo, está convencida de que el único camino para el diálogo y la paz es la consulta al pueblo sobre si quiere o no esta propuesta presidencial. Hablo de una consulta universal, con voto directo y secreto, tal como lo prevé nuestra Constitución Nacional, en base al principio de “una persona, un voto”. El pueblo es el verdadero sujeto social de la democracia. Para que haya diálogo entre Gobierno y Oposición es imprescindible superar la mutua desconfianza.

Reitero que no queremos profundizar en las motivaciones jurídicas del proyecto de Constituyente, porque nos somos juristas. Preferimos, como ciudadanos preocupados por los graves problemas nacionales y pastores que comparten las angustias del pueblo, abrir un espacio para la reflexión sobre otros asuntos de gran envergadura en los que el Gobierno nacional y la Iglesia pudieran trabajar de común acuerdo en bien del país, como son, por ejemplo, el servicio que Caritas de Venezuela puede prestar en la adquisición y distribución de alimentos y medicinas o en las visitas a los privados de libertad a quienes los cuerpos de seguridad se las restringen. Los presos comunes son atendidos por la Iglesia católica mediante el Servicio de Capellanía Penitenciaria.

 

Hago votos al Dios y Padre suplicándole que este encuentro sirva para que la situación del país se encamine por sendas de justicia, reconciliación y paz.

Publicado por CEV

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