Alerta IPYS : Nuevo estado de excepción contempla “regulaciones contundentes” a los contenidos en Internet

  • El filtro, bloqueo, y vigilancia de los contenidos en internet impiden el libre flujo de información y afecta el ejercicio de la libertad de expresión y la búsqueda de información

  • El decreto, que salió a la luz un día antes de la celebración del Día Internacional de Internet, pone en riesgo los principios de neutralidad, pluralidad, libertad y acceso a la red

    Dictar regulaciones contundentes, transitorias y excepcionales que impidan las campañas de desestabilización y distorsión de la economía, impulsadas por factores nacionales y foráneos a través del sistema de tecnología de la informática y el ciberespacio” contempla el decreto presidencial N° 2849, que regula un nuevo estado de excepción y emergencia económica. La medida que entró en vigencia desde el pasado 13 de mayo y por los próximos 60 días, podrá ser prorrogable por 60 días más.

    En el numeral 7 del artículo 2, el decreto incorpora la regulación de los contenidos difundidos en Internet bajo el argumento de que “sectores nacionales e internacionales mantienen un asedio a la economía nacional a través del uso del sistema de tecnologías de la información y la utilización del ciberespacio para fomentar el odio y crear una distorsión de la economía” venezolana.

    La difusión de “noticias falsas” sobre la capacidad o disposición de pago de la República o PDVSA es otro de los aspectos mencionados para justificar las restricciones a los contenidos en línea. El decreto, que salió a la luz un día antes de la celebración del Día Internacional de Internet, pone en riesgo los principios de neutralidad, pluralidad, libertad y acceso a la red.

    Internet es un derecho humano, declarado así por las Naciones Unidas en el año 2011. El uso de leyes o decretos bajo doctrinas de seguridad nacional incentivan la vigilancia, el bloqueo y la censura de contenidos bajo medidas no acordes a los estándares internacionales que protegen la libertad de expresión y la información en el ciberespacio.

    Durante el primer trimestre de 2017 IPYS Venezuela registró el bloqueo por DNS de los portales Dólar Today y Maduradas; así como 11 ataques contra portales de noticias independientes y organizaciones no gubernamentales.

    En el período de protestas que inició el pasado 28 de marzo luego de la anulación vía judicial de parlamento nacional, denunciado por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz como una “ruptura del hilo constitucional”, Conatel autorizó el bloqueo de las televisoras digitales Vivo Play y VPI Tv; y la censura del portal de Capitolio TV, canal gestionado por el poder legislativo.

    En Venezuela los bloqueos de páginas web, restricciones en plataformas de redes sociales y disminución de velocidad de descarga de los servicios deIinternet son prácticas utilizadas por poderes estatales y fácticos durante periodos de conflictividad, concluyó la investigación Navegar con Libertad. Las Web más proclives a ser bloqueadas son las que difunden contenidos sobre el mercado paralelo del dólar, medios de comunicación y blogs críticos al chavismo.

    Un año en Estado de Excepción

    El nuevo decreto declaró la continuidad del estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional en términos similares a los referidos en la medida anterior dictada por el presidente de la República el 13 de mayo del 2016, seis veces prorrogado.

    Durante el tiempo que esté en vigencia el nuevo decreto podrán restringirse las garantías de los derechos consagrados en la Constitución nacional, salvo los enumerados en el artículo 337 del texto constitucional y los establecidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción: derecho a la vida, la prohibición de incomunicación y tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

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Asamblea de Educación ante la “Constituyente Educativa”

La Asociación Civil Asamblea de Educación hace del conocimiento público su total rechazo a la denominada “Constituyente Educativa” , mecanismo ideado por el gobierno de Nicolás Maduro para, de manera coactiva, obligar a docentes, padres, representantes y estudiantes a pronunciarse a favor de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente elaborada por el Presidente dela República.

Denunciamos que tal estrategia contraviene normas constitucionales y legales al introducir en los espacios escolares de manera  deliberada y con mal uso del poder que se ejerce, propaganda político-partidista que incita a la división entre los venezolanos por los calificativos discriminatorios y ofensivos hacia un sector del país que, de manera legítima, ha expresado su rechazo a la propuesta elaborada por el Presidente de la República.

Rechazamos que se utilice al sector educativo como una “cabeza de playa” para darle legitimidad a una iniciativa que ha debido ser sometida a la aprobación previa del soberano de acuerdo a lo establecido en los artículos 5, 71 y 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos convencidos de que el Ministerio de Educación debe emplear todos sus esfuerzos para asegurar a los venezolanos una educación democrática, abierta a todas las corrientes del pensamiento y de calidad, y no introduciendo propaganda y actividades partidistas que desnaturalizan la labor pedagógica y educativa que debe privar en los recintos escolares.

Hacemos un llamado al Ministro de Educación para que desista de convocar de manera compulsiva a docente y estudiantes a talleres, reuniones o actividades proselitistas, con la intención de arrancar, por la vía de la intimidación, expresiones de aprobación a la propuesta presidencial, para luego presentarlas ante el país como “la opinión favorable de docentes y estudiantes hacia la Asamblea Constituyente”.

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Venezuela: 1.208 protestas y 55 fallecidos desde el 1 de abril 2017

OVCS denuncia escalada de violencia y deplora la muerte de manifestantes

La organización no gubernamental exige garantizar los derechos a la vida, integridad, libertad y manifestación pacífica

 (Caracas, 17.05.17) El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registra 1.208 manifestaciones en todo el país desde el 1 de abril de 2017.

Se han documentado 55 muertes desde el 6 de abril hasta el 16 de mayo del presente año. En este lapso el Ministerio Público ha reconocido el fallecimiento de 43 personas.

 Las muertes se encuentran distribuidas en 8 estados del país. Distrito Capital, Carabobo y Miranda concentran el mayor número, sumando 41 entre las tres entidades.

 

La mayoría de los casos están relacionados con jóvenes, quienes han sido víctimas de una intensa represión por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y civiles armados, amparados por el Plan Zamora.

Insistimos que la violencia no es el mecanismo para el control de manifestaciones. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)garantizan que todas las personas tienen derecho a manifestar.

El OVCS reitera sus exigencias:

  • Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer lasresponsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas.
  • Poner fin a la ejecución del plan Zamora.
  • Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para determinar lasresponsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.
  • Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
  • Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.

El OVCS como organización que promueve y defiende derechos humanos exige una investigación expedita y oportuna de los asesinatos y sanción para los culpables. Asimismo, libertad plena para las personas detenidas en el marco de las protestas pacíficas.

Caracas, 17 de mayo de 2017

Equipo de Medios

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

www.observatoriodeconflictos.org.ve

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Segunda fase del “Plan Zamora” genera severos riesgos para la integridad y la vida de manifestantes

Este 17 de mayo el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que sería aplicado el “Plan Zamora” en su segunda fase en el estado Táchira, para contener las protestas que se han desarrollado en dicha entidad por el retorno a la democracia y en rechazo a la iniciativa constituyente que ha promovido Nicolás Maduro. Padrino López informó que serían enviados 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 600 tropas de operaciones especiales, y aunque no detalló esto último, podría tratarse de componentes de la Fuerza Armada entrenados en especialidades anti-subversivas y contraterroristas, sin preparación en control del orden público y gestión de manifestaciones. El pasado 13 de mayo el Ministro Padrino López había calificado como “una insurgencia terrorista armada” las manifestaciones realizadas desde el pasado 01 de abril

La dictadura de Nicolás Maduro ha insistido en construir y promover un relato según el cual las manifestaciones realizadas en la mayor parte del territorio nacional, exigiendo el respeto a la Constitución Nacional y el retorno a la democracia, forman parte de una estrategia terrorista. Desde campañas de odio promovidas a través del sistema nacional de medios públicos, hasta falsificación de imágenes para calificar como violentas las manifestaciones, han sido las estrategias empleadas por la dictadura para justificar el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes; encarcelar a dirigentes políticos y activistas sociales; y aplicar de forma inconstitucional la jurisdicción militar para procesar a civiles detenidos en el contexto de las protestas.

El 18 de abril, previo a la jornada de movilización convocada para el 19 de abril, el Ejecutivo Nacional anunció la firma de un decreto para la aplicación del “Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora”, en su fase verde. Este plan había sido anunciado en diciembre de 2016 como una herramienta “para poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha” según afirmó Nicolás Maduro. En opinión de varias ONG venezolanas, el “Plan Zamora” constituye la consolidación de la militarización de las labores de gestión de manifestaciones y seguridad ciudadana, y la institucionalización de la participación de civiles armados y agrupaciones paramilitares para reprimir manifestaciones

Con la aplicación de la segunda fase del Plan Zamora la dictadura escala la represión a niveles superiores, que implican severos riesgos para el derecho a la integridad y la vida de cientos de miles de ciudadanos que protestan en las calles de Venezuela. Desde el pasado 6 de abril hasta la publicación de este escrito, 45 personas habían fallecido en este nuevo ciclo de protestas, superando la cifra total de fallecimientos registrado en el contexto de las protestas ocurridas entre febrero y junio de 2014. La mayoría de los fallecidos (31) fueron asesinados por armas de fuego; en al menos 8 casos el Ministerio Público ha confirmado la participación de agentes de la fuerza pública en dichas muertes, y en otros 5 casos se presume la vinculación de efectivos militares y/o policiales en la comisión de los hechos. Reiterar la militarización de las actividades de gestión de manifestaciones e incorporar a componentes de la FANB, sin ningún tipo de entrenamiento, para estas labores y equipados con munición potencialmente letal, puede devenir en un aumento exponencial en los casos de violaciones a la integridad personal y el derecho a la vida.

En 2014, en sus observaciones finales sobre el tercer y cuarto informes periódicos de la República Bolivariana de Venezuela, el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas expresó: “Preocupan también al Comité los informes concordantes que denuncian el uso indebido de armas de fuego y material antidisturbios contra manifestantes y zonas residenciales. Asimismo, el Comité nota con preocupación la participación de efectivos militares, como la Guardia Nacional Bolivariana, en el control de las manifestaciones, pese a que su función no es el mantenimiento del orden público”, el CAT recomendó al Estado venezolano: “Asegurar que los órganos que se ocupan del mantenimiento de la seguridad ciudadana sean de carácter civil, tal y como prevé el artículo 332 de la Constitución del Estado parte, y modificar las disposiciones legales, normativas y los planes que autoricen la participación militar en el mantenimiento del orden público”.

Por su parte el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas expresó en sus Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela: “El Comité nota con preocupación los informes relativos a violaciones a los derechos humanos presuntamente perpetradas en el contexto de manifestaciones. Al respecto, y si bien tiene en cuenta la información de que algunos manifestantes habrían recurrido a la violencia, le preocupan los numerosos informes relativos a las violaciones a los derechos humanos que se habrían perpetrado en el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar durante los primeros meses de 2014, incluyendo casos de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, tortura o malos tratos, detenciones arbitrarias, e inobservancia de las salvaguardias legales fundamentales. El Comité, mientras toma nota de la información proporcionada por el Estado parte respecto a las investigaciones que están llevándose a cabo, observa con preocupación que hasta la fecha sólo se ha condenado a siete funcionarios. Asimismo, le preocupan los informes relativos a la participación de efectivos militares en el control de reuniones públicas y manifestaciones (arts. 2, 6, 7, 9, 10, 14, 19 y 21)”. Asimismo, recomendó “seguir adoptando medidas para prevenir y eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden, especialmente en el contexto de manifestaciones, entre otras cosas reforzando la capacitación en materia de derechos humanos y uso adecuado de la fuerza”

La dictadura de Nicolás Maduro también actúa de espaldas al exhorto realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en su sentencia sobre “El Caracazo” proferida en agosto de 2002 que señaló: “Las características de los hechos de este caso, revelan que los cuerpos armados y los organismos de seguridad del Estado no estaban preparados para encarar situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. Es menester impedir a toda costa que vuelvan a repetirse las circunstancias descritas. El Estado debe adoptar todas las providencias necesarias para ello y, en particular, las tendientes a formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se pueden invocar pretextos de mantenimiento de seguridad pública para violar el derecho a la vida. Debe, asimismo, el Estado, ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se produzcan excesos. Y debe finalmente, el Estado garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal”.

En su Informe Anual 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró al Estado venezolano el deber de emplear la fuerza “exclusivamente a fin de cumplir con su obligación de proteger a las personas y a los miembros de las fuerzas de seguridad, y sólo utilizando la fuerza que sea estrictamente necesaria, conforme a los principios internacionalmente reconocidos”. El órgano hemisférico ha enfatizado en que es necesario separar el concepto de defensa de la nación del concepto de seguridad ciudadana, toda vez que bajo la justificación de la lucha contra el “terrorismo”, se ampara la militarización de las labores de seguridad ciudadana y gestión de manifestaciones y la comisión de cientos de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública. La dictadura insiste en amplificar la visión del enemigo externo e interno -propia de la doctrina de seguridad nacional- y en reforzar la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales, para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos. Según ha dicho la CIDH “Los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia”.

Provea recuerda a las autoridades del Estado, los altos mandos y medios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales del país y a los funcionarios militares y policiales, que las graves violaciones de derechos humanos no prescriben en el tiempo; además no se podrá alegar la “obediencia debida” para eludir las responsabilidades penales por la comisión de abusos contra los derechos humanos.


Prensa Provea

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Futuro Presente exige la liberación de sus egresados y respeto a los ddhh

La Fundación Futuro Presente desde hace nueve años se ha orientado a formar y promover entre los venezolanos, el liderazgo responsable y los valores democráticos. En todo este tiempo, más de diez mil jóvenes se han unido a este esfuerzo conjunto por un país próspero, justo y de oportunidades, dos mil de ellos han sido formados directamente en nuestros programas, haciéndonos sentir orgullosos de contar con la red de líderes más importante de Venezuela.

Estos líderes que no se autodenominan como tales, sino que con su destacado y sobre todo responsable desempeño, han construido las bases del país que queremos en sus comunidades, organizaciones sociales, universidades, emprendimientos y partidos políticos; demostrando que la honestidad y pluralidad nos enriquecen y que la solidaridad y libertad son requisito esencial para el progreso de nuestro país.

Estos jóvenes miembros de la red de egresados de Futuro Presente, se han convertido en parte fundamental de la reconquista de la democracia venezolana, hecho que nos enorgullece pero que a la vez los ha convertido en blanco de los atropellos de aquellos que consideran la pluralidad y la libertad una amenaza.

Es por esto que con profunda indignación pero con indudable convicción reiteramos nuestro incondicional apoyo a quienes han sido detenidos arbitrariamente, a quienes han sido  torturados y también a aquellos que han sido víctimas de persecución y amedrentamiento.

De la misma forma, nos unimos una vez más para exigir a quienes hoy detentan el gobierno nacional, el respeto a los derechos y la liberación inmediata de: Yon Goicochea, Gilber Caro y Sergio Contreras, egresados de nuestro programa Lidera, quienes sabemos que con moral intachable y amor profundo por nuestro país han dedicado sus años a hacer de Venezuela un país mejor.

A los 14 días del mes de mayo, suscribe

Equipo Futuro Presente

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