Conferencia Episcopal Venezolana | Mensaje de la presidencia ante la crisis que golpea a Venezuela

Caracas, 17 de diciembre de 2016

1. Las recientes medidas de carácter económico y monetario implementadas por el Gobierno Nacional han agudizado la crisis que golpea a nuestra nación y a todos los ciudadanos. Las palabras del profeta Jeremías salen a nuestro encuentro para describir la situación que en estos días ha vivido nuestra gente: “Mi dolor no tiene remedio, mi corazón desfallece. Los ayes de mi pueblo se oyen por todo el país…Sufro con el sufrimiento de mi pueblo, la tristeza y el terror se han apoderado de mí” (Jer. 8,18-19.21)

2. Poner fuera de circulación, en este momento del año, el billete de más alta denominación (Cien bolívares) y la manera apresurada de implementar la medida han causado graves molestias a toda la población y han provocado indignación, rechazo y violencia. Lo que quizás desde las altas esferas del Gobierno se pensó que sería una medida para ir resolviendo la crisis económica se revirtió contra el pueblo más sencillo. Los pobres, como siempre suele suceder, han sido los más perjudicados y los más indefensos con las decisiones tomadas. De hecho, también amplios sectores populares –campesinos, obreros, jefes de familia- por no tener cuentas bancarias han sido enormemente perjudicados y dejados a la “buena de Dios”. Existe una gran incertidumbre en la gente al no saber que pasará con su dinero y con sus ahorros. Esto, además de afectar y a muchas personas, puede generar violencia y disturbios.

3. Por eso, queremos elevar nuestra voz para que sirva de eco a los clamores de nuestra gente, en especial las grandes masas populares, que de la noche a la mañana se han quedado prácticamente sin recursos ni poder adquisitivo a fin de poder conseguir los insumos necesarios para su alimentación, transporte, medicinas y para cubrir los gastos necesarios de la cotidianidad.

4. La gente, que en largas colas con un mínimo de esperanza aguardaban alguna respuesta o caminos de solución se ha sentido desprotegida por todos los dirigentes políticos. El Gobierno ha llevado a cabo medidas terribles y precipitadas que perjudican a todos, sin tener en cuenta que son servidores de un pueblo que de verdad está sufriendo el menosprecio de todos los dirigentes políticos. Por otra parte, salvo algunos dirigentes individuales, la oposición tardó mucho en pronunciarse colectivamente al respecto. Al caminar por las comunidades escuchamos muchas críticas hacia todos los dirigentes políticos del país, lo cual resulta enormemente peligroso. Muchos hombres y mujeres no dejan de expresar sus sentimientos de frustración y de abandono por parte de quienes debían estar dando la cara y promoviendo soluciones justas.

5. A esto se une el aprovechamiento de quienes quieren sacar ganancias de la crisis que vive el país. Lamentablemente existen grupos y mafias que acaparan, colocan sobreprecios y ahora pretenden ser los primeros en ser atendidos para lo referente al cambio y depósito de la moneda que está siendo sacada de circulación. Al tener un oído en el pueblo y otro en Dios, como pastores de nuestro pueblo, queremos ratificar nuestra cercanía hacia él y nuestra decidida opción por los más pobres: lo hacemos desde el ejercicio de un discernimiento evangélico, donde se intenta reconocer —a la luz del Espíritu— «una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada; en ella y por medio de ella Dios llama al creyente» [E.G. 154].

6. A nuestra gente, en particular los más pobres y excluidos, queremos hacerles sentir nuestra cercanía. Para ello, les invitamos a ser protagonistas de su propio desarrollo. El sujeto social –es decir, el pueblo- es el verdadero protagonista de la democracia. Sin acudir a la violencia, deben manifestar pacíficamente su descontento así como exigir el derecho de ser escuchados y atendidos.

7. A todos los dirigentes políticos, económicos y sociales, de cualquier signo y color, les invitamos a ponerse del lado del pueblo y a buscar, en sintonía con el mismo, soluciones que beneficien a todos. No es momento para darles la espalda o para hacer oídos sordos a sus clamores. Al Gobierno Nacional, en todas sus instancias, particularmente el Ejecutivo, les pedimos que de verdad escuchen los clamores de la gente y resuelvan los gravísimos problema que han provocado con esas improvisadas y nocivas medidas.

8. A todos los cristianos católicos y hombres de buena voluntad en Venezuela les invitamos a mostrar la fuerza de la caridad y de la solidaridad en este tiempo de preparación a la Navidad. La imagen de José buscando posada para María y el Niño por nacer, al ser rechazado donde la pedía, expresa muy bien lo que está viviendo nuestra gente. Pedimos que en todas nuestras parroquias, comunidades eclesiales, comunidades de vida consagrada y hogares católicos se puedan abrir las puertas para que quienes verdaderamente lo necesiten encuentren un consuelo y ‘puedan compartir desde un poco de alimento hasta la auténtica alegría que nos da el nacimiento del Salvador. No nos dejemos robar ni la alegría ni la esperanza ni la Paz.

9. María de Belén, nuestra Señora de la Coromoto, junto con San José y el Niño Jesús nos acompañen y que, al celebrar el misterio de la Navidad podamos sentir la fuerza que viene de lo alto, con la cual podamos mirar el futuro del Reino de Dios, que lo es de justicia, paz y amor.

Con nuestra afectuosa bendición.

+Emmo. Sr. Cardenal

Jorge Urosa Savino

Arzobispo de Caracas

Presidente de Honor de la CEV

+Emmo. Sr. Cardenal

Baltazar E. Porras Cardozo

Arzobispo de Mérida

Presidente de Honor de la CEV

+Diego Rafael Padrón Sánchez

Arzobispo de Cumaná

Presidente de la CEV

+José Luis Azuaje Ayala

Obispo de Barinas

1° Vicepresidente de la CEV

+Mario Moronta Rodríguez

Obispo de San Cristóbal

2° Vicepresidente de la CEV

+Víctor Hugo Basabe

Obispo de San Felipe

Secretario General de la CEV

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Venezuela: ¿el ocaso del autoritarismo competitivo?

Por Francine Jácome

  • En los años del gobierno del presidente Nicolás Maduro (2013-), en Venezuela se han agudizado los signos de crisis en los ámbitos económico, social,
    político e institucional.
  • Dicha crisis ha sido interpretada de modo diferente por el gobierno y la oposición.Para el primero es consecuencia de una “guerra económica”. Para los otros, se trata de un modelo económico, político y social equivocado y que
    ha fracasado.
  • La situación profundiza las desigualdades sociales, pues los productos básicos solo pueden ser adquiridos por una minoría de la población, y ha llevado
    a un creciente descontento social, que se refleja en el incremento de las protestas sociales.
  • La crisis de gobernabilidad condujo al incremento de la represión, con violacionesa la Constitución y los derechos humanos. Han aumentado las detenciones de líderes políticos, periodistas y miembros del movimiento estudiantil, sin órdenes de la Fiscalía General de la Republica ni de los tribunales.
  •  En 2016, no solo se profundizó el autoritarismo competitivo, sino que existen indicadores importantes de que el país está en tránsito hacia un nuevo
    tipo de dictadura, “del siglo XXI”.
  •  Este documento analiza tres factores políticos fundamentales de la situación actual: 1) la crisis institucional en el marco del autoritarismo competitivo; 2)
    el peligro de perder la legitimidad de origen; y 3) el creciente militarismo.
  • Complementariamente, examina el proceso de diálogo/encuentros entre la oposición y el gobierno, así como las consecuencias de la crisis venezolana sobre el entorno regional.
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En 67% de los hogares de Caracas no hay comida para toda la semana

ENCUESTA » Cecodap presentó datos sobre efectos de la crisis en jóvenes
El estudio realizado en 1.099 hogares reveló que tanto niños como adolescentes temen quedarse sin alimentos en sus casas, lo que antes no fue motivo de preocupación

DALILA ITRIAGO
ditriago@el-nacional.com

El estudio realizado en 1.099 hogares reveló que tanto niños como adolescentes temen quedarse sin alimentos en sus casas, lo que antes no fue motivo de preocupación
L a crisis económica y política también está dejando secuelas en niños, niñas y adolescentes. En 67% de los hogares del área metropolitana de Caracas, consultados por el Centro de Investigación Social, Cisor, no hay suficiente comida para todos los miembros de las familias durante toda la semana. Ese es solo uno de los datos que arroja la encuesta realizada por esta organización y Cecodap sobre los efectos de la crisis económica y política en niños, niñas y adolescentes.

La investigación se hizo en 1.099 hogares entre el 14 de julio y el 28 de agosto de este año, tiempo en el cual se entrevistaron a 692 niños y 407 adolescentes de los cuatro estratos sociales en los cinco municipios que forman el área metropolitana de Caracas.

Tanto las madres o cuidadoras como los adolescentes ofrecieron información sobre sus hábitos alimenticios, la percepción que tienen frente a la violencia, las condiciones sanitarias de su entorno y la salud. También se les consultó sobre las actividades que prefieren realizar en su tiempo libre.

De los 1.099 hogares, 61% (670) considera que la alimentación no satisface el apetito.

De esa misma totalidad, 31,39% (345 hogares donde viven 1.526 personas) dejan de hacer al menos una de las tres comidas principales del día. Los investigadores comentaron que casi siempre es el desayuno.

105 niños y 113 adolescentes temen que en sus hogares se queden sin alimentos. “Algo que antes no era motivo de preocupación y que ahora se ha convertido en un aspecto terrible que viven los niños”, aseguró Matilde Parra, coordinadora del estudio.

Los adolescentes añoran cereales, arroz, pasta y caraotas.

Tampoco comen frutas, carne de res, pescado ni leche. “No los pueden comprar porque son muy costosos o no se consiguen en los comercios”, señala el informe.

Aunado al asunto de la comida, la escasez de medicinas y la debilidad física de los niños, niñas y adolescentes hacen que la salud y la alimentación sean los principales motivos para ausentarse de la escuela.

Medicamentos también son un problema.
En el último año, de acuerdo con la muestra, 252 niños, niñas y adolescentes enfermaron o tuvieron un accidente y les prescribieron una medicina. De ellos solo 2,38%; es decir, 6 compraron con facilidad el medicamento en un expendio. De resto, 174 buscaron en distintas farmacias, 43 lo recibieron en un establecimiento público de salud, 43 acudieron a las redes u organizaciones, 42 lo compraron más caro a otras personas, 30 lo intercambiaron por otro medicamento o artículo, 11 lo consiguieron en otra ciudad, 9 en otro país, a 8 se los regaló un familiar, 8 lo tenían guardado en su casa y 4 lo recibieron gracias a una donación.

Además, de 124 niños y 66 adolescentes que padecen enfermedades crónicas, 100 no reciben tratamiento, pues no los encuentran todos y 21 no cuentan con el dinero suficiente para comprarlo.

Como si fuera poco, Parra añadió que la crisis y falta de dinero incide también en el deterioro de la calidad de vida. 83% de los hogares consultados declararon que no tienen suficiente dinero para divertirse y salir juntos: “Imagínense a los niños encerrados en sus casas porque no hay con qué llevarlos a pasear”, comentó.

Sobre la violencia, el estudio reveló que 89% de los hogares refleja una forma inapropiada de convivencia y que puede llegar a ser destructiva: “Se gritan e insultan cuando discuten (34%) o se evaden mutuamente para no pelear (55%)”.

Algo que llamó la atención de los encuestadores es que 3% de los consultados admitiera que en sus hogares ocurren peleas y discusiones entre hermanos o entre padres e hijos por los alimentos. Eso desconcertó a los responsables de la investigación, quienes lamentaron que eso esté sucediendo en el país.

Ante todo este panorama, Carlos Trapani, investigador de Cecodap, pidió que se priorice la protección de los más vulnerables en el contexto de crisis y que se invierta en la niñez de forma prioritaria.

Publicado por EL NACIONAL – VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2016 SOCIEDAD/5

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Haciendo sinergia…

La vivienda y el entorno siguen siendo punto de partida imprescindible para una familia sana.

Por Alexis Delgado

Recientemente participamos en la celebración de los veinte años de la creación de SINERGIA; un emotivo acto, impregnado de lo mejor de la sociedad civil venezolana, y realmente, reiteramos nuestro convencimiento de que la suma de los distintos actores que hacen vida en una sociedad es lo que se requiere para sacar a un país adelante, sin exclusión, sin sectarismos, todos remando en una misma dirección en pro del bienestar y prosperidad de sus ciudadanos.

La Fundación Vivienda Popular ha estado formando parte, durante estos veinte años, de esta importante organización que suma actores de los derechos humanos, la salud, la educación, la religión, la cultura, el emprendimiento, los valores, el ambiente y la vivienda, entre otros, promoviendo la organización, la participación, la visibilidad, la igualdad de género y el bienestar de la sociedad.

Hoy día, en nuestro ámbito, sabemos que la vivienda y el entorno siguen siendo punto de partida imprescindible para una familia sana. Aunque como dijo Víctor Navarro de Embajadores Comunitarios  en el Acto Aniversario de SINERGIA “Nuestro entorno no determina nuestro futuro”, no es menos cierto, que un entorno sano, con áreas educativas, deportivas, culturales y recreativas, alrededor de una vivienda sana, crea el ambiente propicio para la formación de jóvenes con valores, sentido de arraigo y pertenencia, formadores de hogares sanos.

Hoy día la situación de la industria de la construcción, especialmente de la vivienda, dista mucho de ese ideal…. El sector privado ha mermado en más de 90% su producción y el Estado, solo, es poco lo que puede hacer… Los altos costos de los materiales de construcción, los constantes cambios en la política salarial y la inseguridad en las obras, hacen cada día más difícil ofrecer productos acabados que incluyan toda esa dotación que una nueva urbanización requiere para hacer una mejor vida comunitaria. Hacerlo, nos daría costos enormes, impagables por una familia venezolana. Y ni hablar de las políticas crediticias, con montos irrisorios para los actuales costos de una vivienda.

A esto le añadimos la situación precaria de los servicios básicos como agua, electricidad, vialidad. Volvemos a la necesidad de terrenos urbanizados para poder producir urbanismos de calidad, lo cual se nos está haciendo más cuesta arriba. Pero insistimos en lo mismo… Si no hay sinergia entre los distintos actores que hacen vida, tanto en el sector público como en el privado, para producir urbanismos y viviendas de calidad, es poco lo que se puede lograr.

¿Será quizá un tema sobre el cual se puede “dialogar”?, no sabemos, pero miles de familias venezolanas merecen tener acceso a urbanismos y viviendas de calidad -a pasos agigantados -, donde el entorno garantice mejores condiciones para que los hijos de esta Patria grande llamada Venezuela, crezcan en ambientes sanos, confortables y seguros.

R. Alexis Delgado

Fundación Vivienda Popular

Publicado por EL UNIVERSAL

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¿Licencia para matar?

La actuación indiscriminada e irrespeto a los derechos humanos por parte de grupos militares ha sido denunciado desde sus inicios por reconocidas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos

 

La actuación de grupos militares en el campo de la seguridad ciudadana se ha convertido en un grave problema para la ciudadanía y parece, por su proceder, que los funcionarios que en ella intervienen se sienten con licencia para matar, los procedimientos bien sea dentro de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) o de otros derivados de esta se han transformado en un exterminio a una parte de la población, especialmente los más pobres, los excluidos, los ninguneados, como dice Galeano.

Las OLP nacen en julio del 2015 como un nuevo plan contra el crimen y la inseguridad, pero no se conoce ningún documento oficial y público que detalle su metodología ni sus metas, actúa con procedimientos altamente represivos y totalmente fuera de la normativa existente en materia de derechos humanos, atacan a la población y en muchos casos le causan daños irreparables.

El proceder de los excesos cometidos por los cuerpos militares ejerciendo funciones de seguridad ciudadana lo acabamos de palpar con los recientes hechos ocurridos en la población de Cariaco en el estado Sucre y en Barlovento en el estado Miranda donde más de 20 personas resultaron asesinadas presuntamente de la mano de funcionarios militares.

La actuación indiscriminada e irrespeto a los derechos humanos por parte de estos grupos militares ha sido denunciado desde sus inicios por reconocidas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Provea, Cofavic y el Observatorio Venezolano de Violencia, sin haber obtenido respuesta efectiva por parte de las autoridades.

La fiscal general de la República al fin se ha pronunciado sobre estos procedimientos y manifestó que “se debe revisar la forma como se está llevando a cabo la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y exhortó a que se realicen los procedimientos en función de garantizar los derechos humanos”. Igualmente el defensor del pueblo ha hecho algunos pronunciamientos al respecto pero aún sin hablar alto y claro como se lo exigieron sus colegas del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI) quienes recientemente degradaron de categoría el organismo que dirige.

En un reciente trabajo realizado por las organizaciones Provea y Human Rights Watch llamado Poder sin Límites se refiere a la actuación de estas fuerzas de seguridad en estos operativos y establece: “El elevado número de personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad, por sí solo, genera dudas sobre si el uso de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad estaba justificado, y en qué medida lo estaba. Las autoridades públicas se han referido a muchas de estas muertes como el resultado de enfrentamientos entre delincuentes y policías, y de hecho, teniendo en cuenta los altos índices de delincuencia en el país, es probable que algunas de las muertes provocadas por miembros de las fuerzas de seguridad hayan sido producto del uso legítimo de la fuerza. No obstante, la marcada disparidad entre el número de personas cuya muerte fue provocada por miembros de las fuerzas de seguridad y la cantidad de personal de seguridad que resultó herido o que murió en redadas de la OLP sugiere que el uso ilegítimo de la fuerza letal podría ser muy superior a la cantidad de casos analizados por Provea y Human Rights Watch. Aunque el gobierno no ha divulgado cifras totales sobre la cantidad de integrantes de las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos, Provea y Human Rights Watch, tras consultar documentos oficiales y distintas fuentes en medios de comunicación, identificaron 3 casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad y 14 en los cuales estos habrían resultado heridos durante operativos de la OLP. (Decenas de policías fueron asesinados en Venezuela en 2015, aunque la mayoría se encontraban fuera de servicio cuando esto ocurrió, según fuentes oficiales)”.

Igualmente, Cofavic en un comunicado reciente dice: “El Estado venezolano es responsable por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas víctimas, los sobrevivientes y sus familiares, así como por la falta de investigación y por todos los daños ulteriores que se deriven de estos lamentables acontecimientos, si los mismos no se investigan de manera imparcial, efectiva y conclusiva. Es un principio del derecho internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia. El Estado tiene la obligación intransferible de atender la seguridad ciudadana sin sacrificar los derechos humanos”.

Es necesario una actuación responsable de los que actúan en estos operativos adecuándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos e igualmente es urgente la actuación de los organismos del Estado en sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas en estos operativos, no se les puede dar a los cuerpos de seguridad una licencia para matar.

Por ultimo quiero invitarlos a un foro que se efectuara el próximo 7 de diciembre en el auditorio del diario El Nacional en Los Cortijos y donde estaremos discutiendo junto a Angélica Lugo, Luisa Torrealba y Elisio Guzmán sobre “Centros de detención preventiva. ¿Sistema penitenciario paralelo? Es de 9:00 a 11:30 am, entrada libre, los esperamos.

cnietopalma@gmail.com

Publicado por El Nacional 

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