Foro por la Vida exige retirar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente

(Caracas, 27.07.2017) El Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos venezolana, en defensa del sistema democrático y los derechos humanos de todos los habitantes del país, exige al Presidente de la República, Nicolás Maduro, retirar inmediatamente la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y restituir con plenas garantías el orden constitucional quebrantado.

El 1° de mayo el Presidente Maduro anunció su decisión de convocar a la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente para “refundar” el Estado, en respuesta a la crisis política y económica que atraviesa el país; sin embargo, la propuesta se adelantó de manera unilateral violando principios constitucionales, incluyendo derechos humanos de los venezolanos.

En primer lugar, la ANC no fue consultada ni convocada por el pueblo venezolano como depositario del poder constituyente originario. El Artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que “el pueblo es el depositario del poder constituyente originario” y por tanto, “[e]n ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente.’ Sin embargo, Nicolás Maduro convocó él directamente una ANC, sin consultar previamente al pueblo venezolano si quiere o no cambiar la actual Constitución por una “nueva”.

Las bases comiciales tampoco fueron consultadas al pueblo, sino impuestas por el Presidente Maduro y aceptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de manera inmediata. Ningún órgano del Poder Público puede decidir por sí solo si desea sustituir la Constitución Nacional. Únicamente el pueblo mediante sufragio con votaciones libres, universales, directas y secretas puede hacerlo.

En segundo lugar, se violan los principios de universalidad, igualdad y no discriminación en la forma de elección de los miembros de la ANC. Las condiciones para elegir a los constituyentistas son discriminatorias, ya que contemplan elecciones territoriales sin relación ni proporción alguna a la población de los municipios, lo que elimina además la proporcionalidad de la representación; por ejemplo: el Distrito Capital elige 7 constituyentistas, y Amazonas 8, lo que no es proporcional a la densidad de población que tiene cada estado.

Las bases sectorizadas también son excluyentes, y no plantean cómo fueron definidos esos sectores y no otros, ni tampoco el número de constituyentistas para cada uno de ellos, ni la base poblacional o padrón electoral de cada sector.. La falta de transparencia hace que no se entienda la distribución de curules por sectores; entre otros ejemplos, en el caso de los estudiantes, las misiones tendrán 10 representantes y las universidades públicas 11.

La Observación General No. 25 del Comité de Derechos Humanos establece que “Debe aplicarse el principio de un voto por persona y, en el marco del sistema de electoral de cada uno de los Estados, el voto de un elector debe tener igual valor que el de otro. La delimitación de los distritos electorales y el método de asignación de votos no deben desvirtuar la distribución de los votantes ni comportar discriminación alguna contra ningún grupo, ni tampoco excluir o restringir en forma irrazonable el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes”

En tercer lugar, las bases comiciales le otorgan poderes discrecionales y arbitrarios a la ANC, al disponerse que la misma no estará sometida a la Constitución sino a sus propias decisiones. Al momento de constituirse la ANC -y aun antes de aprobarse la nueva Constitución- podría disolver los órganos electos previamente por el pueblo (Asamblea Nacional, alcaldes, gobernadores) y atribuirse o reasignar sus funciones. Estos poderes ilimitados y absolutos escapan de la labor de una Asamblea Constituyente que debe tener como propósito la redacción de una nueva Constitución, y cuyas pautas o decisiones no deben tener efecto hasta que sean debidamente aprobadas en referéndum libre, universal, directo y secreto por los ciudadanos.

La persistencia del Gobierno de realizar las elecciones de la ANC a pesar de la voluntad contraria de la población venezolana y de la inconstitucionalidad de la misma agudiza la crisis política del país, así como los efectos de esta sobre la ya devastadora crisis social.. El Estado debe ser respetuoso de la voluntad del pueblo venezolano, la cual se manifestó a través de diversas expresiones populares legítimas, que incluyen la elección de la Asamblea Nacional, manifestaciones de calle y la reciente consulta popular realizada por la sociedad civil el 16 de julio de 2017.

En este sentido, exigimos al Gobierno Nacional que retire inmediatamente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y restablezca las garantías democráticas y la plena vigencia de la Constitución, la independencia de los Poderes Públicos, los derechos humanos, y el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano.

Organizaciones que suscriben:

  • Acción Ciudadana contra el Sida
  • Acción Solidaria
  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
  • Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela
  • Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
  • Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)
  • Espacio Público
  • Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
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Declaración de la alta representante en nombre de la Unión Europea sobre la situación en Venezuela

Declaración de la alta representante, Federica Mogherini, en nombre de la UE, sobre la situación en Venezuela previa a la elección de la Asamblea Constituyente del 30 de julio de 2017

La escalada de tensión política y violencia en Venezuela ya se ha cobrado demasiadas vidas y causado incontables heridos en las casi diarias manifestaciones. Ya es hora de poner fin a esta violencia. Los numerosos informes sobre las violaciones de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza, las detenciones masivas y los juicios a civiles por tribunales militares son una fuente de preocupación. La UE espera que las autoridades venezolanas respeten la Constitución y el Estado de Derecho y garanticen el respeto de los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la manifestación pacífica.

El respeto a la Asamblea Nacional, legítimo órgano legislativo, y la independencia del fiscal general, que debería poder actuar sin obstáculos y sin miedo a intimidaciones o amenazas, son elementos cruciales para preservar la confianza de los ciudadanos en el Estado y en el sistema judicial.

Todas las autoridades públicas y todos los actores políticos deben asumir sus responsabilidades. El pueblo venezolano está viviendo en condiciones muy difíciles, con graves carencias de alimentos y medicamentos. Se necesitan con urgencia soluciones comúnmente acordadas para aliviar el sufrimiento de la gente.

Para la sociedad venezolana la convocatoria de una Asamblea Constituyente es una medida controvertida, por ello se corre el riesgo de que polarice más al país y aumente el peligro de confrontación. El Gobierno debe tomar medidas urgentes para restablecer la confianza antes del 30 de julio, como hizo al permitir que Leopoldo López pasara de la prisión al arresto domiciliario, a fin de rebajar la tensión y crear mejores condiciones que permitan la reanudación de los esfuerzos hacia una solución pacífica negociada.

La UE pide al Gobierno y a la oposición que vuelvan a abrir los cauces del diálogo y reanuden unas negociaciones políticas serias, en interés del país en su conjunto.

En este contexto, la UE propugna, y está dispuesta a apoyar de cualquier forma posible, la creación de un «grupo de amigos» regional, aceptado por Gobierno y oposición, para ayudar en el empeño de los actores políticos de Venezuela por alcanzar una solución pacífica, democrática e integradora a la crisis de su país. Al hacerlo, no será posible renunciar a ninguna de las cuatro condiciones esenciales para cualquier compromiso satisfactorio: respeto de la separación de poderes, liberación de los oponentes políticos encarcelados, cooperación exterior para abordar las necesidades más urgentes de la población y fijación de un calendario claro para las elecciones previstas constitucionalmente, con el fin de que el pueblo venezolano pueda expresar su voluntad mediante el sufragio libre, directo y universal.

La Unión Europea reitera su disposición a cooperar con las autoridades venezolanas para garantizar la asistencia, la protección y la seguridad de todos los ciudadanos europeos que se encuentran en Venezuela.

Publicado por el Consejo de la Unión Europea 

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Cadef interpuso denuncia en la Defensoría del Pueblo en exigencia al cese de la persecución en contra de activistas y defensores de Derechos Humanos

Carabobo, 25 de julio de 2017.- El equipo del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), como parte de la nueva generación de defensores de DDHH, en horas de la mañana formalizó ante la Defensoría del Pueblo en el estado Carabobo, la denuncia por la detención arbitraria de Carlos Graffe y en exigencia al cese de las persecuciones en contra de activistas y defensores de Derechos Humanos, situación que se ha venido agravando en el marco de la labor de documentación y visibilización de vulneraciones de DDHH suscitadas durante las protestas registradas en el estado Carabobo entre los meses de abril y julio del presente año.

Mediante esta acción Cadef activa una vía administrativa como lo es la Defensoria del Pueblo, la cual entre sus competencias se encuentra: activar las acciones a las que haya lugar  para garantizar los Derechos Humanos de cualquier ciudadano. Y de igual forma instar a otros organismos a respetar los derechos fundamentales.

Alexis Zavala, miembro de Cadef afirmó   que “(…) situaciones como detenciones arbitrarias, hostigamiento, apertura de procedimientos judiciales a civiles ante instancias militares, entre otros, evidencian patrones asumidos por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, quienes incumplen en el ejercicio de sus funciones, con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico interno y en los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Venezolano y por ende, dichas acciones inciden negativamente en el efectivo y libre ejercicio de los derechos constitucionales.”

 Entre el pliego de exigencias hechas por Cadef a la Defensoria del Pueblo, se encuentran las siguientes:

  • Que desde su cargo Defensor (a) del pueblo active todas las acciones necesarias para que se le garanticen al ciudadano Carlos Graffe el efectivo y eficaz ejercicio de sus derechos, y se solicite la libertad plena del mismo, previa revisión de todo el procedimiento irregular que fue llevado por ante los tribunales militares. 

  • Interponer los recursos a que haya lugar como representante de esta instancia administrativa en cuyas competencia y atribuciones se encuentra la de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, respecto a la situación de violación de los derechos que hemos denunciado y en beneficio del ciudadano Carlos Graffe.

  • Instar a la fiscalía del ministerio público para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos sobre quienes recae la responsabilidad por vulneración de los derechos humanos que hemos denunciados en el contexto de la detención arbitraria de Carlos Graffe.

    Publicado por CADEF 

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Comunicado: 100 ONG manifiestan su rechazo a la Violencia Sexual en el contexto de la represión e intolerancia política en Venezuela

Las organizaciones abajo firmantes condenamos la violencia, represión y violación de derechos humanos que se viene dando de forma sistemática por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones en contra de manifestantes y personas detenidas, desde el inicio de las protestas en Venezuela en el mes de abril de 2017; y que atentan contra derechos esenciales como lo son el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho legítimo a la protesta pacífica, la libertad de expresión  y la lucha legítima por la democracia.
En este sentido, rechazamos todas las formas de violencia contra mujeres y hombres, en especial la violencia sexual que se ha profundizado en el marco de la política de represión del Estado, así como las violaciones a garantías jurídicas específicas hacia las adolescentes que han sido detenidas en el contexto de manifestaciones públicas.
En más de 100 días de protestas pacíficas, las denuncias registradas muestran actos de violencia sexual en los que  las mujeres detenidas han sido obligadas a desnudarse al interior de un centro de detención frente a funcionarios policiales, o han sido amenazadas y amedrentadas con improperios sexuales. En varios casos, las mujeres han sufrido brutales ataques de la fuerza pública, vejaciones y abusos en el marco de las protestas y durante los procesos de detención, muchos de los cuales han sido declaradas como violaciones por organismos de justicia. Según seguimiento a la prensa realizado por AVESA, se encontraron 25 víctimas de violencia sexual en este contexto (56% mujeres), quienes reportaron exposición a la violencia sexual (60% de los casos), tocamientos (20% de casos) y violación sexual (16% de casos, 2 mujeres y 2 hombres), e identificaron que las personas agresoras pertenecían a la Policía Nacional Bolivariana en el 68% de los casos, PoliAragua en 20% y, la Guardia Nacional en 12% de casos . Asimismo, nos preocupa que los actos de violencia sexual no sean denunciados, en ejercicio, exigibilidad y defensa de sus derechos, como consecuencia de la impunidad.
De conformidad con instrumentos internacionales ratificados por Venezuela, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura, y otros Tratos Crueles o Degradantes, todas las formas de violencia deben ser erradicadas y prevenidas por las instituciones del Estado, sin ningún tipo de discriminación y garantizando el goce y ejercicio de todos los derechos en condiciones de igualdad, incluyendo la libertad de reunión pacífica, asociación y participación en los asuntos públicos; sobre todo en contextos de violencia donde las mujeres, adolescentes y niñas, por el hecho de serlo, son más vulnerables a ser víctimas de discriminación o grados mayores de violencia por la cultura patriarcal imperante.
Reafirmando el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz de conformidad con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, las organizaciones abajo firmantes instamos al Estado venezolano y a las autoridades responsables a:
1. Detener los actos de represión contra las manifestaciones pacíficas, adoptando de inmediato medidas apropiadas para proteger a la población de todas las formas de violencia, incluidas las mujeres y las niñas;
2. Investigar a fondo todas las denuncias de actos de violencia sexual cometidos por autoridades policiales o militares y que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia, incluyendo superiores civiles y jefes militares, recordando que las violaciones comprenden también no prevenir la violencia sexual y permitir la impunidad;
3. Aplicar medidas apropiadas de disciplina militar bajo el principio de responsabilidad del mando en todas aquellas situaciones donde se comentan actos de violencia sexual;
4. Cumplir la prohibición categórica de violencia sexual a través de la verificación de antecedentes de las fuerzas armadas y de seguridad para tener en cuenta su historial y el adiestramiento de tropas donde se refute mitos que alimenten la violencia sexual;
5. Adoptar medidas para la evacuación hacia un lugar seguro de las mujeres y los niños que se encuentren bajo amenaza inminente de violencia sexual, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por las mujeres de las comunidades locales afectadas.
Finalmente, ponemos a disposición de las víctimas y familiares el directorio de organizaciones que brindan apoyo, asistencia legal y psicológica en casos de violencia por razones de género, el cual, puede ser consultado en www.rednaranja.com.ve
Se seguirán recibiendo apoyos y respaldos al comunicado de organizaciones o personas AQUI
 
Organizaciones firmantes:
  1. Acción Ciudadana Contra el Sida – ACCSI
  2. Acceso a la Justicia
  3. Acción Solidaria
  4. Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo)
  5. Aliadas en Cadena A.C.
  6. Amigos Transplantados de Venezuela
  7. Asamblea de Educación
  8. Asamblea Nacional Estudiantil (ANE)
  9. Asoc.civil Centro de Desarrollo Integral Sucre
  10. Asociación Civil de Planificación Familiar – PLAFAM
  11. Asociación Civil Niña Madre
  12. Asociación Civil PRODEFEM
  13. Asociación Civil Saber es Poder “ASOSABER”
  14. Asociación Larense de Planificación Familiar – ALAPLAF
  15. Asociación Mujeres en Linea
  16. Asociación Venezolana para la Hemofilia
  17. ASOCIACION POR LA VIDA (ASOVIDA)
  18. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa – AVESA
  19. Asociación Venezolana de Mujeres A.V.M
  20. Aula Abierta Venezuela
  21. Aurora Madre
  22. Avessoc
  23. Casa de la Mujer “Juana Ramirez La Avanzadora”
  24. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar A. Romero Universidad de Los Andes
  25. Centro de Formación para la Democracia (CFD)
  26. Centro de Estudios de Genero de la Universidad Simon Bolivar
  27. Centro de Justicia y Paz – CEPAZ
  28. CDH-UNIMET
  29. Centro Hispanoamericano para la mujer FREYA
  30. CECODAP
  31. Civilis Derechos Humanos
  32. Coalición Clima21
  33. CODEVIDA
  34. Comisión de Derechos Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
  35. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
  36. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
  37. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadania CODEHCIU
  38. Comisión de DDHH de la federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure
  39. Convite AC
  40. Cultura Sin Fronteras
  41. Diverlex Diversidad e Igualdad a través de la ley
  42. Entrecuerpos. Centro de Estudios
  43. Escuela de Vecinos de Venezuela
  44. ESCUELAS VENEZOLANAS DE PSICODRAMA
  45. EXCUBITUS derechos humanos en educación 
  46. Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela – FEDEVE (Comisión de DDHH)
  47. Federación Latinoamericana de Abogadas FEDLA
  48. FEDERACIÓN NACIONAL DE SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES -FENASOPADRES-
  49. FeminismoINC
  50. Frente Nacional de Mujeres – FENAMU
  51. Fundamujer
  52. Fundación Aguaclara
  53. Fundación Blanca Nieve Sierra FBNS
  54. Fundación CELTA
  55. Fundación Reflejos de Venezuela
  56. FUNCAMAMA
  57. Género y Derechos Humanos – GENDHU
  58. Geografía Viva A. C
  59. Humano Derecho Radio Estación
  60. Instituto de Investigaciones Jurídicas UCAB
  61. Iremujeres Miranda
  62. Juventud en Acción 
  63. Liga Merideña contra el SIDA
  64. Manifiesta
  65. Mov. Mujeres con Voluntad-MujeresVP
  66. Movimiento SOMOS
  67. Mulier
  68. MVA Mujeres Venezolanas en Acción
  69. No Permitas Malos Tratos
  70. Nueva Esparta en Movimiento AC.
  71. Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres OVDHM
  72. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
  73. Oportunidad A.C.
  74. Padres Organizados de Venezuela
  75. Prepara Familia
  76. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
  77. Proinclusión VP
  78. Provea
  79. Proyecta Ciudadanía A.C
  80. Psicologos sin Fronteras Venezuela
  81. Red Juvenil Cultura de Paz y VIH/SIDA
  82. Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos( REDAC)
  83. Red de Jóvenes de las Américas Nodo Venezuela
  84. Red Sindical de Mujeres
  85. Red de Observación y Acción por el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia – Red Naranja
  86. RED ROSA
  87. SENOSALUD
  88. Senosayuda A.C.
  89. Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
  90. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  91. Soy Mujer
  92. STOP VIH
  93. Transparencia Venezuela
  94. Una Ventana a la Libertad
  95. Unión Afirmativa de Vzla
  96. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
  97. ViveMujer ONG
  98. Vicaria DDHH Guayana
  99. Voces de Género Venezuela, A.C
  100. Voces Vitales Venezuela . VVV
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Secretario General presenta tercer informe sobre Venezuela

19 de julio de 2017

OSG/ 285-17

Su Excelencia

Embajador Jose Luiz Machado E Costa

Representante Permanente de Brasil ante la Organización de los Estados Americanos

Presidente del Consejo Permanente

Washington, DC

Excelentísimo señor:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de presentar mi tercer Informe sobre la persistente crisis en Venezuela. En mis dos primeros informes, de junio de 2016 y marzo de 2017, respectivamente, hube de describir la “alteración del orden constitucional” y la “ruptura del orden democrático” a que hace referencia la Carta Democrática Interamericana. Es con gran pesar que presento en momentos de máxima urgencia este tercer Informe en que se reflejan las violaciones deliberadas y sistemáticas perpetradas por el Gobierno de Venezuela contra la ciudadanía de ese país durante las protestas en curso.

Después de que el Consejo Permanente, en su Resolución CP/RES 1078 del 3 de abril, declarara que existía en Venezuela, una “violación del orden constitucional”, la situación en el país, ya de por sí desesperada, ha seguido sufriendo un deterioro calamitoso. Desde el 1 de abril, el pueblo venezolano se ha lanzado a las calles para ejercer sus derechos y libertades fundamentales y pronunciarse contra la corrupción y los abusos del régimen del presidente Nicolás Maduro. El Gobierno responde con violencia y terror.

Esa violencia no es fruto del azar. Las medidas adoptadas por el Gobierno son deliberadas. Aplican una estrategia bien pensada y metódica; una política que todos los días se cobra una o dos víctimas mortales entre los manifestantes. Son acciones estratégicas y sistemáticas dirigidas contra una población civil desarmada. La audacia del Régimen y la ferocidad de las tácticas empleadas se acentúan. Cada día que pasa no cesa de aumentar el número de ciudadanos heridos o arrestados. Sigue creciendo el número de muertos.

(…)

El informe completo está disponible aquí.

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