Somos protagonistas de la primera rebelión popular venezolana del siglo XXI

Tras más de un mes de manifestaciones ininterrumpidas, realizadas de manera masiva en todo el territorio nacional, Provea califica el actual ciclo de protestas como la primera rebelión popular realizada en Venezuela durante el siglo XXI, por la exigencia de libertades democráticas y la vigencia de los derechos humanos.

Provea realiza desde el año 1989 un Informe Anual sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela, por lo que posee elementos cuantitativos y cualitativos para realizar dicha afirmación, desde una perspectiva de exigencia de derechos. La misma se sustenta por la suma de los siguientes elementos:

1) Extensión cronológica: El ciclo de movilizaciones, que se inició el 01 de abril de 2017 en Caracas -un día después del reconocimiento de “ruptura del hilo constitucional” por parte de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz-, se ha mantenido ininterrumpido hasta el 10 de mayo (fecha de redacción del presente texto), es decir, durante cuarenta días continuos.

2) Extensión geográfica: Las protestas han ocurrido en los 24 estados del país, tanto en las ciudades principales como en pueblos y comunidades pequeñas.

3) Cantidad de protestas realizadas: Hasta el 07 de mayo se habrían realizado 946 manifestaciones en todo el país, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, un promedio de casi 26 protestas diarias.

4) Desterritorialización de la protesta: A diferencia de movilizaciones anteriores contra el proyecto bolivariano, el descontento se ha expresado en todas las capas de la sociedad y en comunidades que anteriormente eran identificadas como “bastiones” del oficialismo, disolviendo la polarización del territorio urbano que caracterizó la política venezolana durante mucho tiempo. Esta situación está siendo propiciada por el aumento de la pobreza y la exclusión; la grave escasez de alimentos y medicinas que deteriora la calidad de vida de la ciudadanía –sobre todo de los más pobres- y atenta contra los derechos a la salud y la alimentación, comprometiendo la vida de millones de venezolanos; la frustración ante cientos de promesas que supuestamente garantizarían un mejor vivir; la ausencia de respuestas por parte de las autoridades ante las demandas ciudadanas; el aumento de la violencia y los abusos policiales en las comunidades pobres del país mediante operativos como el OLP, entre otros.

5) Contexto no democrático en el que ocurren: Las protestas representan la resistencia ciudadana contra la dictadura instaurada en el país a partir de cuatro decisiones: a) Sustituir el orden constitucional por un Decreto de Estado de Excepción; b) Suspensión indefinida del derecho a la participación popular mediante el voto; c) Derogación de las competencias de la Asamblea Nacional y violación de la inmunidad parlamentaria; d) Políticas económicas que han generado el aumento de la pobreza y exclusión sin posibilidad de garantizar derechos sociales. Estas medidas han extinguido el Estado de Derecho en Venezuela, impidiendo la garantía para los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de la población.

6) Diferentes actores de la represión que no logran inhibir la protesta ciudadana: El “Plan Zamora”, aplicado a partir del pasado 19 de abril y sustentado en el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, ha institucionalizado la participación conjunta de la Fuerza Armada, Policía Nacional Bolivariana, SEBIN y organizaciones paramilitares en labores de represión a manifestaciones, bajo una lógica bélica que se ampara en la doctrina de la seguridad nacional y el reforzamiento de la tesis del enemigo interno, para justificar el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. A esta situación se suma la instrumentalización del Sistema de Justicia para penalizar y privar de libertad a cientos de manifestantes, a pesar que en muchos de los casos registrados, el  Ministerio Público ha desistido presentar acusaciones contra los mismos debido a la ausencia de elementos probatorios para comprobar la comisión de delitos. En un nuevo y alarmante patrón represivo, en el contexto de la aplicación del “Plan Zamora”, se suma el sometimiento generalizado de civiles detenidos en manifestaciones a la Justicia Militar. Esta práctica, violatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 261 de la Constitución Nacional, desconoce el derecho a ser juzgado por el juez natural, vulnera el derecho a la defensa de cientos de detenidos y pone a la dictadura de Nicolás Maduro al lado de otras dictaduras de América Latina que han empleado esta vergonzosa práctica para intentar acallar la disidencia y el descontento popular, generando con ello graves violaciones a los derechos humanos.

7) Consolidación de patrones represivos registrados en anteriores ciclos de protesta, y aumento de la crueldad en la represión: varios de los patrones represivos registrados durante el ciclo de protestas de 2014, se repiten en esta rebelión popular por el retorno a la democracia en Venezuela. a) Uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y población civil no vinculada a las manifestaciones, que incluye el empleo excesivo de sustancias tóxicas –incluso con el objetivo de causar el máximo daño físico posible a manifestantes y transeúntes-, perdigones de plástico, empleo de munición potencialmente letal; golpizas a manifestantes, entre otros; b) ataques a zonas residenciales, centros educativos y centros de salud; c) Actuación de civiles armados y grupos paramilitares para contener y reprimir manifestaciones pacíficas; d) Obstáculos innecesarios para el ejercicio del derecho a la manifestación y proliferación de zonas de exclusión para el uso del espacio público por parte de la ciudadanía; e) Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra detenidos; f) Incomunicación de detenidos y violaciones al derecho al debido proceso y el derecho a la defensa; g) Robos por parte de agentes de la fuerza pública contra manifestantes y/o transeúntes no vinculados a las manifestaciones; h) Campañas de estigmatización; acoso y hostigamiento contra manifestantes, activistas sociales, dirigentes políticos y defensores de Derechos Humanos, a través del sistema nacional de medios públicos y mediante la divulgación de fotos y direcciones de domicilio a través del “Manual del Combatiente Revolucionario” por parte de funcionarios del Estado; i) Ataques a periodistas, trabajadores de la prensa y hostigamiento a medios de comunicación.

En 40 días de protesta han fallecido 39 personas, casi una persona en promedio al día, muertes que lamentamos profundamente y que evidencian los sacrificios de los pueblos cuando se rebelan contra las tiranías. Según el Foro Penal Venezolano, 1.991 personas han sido arrestadas, un promedio de 50 personas diariamente, permaneciendo detenidas 653, de las cuales 404 se encuentran a la espera de un fiador y 157 privadas de libertad. Por su parte 116 personas habrían sido pasadas, inconstitucionalmente, a tribunales militares. Según el Ministerio Público 787 personas habrían resultado lesionadas. Estos patrones de actuación se producen en medio de un aumento en la crueldad de la represión -sin precedentes-, al menos en los registros levantados por Provea desde 1989. Sin embargo, resaltamos que el recrudecimiento de la represión y el incremento de la crueldad por parte de los represores, no ha apagado la voluntad pacífica de lucha de los venezolanos por el restablecimiento de la democracia en nuestro país, al contrario, las manifestaciones se multiplican y se diversifican día a día, manteniendo fundamentalmente, su vocación no violenta.

9) Un movimiento masivo y extendido de protesta que usa la No Violencia como estrategia, y con ello el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica: El carácter mayoritariamente pacífico de las manifestaciones fue reconocido por la Fiscal General, doctora Luisa Ortega Díaz. La ausencia de imágenes de manifestantes armados ha llevado a las autoridades a la difusión de fotografías falsificadas.

10) Un proceso de indignación de multitudes con características propias: Aprendiendo de sus propias experiencias y adaptando lo que han visto en redes sociales de otras latitudes, los manifestantes han desarrollado estrategias que le dan a esta rebelión popular sus particularidades, generando símbolos de la resistencia pacífica que han dado la vuelta al mundo. Es importante destacar la voluntad de los manifestantes de reconcentrarse ante la avanzada represiva, retomar la calle y continuar la lucha desafiando la represión, lo cual es símbolo del ánimo de resistencia a la Dictadura.

11) Un liderazgo compartido entre la gente y los diputados de la Asamblea Nacional: Los parlamentarios se han visto presionados por la multitud a asumir una agenda permanente de movilización y acompañar a la gente en las convocatorias, siendo también víctimas de la represión al encabezar muchas de las protestas dando ánimo y conducción. No estamos en presencia de un liderazgo tradicional, sino de uno compartido generado en red: Un enjambre.

12) Protagonismo de una generación de activistas “millenials”: A diferencia de generaciones de activistas anteriores, cuyos modelos provenían mayoritariamente de la izquierda marxista, la presente generación de jóvenes activistas tienen como referentes la cultura digital, los video juegos, las novelas gráficas, series de televisión y películas, así como referentes sociales más recientes como la primavera árabe y las propias protestas del 2014.

13) La calle ha sido escenario para el despliegue de manifestantes de diferentes generaciones: Junto a los jóvenes “millenials”, las movilizaciones han sido protagonizadas también por adultos contemporáneos y personas de la tercera edad, lo que le da un carácter intergeneracional a las protestas.

14) Ante la hegemonía comunicacional y la censura, la indignación de las multitudes ha construido sus propios canales de información, divulgación y convocatorias: Mediante el uso intensivo de redes sociales y mecanismos de autoregulación de contenidos, manifestantes se mantienen alta y rápidamente informados. Algunas de las redes más utilizadas han sido WhatsApp, Twitter y Periscope.

15) Carácter propositivo del movimiento: el actual movimiento de indignación rechaza el golpe de Estado al Parlamento y el Fraude Constituyente, pero también exige el regreso a la “democracia”, que se ha convertido en un valor cuya significación está siendo llenada por las aspiraciones y deseos de los manifestantes en la calle. Durante los hechos del Caracazo, la indignación popular masiva, pero sin conducción y objetivos claros, emergió contra un paquete de medidas económicas de corte neoliberal y condujo a que millones de personas se lanzaran a las calles a manifestar su descontento, lo que generó una respuesta altamente represiva por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, a pesar de la trascendencia histórica de dichos sucesos para el cambio político y la garantía de derechos en nuestro en país, el movimiento de indignación de “El Caracazo” adoleció de capacidades organizativas y políticas que permitieran transformar la indignación en acción y propuestas claras para construir una democracia de derechos. En 2017, la experiencia popular y la lenta pero indetenible despolarización de la sociedad, elevan la indignación a un escenario de propuesta y construcción de una sociedad democrática, con justicia social y derechos para todos. Seguimos siendo hijos del Caracazo, esta vez, con la capacidad de reconocer los errores y aciertos del pasado y del presente, pero con la mirada puesta en el futuro.

En Venezuela y América Latina la historia se repite. En plena dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló sobre la prolongada suspensión de garantías constitucionales y régimen de excepción en ese país: “Las disposiciones mencionadas que conformaron el régimen de emergencia prevaleciente en Nicaragua, crean en la realidad socio—política de este país una estructura legal desde el punto de vista de la formalidad normativa; pero, desde el punto de vista material, ella se traduce en situaciones de amoralidad jurídica individual y colectiva, por cuanto se presta para una sistemática y generalizada violación de los derechos humanos”. Esa misma Comisión, tan criminalizada por quienes gobiernan en Venezuela, justificó en 1979 el derecho a la rebelión del pueblo Nicaragüense y la propia insurrección sandinista contra la dictadura de Somoza: “Los daños y sufrimientos provocados, por estas violaciones han hecho surgir entre la población nicaragüense, de la manera más patente, un intenso y general sentido favorable al establecimiento de un sistema que garantice la observancia de los derechos humanos”. Este derecho a la rebelión democrática, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y conocido también como el “nunca más de la humanidad”, legitima la acción de los pueblos para enfrentar las tiranías y reclamar el establecimiento de un régimen de derecho.

En la Venezuela de 2017 estamos en presencia de una nueva rebelión, esta vez contra la primera dictadura del siglo XXI. A la fecha, la fractura del gobierno de Nicolás Maduro y la resistencia ciudadana siguen en ascenso.

16.- Las lamentables víctimas que deja la Rebelión Popular genera dolor pero disposición de lucha. Al momento de escribir este texto 39 personas han fallecido en el contexto de la protesta, varias de ellas asesinadas por la acción represiva del Estado. La lastimosa pérdida de vidas humanas que generalmente ocurren en toda rebelión contra las dictaduras y por la democracia, no ha intimidado a la población quien se mantiene día a día en la calle. El gobierno no ha logrado desmoralizar a quienes han decidido tomar las calles a lo largo y ancho del país. El dolor se viene transformando en más fuerza para exigir justicia, garantías para los Derechos Humanos y respeto a la voluntad popular.

Sigamos siendo protagonistas de esta rebelión pacífica y democrática que nos podrá conducir a una mejor Venezuela. Cada quien desde sus posibilidades, capacidades y lugar geográfico, puede ayudar a que esta rebelión termine en un histórico triunfo popular.

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Sinergia se pronuncia ante golpe de Estado continuado

Es inaceptable la utilización de la justicia militar hacia civiles por ejercer sus derechos a la participación y manifestación pacífica.

En tan solo el transcurso de un mes se han registrado más de 1700 personas detenidas, 137 de ellas presentadas en tribunales militares y 39 personas fallecidas reconocidas por el Ministerio Público, producto de las acciones de  la fuerza represiva ordenada por el gobierno nacional. Los juicios efectuados bajo la jurisdicción castrense contra personas detenidas y llevadas a prisión sin el cumplimiento del debido proceso y la existencia de personas privadas de libertad por razones políticas, demuestran el desconocimiento del Estado de Derecho.

Las acciones emprendidas por organismos estatales, con el apoyo de civiles armados en contra del pueblo en la calle que exige sus derechos, representa una evidente y clara violación de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las actuaciones y declaraciones públicas de sus más altos representantes, demuestran que en Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha convertido en la fuerza del grupo político en el poder.

La paz y convivencia en el país será posible si las instituciones, autoridades y actores políticos cumplen con lo establecido en la Constitución, los tratados y pactos para el resguardo de los Derechos Humanos.

El llamado a un proceso constituyente, sin el cumplimiento de lo establecido en la Carta Magna para su activación, se convierte en la intención de imponer un nuevo modelo político, económico y social, sin las debidas garantías para que sea el pueblo, en el ejercicio de su soberanía, quien decida las bases de la República y su destino. No se requiere una nueva Constitución. Lo imperativo es el cumplimiento de la aprobada por el pueblo en 1999.

Lo que la gente exige en la calle es su derecho a decidir. Ese derecho está previsto en la actual Constitución a través del ejercicio del voto universal, directo y secreto. Las elecciones suspendidas en Venezuela en su tiempo establecido, demuestran un serio bloqueo a la democracia. El diálogo y la negociación son necesarios, pero para ello debe haber respeto al pacto social vigente, reconocimiento del otro y el cumplimiento de los acuerdos.

La crisis social y económica golpea a un pueblo que no encuentra soluciones a sus problemas y a la garantía de su derecho a la vida.

El estado del desabastecimiento en alimentos y medicinas en el país ha llevado a la población a sufrir situaciones graves con las consecuencias de pérdidas de vidas humanas y afectaciones permanentes a la salud. Todos los indicadores disponibles, registrados por instituciones especializadas tanto en el ámbito nacional como en el internacional, muestran un fuerte deterioro en las condiciones de vida. El sector privado se ha visto reducido en su capacidad de aportar a la producción nacional en todos sus campos, enfrentando una política pública diseñada para su control. Las instituciones públicas han sufrido un deterioro sistemático, sin capacidad de dar respuesta a las necesidades y requerimientos de una población cada día más desasistida. Todas estas condiciones representan un cuadro muy difícil de enfrentar y van en contravía de los postulados y orientaciones establecidas en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible asumida por las Naciones Unidas para facilitar el camino a las políticas que permitan sostener la vida en el planeta, con base al respeto de los derechos de los ciudadanos del mundo y con la democracia como sistema político que lo haga viable.

Toda esta lamentable situación representa un desafío para la sociedad civil venezolana y para sus instituciones. El esfuerzo debe estar encaminado a continuar en la exigencia del cumplimiento de los derechos y que los poderes constituidos cumplan con lo establecido en la Constitución vigente.

Al respecto exigimos:

  • A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respetarse como institución al servicio de todos los venezolanos y no de parcialidad política alguna. No puede seguir en su actuación conjunta con el Ejecutivo en acciones de represión contra la ciudadanía y el juzgamiento de civiles en las instancias penales militares.
  • Al Tribunal Supremo de Justicia, actuar con independencia y hacer cumplir la Constitución, respetando las decisiones del Poder Legislativo en ejercicio de sus legítimas competencias y proteger los derechos de la población frente a violaciones cometidas por las instituciones gubernamentales.
  • Al Consejo Nacional Electoral, que cumpla con el ordenamiento electoral que garantice el voto universal, directo y secreto; al igual que con los cronogramas electorales postergados por este ente.
  • Al Ejecutivo Nacional, que cese en su política de represión a ciudadanos en manifestaciones públicas y que atienda con urgencia los graves problemas sociales y económicos por los que atraviesa la nación. Que reconozca la crisis en la seguridad alimentaria y defina políticas públicas de emergencia para atender la desnutrición que a diario se agrava, así como la crisis general en el sistema de salud.
  • Al Ministerio Público, que garantice el debido proceso en las causas que afectan a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos y hacer valer de inmediato el derecho de los civiles a ser juzgados por sus jueces naturales.
  • Al Defensor del Pueblo, ante su clara parcialización y evidente incapacidad para cumplir con el mandato de su función, que tenga la dignidad de renunciar.

Suscriben

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Organizaciones miembros

  • Acción Campesina
  • Acción Solidaria
  • Asociación Venezolana de Mujeres- AVM
  • Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana – Avessoc
  • Asociación Venezolana para la Hemofilia
  • Banco del Libro
  • Bioparques
  • Cedice Libertad
  • Convite AC
  • Escuela de Vecinos de Venezuela
  • Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, el Joven y la Familia- FIPAN
  • Fundación Aguaclara
  • Fundación Bengoa
  • Fundación CIIDER
  • Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama – FUNCAMAMA
  • Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente – FEPAP
  • Fundación Futuro Presente
  • Fundación Reflejos de Venezuela
  • Grupo Social Cesap
  • Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela- IPYS VENEZUELA
  • Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos- INVESP
  • Opción Venezuela
  • Proadopción
  • Proadopción
  • Stop VIH
  • Transparencia Venezuela
  • Uniandes
  • Unión Vecinal para la Participación Ciudadana

Otras organizaciones civiles 

  • Acceso a la Justicia
  • Centro de Acción y defensa por los DDHH (CADEF)
  • Civilis Derechos Humanos
  • Coalición Clima21
  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela capítulo Táchira
  • Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Mérida
  • EXCUBITUS derechos humanos en educación
  • Observatorio de derechos humanos de la ULA
  • Observatorio Venezolano de la Salud
  • Red Andina de DDHH (RADAR)
  • Revista SIC
  • Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  • Una Ventana a la Libertad

Personas

  • Francisco González Cruz – Presidente del Consejo Superior de la UVM
  • Morella Ramírez Angarita
  • Zulma Bolívar

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Amnistía Internacional | Venezuela: Uso de tribunales militares contra civiles pone en jaque al estado de derecho

El uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles en Venezuela pone en jaque el estado de derecho en el país, violando su constitución y las leyes internacionales, dijo hoy Amnistía Internacional.

“El uso creciente de tribunales militares para juzgar a civiles demuestra la absoluta determinación de las autoridades venezolanas de asfixiar las crecientes protestas y aterrorizar a cualquier persona que contemple la posibilidad de expresar sus opiniones”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Con esta decisión, el gobierno venezolano se está alejando aún más de la legalidad. El derecho internacional establece claramente la inadmisibilidad de que se trate a civiles como militares, esto atenta totalmente contra el ejercicio de derechos humanos.”

Según datos oficiales, más de 250 personas se encuentran actualmente privadas de su libertad y fueron puestas a la orden de jueces y fiscales militares. Todas fueron procesadas por delitos tales como “asociación para rebelión” y “ataque al centinela”, contemplados en la jurisdicción militar.

Este tipo de delitos tienen como finalidad delinear los códigos de conducta de las fuerzas armadas y no deben de aplicarse a civiles bajo ninguna circunstancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene vasta jurisprudencia al respecto.

Poner a civiles bajo jurisdicción de tribunales militares es contrario a los estándares del debido proceso, ya que estos no son tribunales independientes, son especiales, puramente funcionales, y destinados a mantener la disciplina de las fuerzas armadas.

“Las autoridades venezolanas deben poner fin a esta práctica inmediatamente y llevar a cualquier persona acusada de un delito a un tribunal ordinario donde se respeten todas las garantías de un proceso justo e imparcial.”

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/05/venezuela-uso-de-tribunales-militares-contra-civiles-pone-en-jaque-al-estado-de-derecho/

Fin/


Amnistía Internacional

Publicado por Provea

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Paramilitares en Venezuela intentan desmovilizar y generar terror entre manifestantes

Tras el inicio de un nuevo ciclo de protestas y la consolidación de un patrón de violación de derechos humanos denunciado en manifestaciones anteriores, la actuación de grupos de civiles armados para reprimirlas, se ha discutido en diferentes ámbitos sobre cuál debería ser el nombre que se le debería dar a dichos grupos: Colectivos, parapoliciales o paramilitares, entre los principales. La intención del presente texto es realizar una aproximación, desde una mirada de derechos humanos, sobre la correcta calificación.

Colectivo, paramilitar y parapolicial

El inicio del uso de la palabra “Colectivo” para denominar agrupamientos comenzó luego del Mayo Francés dentro de la izquierda europea, no social-demócrata, para diferenciarse de los partidos comunistas, a quienes consideraban parte de las estructuras burocratizadas de dominación de la época. De esta manera iniciativas en Alemania e Italia, de izquierda radical, en teoría opuestos a la concepción leninista de la organización de grandes partidos de masas, pasaron a calificarse a sí mismas como “Colectivos”. En la década de los 80´s dentro de la izquierda europea se consideraba a un “Colectivo” como una célula o nucleamiento de militantes de la extrema izquierda, término que después de la caída del Muro de Berlín empezó a utilizarse en América Latina.

Paramilitar se denominan las organizaciones particulares que tienen una estructura, entrenamiento, subcultura y, con frecuencia, una función igual a las de un ejército, pero que no forman parte de manera formal a las fuerzas militares estatales. Las organizaciones paramilitares sirven a los intereses del Estado, o sus grupos de poder y, generalmente, están fuera de la ley. Dentro de sus miembros pueden estar fuerzas policiales, militares, mercenarios e integrantes de escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados.

La principal diferencia entre una formación “paramilitar” y una formación “guerrillera”, ambas influenciadas por la forma de pensar y organizarse de los militares, es que la primera actúa amparada por el Estado mientras que la segunda se le opone para intentar imponer un gobierno diferente. El Ejecutivo venezolano, en diferentes momentos, denunció la existencia de grupos “paramilitares” en su contra, realizando un uso incorrecto del término, pues si existían núcleos de insurgencia armada debía denunciar la presencia de “guerrillas”. En contraste, se documentó y denunció la existencia de una organización guerrillera apoyada y, presuntamente, tolerada y financiada por el Ejecutivo, el Frente Bolivariano de Liberación, que conceptualmente debe considerarse como una organización paramilitar.

Por otra parte, la Real Academia de la Lengua Española considera “parapolicial” a una organización irregular que realiza funciones propias de la policía al margen de esta, realizando con ello actos ilegales. COFAVIC afirma que son grupos de funcionarios adscritos a las policías regionales de carácter civil, quienes en abuso de sus funciones oficiales asesinan, desaparecen, amenazan o lesionan a personas previamente seleccionadas, a través de aparatos de inteligencia informales, ligados a estructuras estatales. Venezuela ha conocido la existencia de grupos “parapoliciales”, como los llamados “grupos exterminio” que existieron en el estado Portuguesa en el año 2001. Según la investigación realizada por Cofavic sobre el fenómeno, “no se encontraron evidencias que exista algún tipo de sometimiento a alguna cadena de mando propia entre los funcionarios policiales implicados en la actuación de grupos parapoliciales. Lo que existe es una evidente complicidad entre los funcionarios policiales o simple solidaridad automática, que surge por la corrupción existente y bajo la convicción de que su actuación aporta beneficios a la sociedad”. No osbtante la ONG detectó la participación de funcionarios de alta gradación, por lo que no descarta algún tipo de orden jerárquico a lo interno[1].

Lo anterior nos permite hacer distinciones entre parapoliciales y paramilitares. Los primeros tienen a las fuerzas policiales como referente, realizan labores de inteligencia para hacer intervenciones selectivas concretas contra determinados individuos, sin que eso implique el control territorial de las zonas donde operan. Por otra parte su orden jerárquico es difuso y clandestino. Por su parte, los grupos paramilitares tienen al funcionamiento de las Fuerzas Armadas como referente, ocupan territorialmente zonas urbanas o rurales, sobre las cuales realizan labores de control territorial y visibilizan los grados jerárquicos existentes en su organización, pues les enorgullece la cadena de mando presente en su organización.

Paramilitarismo y responsabilidad del Estado

En América Latina la experiencia colombiana sobre la aparición y expansión de organizaciones paramilitares ha permitido la aparición de sentencias judiciales que se han erigido como “jurisprudencia” acerca de la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos cometidas por estos grupos. Al no lograr justicia en la jurisdicción interna colombiana, algunos casos emblemáticos fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En el caso conocido como Masacre de Mapiripán (detención, tortura y asesinatos de 49 personas en el municipio Mapiripán, Departamento del Meta), la sentencia de la Corte IDH establece la responsabilidad del Estado no sólo por acción, sino también por la tolerancia frente a sus operaciones: “Se ha documentado en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos (…) -se ha- documentado los casos representativos de violaciones del derecho a la vida, en los que se alegó que el gobierno y las fuerzas armadas colaboraron con los paramilitares en asesinar, amenazar o desplazar a la población civil”. Al alegar responsabilidad, la Corte expresó que el Estad debía responder por la omisión de sus autoridades, quienes estaban en condiciones de proteger a la población, pero no lo hicieron. Por tanto miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, al no actuar como la ley les ordenaban violaron obligaciones internacionales contraídas por el Estado. Otro elemento fue la legislación promovida que permitió la existencia de este tipo de organizaciones, que posteriormente mutarían en paramilitares. La sentencia establece: “el Estado ha jugado un papel importante en el desarrollo de los llamados grupos paramilitares o de autodefensa, a quienes permitió actuar con protección legal y legitimidad en las décadas de los setenta y ochenta y es responsable de manera general por su existencia y fortalecimiento”.

En otra sentencia, la del Caso 19 Comerciantes contra Colombia (detención, desaparición y ejecución en 1987 de 19 personas en el municipio de Puerto Boyacá, Magdalena Medio), se introducen más elementos sobre la responsabilidad del Estado: “A pesar que Colombia alega que no tenía la política de incentivar la constitución de tales grupos delincuenciales, ello no libera al Estado de la responsabilidad por la interpretación que durante años se le dio al marco legal que amparó a tales grupos “paramilitares”, por el uso desproporcionado dado al armamento que les entregó y por no adoptar las medidas necesarias para prohibir, prevenir y castigar adecuadamente las referidas actividades delincuenciales”. Sobre el hecho que los actos hayan sido cometidos por “civiles” y no por reconocidos funcionarios estatales, se apunta: Para establecer que se ha producido una violación no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos”. Por otra parte se agregó que  en “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos”.

La experiencia internacional ha determinado que al ser grupos que actúan con la complicidad y en coordinación con las Fuerzas Armadas, recibiendo financiamiento directo e indirecto para su funcionamiento y han disfrutado de una legalidad favorable tanto para su conformación como para la realización de sus operaciones, las actividades de los grupos paramilitares se consideran violaciones de derechos humanos, que no prescribirán en el tiempo.

No todos los colectivos son paramilitares

El fenómeno en nuestro país es incipiente, consolidado institucionalmente tras la aprobación del denominado Plan Zamora, el 18 de abril de 2017, actuando en un contexto de estado de excepción y emergencia económica inconstitucional.

Si bien la mayoría de estas organizaciones se presentan bajo la denominación “Colectivos”, como explicamos al inicio esta etiqueta tiene una larga historia en las ideas políticas que excede ampliamente a grupos amparados por el Estado para la realización de labores de contención de la protesta ciudadana. Incluso, en sentido estricto, la niega. Los colectivos de extrema izquierda, en la mayoría de las experiencias, se enfrentan al Estado, no lo refuerzan. No obstante una multiplicidad de iniciativas de incidencia social y política se han creado bajo este nombre, a partir de 1999, en Venezuela. Algunos realizan trabajo de tipo cultural o comunitario, teniendo relaciones con otros “colectivos” urbanos de colaboración, competencia o enfrentamiento. Esto nos lleva a la siguiente conclusión: No todos los colectivos venezolanos son paramilitares, aunque la mayoría de los paramilitares se presenten a si mismos como “Colectivos”.

Una muestra de las tensiones existentes entre ambos fue la rueda de prensa realizada el 09 de julio de 2016 por el secretario general del partido Tupamaros en el estado Trujillo, Jaime Montilla, ante la acusación de haber sido responsables de hechos vandálicos ocurridos en la ciudad: “Ayer lo vimos, se suscitaron hechos delictivos de un grupo denominado colectivos, pero que no son ningunos colectivos porque los colectivos fueron creados por el presidente Chávez precisamente para hacer trabajo en colectivo, y hay hampones y delincuentes que se han autodenominado con estos grupos de trabajo para mal poner a organizaciones políticas como nosotros”. Montillo continuó su denuncia con estas palabras “lo que sucedió ayer lo rechazamos contundentemente, por un lado los estudiantes manipulados y financiados por la derecha y por el otro lado grupos hamponiles que se hacen llamar colectivos bajo la mirada complaciente de la Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad del estado salieron a arremeter contra los ciudadanos, atracándolos con armas en las manos”. Montilla estableció la vinculación de estos grupos paramilitares con autoridades estatales: “uno de los que ha auspiciado a este grupo que salió ayer es el antiguo general del Sundde (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos). Con mucha responsabilidad decimos ya basta, a nosotros no nos van a endosar delitos o las cosas mal hechas de algunas personas que tienen la gran responsabilidad de dirigir los destinos del Estado”.

Función del paramilitarismo en el contexto venezolano

La experiencia colombiana sirve para entender la función del paramilitarismo en contextos de conflictos, estableciendo sus objetivos en la situación venezolana.

Pensando en Colombia Adrián Galindo establece que la finalidad del paramilitarismo es la desarticulación y dislocación de movimientos contra hegemónicos. “El objetivo de los despliegues clandestinos es preservar la imagen democrática del gobierno, reforzando el falso perfil de neutralidad de los cuerpos represivos del Estado, policiacos y militares, y evitar presiones internacionales por la violación de derechos humanos. Por medio del discurso del “actor independiente” o “incontrolable”, es decir, de grupos armados que se salen del control del gobierno y que éste, a pesar de todos sus esfuerzos, no logra contener, se desresponsabiliza al Estado y se deja impunes a quienes los financian, apoyan, asesoran y justifican”. Galindo continúa: “Es importante recalcar que a pesar de que el paramilitarismo es una estructura clandestina, su accionar esta cuidadosamente planeado y existe una cercana convivencia con las estructuras del poder político, lo cual tiene como uno de sus principales resultados la impunidad, el terror y la parálisis social. En este sentido, uno de los objetivos principales del paramilitarismo es la desmovilización total, la difusión del terror, el inmovilismo político, la desarticulación de la sociedad y el aislamiento de sus fracciones más radicalizadas. En pocas palabras, organizar el terror en la sociedad”. Más adelante el analista establece: “La violencia paramilitar se inscribe en un conjunto de técnicas coercitivas gubernamentales que, por medio de la violencia reguladora planificada, buscan facilitar el tránsito hacia un Estado autoritario de corte policial-militar. El paramilitarismo también es un dispositivo de control territorial; es una forma de disputa geográfica que busca controlar físicamente el territorio”.

Tomando los elementos que se adecúan al conflicto, los objetivos de la promoción del paramilitarismo en Venezuela serían

1) Desmovilización de las manifestaciones de descontento con el gobierno ante la ineficacia de la represión institucional

2) Difusión del terror entre la población para que se inhiba de exigir sus derechos en el espacio público

3) Controlar territorios urbanos de valor simbólico para el gobierno (zonas populares)

4) Violar derechos humanos de personas que ejercen su derecho a la manifestación pacífica, obstaculizando que estas violaciones sean adjudicadas a funcionarios estatales.

5) Encargarse de la realización de labores delictivas, preservando la imagen de neutralidad de las Fuerzas Armadas y policiales, resguardando así la imagen democrática del gobierno.

En la experiencia de Provea el trabajo con víctimas de ataques de grupos paramilitares hemos constatado la eficiente generación de terror por parte de estas organizaciones. Mientras en el 80% de los casos de violación de derechos humanos, por parte de funcionarios policiales y militares, los afectados tienen la disposición de ofrecer su testimonio o formalizar la denuncia en las instancias respectivas. En contraste, en el 95% de los casos de víctimas de agresión paramilitar, los afectados ni siquiera desean relatar su testimonio, anónimamente, a la ONG. Mucho menos formalizar la denuncia en el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo.

Al tener como referente el funcionamiento de las Fuerzas Armadas los Paramilitares incorporan algunos de sus elementos de operación estratégica, por lo que no necesitan un brutal despliegue de la fuerza para lograr sus objetivos. Aunque hay casos de personas asesinadas en el contexto de protestas en donde se ha señalado a estas organizaciones como responsables, o detención de personas por parte de civiles encapuchados, en muchas oportunidades sólo basta su presencia física para lograr neutralizar o disuadir el ejercicio de la protesta. Provea visitó una comunidad de la parroquia San Pedro, municipio Libertador de Caracas, que fue objeto de la presencia de 6 parejas de motociclistas, encapuchadas, miembros de un grupo paramilitar en horas de la noche del 21 de abril de 2017. El grupo paramilitar se estacionó en una de las esquinas durante varias horas, mientras conversaba con integrantes del Consejo Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) de la cuadra. Según los testimonios recopilados por Provea, los miembros del CLAP indicaron a los paramilitares nombres y número de apartamentos de las personas que habrían participado en un cacerolazo en horas anteriores. Los vecinos indicaron a Provea que desde esa noche habían dejado de participar en cacerolazos por temor a las represalias.

Una preocupante hipótesis es que cuando estos mecanismos simbólicos pierdan eficiencia, la actuación de los paramilitares en el conflicto venezolano aumente sus niveles de brutalidad, y con ello la violación sistemática de derechos humanos, que incluya el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad personal.

[1] https://issuu.com/ddhhcofavic/docs/grupos_parapoliciales_en_vzla_cofavic


Provea / Coordinación General

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Organizaciones interpusieron demanda en el TSJ por el cierre de estaciones del Metro de Caracas

Este 05 de mayo se interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia, contra Ricardo Molina, Ministro de Transporte Terrestre, y contra Gerardo Molina, Presidente del Metro de Caracas. La iniciativa de Espacio Público, junto al especialista en Derechos Humanos Gregorio Riera, Provea y Acceso a la Justicia; solicita la protección de derechos e intereses difusos y una medida de amparo cautelar, por el cierre sistemático y arbitrario del servicio del Metro de Caracas cuando hay convocatorias a manifestaciones pro-oposición.

Durante los días de manifestación pro-oficialismo, el servicio del Metro de Caracas ha estado generalmente operativo en su totalidad; sin embargo, durante los días de manifestación pro-oposición el Metro ha suspendido el servicio en diversas estaciones. Estos cierres evidencian la motivación y finalidad discriminatorias para restringir la movilización de opositores, aun cuando las consecuencias de la medida afectan a todos los usuarios del servicio por igual, violando los artículos 21, 53, 57, 62 y 68 de la Constitución Nacional.

La suspensión de los servicios del Metro viola los derechos humanos fundamentales a la igualdad y no discriminación, libre tránsito, libertad de reunión pacífica, libertad de expresión, y a manifestar pacíficamente. Sólo es posible restringir la libertad de tránsito cumpliendo con tres condiciones: que la medida sea i) legal; ii) persiga un fin legítimo; iii) idónea, necesaria y estrictamente proporcional en una sociedad democrática, como lo consagran los artículos 50 de la Constitución, 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 22.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Leer másDescarga la demanda

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