Foro por la Vida | Rechazamos criminalización de Provea por promover la defensa de los derechos constitucionales

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, expresa el más contundente rechazo por la criminalización y amenaza de demanda contra PROVEA por promover el artículo 25 de la Carta Magna, que advierte sobre posibles sanciones contra funcionarios que ejecuten órdenes del Poder Público violatorias de los derechos fundamentales, en el marco de la convocatoria inconsulta a la Asamblea Nacional Constituyente.

El 2 de junio más de 40 organizaciones señalaron como responsables a las autoridades del CNE –las rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D´Amelio– por las violaciones a los derechos humanos registradas desde finales de marzo debido, entre otras causas, a las decisiones inconstitucionales aprobadas por el organismo, que suspendieron el derecho a la participación al negar las elecciones regionales de 2016 y obstaculizar el proceso del Referendo Revocatorio, con lo que colaboraron al cierre de las vías institucionales para la resolución política del conflicto.

El 25 de junio la rectora Tibisay Lucena indicó que el organismo electoral se reservaría acciones judiciales y penales contra quienes amenazan a trabajadores del órgano electoral y pretendan “sabotear” las elecciones de la ANC, se trate de particulares o de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

El 12 de julio el Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos, publicó una campaña realizando un llamado a los funcionarios de abstenerse a ser partícipes de un proceso ilegal e ilegítimo, de cara a posibles sanciones contempladas en la Carta Magna. En consecuencia, el 14 de julio la organización progubernamental Fundalatin denunció a Provea mediante un comunicado, por ejercer “violencia psicológica” contra funcionarios públicos que participaran en el proceso constituyente.

59 organizaciones de derechos humanos reiteraron a través de un comunicado, el 18 de julio, su llamado a los funcionarios públicos a inhibirse de participar en el proceso de la ANC por su carácter fraudulento, al no haber sido consultado a la población y al pretender cambiar la Constitución bajo elecciones parcializadas y lineamientos unilaterales impuestos desde el Ejecutivo Nacional.

A juicio de las organizaciones esta convocatoria atenta contra la progresividad de los derechos conquistados por los distintos sectores de la sociedad civil. Ante todo, una auténtica invocación del poder originario debe pasar por una consulta universal y directa a la población sobre si está de acuerdo o no con cambiar las bases de la convivencia nacional. Ese mismo día, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Policía Bolivariana, Pablo Fernández, indicó que realizarían una demanda judicial contra Provea por amenazar a los funcionarios.

Miembros de PROVEA poseen desde 2015 medidas de protección cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante los ataques, amenazas y actos de hostigamiento que han recibido en su labor como defensores por parte de sectores progubernamentales.

Recordamos que el peso de una presunta sanción civil o penal recae sobre las instancias del Estado, las que cuentan con la efectiva capacidad material y formal de ejecutarlas, no sobre las organizaciones que se han ocupado de reiterar lo que está establecido en la Constitución Nacional, en el marco de las garantías democráticas y del Estado de derecho.

El Estado venezolano debe garantizar sin dilación a los defensores y organizaciones de derechos humanos la posibilidad de continuar su labor sin miedo a represalias, descalificaciones públicas o campañas de criminalización por exigir la defensa de la institucionalidad democrática.

Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben garantizar que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios.

Por todo ello exigimos:

1.- Cese inmediato de los ataques de criminalización y hostigamiento sufridos de manera sistemática contra PROVEA y sus miembros en el ejercicio de sus acciones como defensores de derechos humanos.

  1. En cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los integrantes de PROVEA se determine, bajo la anuencia de los beneficiarios, las medidas de protección que sean efectivas.

Por todo ello exigimos:

1.- Cese inmediato de los ataques de criminalización y hostigamiento sufridos de manera sistemática contra PROVEA y sus miembros en el ejercicio de sus acciones como defensores de derechos humanos.

  1. En cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los integrantes de PROVEA se determine, bajo la anuencia de los beneficiarios, las medidas de protección que sean efectivas.

Vocería del Foro por la Vida:
Centro para la paz y Derechos Humanos Padre Luis María Olaso
Espacio Público
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

 

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Gobierno de Maduro dificulta el acceso a la información pública y por tanto la contraloría social

Caracas 20 julio 2017. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dirige la acción del Gobierno y de la administración pública nacional a través de 32 ministerios que no le dan prioridad a la participación ciudadana en el control de su gestión, según lo que establece la Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información Pública.

Esta normativa se basa en el principio de máxima publicidad y se aplica a la autoridad pública perteneciente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los que deben divulgar la información que esté en su posesión, custodia o control.

Sin embargo, Transparencia Venezuela identificó que los 32 ministerio incumplen la normativa, pues no publican 14 clases de información, de las 30 que establece la Ley. El Ministerio de Vivienda y Hábitat resultó ser el que menos promueve el acceso a la información, publicando sólo 2 de los 30 aspectos revisados.

Asimismo, se encontró que le siguen el Ministerio de Agricultura Urbana; el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la gestión del Gobierno, Juventud y Deportes, Minería Ecológica, Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, Comercio Exterior e Inversión Internacional, como los más opacos en cuanto a publicación de información oficial, ya que de los 30 ítems evaluados únicamente divulgan 5.

Otro de los hallazgos de la ONG, fue que los ministerios de Obras Públicas, Relaciones Exteriores, Nueva Frontera de Paz, y Salud, no poseen página web oficial activa, por lo que la ciudadanía no puede acceder a ninguno de sus servicios. Cabe destacar que en materia de salud hay total desinformación.

Transparencia Venezuela halló que ninguno de los 32 ministerios publica la ejecución de su presupuesto, lo que impide el control ciudadano sobre la gestión pública. Asimismo, en materia de contrataciones públicas 61% de las carteras se abstiene de publicar los llamados a concursos, y todos incumplen con el deber legal de informar las adjudicaciones de los contratos y la asignación de Responsabilidad Social.

Esta Organización considera que el desacato a la ley no cambiará con la Asamblea Nacional Constituyente que el Gobierno pretende imponer.

Ciudadano desatendido

75% de los ministerios no publica cuál es el procedimiento que debe seguir el ciudadano para realizar consultas, reclamos o denuncias ante sus órganos. Únicamente 7 de las 32 carteras poseen formato especial para la presentación de denuncias. Además, en 82% de los ministerios no se encuentra disponible la información de contacto de los despachos de los funcionarios de alto nivel.

39% de los despachos no tiene disponible en su página web la dirección física de sus dependencias en el interior del país.

Sobre el control de gestión y transparencia, la investigación reveló que 71% de los ministerios no publica el perfil del ministro que lo dirige, ni el período de gestión en el que se desempeña. Únicamente, el Ministerio para los Pueblos Indígenas ha publicado su Memoria y Cuenta correspondiente al año 2016 en su página web oficial, luego de que la presentara ante el TSJ.

Los 32 despachos omiten la práctica internacional reiterada de publicar las calificaciones y salarios de los altos funcionarios, como establece la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. Tampoco, se encuentra publicado el marco legal de acuerdo con su materia en el 54% de los ministerios.

Además, se encontró que 1 de los 32 ministerios tiene publicado en su página web el Plan Estratégico Institucional y que el Ministerio de Turismo es el único que ha publicado un manual de procedimiento institucional.

La información que de acuerdo con la ley deberían publicar los ministerios se refiere a la ubicación de sus dependencia, perfil del Ministro y período de gestión, organigrama, identidad de los funcionarios de alto nivel, lista de entes adscritos, información de contacto de los funcionarios de alto nivel, misión, visión, plan estratégico, plan operativo anual, ejecución del plan estratégico y operativo, Memoria y Cuenta, ejecución trimestral del presupuesto y presupuesto ciudadano, las leyes que regulan (Marco Legal General), interpretaciones de derecho o de procedimientos vinculantes, manuales de organización y de procedimientos, servicios que presta, requisitos de procedimientos y trámites, vínculos que permitan acceder a información sobre trámites, instrucción y/o procedimientos para realizar consultas, reclamos o denuncias, Oficina de Atención al Ciudadano, link de contrataciones, adjudicaciones, asignación del compromiso de Responsabilidad Social, llamado a concursos, sueldos, bonos/ otros beneficios, declaración Jurada de bienes, declaración de Intereses, reporte de actividades del ministro/ Viceministros y el listado de regalos/hospitalidades o donaciones.

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59 ONG reiteran llamado a funcionarios de inhibirse a participar en organización de fraude Constituyente

El pasado 02 de junio de 2017, 44 organizaciones sociales y de derechos humanos publicamos un comunicado en el que hacíamos co-rresponsables a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) -las rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D´Amelio- de las violaciones de derechos humanos ocurridas a partir del 1 de abril, debido, entre otras causas, a las decisiones inconstitucionales aprobadas por el organismo que suspendían el derecho a la participación electoral, como fue aprobado en octubre de 2016, irrespetando lo consagrado en la Constitución.

Hoy, las organizaciones y personalidades que suscribimos el presente comunicado queremos ratificar esa responsabilidad, profundizada tras la aprobación y promoción de un fraudulento proceso Constituyente, diferente al realizado en el año 1999 en el país, vulnerando los principios establecidos para ello en la Carta Magna.

El artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

Las organizaciones de Derechos Humanos coincidimos con la apreciación de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, y el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges: La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, ordenada por Nicolás Maduro, atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos. Así, las conquistas sociales universales y los valores democráticos presentes en la actual Carta Magna se encontrarían en grave riesgo. Por esta razón, cualquier funcionario o funcionaria que se involucre en la organización de un evento para la abolición de la Carta Magna de 1999, mediante una iniciativa inconstitucional, podría ser objeto en un futuro de las sanciones previstas en el artículo 25 de la CRBV.

Como lo expresa el artículo 25 el argumento de seguir órdenes superiores no valdrá para exculpar violaciones a derechos humanos.

Por ello, invitamos a funcionarios y funcionarias que hayan sido convocados para organizar y promover la abolición inconstitucional de la Carta Magna, y con ello el estado de Derecho y la vigencia de los derechos consagrados en ella, a tomar una decisión con base en su conciencia, inhibiéndose de tomar parte en este proceso, que también atenta contra la paz de la república. Así, evitarán incurrir en las responsabilidades descritas por la propia Constitución vigente. Igualmente, los invitamos a cumplir con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución, que impone a toda persona el deber de “defender los derechos humanos, como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”. Para la vigencia de la dignidad humana son imprescindibles la democracia y el respeto a la Constitución.

Adhieren la presente comunicación

1) Acceso a la Justicia
2) Acción Ciudadana Contra El Sida (ACCSI)
3) Acción Solidaria
4) Asociación Civil Mujeres en Línea
5) Asociación Venezolana contra la Hemofilia
6) Aula Abierta Venezuela
7) Brigadas Azules
8) Casa de la Mujer “Juana La Avanzadora” de Maracay
9) Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado
10) Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP)
11) Centro de acción y defensa por los derechos humanos (CADEF)
12) Centro de Formación para la Democracia (CFD Venezuela)
13) Centro de Justicia y Paz – Cepaz
14) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
15) Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara
16) Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
17) Civilis Derechos Humanos
18) Coalición Clima 21
19) Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
20) Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
21) Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
22) Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
23) Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure
24) Comisión de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Monagas
25) Convite AC
26) Espacio Humanitario
27) Espacio Público
28) EXCUBITUS, DDHH en educación
29) Fundación Aguaclara
30) Fundación Camino Democrático
31) Fundación Pequeños Guardianes del Ambiente (FUMPEGUAM)
32) Gente de Petróleo norte de Anzoátegui.
33) Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes
34) Humano Derecho Radio Estación
35) INCIDE
36) Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB
37) Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela
38) Laboratorio de Paz
39) Movimiento Vinotinto
40) Nueva Esparta en Movimiento AC
41) Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
42) Observatorio Venezolano de la Salud
43) Organización Nelson Garrido
44) Padres Organizados de Venezuela
45) Proyecto de Extensión: Visibilización y Educación en DD.HH de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo
46) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
47) Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
48) Proyecta Ciudadanía A.C
49) Redes Ayuda
50)SINERGIA,  Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
51) Sociedad Hominis Iura (SOHI)
52) Stop VIH
53) Transparencia Venezuela
54) Una Montaña de Gente
55) Un Mundo Sin Mordaza
56) Una Ventana a la Libertad
57) Unión Afirmativa
58) Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
59) Venezuela Diversa

Personalidades

Alberto Lovera, Sociólogo, Profesor Universitario UCV
Arnaldo Esté, Filósofo en Ética y Educación. Investigador (UCV)
Héctor Moreno, Secretario de la APUCV, Profesor Universitario
José María Cadenas, profesor universitario
Margarita López Maya, historiadora
Nelson Garrido, fotógrafo
Verónica Zubillaga, socióloga

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ONU: Guterres llama a un diálogo nacional en Venezuela

14 de julio, 2017 — La situación en Venezuela es muy preocupante, afirmaron hoy el Secretario General y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, urgiendo a todos los actores políticos del país a valerse únicamente de medios pacíficos para hacerse escuchar.

En un comunicado, António Guterres expresó su deseo de paz y democracia para el país sudamericano y señaló que es imperativo un diálogo nacional entre el gobierno y la oposición para erradicar la violencia, los abusos y el fanatismo y para optar por una vía constitucional concertada.

Advirtió que ninguna imposición podrá solucionar la actual coyuntura y aseveró que hace falta llegar a un acuerdo político, celebrar elecciones y respetar los derechos fundamentales y los poderes constitucionales.

Guterres también consideró que la solución debe provenir de los venezolanos y ser apoyada por la comunidad internacional.

Por otra parte, en Ginebra, la portavoz del Alto Comisionado, Liz Throssell, dijo en una conferencia de prensa que se tiene información de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones de protesta que tienen lugar en el país.

“Varias fuentes han denunciado que algunos miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han utilizado tácticas represivas para tratar de evitar que la gente se manifieste. Además, se ha reportado la detención arbitraria de miles de manifestantes”, señaló.

Agregó que algunos denunciantes afirman que unos 450 civiles habrían sido presentados ante tribunales militares.

La portavoz se refirió también a la consulta pública convocada por la Asamblea Nacional liderada por la oposición que tendrá lugar este domingo y urgió a las autoridades a respetar la libertad de expresión, de asociación y de asamblea pacífica, así como la voluntad de quienes participen en el proceso.

La consulta versará, entre otras cosas, sobre el proyecto presidencial de reformar la Constitución.

Como consecuencia de la incertidumbre en Venezuela, Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que las solicitudes de asilo de los ciudadanos venezolanos ha aumentado mucho este año con respecto al anterior.

William Spindler, portavoz de ACNUR, detalló que el total de venezolanos solicitando asilo el año pasado sumó 26.000, mientras que, en lo que va de 2017, 52.000 personas han presentado solicitudes. “Los principales países donde los venezolanos piden asilo son Estados Unidos, Brasil, Argentina, España, Uruguay y México”, especificó.

Prensa ONU 

Fotografía : Manifestantes en La Castellana, un barrio del este de Caracas. Foto: IRIN / Helena Carpio

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RADAR expresa su compromiso con la defensa de principios en la CRBV

La Red Andina de Derechos Humanos RADAR,  integrada por diversas organizaciones de la sociedad civil que hacen vida en el estado Mérida, desea expresar su compromiso con la defensa de los principios y valores fundamentales previstos en la Constitución vigente y por ello convoca a los ciudadanos y ciudadanas de todas las parroquias y municipios a participar en la consulta popular prevista para el próximo domingo 16 de julio, para que de forma libre, universal, directa y secreta, manifiesten su voluntad y hagan efectivo el mandato del artículo 5 de nuestra Carta Magna, que establece: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…”

RADAR advierte a la sociedad su preocupación por la pretensión de sustituir el modelo de Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el que se estableció la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, por un modelo excluyente y regresivo de los derechos fundamentales, evidenciado en la apuesta por imponer de forma antidemocrática una instancia –la Asamblea Nacional Constituyente- para el ejercicio del poder concentrado (con facultad de ejecutar, legislar e impartir justicia), centralizado (desconociendo a los gobiernos territoriales), sin contrapesos (sólo ejercerá la autoridad un pequeño grupo de una única corriente política), ni rendición de cuentas y por tiempo indefinido. Justo cuando la sociedad venezolana está padeciendo los estragos de la pobreza, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la precariedad de los servicios de salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros, además de la represión y arbitrariedad de los cuerpos de seguridad e instancias judiciales, como respuesta a las legítimas exigencias de los ciudadanos de solución a sus problemas, se intenta desmontar nuestro principal referente jurídico para mantener el poder a espaldas del pueblo y aprovecharlo en beneficio de una minoría.

La consulta popular del domingo 16 de julio contiene tres preguntas: 1.- ¿RECHAZA Y DESCONOCE la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?2.– ¿DEMANDA a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? 3.- ¿APRUEBA a que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden Constitucional? Con nuestra participación ratificaremos: desconocer el fraude Constituyente; la restitución del orden Constitucional; y la convocatoria a elecciones libres y transparentes. La consulta permitirá la libre expresión de la voluntad de los venezolanos y hacer valer el derecho a la rebeldía frente a las actuaciones de los poderes ejecutivo, judicial y electoral que han cercenado los derechos a la participación protagónica y el control de la gestión. Como activistas de derechos humanos exhortamos a que el pueblo se exprese pacíficamente y procure la recuperación del sistema democrático, en el que todos podamos construir el país que anhelamos.


Suscriben:

Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar Arnulfo Romero

Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Mérida.

FEDEVE

Foro Penal Venezolano. Capítulo Mérida

Movimiento SOMOS

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Observatorio Penal Mérida OPEM DDHH

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. Núcleo Andino.

Observatorio Venezolano de Prisiones.

Transparencia Venezuela – Coordinación Mérida

UNIANDES

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