71 ONG exigen desactivación inmediata del Plan Zamora y fin de la actuación de “Colectivos” armados contra manifestantes

El 18 de abril en la noche, previo a la jornada de movilización convocada a nivel nacional, el ejecutivo anunció la firma de un decreto para la aplicación del “Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora”, en su fase verde. Este plan, en diciembre 2016, se anunció como herramienta “para poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha”[1] en palabras del propio Nicolás Maduro. Este anuncio constituye la consolidación de la militarización de las labores de gestión de manifestaciones y seguridad ciudadana, junto al empleo de grupos de civiles armados y policías bajo la lógica militar del combate al enemigo interno, propia de la doctrina de seguridad nacional.

El 19 de abril se realizaron concentraciones y movilizaciones masivas en todos los estados del país, reprimidas excepto en 4 entidades. En su primer día de aplicación el “Plan Zamora” se ejecutó con un desapego total a los principios sobre uso proporcional y diferenciado de la fuerza; generando nuevos obstáculos para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y el empleo indiscriminado de gases tóxicos, duplicando la cifra de detenidos desde el 4 de abril y con el lamentable saldo de 3 personas asesinadas. Adicionalmente, se constató la actuación de grupos de civiles armados, o “Colectivos”, en 16 estados del país, quienes en coordinación con agentes de la fuerza pública hostigaron a manifestantes pacíficos mediante el empleo de sustancias tóxicas, disparos con armas de fuego y propinando golpizas a los participantes de las movilizaciones convocadas.

El 20 de abril se ejecutó el segundo día del “Plan Zamora”, repitiéndose la represión desmedida contra manifestantes. En horas nocturnas se realizaron protestas en diversas zonas del país y en 9 sectores populares de la Gran Caracas con cierre de vías. La fórmula represiva cívico-militar estimuló el desborde de la violencia en algunos sectores. Uso de lacrimógenas contra edificios residenciales y viviendas situadas en barrios populares de Caracas; ataques con sustancias tóxicas contra el Hospital Materno Infantil del Valle que obligó a un operativo de evacuación de parturientas y neonatos; ataques de “Colectivos” contra vecinos, mediante el uso de armas de fuego, entre otras situaciones, formaron parte del repertorio represivo empleado en la segunda jornada del Plan Zamora. Además, se recibieron denuncias sobre intentos de allanamientos a conjuntos residenciales de las urbanizaciones La Candelaria y El Paraíso, por parte de estas agrupaciones de civiles armados, con el objetivo de amedrentar y tomar represalias contra los vecinos que protestaban en la calle y tocaban cacerolas en sus casas. Finalmente, se produjeron saqueos a comercios en El Paraíso y en el Valle, y en este último sector se registró el terrible saldo de 11 personas fallecidas por electrocución y armas de fuego y 6 heridas de bala[2]. A su vez, en el Barrio 5 de Julio de Petare al este de la ciudad, fue asesinado por arma de fuego Melvin Guaitan, de 26 años, vecino del sector. En el resto del país se denunciaron detenciones arbitrarias, ataques a zonas residenciales, uso excesivo de la fuerza y actuación de grupos paramilitares.

Ante esta situación alertamos a la comunidad internacional que Venezuela se encuentra bajo una situación de alto riesgo para la garantía de los derechos humanos. La criminalización y descalificación de las protestas y de manifestantes pacíficos; las campañas de incitación al odio y negación del legítimo derecho a manifestar por parte del Estado venezolano, así como la desmedida represión contra la disidencia, genera un contexto de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos.

Queremos reiterar nuestro llamado a la recuperación de la democracia y la paz en el país, así como rechazar la represión del Estado Venezolano contra manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional, que tienen como saldo 20 personas fallecidas en el contexto de manifestaciones, al menos 3 de ellas atribuibles a agentes de la fuerza pública y 6 a civiles armados; 1289 detenciones y cientos de personas heridas. Urge investigación imparcial, expedita que garantice justicia e impida que la impunidad se convierta en cómplice de los responsables.

Exigimos:

  • Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pacífica y la sujeción estricta a los estándares nacionales e internacionales sobre uso proporcional y diferenciado de la fuerza en la gestión de manifestaciones.
  • El cese inmediato de las campañas de odio, estigmatización y aliento a la represión por parte de altos funcionarios del Estado a través de la red de medios públicos.
  • Demandamos el cese de la persecución y agresiones contra periodistas e infociudadanos que documentan el comportamiento de las fuerzas de seguridad en el contexto de la manifestaciones, especialmente no continuar con la práctica ilegal de borrar videos y fotografías de cámaras y equipos celulares
  • La desaplicación inmediata del Plan Zamora en todas sus fases, la derogación del decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que lo sustenta y el respeto pleno de la Constitución.
  • Al Consejo Nacional Electoral publicar a la brevedad el calendario electoral para comicios regionales, municipales y presidenciales como obliga nuestra carta magna, cuya suspensión ilegal e inaceptable pone en riesgo la estabilidad del país.
  • La desincorporación inmediata de paramilitares en labores de seguridad ciudadana; su desarme e investigación así como la sanción para quienes estén incursos en delitos y violaciones a DDHH. Recordamos que, por acción, omisión o aquiescencia, el Estado es responsable de la acción de grupos de civiles armados contra ciudadanos.
  • El cese de detenciones arbitrarias y el respeto al debido proceso, la liberación de personas con orden de excarcelación, el cese de aplicación de fianzas discrecionales, no cónsonas con la ley venezolana. Exigimos que las investigaciones y sus resultados sean realizados y divulgados por el Ministerio Público.
  • El cese de la aplicación de la justicia militar contra civiles
  • La condena pública y clara a las prácticas lesivas graves a los derechos humanos y el inicio de los correspondientes procesos de investigación y todas las acciones necesarias para garantizar y ofrecer justicia a las víctimas que denuncian haber sufrido de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  • A todos los sectores de la sociedad, principalmente, al Estado y a los medios de comunicación, cumplir con su obligación mantener informada a la sociedad de manera adecuada, pertinente y oportuna y eliminar las prácticas que han derivado en desinformación y censura.

Por último pedimos a las personas que deseen continuar exigiendo el retorno de la democracia, la apertura de un canal humanitario para medicinas y alimentos, la destitución de los magistrados y otras autoridades implicadas en el golpe de Estado al parlamento y la liberación de los presos políticos, que continúen ejerciendo su derecho a la manifestación de manera pacífica.

Suscriben:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Acción Ciudadana Contra el Sida
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC)
Aula Abierta Venezuela
CEDICE Libertad
Cátedra Libre DDHH de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado (UCLA)
Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP)
Centro de Animación Juvenil
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Documentación en DDHH “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV
Civilis Derechos Humanos
Coalición Clima 21
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
Conciencia Vial AC
Convite AC
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
Comisión DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia
Comisión DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela Capítulo Monagas
Comisión DDHH de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados, estado Apure
Comisión DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela capítulo Táchira
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
Comisión Nacional de DDHH de la Federación Colegios Abogados de Venezuela, capítulo Mérida
Escuela de Vecinos de Venezuela
Espacio Humanitario
Espacio Público
EXCUBITUS Derechos Humanos en educación
Federación Nacional de Sociedad de Padres y Representantes (Fenasopadres)
Foro Penal Venezolano
Funcamama
Fundación Aguaclara
Fundación CIIDER, Táchira
Fundamedios (Ecuador)
Humano Derecho Radio
Instituto de estudios legales y Sociales (IELSUR), Uruguay
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Venezuela
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Nueva Esparta en Movimiento AC
Observatorio de Derechos Humanos – ULA
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Oficina de DDHH del Vicariato de Puerto Ayacucho
Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
María Estrella de la Mañana AC
Padres Organizados de Venezuela
Paz y Esperanza (Perú)
Plataforma Internacional contra la Impunidad, Centroamérica.
Plataforma Interamericana de DDHH, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Proyecta Ciudadanía A.C
Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)
Redes Ayuda
Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
StopVIH
Transparencia Venezuela
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
Un Mundo Sin Mordaza

[1] https://www.verticenews.com/plan-zamora-la-guerra-las-lacras-la-oposicion-venezuela/

[2] http://www.mp.gob.ve/web/guest/mp?p_p_id=62_INSTANCE_8saL&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_62_INSTANCE_8saL_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_8saL_groupId=10136&_62_INSTANCE_8saL_articleId=16097828&_62_INSTANCE_8saL_version=1.0

Share

Respeto y protección a los niños, niñas y adolescentes en el control del orden público y situaciones de conflictividad social

La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), coalición de organizaciones
sociales y personas que trabajan en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos de la niñez y
adolescencia, condena y rechaza los hechos ocurridos en el Hospital Materno Infantil de El Valle el día 20 de
abril de 2017, así como, las diversas situaciones de violencia que han sufrido los niños, niñas y adolescentes en
los últimos días en distintas parroquias de Caracas y ciudades del país. En este sentido:

1. Exigimos iniciar una investigación a los fines de identificar a todos los responsables y aplicar las sanciones
correspondientes frente a los hechos violentos que afectaron a los niños, niñas, madres y resto de las
personas que se encontraban en las instalaciones de este centro de salud. Esta investigación debe hacer
énfasis en las acciones de los organismos de seguridad del Estado encargados en el control del orden
público y los niños y niñas que fueron afectados por el uso indiscriminado y excesivo de gases
lacrimógenos.

2. Exigimos a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional Bolivariana cumplir estrictamente las
normas y protocolos internacionales para el control del orden público, especialmente aquellas que se
encuentran previstas en el manual de actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público,
la paz social, y la convivencia ciudadana emanadas por el Consejo General de Policía en el año 2011. Por
tanto, ninguna acción de estos organismos debe afectar a grupos especialmente vulnerables y propulsar
agentes químicos en hospitales, zonas residenciales, escuelas y sitios cerrados.

3. Exigimos culminar las investigaciones y sancionar a las personas responsables en el homicidio del
adolescente Carlos José Moreno en la parroquia San Bernardino (Caracas) ocurrido el 19 de abril de 2017,
así como, el resto de víctimas fatales menores y mayores de edad a nivel nacional. Es indispensable una
justicia expedita y el acompañamiento psicosocial a todas estas familias. De la misma manera, se deben
tomar las medidas que sean necesarias para que ningún niño, niña o adolescente pierda la vida a manos
de funcionarios militares, policiales o parapoliciales.

4. Reivindicamos el derecho a la manifestación pacífica que tienen todos los ciudadanos, así como,
rechazamos todo acto de vandalismo, agresión física a personas, destrucción de bienes muebles o
inmuebles ya que éstas no son expresiones de manifestación en los términos previstos en la ley.

5. Exigimos a los distintos organismos del Estado, especialmente a los integrantes del Sistema Rector
Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, adoptar las medidas que sean
necesarias para proteger a la niñez y adolescencia en contextos de violencia y conflictividad social.

6. Solicitamos a las autoridades y actores políticos implementar acciones institucionales para dirimir las
diferencias. Es indispensable que las autoridades rechacen públicamente el uso de las armas de fuego y
la violencia contra la población civil, que no se admita o justifique la presencia de grupos armados
irregularmente actuando con impunidad. Este momento nos exige modelar con el ejemplo una cultura de
justicia y paz, que se generen espacios de participación y expresión ciudadana para superar los problemas
que afectan al país.

7. Desde la REDHNNA en favor de fortalecer más que nunca la institucionalidad y deslindar el sistema de
justicia de cualquier parcialidad política, pedimos que se promuevan investigaciones confiables, efectivas
y eficaces, que cuenten con la credibilidad y el respeto por parte de la sociedad en su conjunto. De manera
que cuando concluyan, con las responsabilidades y sanciones del caso, se logre efectivamente hacer
justicia para con los niños, niñas y adolescentes afectados o vulnerados en sus derechos y no simplemente
que se anote un tanto, a favor o en contra de alguno de los actores de nuestra polarización política.

Organizaciones que suscriben el comunicado en conjunto con la REDHNNA:
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
ACCSI
Asociación Muchachos de la Calle
Cátedra de la Paz-ULA
CECODAP
CENDIF-UNIMET
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
Centro de Animación Juvenil
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Civilis DDHH
Coalición Clima 21
CODEVIDA
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados Edo. Apure
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados Edo. Táchira
Comisión de DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
CONVITE A.C.
Espacio Público
Excubitus DDHH en Acción
Defensores de NNA
FADNNA
Fe y Alegría
FENASOPADRES
Fundación Agua Clara
Fundación Luz y Vida
Hogar Virgen de Los Dolores
IJ-UCAB
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Observatorio de Derechos Humanos-ULA
Observatorio Venezolano de la Salud
Observatorio Venezolano de Prisiones
Padres Organizados de Venezuela
Prepara Familia
PROADOPCION
PROVEA
Redes Ayuda
Red de Casas Don Bosco
SINERGIA
Sociedad Hominis Iura
Un mundo sin mordaza
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa

Share
ONGs_!

Organizaciones de DDHH exigen renuncia a Defensor del Pueblo por incompetencia y apoyo fraudulento al TSJ

Más de 100 organizaciones de derechos humanos, junto a personalidades y miembros de la sociedad civil, suscribieron este martes un documento que exige la renuncia del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, luego de que este, en nombre del Consejo Moral Republicano, apoyara públicamente la sentencia 155 del Tribunal Supremo de Justicia

Leer la nota completa Aquí

Conozca la comunicación entregada al despacho del defensor

Share

Golpe de Estado no inició con dos sentencias, ni culminó con acto del Consejo de Defensa de la Nación

El Consejo de Defensa de la Nación (CODENA), en horas de la madrugada del día 1 de abril de 2017, exhortó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a revisar las sentencias 155 y 156 promulgadas a fines de marzo. Lo decidido por el CODENA, actuando fuera de su competencia (art. 323 de la Constitución) al pronunciarse sobre ‘conflictos’ entre Poderes, demuestra una vez más la falta de independencia entre éstos, pues se dan instrucciones precisas sobre cómo debe actuar un Poder del Estado, en este caso, al Poder Judicial.

Por otra parte, bajo la insostenible tesis de la solución de una “controversia” entre el Ministerio Público y el Poder Judicial por el despojo de funciones al Legislativo, se emite un acuerdo en el que no participaron ni la Fiscal General ni el Presidente de la Asamblea Nacional, lo cual aumenta la fragilidad de este intento por aparentar que no estamos en presencia de un golpe de Estado.

Recordamos que el TSJ ha contribuido a la crisis nacional mediante una serie de sentencias (más de 50) que fracturaron de manera perjudicial el sistema democrático de nuestro país, al socavar de manera constante las funciones de la Asamblea Nacional y al atribuir poderes ilimitados al Ejecutivo; por lo que la grave crisis actual es el resultado de un golpe de Estado continuado mediante diversas actuaciones judiciales. En este sentido, el verdadero rescate del Estado de Derecho amerita el restablecimiento de todas las funciones de la Asamblea Nacional y el respeto total a la normativa establecida en la Constitución.

Cabe subrayar que, en respuesta a la exhortación del CODENA, el Presidente del TSJ leyó un comunicado ante el cuerpo diplomático en el cual, sin referirse en detalle a la usurpación de funciones consagrada por las sentencias 155 y 156, llama al órgano legislativo a “acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al Estado de Derecho”, con lo que sigue sosteniendo la tesis del desacato en la que fundamentan el despojo progresivo de todas las facultades a la Asamblea Nacional. Además, el presidente del TSJ, al terminar la lectura del comunicado, pidió que éste “sea divulgado por todo el país y, por supuesto, internacionalmente”, lo que evidencia que la principal preocupación al momento de realizar este acto sin precedentes con la representación diplomática acreditada en el país, es la percepción internacional, más que el restablecimiento del Estado de Derecho.

Las decisiones 155 y 156 no fueron sentencias judiciales sino actos políticos, al igual que las decisiones por las cuales se produce su modificación, lo que evidencia que la Sala Constitucional no actúa como garante de la Constitución sino como operador político de los intereses del Ejecutivo. La doctrina del órgano disciplinario judicial señala que el error judicial inexcusable es aquel que genera “una resolución esperpéntica, absurda, que rompa la armonía del orden jurídico” y que cause “un daño significativo”. Nada más dañino para la vida institucional de la República que una decisión del tribunal a cargo de interpretar la Constitución, que consagra la usurpación de funciones y la ruptura del hilo constitucional.

Rechazamos la simplificación de los graves hechos contra la Constitución al calificarlos como una “controversia” entre poderes y sostenemos que la restitución del Estado de Derecho no se solventa con la enmienda de dos sentencias, por lo que exigimos:

  1. La renuncia inmediata de todos los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

  2. El inicio de oficio del procedimiento judicial que permita la determinación de las responsabilidades que correspondan a los magistrados de la Sala Constitucional.

  3. La derogatoria del actual Estado de Excepción y el sometimiento a la consideración de la Asamblea Nacional de cualquier futuro decreto sobre la materia;

  4. La derogatoria de todas las actuaciones de la Sala Constitucional que, con base en un supuesto desacato, han dejado sin efecto los actos legislativos, de contraloría, de investigación y nombramientos de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, entre otras cosas:

    1. Presentar la memoria y cuenta del Presidente de la República y de los Ministros ante la Asamblea Nacional;

    2. Reconocer la facultad contralora de la Asamblea Nacional, acudiendo a sus solicitudes de interpelación y acatando las decisiones que se deriven de la misma;

    3. Presentar los informes anuales de los órganos del Poder Ciudadano ante la Asamblea Nacional;

    4. Permitir la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral cuyo período venció en 2016, mediante el mecanismo previsto en la Constitución;

    5. Ordenar la libertad inmediata e incondicional del diputado Gilber Caro y, en caso de existir bases para ello, iniciar el procedimiento que corresponda según su carácter de diputado;

    6. Restituir las partidas presupuestarias que permitan el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional, incluyendo el pago de los sueldos de sus diputados y personal, así como de los servicios e insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones;

    7. Garantizar el derecho a libre tránsito de los diputados, mediante la restitución de pasaportes y asegurando el retorno sin represalias del diputado Luis Florido.

  5. Retomar de inmediato el cronograma electoral, sin pretender justificar mayores demoras a causa del proceso de validación de partidos políticos.

  6. Tomar todas medidas necesarias para detener aumento de la pobreza en el país, lo cual incluye garantizar el acceso a los alimentos y medicinas para toda la población, sin ningún tipo de discriminación.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la comunidad internacional y en especial a los organismos multilaterales, a no bajar el nivel de atención a la situación de Venezuela, toda vez que las medidas sustantivas que produjeron el golpe de Estado permanecen vigentes y han profundizado la crisis de derechos humanos en el país.

1. AC Llamado a la Conciencia Vial
2. AC Nueva Esparta en Movimiento
3. Acceso a la Justicia
4. Acción Campesina
5. Acción Solidaria
6. Asamblea de Educación
7. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
8. Asociación Civil Mujeres Línea
9. Asociación Venezolana para la Hemofilia
10. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. AVESA
11. Aula Abierta Venezuela
12. Cecodap
13. Centro de Acción y Defensa por los DDHH (CADEF)
14. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
15. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
16. Ciudadanía Activa
17. Civilis Derechos Humanos
18. Coalición Clima21
19. Codhez
20. Comisión de Derecho Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Apure
21. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas de la Universidad del Zulia
22. Comisión Nacional de la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela del Estado Mérida
23. Convite AC
24. Espacio Humanitario
25. Espacio Público
26. FeminismoInc
27. Fundación Reflejos de Venezuela
28. GENDHU -Evangelina García Prince
29. Humano Derecho Radio
30. Laboratorio de Paz
31. Lourdes Lopez Rojas
32. Movimiento Vinotinto
33. Mujeres Venezolanas en Acción
34. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
35. Observatorio venezolano de los derechos humanos de las mujeres
36. Observatorio Venezolano de Prisiones
37. Opción Venezuela AC.
38. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
39. Padres Organizados de Venezuela
40. Prepara Familia
41. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
42. Proiuris
43. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
44. Red andina de derechos humanos RADAR.
45. Redes Ayuda
46. Sinergia
47. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
48. StopVIH
49. Un Mundo Sin Mordaza
50. Unión Afirmativa de Venezuela
51. Venezuela Diversa A.C

Share

Estado rechazó 81 recomendaciones dirigidas a la resolución de la crisis venezolana

Resultados de la Sesión Final de Adopción de Recomendaciones en el 2do Examen Periódico Universal de Venezuela, 2016 
El Estado aceptó 193 recomendaciones, desestimó 28 sobre derechos gravemente afectados y no está dispuesto a cumplir 53 que resolverían la severa crisis del país en materia de derechos humanos y democracia       

(Caracas, 16.03.17) Este jueves el Estado venezolano adoptó el informe final del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En la sesión, el Estado estuvo representado por la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien en abierta contradicción con las 274 recomendaciones hechas por los estados miembros en la etapa de evaluación, afirmó que en Venezuela se respetan todos los derechos humanos y libertades, existe plena independencia y autonomía de los poderes públicos, se garantiza el derecho a referendo revocatorio y la recolección de manifestación de voluntades ciudadanas y se mantiene una sistemática cooperación con el sistema universal de derechos humanos, al que se transmite amplia información.

Feliciano Reyna por Civicus – Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, habló en nombre de las 170 organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolano que contribuyeron a este examen, destacando que “la mayoría de estados que participaron en el EPU llamó la atención del Estado venezolano sobre la afectación de un amplio espectro de derechos humanos, la falta de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y la negativa a invitar al país a representantes de los Procedimientos Especiales”.

Además Reyna recordó que en el EPU los países señalaron que las libertades de asociación, manifestación pacífica y expresión están severamente restringidas; periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de derechos humanos son objeto de estigmatización y criminalización y las personas detenidas son sometidas a torturas y tratos crueles; el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no actúan con independencia, afectando así las garantías de protección de los derechos humanos;  el Servicio de Inteligencia venezolano debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles”.

Con cifras, Reyna mostró que “vivimos una emergencia humanitaria compleja, 82% de la población venezolana vive hoy en pobreza, 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global Aguda en diciembre de 2016, 75% de hospitales públicos no puede prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos y no hay reactivos para pruebas de control para el VIH, 4 millones de personas no tienen desde hace meses acceso a las medicinas que su condición con urgencia requiere”.

En el 2do Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela, realizado el pasado 01 de noviembre de 2016, el Estado venezolano recibió 274 recomendaciones de 102 países miembros de las Naciones Unidas. De este total de recomendaciones, aceptó 193 y tomó nota de 81 (42%), manifestando no estar en disposición de cumplir 53, que representan 65% del total de anotadas.

Conforme a los procedimientos del EPU se permite a los Estados hacer una excepción con algunas recomendaciones en las que sólo se tome nota, sin que esto signifique desentenderse de ellas. Pero  el Estado además de colocar en la lista de anotadas recomendaciones de las cuales depende garantizar derechos gravemente afectados, manifestó no estar dispuesto a implementar un gran número de recomendaciones que están dentro de sus obligaciones y que al ser cumplidas podrían resolver la severa crisis que atraviesa el país en materia de derechos humanos y democracia.

En las 28 recomendaciones que el Estado desestimó como “anotadas” se encuentran ratificar los protocolos de denuncia en casos de tortura y violaciones a derechos del niño; garantizar el respeto a las libertades de expresión y asociación y un entorno propicio para la sociedad civil; poner fin a la prisión arbitraria y liberar a todos los presos políticos; respetar el debido proceso y los derechos humanos de las personas privadas de libertad; garantizar derechos a personas transexuales, transgénero y parejas del mismo sexo; y aceptar la asistencia y la cooperación internacional para enfrentar la crisis del sector salud y la escasez de alimentos, ésta última por no tomar en cuenta la guerra económica, el asedio y la amenaza de “poderes fácticos y políticos–económicos de ciertas élites nacionales e internacionales”.

Dentro de las 53 recomendaciones que “no contaron con el apoyo” del Estado luego de su análisis por considerarlas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”, se encuentran:

1.        Revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos,

2.        Aceptar las visitas solicitadas por órganos de las Naciones Unidas y atender los llamados del Alto Comisionado,

3.        Todas las relacionadas con reconocer y restaurar las potestades de la Asamblea Nacional y respetar plenamente la democracia y la participación política,

4.        Todas las referidas a la protección de los defensores de los derechos humanos,

5.        Garantizar el cese de la persecución y violencia política,

6.        Respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y adecuar la vigilancia de comunicaciones a las normas de derechos humanos,

7.        Poner fin a la Operación Liberación y Protección del Pueblo,

8.        Garantizar los derechos a los colombianos afectados por el cierre de fronteras,

9.        Reducir los homicidios, combatir la impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad,

10.    Asegurar mejores condiciones de reclusión para el elevado número de personas detenidas y el excesivo hacinamiento en las cárceles,

11.    Eliminar la instrucción premilitar en las escuelas,

12.    Ajustar la Ley de Educación a la protección del derecho a la autonomía y la libertad de cátedra.

Lic. María Antonieta Segovia

Área Comunicación y Redes
Civilis Derechos Humanos
Share