Espacio Público | La ANC no soluciona la Crisis

El 1° de mayo de 2017 Nicolás Maduro anunció la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para
“refundar” el Estado y como solución a la crisis política que atraviesa el país. Queremos explicarte por qué rechazamos
esta iniciativa, y darte argumentos para entender de qué se trata.

La ANC es inconstitucional

Te compartimos 4 razones claves por las que este llamado viola la Constitución y tus derechos.

1. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA USURPÓ EL PODER DEL PUEBLO

El Artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que “el pueblo es el depositario
del poder constituyente originario”. Nicolás Maduro convocó una ANC, como presidente, sin consultar previamente al pueblo venezolano si quiere o no cambiar la Constitución. Para esto, se valió de la sentencia 378 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la cual se interpreta el artículo 348 de la CRBV de manera errónea, confundiendo la palabra iniciativa con convocatoria y omitiendo el requisito de realizar un referendo antes de iniciar la Asamblea Constituyente.
2. EL EJECUTIVO Y EL CNE VIOLARON EL PRINCIPIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Las bases comiciales no fueron consultadas al pueblo. Fueron impuestas y prácticamente aceptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de manera inmediata. Además son discriminatorias y violan el principio constitucional de elecciones libres, universales y directas, establecido en el artículo 63 de la CRBV. Las condiciones para elegir a los constituyentistas contemplan elecciones territoriales que eliminan la proporcionalidad de la representación; por ejemplo: el Distrito Capital elige 7 constituyentistas, y Amazonas 8, lo que
no es proporcional a la densidad de población que tiene cada estado.

Las bases sectorizadas también son excluyentes, y no plantean cómo fue definido el número de constituyentistas para cada sector. La falta de transparencia hace que no se entienda la distribución de curules por sectores; por ejemplo en el caso de los estudiantes, las misiones tendrán 10 representantes, las universidades públicas 11, y sólo 3 constituyentistas para las
universidades privadas.

3. LA RÁPIDA CONVOCATORIA RATIFICA LA FALTA DE INDEPENDENCIA DE PODERES

El 23 de mayo la Rectora Principal del CNE, Tibisay Lucena, anunció la fechas de las elecciones de los constituyentistas, apenas 22 días después de la presentación del proyecto.

Mientras la solicitud de Maduro será atendida por el CNE el 30 de julio de 2017, las elecciones regionales pendientes desde diciembre de 2016, fueron pautadas para el 10 de diciembre de 2017.

El CNE favorece al Poder Ejecutivo y sus requerimientos, en contraste con la atención que le dan a la agenda ciudadana
y sus demandas. El Referéndum Revocatorio solicitado por el movimiento opositor en el año 2016 fue sometido a distintas
dilaciones y finalmente cancelado luego de una espera de meses, ¿por qué la solicitud de Maduro se atendió en días?

4. LA ANC LE DA PODERES PLENIPOTENCIARIOS
A LOS CONSTITUYENTISTAS

Al momento de constituirse la ANC se pretende darle atribuciones especiales a sus miembros, que podrían disolver
los poderes electos previamente por el pueblo (Asamblea Nacional, alcaldes, gobernadores) y atribuirse sus funciones.

Esto resulta preocupante ya que los constituyentistas serán elegidos en contra de las normas establecidas en la constitución,
mediante una votación que no es representativa y discrimina a grupos de la sociedad.

Ignora las necesidades del pueblo

La ANC no responde a las necesidades del pueblo soberano, no atiende las carencias económicas, y no resuelve la crisis política por la cual atraviesa actualmente Venezuela. La Constituyente busca “refundar” el Estado y esto resulta innecesario
en la coyuntura actual.

En el Decreto N° 2.830 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.295 del 1° de mayo de 2017l, Nicolás Maduro
presentó los 9 objetivos de la Constituyente:

1- Reorganizar el Estado recuperando “el principio constitucional de cooperación entre los poderes públicos” para que
funcione un Estado “democrático, social, de derecho y de justicia, superando el actual clima de impunidad”.
2- Establecer un sistema nacional, “de la economía post petrolera, mixta, productiva, diversificada, integradora” e instaurar A Nicolás Maduro: “Estamos seguros que si Usted quiere resolver la grave crisis de escasez alimentaria, de medicinas, y de inseguridad así como de devolverle a Venezuela su plena institucionalidad democrática contemplada en la actual constitución nacional es urgente retirar
la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”
3- Constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones Socialistas, hacia un Estado de la Suprema Felicidad Social”
4- La ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad, incluyendo “delitos contra la Patria y la sociedad”, que incluyen la “especulación; el terrorismo; el narcotráfico; la promoción del odio social y la injerencia
extranjera”.
5- Constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica, a partir del reconocimiento de “las Comunas y Consejos Comunales, Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, entre otras formas de organización de
base territorial y social de la población”.
6- La “defensa de la soberanía y la integridad de la nación y protección contra el intervencionismo extranjero, ampliando las competencias del Estado democrático, social, de derecho y de justicia”.
7- Reivindicar el “carácter pluricultural de la Patria” incluyendo en la Constitución los “valores espirituales, vacunándonos
contra el odio social y racial incubado en una minoría de la sociedad”.
8- Incluir un capítulo “para consagrar los derechos de la juventud”.
9- “La preservación de la vida en el planeta”, especialmente desarrollando los derechos sobre la protección de la biodiversidad
“y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad”.

¿Qué puedo hacer yo?
Frente a este resumen de los planteamientos podemos preguntarnos:
¿Estos objetivos expresan qué es exactamente lo que se quiere conseguir? ¿Cómo se conseguirán? ¿Cuál es el plazo para hacer la propuesta de la nueva Constitución?

¿Cuánto dinero costará?, ¿hay indicadores para determinar su éxito, fracaso o incluso la evolución de los mismos a lo largo del tiempo?

En un segundo paso, haciendo memoria ciudadana, cuestionarnos:
¿Estos objetivos responden a las necesidades de las y los venezolanos? ¿Por qué no se han alcanzado hasta ahora? y ¿Hacer una nueva constitución es la única forma para concretarlos?

Las respuestas a estas interrogantes nos incorpora al debate desde lo que somos: ciudadanos. No es necesaria experticia jurídica, histórica o periodística, para completar el rompecabezas; lo indispensable es el interés y la conciencia de ser sujetos de derecho y de poder soberano.
Recuerda que también puedes:
•Comentar con tus conocidos estos temas
• Invitar a la gente a evaluar la propuesta
• Debatir y defender la Constitución
• Difundir esta guía, imágenes y otros contenidos
• Evita la confrontación: explica el contenido sin pelear
• Infórmate más, revisa los enlaces de este documento y comparte tus argumentos con otros

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Publicado por Provea

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Foro por la Vida exige garantías y seguridad para la Consulta Soberana

(Caracas, 12.07.2017) La Coalición de organizaciones de derechos humanos venezolana, Foro por la Vida, en defensa de los derechos a la participación política, reunión, manifestación, asamblea, y a la libertad de expresión, reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, exige a los funcionarios de los distintos poderes del Estado, que se abstengan de adoptar iniciativas que entorpezcan el normal desarrollo de la Consulta Soberana, prevista  para el 16 de julio de 2017.

La obligación de los funcionarios de los distintos poderes públicos implica igualmente desarrollar medidas eficaces que garanticen la vida, la integridad personal y los demás derechos de las personas que participen en dicha actividad, y por tanto, impedir que grupos violentos atenten contra las personas en general.

El 3 de julio de 2017 en las instalaciones del Centro Cultural de Chacao, sectores de la sociedad civil junto a líderes políticos suscribieron un documento titulado “Gran Acuerdo Nacional” y “que sea el Pueblo quien decida”. El objetivo es convocar a una consulta popular para conocer si la mayoría del pueblo rechaza o se aprueba la Asamblea Nacional Constituyente. Los fundamentos constitucionales de esta solicitud son, entre otros, los artículos 5, 53, 57, 70, 71, 333, 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 5 de julio de 2017, en medio del asalto ocurrido a la sede del Palacio Legislativo Nacional por parte de grupos violentos simpatizantes del gobierno, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría el Acuerdo para realizar una consulta popular el próximo 16 de julio, en virtud de la solicitud de diferentes sectores de la sociedad civil.

La Consulta Soberana es un proceso para que las personas que decidan libremente participar, puedan expresar su opinión afirmativa o negativa sobre temas de interés público y de carácter político. En este sentido, la consulta incluye 3 preguntas: una relacionada con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por el Presidente de la República; una sobre las obligaciones de los funcionarios en relación a la Constitución del año 1999; y una sobre la renovación de los Poderes Públicos.

El discurso político y sobre asuntos de interés público es un tipo de expresión especialmente protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. El acto de Consulta Soberana es un evento que posibilita la participación política libre de la sociedad, y conlleva el ejercicio de los derechos a la reunión o asamblea y expresión.

Las organizaciones que integran el Foro por la Vida y otras organizaciones de la sociedad civil asumimos y reiteramos nuestro compromiso de acompañar, documentar y hacer seguimiento a todas las posibles violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los instrumentos internacionales sobre la materia, que ocurran durante esta consulta, sus días previos y consecutivos.

Desde el Foro por la Vida instamos a los órganos y organizaciones internacionales de derechos humanos a observar y a realizar su labor de veeduría internacional durante el desarrollo de la consulta nacional convocada para el domingo 16 de julio.

Rechazamos todos los mecanismos de presión a personas para participar o no en cualquier proceso de consulta o elección, porque son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión y la libre participación en asuntos de interés público. Las amenazas en instituciones públicas de despedir o sancionar a funcionarios por esta razón, constituyen una coerción a la libre voluntad de las personas y deben ser castigadas por los funcionarios responsables.

Exigimos a las autoridades encargadas de garantizar el orden público la no intromisión, sabotaje, agresión o cualquier otro medio de coacción ilegítima para interrumpir el normal desarrollo de la consulta popular impulsada por la sociedad civil, representantes políticos y la Asamblea Nacional.

Demandamos la protección, respeto y resguardo de los centros de consulta popular por parte de las fuerzas del orden público, tomando como precedente los hechos ocurridos el día 5 de julio en las instalaciones del Palacio Legislativo. De igual forma instamos a las instituciones responsables del orden público a actuar ante las posibles agresiones a estos centros recordando que la omisión también constituye delito.

Vocería del Foro por la Vida

Espacio Público; Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela;  y Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

Organizaciones del Foro Por la Vida

  • Acción Ciudadana contra el Sida

  • Acción Solidaria

  • Caritas de Los Teques

  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

  • Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela

  • Comité de Familiares de las Víctimas de l16Jos Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic)

  • Comisión de Derechos Humanos de Ayacucho

  • Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal

  • Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve)

  • Espacio Público

  • Observatorio Venezolano de Derechos de las Mujeres

  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

  • Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR)

  • Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

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Sinergia: “Gobierno venezolano viola de manera sistemática los derechos humanos”

La Asociación Civil SINERGIA- red de organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana- calificó la agresión a los diputados ocurrida el pasado  5 de julio, como una violación al derecho a elegir y ser representados de 14 millones de venezolanos.

Deborah Van Berkel, presidenta de Sinergia, señaló que la irrupción de un grupo de civiles armados a la Asamblea Nacional atacando con objetos contundentes a diputados y empleados y dejando un saldo de 12 heridos, “es una muestra de cómo el gobierno irrespeta el derecho de los ciudadanos a elegir y ser representados, que está consagrado en la Constitución, aparte de abultar la lista de violaciones a los derechos humanos en los 100 días de protestas que se viven en el país. El gobierno violenta de manera sistemática los derechos de los venezolanos”.

“El día de la independencia en Venezuela, es una fecha con un contenido simbólico importante para los ciudadanos. Recordemos que esa es la fecha de la declaración de la autonomía frente a un poder absoluto y es cuando comienza a construirse el republicanismo y la despersonalización del poder. El hecho de que ese día hayan llegado unas bandas paramilitares a agredir a los diputados, sin que el gobierno haya tomado medidas para impedirlo o para establecer responsabilidades, es un hecho escandaloso. Esos diputados fueron electos por 14 millones de venezolanos, por lo que estas agresiones son también para todos estos ciudadanos y su derecho a elegir que también está siendo violentado”.

Deborah Van Berkel agregó que a la lista de violaciones a los derechos humanos en Venezuela se le suma el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia haya quitado atribuciones a la Asamblea Nacional, atentando así contra la democracia.

La presidenta de Sinergia señaló que la asociación rechaza toda acción que vulnere los derechos de los ciudadanos y aseguró que trabajarán en informar a las organizaciones y comunidades para que se facilite la comprensión de la complejidad del proceso político que estamos viviendo y el rol que los venezolanos, pero muy especialmente el Estado, deben jugar para garantizar los condiciones mínimas de convivencia que nos permitan avanzar en la solución de los problemas que nos afectan. Además, Van Berkel invitó a trabajar en la construcción de los necesarios acuerdos en los que los actores políticos se reconozcan mutuamente y se respeten.

 

Jeanette Moreno

04166156930
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Organizaciones de la sociedad civil venezolana solicitan a la CIDH un nuevo informe país sobre derechos humanos y democracia en Venezuela

(Lima, 07/07/2017) 82 Organizaciones de derechos humanos de Venezuela solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un nuevo Informe País sobre Venezuela.

Las organizaciones de la sociedad civil venezolana que suscribimos el siguiente comunicado solicitamos a los Honorables Comisionados y Comisionadas de la CIDH, ante la gravedad de la situación, la publicación de un nuevo informe país sobre Venezuela. Como se recordará, ha transcurrido un apreciable período de tiempo desde el último informe publicado en el año 2009, durante el cual no ha sido posible realizar visitas en terreno debido a las negativas del Estado. En este lapso, la Comisión ha conocido y alertado respecto de las magnitudes alcanzadas por el deterioro de los derechos humanos y la gravedad de las amenazas que existen contra el Estado de Derecho y el sistema democrático venezolano, en un contexto de severos retrocesos y fragilidad institucional para garantizar niveles adecuados de vida. Esto ha causado una crisis humanitaria sin precedentes, con una pobreza generalizada y daños irreparables a miles de personas debido a la dificultad de acceso a los alimentos, medicamentos y servicios de salud.

Desde enero de 2016[1], el Ejecutivo Nacional ha sometido a la población a un régimen de Estado de Excepción con el cual se ha dotado de poderes extra-constitucionales y ha transferido mayores facultades de control civil a las Fuerzas Armadas Nacionales, acentuando la militarización del Estado. Pese a que la Emergencia Económica ha sido justificación para mantener Estados de Excepción continuos, las medidas adoptadas, lejos de mejorar, han llevado al extremo las condiciones económicas, sociales, institucionales y políticas del país y han servido para desconocer a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015. De este modo, el Ejecutivo utilizó al Tribunal Supremo de Justicia para impedir que la oposición contara con la mayoría calificada de 2/3, desconociendo los resultados electorales del estado Amazonas; para despojar al Parlamento de competencias legislativas y contraloras a través de más de 50 fallos que alegan razones de “desacato” a órdenes del Tribunal, al punto de anular toda actuación del máximo órgano legislativo, incluyendo actos futuros. Además, el Consejo Nacional Electoral suspendió de manera irregular el procedimiento de activación de un Referendo Revocatorio contra el presidente y suspendió de manera indefinida los comicios a gobernadores regionales, que debieron haberse realizado en diciembre 2016 según la Constitución.

La situación se agravó con los fallos 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia de marzo de 2017, mediante los cuales el Presidente fue habilitado para legislar en materia penal con el fin de hacer juicios contra opositores por terrorismo y traición a la patria, incluyendo delitos militares, así como la Sala Constitucional del Tribunal disolvió a la Asamblea Nacional, absorbiendo todas sus competencias. Ante estos actos, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República y diversos sectores de la sociedad civil venezolana, denunciaron la ruptura del orden constitucional y la grave alteración del orden democrático, considerado así también por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, como se desprende de la resolución aprobada el 03 de abril del 2017. En respuesta, el Ejecutivo Nacional optó por iniciar el proceso de retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, al considerar injerencistas las acciones emanadas de dicho organismo.

Estos hechos motivaron la protesta pacífica de miles de ciudadanos que se ha mantenido a lo largo de tres meses, a lo cual el Ejecutivo ha respondido con la activación de planes militares que comprenden acciones conjuntas de represión sistemática y uso de fuerza letal contra manifestantes entre componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y grupos de civiles armados como fuerzas de apoyo al Estado para el mantenimiento del orden público. Estos planes han causado el fallecimiento de 83 personas según el Ministerio Público, la mayoría por armas de fuego, y violaciones atroces a los derechos humanos, entre las que se encuentran: detenciones indiscriminadas, desapariciones temporales, juicios de civiles en tribunales militares, torturas y tratos crueles y degradantes; así como ataques a zonas residenciales, centros de salud, centros educativos y recintos universitarios.

La crisis institucional y democrática del país se ha profundizado con la decisión del Presidente de convocar a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente sin la obligatoria consulta popular previa ni igual participación de todos los electores. Tanto la Asamblea Nacional como la Fiscalía General de la República han advertido sobre los efectos ampliamente regresivos que tendría esta nueva constituyente para la vigencia del Estado de Derecho democrático y las garantías al ejercicio de libertades y derechos humanos en Venezuela, encontrándose por ello en una jornada permanente de defensa activa de la Constitución de acuerdo con los medios previstos en ella.

Es en estas circunstancias apremiantes que hacemos nuestro el deber de solicitar a los honorables miembros de la Comisión se considere la publicación de un nuevo informe país sobre Venezuela con el único propósito de contribuir a los esfuerzos para resguardar la democracia, la paz y las libertades en Venezuela, antes que el curso de los acontecimientos pueda tener desenlaces más difíciles de revertir.

 

Suscriben:

  1. Acceso a la Justicia
  2. Acción Campesina
  3. Acción Ciudadana contra el SIDA (ACCSI)
  4. Acción Solidaria
  5. Asamblea de Educación
  6. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C.)
  7. Asociación Civil Mujeres en Línea
  8. Asociación Civil Niña Madre
  9. Asociación Civil PhyNatura
  10. Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH)
  11. Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC)
  12. Aula Abierta Venezuela
  13. Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado
  14. Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP)
  15. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
  16. Centro de Animación Juvenil
  17. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB)
  18. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH UNIMET)
  19. Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE)
  20. Centro de Formación para la Democracia (CFD)
  21. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  22. Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (CPDDHH-UCV)
  23. Civilis Derechos Humanos
  24. Coalición Clima 21
  25. Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida)
  26. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
  27. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del estado Táchira
  28. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure
  29. Comisión de Derechos Humanos del estado Monagas de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela
  30. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
  31. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
  32. Convite A.C.
  33. Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional (CIIDER)
  34. Cultura Sin Fronteras
  35. Derechos Humanos Ya
  36. Equipo de Proyectos y Asesoría Social (EDEPA)
  37. Escuela de Vecinos de Venezuela (EVV)
  38. Espacio Humanitario
  39. Espacio Público
  40. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
  41. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
  42. Foro Penal Venezolano
  43. Fundación AguaClara
  44. Fundación Banco del Libro
  45. Fundación Bengoa
  46. Fundación Futuro Presente
  47. Fundación Reflejos
  48. Fundamujer
  49. Grupo Social CESAP (Centro al Servicio de la Acción Popular)
  50. Humano Derecho Radio Estación
  51. Incide
  52. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello
  53. Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS)
  54. Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP)
  55. Movimiento Vinotinto
  56. Nueva Esparta en Movimiento
  57. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  58. Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
  59. Opción Venezuela
  60. Padres Organizados de Venezuela
  61. Prepara Familia
  62. PROADOPCIÓN
  63. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
  64. Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM)
  65. Proyecto Ciudadanía A.C.
  66. Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)
  67. Red de Organizaciones Ambientalistas de Venezuela (Red ARA)
  68. Redes Ayuda A.C.
  69. Revista Sic.
  70. Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil
  71. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  72. StopVIH
  73. Transparencia Venezuela
  74. Un Mundo Sin Mordaza
  75. Una Ventana a la Libertad
  76. Uniandes A.C.
  77. Unión Afirmativa de Venezuela
  78. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.
  79. Venezuela Diversa
  80. VIVEMUJER-ONG
  81. Voces de Género Venezuela
  82. Voces Vitales Venezuela

[1] Los Estados de Excepción iniciaron en agosto del 2015 en los municipios fronterizos con Colombia, bajo el argumento de que serían necesarios para “vencer el contrabando de extracción” de bienes de primera necesidad, como gasolina y alimentos básicos.

Publicado por www.examenonuvenezuela.com

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Save the Children : Debastecimiento de alimentos y medicina afecta a la niñez en Venezuela

En el marco del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en Lima del 3 al 7 de Julio, el Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP), organización venezolana socia de Save the Children, junto a Prepara Familia y otras organizaciones de sociedad civil presentaron el impacto de la crisis política y económica en la niñez y adolescencia en Venezuela.

Durante un conversatorio que contó con la presencia de Carlos Trapani, Coordinador General de CECODAP, Katherine Martínez, representante de la institución “Prepara Familia”, quienes le dan asistencia a familias y niños del Hospital JM de los Ríos y Judith Bront, madre de familia que perdió a su hijo adolescente por contaminación hospitalaria; se analizó la situación de los niños, niñas y adolescentes quienes son el grupo poblacional más afectado por la crisis venezolana, puesto que sus derechos básicos a la salud, educación y protección han sido vulnerados.

“Los niños y niñas en Venezuela están condenados a muerte”, afirmó Katherine Martinez. “Los pacientes de hospitales no tienen acceso a medicinas y ahora se han suspendido los trasplantes. No sabemos qué va a ocurrir. La situación en incierta”.
Carlos Trapani explicó cómo está afectando la crisis en Venezuela a la niñez y adolescencia:

“…esto ha afectado mucho a los niños y sus rutinas. Es peligroso llevarlos a la escuela pues hay protestas en las calles, se presentan problemas con la alimentación por el desabastecimiento, la represión frente a la protesta afecta a los adolescentes varones, son los más mueren por armas de fuego. 14 adolescentes han sido asesinados en el contexto de protestas y se estigmatiza
adolescentes y niños por participar en las protestas”.

“En materia de salud estamos teniendo un momento oscuro, especialmente para los niños hospitalizados porque hay carencia de medicinas y desabastecimiento de equipos médicos para realizar exámenes o para operar. En el hospital JM de los Ríos, que recibe a niños de todas las regiones, no podemos hacer rayos X, ni tomografías, ni exámenes de orina, no hay antibióticos, los niños son operados sin analgésicos. El hospital prácticamente no sirve, las madres buscan organizaciones privadas para hacer exámenes pero los costos son inaccesibles y tienen que proveer de insumos básicos al hospital para que sus niños sean operados. Además, se han
presentado casos de contaminación por bacterias en el hospital que ha generado la muerte de 4 niños” explicó Martinez.

Judith Bront, madre de familia que perdió a su hijo, denunció la falta de acceso a antibióticos y contaminación por bacterias que actualmente tienen 12 niños en el hospital JM de los Ríos: “los niños continúan infectados… se necesitan políticas inmediatas pues las muertes de estos niños se podrían haber evitado”.

De acuerdo a datos oficiales publicados en el boletín epidemiológico venezolano, en 2016 se registraron 11 476 muertes de niños y niñas menores de un año, lo cual representa un aumento del 30.12% respecto del año anterior. Por su parte, Cecodap señaló que en los 3 últimos meses de protesta 14 adolescentes han muerto.

Este mes Save the Children lanzó el informe En deuda con la Niñez que sitúa a Venezuela en el puesto 125/172 países en el índice de peligros de la niñez. Esto se debe a que los derechos de la niñez y adolescencia en términos de salud, alimentación y protección frente a la violencia son vulnerados como consecuencia de la crisis económica y política que atraviesa el país.

 

Save the Children

Publicado por Provea 

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