CIDH expresa “profunda preocupación” por hechos de violencia en Venezuela

A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado venezolano a garantizar una seguridad ciudadana democrática

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El nacional web 14 de febrero 2014

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por los hechos de violencia que se han registrado en Venezuela en los últimos días. A continuación se reproduce el comunicado completo:

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por los graves hechos de violencia registrados en el contexto de manifestaciones que han tenido lugar en Venezuela, así como otras denuncias relacionadas con actos de censura en contra de medios de comunicación, agresiones en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos y hechos de alegada persecución política.

La Comisión ha recibido y recabado información preocupante sobre los hechos ocurridos durante las marchas llevadas a cabo el 12 de febrero en Venezuela, tanto de autoridades del Gobierno Venezolano como de organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, la CIDH ha tomado conocimiento sobre los enfrentamientos violentos ocurridos durante las manifestaciones, en particular, las denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes, así como el alegado uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.

De acuerdo a cifras ofrecidas por la Fiscal General de la República, un total de 66 personas habrían resultado heridas en las protestas a nivel nacional. De acuerdo a cifras oficiales, en Caracas tres personas habrían fallecido por heridas de arma de fuego y 69 personas también habrían sido detenidas. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han informado que esta cifra ascendería a más de 100 personas detenidas durante las manifestaciones en todo el país, y que en algunos casos las personas fueron trasladadas a destacamentos militares y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), se habrían mantenido incomunicadas y no se les habría permitido contacto inicial con sus abogados y familiares.

En este contexto, la CIDH también fue informada sobre la supuesta retención de Inti Rodríguez, Coordinador de Medios de la organización no gubernamental (PROVEA), en horas de la noche del mismo 12 de febrero por supuestos funcionarios del SEBIN. De acuerdo a lo denunciado por PROVEA, el señor Rodríguez habría sido trasladado a un sitio desconocido al Oeste de Caracas, donde habría sido golpeado por personas uniformadas de negro, quienes le habrían interrogado sobre sus actividades dentro de la organización y le habrían amenazado de muerte a él y a su familia. Luego de aproximadamente dos horas, el señor Rodríguez habría sido liberado, tras ser despojado de sus pertenencias y ser amenazado de no presentar una denuncia por estos hechos.

La Comisión también ha recibido información sobre un supuesto bloqueo informativo a medios de comunicación en Venezuela durante el desarrollo de estas manifestaciones y el cubrimiento noticioso que venían haciendo de las mismas. En particular, de acuerdo a información de público conocimiento, se habría sacado del aire la señal del canal colombiano de noticias NTN24, transmitido en Venezuela en la televisión por cable, mientras informaba sobre lo ocurrido durante las protestas.

Asimismo, durante la jornada de protestas, el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), emitió un comunicado oficial mediante el cual advirtió que la cobertura mediática de los hechos de violencia registrados, “por parte de ciertos prestadores de servicios privados, nacionales y regionales, tanto en radio, televisión y medios electrónicos”, podía constituir violaciones a la Ley de responsabilidad Social en radio y televisión lo cual podría acarrear penas y sanciones.

En ese sentido, la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reiteran su preocupación por la reducción de los espacios de debate público y que en esta coyuntura se configure la salida intempestiva de un canal y la persistente amenaza de sanción a los medios de comunicación por parte de las autoridades, por la cobertura de noticias relacionadas con denuncias o consideraciones sobre la situación del país. Ello se traduce en una falta de garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión de forma libre e independiente y con apego a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte.

La CIDH observa también que estos hechos ocurren en un contexto en el cual algunas autoridades venezolanas han hecho declaraciones públicas estigmatizantes y de descalificación en contra de distintos grupos de la sociedad civil que son identificados como de oposición. La Comisión reitera asimismo, que expresiones de intolerancia política de la autoridad estatal, no solo son contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos, sino que además pueden ubicar a un sector de la población en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo ante posibles ataques de distinta naturaleza.

Adicionalmente, la Comisión tiene presente que de acuerdo a información de público conocimiento, se continuarían registrando protestas y otros hechos de violencia en el país. En este contexto, continuarían las denuncias sobre personas detenidas en el marco de estas manifestaciones.

La Comisión insta al Estado venezolano a adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto incluye la obligación de las autoridades, en particular las encargadas del orden público y la seguridad interior, de tomar medidas operativas para proteger a las personas, cuya vida e integridad esté en riesgo por hechos de violencia a manos de otros individuos, y para prevenir la repetición de situaciones que produzcan hechos de violencia.

La Comisión llama al Estado a iniciar investigaciones sobre los hechos reportados, así como a reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial, y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.

Asimismo, y a fin de contribuir a la no repetición de estos hechos, la CIDH hace un llamado a rechazar cualquier forma de violencia y promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia”

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Sinergia Ante los acontecimientos que se han generado en el país, en el marco del Día de la Juventud

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Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana
Integrada por 50 asociaciones civiles promotoras del desarrollo social, la construcción de ciudadanía, la formación con base a valores y principios democráticos, unidas en la promoción y defensa de los derechos a la participación y libre asociación

Ante los acontecimientos que se han generado en el país,
en el marco del Día de la Juventud

• Lamentamos profundamente la muerte de tres venezolanos al final de la marcha de los estudiantes el miércoles 12 de febrero en la ciudad de Caracas, así como la situación de los heridos y jóvenes detenidos en distintas ciudades del país en el desarrollo de acciones de protesta. Triste resultado para una fecha en los que el saldo de la jornada debería ser de encuentro, esperanza y celebración de la vida. Nos unimos al duelo y preocupación de estas familias y rechazamos categóricamente la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. El derecho a la vida es una garantía de primer orden.

• Señalamos, al respecto, que todo ciudadano tiene el derecho de manifestar públicamente y el Estado tiene el deber de garantizar el ejercicio de ese derecho, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los pactos internacionales en Derechos Humanos. Está claramente establecido en nuestra legislación la figura de la notificación y no el permiso ante las autoridades para el ejercicio de este derecho.

• Manifestamos nuestra preocupación por la militarización de la seguridad ciudadana y la actuación de grupos armados en los espacios en que se genera la protesta pública.

• Rechazamos la agresión verbal y fìsica, por parte de funcionarios pùblicos contra los defensores de los Derechos Humanos Humberto Prado Sifontes del Observatorio  Venezolano de Prisiones y de Inti Rodríguez de Provea.

• Advertimos que corresponde a las instituciones del Estado realizar las investigaciones pertinentes, apegadas al derecho y de manera transparente en estos casos, garantizando la justicia y resultados que generen confianza en toda la ciudadanía. En este proceso, invocamos la necesidad imperiosa de garantizar el derecho a la defensa, la no criminalización de la protesta e igualdad de todos los venezolanos ante la Ley.

• Experimentamos una honda preocupación ante la tendencia sostenida de restricciones al derecho a la información. El Estado debe garantizar el acceso universal a la información de manera oportuna, veraz, imparcial y sin censura, tal como se establece en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José.

• Sostenemos que en un país democrático, todos los actores sociales, políticos, económicos y religiosos, respetan el derecho a la información, participación y libre asociación. La libertad de asociación implica la autonomía de las organizaciones para asumir libremente – en el marco de lo establecido en la Constitución- sus objetivos y acciones, sin la co-optación o sustitución por partes de otras fuerzas. Las justas exigencias del movimiento estudiantil en beneficio de toda la población, sin ningún distingo, no pueden quedar empañadas por situaciones en la que se confrontan intereses político partidistas.

• Creemos que un gobierno democrático se mide por su disposición y capacidad de respeto y diálogo. Resulta positivo el llamado a la paz que desde la Presidencia de la República y que otros actores oficiales y de oposición se han planteado. Este llamado debe ir al unísono de acciones y prácticas que faciliten las dinámicas concretas para el encuentro con todos los sectores del país, en el marco de un discurso de respeto e inclusión. El camino de la paz, pasa por el reconocimiento del otro y la capacidad de aceptar que el país es TODOS y TODAS, sin imposiciones, ni distinciones de carácter político, ni de ninguna índole.

• Hacemos un llamado al país para participar activamente en el encuentro de todas las formas democráticas de activación de un diálogo entre conciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y organizaciones políticas para encontrar salidas pacíficas a los problemas que enfrentamos los venezolanos. Temas como la violencia, la inseguridad, la justicia, el acceso a divisas, el desabastecimiento de productos y crisis de servicios públicos como la salud, por ejemplo, deben ser atendidos con urgencia, en el contexto de una agenda pública en donde todos debemos tener participación y manifestar nuestro compromiso por el bien común. Esta institución, y las organizaciones que la integran, expresa su plena disposición de involucrarse, tal cual ha sido su prédica y su práctica durante sus 17 años de existencia, en la materialización de iniciativas que conduzcan a la construcción de una paz con contenido social, democrática y solidaria.
Caracas, 14 de febrero de 2014

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Declaración del portavoz de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre los recientes incidentes en Venezuela

14.02.2014

La Alta Representante ha seguido con preocupación los incidentes que tuvieron lugar en Caracas el 12 de febrero. Al menos tres personas fallecieron en una manifestación, mientras al parecer muchas personas resultaron heridas en manifestaciones en todo el país. Los informes de prensa indican que han sido emitidas órdenes de detención contra un cierto número de representantes de la oposición.

Tanto el gobierno como la oposición han apelado a la calma. La Alta Representante apoya este llamamiento y pide a los representantes de todos los partidos y sectores de la sociedad que mantengan la calma tanto en las acciones que en las palabras. La libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son esenciales.

La Alta Representante anima de nuevo a todas las partes a continuar el diálogo pacífico y exhorta a las autoridades venezolanas a involucrar a todos los segmentos de la sociedad venezolana.

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Front Line Defenders: Campaña difamatoria en contra el defensor de derechos humanos el Sr Humberto Prado Sifontes y detención arbitraria del Sr Inti Rodriguez

14 Febrero 2014

El 13 de febrero de 2014 el defensor de derechos humanos el Sr Humberto Prado Sifontes fue objeto de una campaña de difamación por parte del Ministro de Justicia y del Interior venezolano, el Gral. Miguel Rodríguez Torres. El día anterior a las 9.30pm, otro defensor de derechos humanos, el Sr Inti Rodríguez fue detenido arbitrariamente y físicamente agredido por parte de cuerpos de seguridad, presuntamente pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – SEBIN y agrupaciones parapoliciales del oeste de Caracas.

Humberto Prado Sifontes es el Coordinador General del Observatorio Venezolano de Prisiones – OVP, que documenta casos de violaciones y abusos en contra de las personas detenidas en Venezuela y promueve el respeto de sus derechos. Inti Rodríguez es coordinador de medios del Programa Venezolano de Educación y Acción en derechos humanos – PROVEA, organización que trabaja para mejorar y desarrollar programas en la defensa de los derechos humanos.

El 13 de febrero al mediodía el Ministro de Justicia y del Interior, el Gral Miguel Rodriguez Torres en alocución ministerial señaló no sólo que el defensor Humberto Prado Sifontes fuera parte de un plan de conspiración desde el año 2010, sino también de un plan para desestabilizar las cárceles venezolanas, además de haber incurrido en los últimos actos de violencia en el país. El 19 y 30 de marzo de 2012 el defensor estuvo presente en el 144 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. Mas tarde, el 20 y 31 de marzo, fue invitado por “Plan País” evento organizado por las universidades de
Washington y George Washington, como académico proponiendo soluciones a las principales problemáticas del paí
s
.

El 12 de febrero en horas de la tarde, miembros de PROVEA denunciaron las violaciones que ocurrían en el mismo día durante las marchas estudiantiles, donde al menos tres personas murieron y más de 60 resultaron heridas. A las 9.30pm a la salida del Metro Agua Salud, en un retén policial hombres civiles armados que se identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – SEBIN y agrupaciones parapoliciales del oeste de Caracas arrestaron arbitrariamente a Inti Rodríguez. Estos lo llevaron hacia otro sector, donde aproximadamente unas 20 personas vestidas de negro lo interrogaron y golpearon, robándole sus pertenencias para finalmente abandonarlo en las calles de Caracas, después de haberle amenazado a él y su familia si denunciaba.

Front Line expresó su preocupación anteriormente ante las campañas de difamación en contra de Humberto Prado en mayo 2013 y en abril 2013. Así mismo Front Line Defenders reportó las difamaciones en contra de PROVEA el 19 de abril 2013.

Las evidencias demuestran que los actos de intimidación en contra de Humberto Prado Sifontes y las agresiones y amenazas contra Inti Rodrigues tienen relación directa con su labor en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Front Line manifiesta su preocupación por la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos y sus familias.

Front Line Defenders insta a las autoridades venezolanas a que:

1. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos Humberto Prado Sifontes y Inti Rodríguez y sus respectivas familias;

2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la detención arbitraria y las agresiones físicas en contra de Inti Rodiguez con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante la justicia en conformidad con los estándares internacionales;

3. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias, incluso la intimidación, violencia física y desalojos forzados.

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Comunicado de la CEV: “Tenemos que ser Testigo de la Verdad”

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El Estado de Derecho y la Democracia son el marco institucional propicio para el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. El respeto a la Constitución, la independencia de los poderes públicos, la actuación de los funcionarios públicos con sujeción al ordenamiento jurídico y la responsabilidad por la violación de los derechos humanos, son elementos sustanciales para la existencia de una sociedad democrática

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, en su misión de participar en la construcción de una convivencia justa y pacífica fundada en la fe y en el respeto a la dignidad humana, lamenta los violentos incidentes ocurridos durante el presente mes. Nos duele hondamente el costo humano que dejan como saldo las manifestaciones ocurridas en diferentes zonas del País los días 12 y 13 de febrero, que, hasta el momento, han arrojado 3 ciudadanos muertos y aproximadamente 66 heridos y 80 detenidos.

Ante esta situación:

Rechazamos

La criminalización generalizada, por parte del Estado, del derecho a manifestar y protestar.
La participación de grupos civiles armados al margen de la ley (paramilitares) con la venia muchas veces de instituciones y fuerzas pública que tienen el deber de garantizar la paz social y los derechos fundamentales.
El uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza para mantener el orden público, vejando la dignidad humana.
La restricción de la información y la autocensura que generan rumores infundados, incertidumbre y desasosiego en la población.
Las detenciones arbitrarias, la irregularidad de la designación de un centro de reclusión que queda distante del Juez Natural y del sitio donde sucedieron los hechos.
Los tratos crueles para con los detenidos que atenten con la Dignidad Humana.
Cualquier iniciativa que tienda a la violencia y tergiverse la voluntad pacifica de los ciudadanos a expresar sus opiniones, ideas y descontentos.

Exigimos

A los partidos políticos, a la sociedad civil, a las instituciones del Estado venezolano a tolerar y reconocer las diversas ideas, opiniones, planteamientos, para dialogar, negociar y construir de manera democrática alternativas inclusivas, justas y pacíficas. La violencia y el conflicto fratricida es un camino ciego.
Respuestas institucionales apegadas al debido proceso que orienten de manera eficaz, independiente e imparcial una investigación para garantizar la verdad y la consecución de la Justicia.
Un listado de los detenidos con su ubicación exacta y cargos que se le imputan, para garantizar el derecho a la legítima defensa y que la familia tenga la información de su familiar.
El respeto al derecho a manifestar y protestar de manera pacífica en el marco constitucional.
Al Estado Venezolano a respetar el derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales de los detenidos.
Al Estado adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta.

Nos solidarizamos con todos los familiares de las víctimas, expresándoles nuestras palabras de condolencia y nuestra oración en estos momentos de tristeza y dolor.

Pedimos a todos los cristianos: orar intensamente y trabajar en la construcción de la paz, dando testimonio de un auténtico seguimiento a Jesucristo, nuestro Señor, para hacer posible en nuestro país la fraternidad de los hijos e hijas de Dios. Elevamos nuestras oraciones por todas las víctimas de la violencia y sus familiares.

Nos comprometemos desde la Vicaría de Caracas, La Vicaria de Los Teques y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal a trabajar conjuntamente con el Foro por la Vida en el acompañamiento y la asesoría las víctimas y hacer un seguimiento a los hechos ocurrido, exigiendo una investigación independiente, la garantía y el respeto de los Derechos Humanos.

En Caracas, a los 14 días del mes de Febrero del 2014

+ Mons. Roberto Luckert León

Presidente Oficina de Justicia y Paz

+ Mons. Baltazar Porras

Presidente Comisión de Pastoral Social

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