Comunicado con la posición de Transparencia Venezuela sobre las últimas detenciones que se han llevado por casos de presunta corrupción.

Transparencia

Una débil esperanza de transparencia, que queremos fortalecer

Ante la detención en las últimas semanas, de siete funcionarios del Seniat, Indepabis, Ferrominera y Ministerio de Salud, Transparencia Venezuela ve como un hecho positivo que se estén dando los primeros pasos en la investigación de presuntos casos de corrupción en el país, la organización exhorta al gobierno y al resto de los poderes públicos a traducir el empuje mostrado, en políticas públicas sostenidas con recursos, tecnología, conocimiento y apoyo político.

Los casos por presuntos hechos de corrupción que se han conocido, hasta el momento son:

1. La Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dcim) del Ministerio de la Defensa, detuvo a dos funcionarios del Seniat adscritos al sector Guarenas Guatire pertenecientes a la Gerencia de Tributos Internos de Región Capital, por los presuntos delitos de extorsión y asociación para delinquir. (13.06.2013, EL Mundo).

2. La siguiente semana el Ministerio Público logró la privativa de libertad para el gerente general del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria –SENIAT- en el estado Vargas, Carlos Ricardo Sánchez Atencio, y de tres de sus escoltas, por estar vinculados presuntamente con legitimación de capitales y asociación para delinquir (El Mundo 21.06.2013).

3. La detención del ex Presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, a quien el sindicato denunciaba por estar inmerso en irregularidades relacionadas con el despacho del hierro en horas nocturnas sin cumplir con los protocolos, así como por la presunta participación de gerentes en el tráfico del metal ( El Nacional 13.06.2013).

4. También la captura del Director Nacional de Inspección y Fiscalización del Indepabis, Trino Martínez, por integrar una banda que extorsionaba a comerciantes de Caracas. Su caso originó la destitución de la superintendente Consuelo Cerrada, quien fue sustituida por Eduardo Samán (Tal Cual 12.06.2013).

5. De la misma forma la detención del coordinador del Instituto para Defensa y Protección de Bienes y Servicios (Indepabis) del estado Sucre, Luis García, por presuntamente revender con sobreprecio mercancías decomisadas por el ente, al día siguiente fue liberado, hecho que repudió el presidente Nicolás Maduro (Diario Vea 15.06.2013).

6. Finalmente, la inspectora del Ministerio para la Salud, Elba Martínez, fue privada de libertad luego de que presuntamente le solicitara dinero a un comerciante para aprobarle la inspección sanitaria, en el municipio Libertador de Caracas. La funcionaria es imputada por la comisión de delitos de corrupción propia agravada y uso de certificaciones falsas (Diario Vea 21.06.2013)

Ver ficha técnica de los casos aquí: http://goo.gl/1EGvW

La detención de estas siete personas puede ser el inicio de una acción sostenida contra la impunidad en temas de corrupción si se aplican los procedimientos de manera correcta y no resulta solo una demostración efectista de buenas intenciones. Es por eso que invitamos al presidente Nicolás Maduro a considerar los siguientes criterios, basados en la legislación venezolana, las Convenciones contra la corrupción y las buenas prácticas conocidas y documentadas:

1. Devolver y mantener las investigaciones a manos de la justicia civil venezolana, la corrupción es un enemigo de la ciudadanía pero no es un evento militar, las investigaciones no deben estar a cargo de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, sino en manos de los organismos competentes del Poder Judicial y Poder Ciudadano.

2. Garantizar recursos y seguridad para los equipos de fiscales, policía de investigación y jueces que se ocupen de las investigaciones de casos de corrupción ya que se enfrentarán a redes poderosas y peligrosas. Hoy día la Fiscalía General de la República cuenta con Fiscalías Anticorrupción (19 de competencia nacional y 21 regionales, según la pagina web del Ministerio Público http://goo.gl/2tQPW, y 49 según el informe de gestión 2012, de un total de 776 Fiscalías), pero carecen de tecnología, equipos especializados y soporte policial suficiente para atender las denuncias ordinarias. El informe 2012 de la FGR dice que de 627.833 casos recibidos en 2012, 8.283 fueron de corrupción. El Ejecutivo debe aumentar significativamente el presupuesto de la Contraloría y la Fiscalía. Y estas instituciones lo deben manejar con absoluta transparencia y probidad.

3. Promover las investigaciones profundas de las redes de corrupción y complicidad alrededor de los siete individuos detenidos, dentro de las instituciones en las cuales operaban. Esto debe llevar a la asignación de responsabilidades por acción u omisión de los superiores directos de cada funcionario involucrado, y la inmediata toma de decisiones sobre procedimientos incompletos, débiles, permisivos o que podrían ser acicates de ilícitos.

4. El Estado debe garantizar el principio de máxima transparencia y acceso a la información. No corresponde al Ejecutivo las tareas de investigación, sino al Poder Judicial, que debe tener la independencia y autonomía constitucional que garantice que no se produzcan conflictos de interés o desviaciones político – electorales. Para Transparencia Venezuela resulta un contrasentido que el Ejecutivo atienda la lucha contra la corrupción a través de la creación de un organismo secreto de investigaciones anticorrupción dirigido por la Presidencia.

5. Solicitamos la aplicación del debido proceso para los detenidos e involucrados y solicitamos al Ejecutivo no interferir en las investigaciones e insistimos en que es necesario investigar todo el aparato del Estado, especialmente donde existan grandes riesgos de corrupción por su poder de actuación sobre derechos ciudadanos con la aprobación o no de permisos, autorizaciones, supervisiones, licencias, etc., y/o instancias de reiteradas denuncias públicas, como por ejemplo: las cárceles, el sistema de administración de divisas (Cadivi), las aduanas, la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre otros. La justicia venezolana debe garantizar que las detenciones registradas en días pasados no se tratan de una cacería de brujas contra enemigos políticos, sino respuestas serias a denuncias consistentes que con responsabilidad y transparencia buscan acabar con la impunidad.

6. La Contraloría General de la República debe publicar las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses, tal como lo ha recomendado reiteradamente (2004, 2007, 2010) el informe de evaluación de Venezuela de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Con esa información los ciudadanos pueden convertirse en pieza fundamental de prevención e inhibición, pero también de denuncia de irregularidades entre lo que informó que tenía, con lo que “luce” que tiene cada funcionario.

Prevención

La lucha contra la corrupción requiere acciones directas y ejemplarizantes de sanción legal, social y política contra la impunidad, pero también requiere un programa completo de prevención. Transparencia Venezuela pone a consideración del Estado venezolano la propuesta de Programa Anticorrupción para Venezuela, que presentamos al país en septiembre del 2012 (link: http://ow.ly/m6OJi), pero queremos destacar los pasos urgentes:

1. Que el ingreso de todos los funcionarios a instituciones públicas se realice por concurso como ordena la Constitución Nacional en su art. 146. Nos preocupa que se esté nuevamente refundando el Indepabis, sin procesos de contratación por concurso, meritos, y políticas de fiscalización anticorrupción, porque se repetirá la misma historia.

2. La Contraloría, debe garantizar que los altos responsables de todo órgano público (Ministros, Directores y Presidentes de organismos públicos) conozcan y entiendan las políticas anticorrupción y los procesos de prevención, control, reducción de incentivos. Vemos con gravedad las declaraciones de la ex presidenta del Indepabis, Consuelo Cerrada el jueves 20 de junio: “en el Indepabis no tienen un termómetro para meterlo en la boca de los funcionarios aspirantes y preguntarles si es corrupto o no. Son cargos de confianza y no tenemos un arco para detectar la corrupción”. La Sra. Cerrada no puede evadir su responsabilidad con una frase tan poco feliz y el responsable de su nombramiento tampoco.

3. El Presidente de la República como jefe del poder ejecutivo debe diseñar e implementar un conjunto de políticas públicas anticorrupción en cada ministerio, instituto autónomo, empresa pública, demás organismos de adscripción. Hay que recordar que los actos de extorsión se producen porque existe la oportunidad de hacerlo, con bajo riesgo de ser descubierto. Hay que eliminar esas oportunidades negativas y aumentar los costos de la actuación ilegal.

4. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional debe abocarse a apoyar las investigaciones de corrupción. Para ello, y aunque suene ingenuo, debe estar presidida por representantes de la oposición a partidos de gobierno, para reducir los conflictos de interés.

En resumen

El país está viendo como delante de sus narices se producen actos de corrupción, nos alegra que el Presidente se haya dado cuenta pero la lucha contra este flagelo es mucho más compleja, no puede hacerse con las investigaciones en manos de militares, ni con organismos secretos de la Presidencia. El organismo que se encargue de esto debe hacerlo bajo los principios de transparencia, autonomía, y seguridad que la lucha contra enemigos poderosos y peligrosos requiere.

El papel de todos los poderes públicos es importante, así como de los distintos factores que hacen vida en la sociedad.

Los ciudadanos y las organizaciones de sociedad civil, comunitarias, vecinales, y demás deben exigir información completa, oportuna y de calidad. Pero también debe procurar conocer la estructura del Estado y defender sus derechos, no pagar soborno ni extorsionar, denunciar actos de corrupción de los cuales hayan sido víctima o testigo, tener sus documentos al día y cumplir con sus obligaciones legales, cuidar lo público y votar.

Felicitamos a los comerciantes y ciudadanos que se atrevieron a denunciar, para que se llevaran a cabo las detenciones de los funcionarios, anteriormente reseñados.

Exhortamos a la Contraloría a pronunciarse e informar al país de las debilidades institucionales existentes que permitieron las extorsiones mencionadas; y señalar con urgencia y firmeza los incentivos negativos que están fomentando las prácticas corruptas en funcionarios de alto nivel.

Desde la sociedad civil, Transparencia Venezuela pone a disposición del Ejecutivo, el Plan Anticorrupción para Venezuela (link: http://ow.ly/m6OJi), que contiene 99 propuestas de políticas públicas para siete sectores estratégicos en el país, cuyo fin es impedir que la corrupción siga afectando la calidad de vida de los venezolanos.

Transparencia Venezuela junio 2013

Para descargar el documento puede hacer click AQUÍ

Avenida Andrés Eloy Blanco. Edificio Cámara de Comercio de Caracas. Piso 2. Ofic 2-15. Caracas
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@NoMasGuiso

Dos metros de tela de una mujer jotarao a una warao

Para celebrar el final feliz del proyecto de apoyo a los emprendedoras artesanales warao en comunidades rurales del delta del Orinoco, se están buscando 100 mujeres no warao (jotarao) que quieran regalar 2 metros de tela a alguna de las 100 emprendedoras warao. El proyecto adelantado por la Fundación Tierra Viva ha involucrado a mujeres warao de 7 comunidades ­6 fluviales y 1 terrestre­ que durante 3 años han recibido capacitación y apoyo en el mercadeo y distribución de su artesanía.

Este proyecto ha contado con el financiamiento de la empresa Chevron. Para celebrar los logros obtenidos, nos cuenta Solira Menegatti, van a celebrar un encuentro con las 100 mujeres participantes. Es también una oportunidad para que se conozcan entre ellas. “Se nos ocurrió”, dice Soliria, “la idea que 100 mujeres jotarao, puedan enviarle un regalo: 2 metros tela de algodón o una tela que sea suave, fresca, apropiada para un clima húmedo y caluroso, que sea bien colorida, porque así es que le gusta a ellas. Envuélvela en papel regalo y ponle una tarjeta con tu nombre, y si te provoca, escríbele una cartica. Es una manera muy simple y útil para demostrar apoyo a su trabajo artesanal. Explica Soliria que todo debe estar en Tucupita para el 10 de julio. Los 2 metros de tela hay que enviarlos vía courrier a la siguiente dirección: Fundación Tierra Viva, Atención Bárbara Lárez, calle Petión, Tucupita, estado Delta Amacuro.

Teléfono: (0287) 721 5669. Cualquier otra información:
soliria@tierravi- va.org o por los teléfo- nos (0212) 576 1927 ­ 576 6242. Y gracias en nombre de las amigas warao.

Ambiente
Lunes 01 de Julio de 2013      |      20
TalCual

2do Manifiesto por el desarme en defensa de la vida

El 2do manifiesto por el desarme y el derecho a la vida es una comunicación de diversas organizaciones sociales de Venezuela ante la aprobación de la ley desarme.

Nosotros, el conjunto de organizaciones sociales, personalidades, iniciativas sociales y populares suscriptoras de este documento, después de años de trabajo en incidencia y participación en las discusiones sobre el control de armas, municiones y desarme, saludamos la aprobación de la ley que recientemente fue promulgada por el poder legislativo y ejecutivo del país, para cumplir obligaciones ante la sociedad venezolana en la disminución de la violencia y la mortalidad a causa de las armas de fuego.

En los últimos meses hemos realizado una serie de seminarios y encuentros para discutir sobre el desarme en Venezuela con un conjunto de organizaciones sociales e individualidades que nos han acompañado a elaborar análisis y propuestas ante el enorme reto que tenemos por delante.

Ante todo, nos complace que se haya concretado un instrumento jurídico que aumenta las responsabilidades del Estado en el control de armas y municiones. Esta medida da pie al desarrollo de una política integral de desarme que debe hacerse efectiva y sostenida.

Sin embargo, es a partir de este momento que debemos implicarnos aún más en la tarea de pacificar nuestra sociedad y conseguir, dentro de la construcción de una política pública, un amplio consenso social en la idea de que la disminución de las armas y las municiones en la calle puede mejorar la convivencia y la seguridad de la gente. Esta es una esperanza que debe ser tangible en la medida en que disminuya el luto y haya justicia, reparación y acompañamiento a las víctimas que ya ha dejado la violencia armada.

En estos años hemos desarrollado, acompañado y sido testigos de distintas y variadas iniciativas que han intentado paliar las causas y los efectos de la violencia pero la cantidad de crímenes y homicidios violentos por armas de fuego nos indican que aún queda mucho trabajo por hacer y prácticas por corregir.

En ese sentido nos manifestamos sobre la Ley de desarme y control de armas y municiones, además del rol de la sociedad ante este reto:

Con respecto a la ley desarme

– Consideramos que los procesos de control de armas, municiones y desarme, cuyas competencias recaen casi exclusivamente sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, podrían incorporar la participación protagónica de la ciudadanía para coordinar acciones, acompañarlas y velar por su cumplimiento. Sobre todo en aquellos rubros que signifiquen rendición de cuentas (artículos 11, 12, 60 y 61) y contraloría social, en procura de mejorar la seguridad ciudadana, la transparencia y la confianza institucional.

– De hecho, en el artículo 84 se dice que el Plan Nacional de canje de armas y municiones se hará con la participación del poder popular organizado y el artículo 85 suma a otras organizaciones sociales en el Fondo para el desarme. En ese apartado es sumamente importante que estén claros los incentivos para la entrega voluntaria de armas de fuego, de manera que no haya reincidencias. El rol de las madres, hermanas, hijas y compañeras de aquellas personas que poseen armas y deseen entregarlas al Estado, será sumamente importante para mejorar esa etapa del desarme.

– Consideramos, sin embargo, que la amnistía contemplada en el artículo 88 de la ley no queda suficientemente clara para los casos en los que tanto el arma como su usuario están incursos en hechos delictivos cuyas víctimas aún esperan por justicia.

– Es positivo que la nueva ley regule los protocolos de recuperación, incautación, custodia y destrucción de las armas de fuego y sus municiones. Eso disminuirá el reciclaje de armas y la corrupción interna de algunos individuos que laboran en cuerpos de seguridad, a quienes se les castigará de manera más severa. El reglamento que regulará los procedimientos periódicos de destrucción de las armas de fuego contemplados en el artículo 98 de la ley, puede incluir también la participación pública de la ciudadanía.

– Apoyamos que se haya atendido la solicitud de implementar el marcaje individualizado de las municiones. Es un método que permite disminuir la fuga de balas hacia el mercado ilegal y representa no sólo un avance en el control de municiones sino también una actualización tecnológica de las empresas estatales implicadas en este mercado. Celebramos que además ese marcaje de armas y balas esté asociado a un registro. Es imperativo reglamentar el procedimiento respecto de los diversos eslabones de la cadena que van desde la producción y distribución, hasta las manos de un asesino. Si hay determinación política, se puede romper la cadena que va de Cavim al pistolero; pero para hacerlo hay que hacer frente a muchos intereses y acabar con muchas corruptelas.

– Entendemos que el concepto de la ley es controlar con rigor el mercado legal de armas y municiones para “secar” el suministro del ilegal. Bajo esa lógica, consideramos que también el reglamento que normará las recargas de municiones para los casos excepcionales previstos en la ley, debe ser lo más estricto posible con el fin de disminuir posibles fugas a partir de las excepciones a la norma.

– Otro avance en la ley es la implementación de registros automatizados para portes de armas, armas y municiones inmediatamente después del marcaje. En este caso, se debe procurar que las bases de datos estén interconectadas, actualizadas en tiempo real y accesibles para los distintos órganos de seguridad del Estado, para facilitar los planes de prevención y contingencia de las policías, así como la investigación y detección de armas y municiones irregulares.

– Consideramos que el artículo 77, que prohíbe la difusión por todos los medios de comunicación de “informaciones o imágenes que promuevan o inciten el uso de armas de fuego y municiones”, debe ser mejor explicado en el reglamento correspondiente para no convertir la ley en un instrumento de censura bajo libres interpretaciones.

– Asimismo, queremos informar a los estados, municipios y consejos comunales, como expresión del poder popular, cuando realicen las campañas por la paz y el desarme como indica el artículo 79, que también pueden contar con las organizaciones sociales, iglesias, universidades y muchísimos otros colectivos y movimientos populares para llevar adelante la gran tarea de vencer la violencia y aumentar la transparencia de los procesos.

– Por último, vemos con preocupación que no se haya incorporado a la ley un fondo de atención para las víctimas de la violencia armada. Esta materia es tan importante como la prevención, y debe ser atendido por el Estado para dar respuesta a los familiares y víctimas que puedan necesitar apoyo material, económico y psicológico para superar su situación y conseguir justicia.

Con respecto a la incorporación de la ciudadanía y los retos por venir

– Consideramos que en lo inmediato debemos hacer una amplia movilización social organizada para monitorear el cumplimiento de esta nueva legislación y así asegurarnos que pueda ser realidad el camino a la paz.

– Como todo instrumento legal, esta Ley de desarme y control de armas y municiones deberá contar con una voluntad política indeclinable para su plena ejecución y por eso demandamos que las instituciones públicas den los primeros pasos en un tiempo relativamente corto y que las medidas anunciadas sean puestas en marcha con efectividad. Es nuestro deseo, y el de las organizaciones que nos acompañan, apoyar el cumplimiento de estos objetivos.

– Es esencial, además, exigirle al Estado venezolano que se integre aún más al consenso regional y mundial en torno a la necesidad de trabajar coordinadamente para lograr un verdadero control universal de las armas y municiones. Ningún Estado puede controlar por sí solo el flujo de armas que implica a muchos actores en distintas regiones a la vez. Venezuela debe asumir con confianza las oportunidades que ofrecen varios instrumentos internacionales que promueven una actitud más responsable para todos los Estados al momento de velar que las armas no terminen siendo usadas en atrocidades o abusos, firmando, o ratificando esos tratados o convenciones de manera expedita.

Estamos convencidos de que “Hablando se entiende la gente”, y por eso, al igual que en 2010, manifestamos nuestro interés y compromiso por el desarme y la vida.

Organizaciones que suscriben el documento

– Fundación Centro Gumilla.

– Programa Venezolana de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

– Amnistía Internacional. Sección Venezolana.

– Fe y Alegría.
– Fundación Esperanza Venezuela – Caritas de Venezuela.

– Psiquearte.

– Convite AC.

– Laboratorio de paz.

– AC Sinergia

– Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

– Paz Activa
– FIPAN – Transparencia Venezuela
– Cecodap – Espacio Público
– Justicia y Paz. Los Teques
(… siguen las firmas…)

Descargar archivo pdf

Este documento puede ser refrendado por más personas y organizaciones sociales y populares en la web www.gumilla.org/vida

IPYS Venezuela: Panorama de la labor periodística en Venezuela

Las acciones de intimidación, agresiones y las amenazas de investigaciones penales contra los periodistas han marcado el panorama de la situación de la libertad de expresión en Venezuela, durante los primeros 6 meses de 2013.

Del 1 de enero al 26 de junio de 2013, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela reportó 170 alertas, lo que significa un aumento de 47% de los casos, en comparación al mismo lapso del año 2012, que registró 90 incidentes.

Las acciones de intimidación, agresiones y las amenazas de investigaciones penales contra los periodistas han marcado el panorama de la situación de la libertad de expresión en Venezuela, durante los primeros 6 meses de 2013

Esta cifra, además,  demuestra que la violencia contra la presa, a través de diversas modalidades, se ha agudizado. Además, la labor periodística se enmarca en altos niveles de conflictividad política que enfrenta el país.

Ocho de nuestros corresponsales, que integran la red nacional de monitoreo de la libertad de expresión, presentan algunas perspectivas sobre los obstáculos que afronta la cobertura periodística en distintas ciudades del país.

Carabobo: Demandas e incidentes

Por: Alejandro Villalobos

Demandas por difamación e incidentes menores mantienen a la prensa en Carabobo en alerta.

Las acciones violentas contra los comunicadores sociales en la entidad han bajado, pero se mantienen pequeños focos que pueden desencadenar situaciones complicadas.

En los seis meses que van de este 2013, el periodista Francisco “Pancho” Pérez, que escribe una columna de opinión cada lunes en el diario El Carabobeño, ha sido ante tribunales en dos oportunidades.

En ambos casos por funcionarios oficialistas. Ya en la demanda del secretario de la gobernación, Miguel Flores, el comunicador retiró sus aseveraciones de acuerdo a la conciliación para evitar el juicio.

Aún corre en tribunales la acusación del general Jacinto Pérez Arcay.

Otros periodistas han sufrido restricciones para cubrir eventos oficiales del gobierno nacional y regional, incluso después de obtener su credencial para estar presentes.

En los hechos posteriores a las elecciones del 14 de abril dos reporteros gráficos fueron atracados y despojados de sus cámaras fotográficas, y otros periodistas fueron amenazados por policías y grupos armados.

Zulia: Detenciones arbitrarias y amenazas de acción legal

Por: Juan José Faría

Las amenazas y ataques contra periodistas han persistido durante 2013. Se han agudizado los ataques desde sectores estatales, especialmente, contra la prensa escrita.

En lo que va de año, IPYS Venezuela ha registrado detenciones arbitrarias, amenazas de investigaciones de proceso judiciales que no han prosperado, y amenazas de muerte, dirigidas a equipos reporteriles de medios privados.

También, han prevalecido las intimidaciones a canales que transmiten por servicios de televisión por suscripción. Además, llamó la atención el entorpecimiento de la labor periodística durante el proceso electoral más reciente.

De enero a junio se ha restringido el acceso a la fuente oficial en la sección de sucesos y controlan la información referente a la salud, en los centros asistenciales públicos.

Portuguesa: Restricciones en la información oficial

Por: José Alejandro Brizuela

La restricción de acceso a la información pública en algunos centros electorales el 14 de abril y durante el brote de la gripe H1N1 representan los casos más resaltantes de obstrucción al ejercicio periodístico en el estado Portuguesa, ubicado en el centrooccidente de Venezuela, según el balance de los últimos meses.

La cobertura periodística de asuntos públicos se ha visto afectada en la región, en primer lugar, por la negativa de funcionarios adscritos al Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano comicial, a suministrar datos y cifras exactas sobre el proceso presidencial pasado, al desarrollarse la jornada.

Además, porque autoridades del Ministerio para la Salud evitan dar declaraciones a la prensa independiente respecto a casos del virus H1N1, limitándose a enviar a los medios boletines institucionales que, por lo general, no disipan todas las dudas generadas en torno al seguimiento de la enfermedad.

Barinas: Intimidación y presiones

Por: Wolman Línarez

En el estado Barinas en lo que va de 2013, se han registrado hechos de intimidación y presiones gubernamentales contra periodistas y medios de comunicación.

Autoridades oficiales también han amenazado con acciones penales a quienes ejercen la labor periodística.

Sin embargo, los casos que infringen los preceptos y normativas nacionales e internacionales que garantizan la libertad de expresión, se ha reducido en comparación con los casos denunciados en los últimos tres años, según aseveran los profesionales de la comunicación en esta región.

Para el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas que opera en la entidad barinesa, Tarquino González Concho, las agresiones al ejercicio del periodismo “han tenido una merma en relación a años anteriores”.

Recordó el gremialista que entre el 2008 y el 2012 se registraron episodios que ubicaron a Barinas en el segundo lugar a escala nacional en materia de ataques y amenazas a la libertad de expresión, datos que coinciden con las investigaciones de IPYS Venezuela.

González Concho evocó que esos lamentables incidentes, argumentados y denunciados ante los organismos correspondientes, en instancias institucionales y también en instancias no gubernamentales, se caracterizaron desde el insulto a los comunicadores, pasando por agresiones físicas y hasta privación de libertad, sustentadas en las detenciones al periodista Dimas Medina en el 2008 y al reportero gráfico Yonny Camacho en el 2011.

Falcón: Negaciones en la información oficial

Por: Eva Riera

En el estado Falcón, el acceso a la fuente está limitado por la negativa de los funcionarios gubernamentales a ofrecer declaraciones con la excusa de que no están autorizados desde sus respectivos ministerios en Caracas.

Los estadales esgrimen igual argumento.

En este momento, por ejemplo, las informaciones acerca del número de pacientes y muertes por AH1N1 están circunscritas a la Gobernadora, en consecuencia, ni el Jefe de Epidemiología ni el Secretario de Salud pueden suministrar información sobre el tema.

Aunque ha mermado un poco, continúa la restricción de acceso de los periodistas del diario La Mañana a los actos oficiales y a las instalaciones del Centro de Refinación Paraguaná de PDVSA.

Esto ocurre desde hace al menos diez años pues vienes de la época en que Jesús Montilla era gobernador (2000-2008). Continuamente, Montilla se refiere a este diario como “La Maraña”.

Montilla ha arremetido en varias oportunidades contra periodistas.

Un caso emblemático es el del ex alcalde Rodolfo Barráez, quien fue demandado por difamación y conminado a cancelar una alta suma de dinero para indemnizar los daños y perjuicios en contra de Montilla por haber denunciado presuntos hechos de corrupción en los que estaría incurso el ex Primer Mandatario regional con motivo de la venta de unos terrenos ejidos en Tucacas, municipio Silva.

Barráez salió exiliado por varios años a Perú y hace dos meses regresó a Venezuela luego de negociar su regreso. Debió pedir disculpas públicamente, presentarse en tribunales y recibir medida cautelar de trabajo comunitario.

Además, en su columna semanal de prensa cuestionó la ética y desempeño profesional y entrelineas incitó al odio en contra de Gladyscar Guzmán, colega del diario Nuevo Día, por el hecho de que ella contrastó unas declaraciones suyas con las de otras personas para ofrecer las dos versiones del hecho, lo cual lo ofendió.

En líneas generales, mi opinión es que la mayoría de los colegas se autocensuran para no sufrir las consecuencias de investigar y de ser incómodos a los personeros de gobierno.

Se limitan a colocar el grabador en las ruedas de prensa y muchos se inhiben hasta de preguntar.

Esta semana, en que se conmemora el Día del Periodista, se informó de la demanda que la Defensora del Pueblo, Zoremil Chirinos, introdujo contra el diario La Mañana por violar la integridad de niños y adolescente al publicar fotos no acordes entre abril y julio de 2012.

En este caso, el diario de no llegar a un acuerdo debe cancelar una multa equivalente al 2% de las ganancias brutas, lo cual en opinión del su editor, Atilio Yánez, equivaldría a la quiebra del medio. Si esto ocurriese, 15 periodistas irían a la calle y 5 reporteros gráficos.

Anzoátegui: Agresiones y atentados

En Anzoátegui, durante 2013 continúan riesgos para que los reporteros realicen su labor periodística, que incluso colocan en riesgo su vida e integridad.

Se han reportado agresiones físicas y atentados contra periodistas.

Uno de los casos fue el de una reportera del diario El Anaquense a quien, presuntamente,  le colocaron un explosivo en su vehículo ubicado en el estacionamiento de su casa.

La periodista cree que el hecho pudo guardar relación con la publicación de denuncias de varias comunidades sobre la gestión de dirigentes gubernamentales en esa ciudad.

De igual manera, se han reportado acciones de intimidación y ataques a las herramientas de trabajo de los equipos reporteriles.

Lara: agresiones y restricciones

Por: Carmen Julia Viloria

Al hacer un breve balance de la situación que viven los ciudadanos y comunicadores sociales del estado Lara no puedo dejar de mencionar y asociar los términos libertad de expresión y prensa con el Desarrollo.

Según mi apreciación muy personal sobre la realidad larense, puedo decir que estamos en franco retroceso en cuanto a estos  principios democráticos y libertades.

¿Qué hechos sustentan este juicio de valor?

Basta con recordar algunos acontecimientos que se han suscitado este año en Lara y en los cuales existen registros en los medios de comunicación social (impresos y audiovisuales) y testigos de las agresiones y limitaciones con las cuales tuvieron que lidiar colegas (periodistas), reportero gráficos y camarógrafos, quienes en el sagrado derecho de cumplir con su labor diaria fueron víctimas de varios atropellos, por parte de funcionarios del Estado (militares) y de actores representantes del gobierno, quienes luchan por limitar el acceso a la información y a fuentes que son de obligatoria consulta para poder mantener a la ciudadanía informada del acontecer diario.

Uno de los casos, se reportó el viernes 25 de enero de 2013, día en el cual se produjo la masacre en la Centro Penitenciario de Centroccidente, cuando a  periodistas de sucesos de los distintos medios de comunicación (audiovisuales e impresos) se les impidió el acceso y coarto el derecho de informar (y días sucesivos), cuando funcionarios policiales le impidieron tener acceso a los datos del libro diario de novedades, el cual consultaban todos los días en la emergencia del Hospital Antonio María Pineda.

Por otra parte, el 16 de abril, a las 3 de la tarde,  resultaron heridos un grupo de reporteros gráficos que se encontraban cubriendo una manifestación del sector opositor en  la sede de la dirección regional del CNE de Lara.

Victimas; Eduard Martínez, reportero gráfico de la Prensa; Ricardo Marapacuto, gráfico de El Impulso, Héctor Andrés Segura (Independiente), Juan Carlos Leal (Gobernación de Lara) y 17 ciudadanos que protestaban resultaron agredidos.

Esta corta reseña quiero culminarla con una premisa de  Daniel Kaufman que dice “el amplio acceso masivo a medios independientes está muy estrechamente relacionado con indicadores sistemáticos de buena gobernabilidad y desarrollo humano”.

Área Metropolitana de Caracas: uso abusivo del poder estatal

Por: Mariengracia Chirinos

En Caracas, han persistido las amenazas y el uso abusivo del poder estatal contra la actividad periodística. De manera recurrente, voceros oficiales han apelado al discurso ofensivo para descalificar la labor informativa, básicamente de los medios privados.

No han faltado las amenazas penales contra periodistas, directores de medios, organizaciones y activistas de derechos humanos.

Han persistido las restricciones de acceso para la cobertura periodística en instituciones, siendo un caso evidente las continuas limitaciones en el poder legislativo.

La calle se ha vuelto vulnerable para los equipos reporteriles quienes también, en retiradas oportunidades han sido agredidos durante la cobertura de manifestaciones pacíficas ciudadanos, en demanda de sus derechos sociales.

Se han reportado casos de censura dentro de los medios de comunicación audiovisuales, con la salida de moderadores y espacios dedicados a la opinión y la crítica. (Prensa Ipys, 27.06.13)