Venezuela no pudo seguir negando la falta de independencia judicial en el EPU

Venezuela ha culminado este jueves 16 de marzo de 2017 su evaluación en el marco del segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo que utiliza la ONU para monitorear la situación de los Derechos Humanos a nivel mundial. En esta ocasión se recibieron 18 recomendaciones de manos de 16 países distintos relativas a la independencia de los poderes, y el Estado aceptó 10 de ellas lo que (aunque insuficiente) es un logro del sistema EPU y de la sociedad civil organizada.

Para poner esta situación en contexto, vale la pena recordar que durante el primer ciclo de este examen, que fue en 2011, nuestro país recibió 17 recomendaciones relativas a la independencia judicial y las rechazó absolutamente todas, negándose a aceptar que existe un problema en el sistema de justicia venezolano.

Adicionalmente, desde el gobierno se ha acusado de “injerencista” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones cuando sus decisiones no coinciden con la narrativa oficial; llegando al punto de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que en la práctica se ha traducido en que los venezolanos tengamos una instancia menos a la que acudir cuando consideramos que nuestros derechos no están siendo respetados, concretamente la Corte Interamericana.

Ahora bien, volviendo al EPU actual, Acceso a la Justicia ve con buenos ojos que el Estado venezolano haya decidido aceptar 10 de las 18 (55%) recomendaciones recibidas sobre independencia de los poderes (con especial énfasis en la independencia del Poder Judicial), agregando un compromiso voluntario en esta materia; lo que implica que finalmente reconoce que existe mucho trabajo por hacer en este ámbito.

Sobre todo esto es relevante si se tiene presente que hace apenas unos meses el gobierno regresó de Ginebra en negación; anunciando que había “salido eximido” en el examen, a pesar de que 102 países (más del doble que en 2011) intervinieron para realizar 274 recomendaciones, lo que difícilmente puede considerarse un triunfo.
Desgraciadamente no todo es positivo y las ocho recomendaciones restantes en materia de independencia de poderes “no contaron con el apoyo” del Estado pues fueron consideradas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”.

Acceso a la Justicia quiere hacer notar que en el caso de las sugerencias aceptadas, el Estado venezolano las apoya pues “ya se están implementando de manera prioritaria en su primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019” lo que, al menos en el tema que nos ocupa, no es así.

Como hemos mencionado más arriba, el Estado venezolano rechazó todas y cada una de las recomendaciones en esta materia durante el primer ciclo del EPU, hace 5 años, negando el problema. Tampoco aparece mencionado en su Informe Nacional correspondiente al examen de este año, por lo que habría que pensar que en opinión del Estado no había nada relevante que decir, ni que hacer.

Más aún, si se revisa el Plan Nacional de Derechos Humanos a que alude la representación diplomática de nuestro país, el mismo no habla de independencia de poderes en ningún momento, así como tampoco lo hace el Plan Estratégico del Poder Judicial vigente; por lo que es obligado preguntarse ¿a qué se refiere el Estado venezolano cuando asegura que “continuará” trabajando en este tema? De hecho la situación ha empeorado mucho respecto de 2011, por lo que si ya en esa época la situación era grave, ¿en qué ha trabajado si ahora es peor? ¿Por qué no explicó en el Informe Nacional qué ha hecho?

Lo mismo puede decirse del quinto compromiso voluntario en que el gobierno ofrece “continuar con la realización de concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial y al Ministerio Público”, cuando desde el 2004 no se realizan los primeros (aunque el Tribunal Supremo de Justicia dice que desde 2005) y el más reciente de los segundos fue en el año 2011.

Resulta poco alentador que el Estado venezolano considere que está trabajando en un asunto en el que tiene 13 años en mora, pese a que es un mandato expreso de la Constitución, y, aunque hace poco aprobó unas normas para regular los concursos de los jueces, las mismas solo permiten que participen los que ya están dentro de la judicatura que no son titulares, escogidos a dedo, y además, no prevén que la sociedad civil forme parte del proceso para la selección de los jueces, lo que no son precisamente garantías para la independencia judicial, todo lo contrario.

En conclusión; si bien Acceso a la Justicia saluda que el Estado venezolano acepte la existencia de un problema en materia de independencia judicial, es necesario exigir que esto lleve a acciones concretas y que no se convierta en otra declaración de intención que queda en palabras y nada más.

¿Y tú venezolano, qué puedes hacer?
Con la aceptación de las recomendaciones por parte del Estado se confirman las denuncias que desde hace años hace la sociedad civil de que los derechos de los venezolanos están siendo vulnerados, y esta es una situación que un Estado democrático no puede simplemente ignorar, como hace un niño que cree que si cierra los ojos la realidad desaparece.

Ante esta situación es poco lo que en la práctica podemos hacer, pero lo que sí está a nuestro alcance (y es de capital importancia) es no permitir que este escenario nos parezca normal y, por ello, reclamar nuestros derechos de manera constante y persistente.
Enlace a la nota :https://goo.gl/c7ZTSK

Estado venezolano rechaza recomendaciones sobre LGBTI en Examen Periódico Universal

El Consejo de Derechos Humanos adoptó hoy en Ginebra, Suiza, el informe de resultado del Examen Periódico Universal (EPU) sobre la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo al informe presentado por la delegación venezolana, el país aceptó 193 de las 274 recomendaciones realizadas por los Estados en el Consejo de Derechos Humanos durante el segundo ciclo del EPU, y tomó nota de otras 28.

En cuanto a las cuatro recomendaciones sobre los derechos de personas LGBTI elaboradas por España, Israel y Sudáfrica,  el Estado venezolano tomó nota de dos, aseguro ya estar implementando las otras dos y expresó un compromiso voluntario.

Primeramente, España, en su recomendación número 5 instó a “Que el gobierno garantice el respeto y la protección a las personas LGBTI a través de medidas como la despenalización de las relaciones homosexuales en las FFAA y de seguridad; el reconocimiento de las parejas del mismo sexo y el derecho a la identidad de las personas Transgénero.” A esta recomendación el estado venezolano solo dice: “toma nota”

Por su parte, Israel dedicó dos de sus cuatro recomendaciones a este tema. En primer lugar alentó al estado venezolano para “Adoptar medidas para asegurar que las personas puedan cambiar su género legalmente reconocido sin cirugía de reasignación genital.” A esta recomendación el estado venezolano solo dice: “toma nota”

Tomar nota significa, de alguna manera, no aceptar las recomendaciones. Es lamentable que el Estado haya tomado nota de las recomendaciones de España e Israel que buscaban proteger el derecho a la identidad de las personas trans; despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo en las fuerzas armadas y el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, pues de haber sido aceptadas y posteriormente implementadas Venezuela estaría dando un paso para garantizar la igualdad de las personas LGBTI.

En segundo lugar Israel recomendó, “Prevenir todas las formas de discriminación, especialmente la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, garantizando la igualdad de trato, en particular en las escuelas, los servicios de salud y las fuerzas armadas.”

Mientras que Sudáfrica  en su tercera y última recomendación pidió “Intensificar sus acciones para garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.”

A estas recomendaciones el Estado venezolano respondió “ya se están implementando”.

En tanto, las autoridades venezolanas no apoyaron 53 recomendaciones realizadas en el marco del EPU, referidas a temas como las libertades de expresión, reunión y asociación pacíficas; las detenciones arbitrarias o por motivaciones políticas; y la independencia y adecuado funcionamiento de los poderes y órganos del Estado.

Por último, el estado venezolano menciona en su informe un compromiso voluntario que dice: “Adoptar instrumentos normativos y mecanismos especializados para garantizar la igualdad y no discriminación por orientación sexual identidad de género o expresión de género”.

Otras recomendaciones no apoyadas por Venezuela tienen relación a procesos electorales y de participación política; a la protección de opositores, defensores de derechos humanos y la sociedad civil; y a la cooperación con organismos regionales de derechos humanos. El Estado venezolano tampoco apoyó una serie de recomendaciones sobre invitar a mecanismos y expertos independientes de las Naciones Unidas y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a visitar el país, entre otras.

 

– Ver informe de resultado EPU Venezuela (A/HRC/34/6): http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/6

– Ver documento de adición con observaciones y respuestas del Estado venezolano (A/HRC/34/6/Add.1): http://bit.ly/2nISfPf

Publicado por Unión Afirmativa

Intervención de Civicus Sesión Final del EPU 2016: Feliciano Reyna

(Ginebra, 16.03.2017) Este 16 de marzo se llevó a cabo la Sesión Final de Adopcíón de Recomendaciones del 2do Examen Periódico Universal de Venezuela, en el cual la sociedad civil nacional e internacional tiene derecho de palabra a fin de emitir sus opiniones acerca de los resultados de este examen, en el cual el Estado venezolano aceptó 193 recomendaciones y anotó 81, de las cuales afirmó no apoyar un total de 53 por estar sesgadas y formuladas sobre bases falsas.

Entre estas recomendaciones se encuentran justamente medidas urgentes que forman parte de las obligaciones internacionales del Estado y que, de adoptarse e implementarse, resolverían buena parte de los problemas que afectan gravemente los derechos humanos en el país. A continuación se reproduce en sonido y por escrito la intervención de Feliciano Reyna por Civicus – Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, en la que se recogió en dos minutos las principales preocupaciones de 170 organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana en sus contribuciones a este segundo EPU de Venezuela.

 

Consejo de Derechos Humanos / Sesión 34 – 16 de marzo de 2017

Vocero: Feliciano Reyna

Señor Presidente,

Nos dirigimos al Consejo de Derechos Humanos en nombre de CIVICUS en consulta con 170 organizaciones venezolanas de sociedad civil[1].

La mayoría de estados que participaron en el EPU llamó la atención del Estado venezolano sobre la afectación de un amplio espectro de derechos humanos, la falta de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y la negativa a invitar al país a representantes de los Procedimientos Especiales.

En su informe, el Estado justifica mantener un Estado de Excepción que no cumple con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos, con el consecuente quiebre del Estado de Derecho y las libertades democráticas.

Como fue señalado en el EPU:

Las libertades de asociación, manifestación pacífica y expresión están severamente restringidas;

Periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de derechos humanos son objeto de estigmatización y criminalización y las personas detenidas son sometidas a torturas y tratos crueles;

El Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no actúan con independencia, afectando así las garantías de protección de los derechos humanos;

El Servicio de Inteligencia venezolano debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles.

Señor Presidente,

Estas situaciones y los siguientes temas requieren de urgente atención:

  1. 82% de la población vive hoy en pobreza[2].
  1. 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global Aguda en diciembre de 2016[3].
  1. 75% de hospitales públicos no puede prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos[4] y no hay reactivos para pruebas de control para el VIH.
  1. 4 millones de personas no tienen desde hace meses acceso a las medicinas que su condición con urgencia requiere[5].

Señor Presidente y miembros del Consejo,

Vivimos en Venezuela una Emergencia Humanitaria Compleja. El Estado venezolano debe aceptar la cooperación internacional humanitaria que le fue ofrecida, para evitar más daños irreparables y pérdida de vidas, particularmente en niñez y adolescentes, embarazadas, personas mayores y con condiciones de salud crónicas, indígenas y personas privadas de libertad.

Gracias, Señor Presidente

[1] Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, Accsi, Acceso Libre, Acción Campesina, Almapa AC. Asamblea de Educación, Atención al Adulto Mayor AC, Asoamigos AC, Asociación Civil Phynatura, Asociación Civil Niña Madre, Asoviluz, AVAL, AVESA, AVH, Aula Abierta Venezuela, CDH-UCAB, CDH-UCV, CDH-UNIMET, Cedice Libertad, CEPAZ, CIAAL, Circulo de Reporteros Gráficos de Venezuela, CivilisDDHH, Coalición Cambio Climático, Club de Abuelos Francisco Soto, Club de Abuelos mi Mayor Éxito AC, Coalición Proacceso, CODEHCIU, CODEVIDA, CODHEZ, Colegio Nacional de Periodistas, CONAPRO, ConviteAC, Comisión de DDHH Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, Comité de Derechos Humanos de la Guajira, EDEPA, Escuela de Vecinos de Venezuela, Espacio Público, FCU-UCV, Fenasopadres, FEPAP, Foro por la Vida, Freya, Funcamama, Fundación Aguaclara, Fundación Bengoa, Fundación Reflejos de Venezuela, Funpaz, GHENDU, GTAI-ULA, Gregoria Delfina Chirinos A.C, Ipys Venezuela, Invesp, Juventud Prolongada AC, LabPaz, Laboratorio de Ciencias Sociales, La Cumbre AC, La Deltana A.C, Las Rosas A.C, Los Abuelos de Baruta, Mañana es Hoy AC, Movimiento Vino Tinto, Nialca AC, Observatorio Derechos Humanos-ULA, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Observatorio Venezolano de la Salud, Observatorio Venezolano de Prisiones, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Observatorio Venezolano de Violencia, Padres Organizados de Venezuela, PLAFAM, Plataforma Venezolana de Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil, PROVEA, Provene, REDHNNA, REDLGBTI de Venezuela, Red Rosa, Senos Ayuda, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Sinergia, Sociedad Hominis Iura, Stop-VIH, Transparencia Venezuela, Una Mano Amiga A.C, Unión Afirmativa, Una Ventana a la Libertad, Unión Vecinal para la Participación Ciudadana, Vida Prolongada AC y Venezuela Diversa.

[2] Encovi Pobreza 2016 En: http://www.ovsalud.org/publicaciones/salud/encovi-2016-pobreza/

[3] Cáritas de Venezuela: Cáritas Venezuela presenta Línea Basal del Monitoreo Centinela de la Situación Nutricional en Niñas y Niños Menores de 5 años. En: http://caritasvenezuela.org.ve/wp/?p=4711

[4] Encuesta Nacional de Hospitales 2016 En: http://www.ovsalud.org/publicaciones/salud/encuesta-nacional-de-hospitales-2016/

[5] Codevida, Provea y Aliados: Informe sobre el derecho a medicamentos esenciales para proteger la salud y la vida de las personas en Venezuela. En: http://www.codevida.org/informes/informe-sobre-el-derecho-a-medicamentos-esenciales-para-proteger-la-salud-y-la-vida

 

​StopVIH se suma a vigilancia de las ONGs sobre compromisos del Gobierno en DDHH

(StopVIH, 16/03/2017) — La Organización StopVIH formará parte de las ONGs de Venezuela que estará vigilante del cumplimiento de los compromisos que el Estado venezolano ha adquirido en el marco de Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo de la Organización de Naciones Unidas para el cumplimento de compromisos y obligaciones en Derechos Humanos.

Haciendo seguimiento a la jornada de revisión y adopción de recomendaciones que sobre la materia se desarrolló hoy en la sede de la ONU en Ginebra, Jhonatan Rodríguez, presidente StopVIH, dijo que el EPU permite obtener evaluación de avances, limitaciones, retrocesos y retos, sobre la situación de DDHH en el país, por lo que es interés colectivo estar atentos de ahora en adelante a lo que el Estado, a través de su Gobierno, se comprometió a cumplir, precisamente en momentos que la situación social, económica y política de la Nación es tan crítica y controversial.

Rodríguez, está seguro que el Estado venezolano no cambiará su posición autoritaria ni corregirá su comportamiento, en virtud de lo expresado por la Ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien ratificó palabras anteriores de la canciller Delcy Rodríguez, respecto a que el país es pionero en la protección de los derechos humanos, no existe restricción de las libertades y avanza en la democratización política, económica, social y cultural a pesar de presiones internas y externas.

Precisamente ante esta postura, y el alto número de recomendaciones para minimizar el deterioro de los DDHH que ha preocupado a la comunidad internacional, Rodríguez afirmó el coraje con que deben actuar las ONGs, como en efecto lo hizo público en la jornada, el activista venezolano por los Derechos Humanos en representación de Civicus, Feliciano Reyna, al aseverar entre otras cosas, que periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de DDHH son objeto de estigmatización y criminalización, y las personas detenidas son sometidas torturas y tratos crueles, y como prueba del alejamiento de las normas señaló que el Estado venezolano no ha permitido visitas oficiales de los relatores de Naciones Unidas.

El 82% de pobreza que actualmente registra Venezuela, el hecho que 75% hospitales no puedan ofrecer atención mínima, la falta permanente de reactivos para pruebas de control de VIH, entre tantas otras graves realidades, es sin duda razón para unirnos y exigir, el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones adoptadas, además de hacer seguimiento fiel a las que el Gobierno ha desechado porque igualmente responden a derechos que no pueden bajo ninguna circunstancia ser conculcados, sentenció Rodríguez.

Para más información, www.stopvih.org y sigue @StopVIH en Instagram y Twitter.

Prensa, StopVIH, CNP. 6.126.

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La libertad de expresión fue un tema controversial en el #CierreEPUven

  • IPYS Venezuela destaca el hecho de que, en este ciclo, 23 nuevos Estados se sumaron al exhorto internacional para que en Venezuela cesen las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión. Y que el Estado venezolano haya aceptado 22 recomendaciones.
  • Sin embargo, Venezuela aceptó recomendaciones muy generales y rechazó, en algunos casos, las más específicas sobre tópicos idénticos. Indira Ramírez / IPYS Venezuela

En este periodo del EPU, el Estado venezolano recibió más exhortos que en el primer ciclo 2011-2012, cuando solo recibió 13, y aceptó 22 recomendaciones de las 30 relacionadas con libertad de expresión, fundamentalmente con temas de derecho al acceso a la información pública y protección de periodistas. Para IPYS Venezuela este es un logro del sistema EPU y de la sociedad civil. Leer más »

Declaración conjunta RIDH (Ginebra)e IPYS Venezuela
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y la Red Internacional de Derechos Humanos saludan la participación de Venezuela en el examen periódico universal.
La libertad de expresión se encuentra entre las tres principales preocupaciones de los Estados que formularon recomendaciones a Venezuela en su examen ante el grupo de trabajo.
Esta preocupación se desprende de informes presentados por la sociedad civil, que denuncian un contexto restrictivo para el ejercicio de la libertad de prensa, expresión y opinión, que afecta a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y al ciudadano en general.
Con espíritu de diálogo, invitamos al Estado a implementar las medidas necesarias para garantizar la libertad de expresión y de opinión, como una de las piedras angulares de toda democracia.
Abogamos para que el Estado venezolano profundice su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y las diferentes instituciones de las Naciones Unidas.
Invitamos a Venezuela a expedir una invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales, como lo han hecho otros Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y a recibir prontamente la visita del relator sobre la libertad de expresión y opinión y de los defensores de derechos humanos.
Por otra parte, creemos que es necesario emprender acciones para garantizar el libre acceso a la información pública. Periodistas y ONG solicitan la difusión de estadísticas oficiales y la posibilidad de consultar documentos públicos, que generaran un mayor espacio de transparencia . Por ejemplo la publicación de los indicadores de inflación del 2016, la actualización de las cifras sobre mortalidad y de epidemiología las Memorias, informes de gestión del 2016.
Exhortamos al Estado a dar cumplimiento a las recomendaciones que le fueron realizadas por el Comité de Derechos Humanos en 2015, referidas a:
1.- Garantizar un acceso real y efectivo para el derecho al acceso a la información pública.
2.- Eliminar las sanciones penales por el ejercicio de la expresión, principalmente, el delito de difamación
3.- Ofrecer protección efectiva a periodistas y defensores de DDHH que sean objeto de actos intimidatorios.