MUSAS: Venezuela vive los peores momentos de la epidemia del VIH/Sida

(Caracas, 27/04/2017- Prensa Musas).- La Directora General de la Asociación Civil Mujeres Unidas por la Salud (MUSAS), Grisbel Escobar, y el Coordinador de la Unidad de Sida del Hospital Clínico Universitario de Caracas, Dr. Martín Carballo, hablaron sobre la realidad del VIH/Sida en Venezuela durante una reunión sobre Ciencia y comunidad en la respuesta al VIH en América Latina y el Caribe, realizada en Río de Janeiro, Brasil, donde fueron invitados por la Sociedad Internacional de Sida (IAS), por su siglas en inglés.

En su intervención, la Directora General de MUSAS, Grisbel Escobar, expresó su preocupación por la ausencia de fórmulas lácteas para los hijos nacidos de madres con VIH durante dos años y hasta el momento las autoridades gubernamentales no han planteado ninguna respuesta a esta situación exponiendo a niñas y niños al VIH.

Escobar también planteó como la escasez de alimentos, así como el alto costo de los mismos (los que se puedan conseguir) está afectando a mujeres con VIH, quienes en su mayoría son mujeres de escasos recursos y sin ningún apoyo social. “Tenemos testimonios de usuarias que han rebajado más de 20 kilos, que comen mayormente una vez al día y que nos han dicho que a veces no tienen que comer, están pasando hambre.”.

Parte de estas informaciones también fueron expresadas por el Coordinador de la Unidad de Sida del Hospital Clínico Universitario de Caracas, Doctor Martín Carballo, en un ponencia que presentó ante los presentes donde enfatizó que no podían impedir la transmisión materno infantil del VIH porque no hay fórmulas lácteas para los hijos de las madres con VIH, “todo esto aunado a una situación de hambruna en nuestro país que hace que todas nuestras pacientes amamanten a sus hijos”.
Carballo inició su ponencia diciendo que fue a plantear problemas y no una solución. Señaló que Venezuela fue el segundo país en América Latina (en el año 1998) en tener acceso al tratamiento antirretroviral (ARV) para todos los pacientes. “Hasta el 2011 íbamos muy bien con tratamientos novedosos, pero desde entonces hemos ido decayendo en la calidad de nuestros servicios. En los últimos años, sólo se ha incorporado Complera”, indicó.

Anunció que aproximadamente 70.000 pacientes están en tratamiento antirretroviral, representando los hombres el 75 % (52.500) y las mujeres el 25 % (17.500). Dijo que en el 2016 se registraron 7.200 pacientes nuevos con tratamiento antirretroviral.

Destacó que las últimas pautas son del año 2012 y que todos los ARV se adquieren por el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Frecuentemente hay fallas por diversos mecanismos, de tres meses, cuatros meses. Esto es terrible para la adherencia del paciente. Nosotros insistimos a nuestros pacientes que no deben abandonar por nada el tratamiento, y ellos nos dicen cómo hacemos si no hay. Eso es lo que vemos todos los días”, resaltó.
El doctor Martín Carballo puso como referencia la Consulta que está bajo su coordinación, para mostrar los ARV que se están utilizando actualmente en el país. La consulta la integran un total de 5300 pacientes, de los cuales la mayoría tienen entre 25 a 49 años de edad, existiendo una relación de hombre mujer de 4 a 1.
“Estamos viviendo los peores momentos de la epidemia en nuestro país, la calidad de atención que brindamos a nuestros pacientes se ha venido deteriorando progresivamente, no contamos con suficiente ARV ni en calidad, ni en cantidad. Hace falta insumos para los diagnósticos y para enfermedades oportunistas. Desde el 2013 no hay insumos para realizar las pruebas de resistencia, desde hace aproximadamente tres años no hay reactivos para realizar pruebas de CD4 y de Carga Viral, llegan muy esporádicamente“, enfatizó.

En su intervención, el doctor Carballo habló sobre un estudio que realizaron en adolescentes y sobre un grupo que considera excluido “los indígenas de la etnia Warao, de la zona del Delta Amacuro que se empezaron a detectar en el año 2011”.
La reunión fue inaugurada por la Presidenta de la Sociedad Interamericana del Sida (IAS), Linda Gail Bekker de Sudáfrica y Mauro Schechter de Brasil. En la misma, fueron presentadas 14 ponencias sobre: Mirando hacia adelante desde AIDS 2016; Repaso del VIH en las Américas; Respondiendo al VIH en entornos complejos, entre otras temáticas. Más de 15 representantes de la Sociedad Civil de América Latina estuvieron presentes en la reunión invitados por el IAS.

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Codevida rechaza utilización de métodos represivos contra centros de salud y zonas residenciales

La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) rechaza las actuaciones de las fuerzas de orden público que han participado en las manifestaciones pacificas desde el 01 de abril, utilizando métodos represivos contra los manifestantes que han afectado centros de salud y zonas residenciales, los cuales
han puesto en riesgo la integridad física y la vida de las familias venezolanas,muchas de ellas con personas en condiciones crónicas que, atrapadas en sus viviendas o siendo atacadas con bombas lacrimógenas y otros artefactos, han sidoperturbadas tanto física como psicológicamente.

El uso desproporcionado y sistemático de la fuerza contra manifestaciones pacíficas es una violación a los derechos humanos y, más aun, el empleo indiscriminado de estos métodos por parte de funcionarios del Estado contra edificios y centros de salud, constituyen ataques a la población civil que compromete a quienes dan las órdenes y las ejecutan y a quienes no lo evitan, en gravísimas lesiones a los derechos humanos, justiciables a nivel nacional e internacional.

Igualmente rechazamos órdenes presuntamente emitidas por órganos del Estado que han prohibido la intervención de organizaciones de protección civil y asistencia médica en los sitios de concentración y recorrido de las manifestaciones, incluyendo la detención arbitraria de personal médico, como ocurrió con el doctor Oscar Noya,
quien voluntariamente se encontraba en el sector de Santa Mónica en la ciudad de Caracas, con la intención de ayudar a los manifestantes, frente a graves riesgos de asfixia, contusiones y heridas de perdigón e incluso de balas.

El control del orden público debe estar en manos de civiles y no de militares, debe regirse por normas nacionales e internacionales de derechos humanos,resguardando el derecho a manifestar pacíficamente sin que ello represente riesgos para la vida o daños a la salud. Es responsabilidad del Estado garantizar todos los manifestantes el acceso a medios de rescate, atención y soporte, oportunos,adecuados y seguros, para la protección de su salud e integridad física, así como garantizar el resguardo de los centros sanitarios y residencias privadas, conforme al derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

En este sentido, deploramos los tres ataques con bombas lacrimógenas contra centros de salud en Caracas contabilizados hasta el momento: el más reciente y preocupante ocurrido el jueves 20 de abril en el Materno Infantil de El Valle obligando a la evacuación de 54 niños ante la asfixia provocada por dichas armas de dispersión. La Policlínica Las Mercedes y el Centro Salud Chacao fueron las primeras instituciones en sufrir los embates de la armas de control público el 10 de abril.

Además, exhortamos al Gobierno a garantizar la seguridad de los pacientes que se encuentren en todos los centros de salud, así como el cese de las órdenes que impiden la intervención de organismos de rescate durante las manifestaciones, y las amenazas emitidas contra el grupo de Primeros Auxilios de la Escuela de Medicina
de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

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35 ONGs rechazan la usurpación de funciones y abuso de poder del Poder Judicial en Venezuela

Las organizaciones de la Sociedad Civil venezolanas que trabajan en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) que suscriben este documento, manifiestan:

1. Que el día 21 de abril de 2017, fueron presentados ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, un grupo de treinta y ocho (38) ciudadanos, de los inicialmente cuarenta y dos (42) detenidos el día 19 de abril de 2017, detenciones estas, producto de una serie de ilegales e inconstitucionales “redadas”, ejecutadas por la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Nueva Esparta, en las inmediaciones de la ciudad de Porlamar.

2. Que durante su detención y previo a la audiencia de presentación, las personas detenidas no tuvieron acceso de manera absoluta, a sus familiares, a sus abogados, a medicinas, así como a hidratación y alimentación oportuna y balanceada. El Tribunal de la causa permitió el contacto con sus abogados solo a algunas de las personas detenidas, treinta (30) minutos previos a la referida audiencia.

3. Que durante el desarrollo de la audiencia de presentación, el Ministerio Publico Venezolano, en el estricto proceso de sus competencias, encontró vicios en la sustanciación del expediente que evidenciaban graves violaciones a los derechos fundamentales, que afectan de nulidad absoluta las actuaciones de los organismos actuantes, tales como que la imposición de los derechos del imputado y la correspondiente sustanciación del expediente correspondió a un organismo distinto al que practicó la detención, rompiéndose así con la posibilidad de evidenciar una pretendida “flagrancia”; así como que nunca quedo demostrada la comisión de delito alguno, siendo inútil entonces, la persecución penal hacia un hecho que nunca se cometió.

4. Que motivado a ello el Ministerio Publico Venezolano, y en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 285 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó la NULIDAD de todas las actuaciones presentadas y la correspondiente LIBERTAD PLENA de absolutamente todas las personas detenidas, y que inclusive estas depusieron en la respectiva audiencia e hicieron evidentes a la vista del ciudadano Juez los maltratos infligidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Nueva Esparta; funcionarios estos que a su decir las sometieron a tratos crueles e inhumanos, robándoles a la gran mayoría sus efectos personales.

5. Que a pesar de ello, y siendo que en estricto sentido constitucional y legal, la facultad de ejercer la acción penal es responsabilidad EXCLUSIVA del Ministerio Público , el juez del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, abogado Roberto Morillo Lara, USURPANDO FUNCIONES PÚBLICAS y en un evidente ABUSO DE PODER, decidió IMPUTAR por su propia cuenta los delitos de Daños Agravados e Instigación Pública, sometiendo a las treinta y ocho (38) personas detenidas al rigor de una medida cautelar sustitutiva de la privación de la libertad, como lo es la presentación de dos (2) fiadores, convirtiéndose tal situación en una PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD de tales ciudadanos, toda vez que los somete a un proceso inexistente e irrito, haciéndolos permanecer injustamente presos en el Comando de Guardia Nacional Bolivariana 71, en tanto y cuanto ese tribunal encuentre satisfechos los extremos para ordenar su libertad condicionada.

Por todo lo antes expuesto, y amparados en nuestro deber de respetar y hacer respetar nuestro ordenamiento jurídico, decidimos RECHAZAR de manera clara y contundente la subversión del orden legal establecido en nuestro país, la cual ejecutó arbitraria y dolosamente el Juez Roberto Morillo Lara, en perjuicio de treinta y ocho (38) ciudadanos, convirtiéndose así este hecho en una inaceptable violación al derecho a la defensa, debido proceso y libertad personal, así como una desviación, que de no ser solventada de manera inmediata, se constituye en una develada ruptura del orden constitucional, al asumir el Poder Judicial competencias de exclusiva responsabilidad de otro poder, como lo es el Poder Ciudadano del cual es parte integrante el Ministerio Publico Venezolano.

Por lo tanto, hacemos un enérgico llamado a la ciudadana Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, al ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, para que de manera inmediata se tomen las medidas que hagan cesar esta privación ilegítima a la libertad de estos treinta y ocho (38) ciudadanos, se abran las correspondientes averiguaciones penales y administrativas que permitan someter al imperio de la ley a todos aquellos funcionarios que han propiciado y facilitado este acto violatorio derechos humanos y los principios de nuestro estado democrático y social de derecho y de justicia.

Suscriben este manifiesto:
1) A.C. Llamado a la conciencia vial
2) A.C. Nueva Esparta en Movimiento
3) Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
4) Acceso a la Justicia
5) Asociacion Civil Fuerza, Unión, Justicia; Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
6) Asociación Neoespartana Para La Integración Del Autista (ANOSEPIA)
7) Asociación Venezolana para la Hemofilia
8) CDH-UNIMET
9) Centro de Animación Juvenil
10) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
11) Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
12) Civilis Derechos Humanos
13) Coalición Clima21
14) Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure
15) Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Mérida
16) Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Táchira
17) Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
18) Convite
19) Espacio Público
20) EXCUBITUS Derechos Humanos en La Educación
21) Funcamama
22) Fundación Nueva Mujer Margarita
23) Fundación Venezolana para la Ingeniería Ecológica
24) Foro Penal – Capítulo Nueva Esparta
25) Movimiento Vinotinto
26) Opción Venezuela A.C.
27) Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)
28) Organización StopVIH
29) Programa Venezolano de Educación y Ación en Derechos Humanos (PROVEA)
30) Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM)
31) Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)
32) Red Ara
33) Sinergia
34) Sociedad Hominis Iura
35) Una Ventana Por La Libertad

En la ciudad de Porlamar, a los 24 días del mes de abril del año 2017.-

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Ipys Venezuela cuenta cómo fue la cobertura de los medios #19A: Operativo desinformación

  • Magazines matutinos, cobertura Antigolpe y el Chavo del 8 coparon los medios venezolanos mientras en las calles asesinaron a tres personas durante las protestas.

Indira Ramírez / Mariengracia Chirinos. Equipo de IPYS Venezuela

Una hora y treinta y tres minutos de duración tuvo la cadena presidencial el 19 de abril de 2017, día de los 207 años del grito de independencia nacional. La alocución de transmisión obligatoria para los medios audiovisuales cerró una jornada de censura en la televisión venezolana e impuso el discurso oficial como única voz. Mientras tanto, en las calles de los 24 estados se registraban manifestaciones por la crisis institucional, que concluyeron con el asesinato de tres personas y la detención arbitraria de más de 500 manifestantes.

Antes de las 3:07 de la tarde, hora en la que inició la cadena, los medios estatales bajo la batuta de Venezolana de Televisión (VTV) transmitieron de manera ininterrumpida, desde las 9 de la mañana, la manifestación convocada por Nicolás Maduro en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas. Nada fuera de ese evento tuvo cabida en la televisión pública venezolana. Los medios privados hicieron el coro a la televisión oficial en distintos momentos del día, especialmente el canal Globovisión, con enlaces esporádicos con la señal de VTV.

Después de la cadena presidencial, a las 4:42 de la tarde, continuó la normalidad: Venevisión recapituló la serie El Chavo del 8, Televen un capítulo del show “Se ha dicho”. VTV siguió con su operativo anti-golpe y Tves -en la señal del canal 2, antiguo RCTV- retransmitió “Hechizada”.

Los medios privados, se inclinaron por la transmisión en día feriado de su programación habitual: magazines matutinos, series extranjeras y bloques de novelas, ajenos la mayor parte del día (entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde) a la manifestación opositora que salió de 26 puntos de la ciudad de Caracas, con el propósito de llegar a la Defensoría del Pueblo para denunciar la anulación del parlamento por parte del TSJ, exigir al gobierno presentar el calendario de elecciones, así como la apertura de un canal humanitario y la liberación los presos políticos.

La desinformación a la carta de los canales privados Venevisión y Televen impidieron al ciudadano conocer lo que ocurría en las calles de un país que en las últimas semanas ha visto alterada su cotidianidad por la agudización de la crisis institucional y política, que tiene su reflejo en las protestas ciudadanas.

A las nueve de la mañana, cuando la movilización oficialista se desarrollaba en el distribuidor La Bandera, la parroquia Caricuao, Agua Salud y la Avenida Urdaneta, de acuerdo a las cámaras fijas del canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), otras avenidas de Caracas se encontraban militarizadas, los accesos hacia el centro de la ciudad donde descansa la sede la Defensoría del Pueblo bloqueados por las fuerzas de seguridad, el Metro de Caracas mantenía desde las 5 de la mañana el cierre de 19 de las 30 estaciones del sistema, y el transporte público prestaba sus servicios de forma parcial. Sin embargo, los principales canales privados de televisión tenían al aire su programación de variedades, y el canal de información Globovisión realizaba en ese período enlaces esporádicos a la señal de VTV. Este panorama presentado por la televisión nacional no varió mucho a lo largo del día.

A las 10:55 de la mañana Globovisión se enlazó una vez más a la señal de VTV para mostrar la algarabía oficial. Venevisión transmitía Portada’s y Televen la serie juvenil “Austin y Ali”. En ese mismo momento se comenzaba a viralizar en las redes sociales, como información no confirmada, que un joven estaba herido de bala por presuntos civiles armados en la Plaza La Estrella de San Bernardino, uno de los puntos de la concentración opositora.

Este hecho no fue mencionado por los medios del Estado, centrados en cubrir la convocatorio oficialista. Venevisión minutos después de las 11 de la mañana emitió un avance informativo con declaraciones que un día antes hizo el ministro para la defensa Vladimir Padrino López. Mientras, Globovisión, citando la nota de su portal web, hizo una mención superficial a la situación en San Bernardino. Dijeron que fue “dispersada la manifestación” y un joven habría resultado herido.

Alrededor de las 11:45 minutos Televen realizó un avance informativo desde la Clínica El Ávila, donde por vía telefónica se confirmó que el joven había sido herido de bala y era intervenido quirúrgicamente.

Más tarde familiares y medios de comunicación digitales confirmaban la muerte del joven a manos de personas no identificadas a bordo de motocicletas, que dispararon en dirección a los manifestantes. Carlos José Moreno Barón, de 17 años, declararon sus familiares, no participaba en la manifestación e iba de paso, camino a un juego de fútbol.

Las declaraciones del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, el defensor del Pueblo, Tareck William Saab y el diputado y secretario del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup dando sus puntos de vistas de las manifestaciones también tuvieron su aparición en la agenda noticiosa de los medios de comunicación nacionales ese día. La voz ciudadana estuvo ausente de esta cobertura.

La represión con bombas lacrimógenas contra la marcha opositora, que avanzaba en Bello Monte y Chacaito, comenzó justo cuando los canales privados transmitían el último bloque de las novelas de la una de la tarde y Vladimir a la 1, en Globovisión, cerraba su entrevista con el excandidato presidencial Claudio Fermín. En contraste, las cadenas de noticias internacionales El Tiempo Televisión de Colombia -canal 773- y Todo Noticias de Argentina -canal 716-, que transmitían en vivo la jornada de protestas en las calles de Caracas hasta que alrededor de las 2:30 de la tarde, fueron repentinamente censuradas de la señal de Directv Venezuela, una de los servicios de TV por suscripción de mayor alcance en el país.

La acción de la PNB y la GNB impidió una vez más que la manifestación llegara a su destino y obligó a muchos manifestantes a cruzar el caudal del río Guaire, canal de aguas negras de la capital del país, para escapar de la represión con gas pimienta. Las novelas continuaron hasta que fueron interrumpidas por la cadena presidencial.

Junto con Carlos Moreno, el 19 de abril de 2017 en Venezuela fueron asesinadas por disparos de bala dos personas más en el contexto de las manifestaciones: Paola Ramírez (24), en San Cristóbal, y Niumar José Clemente Barrios, funcionario de la GNB, en San Antonio de los Altos, ciudad ubicada en las adyacencias de Caracas. Ese día 521 personas fueron detenidas por manifestar de acuerdo a un balance de Foro Penal Venezolanol y se registraron 136 manifestaciones pacíficas en los 24 estados del país, cifra del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Estos incidentes no fueron televisados.

La radio estuvo de día festivo

La radio se quedó de júbilo el día de la firma de la independencia de Venezuela. Este 19 de abril privó el silencio en un día de asueto nacional. El descanso fue forzado y se impuso por encima del interés noticioso e informativo a propósito de las movilizaciones de sectores de la oposición y oficialistas.

A lo largo del día, la mayoría de las emisoras de Caracas evitaron la cobertura y se negaron a informar sobre las 136 manifestaciones pacíficas que se registraron en el país, de acuerdo a los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Mientras funcionarios policiales, militares y colectivos armados reprimían las protestas ciudadanas, en las que murieron tres personas, la realidad en el ecosistema radial de Caracas parecía ser otra. Las parrillas estaban llenas de música y cuñas publicitarias, como cualquier día de asueto. Al menos 30 de las 34 estaciones que IPYS Venezuela monitoreó entre las 5 y 6 de la tarde, no informaban sobre los hechos violentos que ocurrieron en diversos estados del país.

A esa hora, Actualidad 90.3 FM, emisora privada del circuito Unión Radio, era la excepción. Mantuvo su programación habitual a diferencia del resto de las emisoras de la misma corporación, con espacios informativos y de opinión, que a lo largo del día dieron cuenta de lo que ocurría en las calles, a través de contactos en vivo con sus corresponsales en las principales ciudades del país.

Los espacios de entrevistas de esta emisora abrían sus micrófonos para que opositores y oficialistas dieran su visión de los hechos. Informaron sobre sucesos de represión y uso de bombas lacrimógenas por parte de los cuerpos de seguridad como medida de dispersión de las protestas. También, hubo voceros de partidos políticos que informaron sobre la agenda de exigencias y movilizaciones, así como activistas de organizaciones no gubernamentales que relataban la situación de derechos humanos.

Mientras el zapping avanzaba solo se encontraban tres emisoras más que referían las movilizaciones de calle. La señal de Radio Nacional de Venezuela era un amplificador de los mensajes oficiales y tenía un “Operativo especial antigolpe”. La transmisión salía por las ondas de 91.1 FM, y se retransmitía por 101.1 FM, cuya gestión la tiene el medio comunitario Radio Libre Negro Primero. A las 5:30 de la tarde, acompañado por la fanfarria militar, el locutor de guardia exclamaba en nombre de los simpatizantes oficialistas: “Hoy salimos a la calle todos los que creemos en el proceso revolucionario a defender la patria”. También justificaba las movilizaciones a favor del gobierno, como si se tratara de una guerra.

La programación avanzaba, y se repetía a través de esta señal de la principal estación de servicio público del Estado, la cuña “Mi voto es por Maduro”. Más temprano, a las 2 de la tarde, la ventana de RNV servía de tribuna para que Pedro Carreño, diputado del parlamento por el Partido Socialista Unido de Venezuela, defendiera la revolución y justificara el plan “antigolpe” que promovió el gobierno para tratar de restringir las manifestaciones ciudadanas.

Las imágenes y las incidencias de la manifestación opositora censuradas en la pantalla nacional fueron reflejadas en las portadas de los 10 diarios nacionales monitoreados por Ipys Venezuela. El Nacional, El Universal, 2001, El Informador de Lara y el diario La Voz publicaron grandes fotografías de las manifestaciones y destacaron la jornada como cívica. Otros diarios como Notitarde, El Clarín y Últimas Noticias, de tendencia oficialista, privilegiaron el discurso gubernamental. La Voz y El Informador de Lara pusieron el foco en los asesinatos y detenciones durante la jornada de protesta en la que también se puso cortapisas a la labor periodística con acciones de hostilidad, intimidación, intoxicación por gases lacrimógenos, robos, agresiones físicas y ataques contra los medios de comunicación social, perpetradas en su mayoría por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales.

Al menos 19 trabajadores de la prensa resultaron afectados por estas acciones, de acuerdo al registro de IPYS Venezuela. Ese día, 18 casos de violaciones a la libertad de expresión e información ocurrieron en el país, entre ellos un ataque a la sede del diario Nuevo Día en el estado Falcón y la detención de un periodista en el estado Nueva Esparta por ejercer su labor, horas después fue dejado en libertad.

A lo largo del día usuarios de internet reportaron a IPYS Venezuela lentitud en la conectividad y en las regiones se denunciaron interrupciones del servicio o fallas que impedían la carga de elementos multimedia y la normal interacción en redes sociales. Situación que incrementó la zozobra y la desconexión.

La desinformación, mientras tanto, corrió por las calles de Venezuela y los ciudadanos sufrieron las consecuencias con rumores y noticias falsas que compartían los ciudadanos en las redes sociales y servicios de mensajería de texto.

Publicado por IPYS VENEZUELA 

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Ante los hechos ocurridos en el estado Nueva Esparta en el marco de la protesta ciudadana del 19 de abril de 2017

Las organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) que suscriben este documento, manifiestan:

Resulta inaceptable que las cuarenta y dos (42) personas que fueron privadas de su libertad por las fuerzas de seguridad del Estado en los eventos ocurridos el pasado 19 de abril de 2017 en el estado Nueva Esparta, permanezcan hasta ahora incomunicadas, sin acceso a sus familiares ni a sus abogados o defensores, como es su derecho constitucional, siendo además alimentadas y medicadas irregularmente.

Vale destacar que entre las personas que han sido privadas de su libertad por ejercer su derecho constitucinal a protestar, hay menores de edad, personas de tercera edad, hombres y mujeres que padecen condiciones crónicas de salud, incluyendo personas que han sido brutalmente agredidas física y verbalmente por funcionarios de seguridad del Estado venezolano.

La situación antes descrita evidencia vicios en el procedimiento que se está llevando a cabo y es violatoria de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que protegen los DDHH de los ciudadanos venezolanos, referidos a la privación de libertad y al debido proceso[1]

A todas luces, los mecanismos de coacción que se ejecutan actualmente resultan inadmisibles, no solo para nuestras organizaciones y para quienes defendemos, víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de órganos del Estado venezolano; los propios jueces y fiscales deben negarse a convalidarlos por ser contrario a la Constitución y a la legislación venezolana vigente.

La ciudadana Defensora Delegada en el estado Nueva Esparta, María Luisa Rodríguez, no ha hecho acto de presencia en el Comando de la Guardia Nacional de Los Cocos en Porlamar, lugar donde se encuentran detenidas las personas, aun cuando su obligación es velar por el respeto de los derechos de todos los venezolanos.

Hacemos un fuerte llamado a la ciudadana Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; al ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y, a todas las autoridades con competencia en la materia, a que tomen las medidas para que los procedimientos se realicen debidamente apegados al derecho venezolano y al derecho internacional de los DDHH.

Suscriben este manifiesto:

AC Llamado a la Conciencia Vial

AC Nueva Esparta en Movimiento

Foro Penal Nueva Esparta

Fundación Nueva Mujer Margarita

Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica

Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción

Organización StopVIH

 

En la ciudad de Porlamar, a los 21 días del mes de abril del año 2017.-

_________________________________________

[1] Artículo 44. °

  1. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza

Artículo 46. °

  1. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Artículo 49. °

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

  1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
  2. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

 

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