IPYS: Venezuela ha rechazado solicitudes del alto comisionado

  • Venezuela pasará a revisión nuevamente en 2021. Las organizaciones de la sociedad civil inician ahora un proceso de seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado venezolano
  • Las denuncias de violaciones a derechos civiles y polìticos fueron reiteradas en esta sesión por Amnistía Internacional, Human Right Watch, Cofavic y Civicus

La mañana de este jueves 16 de marzo finalizó para Venezuela el 2º ciclo del Examen Periódico Universal con la adopción de 193 recomendaciones sobre derechos humanos y el rechazo de otras 81 por -considerarlas el Estado venezolano- como tergiversadas y basadas en falsos supuestos.

El último encuentro entre el Estado venezolano, las misiones diplomáticas y las organizaciones de la sociedad civil en el marco del mecanismo universal de revisión se centró en la vulneración y preocupaciones internacionales por el pleno cumplimiento del derecho a la salud y el derecho a la alimentación, la independencia judicial, la situación de los defensores de DDHH y las visitas de las misiones de las oficinas de Naciones Unidas al país, que no se realizan desde el año 1996.

La delegación venezolana encabezada por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, destacó en su discurso el compromiso del gobierno de Nicolás Maduro para garantizar derechos económicos y sociales y la protección a poblaciones vulnerables y reiteró el ya tradicional discurso gubernamental sobre los supuestos actos de sabotaje y “acciones que rayan en el terrorismo” como amenazas a la realización plena de los derechos fundamentales.

Sin embargo, las prerrogativas civiles y políticas de la población fueron relegadas por el Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil que lograron entrar en el derecho de palabra en la sesión recordaron al gobierno venezolano su compromiso para garantizar la plena vigencia de estos derechos, piedra angular de la democracia y el estado de derecho.

Amnistía Internacional, Human Right Watch, Cofavic y Civicus cuestionaron que Venezuela haya rechazado recomendaciones sobre la liberación de los presos políticos y de conciencia, las visitas técnicas de las oficinas de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado, las libertades para el ejercicio de los derechos a la manifestación, asociación y libertad de expresión y la creciente militarización de las fuerzas de seguridad y las políticas de seguridad ciudadana.

Las organizaciones mostraron su preocupación por la gravedad de la crisis venezolana y demandaron al Estado aceptar la cooperación internacional para superar la escasez de alimentos y medicinas.

Los defensores de derechos humanos continúan siendo víctimas de persecución en Venezuela. Aunque Venezuela aceptó la mayoría de las recomendaciones sobre libertad de expresión en la práctica continúa siendo un desafío el ejercicio pleno de este derecho. Estamos preocupados porque Venezuela haya rechazado la recomendaciòn sobre la liberación de los presos políticos, especialmente la liberación de Leopoldo López, hecha por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y la independencia de la justicia, asì como las recomendaciones para que el Estado venezolano desista de sus denuncia a la Corte IDH, fueron algunas de las expresiones de Amnistía Internacional. En similar tono se pronunció Feliciano Reyna de Civicus, en representación de 170 organizaciones de DDHH venezolanas.

Reyna destacó en su minuto y medio de intervención: “Lamentamos la falta de cooperación del Estado venezolano con la oficina del Alto Comisionado y la iniciativa de invitar a oficinas especiales de DDHH. Nos preocupa el consecuente quiebre del Estado de derecho y las libertades democráticas. Las libertades civiles, la manifestación pacífica y la reunión  están seriamente restringidas. Periodista, estudiantes y  polìticos son sometidos a persecución y personas detenidas son sometidas a tratos crueles. el Servicio Nacional de Inteligencia debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles. El 82%de la población viven en pobreza, 1 de cada 5 niños presentaron malnutrición,  75% de los hospitales están sin insumos, 4 millones de personas no tienen acceso a la medicina que su patología requiere. Venezuela debe aceptar la cooperación internacional para evitar daños irreparables y pérdidas de vidas, especialmente poblaciones vulnerables”.

Vea aquí la sesión final del EPU 2016 para Venezuela: 

Venezuela estuvo acompañada de la mayoría de intervenciones de Estados aliados que saludaron la adopción de más del 60% de las recomendaciones. Pakistán, Filipinas, Rusia, Bielorrusia, Cuba y Bolivia fueron algunas de las opiniones complacientes con la postura oficial.

El Reino Unido y Estados Unidos manifestaron, por su parte, descontento por la no adopción de las recomendaciones sobres libertades democráticas que realizaron al Estado venezolano y convocaron al Estado a realizar las elecciones de gobernadores prevista para el 2016 e iniciar un diálogo que incluya a todos los sectores de la población.

El EPU es una revisión complementaria que realizan los Estados a sus pares para monitorear el cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos. La alta participación de Estados en el EPU Venezuela 2016 muestra el retroceso en la materia y la preocupación internacional por la vigencia de los derechos en el país.

El EPU tiene una frecuencia cuatrianual. Ahora las organizaciones civiles inician un ciclo de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, que tendrá nuevamente que presentar examen en 2021.

Los 20 minutos dados a las organizaciones en esta sesión final del EPU no alcanzaron para que Ipys Venezuela hiciera su declaración en la sala de Consejo de Derechos Humanos. Compartimos con ustedes nuestra declaración a continuación:

Ipys Venezuela invita al Estado a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y la Red Internacional de Derechos Humanos saludan la participación de Venezuela en el examen periódico universal.

La libertad de expresión se encuentra  entre las tres principales preocupaciones de los Estados  que formularon  recomendaciones a Venezuela en su examen ante el grupo de trabajo.

Esta preocupación se desprende de informes  presentados por  la sociedad civil, que    denuncian  un contexto  restrictivo para el ejercicio de la libertad de prensa, expresión   y  opinión, que afecta a  periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y al ciudadano  en general.

Con espíritu de diálogo,  invitamos al Estado a implementar  las medidas necesarias para  garantizar la libertad de expresión y de opinión, como una de las piedras angulares de toda democracia.

Abogamos para que  el Estado venezolano  profundice  su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos  y las diferentes  instituciones  de las Naciones Unidas.

Invitamos a Venezuela a expedir una invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales,  como  lo han hecho otros Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y a recibir prontamente la visita del relator sobre la  libertad de expresión  y opinión y de  los defensores de derechos humanos.

Por otra parte, creemos que es necesario emprender acciones para garantizar el libre  acceso a la información pública. Periodistas y ONG solicitan la difusión  de  estadísticas oficiales y  la posibilidad  de  consultar  documentos públicos, que generarán  un mayor espacio de  transparencia. Por ejemplo  la publicación  de los indicadores de inflación   del 2016, la actualización de  las cifras sobre  mortalidad y de epidemiología las Memorias, informes de gestión del 2016.

Exhortamos al Estado a dar cumplimiento a las recomendaciones  que le fueron realizadas por  el Comité de Derechos Humanos en 2015, referidas a:

1.- Garantizar un acceso real y efectivo para el derecho al acceso a la información pública.

2.- Eliminar las sanciones penales por el ejercicio de la expresión, principalmente, el  delito de difamación

3.- Ofrecer protección efectiva a periodistas y defensores de DDHH que sean objeto de actos intimidatorios.

Declaración de la International Lesbian and Gay Association EPU – República Bolivariana de Venezuela

Declaración en Sesión Final del EPU a Venezuela
Leída por: Diana Carolina Prado Mosquera

Esta declaración se hace en colaboración con Unión Afirmativa y ACCSI miembros de la Red LGBTI de Venezuela.

En 2011, durante el primer ciclo del EPU el Estado venezolano admitió no haber implementado medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex; y aceptó la recomendación de Canadá en cuanto a consolidar tanto en la ley como en la práctica, los derechos de personas con orientación sexual e identidad de género diferentes. No obstante, esto no se tradujo en acciones concretas.

Durante el segundo ciclo, Venezuela recibió 4 recomendaciones de Israel, España y Sudáfrica. Lamentamos que el Estado haya tomado nota de las recomendaciones de España e Israel que buscaban proteger el derecho a la identidad de las personas trans; despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo en las fuerzas armadas y el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, pues de haber sido aceptadas y posteriormente implementadas Venezuela estaría dando un paso más para garantizar la igualdad de las personas LGBTI.

Recibimos con agrado el compromiso voluntario del Estado en esta materia. Esperamos estas medidas sean adoptadas e implementadas en el corto plazo, así como las recomendadas por los diferentes comités de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sr. Presidente:

En aras de dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el segundo ciclo a Venezuela solicitamos la creación de un instrumento legal que sancione los actos de discriminación en el país, una Defensoria Especial de protección a personas LGBTI; creación e implementación de campañas contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género en todos los medios de comunicación. La implementación de programas de formación a empleados públicos para el trato respetuoso a todas las personas apegado a los derechos humanos. Eliminar las barreras que impiden a personas transgénero la adquisición de alimentos.

 

La implementación de programas de educación sexual laica, científica, con perspectiva de género y con enfoque en derechos humanos en todos los niveles y trabajar en la prevención del acoso escolar.

 

Igualmente, solicitamos que se tomen las medidas necesarias para prestar servicios médicos públicos y privados con tratos diferenciados y respetuosos para las personas LGBTI; y garantizar la entrega de medicamentos a las personas portadoras de VIH.

 

Recomendamos al estado abstenerse de utilizar argumentos culturales y religiosos para eludir el cumplimiento de la ley e impedir a las personas LGBTI el ejercicio de sus derechos; así como intentar someter a opinión de las mayorías los derechos de las minorías.

 

Muchas gracias Sr. Presidente

Transparencia Venezuela presentó al país el Presupuesto Nacional 2017 aprobado vía decreto por el TSJ

Hasta ahora fue tratado como secreto de Estado por el Gobierno

El Poder Ejecutivo manejará 97% del presupuesto y el resto de los poderes únicamente 3%.

Al aparato comunicacional del gobierno se le asignó 2,1%, más recursos que para electricidad, agua y transporte juntos. El Tribunal Supremo recibirá 1,29% del Presupuesto de la Nación, la Fiscalía General 0,3%, y la Contraloría 0,06%.

Caracas, 23.2.2017. Para 2017 el decreto de presupuesto totaliza 8,48 billones de bolívares, que si bien frente a 5,64 billones de bolívares de 2016 (con créditos adicionales) significaría un incremento de 451%, con la inflación estimada en 522% (CENDAS) la variación es de -75.85%. Este presupuesto alcanzaría hasta abril.

El precio del barril de petróleo fue estimado en 30 dólares y proyectan que generará 276.388 millones de bolívares que equivale solo a 3,26% del presupuesto, el aporte más bajo que ha hecho el crudo en los últimos años. La ONG pregunta a qué será destinará el dinero que genera PDVSA, si en 2015 reportó dividendos por 48 mil millones de dólares.

Asimismo, los ingresos no petroleros suman 8.034.681 billones de bolívares, lo que representa 96,74% del presupuesto. El impuesto al cigarrillo aportará 412.300 millones de bolívares, es decir 1,5 veces la contribución del petróleo y junto al tributo que deben pagar los licores, 217.000 millones de bolívares, totalizan más de dos veces el aporte de la renta petrolera. Los aportes no petroleros más importantes serán vía Impuesto al Valor agregado, que contribuirá con 3.719 millones de bolívares y el Impuesto Sobre la Renta, con 1.473 millones de bolívares.

Otra materia sobre la cual se levanta una alerta es la cantidad de recursos que se le destinaron al aparato comunicacional del gobierno: 189.620 millones de bolívares, Mientras que para los servicios públicos que incluye electricidad, agua y transporte fueron 156.579 millones de bolívares, es decir se ordenó entregar 21% más recursos para la propaganda gubernamental que para brindar atención a la población a través de servicios de calidad con Hidrocapital, Corpoelec, Metro de Caracas, Metro Los Teques, Metro Valencia y Metro Maracaibo, Trambercar en Barquisimeto, Tromerca en Mérida, Ferrocarriles y Fontur.

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Almagro: “Es imposible pensar en un futuro para Venezuela sin devolverle la soberanía al pueblo”

Artículo 20 Carta Democrática

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21 Carta Democrática

Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

Este martes 14 de marzo, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro hizo llegar a la Organización su informe actualizado sobre Venezuela en el marco de la crisis que vive el país.

#Venezuela hay ruptura total del orden democrático. La salida es que pueblo pueda decidir su destino #InformeOEAVzla https://t.co/iiZ0SRyypr

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 14 de marzo de 2017

Los hechos no dejan lugar a dudas. #Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática #InformeOEAVzla https://t.co/iiZ0SRyypr

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 14 de marzo de 2017

Hoy hice llegar a Presidencia de Consejo @OEA_oficial la actualización del #InformeOEAVzla. Acá el documento: https://t.co/iiZ0SRyypr pic.twitter.com/csRQl0s0ih

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 14 de marzo de 2017

Este informe cuyo contenido el propio diplomático lamenta por ser “abundante en atropellos, en vulneración de derechos, en cercenamiento de libertades civiles, políticas y electorales, en pobreza, en hambre, en privación de libertad, en tortura, en censura y en todo el catálogo de violaciones de la dignidad política, social y personal”, está orientado a solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana basada ya no en el artículo 20, como lo fue el año pasado sino en el artículo 21 debido a que no se han logrado avances para la solución de la crisis. “La negación persistente del Gobierno venezolano y su incumplimiento absoluto de lo acordado han hecho fracasar sistemáticamente en la práctica la vía de las gestiones diplomáticas y los buenos oficios prevista en el artículo 20 de la CDI. Ha cerrado y agotado de hecho la perspectiva de todo camino diplomático en este sentido.”

A pesar de las dificultades, lo anterior no significa que las vías diplomáticas se cierran ni que la comunidad internacional dirija la mirada hacia otro lado y renuncie a la solidaridad entre los pueblos, de hecho Almagro insiste:

Se trata de un fracaso que no únicamente -y no principalmente- cierra en las bruces de la comunidad interamericana la posibilidad de interceder, sino que -sobre todo- condena a la gente de Venezuela al desmantelamiento absoluto de la democracia y el sistema de derechos y al derrumbe total de las condiciones humanitarias, económicas y sociales.

Pese a toda la falta de resultados hasta el momento, estoy, sin embargo, convencido de que la OEA, como baluarte del Sistema Interamericano y de sus valores democráticos, aún tiene la posibilidad de influir sobre la realidad venezolana.

Pocas sanciones morales y políticas más fuertes existen para los gobernantes de un país que la mirada y las medidas que puedan tomar sus pares. En un continente signado por la solidaridad democrática, que todos nuestros países asumieron como derecho positivo al firmar la Carta Democrática Interamericana, el instrumento más fuerte que existe es la reprobación de los pares. No sólo por su valor internacional. Sino principalmente por la deslegitimación interna que para un gobierno que vulnera derechos implica la censura colectiva de sus pares del Hemisferio.

No existe en la historia cercana de los países del Sistema Interamericano que un dictador haya triunfado contra la voluntad colectiva de los países democráticos. Somos el continente que, en su historia reciente, se enorgullece de hacer de la democracia su bandera y de haber cerrado el paso -desde la aprobación de la CDI, a cuanto dictador ha intentado perpetuarse como gobernante y regir los destinos de su pueblo.

Este documento refleja la indignación del Secretario General de la OEA ante las graves irregularidades del gobierno venezolano en ejercicio, pero sobre todo reivindica la solidaridad como un valor social capaz de lograr grandes cambios:
Tengo para mí, con total certeza, que comparto con los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas que éste es el continente que cree que Videla, Gregorio Alvarez, Pinochet, Fujimori, Pérez Jiménez, Noriega, Trujillo, los Duvalier, Stroessner, Somoza y tantos otros no son tan sólo un pie de página sino que tienen una dimensión trágica en la historia de nuestros países. Ese es el destino de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es nuestro trabajo librar a cualquiera de nuestras naciones de esos infortunios a partir de la solidaridad interamericana.
Asimismo, el escrito plantea la urgencia de que sean aplicadas las sanciones diplomáticas al gobierno de Venezuela. Para Almagro ya no hay tiempo que seguir perdiendo frente al deterioro sistemático y acelerado de las condiciones de vida del pueblo:
Intentar replicar ejercicios de mediación, gestiones diplomáticas, buenos oficios, misiones al terreno a través de nuevas configuraciones, mediadores u otras personalidades sólo daría nuevamente al Gobierno la oportunidad de ganar tiempo para mantener sus privilegios, al tiempo que prolongaría la miseria de la gente y el aplastamiento de sus derechos. Estoy convencido de que se trataría de un paso en falso sin otro resultado que un nuevo fracaso. El pueblo venezolano ya no tiene más tiempo para ello. Seria marcar un retroceso al año 2014, implicaría tomar de rehén al pueblo venezolano y a su sufrimiento. 

Recomendaciones

Luego de la descripción detallada de la situación basada en informes de las organizaciones de la sociedad civil y de las propias investigaciones, Luis Almagro hace las siguientes recomendaciones para avanzar en la resolución de la crisis:

  1. Elecciones generales completas a la mayor brevedad con la presencia de observadores internacionales que cumplan con todas las normas internacionales de observación de comicios electorales. Ha quedado atrás el tiempo del referendo revocatorio — la última solución constitucional. Ha habido una ruptura total del orden democrático y la única solución democrática es que el pueblo vuelva a tener en sus manos el poder de decidir su destino. Estas elecciones son imprescindibles para permitir al país regresar a la democracia y al estado de derecho así como para permitir al país implementar las soluciones sociales, financieras, económicas y políticas que necesita. La existencia de autoridades legitimadas por un proceso democrático legitima al país a recibir el apoyo financiero que necesita para reactivar su sector productivo, especialmente el petrolero.
  2. Celebrar nuevas elecciones generales permitirá implementar un sistema eficaz de lucha contra la corrupción tomando como modelos a la CICIG o a la MACCIH. Deberá iniciarse una campaña internacional en gran escala, para investigar el despilfarro de los recursos nacionales y la corrupción generalizada. Los fondos robados al pueblo venezolano deben ser devueltos, una vez que se haya restaurado el orden constitucional.
  3. Hasta tanto ello no suceda será fundamental la continuación de sanciones bilaterales por cualquiera de los países a personas vinculadas al Gobierno o a autoridades del Gobierno involucradas en casos de corrupción o narcotráfico. Cuando el Vicepresidente de cualquier país es objeto de medidas como las implementadas por el Departamento del Tesoro, cuando se le congelan fondos por más de 3.000 millones de dólares – monto que equivale a la mitad del valor de las importaciones de alimentos de Venezuela hace cinco años para que se comprenda adecuadamente la dimensión de la tragedia que existe en Venezuela y el precio en dolor que paga el pueblo venezolano – quedan plasmadas las variables de desestabilización política, económica y social que vive el país por tener autoridades como esas.
  4. La liberación inmediata de todos los presos políticos.
  5. El establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia humanitaria (con énfasis en los alimentos y la asistencia médica) al pueblo de Venezuela.
  6. El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de cada una de las ramas del Gobierno, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución de Venezuela. Estas medidas deben incluir: a. El restablecimiento de los poderes y competencias constitucionales de la Asamblea Nacional; b. El nombramiento por procedimientos constitucionales de los integrantes del Consejo Nacional Electoral; y c. El nombramiento por procedimientos constitucionales de los magistrados del TSJ

INFORME ACTUALIZADO ALMAGRO
Descarga el informe AQUÍ

Primer informe: 30 de mayo de 2016

Recordemos que en mayo de 2016, el diplomático anunció por su cuenta de twitter que había presentado el primer informe sobre Venezuela y que, ademas, basándose en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana invocaba su aplicación al país.

Conforme Artículo 20 invoco la Carta Democrática Interamericana @OEA_oficial #InformeOEAVzla https://t.co/NJ0h7Fuh39 pic.twitter.com/ztjucj32NF

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 31 de mayo de 2016

El informe de 132 páginas hace una descripción detallada de la situación venezolana, abordando los temas: Defensa internacional de la democracia, Alteración grave del orden constitucional, Ética en la política, Situación humanitaria, Indicadores sobre corrupción, Contradicción entre democracia y presos políticos, Separación e independencia de poderes públicos, Democracia y Poder Judicial; Celebración de elecciones periódicas, libres justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo: referéndum revocatorio; Situación de derechos civiles y políticas. Libertad de expresión y prensa; Resumen de la intervención de la señora Ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez Gómez.

Almagro expresa que “…no se puede más que concluir que estamos ante alteraciones graves al orden democrático, tal como se ha definido en numerosos instrumentos regionales y subregionales”. De igual manera, rechazó cualquier posible golpe de Estado o intervención armada.

El documento concluye con varias recomendaciones que el diplomático hace al gobierno de Venezuela, “como resultado de un análisis imparcial, fáctico, basado en hechos y circunstancias fielmente determinadas…Las mismas procuran contribuir a una solución que, como dicho desde el primer momento, debe ser venezolana y entre venezolanos”.

  1. Realización del Referéndum revocatorio: “La eventual realización de esta instancia de consulta popular es una contingencia de la mayor importancia política en el país (y en la región) y como tal debe ser considerada”.
  2. Liberación de los presos políticos.
  3. Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo a resolver la escasez de alimentos y servicios de salud.
  4. Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo a “brindar estándares suficientes de seguridad a sus ciudadanos”.
  5. Respeto y garantía de independencia de poderes.
  6. Nueva integración del Tribunal Supremo de Justicia “dado que la actual integración está completamente viciada tanto en el procedimiento de designación como por la parcialidad política de prácticamente todos sus integrantes”.
  7. Creación de un mecanismo independiente para combatir la corrupción “integrado por expertos internacionales independientes apoyados en el sistema de Naciones Unidas”.
  8. Incorporar a la Comisión de la Verdad el “apoyo técnico y la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

INFORME ALMAGRO 2016
Descarga el informe AQUÍ


Jennifer Peralta
Prensa Provea

Estado venezolano estará ante los ojos del mundo en sesión final del EPU

 

El Estado venezolano debe responder a un alto número de recomendaciones que reflejan la preocupación de la comunidad internacional por el severo, rápido y generalizado deterioro de los derechos humanos en el país.

(Caracas 14/03/2017) El próximo 16 de marzo entre las 4:00 am y 7:00 am hora Caracas, el Estado venezolano deberá demostrar ante los ojos del mundo su postura frente a la adopción de las 274 recomendaciones recibidas durante la sesión de evaluación celebrada en noviembre del 2016.

En el primer examen de Venezuela realizado en el 2011 participaron 47 países, los cuales hicieron 148 recomendaciones al Estado venezolano para mejorar la situación de los derechos humanos. En este segundo examen de 2016, una mayor preocupación de la comunidad internacional se vio expresada al aumentar a 102 los países que participaron y a 274 la cantidad de recomendaciones hechas.

Al comparar ambos exámenes, no solamente en el EPU 2016 hubo mayor abundancia de recomendaciones y participación de países que en el EPU 2011, sino que varias se repitieron dando muestra de que el Estado no avanzó como se hubiera esperado del cumplimiento de sus responsabilidades con los derechos humanos de los venezolanos. En ellas siguieron las preocupaciones por el respeto a la libertad de expresión, la garantía de derechos humanos a las personas privadas de libertad, la ratificación de protocolos en materia de denuncias sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la protección de defensores de derechos humanos, la aceptación de visitas al país por parte de procedimientos especiales y la restitución de la independencia del poder judicial.

Además, el peso que tuvieron recomendaciones expresadas en términos positivos y manifestaciones de apoyo a políticas de carácter social implementadas por el Estado venezolano en el EPU 2011, fue revertido por un número significativo de recomendaciones en el EPU 2016 dirigidas a la urgente adopción de medidas para corregir una crisis profunda y generalizada en materia de derechos sociales, principalmente asociada a las áreas de salud y alimentación.

Es así como las recomendaciones del segundo ciclo del EPU revelan un notable desmejoramiento del cuadro de derechos humanos en Venezuela como resultado de un severo, rápido y generalizado deterioro, a pesar de las exhortaciones y recomendaciones exigidas por los Comités de Naciones Unidas al revisar la situación de Venezuela en seis ocasiones sobre el cumplimiento de convenios y tratados de derechos humanos entre los años 2013 y 2015.

El 16 de marzo significa una oportunidad para que el Estado venezolano demuestre su real disposición a cumplir las obligaciones que tiene en derechos humanos con la población venezolana, aceptando el compromiso de implementar las recomendaciones que los países han hecho en este examen con el propósito de cooperar a mejorar la situación del país.