El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabiliza 6.729 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017 en todo el país, equivalente a 56 protestas diarias.

Esta cifra representa un aumento de 157% con respecto a igual periodo de 2016, cuando se contabilizaron 2.617 manifestaciones.

Las protestas se han extendido por toda Venezuela, tanto en zonas urbanas, rurales, como en sectores populares y residenciales.

Distrito Capital, Miranda, Lara, Táchira y Mérida se mantienen como las entidades donde registran mayor número de actividades.

Asamblea Nacional Constituyente (ANC)

El 30.07.17 se realizaron las elecciones de los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada por Nicolás Maduro el 01.05.17 para reformar el Estado y redactar una nueva Constitución. El proceso electoral estuvo caracterizado por un amplio rechazo de diversos sectores de país. Durante la jornada electoral, el OVCS registró 16 asesinatos de manifestantes y protestas en 22 estados del país.

12 características de las protestas

1. Asistencia masiva de participantes.
2. Manifestantes de diversos sectores socioeconómicos.
3. Protesta sostenida, la calle se consolida como espacio popular, político y social.
4. Escenificadas en todos los estados del país. En zonas rurales y urbanas.
5. Protestas en sectores populares.
6. Protestas espontáneas, principalmente en zonas populares y residenciales, en las últimas semanas.
7. Aumento de las protestas nocturnas.
8. Protestas conectadas con las convocatorias hechas por dirigentes políticos.
9. Fusión de exigencias de derechos políticos y demandas de derechos económicos y sociales.
10. Repunte de saqueos e intentos de saqueo.
11. Repercusión en la esfera internacional. Países, Organismos multilaterales y medios de comunicación.
12. Protestas cerca de los centros de poder.

 Represión y violencia

 Saldo rojo: 157 fallecidos

Con el Plan Zamora se exacerbó la represión y la violencia en Venezuela. Se han registrado extraoficialmente 157 muertes desde el 6 de abril hasta el 31 de julio del presente año. En este lapso el Ministerio Público ha reconocido el fallecimiento de 129 personas.

Las muertes se encuentran distribuidas en 14 estados del país. Distrito Capital, Miranda, Lara y Carabobo concentran el mayor número de víctimas.

Aquí puede consultar el mapa con la reseña y localización de cada caso

El Plan Zamora promueve y consolida acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Milicias Bolivarianas y Colectivos Paramilitares -civiles armados pro gobierno- facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés.

Colectivos paramilitares

Se destaca que en estos 4 meses se registraron acciones violentas de grupos paramilitares en al menos 523 protestas. En la mayoría de las protestas donde se presentaron estos grupos se reportaron heridos de bala, principalmente en el Distrito Capital, Miranda, Táchira, Mérida, Lara, Carabobo, Aragua y Anzoátegui.

Preocupa que en las últimas semanas se registra una mayor presencia de estos grupos durante la represión a manifestaciones, sobre todo en zonas residenciales.

Alertamos que cada vez se hace más compleja la identificación de estos grupos porque, además de operar en conjunto con los representantes de la fuerza pública del Estado, se presume que están empleando indumentaria correspondiente a los organismos de seguridad.

Saqueos e intentos de saqueo

Desde OVCS rechazamos este tipo de protesta violenta que atenta contra el espíritu pacífico de las manifestaciones, la propiedad privada y exigencias democráticas. Los saqueos e intentos de saqueo fueron permanentes durante estos 4 meses, con un registro de 428 casos en todo el país, en los que fueron afectados numerosos establecimientos o transportes.

El OVCS reitera sus exigencias:

• Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas.
• Poner fin a la ejecución del plan Zamora.
• Poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares.
• Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para determinar las responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.
• Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
• Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.

Insistimos al gobierno de Nicolás Maduro que la represión no es el camino para dirimir las diferencias y construir un país.

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

Fuente Provea

Candidatos de una sola tendencia política; ausencia de garantías como la tinta indeleble, suficientes auditorías previas y posteriores al proceso de elección y máquinas captahuellas; falta de observadores internacionales imparciales; uso del carnet de la patria en los centros de votación; campaña mediática falsa sobre afluencia masiva de ciudadanos a las urnas; amenazas a los medios de comunicación que mostraran centros vacíos; fuerte represión contra las manifestaciones de calle con saldo de más de 10 asesinados; prórroga del horario (hasta las 7:30 p.m.) sin electores en cola  y la omisión de votos nulos, son algunas de las numerosas irregularidades detectadas en la escogencia de 545 constituyentes el domingo 30 de julio, que impiden dentro y fuera del país reconocer los resultados anunciados por la presidenta del poder comicial, Tibisay Lucena.

Un duro golpe para los esfuerzos del Ejecutivo por mostrar la normalidad y el éxito del proceso fue la declaración del alto representante de la empresa Smartmatic en Londres, Antonio Mugica, quien advirtió sobre la manipulación de “al menos” 1 millón de votos en las elecciones en dichas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.

“No podemos garantizar resultados de la constituyente, creemos que la data para la elección fue manipulada”, expresó el vocero de la compañía que durante largo tiempo proporcionó la plataforma tecnológica durante los procesos electorales venezolanos y que llevó a catalogar al sistema electoral como el mejor y más confiable del mundo según las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Ejecutivo.

Igualmente la agencia internacional de noticias Reuters reseñó que para la ANC sólo habrían votado 3,7 millones de personas hasta las 5:30 p.m del domingo, cifra muy lejana a los 8,1 millones, que aseguró Lucena se había obtenido al cierre de la jornada.

Y es que ni los adeptos al chavismo avalan los resultados. Un grupo de “colectivos” (grupos paramilitares) protestó el miércoles a las puertas del CNE por la supuesta “exclusión” de sus candidatos. Dirigentes de un partido político afín al gobierno, Patria Para Todos (PPT) también se quejaron, y aun así, el ente comicial entregó ayer las credenciales a constituyentes territoriales electos como Cilia Flores y Delcy Rodríguez, entre otros.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) también documentó que el poder comicial, dirigido por Tibisay Lucena anunció un cronograma “chucuto” para las votaciones del pasado domingo, pues se saltó 14 auditorías y 70 actividades de 100 (capacitación de miembros de mesa, ensamblaje del material electoral, impresión de boletas no válidas para formar al elector, acreditaciones a medios de comunicación social, entre muchas otras), que han antecedido las jornadas electorales en el país, para “blindarlas” y generar confianza en el elector.

Contrario a lo ocurrido con la petición de referendo revocatorio de la oposición el año pasado, el CNE organizó en tiempo récord la consulta de la ANC, sin auditorías previas al sistema (máquinas de votación), sin tinta indeleble luego de la negativa de la Universidad Central de Venezuela (UCV) a suministrarla por el carácter inconstitucional de los comicios y sin oportunidad para que los actores políticos impugnaran el Registro Electoral que sería utilizado ni la publicación de los sub registros electorales por cada sector.

En esas condiciones, llegado el día, el país asistió, votando (aunque en este sentido hubo denuncias de empleados públicos coaccionados so pena de despido), absteniéndose o protestando en la calle, a la consumación del fraude. Los ilícitos se hicieron tan evidentes, que no es casual que el 29 de julio, un día antes de la votación, Tibisay Lucena anunciara la prohibición a la prensa de acercarse a 500 metros de los centros de votación durante los comicios. Por otro lado, los observadores internacionales invitados de Cuba, Bolivia, Nicaragua y del partido Podemos de España, no ofrecieron ruedas de prensa antes ni después del proceso como se acostumbra, y tampoco fueron muy útiles a la hora de conocer las incidencias de la elección.

Vale acotar que el mismo 29 de julio, Acceso a la Justicia se sumó a las denuncias, según las cuales el llamado Carnet de la Patria, aparte de la cédula de identidad del portador, contenía un código y un serial, y al introducirlos en la página web del CNE, se detectaba que ambos números correspondían a un elector inscrito en el Registro Electoral distinto al titular del carnet. Este es otro indicio de sospecha, pues el carnet debía ser presentado luego de votar, y el hecho que cada uno tuviera información de 3 personas, y no sólo del votante, da lugar a más indicadores de fraude.

Ilegitimidad de origen

Si a todo lo anterior, agregamos que el 1° de mayo de 2017, el presidente de la República, firmó un decreto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que usurpó la soberanía popular, pues el mismo no dejó que el pueblo aceptara ese proceso, sino que se lo impuso,  y que luego el mismo funcionario dictó unas  bases comiciales, totalmente arbitrarias y ajenas a los principios democráticos, el esquema del fraude aparece de forma todavía más grosera.

Recordemos que el sistema para la escogencia, por vía sectorial y territorial de los miembros de la ANC, atentaba contra el derecho al sufragio libre, directo y secreto, pues no todos los votos tenían el mismo valor. La fórmula sectorizada y comunal (trabajadores, campesinos, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios, comunas y consejos comunales), impidió la participación de cualquier elector que no estuviese en alguno de esos sectores, aproximadamente 5 millones de personas; y la territorial hizo que municipios de algunos miles de habitantes tuvieran la misma representación o más que otros con millones de habitantes.

Ante todo este abrumador cúmulo de irregularidades, para salvar las apariencias, el presidente de la República, Nicolás Maduro, sin tener la competencia para ello, solicitó la auditoría del 100% de los votos al CNE.

Surge la interrogante de cuáles garantías se ofrecerían para que esa revisión sea confiable. ¿Serán las mismas que para la elección de la ANC?

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Lo que se juega el país no es poco, pues la ANC contará con poderes absolutos para la transformación del Estado, y mientras ello sucede, el Gobierno arreciará la represión para acallar a todo aquel que demuestre su rechazo. De hecho se está cumpliendo lo que Maduro prometió antes de las elecciones del 30 de julio, cárcel para los adversarios, investidos o no de autoridad.

En la actual crisis no están garantizados los derechos a la vida (van más de 110 asesinados en manifestaciones), a la protesta pacífica, la libertad personal, al debido proceso, al voto, a la alimentación, a la salud, y nada indica que la situación vaya a mejorar porque la Constituyente no permitirá resolver los problemas del país y es sólo un mecanismo para apuntalar a un grupo en el poder.

Publicado por Acceso a la Justicia 

El pasado jueves 3 de agosto se realizó en el Salón Guacamayo del Hotel Venetur de Puerto La Cruz el tres Talleres de Formadores en Prevención del Zika, organizado por la Fundación Futuro Presente, como parte del nuevo proyecto “Promoviendo Mejores Prácticas de Prevención del Zika en Universidades“.

El evento contó con la participación del ponente a Karina Longart, estudiante del 7mo año de medicina de la Universidad de Oriente, quien brindó a los asistentes las herramientas necesarias para conocer y poner en práctica los hábitos que le permitan protegerse del Zika en sus diversas formas de contagio.

El taller fue estructurado en cuatro sesiones; historia y epidemiología del Zika, etimología del mosquito Aedes, signos y síntomas, y mecanismos de prevención, haciendo un especial énfasis en el contagio por trasmisión sexual.

Este nuevo proyecto de la Fundación Futuro Presente, tiene como objetivo promover prácticas tendientes a prevenir enfermedades infectocontagiosas transmitidas por el vector Aedes Aegyptis, en los estudiantes de educación superior y habitantes de zonas densamente pobladas en el Distrito Capital y los estados Sucre, Bolívar, Lara, Miranda, Delta Amacuro, Zulia, Anzoátegui y Carabobo.

Los 75 jóvenes asistentes una certificación avalada por la Fundación Futuro Presente, y la oportunidad de reforzar y tener conocimiento nuevo en materia del Zika. Entre los presentes estuvieron acompañándonos estudiantes de medicina, fisioterapia, farmacia y enfermería, así como de ingeniería civil, ingeniería en sistemas, arquitectura, derecho, odontología, administración y relaciones industriales.

Informe sobre la jornada de elección de los miembros de la Constituyente

En marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia TSJ, emite dos sentencias que de facto rompen el hilo constitucional en Venezuela, leídas como un golpe de estado constitucional. La sentencia 155 otorga poderes ilimitados al Presidente de la República sin ningún tipo de control y elimina la inmunidad parlamentaria, y la sentencia 156 establece que la Sala Constitucional del TSJ asume las funciones del parlamento venezolano.

El proceso electoral del domingo 30 de julio, resultó el último acto de un fraude continuado bendecido por el Consejo Nacional Electoral CNE, que comenzó en mayo de 2017 con el llamado de Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente ANC, en el marco de unas nuevas jornadas de protestas en todo el país que, para el momento, arribaban a un mes y cobraban decenas de vidas.
Revisa el informe del fraude continuado del 30 de julio de 2017

1 de agosto de 2017
Ciudad de Guatemala – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su enérgica condena por las muertes y los hechos de violencia ocurridos durante la jornada electoral realizada el 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente.

Según cifras proporcionadas por el Ministerio Público, 10 personas perdieron la vida durante las manifestaciones del 30 de julio. Otras fuentes indican que este número ascendería a 16 personas, además de reportarse numerosas personas lesionadas. Asimismo, se reportaron 2 agentes de policía muertos y 4 en grave estado de salud en el estado Táchira.

Esta jornada electoral fue celebrada en el marco de la crisis que atraviesa Venezuela y en el contexto de casi 4 meses de protestas y represión; bajo restricciones a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, condenadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH el pasado 29 de julio.

Con anterioridad y durante la jornada se denunciaron amenazas e intimidaciones a los votantes para participar en las cuestionadas elecciones. Asimismo, se registraron actos de violencia cometidos por grupos de civiles armados o “colectivos”. Las manifestaciones públicas llevadas a cabo ese día fueron nuevamente reprimidas mediante el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La violencia de dicha jornada dejó además un gran número de personas heridas y detenidas.

Organizaciones de la sociedad civil registran un estimado de cien personas detenidos en al menos 13 estados y en el Distrito Capital, en contextos de manifestaciones públicas durante la jornada. Asimismo, se reportaron numerosas incursiones ilegales a las viviendas por parte de agentes de seguridad del Estado, sin contar con orden judicial, ni resultar de flagrancia, ocasionando daños a la propiedad. Varias autoridades y voceros del Gobierno desconocieron los hechos violentos arriba referidos y reportaron que el desarrollo del proceso electoral se habría dado con total normalidad.

La Comisión expresa su enérgica condena a los lamentables hechos ocurridos y urge a las autoridades competentes a realizar de manera inmediata las investigaciones correspondientes de manera diligente, efectiva e independiente que conduzcan al juzgamiento y sanción de los responsables y a obtener las medidas de reparación correspondientes a las víctimas y sus familiares.

En el contexto de la grave situación que atraviesa Venezuela, la Comisión reitera que resulta crucial que estos hechos no queden en la impunidad y que se tomen de manera urgente las medidas necesarias para evitar con la mayor rigurosidad, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.

La Comisión urge al Estado venezolano una vez más a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y reitera su llamado a la búsqueda de una salida democrática para la grave crisis que enfrenta a fin de restablecer la paz.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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