Durante los dos meses de protesta, han sido asesinados más de 60 venezolanos, más de 1000 han resultado heridos por actuaciones de la fuerza pública y de grupos paramilitares; al menos 300 trabajadores de la prensa han visto afectado su derecho a la libertad de expresión, han eliminado 2 canales internacionales de la transmisión por televisión por suscripción y 15 medios han sido cerrados.
El 18 de abril el presidente Maduro activó el Plan Zamora, un plan operativo especial diseñado para el mantenimiento y control de orden público interno del que sólo se conocen los detalles ofrecidos por funcionarios militares en sus declaraciones, entre ellos, la referencia a un plan “cívico-militar” destinado a mantener el orden interno mediante la acción militar de la Guardia Nacional, y el uso de la justicia militar como medida para procesar a personas detenidas en manifestaciones.
Aunque la ley ampara a todo el que quiera manifestar pacíficamente, líderes del oficialismo y funcionarios han declarado públicamente utilizando adjetivos que descalifican la protesta. Estos comentarios buscan justificar la represión y la violencia en contra de los manifestantes: al generar una opinión negativa ante quienes protestan, se crea un argumento (inválido) para utilizar la fuerza pública.
La represión por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha ido en aumento: uso indiscriminado de gases lacrimógenos, incluso vencidos, hasta el uso de armas de fuego y la manipulación de municiones con incorporación de metras (esferas de vidrio), tuercas y balines.
La represión por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha ido en aumento: uso indiscriminado de gases lacrimógenos, incluso vencidos, hasta el uso de armas de fuego y la manipulación de municiones con incorporación de metras (esferas de vidrio), tuercas y balines.
A diferencia de otras jornadas represivas, además de la asfixia por inhalación de gases o heridas por impacto de perdigón, en los últimos dos meses las lesiones por traumatismo han tenido un incremento importante ante el lanzamiento directo al cuerpo de bombas lacrimógenas.
La represión no se limita a la dispersión de manifestantes, sino que se extiende al ataque a residencias en horas de la noche y madrugada, sobre todo en zonas del centro y oeste de la ciudad (municipio Libertador), donde se prohíbe — bajo la figura de la negación de un permiso illegal — la protesta de sectores opositores. Tal es el caso de los hechos registrados en Colinas de Bello Monte, Montalbán, El Paraíso, La Vega y sectores del interior del país donde la fuerza pública ha allanado ilegalmente residencias y disparado contra edificios.
La prensa es la que permite que sea visible lo que sucede en las manifestaciones, la presencia de los medios de comunicación ha permitido captar imágenes de la represión estatal y acciones ilegales. La violencia contra los periodistas responde a la necesidad de invisibilizar estas realidades y limitar el contenido que circula
El pueblo opina que la división de poderes es débil o inexistente en Venezuela. Sabe que el Poder Ejecutivo influye en los otros y que la competencia electoral es desigual porque el gobierno tiene ventajas, sin embargo cree en el sufragio
Caracas 6 de mayo de 2017. La sociedad venezolana ha hecho del voto parte de su vida, lo empotró en su cotidianidad, lo hizo suyo porque cree en él y lo considera la respuesta al abuso de poder. En su experiencia, es lo que hace que las cosas cambien aunque no ocurra así. Sin embargo, los sectores “populares” tienen una mejor apreciación del Consejo Nacional Electoral y de la eficacia del voto, que los sectores “boyantes”.
Lo anterior forma parte de los hallazgos obtenidos por Ricardo Sucre Heredia, politólogo y comunicador, en un estudio de opinión pública cuyos resultados plasma en un ensayo incluido en el libro Muchas instituciones, un jefe, recientemente editado por Transparencia Venezuela.
En el bautizo del libro, el autor señaló que en su trabajo intentó responder a dos interrogantes ¿Cómo impacta la falta de independencia de los poderes en la participación electoral, y la participación política en general? Por ejemplo, si quiero votar ¿Cómo influye esa no división de poderes?
El público opinó que la división de poderes es débil o inexistente en Venezuela. Sabe que hay poderes –el Poder Ejecutivo- que influyen en los otros. Además, asumen que la competencia electoral es desigual, caracterizada por ventajas a favor del gobierno.
Sucre Heredia aseguró que la opinión pública venezolana valora el poder del voto para transformar las cosas. “En un estudio realizado en marzo de 2016, 98,2% expresó que el voto es importante para mantener la democracia; 97,6% dijo que con el voto se logra el bienestar del pueblo; 96% manifestó que el sufragio permite que el país progrese, y 95,5% opinó que con él se alcanzan los cambios que el país necesita”.
Se presumiría que si los poderes se perciben no autónomos, la evaluación del voto sería negativa, pero no ocurre así, aclaró. “A pesar de la valoración negativa que hay hacia el Poder Electoral, la gente cree en el voto, lo aprecia como instrumento para cambiar las cosas”, sostuvo Sucre Heredia.
Otro hallazgo sobre este impacto es que la no división de poderes se vive desde el conformismo, en una suerte de “falsa conciencia” en el sentido de creer que el sufragio cambia las cosas, aunque no ocurre. Asimismo, se encontró que el voto es considerado por el público como una forma o símbolo de protesta, tal vez el más importante.
El politólogo señaló que el venezolano vive la no independencia de poderes de forma pragmática, –el voto para cambiar las cosas- aunque desea normativas que realmente se den en los hechos para el ejercicio de una democracia plena.
Incluyó el vector clase social para acercarse a la percepción en el día a día de la dupla división de poderes-voto y encontró que 4 de cada 10 personas de la clase D, piensan que los poderes son independientes. Mientras que en las clases AB, la proporción es cerca de 2 de cada 10, según el estudio Croes, Gutiérrez, y asociados/IVAD, diciembre 2016.
A medida que se asciende en la clase social, las críticas hacia el Poder Electoral son mayores. En la clase D, 1 de cada 3 tiene una opinión favorable acerca del poder electoral en diferentes tópicos, y cerca de 5 de cada 10, albergan una opinión crítica, mientras que en la clase C son 6 de cada 10, y en las clases AB, 7 de cada 10 los que manifestaron una opinión crítica hacia el Poder Electoral
Muchas instituciones, un jefe ofrece múltiples visiones de expertos sobre la afectación de la falta de independencia de los poderes en distintos ámbitos de la vida en sociedad. Desarrollan otros ensayos que componen este libro: Ramón Piñango, José Ignacio Hernández, Yorelis Acosta, Francisco Martínez Montero, Arturo Peraza, Maruja Dagnino, Francine Jâcome, Roberto Briceño León, Asdrúbal Oliveros, Isabel Pereira, Dafne Gil, Andrew Mac Devitt y Mercedes De Freitas.
En la última semana hemos visto un endurecimiento de la represión a las protestas. Casualidad o no, ello se inició desde que fue designado el General Gustavo González López como conductor de las labores de represión en el país en el llamado “Comando Especial de Seguridad Antiterrorista”, el pasado 29 de mayo de 2017. Los antecedentes de este General son bien conocidos con las redadas represivas indiscriminadas desatadas contra las comunidades pobres del país, en los llamados Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), con allanamientos masivos sin orden judicial, detenciones masivas arbitrarias y presuntas ejecuciones policiales. Ese mismo General, actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), dirige una OLP Antiprotesta.
Entre las nuevas tácticas para contener la protesta tenemos:
1.- Mayor uso de la fuerza motorizada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El gobierno venía conteniendo las manifestaciones luego de su inicio, reprimiendo, dispersando y dejando vías de escape con la finalidad de lograr la desmovilización, con el uso de tanquetas o columnas de funcionarios. Ahora la tendencia parece que es dispersar antes del inicio de la movilización, persiguiendo a los manifestantes con el uso de las unidades motorizadas para obtener la mayor cantidad de detenidos, cerrando las vías de escape.
2.- Impedir que los manifestantes puedan concentrarse en los puntos de convocatoria. Se toman policialmente los puntos de concentración y se detiene a personas que empiezan a concentrarse o cuando son interceptadas camino a los puntos de concentración. Ya no solo se vulnera el derecho de manifestación sino también el derecho de reunión.
3.- Colocación de una cantidad mayor de cámaras de seguridad en los lugares de concentración y el uso de drones. Esto le permite captar a los manifestantes que se encapuchan o usan máscaras antes de su utilización. De esta manera busca identificar, principalmente, a los llamados “jóvenes de la resistencia”
4.- Un trabajo de inteligencia dirigido a identificar y detener a quienes están a la vanguardia de los enfrentamientos con la GNB y PNB (La Resistencia). El gobierno se ha propuesto debilitar la llamada resistencia, deteniendo o intimidando a sus integrantes. Para ello usa, además, propaganda a través de los medios públicos generando la idea que cualquiera podría ser identificado. Los funcionarios vienes realizando operativos de inteligencia para ubicar los sitios donde los jóvenes pudieran resguardar sus implementos más llamativos, como los escudos. Asimismo, se vienen realizando castigos ejemplarizantes contra personas que han sido identificadas por dar algún tipo de apoyo logístico, como alimentos, a estos adolescentes.
5.- Una cantidad mayor de allanamientos ilegales, masivos y selectivos, sin orden judicial, (OLP-Anti protesta), sembrando presuntas armas y materiales explosivos, con la finalidad de justificar el uso de la justicia militar y dar la idea de eficiencia en las labores de inteligencia.
6.- Intensificación de las operaciones de terrorismo de Estado, en combinación organismos de inteligencia y Ministerio de Información, infundiendo temor y generando la sensación de ser organismos policiales y militares invencibles.
7.- El uso expansivo de la justicia militar a civiles, violando el principio del juez natural, no solo con la finalidad de intimidar, sino de debilitar las labores de defensa de los detenidos.
Frente a esta situación consideramos que quienes vienen conduciendo el ejercicio masivo de la protesta pacífica deben realizar las evaluaciones respectivas y dar las orientaciones correspondientes a una población que ha demostrado no intimidarse, pese a la intensificación de la represión. Nos permitimos realizar una serie de sugerencias:
1.- De seguirse impidiendo las grandes concentraciones -porque los lugares de convocatoria son tomados policial y militarmente-, debe llamarse a concentrarse en el punto específico donde se pretende llegar con las movilizaciones: Defensoría, Consejo Nacional Electoral, Ministerios, etc, de manera descentralizada. Ante esa posibilidad que obligaría a un gran despliegue policial porque no sabrían las autoridades por donde aparecerían los manifestantes, el gobierno podrá optar por permitir nuevamente la concentración de las personas en un lugar que le sea más fácil monitorear.
2.- Debe fortalecerse el discurso y llamado a evitar cualquier acción violenta. No hay duda que la estrategia del gobierno es desesperar a los manifestantes para que pequeños grupos radicales opten por las vías violentas. El gobierno sabe que así será más fácil derrotar la Rebelión Popular Pacífica que se viene desarrollando desde el mes de abril. Tendrá más posibilidad de justificar a nivel nacional e internacional la represión masiva y selectiva y alejará a muchos que vienen participando pero que no quieren sentirse co-responsables de los hechos violentos, ni exponerse a mayores niveles de represión.
3.- Sugerimos utilizar mecanismos para generar la confusión y el desconcierto, mediante indumentaria que obstaculice ser identificados fácilmente, como ropa de color rojo.
4.- Diputados y diputadas que han realizado una meritoria participación en las manifestaciones, deben procurar mayor puntualidad para llegar a los puntos de concentración. Cuando quienes deciden participar en los puntos definidos ven la presencia de los diputados y diputadas se sienten más en confianza y en cierta medida más protegidos, que cuando son esos manifestantes quienes tienen que mediar solitariamente con los organismos policiales y militares para que no los repriman.
5.- Quienes participan en las manifestaciones deben acostumbrarse a borrar sus conversaciones de chat, mensajes de texto, cargar la menor cantidad de información personal y de otros en morrales y carteras. El gobierno extrae toda la información posible de las personas que detiene.
6.- Hay que evitar acciones de resistencia a la represión prolongada y fija. El gobierno viene afinando sus planes operativos para aislar de las protestas a los llamados jóvenes de la resistencia y poder emboscarlos con más facilidad. Hasta ahora venían teniendo la protección del resto de los manifestantes pero con las nuevas tácticas de dispersión de los manifestantes, se pretende aislar a estos jóvenes. Por ello, es importante que eviten quedarse aislados del resto de los movilizados.
7.- Los convocantes de las manifestaciones deben evaluar hasta qué punto es conveniente seguir dirigiendo las concentraciones hacia la autopista, donde la posibilidad de emboscar a los manifestantes es mayor y las vías de escape ante la represión son reducidas.
8.- Las marchas y plantones pueden alternarse con otras formas de manifestaciones pacíficas tales como conciertos por la paz, asambleas ciudadanas, caravanas, vigilias, entre muchas formas de protesta pacífica efectiva, combinando la concentración y la dispersión, permitiendo además el relevo de diferentes sectores de manifestantes.
9.- La documentación de las violaciones a los derechos humanos es muy importante. Por eso llamamos a quienes no participan de las manifestaciones a usar cada vez más y mejor sus cámaras, teléfonos, para captar las detenciones, maltratos y otros abusos que permita no solo facilitar las investigaciones sino desmontar el discurso del gobierno. En varios casos, hasta ahora resueltos por el Ministerio Público, ha jugado un papel importante los videos y fotos de la ciudadanía.
10.- La historia ha demostrado que un pueblo decidido a luchar puede vencer la represión. El gobierno afina sus planes operativos para tratar de aplastar la Rebelión Popular Cívica. Frente a ello corresponde a la población evaluar, reorientar y crear nuevas formas y alternativas de seguir exigiendo democracia y luchando por un futuro mejor que garantice a todas y todos unos niveles adecuados de vida, siempre, insistimos de manera pacífica lo que ha permitido ir sumando pequeñas victorias día a día. La protesta violenta resta y es la que le conviene a la dictadura para justificar sus desmanes.
Transparencia Venezuela le solicita al Ministerio Público que rinda cuentas sobre la investigación de los sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos, a cambio de la asignación de grandes obras de infraestructura durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, una vez vencido el periodo de 6 meses de reserva
Caracas, 6 junio 2017. Venció el periodo de 6 meses de reserva sobre las 77 declaraciones de culpabilidad y delaciones “confesiones” premiadas de ejecutivos de Odebrecht, acordadas por la empresa constructora y la Fiscalía de Brasil (denominada Procuraduría), a cambio de la reducción de condenas por casos de gran corrupción en 12 países. Sin embargo, se desconoce que hará la Fiscalía Venezolana.
Se pudo conocer que la Procuraduría de Brasil ofrecerá la información que les entregó Odebrecht solamente a las fiscalías de los países que lo soliciten, que acepten no hacerla pública y que garanticen inmunidad a la empresa. Así mismo que del grupo de 8 países que habían suscrito un acuerdo de cooperación con la justicia brasilera, a saber, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y República Dominicana, algunos aceptaron el acuerdo y tendrán la información, otro grupo no accedió y piensan perseguir a funcionarios nacionales y de la empresa, mientras que otros, no consintieron el acuerdo y no piensan hacer nada.
Para Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, “garantizar impunidad a Odebrecht deja un hueco enorme respecto a su responsabilidad en las obras que tenía a su cargo y que suman muchos recursos más que los sobornos”.
Por ello, Transparencia Venezuela le solicita a la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz, que dé cuenta de sus actuaciones sobre la investigación de los sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos, a cambio del otorgamiento de un grupo de grandes obras de infraestructura durante el gobierno del presidente Hugo Chávez.
Han transcurrido 5 meses desde que Odebrecht reconociera ante el Departamento de Justicia norteamericano, haber entregado sobornos por $ 788 millones a funcionarios gubernamentales y partidos políticos en más de una decena de países. Además, de que se diera a conocer que después de Brasil, Venezuela es el país en el que la empresa carioca repartió más sobornos.
Sin embargo, hasta ahora en Venezuela no hay un solo funcionario detenido por este caso de corrupción, como sí lo hay en Colombia, por ejemplo, donde está siendo procesado un ex senador y un viceministro. Tampoco se ha conseguido una compensación para el país por el equivalente de los sobornos, tal y como lo logró República Dominicana.
Transparencia Venezuela espera que la Fiscalía, determine lo antes posible, si los sobornos fueron por este monto o uno superior; señale y procese a los funcionarios que los recibieron y gestione el reintegro de los $ 98 millones a la Nación que Odebrecht reconoció haber pagado.
En su programa de radio, el 26 de enero pasado, la Fiscal Luisa Ortega Díaz declaró por primera vez sobre la investigación del caso de Odebrecht “Solicitamos una rogatoria al Ministerio Fiscal de Brasil para que nos remita copia de la delación de una persona llamada Marcelo Odebrecht. Queremos que nos remitan copia la delación, así como de cualquier otra declaración que curse en el expediente para avanzar en la investigación”, dijo. En el mismo espacio, la funcionaria anunció haber comisionado a un Fiscal con competencia nacional para investigar el caso y que también solicitó en instancias nacionales e internacionales la detención de una persona cuya identidad en ese momento no reveló.
La siguiente y última actuación del Ministerio Público de la que se tenga conocimiento tuvo lugar el 14 de febrero, cuando el Fiscal 57 Nacional, acompañado de funcionarios de la División de Contrainteligencia Militar, allanaron las oficinas de Odebrecht en Venezuela, ubicadas en la Torre Humboldt de Prados del Este, Caracas, en búsqueda de su presidente Euzenando Prazeres de Azevedo, a quien se le imputa el delito de corrupción impropia y de concierto de funcionario público con contratista y a quien no hallaron en el momento ni hasta la fecha.
Cada año, el Estado CIVICUS de la Sociedad Civil Informe examina los principales acontecimientos que involucran y afectan a la sociedad civil de todo el mundo. Nuestro informe se examina el año pasado, centrándose en el espacio para la sociedad civil – espacio cívico – y el impacto de un resurgimiento de la derecha política populista; el derecho a expresar la disidencia; movimientos de protesta; y acciones a nivel internacional de la sociedad civil. Una sección temática especial presenta 27 artículos de la huésped de líderes de opinión de todo el mundo, explorando las relaciones a menudo molestos, pero potencialmente beneficiosos, entre la sociedad civil y el sector privado.
La prensa es la que permite que sea visible lo que sucede en las manifestaciones, la presencia de los medios de comunicación ha permitido captar imágenes de la represión estatal y acciones ilegales. La violencia contra los periodistas responde a la necesidad de invisibilizar estas realidades y limitar el contenido que circula
