Grupo Social CESAP | Ante la crisis que agobia al país

El Grupo Social CESAP, como organización de la Sociedad Civil comprometida con el desarrollo del país, quiere fijar su posición con relación a la grave crisis social, económica e institucional que afecta hondamente a la sociedad venezolana.

En tal sentido, queremos expresar nuestra preocupación por el crecimiento exponencial de la pobreza en Venezuela a niveles alarmantes. Las cifras son elocuentes: en el informe de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI 2016), realizado por prestigiosas universidades nacionales (UCV, UCAB y USB), revela que la pobreza total en Venezuela es de 81,88 %, en tanto que la pobreza extrema alcanza la cifra de 51,51 %. Según esta encuesta solo el 18,24 % de la población se puede considerar como no pobres. En ese mismo informe se señala que el 72,7 % de la población perdió el último año, en promedio, 8,7 Kg. Por otra parte, se resalta un “cambio brusco en el patrón de alimentación: hortalizas y tubérculos desplazan a las proteínas de alto valor biológico”. Algunas de las conclusiones del informe ENCOVI señalan que “la pobreza reciente o temporal comienza a volverse estructural después de 3 años continuos de crisis y que para el 2017 se van a mantener los niveles de pobreza medida por ingresos y seguirá aumentando la pobreza estructural”.

El sistema de salud en Venezuela ha sido calificado por los especialistas como “catastrófico”, a tal punto que en la citada ENCOVI se constató que por primera vez los hospitales privados son los servicios más usados, concluyendo que a finales de 2016 el país “…tiene las peores condiciones de desprotección desde principios del siglo XX”; de igual modo se estima que la escasez actual de medicamentos está alrededor del 90%, de allí que actores vinculados a la salud han solicitado reiterativamente que se activen los mecanismos de ayuda internacional para que lleguen de inmediato medicamentos e insumos médicos al país para evitar que el sistema de salud llegue a una situación de colapso total.

Otro tema que preocupa a los venezolanos es la inseguridad. Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia dan cuenta que hemos pasado de 20 homicidios por cada cien mil habitantes en 1998 a 91 homicidios por cada cien mil habitantes en 2016, en el marco de una impunidad de más del 90% según datos oficiales. La sociedad venezolana observa consternada como se suceden planes de seguridad gubernamentales una y otra vez, sin que se resuelva esta situación de violencia y de descomposición humana que afecta al conjunto de la población.

Por otro lado la economía venezolana ha tenido en los últimos cuatro años la más profunda caída del PIB que ha tenido país alguno en situación de paz y sin haber pasado por alguna catástrofe mayor. Para 2017 se prevé una mayor profundización al ya acelerado proceso de la inflación, lo que impactará tremendamente el poder adquisitivo y el consumo de los venezolanos y se acentuarán las restricciones para la producción de alimentos por una aguda carencia de insumos agrícolas: semillas y fertilizantes.

A ese ya grave situación social y económica se agrega la crisis institucional que se ha acentuado los últimos días con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia en las que se suprimieron las competencias de la Asamblea Nacional violentando el principio democrático de separación de poderes. Este episodio todavía está sobre el tapete, ratificando que existe un enorme caos institucional que está impidiendo que se atiendan los verdaderos problemas que afectan a la población.

Desde el Grupo Social CESAP hacemos un llamado urgente al Gobierno venezolano, a los actores políticos y a la Sociedad Civil a que se realicen todos los esfuerzos que sean necesarios para construir un acuerdo político que permita restablecer el Estado de Derecho, la legalidad institucional, estabilizar la economía y atender a la brevedad posible la crisis de producción y abastecimiento de alimentos y medicinas, que está afectando tan hondamente a nuestra gente, en pro de poder ejercer plenamente su derecho a la dignidad.


Grupo Social CESAP

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28 ONG transmitieron a autoridades norteamericanas preocupaciones sobre declaraciones de Jefe de Comando Sur

En una comunicación remitida este 11 de abril de 2017, 28 ONG venezolanas expresaron sus preocupaciones a las autoridades norteamericanas sobre los comentarios sobre el país realizados por el Almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, en su discurso frente al Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el pasado 6 de abril.

En su reporte, Tidd expresó: “Venezuela se enfrenta a una inestabilidad significativa en el próximo año debido a la escasez generalizada de alimentos y medicamentos. La incertidumbre política continúa, así como el empeoramiento de la situación económica. La creciente crisis humanitaria en Venezuela podría, eventualmente, obligar a una respuesta regional”. Para las ONG aunque las palabras del funcionario parecieran referirse a las gestiones diplomáticas realizadas por organizaciones del continente como la OEA o MERCOSUR, su alocución coincidió con el inicio de acciones unilaterales de su país contra Siria, las cuales no contaron con la aprobación del Congreso de Estados Unidos ni tuvieron el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU.

Al respecto las ONG afirmaron: “Esta acción unilateral es contraria a la necesidad de agotar los mecanismos multilaterales diplomáticos, con respeto a los derechos humanos, que como organizaciones promovemos para facilitar el retorno de nuestro país a la democracia. Hemos coincidido con el doctor Luis Almagro, Secretario General de la OEA, sobre el objetivo de que la presión diplomática internacional permita que seamos los propios venezolanos quienes decidamos nuestro destino, mediante el ejercicio de nuestro derecho al voto y la restitución de la vigencia del resto de los derechos sociales, civiles y políticos que hoy son negados por el gobierno venezolano”.

Dos de las organizaciones firmantes de la comunicación, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, habían rechazado anteriormente las sanciones del llamado “Decreto Obama” por su carácter unilateral, violatorio además del derecho a la defensa de los funcionarios venezolanos afectados.

Para las 28 ONG la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (OEA) o el Protocolo de Ushuaia II (Mercosur) fueron medidas acordadas, ante ausencia de democracia, por los diferentes países de la región, lo que no podría calificarse como “injerencia”, sino el cumplimiento de los acuerdos suscritos soberanamente por el Estado venezolano. Una situación muy diferente sería la imposición unilateral de sanciones por parte de algún país de la región.

Las dos solicitudes concretas realizadas por el conjunto de ONG fueron:

– A la Administración del presidente Donald Trump, abstenerse de cualquier tipo de acción unilateral, militar o de otro tipo, contra Venezuela.

– Al Congreso de los Estados Unidos, abstenerse de aprobar cualquier solicitud de actuación unilateral por parte de la administración, militar o de otro tipo, contra Venezuela.


Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
Aula Abierta Venezuela
Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela
Civilis Derechos Humanos
Coalición Clima21
Convite AC
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela capítulo Táchira
Fundación CIIDER
Fundación Aguaclara
Fundación Reflejos de Venezuela
Humano Derecho Radio
Laboratorio de Paz
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Proyecta Ciudadanía A.C 
Red Ara
Redes Ayuda
Sinergia
Unión Afirmativa de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C. 
Venezuela Diversa A.C
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IPYS: Se impone discurso de odio contra manifestantes y activistas de DDHH en redes sociales

  • La cuenta de la oficina de prensa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, @PRENSACICPC, encabezó la campaña de odio contra ciudadanos y defensores en el contexto de protestas ciudadanos demandando democracia y elecciones

  • A través de las redes sociales se difunde un discurso que criminaliza y acusa de terroristas a los defensores de DDHH y ciudadanos

La cuenta en Twitter de la oficina de prensa de la policía científica de Venezuela, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (@PRENSACICPC) difundió 112 Mensajes a favor de la  delación de manifestantes, del odio y la criminalización de la protesta entre las 6:22 de la tarde y las 08:51 de la noche del viernes 07 de abril de 2017, un día después de la manifestación convocada por la oposición venezolana para rechazar la anulación del parlamento y solicitar la convocatoria a elecciones.

Los mensajes, que aún permanecen publicados en la cuenta de esa entidad del Estado, y que fueron retuiteados por el director del CICPC, Douglas Rico, exponen las fotografías de siete manifestantes, a quienes tildan de “generadores de violencia”, y hacen un llamado a denunciarlos ante las autoridades.

Esta serie de mensajes dio inicio desde la cuenta gubernamental a una campaña de intolerancia y descalificación contra quienes participaron en las protestas antigobierno.

Desde ese día y hasta el 09 de abril, alrededor de 186 mensajes de criminalización contra manifestantes y defensores de Derechos Humanos fueron divulgados desde cuentas falsas y bots identificados con el oficialismo. Los manifestantes son señalados de terroristas, peligrosos, violentos y guarimberos -término utilizado por funcionarios del gobierno para referirse despectivamente a los manifestantes opositores- por ejercer el derecho a la manifestación pacífica. Estas connotaciones discursivas de odio ponen en riesgo a las personas señaladas, quienes quedan expuestas ante estos mensajes de incitación a la violencia promovidos por instituciones y funcionarios del Estado.

El discurso de odio, de acuerdo a autores del derecho internacional de Derechos Humanos, tiene como blanco a una minoría con la finalidad de excluir socialmente a sus miembros, atribuyéndoles características que les impiden vivir en sociedad.

Las fotografías de manifestantes y defensores están encabezadas con la frase “Solicitado. Si usted ve a este terrorista, informe a las autoridades que irán tras su captura”. Los tuits se clasificaron con las etiquetas #SeBuscaTerroristas (25 mensajes), #TerroristasVanPresos (140 mensajes) y #DenunciaTuZona (21 mensajes).

Los perfiles de las cuentas que difundieron estos mensajes no están identificados con nombre y apellido. Son perfiles de grupos o bajo seudónimos, la mayoría con menos de mil seguidores y fotografías alusivas al gobierno nacional o retratos de jóvenes modelos.

Amparados bajo el anonimato, difundieron los mensajes de odio y violaron los límites de la libertad de expresión en los términos expresados en el artículo 13.5 de la Convención Americana: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

Uno de los retratos publicados fue el de Lexys Rendón, coordinadora de Laboratorio de Paz e investigadora de Provea, quien denunció que fue fotografiada por desconocidos durante su participación en la manifestación convocada el pasado 04 de abril en la Plaza Venezuela, municipio Libertador de Caracas. Otra de las agraviadas fue la diputada del estado Portuguesa por el partido Primero Justicia, María Beatriz Martínez.

La organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) aseguró que se trata de la difusión de fotos tomadas por cuerpos de seguridad e inteligencia a manifestantes durante las protestas, lo que prueba cómo el aparato de inteligencia del Estado es utilizado para perseguir a opositores y defensores de derechos humanos.

Esta campaña constituye además una forma de precalificar delitos -sin prueba alguna- y juzgar anticipadamente a los ciudadanos.

Provea responsabilizó a Douglas Rico, director del CICPC, y Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para la Justicia y Paz, por esta campaña de odio contra los ciudadanos y defensores. Su coordinador de investigación, Inti Rodríguez, recordó que durante 2014 ocurrieron acciones similares tras la creación del llamado “Comando antiguarimba”, que funcionó como red para criminalizar la protesta, y sirvió de marco para la posterior detención y agresión contra ciudadanos, simpatizantes de la oposición.

El jueves 07 de abril de 2017, cuando se desarrollaba esta campaña de odio contra manifestantes y defensores en la red social Twitter, el alcalde del municipio Libertador (Psuv), Jorge Rodríguez, declaró a VTV sobre la necesidad de que el gobierno intervenga en las Plataformas Digitales: “Las redes sociales son el instrumento principal atrás del cual ellos están motorizando toda esa guerra psicológica con una gran eficiencia. Además, nosotros tenemos que responder del mismo modo, no podemos caer en el error de señalar la gravedad de los hechos sin de alguna manera intervenir, actuar, proceder con las redes sociales. (….) Tenemos que estar en capacidad a responder en tiempo real esas mentiras de patas largas que se han desarrollado a raíz y a través de las redes sociales, tienen verdaderos tanques de pensamiento, hospitales psiquiátricos que han venido desarrollando rápidamente técnicas de acción de guerra psicológica”.

Posterior a la difusión de los mensajes de hostigamiento que tildaban de terroristas a los manifestantes, el ministro Reverol informó la noche del lunes 10 de abril  de 2017 sobre la detención de 18 “terroristas”, “anticristos”, durante la manifestación de ese día que exigió la realización de elecciones. En sus declaraciones Reverol cuestionó además que los medios de comunicación “intentan mostrar al mundo imágenes violentas y descontextualizadas acerca de un país que se encuentra en total normalidad”.

De las campañas de agravio al discurso del odio

En 2015, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Ipys Venezuela, explicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el país persiste un patrón de seguimiento y vigilancia policial que deriva en delaciones televisadas, lideradas por altos funcionarios de los poderes públicos, y que estas acciones se han agudizado luego de la “institucionalización de una serie de mecanismos que aúpan las labores de inteligencia y profundizan la opacidad”.

La figura del patriota cooperante, informante táctico, promovida por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a través de su programa “Con el Mazo Dando” transmitido por la señal del canal estatal Venezolana de Televisión, constituyó un patrón de hostigamiento principalmente contra activistas de DDHH que persiste en la actualidad.

 

 

IPYS Venezuela realizó un seguimiento riguroso a ese programa en los primeros 8 meses de 2015. En ese período 58 activistas de DDHH recibieron acusaciones infundadas a través de este espacio de televisión.

Las campañas de agravio contra las ONGs y sus miembros han sido sistemáticas en los últimos años. Recientemente la web del programa “Con el Mazo Dando”, transmitido por VTV y conducido por el diputado Diosdado Cabello, ex presidente del parlamento nacional, acusó a 45 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de promover una intervención extranjera en Venezuela por solicitar el 25 de febrero pasado a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), la activación de la Carta Democrática Interamericana al país.

Tres días después de estos señalamientos, los portales digitales de tres medios independientes, dos ONG’s y una organización religiosa sufrieron ciberataques.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que “las manifestaciones de descrédito por parte de autoridades del Estado o toleradas por éstas, no sólo atentan contra el derecho a la honra y la dignidad de quienes son atacados, sino que contribuyen a crear condiciones adversas y a producir un efecto amedrentador de la labor de defensores de derechos humanos”.

La actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos está garantizada en la Constitución Nacional y en los tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos. Es responsabilidad del Estado asegurar que los defensores realicen su trabajo sin presiones ni intimidaciones, bajo un clima de tolerancia,  y que no sean señalados por las actividades de promoción y defensa de los DDHH que llevan a cabo.

El Estado venezolano debe garantizar a los defensores y ciudadanos el ejercicio efectivo de los derechos de asociación, manifestación y expresión, imprescindibles para la defensa de otros derechos humanos.

El artículo 20,2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), vinculante para el Estado venezolano, sostiene que “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.

El desarrollo de la jurisprudencia y doctrina internacional sobre los discursos del odio en términos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos aclara que la protección a la integridad de las personas o grupos de personas, y no a la sensibilidad, es lo que prevalece al condenar los discursos hostiles, entendiendo que son un abuso del derecho y, por lo tanto, no gozan de protección por ser contrarios al espíritu de paz, tolerancia y no discriminación que rige la doctrina internacional de los derechos humanos.

Diez Diez cuentas de twitteros -que se identifican como simpatizantes oficialistas- difundieron mensajes de odio entre el 07 y el 09 de abril:

  1. @MarielBetancurt
  2. @FuentesFroxan5
  3. @DenunciatuZona
  4. @Samiiifer
  5. @RodriVict0ria
  6. @su11tienesu13
  7. @RigarManuel
  8. @celestiarivas
  9. @cercheguec
  10. @Karlotap12

Publicado por IPYS 

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Estudio 2016: Censura y Autocensura en Periodistas y Medios de Comunicación en Venezuela

Las heridas de la institucionalidad en el país pueden sanarse. Uno de los caminos para ello es salvaguardar la libertad de expresión como cimiento de la democracia y abonar el terreno para el ejercicio del periodismo libre, plural e independiente. Un periodismo que sea la voz de los ciudadanos, que denuncie con fundamentos, que escrute a las diversas fuerzas del poder y promueva la contraloría social como principio fundamental del ejercicio de ciudadanía.

Los periodistas tienen un diagnóstico claro de esta realidad, sus grietas y desafíos. Pero no se conforman con ello. Apuestan a unas mejores condiciones para su labor, para la sociedad y para la democracia. Así lo demostraron los aportes que recibió el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela de las 252 personas que participaron en el Estudio 2016 Censura y autocensura en periodistas y medios de comunicación en Venezuela, una investigación cuantitativa, con rigurosidad científica, que recogió la percepción de quienes ejercen la labor periodística en 18 estados del país, con representación de medios privados, independientes, comunitarios, estatales, así como de oficinas públicas y organizaciones no gubernamentales.

Revise el informe completo aquí

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Nueva sentencia del TSJ consagra un golpe al parlamento venezolano

La sentencia N° 156, dada a conocer cerca de la medianoche del 29 de marzo, mediante la cual la Sala Constitucional del TSJ asume todas las competencias de la Asamblea Nacional o las delega a quien ella decida, coloca a Venezuela ante la disolución del parlamento por vía judicial.

No existe ninguna disposición constitucional que faculte al órgano judicial, designado mediante elecciones de segundo grado, a asumir las funciones de la Asamblea Nacional, órgano que representa directamente a la población.

La Sala Constitucional ha emitido medio centenar de decisiones que ha ido despojando progresivamente a la Asamblea Nacional de sus funciones legislativas, contraloras, de investigación y de designación, hasta suspender la inmunidad parlamentaria y finalmente asumir como suyas funciones que corresponden al poder legislativo.

El parlamento constituye un pilar fundamental de la institucionalidad democrática, ya que es un espacio de participación y expresión de los diferentes grupos que integran el país. Es el espacio en el que tanto los representantes electos, como las organizaciones y miembros de la sociedad civil pueden debatir y dialogar las diferentes propuestas para crear legislaciones y políticas públicas. En este sentido esta medida no sólo atenta contra el orden constitucional, sino que además la violación del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Hacemos un llamado al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a cesar en el desconocimiento de la Constitución que ha sido evidenciado tras la publicación de las más recientes sentencias de la Sala Constitucional las cuales permiten la aplicación de medidas y acciones que socavan el hilo constitucional y rompen el orden democrático en Venezuela, y reafirman la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela consolidando un régimen Dictatorial.

Finalmente instamos, nuevamente a que se tomen los correctivos necesarios para revertir cualquier decisión que viole la norma constitucional, desconozca el poder del voto popular representado en la Asamblea Nacional electa y que profundice el alejamiento del país de un sistema democrático, al respeto de las garantías fundamentales y los derechos humanos, a fin de recuperar la democracia y el Estado de Derecho, comenzando por restablecer y respetar las funciones de la Asamblea Nacional.

1. A.C María Estrella De La Mañana
2. A.C. Nueva Esparta En Movimiento
3. A.C. Radar De Los Barrios
4. Acceso A La Justicia
5. Acción Campesina
6. Acción Solidaria
7. Amigos Trasplantados De Vebezuela AC
8. Asamblea De Educación
9.  Asociación Civil Mujeres En Línea
10. Asociación De Profesores De La Universidad Simón Bolívar APUSB
11. Asociación Venezolana De Mujeres
12. Asociación Venezolana De Mujeres
13. Asociación Venezolana Para La Hemofilia
14. Aula Abierta Venezuela
15. Banco Del Libro
16. Cedice Libertad
17. Centro De Aninación Juvenil
18. Centro De Derechos Humanos De La Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
19. Centro De Estudios Sociales Y Culturales
20. Centro De Justicia Y Paz – Cepaz
21. Civilis Derechos Humanos
22. Coalición Cambio Climático 21
23. (Codevida) Coalición Por El Derecho A La Salud Y La Vida
24. Comisión De Derechos Humanos De La Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas De La Universidad Del Zulia
25. Comisión De Derechos Humanos De La Federación De Colegios De Abogados De Venezuela Capítulo Táchira
26. Comisión De Derechos Humanos De La Federación De Colegios De Abogados De Venezuela Capítulo Táchira
27. Comisión De Derechos Humanos De La Federación Venezolana De Colegios De Abogados Del Estado Apure
28. Comisión Nacional De Derechos Humanos De La Federación De Colegios De Abogados De Venezuela-Capítulo Mérida
29. Comisión Para Los Derechos Humanos Del Estado Zulia
30. Convite AC
31. Correo Del Caroní
32. Espacio Humanitario
33. Espacio Público
34. EXCUBITUS Derechos Humanos En Educación
35. FEDERACION NACIONAL DE SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES -FENASOPADRES-
36. Frente En Defensa Del Norte De Caracas Y Asamblea De Ciudadanos De Candelaria
37. Funcamama
38. Fundación TAAP
39. Fundamujer
40. Fundeci
41. Instituto Venezolano De Estudios Sociales Y Políticos INVESP
42. IPYS Venezuela
43. Laboratorio De Paz
44. Llamado a La Conciencia Vial
45. Médicos Unidos Carabobo
46. Movimiento Vinotinto
47. Observatorio De Derechos Humanos De La Universidad De Los Andes
48. Observatorio Global De Comunicación Y Democracia
49. Observatorio Hannah Arendt
50. Observatorio Venex
51. Observatorio Venezolano De Conflictividad Social (OVCS)
52. Observatorio Venezolano De Prisiones
53. OPCION Venezuela AC.
54. Programa Venezolano De Educación- Acción En Derechos Humanos (Provea)
55. Proiuris
56. Promoción Educación Y Defensa En DDHH (PROMEDEHUM)
57. Sinergia
58. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
59. StopVIH
60. Transparencia Venezuela
61. Un Mundo Sin Mordaza
62. Una Ventana a La Libertad
63. Unión Afirmativa de Venezuela
64. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
65. Veedores por la Educación Aragua

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