Comunicado Público de la Red – AVESSOC

Caracas, 25 de julio de 2017

La Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC), red que agrupa a más de 30 centros de salud, y cuyo propósito es promover la salud integral, principalmente entre los más necesitados, como opción preferente en el anuncio de la Buena Noticia de Jesucristo Resucitado, manifiesta su profunda preocupación ante la grave situación que viven los venezolanos, entre las cuales destacan:

–  El incremento del número de personas afectadas y fallecidas por falta de reactivos y medicamentos indicados en protocolos para el tratamiento de pacientes con cáncer, hipertensión, diabetes, renopatías, hematopatías, neuropatías y VIH.

– La acentuada escasez de vacunas, insumos médicos, quirúrgicos y equipos especializados para el diagnóstico, control y evaluación de enfermedades.

–  El reporte de las condiciones de extrema precariedad, con escasez, desabastecimiento, paralización de equipos ycontinuas fallas de electricidad y suministro de agua de los Hospitales y centros de salud públicos[1]

–  El acceso limitado a los alimentos de primera necesidad, por parte de la población venezolana, situación que afecta sobre todo poblaciones vulnerables: niños, adolescentes, mujeres en etapa de gestación, enfermos y ancianos, muchos de los cuales están recurriendo a la basura para poder saciar su hambre.

–  La acción represiva de algunos cuerpos de seguridad, que han atacado directamente a prestadores de servicios de salud y centros de salud, violando así la Constitución, los DDHH y tratados internacionales de atención de salud en situaciones de conflicto armado.

Asimismo, expresamos nuestro profundo dolor por el sufrimiento que vive Venezuela. Lamentamos las pérdidas de vidas humanas a causa de la violencia social. Lloramos con nuestro pueblo el hambre, la represión y las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos.

En medio de esta situación tan grave, consideramos que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo manifiesta la Conferencia Episcopal Venezolana “…es innecesaria porque no es lo que el pueblo necesita. Lo que necesita el pueblo, en primer lugar, es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas…”

Por las razones antes expuestas, en nombre propio y en el de todas las personas que están siendo víctimas de esta situación de calamidad, hacemos un llamado urgente al Estado venezolano a:

  1. Garantizar losDerechos Humanos a todos los ciudadanos, porque entre las graves violaciones de derechos humanos, las relativas al derecho a la salud y a la vida se han acrecentado. Derecho manifiesto en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela[2].
  2. Detener el uso de sustancias tóxicas, uso excesivo de la fuerza pública y de armas de fuego contra la población civil, porque comprometen directamente la salud y la vida de la población.
  3. Suspender la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente,ya que la misma no cumple con los requisitos constitucionales y su realización sólo profundizará las diferencias y la crisis entre los venezolanos.
  4. Concentrar los esfuerzos para impulsar unPlan de Emergencia orientado a superar la actual crisis de salud, en los planos preventivo y curativo, con el apoyo de los diferentes actores públicos, privados y de la sociedad civil.
  5. Aceptarla Ayuda Humanitaria que ofrecen las diferentes organizaciones internacionales para suplir la escasez de medicinas, reactivos e insumos en el país. A este efecto AVESSOC propone ser mediador y canalizador de estas ayudas a fin de garantizar una distribución equitativa de los insumos y medicamentos.
  6. Permitir laCooperación Internacional ofrecida por nuestros pares, en medicamentos, insumos médicos. Facilitando  las condiciones que establecen los ministerios y otros organismos encargados de la salud y nutrición.
  7. Garantizar los recursos necesarios para reactivar la producción de medicamentos en el país, e iniciar de manera inmediata la importación de insumos y equipos para la atención integral de los pacientes, de manera especial para los pacientes con enfermedades crónicas y de mayor riego, como diabetes, VIH, cáncer, cardiovasculares, tensión, hemofilia, neuropatías, enfermedades renales y frenopatías.
  8. Estabilizar la situación crítica de alimentación, productividad, seguridad y estabilidad laboral que contribuyan con la promoción de los estilos de vida saludable, en todos los estratos de la sociedad venezolana, especialmente en los sectores más empobrecidos.
  9. Atender las solicitudes para superar la crisis humanitaria, que han demandado el Episcopado Venezolano, la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas (CONVER), así como de Caritas de Venezuela, nuestra organización Católica responsable de la acción social.

Los Centros de Salud que conforman la red AVESSOC, seguimos apostando por el país, ofreciendo nuestros servicios a la sociedad venezolana para superar esta crisis desde la solidaridad, teniendo como opción preferencial a los más necesitados, con equidadunidad en la diversidad, reconociendo y promoviendo el diálogo y la esperanza puesta en Cristo resucitado quien nos da la convicción, a través de su Evangelio, de que la vida es impulsada por la fuerza del amor que triunfa sobre la muerte.

Quienes suscriben los centros de la Red AVESSOC:

1.   Asociación Damas Salesianas – Oficina Nacional (26 centros de salud escala nacional)
2.   Centro Comunal Catia
3.   Centro Comunitario Fe y Alegría “La Quinta”
4.   Centro de Salud Jesús de Nazaret
5.   Centro de Salud Santa Inés – La Pradera
6.   Centro de Salud Santa Inés – UCAB
7.   Centro Marista de Salud Integral
8.   Clínica Dispensario Padre Machado
9.   Complejo Social Don Bosco – ADS
10. Complejo Social San Miguel Arcángel
11. Dispensario Monseñor Delfín Moncada
12. Dispensario San Judas Tadeo
13. Dispensario San Martín de Porres
14. Fundación San Alfonso María Ligorio
15. Fe y Alegría Nacional
16. Pastoral Social Cáritas Los Teques
17. Hospital San Antonio (Táriba, Edo. Táchira)
18. Sociedad San Vicente de Paúl – Centro Médico Asistencial Federico Ozanam

[1] Informe presentado por CODEVIDA “Situación del derecho a la salud en Venezuela”

[2] Artículo 83 de la CBV “La Salud es un derecho fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. Que el estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

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“Juicio al Contralor” Entrega V – Gestión de Galindo está llena de irregularidades y violaciones a la ley

Más que un informe de gestión, el contralor general de la República, Manuel Galindo, solo puede presentarle al país un inventario de irregularidades. No solo se trata del nepotismo, desviación que caracteriza a su gestión, sino de una serie de fallas que impiden desarrollar una lucha efectiva contra la corrupción.

Galindo ha incurrido en negligencia al ignorar las denuncias que desde 2014 han trascendido sobre los contratos y el retraso de las obras de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de un escándalo mundial por el pago de sobornos a funcionarios públicos. El contralor también se ha hecho de la vista gorda en los casos de los milmillonarios convenios repartidos a dedo por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Ejecutivo nacional para atender la crisis eléctrica.

Mientras los venezolanos padecen la escasez de comida y medicamentos, Galindo guarda silencio acerca de los vicios que han penetrado a los ministerios de Alimentación y Salud. Tampoco ha dicho nada sobre el desempeño de las carteras de Servicios Penitenciarios, Finanzas, e Interior y Justicia, así como del Banco Central de Venezuela, a pesar de la crisis económica, el aumento de la delincuencia y la entronización de los “pranes” en el país.

El clamor de los ciudadanos que reclamaban sus documentos de identidad ha sido desatendido por el contralor general, que no ha investigado los múltiples señalamientos públicos que cuestionan el funcionamiento del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Puede que Galindo no sea muy transparente, pero hay algo que jamás ha ocultado: su obediencia a la línea del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Quien fuera el consultor jurídico de la Asamblea Nacional durante la presidencia de la primera dama de la República, Cilia Flores, ha pretendido anular políticamente mediante sus inhabilitaciones a los gobernadores Henrique Capriles Radonski (Miranda) y Liborio Guarulla (Amazonas), así como a los alcaldes Enzo Scarano (San Diego, Carabobo), y Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira).

El contralor general se sumó a la operación de acoso y derribo contra el Parlamento de mayoría opositora, interviniendo su unidad de auditoría interna, y ordenó revisar las cuentas de los últimos nueve años de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien cayó en desgracia ante el presidente Nicolás Maduro tras denunciar la “ruptura del orden constitucional” por dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que a finales de marzo inhabilitaron al Poder Legislativo.

La Contraloría General ha sido colonizada por la familia Galindo, que metió a doce de sus parientes en la institución. Para remate, los tres últimos auditores internos del organismo fueron puestos a dedo, incluida su nuera, Suhei Marisel Araque Serrano, esposa de Álvaro Galindo León, quien se desempañaba como asistente de su padre.

Los venezolanos no saben qué hace Galindo. Desde 2015 no publica su memoria y cuenta. Los informes de actuaciones, los informes de especial interés para la sociedad y el libro de dictámenes brillan por su ausencia desde 2014, 2013 y 2012, respectivamente. Se conoce que apenas realizó 69 auditorías a la administración central en 2015, y no ejecutó ni una auditoría de seguimiento entre 2014 y 2015.

Siempre de espaldas a los ciudadanos, el contralor general de la República no ha respondido las más de 70 comunicaciones que han sido remitidas a su despacho por Transparencia Venezuela desde 2014.

Galindo no solo es responsable del auge de la corrupción, sino que también ha contribuido con la crisis política del país al avalar la irregular designación de los magistrados “exprés” del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015. En síntesis: Galindo ha permitido tanto el saqueo de las arcas de la Nación como la ruptura del orden constitucional.

Publicado por Transparencia Venezuela 

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El 3er informe de Almagro sobre Venezuela incluye violaciones, tortura sexual y descargas eléctricas a detenidos

El pasado19 de julio, el Secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, presentó su tercer informe sobre la crisis venezolana a la Consejo Permanente.

Este tercer informe, como los otros dos, pone en evidencia la profundización de la crisis y la responsabilidad del gobierno venezolano en ella.

Todos los elementos abordados por el diplomático son importantes por su gravedad, sin embargo quisiéramos resaltar dos puntos que se desarrollan en el texto presentado:

El primero tiene que ver con la tortura sistemática aplicada a los detenidos por las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Policía (Sebin). Un delito de lesa humanidad, por lo tanto no prescriptivo. En este sentido, se registra “continuidad… de métodos específicos ya denunciados con anterioridad, en todas las víctimas, ejecutadas con mayor saña y morbo por parte de los funcionarios que las practican.”

Algunos de los patrones de tortura que Almagro presenta son: violencia y fuerza ejercida por los funcionarios mientras los torturaban; uso de gases tóxicos o polvo extraído de las bombas lacrimógenas, para aplicarlos directamente en la cara de la víctima; obligar a las víctimas a comer excremento o gusanos; tortura sexual de desnudamiento, amenazas de violación, actos lascivos o violación; palizas, descargas eléctricas; colgarlos por los brazos permitiendo que toquen el piso solo con las puntas de los pies por horas, entre otras gravísimas acciones que ponen en peligro la vida de las personas, atentan contra su dignidad y les ponen en riesgo de sufrir daños permanentes.

“La tortura, así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes, están prohibidos en todo momento y en todo lugar, incluso en tiempo de guerra. Ninguna emergencia nacional, por terrible que sea, justifica recurrir a torturas”, expone el Secretario.

El segundo punto es la supuesta relación de altos funcionarios con tráfico de drogas. Hace mención a los casos de Néstor Reverol, y las condenas de Efraín Campos y Francisco Flores, sobrinos de la Primera Dama, Cilia Flores.

“Las incautaciones de grandes volúmenes de drogas, como el descubrimiento en 2013 de 1,4 toneladas métricas de cocaína en un vuelo de Air France de Caracas a París, hacen improbable que no exista una participación militar de alto nivel en el tráfico de drogas a través de las redes de transporte de Venezuela”.

La profundización de la crisis de la institucionalidad democrática,ahora incluyendo las represalias contra el Ministerio Público y su titular, la Fiscal Luisa Ortega Díaz, la pretensión de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, la acrecentada crisis humanitaria, y el aumento de la represión y sus tácticas, también están contemplados en el informe.

Exigencias

Almagro exhortó a la comunidad internacional a solidarizarse con Venezuela y asumir posiciones firmes al respecto, basados en los principios democráticos que sustentan la Carta de la OEA. “La comunidad internacional debe seguir ejerciendo presión contra el Régimen por todos los medios posibles, incluida la aplicación de sanciones específicas…”, y señaló que los Estados miembros deben exigir colectivamente:

 La suspensión inmediata del proceso de asamblea nacional constituyente.

 La suspensión inmediata de la represión. Debe garantizarse el derecho de las personas a la libre expresión, la libertad de reunión y la protesta pacífica, sin amenazas, detención, prisión o tortura.

 Una investigación a gran escala sobre los actos de figuras clave del Régimen y sus subordinados para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población civil en Venezuela.

 La liberación inmediata de todos los presos políticos.

 La convocatoria inmediata de elecciones libres, justas y transparentes. Esas elecciones deberán ajustarse a las normas internacionales e incluir la presencia de observadores internacionales. Deberán suspenderse todas las prohibiciones contra los partidos políticos, las organizaciones y los candidatos, con el fin de garantizar la plena participación.

 El establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia humanitaria directamente al pueblo de Venezuela.

 El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de cada uno de los poderes públicos, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución de Venezuela. Esas medidas deben incluir:

a. La restauración de todas las atribuciones de la Asamblea Legislativa;

b. La selección democrática del Consejo Nacional Electoral; y

c. La selección democrática del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela.

Descárguelo AQUÍ

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IPYS | Poderopedia te dice quién decide tu CLAP

 

Desde que el 3 de abril de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro anunció la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) para distribuir bolsas de alimentos y productos de primera necesidad, en medio de un contexto de escasez pronunciada, falta de medicinas y demás artículos, se han señalado fallas en su suministro, distribución, una marcada preferencia por artículos importados en lugar de favorecer la producción nacional, y hasta sobreprecio.

Según reportes de prensa, en su mes de creación las bolsas del Clap costaban entre 850 y 1.400 bolívares (US$ 85 y 140, a tasa oficial Dipro); un año después, en marzo de 2017, costaban al menos entre BsF 8000 y 15000 (US$ 800 y 1500).

Más allá de la designación de Freddy Bernal como principal responsable y coordinador nacional de los Clap, poco se conoce sobre los coordinadores locales y regionales de cada una de esas unidades de distribución alimenticia gubernamental, encargados de anclar y mantener en funcionamiento este engranaje.

En Poderopedia, un portal de colaborativo que permite mostrar las relaciones de poder en Venezuela, ha hecho un trabajo exhaustivo para dar con estos coordinadores regionales, y mostrarle a los venezolanos los cabecillas de este organismo que decide quiénes comen, cuándo y qué comer.

En algunos casos, la iniciativa corresponde al máximo dirigente regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), como es el caso del gobernador de Anzoátegui, Nelson Moreno; en otros, corresponde a los coordinadores de Mercal o de la Misión Alimentación. En otros también llega hasta dirigentes regionales y diputados a la Asamblea Nacional, como es el caso de Nicia Maldonado en Amazonas.

En medio de la actual coyuntura política, económica y social del país, Poderopedia presenta la publicación de estos perfiles regionales, así como las actualizaciones de personajes propios y fundamentales de actualidad política del país, como la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; el defensor del pueblo, Tarek William Saab, así como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia nombrados el viernes 21 de julio de 2017 por la polémica Asamblea Nacional.

Revisa las reseñas de cada coordinador regional del Clap, así como sus conexiones con la política venezolana

Publicado por   Provea 

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