Provea y la Carta Democrática

Marino Alvarado | En el año 2002 cuando se produjo el Golpe de Estado contra el Ex presidente Chávez, la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se aplicara la Carta Democrática.

El día 12 de abril de ese año expresó: Llamamos a la Comunidad Gubernamental Interamericana a tomar posición ante la crisis institucional que vive Venezuela, en aplicación del Artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana que plantea la condena de “la ruptura del orden constitucional  que afecte gravemente el orden democrático” de los Estados Miembros, al tiempo que llamamos a los gobiernos democráticos del continente a solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en virtud de la aplicación del artículo 20 de la referida Carta, para que dicha instancia pueda “realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

Esa posición coherente con la defensa de la democracia y con el respeto a la voluntad popular, mereció el reconocimiento de importantes líderes de quienes hoy están en el gobierno. Una respuesta rápida y sin titubeos frente a una situación que ameritaba firmeza pese a los riesgos que ello implicaba por la represión que los golpistas desataban en esos momentos.  Esa posición fue ratificada  el 13 de abril ante distintos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Nadie de los líderes políticos que apoyaban al presidente Chávez se atrevió a decir que esa posición de Provea significaba traición a la patria o era unos vendidos al imperialismo o cómplices de una intervención extranjera.

Provea actuaba apegada a sus principios en defensa de los derechos humanos y la democracia. Solicitaba la aplicación de un instrumento internacional que el propio gobierno venezolano había ayudado a promover y que constituía un avance de las corrientes democráticas del Continente contra las prácticas autoritarias.

Siete años después, en 2009, cuando se produjo el Golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Provea, solidaria con el pueblo hondureño, indicó el 29 de junio de ese año lo siguiente:

“Urgimos a la OEA a aplicar sin vacilaciones los compromisos contraídos en la Carta Democrática Interamericana. Es impostergable que estos mecanismos institucionales de la comunidad internacional se pongan en marcha para que el pueblo y las instituciones hondureñas, con irrestricto apego al principio de no intervención, encuentren los cauces institucionales de los que la propia Honduras está dotada, para solventar la presente crisis política dentro del marco de las instituciones constitucionales.”

Tal como ocurrió en el 2002 y en 2009 están dadas las condiciones para que a través de los procedimientos establecidos por la comunidad internacional se apliquen los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana.

En 2017, quince años después de haber solicitado a la OEA  por primera vez se activara la Carta Democrática, vuelve la organización de derechos humanos a solicitar su aplicación. Esta vez contra la ruptura del orden constitucional que lidera el presidente Nicolás Maduro. Tal como ocurrió en el 2002 y en 2009 están dadas las condiciones para que a través de los procedimientos establecidos por la comunidad internacional se apliquen los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana.

En los últimos días los mismos sectores que en pasado evaluaron como positiva la posición de Provea  ante esos dos hechos históricos que atentaban contra la democracia, desatan una campaña para tratar de desprestigiar e intimidar. No es de extrañar que en el marco del autoritarismo con la que se sostiene la dictadura en Venezuela esa campaña se intensifique.

Como bien lo viene expresando Provea no es tiempo de vacilaciones. Tras casi 30 años de defensa ininterrumpida y coherente en defensa de los derechos humanos y la democracia, tiempo en el cual cada gobierno de turno ha pretendido intimidar a esta organización y otras destacadas organizaciones de derechos humanos de Venezuela, hoy más que nunca seguirá firme acompañando a las víctimas de violaciones a sus derechos y enfrentando los abusos del Poder.

El artículo 132 de la Constitución dice que es un deber de todas las personas defender los derechos humanos como parte de la convivencia democrática. Pero además indica  el artículo 31 que para cumplir con ese deber todas las personas tienen el derecho de  acudir a las instancias internacionales. ¿Quiénes son los que actúan al margen de la Constitución?

Publicado por Provea

Etapa Final del EPU

Carlos Nieto Palma | El día de ayer 16 de marzo en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas (ONU) realizo la tercera etapa del segundo Examen Periódico Universal (EPU). En esta ocasión, el Estado venezolano tuvo que dar respuesta definitiva sobre la adopción de las 274 recomendaciones emanadas de 102 países que participaron durante la Sesión de Evaluación de Venezuela, celebrada el pasado mes de noviembre en Ginebra.

El Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento de cada una de los 192 Estados Miembros de las Naciones Unidas en cuanto a las respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos

El Examen Periódico Universal (EPU), establecido por la resolución 60/251 de la Asamblea General es un nuevo mecanismo de derechos humanos. Con este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento de cada una de los 192 Estados Miembros de las Naciones Unidas en cuanto a las respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos. El EPU es un mecanismo cooperativo que tiene por finalidad complementar y no duplicar la labor de los órganos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos.

Aun y cuando al momento de escribir estas líneas no se había efectuado esta sesión, ya el informe del Estado venezolano sobre que recomendaciones aceptaba, cuales anotaba y las que fueron anotadas sin apoyo, fueron consignadas por el Estado venezolano, y que el pasado 13 de marzo fue distribuida.

El Estado venezolano de las 274 recomendaciones hechas por los países participantes en el EPU, acepto 193 recomendaciones, 28 las anoto es decir que no se comprometió a aceptarlas y 53 fueron anotadas sin apoyo que es lo mismo que las rechazo.

Según Jo Delia defensor de derechos humanos y quien desde la organización Civilis ha hecho un excelente trabajo al seguimiento y divulgación del EPU desde su primer ciclo en el 2011 nos dio su apreciacion sobre este segundo ciclo “El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos complementario a otros exámenes en derechos humanos de las Naciones Unidas. En el EPU, los mismos Estados miembros evalúan a sus pares en el cumplimiento de obligaciones con los derechos humanos.

Gracias a que Venezuela fue por primera vez examinada en el año 2011, el Estado venezolano se puso al día con informes de cumplimiento de tratados internacionales tras 12 años sin haberlo hecho, lo cual llevó a que el país fuese evaluado de forma exhaustiva 6 veces en diversos campos de derechos humanos entre los años 2013 y 2015. Después de estas evaluaciones, la realidad del país en esta materia está mucho más clara para la comunidad internacional a pesar de la poca información pública a la que hay acceso y es la razón por la cual en el reciente segundo examen realizado el pasado noviembre de 2016, Venezuela haya recibido el doble de las recomendaciones que obtuvo la primera vez, en áreas donde se creía que no había demasiadas dificultades.

La sociedad civil participa con pleno derecho en todos los exámenes que realiza el sistema de protección de las Naciones Unidas. En ocasión de este segundo EPU de Venezuela, 170 organizaciones no gubernamentales venezolanas tuvieron oportunidad de contribuir a la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela y el próximo 16 de marzo también ejercerán derecho de palabra acerca de sus resultados.

El EPU funciona por ciclos continuos, lo cual significa que cada Estado es permanentemente objeto de seguimiento en la implementación de las recomendaciones que se le hayan hecho hasta el siguiente ciclo. Jamás se detiene, así como tampoco el trabajo de la sociedad civil en la exigencia de que cada una de las recomendaciones se cumpla”.

El Estado rechazo temas importantes para todos los venezolanos que fueron hechas por algunos países participantes en el EPU como la libertad de los presos políticos, protección a los defensores de derechos humanos, mejorar las condiciones de las cárceles venezolanas, avanzar en el dialogo con todos los sectores, autonomía del poder judicial, permitir visita de representantes de la ONU y OEA y muchos otros, en algunos casos alegan intromisión o que recomendaciones hechas no ocurren en Venezuela.

Resulta interesante destacar que el Estado venezolano asumió como compromiso voluntario “Implementar el nuevo régimen penitenciario en el cien por ciento de los establecimientos penitenciarios del país, a fin de lograr la reinserción social de los privados y privadas de libertad a través de métodos basados en principios de igualdad y justicia social” no sé si este compromiso voluntario incluirá investigar y sancionar a los responsables por acción u omisión de las fosas comunes halladas en pasados días en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), aclarar que hacia el Pran Wilmito paseando en playa parguito en Margarita, el banco que funciona en la cárcel de Tocuyito o el caos que se vive actualmente en los centros de detención preventiva del país.

El gran trabajo ahora es que la sociedad civil de seguimiento a cada una de las recomendaciones efectuadas al Estado en el EPU para coadyuvar al respeto de los derechos humanos en el país.

Municipios, vecinos, comunas: mayor compromiso ciudadano con la comunidad municipal

“La salud de una sociedad democrática puede medirse por la calidad de las funciones desempeñadas por los particulares”.

Rafael Quiñones

Samuel Huntington, uno de los pensadores más célebres en las ciencias políticas del siglo XX, describía que la modernización política y social de una sociedad pasaba por la racionalización de la autoridad política; la diferenciación de sus estructuras políticas; y la participación de las masas en la política. En este último punto, Huntington describe el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna como una ampliación gradual de la población con participación política: En la fase más temprana del tránsito sólo intervienen en la política las élites sociales; después, se incorporan las clases medias y, por último, se da la incursión del grueso de la sociedad. Por ende, cuanto mayor nivel de personas puedan participar en la gestión de los asuntos públicos en una sociedad, mayor modernidad política y social tendrá la misma en su conjunto.

La ampliación de los derechos de las personas en los asuntos públicos no obstante no se da naturalmente en reposo ni de manera rutinaria. Cuando hay fases de tensión, crece la participación y disminuye en las fases de tranquilidad, lo que hace necesario que en una sociedad democrática que quiera conciliar tanto estabilidad política como alto nivel de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es que previamente el sistema político articule una completa y viable institucionalidad política que pueda soportar estos elevados niveles de participación. Y la célula de institucionalidad política más cercana a los ciudadanos es su gobierno local, llámese municipio, parroquia o comuna.

En este contexto de evolución y mutación política que vive el mundo, Venezuela no se queda atrás en su necesidad de establecer grandes cambios en su manera de gestionar las instituciones públicas, que combine tanto un alto nivel de estabilidad institucional como un mayor compromiso ciudadano a través de las instancias gubernamentales más cercanas al mundo cotidiano de los ciudadanos. De esta forma, para evitar que los ciudadanos de una comunidad política sean víctimas de la incompetencia de un Estado centralizado e hiperburocratizado, se ha de hacer un cambio de institucionalidad política en el país que posibilite que las comunidades organizadas en Venezuela puedan exponer sus demandas a nivel comunitario como son los municipios. El poder político es más eficiente cuanto más cercano esté de las comunidades a las cuales debe atender.

En un encomiable trabajo de escritura, José Gregorio Delgado Guerra en el Cuaderno de Temas de Formación Sociopolítica N 21: Municipios, vecinos, comunas: mayor compromiso ciudadano con la comunidad municipal, nos plantea la historia y los mecanismos disponibles de acercar el poder políticos a los ciudadanos a través de los gobiernos locales que contempla la legislación vigente en Venezuela. Un trabajo que no se puede subestimar cuando se aspira a un cambio político en el corto plazo en nuestro país.

Publicado por Revista SIC

Un joven asesinado no es un muerto más

Luisa Pernalete | Por estos días es difícil dejar de mencionar el caso de la joven liceísta muerta a raíz de una golpiza propinada por tres compañeras de clases, la preocupación aumenta cuando se informa que el motivo del ataque fue algo cotidiano en los liceos: la víctima había sacado a sus tres amigas de un trabajo de equipo, porque en dicho trabajo, las otras no había hecho nada y ella cargó con la tarea. ¡Qué manera de manejar un conflicto menor! No fue un atraco, no fue un asalto, no eran delincuentes: ¡eran compañeras de clase!. No recuerdo otro caso parecido de violencia entre pares.

Este hecho tiene que hacer reflexionar a gobierno, al Ministerio de Educación, a nosotros los educadores… no es un muerto más: es un asesinato por motivos insignificantes, es una tragedia. Pensemos un par de cosas: ¿Cómo estamos los venezolanos resolviendo nuestras diferencias? ¿ Nos hemos dado cuenta de cuánto se han incrementado los linchamientos? Estoy en Maturín por estos días, anteayer hubo un linchamiento, también fue un joven la víctima, y me dicen que eso está pasando  con frecuencia, aunque no salga en los medios. Pensemos si en los liceos estamos enseñando habilidades para convivir en paz, ¿ Cuántos profesores se están formando ara ello, pensemos qué va a pasar con las 3 compañeras involucradas en el crimen: dos menores de 18 y una de esa edad, ¿Dónde están los centros especializados para que esas chicas se reeduquen?, la mayor irá a la cárcel de mujeres… ¿ Ese impulso violento nació en el momento de saber que quedaban fuera del trabajo en equipo o es la manera común para solucionar los problemas? ¿Hay cultura de asumir responsabilidades en este país? ¿Los funcionarios públicos lo hacen? ¿Dónde están las Políticas Públicas de prevención de la violencia escolar?

No alcanza una columna  para la reflexión que este caso obliga, porque además hay que añadir que el año pasado, según el OVV, hubo más de 9 mil jóvenes entre 15 y 20  años que murieron de manera violenta en este país

Los operativos no son “Políticas Públicas”, son solo eso: operativos, acciones espasmódicas, eso no revierte la cultura de la violencia, no se desaprende la guerra en 10 fáciles lecciones, pero sabemos que es posible pacificar una escuela. ¿Dónde están los programas de ayuda a las familias que requieren herramientas, orientación? ¿Qué debería hacer el liceo escenario de esta tragedia? ¿Basta con echar la culpa a las tres compañeras/victimarias? Políticas Públicas, según nos recuerda siempre Gloria Perdomo – experta en la materia- suponen metas a corto, mediano y largo plazo, suponen recursos, personal formado para ello, monitoreo para medir impactos, efectividad de lo planificado… en fin, no es como organizar un desfile para el carnaval.

No alcanza una columna  para la reflexión que este caso obliga, porque además hay que añadir que el año pasado, según el OVV, hubo más de 9 mil jóvenes entre 15 y 20  años que murieron de manera violenta en este país. ¿No son muchos muertos para un país que no tiene conflicto bélico abierto? Hace un par de semanas mataron a un alumno de una escuela de Fe y Alegría del Estado Apure, no fue dentro del colegio, aparentemente el problema era con un familiar y la víctima resultó ser nuestro estudiante… apenas vamos por febrero.

Las organizaciones que hacen vida en la Red de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes (REDHNNA) de la cual Fe y Alegría forma parte, han estado pidiendo al Estado, último garante de los DDHH, que elabore y financie Políticas Públicas de prevención y de abordaje de la violencia contra la población infantil y juvenil, eso incluye la intervención de la violencia escolar. Se necesita proteger de manera integral a los NNA. Como bien dicen los amigos de CECODAP – también miembros de la REDHNNA –  las escuelas son reflejos de la sociedad.

Publicado por PROVEA 

Apartheid político

Carlos Nieto Palma

Gran parte de los venezolanos hemos vivido en carne propia de un apartheid o discriminación por razones políticas por el solo hecho de pensar diferente o decir cosas distintas a la que el régimen quiere escuchar, ahora esto llega a su máxima expresión con el carnet de la patria, que al parecer será necesario para cualquier actuación que queramos hacer y donde la dictadura esté involucrada.

Esto no es nuevo, hace más de 12 años, fueron despedidas por José Vicente Rangel del Consejo Nacional de Fronteras, por aplicación de la “Lista Tascón”, tres mujeres: Rocío San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang. Esto fue el 12 de marzo de 2004 cuando les informaron que tenían que despedirlas por haber firmado solicitando el referéndum revocatorio de mandato del entonces Presidente Hugo Chávez.

Soy amigo de Rocío San Miguel desde hace muchos años y me consta el largo camino que ha recorrido ha en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de ella y sus dos compañeras de trabajo, luego de este despido por estar en la “Lista Tascon” que podríamos decir que es el inicio del apartheid por razones políticas en Venezuela, no solo aplicada a Rocío, Thais y Magaly sino a infinidades de venezolanos que sufrieron las consecuencias de pensar diferente en aquel momento y lo seguimos sufriendo hoy en día.

Luego que agotaron todos los recursos internos, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente el 8 de marzo de 2015, día internacional de la mujer, Rocío, Thais y Magaly, fueron notificadas que su caso sería analizado por la Corte Interamericana de DDHH en San José de Costa Rica, en una audiencia que se efectuó el pasado 14 de febrero, convirtiéndose en el primer caso que por discriminación política seria discutido en esa instancia internacional desde su instalación el 03 de septiembre de 1979.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un resumen del proceso dice: “El caso se relaciona con el supuesto despido arbitrario de Rocío San Miguel Sosa, Magaly Chang Girón y Thais Coromoto Peña de sus respectivos cargos públicos en el Consejo Nacional de Fronteras el 12 de marzo de 2004 tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial del entonces Presidente Hugo Chávez Frías. Se plantea que tal proceso político habría tenido lugar en un contexto de significativa polarización en el que el entonces Presidente de la República y otros altos funcionarios estatales efectuaron declaraciones, cuyos contenidos reflejarían que se trató de formas de presión para no firmar, de amenazas de represalias e incluso de la acusación infundada de terroristas a quienes firmaron. Parte del contexto de las firmas y el despido habría tenido que ver con la creación y publicación de la denominada “lista Tascón” que incluía a las personas que firmaron la convocatoria a referendo revocatorio, que habría sido encargada por el propio Presidente de la República a un Diputado con la finalidad de “que salgan los rostros” de lo que se denominó como un supuesto “megafraude”. Se alega que la terminación de los contratos de las tres presuntas víctimas habría constituido un acto de desviación de poder, en el cual se habría utilizado la existencia de una facultad discrecional en los contratos como un velo de legalidad respecto de la supuesta verdadera motivación, que sería la de sancionar a las víctimas por la expresión de su opinión política mediante la firma de la convocatoria al referendo revocatorio. Se alega que esta supuesta sanción implícita habría constituido una violación a los derechos políticos, una discriminación por opinión política y una restricción indirecta a la libertad de expresión. Finalmente, se alega que ni el recurso de amparo ni la investigación penal, incluido el recurso de apelación contra el sobreseimiento, habrían constituido recursos eficaces para examinar un supuesto de desviación de poder materializado en una discriminación encubierta”.

En esta audiencia los jueces de la Corte Interamericana escucharon el relato de la discriminación política en Venezuela y como ésta se ha convertido en una política de Estado, contra quienes son considerados opositores, disidentes y críticos. Fue impactante escuchar el testimonio de Rocío San Miguel narrando todas las persecuciones, arbitrariedades y hasta amenazas de muerte que ha recibido en todos estos años por el solo hecho de pensar distinto y querer un mejor país.

Por ahora el caso de Rocío San Miguel, Magaly Chang y Thais Peña contra Venezuela, que se sigue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entró en un plazo hasta el 15 de marzo de 2017, en el que las partes deben presentar los alegatos de fondo, para esperar finalmente la sentencia, la cual debería producirse a finales de 2017.

Según el equipo de juristas y expertos en derechos humanos que acompañan a las victimas este caso es de suma importancia porque: 1.- Podrá sentar jurisprudencia internacional sobre la discriminación política ejecutada en Venezuela, como política de Estado y ayudará en el futuro a miles de víctimas que sin haber llegado a la justicia internacional se servirán de un estándar comprobado y 2.- El caso permitirá condenar al Estado venezolano por la violación de DDHH y visibilizar internacionalmente la discriminación política, que lamentablemente continúa profundizándose en Venezuela.

Yo no tengo dudas que el Estado venezolano será condenado por estos hechos, así como que Rocío San Miguel continuara en su lucha a favor de los derechos humanos, que este hecho de discriminación política le puso en el camino, y que hoy la ha convertido una de las más resaltantes figuras en la defensa de estos derechos en Venezuela.
cnietopalma@gmail.com
@cnietopalma

Publicado por “El Nacional”