TSJ y ANC insisten en usurpar funciones del Parlamento

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sentencia nº 66 del 16 de agosto de 2017, ordenó la detención del diputado (ex-PSUV) Germán Ferrer, sin haber obtenido la autorización previa de la Asamblea Nacional (AN), tal y como lo ordena el artículo 200 de la Constitución, ni haber publicado el texto íntegro de la sentencia, por lo que el condenado no conoce su fundamentación, requisito indispensable para un debido proceso.

Al parecer (ya que el texto de la sentencia no está publicado), la razón para violar la inmunidad parlamentaria de Ferrer, quien, vale acotar, es esposo de la Fiscal General suspendida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es la existencia de elementos de prueba que demuestran que el diputado cometió una serie de delitos de manera flagrante (corrupción, enriquecimiento ilícito, legitimación de capitales y asociación para delinquir), a pesar de que el ex-Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo que tales transgresiones a la ley habían ocurrido entre marzo de 2016 y abril de 2017.

El artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que un delito flagrante es “el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor”.

¿Es posible que haya habido flagrancia si los delitos imputados fueron cometidos hace tiempo? Acceso a la Justicia observa que, aunque algunos ilícitos son de carácter continuado, no consta tampoco que a Ferrer se le haya sorprendido en el preciso momento de su comisión, por ello no ha sido aprehendido y en efecto, salió del país, así que mal se podría aplicar la figura del delito flagrante y, por ende, tampoco el procedimiento especial previsto en el COPP.

Para la ONG más evidente aún es que no se ha dado la circunstancia de hecho prevista en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual en el caso de que un diputado sea sorprendido en la comisión de un delito, la autoridad competente lo debe poner en custodia en su residencia y se debe comunicar de ello a la Fiscalía y a la Sala Plena del TSJ, la cual debe decidir sobre la libertad o no del legislador, pero ello no exime de solicitar el levantamiento (allanamiento) de la inmunidad del diputado a la AN. En el caso del diputado Ferrer fue la ANC quien consumó dicho procedimiento en su sesión del 17 de agosto.

“Lo único que demuestra esta decisión del TSJ es la violación por parte de los magistrados y de los miembros de la ANC de la inmunidad parlamentaria, lo cual acarrea responsabilidad administrativa e incluso penal, de acuerdo con lo señalado en el artículo 200 constitucional. También se incurrió en usurpación de funciones, que según el artículo 25 de la Carta Magna acarrea la nulidad de sus actos y además constituye un delito de acuerdo con el artículo 213 del Código Penal”, subrayó la ONG.

Vale acotar que el artículo 213 del Código Penal prevé prisión de 2 a 6 meses para cualquier funcionario que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas, civiles o militares.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Después de cuatro meses de protesta contra el Gobierno nacional volvemos al mismo conflicto generado por las sentencias 155 y 156 del TSJ, que llevaron a la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz, a denunciar la ruptura del orden constitucional.

De nuevo, la máxima cabeza del poder judicial y ahora la Constituyente usurpan las funciones de la Asamblea Nacional legítima, al levantar la inmunidad parlamentaria del diputado Germán Ferrer, de manera que se ha reanudado el golpe de Estado de marzo de 2017, ahora con más fuerza.

¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que sus derechos serán respetados? Lamentablemente ninguna, porque los poderes encargados de velar por esos derechos desconocen la Constitución y las leyes o las tuercen de acuerdo con sus intereses.

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El control absoluto del Estado por parte de la ANC

Carlos Romero Mendoza

Mientras la sociedad civil debatía sobre la participación en las elecciones Regionales 2017, anunciadas para el mes de octubre, la supuesta Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima e inconstitucional, aprobó dos Decretos Constituyentes a través de los cuales pretende asumir el control absoluto del Estado.

El primero de esos Decretos Constituyentes plantea que su objeto es garantizar el funcionamiento armonioso, justo y equilibrado de todas las ramas del poder público a los fines de cumplir efectivamente con los fines del Estado.

Ahora bien, según el artículo 3 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo,  y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución vigente.

Esos fines, constitucionalmente reconocidos, no son los mismos a que hace referencia el Decreto Constituyente, el cual plantea como fines esenciales del Estado: preservar la tranquilidad pública, la paz, la soberanía y la independencia nacional, el funcionamiento constitucional del Estado y la garantía efectiva de los derechos del pueblo venezolano.

El control absoluto sobre el Poder Público a través de ese Decreto, publicado en Gaceta Oficial No. 6.323 del 8 de agosto de 2017, se concreta a través de las siguientes atribuciones que la propia Constituyente se delegó a sí misma:

Decretar medidas sobre competencias, funcionamiento y organización de los órganos del Poder Público, de cumplimiento inmediato.

Limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público.

El Decreto Constituyente, además, decretó formalmente que todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, y éstos quedan a partir de ese momento obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen de dicha Asamblea.

Lo novedoso y peligroso de ese Decreto Constituyente es que aparece un tercer actor: la supuesta Asamblea Constituyente, que con la excusa de ser plenipotenciaria se está reservando atribuciones para un control absoluto del Poder Público Nacional. Tan es así, que hasta el propio Presidente Maduro expresó públicamente su subordinación a esa cuestionada, ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.

El Presidente Maduro, en una participación pública ante la Asamblea Nacional Constituyente, declaró: “Vengo a reconocer sus poderes plenipotenciarios, soberanos, originarios y magnos, para regir los destinos de la República. Como jefe de Estado me subordino a los poderes constituyentes de esta Asamblea Nacional Constituyente”.[1]

¿Qué significa que un Presidente, electo popularmente, exprese su voluntad de subordinarse a un Poder Constituyente que no representa a los venezolanos y que violenta los valores, principios y garantías constitucionalmente reconocidas en nuestro orden constitucional y democrático?

¿Qué interpretación debemos darle al Decreto Constituyente de ratificación al ciudadano Nicolás Maduro como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado y de Gobierno, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el segundo documento aprobado y que fue publicado el 10 de agosto de 2017, en Gaceta Oficial Extraordinaria No 6.325?

Foto: AVN

En ese Decreto Constituyente se reconoce expresamente que la permanencia de Nicolás Maduro como Presidente de la República, y convocante de la Constituyente, es un soporte fundamental para la implementación de las medidas que adopte la Asamblea Nacional Constituyente y una supuesta garantía para que el proceso democrático de transformación integral de la Nación prosiga con éxito.

Por cierto, ese Decreto Constituyente se equivoca al calificar de “democrático” este proceso constituyente. Basta revisar con objetividad todo el proceso que va desde su convocatoria hasta su definitiva instalación.

Con estos dos Decreto Constituyentes se ha concretado el golpe de Estado que desde el año 2016 viene denunciando expresa y públicamente la Asamblea Nacional.

Vivimos, como sociedad, momentos muy confusos, complejos y nada fáciles; el desafío que esta realidad nos impone exige la defensa de la Asamblea Nacional como Poder Público legítimo y el reclamo sistemático de respeto a la voluntad popular.

Hoy resulta oportuno recordar a los diputados que el 13 de octubre 2016 se comprometieron, según el Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución, a  conformar un Movimiento Cívico Nacional en Defensa de la Constitución, de la Democracia y del Voto, impulsado desde la propia Asamblea.

La amenaza real contra la existencia de la Asamblea Nacional agrava la situación política del país y termina por arrebatar el espacio político para el debate de los temas nacionales.

El logro político de rescatar la Asamblea Nacional, el pasado diciembre de 2015, a través del voto directo, secreto y universal, encuentra en estos Decretos Constituyentes la difícil tarea de responder contundentemente con el 333 y el 350 de la Constitución, o con la indiferencia con la cual se observó el cierre técnico del Congreso de la República en el año 1999.

¿Nos olvidamos de la Asamblea Nacional y avanzamos a las Regionales? ¿Nos ocupamos de ambos procesos? ¿Qué hacemos? La respuesta no está exclusivamente en la MUD, está en nosotros como electores y ciudadanos. ¿Tenemos algo qué decir como ciudadanos?

17 de agosto de 2017

 

[1]AVN.  Presidente Maduro reconoce el poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente.  10 de agosto de 2017. Online en: http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-asamblea-nacional-constituyente-es-%C3%BAnica-carta-que-ten%C3%ADa-pa%C3%ADs-para-lograr-paz

Fuente: politikaucab 

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Acoso laboral y discriminación política

“¿Qué sentirían ustedes si fueran despreciados, denigrados y agredidos moralmente durante años por unas personas cada vez más zafias y ensoberbecidas, en la certidumbre de que cualquier acción legal que la víctima emprenda, en el mejor de los casos, se saldará con una multa que podrán pagar sin despeinarse, para seguir ejercitando su abominable e inhumano pasatiempo con renovado placer?”

Lorenzo Silva, escritor español

Carlos Patiño | En la última década, el movimiento sindical y las organizaciones de Derechos Humanos han sido testigos de la creciente discriminación laboral por razones políticas en Venezuela, el acoso a empleados públicos para que se abstengan de participar en eventos o iniciativas de oposición al gobierno, y el hostigamiento para que asistan y participen de actos, eventos y elecciones promovidas por el partido oficialista.

Sin embargo, desde el pasado 17 de julio de 2017, la ONG Provea ha registrado un incremento exponencial de denuncias por parte de trabajadores y funcionarios de al menos 80 organismos de la Administración Pública Nacional, en el marco de la elección de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. Las consecuencias para quienes no acataron dichas órdenes van desde el escarnio y las desmejoras, hasta las remociones, destituciones y despidos.

Si bien desde la época de Hugo Chávez funcionarios de diverso rango han hostigado a trabajadores que laboran en organismos del Estado, con acciones concretas en entes específicos, como el despido masivo de aproximadamente 20.000 trabajadores de PDVSA (2003), y la aplicación de la “Lista Tascón” para decidir la incorporación o no de un aspirante a cargo público (2004); en la actualidad la persecución laboral se ha convertido en la norma que rige las dependencias oficiales. Ya en el año 2016 Provea asumió el caso de 16 mujeres trabajadoras de la Fundación del Niño Simón que fueron despedidas por haber firmado a favor del fallido referéndum revocatorio promovido por la oposición, y a la fecha, ninguna de ellas ha sido reenganchada.

Entre el 17 de julio y el 05 de agosto de 2017, Provea recibió más de 260 denuncias de hostigamiento a empleados públicos por negarse a votar en la ANC, para un promedio de 15 denuncias diarias provenientes de Ministerios, Institutos Autónomos, Empresas del Estado y hasta hospitales y entes educativos. Cabe resaltar casos en los cuales una sola denuncia abarca, no a una persona, sino a un grupo de trabajadores públicos, por lo que la cantidad de denuncias implica un número mucho mayor de empleados afectados.

Antes de la elección, se les conminaba a reportar ante sus superiores un listado “1 X 10” donde debían señalar las 10 personas que llevarían a votar ese domingo. Asimismo, debían informar dónde y a qué hora votarían, tomar fotografías e informar la identificación de sus cuentas de redes sociales. De no hacerlo, se les comunicaba que serían despedidos. En otras denuncias se les solicitó la tramitación del denominado “Carnet de la Patria” antes de la fecha de la elección, y se les intimidaba con quitarle el “CLAP obrero”. Posterior a la elección del 30 de julio hasta el 05 de agosto se materializaron 9 despidos del total de amenazas reportadas y a la fecha se reciben denuncias de presuntas “listas” que se estarían elaborando de aquéllos empleados públicos que no demostraron su participación y que serían despedidos bajo alguna causal inexistente para simular la justificación del despido.

En los casos registrados por Provea se constata una política de Estado que entraña una retaliación contra trabajadores de la administración pública, vulnerando no solo su estabilidad en el empleo, sino el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. La Constitución vigente y la legislación laboral venezolana prohíben cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios como el N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prohíben la discriminación laboral basada en opiniones políticas. La propia OIT considera que hay Acoso Laboral o “Síndrome de Mobbing”, cuando existe hostigamiento o acoso psicológico a través de acciones crueles, vengativas o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de trabajadores que afectan su salud mental garantizadas en el Convenio N° 155.

La dictadura en Venezuela pretende forzar a funcionarios y funcionarias, contratados y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional a no expresar libremente sus opiniones políticas, atentando contra la dignidad de cada uno de ellos; se les somete y se les coarta su libertad de decidir conforme a su conciencia y a hacerse cómplices del abierto proselitismo político en las instituciones del Estado y convalidar eventos como la fraudulenta Constituyente consumada el 30 de julio. El gobierno de Nicolás Maduro, radicalizando las políticas discriminatorias que iniciaron durante el período de Hugo Chávez, viola Derechos Humanos al implementar conductas represivas  y discriminatorias contra empleados públicos que manifiestan sus opiniones políticas.

Urge la necesidad de adopción de medidas urgentes y eficaces para obligar al Estado venezolano a detener el acoso laboral en todas sus formas y la discriminación por razones políticas.

Carlos Patiño

Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea. Lee y escribe cuentos

cuentodelcamino.blogspot.com @carlosdpatino  

Fuente: Provea 

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Represión, torturas y dictadura

Carlos Nieto Palma

11 DE AGOSTO DE 2017

Para el mundo entero en Venezuela se vive una dictadura. Eso los venezolanos lo sabíamos desde hace mucho tiempo y la comunidad internacional ya tiene una opinión clara al respecto. Sobre lo que vivimos hoy en día, que dista mucho de ser una democracia, se han expresado de manera contundente países y organizaciones internacionales de todo el planeta.

El martes 8 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, presentó al mundo las conclusiones de un trabajo que hizo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela sin poder constatarla in situ, por la negativa del Estado venezolano a autorizar la visita. Por este motivo, se desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos en el país, del 6 de junio al 31 de julio. El equipo llevó a cabo aproximadamente 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscalía General. También recibió información por escrito de la oficina del defensor del pueblo.

En las conclusiones del informe final que será presentado a finales de este mes se hacen graves señalamientos de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que ponen al descubierto lo que la dictadura se encarga de negar constantemente: que somos un país forajido en materia de derechos humanos y que la represión, la tortura y la muerte se han convertido en el pan nuestro de cada día, de los cuerpos de represión del régimen que actúan con total impunidad.

En este documento, presentado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se señala: “Los testigos relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado, sin previo aviso, gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparados a corta distancia y que la policía usó como munición canicas (metras), perdigones, tuercas y tornillos. Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes. Contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales, en muy raras ocasiones, condenaron esos incidentes. Hasta el 31 de julio, la oficina de la fiscal general había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo del Acnudh, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró”.

En el mismo documento se establece: “Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1° de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones. En varios casos examinados por el Acnudh hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante períodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual– a ellos y a sus familiares”.

A esta grave denuncia del más alto representante de los derechos humanos de la ONU se unió la declaración de 17 países del continente americano que se reunieron en Lima, Perú, para discutir la situación de Venezuela. Dejaron en claro su posición frente a la dictadura de Maduro mediante un acuerdo que se resume en los siguientes puntos: 1) Condenan el quiebre del orden democrático en Venezuela; 2) No reconocen ni la asamblea nacional constituyente ni los actos que emanen de ella; 3) Manifiestan su apoyo y solidaridad a la Asamblea Nacional; 4) Rechazan la violencia sistemática y la aplicación de medidas que perjudiquen las libertades del ciudadano; 5) Manifiestan su apoyo a la fiscal general y los integrantes del Ministerio Público; 6) Condenan la violación de los derechos humanos como consecuencia de la represión luego de más de 120 días de protestas; 7) Consideran que Venezuela no cumple con requisitos de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 8) Expresan su preocupación frente a la crisis humanitaria que atraviesa la nación y hacen un llamado a la reflexión de las autoridades; 9) Reiteran su apoyo a la suspensión de Venezuela del Mercosur; 10) Mantienen firme su decisión de no apoyar candidatura venezolana en mecanismos regionales ni internacionales; 11) Hacen un llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela; 12) Solicitarán presidencia pro tempore de la Celac y consideran postergar Cumbre Celac-UE y, finalmente, 13) Se comprometen a mantener un seguimiento activo de la situación en Venezuela.

La dictadura está desenmascarada ante el mundo, solo su club de aliados que disfrutan del dinero de los venezolanos la apoyan, la comunidad internacional en su mayoría respalda el cambio en Venezuela y la salida de este régimen que tanto daño le ha hecho a nuestra patria. Soplan aires de cambio y un futuro cercano para el retorno a la democracia.

cnietopalma@gmail.com

@cnietopalma

Fuente : El Nacional 

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Solicitar información “molesta” a la administración pública

Que un ciudadano o grupo solicite información a cualquier órgano de la administración pública ha sido considerado como una especie de molestia que “recarga innecesariamente” a los “siempre muy ocupados” funcionarios que allí laboran. No es una exageración. Este y otros argumentos no menos insólitos han sido esgrimidos por el Poder Judicial a la hora de negar recursos relacionados con el acceso a información pública.

En 2009, Provea y un grupo organizado de la sociedad civil interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para obligar al Presidente de la República a explicar el cambio constante de ministros en la cartera de Vivienda y Hábitat durante 2008. La Sala Político Administrativa del alto tribunal consideró que el Presidente estaba muy ocupado para responder a la petición y estableció que tales medidas presidenciales (remover y designar nuevos ministros) procuraban aumentar la “eficiencia” del Estado.

El derecho a la información pública, previsto en el artículo 28 de laConstitución, se ejerce cuando un ciudadano la solicita al Estado. Tiene categoría de derecho humano y esto deviene de su pertenencia al derecho de libertad de expresión, por lo que es obligación del Estado proporcionar los datos requeridos que le atañen y estén en su poder.

La importancia de la garantía de este derecho radica en que permite un mayor escrutinio al Estado por parte de los ciudadanos y la toma de decisiones basadas en la información sobre los procesos públicos. Básicamente es uno de los mecanismos para la lucha contra la corrupción, herramienta no muy bien vista por cualquier gobierno señalado de delitos de corrupción, como el venezolano.

En el estudio “La responsabilidad del Poder Judicial en el desmantelamiento del derecho de petición y el acceso a la información pública”, realizado por la ONG Acceso a la Justicia con datos aportados fundamentalmente por Provea y Transparencia Venezuela, así como de la página web del TSJ, reveló que entre 2000 y 2016 hubo 76 sentencias clave que negaron el acceso a la información pública, sobre todo a la sociedad civil organizada, ciudadanos o diputados de oposición.

Vale acotar que de esas decisiones 72 fueron a favor del Estado y 4 en contra. Estas últimas fueron dos recursos de Provea contra el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) en 2003 y en 2004, uno de Juan Pablo Peña Mejías contra el Ministerio de la Defensa y otro de Luis Alberto González contra esa misma cartera, ambos en 2016.

En 1999, Provea interpuso una acción de amparo ante el TSJ contra el Ministro de la Defensa en virtud de no haber recibido oportuna respuesta a una petición de información. Esta se configuró como la primera acción realizada por una organización de derechos humanos que alegaba la violación del derecho de acceso a la información pública. La Sala Constitucional (año 2000) declaró que no tenía materia sobre la cual decidir, en virtud de que en el transcurso del proceso el despacho ministerial facilitó la información requerida por la ONG. Punto a favor del derecho a la información.

Un punto en contra digno de destacar es la falta de legitimidad para solicitar información, o “¿quiénes son ustedes para pedir información al Consejo Nacional Electoral?” Esta fue la respuesta que dio la Sala Constitucional a la Red de Veedores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) al rechazar su solicitud al poder comicial de que les proporcionaran los resultados de los escrutinios por cada mesa de votación, correspondiente a las elecciones generales del 30 de julio de 2000.

Otras excusas del Poder Judicial para negar la información son las siguientes: el uso de la información solicitada debe ser proporcional y justificado; el derecho a la información atenta contra la eficacia y la eficiencia del Estado; necesidad de hacer varias solicitudes al órgano administrativo; requerimiento de realizar varias gestiones previas y/o de determinada manera; el Estado no siempre tiene que responder; cuando el Estado ya dio respuesta no debe pedírsela nuevamente, aun cuando su contenido no haya sido satisfactorio o no haya respondido específicamente a su solicitud de información; requerimiento de justificación del uso del amparo como medio para obtener respuesta.

“El criterio del Poder Judicial en esta materia está apartado, e incluso, está en contra, de lo establecido por tribunales internacionales de derechos humanos, organismos internacionales de protección de los derechos humanos, leyes de otros países y en general de la tendencia mundial actual, que exige la apertura y transparencia de la información y de los datos públicos. En Venezuela no existe un recurso judicial que resulte sencillo, efectivo, expedito y no oneroso para acceder a la información pública, lo que viola la obligación del Estado de garantizar el derecho de petición su consecuencia que es al acceso a la información pública”, reza el estudio.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El estudio “La responsabilidad del Poder Judicial en el desmantelamiento del derecho de petición y el acceso a la información pública” evidenció que el poder judicial venezolano, sobre todo a través del TSJ, ha creado restricciones sobrevenidas al acceso a la información pública, desconociendo de esta manera el rol de contraloría ciudadana y el control de la gestión pública.

Es decir, tú como ciudadano no puedes ejercer una efectiva contraloría social porque no dispones de información que el Estado tiene la obligación de darte.

Enlace al estudio: https://goo.gl/fG34E8
Enlace a la nota: https://goo.gl/S8vbcH

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