Marino Alvarado | Días Decisivos

Abogado y activista de Derechos Humanos
@marinoalvarado

  El futuro del país está en nuestras manos. No queda mucho tiempo. Nos jugamos en los próximos días el reconquistar la democracia o permitir que la Dictadura se consolide. El abrir camino para un cambio económico y social o permitir que se consolide una gestión de gobierno que ha demostrado evidente ineficacia incrementando la miseria y el deterioro de todos los servicios públicos. De nosotros depende que se afiance o no un liderazgo político que deteriora día a día la calidad de vida de la familia venezolana.

Si quienes hoy gobiernan imponen a punta de represión la Constitu- Golpe la mayoría del pueblo continuará empobreciendo y aumentando sus angustias. Se profundizará la crisis en el área de alimentos y la grave situación de la salud pública. No es cualquier cosa lo que está en juego, es la mejora o no de las condiciones de vida.

Estamos en el deber de mantener la movilización a lo largo y ancho del país para detener los malos propósitos del gobierno. Y es fundamental que la protesta ciudadana se mantenga con carácter pacífico. La violencia le conviene al gobierno.

Muchos de quienes hoy pertenecen a la cúpula gubernamental vienen de ser líderes de la protesta social en la década de los 80 y 90. Reprimidos ayer, son los represores de hoy. Condenaron los asesinatos de manifestantes en el pasado, pero hoy alientan los que se vienen cometiendo. Ellos saben muy bien que tiene mucho más éxito las grandes movilizaciones pacíficas, que las acciones radicales de pequeños grupos. Detener ríos humanos reclamando derechos, es mucho más difícil que reprimir a pequeños focos de violencia. Por ello se sienten satisfechos cuando algunas protestas se tornan violentas. Saben que eso aleja a manifestantes. Insistiré. Es vital mantener las movilizaciones con carácter pacífico. No le des gusto al gobierno que quiere que la lucha se reduzca a pequeños grupos violentos.

Cada vez que declaran los voceros de la dictadura sobre el propósito de la Constitu-Golpe dejan al descubierto que actúan motivados en la venganza, que pretenden aumentar los atropellos y crear mejores condiciones para seguir imponiendo el ya fracasado proyecto de gobierno. Anuncian que destituirán a la Fiscal General que los tiene locos, avisan que detendrán a líderes políticos y sociales, informan que seguirán entregando las riquezas minerales al capital extranjero, comunican que no tienen ningún interés en resolver la grave crisis de escasez de medicinas ni detener el creciente alto costo de la vida. Solo les interesa mantenerse en el poder para seguir disfrutando y dilapidando los recursos del Estado.

No hay duda, la Constitución vigente es muy democrática para un gobierno dictatorial. Es muy garantista para un gobierno que incrementa las violaciones a los derechos humanos. Muy incluyente, para un gobierno que alienta la exclusión social y política. Les incomoda, por ello quieren eliminarla.

Estamos obligados a defender la Constitución que es la hoja de ruta para garantizar avanzar hacia la realización de los derechos humanos y constituye el único documento capaz de unir a muchos

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Provea: Estado de terror obliga a profundizar Rebelión Popular por vías pacíficas

La Fiscal General  Luisa Ortega Díaz expresó el 20.06.2017 que en Venezuela el Estado de Derecho ha sido sustituido por un “Estado de Terror”. Una caracterización adecuada de la actual situación del país donde la dictadura acrecienta día a día su arbitrariedad, represión, violaciones a los derechos humanos y desconocimiento de la Constitución.

El Estado de Terror, lamentablemente, favorece escenarios de violencia al cerrar espacios para la protesta pacífica y para la canalización de los reclamos y exigencia de derechos en las instituciones públicas. Por ello, responsabilizamos al Ejecutivo Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia a su servicio de auspiciar la conflictividad e incrementar el descontento de la población que siente no hay ninguna voluntad política para escuchar sus exigencias, observando como se viola desde el poder la Constitución y las leyes.

Semana tras semana se constata que el pueblo venezolano tras asumir la calle como escenario para levantar su voz y expresar sus inquietudes, en ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, no está dispuesto a doblegarse a pesar de la represión. Más de 3500 detenidos, una masacre continuada que tiñe de sangre las calles del país, la aplicación de justicia militar a civiles, torturas y malos tratos a detenidos, allanamientos masivos arbitrarios y violentos, así como una política comunicacional que busca inculcar terror no han logrado intimidar al pueblo.

La protesta se mantiene en grandes, medianos y pequeños poblados. Adultos mayores, jóvenes y últimamente adolescentes participan en las manifestaciones. Artistas, deportistas, cineastas, religiosos, intelectuales, autoridades universitarias, líderes sindicales, estudiantiles, comunitarios, ex dirigentes políticos del chavismo mantienen la convocatoria de calle y la exigencia de cese a la represión. La procedencia social de las víctimas de la represión refleja que los barrios bajaron y se encuentran incorporados a la movilización. Se diversifican las voces que rechazan la dictadura y claman por el respeto a la Constitución.

La Rebelión Popular sobrepasó los 80 días. El pueblo ha sabido transformar el dolor por los que han ofrendado su vida, en disposición de mantener la exigencia por sus derechos. Quedan muchos días de lucha. Difíciles porque posiblemente se incrementará la crueldad de la respuesta autoritaria.

Hoy el país se debate entre una Dictadura que, sustentada en la represión y violaciones a los derechos humanos, busca consolidarse y un pueblo que decidió resistir, reclamar derechos y luchar por democracia y exige que sea consultado sobre cualquier modificación a la Constitución.

Los artículos 132, 333 y 350 de la Constitución nos imponen el deber de defender la Constitución, la Democracia y la vigencia de los derechos humanos. Insistamos en la lucha pacífica. Evitemos acciones de violencia que permiten al gobierno presentarse como víctima y descalificar la actual rebelión popular.

La historia ha demostrado que las Dictaduras simulan fortaleza hasta el final, pero nuestro Continente está lleno de experiencias que indican que un pueblo unido y decidido puede imponerse a la más feroz represión y derrotar las tiranías.

Estamos seguros que avanzamos hacia el restablecimiento del hilo constitucional y generar un proceso de transformaciones, en el marco de la Constitución, que garanticen reducir la pobreza a mediano plazo y lograr bienestar e inclusión para todas y todos.  Sigamos adelante con la primera rebelión popular del Siglo XXI.

Provea, 21.06.17

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La Asamblea Nacional Constituyente intenta instaurar un régimen que suprime el ejercicio de la soberanía democrática

Ante las intensas protestas pacíficas en rechazo al golpe de Estado que se ha venido profundizado desde las sentencias 155 y 156, el Presidente de la República convocó[1] a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de forma fraudulenta e ilegítima, que usurpa al pueblo venezolano, a quien corresponde este derecho en ejercicio de su soberanía, utilizando los poderes extra-constitucionales de los que se ha dotado mediante continuos decretos de estados de excepción; la legalización de actos arbitrarios con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como la inhabilitación de la Asamblea Nacional; la suspensión y postergación de los procesos electorales previstos en la Constitución, con el consentimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE); y una política de represión y violencia de Estado contra la población, ejecutada de manera sistemática por parte de las fuerzas militares y policiales.

 

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no emana del pueblo, cuya voluntad se usurpa, violando el derecho al ejercicio de la soberanía popular

 

El Presidente usurpa el poder del pueblo al erigirse en convocante de una constituyente sin haberse consultado a los venezolanos acerca de su pertinencia, propósito y alcance. El artículo 347[2] de la Constitución establece que el poder de convocatoria corresponde exclusivamente al pueblo como el único que puede transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución por ser depositario del poder originario constituyente. El artículo 348[3] permite tomar la iniciativa de una convocatoria al Presidente de la República, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, las 2/3 partes de los Consejos Municipales o el 15% de los electores, pero este acto no puede tener el efecto automático de convocarla puesto que ninguno de los facultados constituye el pueblo. La iniciativa sólo podría interpretarse como facultad para solicitar o proponer a los venezolanos la realización de una constituyente, a quienes corresponde la decisión legítima de llevarla o no a la práctica mediante los medios previstos para el ejercicio de la soberanía en los artículos 5[4] y 70[5] de la Constitución. Cualquier acto que pretenda usurpar el poder originario constituyente es un fraude al pueblo y a la Constitución, evento ante el cual su artículo 138 dispone que “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

 

En fallo N° 378 del 31 de mayo[6] que dio validez jurídica al decreto presidencial de convocatoria a una ANC, la Sala Constitucional del TSJ alegó que el artículo 348 de la Constitución no menciona ningún procedimiento de consulta previa para ejercer la iniciativa porque, según su criterio, así fue dispuesto por los constituyentes de 1999 con el objeto de no limitar la expresión directa del poder originario, en principio ilimitado, concluyendo que “…para conservar su característica de poder constituyente originario solo se precisa la iniciativa para su convocatoria”. La Sala no relaciona este artículo con el 347 donde se establece claramente que la convocatoria debe nacer de la voluntad del pueblo, presumiendo que ésta ya ha sido expresada por efecto de la iniciativa la cual en este caso ni siquiera provino de los electores sino de uno de los poderes constituidos. Al prescindir de la voluntad popular, la Sala viola el principio de acuerdo con el cual la soberanía es intransferible y permite al Presidente usurpar el poder originario para imponer la convocatoria, independientemente de lo que opine el pueblo. Agrega el fallo que si bien el Presidente pudo realizar un referendo consultivo según el artículo 71[7], este decreto de convocatoria a la ANC forma parte de las decisiones “genéricas, expeditas y de profundidad constitucional” que le conceden sus propios decretos de estado de excepción para “poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social” en condiciones pacíficas ante la actual “aguda crisis política”. Que esta iniciativa constituyente obedezca a los poderes extra-constitucionales ejercidos por el Presidente mediante los estados de excepción, agrava más el fraude por existir la intención de establecer un régimen estatal arbitrario utilizando la figura de la ANC como órgano ejecutor.

 

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente no garantiza la genuina expresión de la voluntad del pueblo por violación de los principios de universalidad e igualdad del derecho al voto  

 

En tanto el pueblo de Venezuela es la totalidad de la población y no una parcialidad de ella[8], la ANC conforma un órgano representativo del poder constituyente sujeto a elección por sufragio universal, abierto e imparcial, al que tienen derecho todos los venezolanos sin discriminación alguna, garantizando la genuina expresión democrática de la voluntad del pueblo, mediante votaciones libres, plurales, directas y secretas, la personalización del voto y el principio de representación proporcional, dispuesto en los artículos 62, 63 y 64 de la Constitución. Además, su defensa es uno de los fines esenciales del Estado conforme al artículo 3. No obstante, el Presidente designó una Comisión Especial[9] para fijar las bases de elección de la ANC[10] sin consultar a los venezolanos. Estas bases establecen que los miembros de la ANC se elegirán por ámbitos, sectorial, territorial e indígena, contradiciendo el “voto universal” al cual hace referencia el decreto de convocatoria y las mismas bases. En el primer ámbito, la elección es excluyente al haber asignado las candidaturas y los votos a determinados sectores (trabajadores, campesinos y pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pensionados, empresarios, comunas y consejos comunales). En el segundo, los candidatos y las votaciones se distribuyeron entre los municipios del país de manera distorsionada y sesgada al no considerar el criterio poblacional[11]. Como consecuencia, en la elección de los miembros de la ANC no podrán postularse ni votar todos los venezolanos y el número de candidatos y de votos no tendrán el mismo peso[12].

 

A pesar de que estas bases comiciales violan el derecho a la igualdad de participación de todos los ciudadanos como candidatos y electores en la constituyente, 4 de los 5 rectores del CNE las aceptaron de inmediato sin cumplir los lapsos y los procedimientos internos de aprobación. En distintos comunicados, a un mes de decretarse la convocatoria, el CNE avanzó de manera expedita en la validación del número de miembros a elegir[13] sumando un total de 545 constituyentes y divididos en 364 por municipios (66%[14]), 173 sectoriales (32%[15]) y 8 representantes de los pueblos indígenas (1,4%). Igualmente elaboró el cronograma electoral previendo postulaciones del 6 al 10 de junio, impugnaciones y revisiones del 11 al 15 de junio, publicación del Registro Electoral Sectorial el 13 junio (que sólo comprende la opción de consulta por cédula de identidad para conocer el sector que se le asignó a cada persona, en caso de haber sido incorporado), campaña del 9 al 27 de julio y elección el 30 de julio. Según este cronograma, el CNE habría recibido hasta el 7 de junio un total de 55.314 solicitudes de postulación[16], 36% municipales y 64% sectoriales[17]. Luis Emilio Rondón, único rector que no aprobó la convocatoria ni las bases comiciales, expresó que estos actos atentan contra la soberanía popular y la democracia participativa y protagónica: “Con esta decisión se materializa la usurpación del acto de convocatoria y se aprueban unas bases comiciales sin la participación del pueblo. Esto es un golpe que ratifica que estamos frente a una ruptura continuada al orden constitucional”[18].

 

La Asamblea Nacional Constituyente instauraría un régimen incompatible con los principios republicanos y los derechos humanos que suprime el ejercicio democrático de la soberanía

 

La convocatoria invoca[19] un “proceso popular constituyente” que responde a un concepto de “democracia y participación directa” de connotación regresiva y contraria a los principios republicanos y constitucionales de soberanía democrática, libertades plenas, preminencia del estado de derecho y separación e independencia de poderes públicos, así como es contrapuesta a la democracia participativa y protagónica que consagró la Constitución. El término “Poder Popular” recoge este concepto de democracia directa, al cual hace referencia el decreto de convocatoria, las bases comiciales acatadas por el CNE y el fallo N° 378 del TSJ, indicando que la ANC personifica esta forma de democracia. La figura del “Poder Popular” proviene de la reforma constitucional que rechazaron los venezolanos en referendo de 2007 y fue impuesta en el orden institucional y jurídico interno por medio del primer y segundo plan de la nación y de normas legales denominadas “Leyes del Poder Popular”. Con el “Poder Popular” desaparecen los medios de consulta directa y elección de representantes a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía. Al contrario, la soberanía es ejercida desde el Estado a través de organizaciones sectorizadas que asumen funciones de gobierno y cumplen sus fines según lo determine el cuerpo político colectivo. Este cuerpo podría ser la misma ANC o cualquier otro órgano que esta decida, conduciendo a la estatización del pueblo y a un régimen de gobierno incompatible con los principios republicanos y los derechos humanos.

 

En este sentido, la convocatoria a la ANC señala que uno de sus propósitos es “constitucionalizar los nuevos sujetos del Poder Popular” entre los cuales se encuentran organizaciones de base social y territorial que conformarían la ANC. Asimismo el fallo N° 378 sugiere que dentro del proceso constituyente el “Poder Popular” absorbería todos los medios de participación y protagonismo del pueblo dispuestos en el artículo 70 de la Constitución, para que los venezolanos ejerzan a través de éste la “democracia directa”: “…el depositario de la soberanía es el pueblo (…); pero en lo que concierne a su ejercicio (de la soberanía) es necesario distinguir el ejercicio directo (democracia directa), que en nuestro ordenamiento jurídico se manifiesta en los medios de participación y protagonismo contenidos en el artículo 70 de la Constitución y que fueron desarrollados fundamentalmente mediante las leyes del Poder Popular (…). En estos casos, el pueblo es titular de la soberanía y la ejerce directamente a través del poder popular. En tal sentido, el poder popular encarna la democracia directa y sería contradictorio pretender que sus ´expresiones´ sean elegidas como si se tratara de una ´representación´ del cuerpo electoral[20]”. Bajo este concepto, la ANC tendría plenos poderes para fijarse sus propias reglas, que incluye período de duración, materias que regirá y potestad para decidir si somete a referendo el proyecto constitucional que surja de su seno, en los términos del artículo 70 de la Constitución que ella misma redacte, según adendum de exhorto en las bases comiciales presentado por el Ejecutivo[21].

 

La Constitución consagra la protección del pueblo venezolano ante todo régimen, legislación o autoridad emanado de una constituyente contraria a la democracia o que menoscabe los DDHH

 

En 1999, surgida de una ANC, la Constitución vigente pasó por 3 referendos de votación libre, igual, universal, directa, individual y secreta antes de convertirse en norma suprema del ordenamiento jurídico venezolano. En abril de ese año, los venezolanos ejercieron su voto para aprobar la convocatoria a la ANC y sus bases comiciales propuestas por el Ejecutivo Nacional; en julio, los ciudadanos eligieron a 131 representantes de la ANC encargados de redactar la nueva Constitución; y en diciembre se llevó a cabo un referendo aprobatorio del proyecto constitucional que finalmente entró en vigencia el 30 de diciembre. En su preámbulo reza: “El pueblo de Venezuela (…) en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente Constitución…” (énfasis nuestro). Este proceso se adoptó en la Constitución, abriendo un Capítulo para la ANC junto a otros artículos que reafirmaron el carácter progresivo de sus disposiciones, no permitiendo su alteración o desmejoramiento ni siquiera por una constituyente. Una disposición que expresa esta progresividad se encuentra en su artículo 6: “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables” (énfasis nuestro).

 

Siendo su propia supremacía, respeto[22] y vigencia una materia fundamental para garantizar la integridad de su contenido, la estabilidad del estado de derecho basado en sus normas y el cumplimiento de los derechos que se consagran en su texto, el artículo 333 de la Constitución dispone sobre sí misma que “no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella”. A tal efecto, el artículo señala que “En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” (énfasis nuestro). Específicamente sobre el proceso constituyente, el Capítulo de la ANC contempla en su artículo 349[23] que ningún poder constituido podrá impedir u objetar sus decisiones, de haberse cumplido los artículos 347 y 348 leídos en conjunto. Pero, si de igual manera, como resultado de las decisiones de una ANC se llegase a imponer un régimen, legislación o autoridad que vaya en contra de los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos, el artículo 350[24] faculta al pueblo de Venezuela para desconocerlo o desobedecerlo en resguardo de la tradición republicana, la independencia, la paz y la libertad, usando los distintos mecanismos que ofrece la propia Constitución para ejercer su soberanía[25], derecho irrenunciable para restablecer las libertades, el estado de derecho y la institucionalidad democrática.

 

[1] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Decreto N° 2.830 de creación de una Comisión Especial para elaborar una propuesta de bases comiciales de los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, publicado en Gaceta Oficial N° 6.295 del 01 de mayo de 2017. En: http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/mayo/152017/E-152017-4887.pdf#page=1

[2] Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

[3] Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

[4] Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

[5] Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros (…). La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.

[6] Sentencia N° 378 de Sala Constitucional del TSJ, de fecha 31.05.2017. En: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199490-378-31517-2017-17-0519.HTML

[7] El artículo 71, establece que las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o del 10% de los electores, siempre que cuente con el acuerdo de la Asamblea Nacional por mayoría de sus integrantes.

[8] Sentencia N° 24 de Sala Constitucional del 22 de enero de 2003. En: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/02-1559%20INTERPRETACI%C3%93N%20350.HTM

[9] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Decreto N° 2.831 de creación de una Comisión Especial para elaborar una propuesta de bases comiciales de los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, publicado en Gaceta Oficial N° 6.295 del 01 de mayo de 2017. En: http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/mayo/152017/E-152017-4887.pdf#page=1

[10] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Decreto 2.878 que establece las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, publicado en Gaceta Oficial N° 41.156 del 23 de mayo de 2017. En:  http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/mayo/2352017/2352017-4909.pdf#page=2

[11] Luis Emilio Rondón: “Municipios cuyos electores no llegan a 2.000 electores van a elegir un constituyente frente a municipios con más de 400.000 electores también podrán elegir un constituyente. Esto es una clara distorsión de la voz del pueblo”. En: http://www.noticierovenevision.net/noticias/politica/rector-rondon-dice-que-convocatoria-a-elecciones-a-constituyente-es-espuria

[12] Constituyente: reglas manipuladas para ganar con el 20% de los votos; por Héctor Briceño. En: http://prodavinci.com/2017/05/27/actualidad/constituyente-reglas-manipuladas-para-ganar-con-el-20-de-los-votos-por-hector-briceno/

[13]CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: CNE aprobó cronograma para elecciones a la ANC, 7 de junio de 2017. En: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3516

[14] Distribuidos en 311 nominales (1 x cada municipio) independientemente del número de electores y 53 por listas en municipios capitales (2 por cada municipio, excepto el municipio Libertador que tendrá 7 por ser asiento de la capital).

[15] Los 173 miembros, agrupados en listas nacionales y regionales, y elegidos por representación “mayoritaria” son 79 trabajadores, 28 pensionados, 24 estudiantes (distribuidos en 11 de universidades públicas, 10 de Misiones Educativas y 3 de universidades privadas), 24 voceros de comunas y consejos comunales, 8 campesinos y pescadores, 5 personas con discapacidad y 5 empresarios. El CNE estableció que los voceros comunales sólo deberán presentar para sus postulaciones la certificación de la comisión electoral a la cual pertenecen y asignó el recaudo de 1.000 firmas para respaldar las candidaturas de estudiantes y 500 firmas para los demás sectores.

[16] CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: CNE recibió un total de 52 mil 55 solicitudes para proceso de postulación de candidatos a la ANC, 02 DE JUNIO DE 2017. En: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3513

[17] El CNE recibió 55.314 solicitudes, de las cuales 19.876 correspondieron al ámbito territorial y 35.438 al sectorial, 9.045 de comunales y consejos comunales, 1.196 de empresarios, 2.778 de estudiantes, 5.073 de pensionados, 1.458 de personas con discapacidad, 13.880 de trabajadores, 2.008 de campesinos y pescadores.

[18] Rector Rondón dice que convocatoria a elecciones a Constituyente es “espuria”. Globovisión, 8 de junio de 2017. En: http://www.noticierovenevision.net/noticias/politica/rector-rondon-dice-que-convocatoria-a-elecciones-a-constituyente-es-espuria

[19] Pdte. Maduro activa al Poder Originario del Pueblo para convocar Asamblea Nacional Constituyente. Video en: https://www.youtube.com/watch?v=4bhb2liPAfs&feature=youtu.be

[20] Entre las leyes del “Poder Popular” que señala la sentencia se encuentran: la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica de Comunas, la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras atribuciones.

[21] Decreto N° 2.889 publicado en Gaceta Oficial N° 6.303 del 04 de junio de 2017. En: http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/junio/462017/E-462017-4921.pdf#page=1

[22] Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.

[23] Artículo 349. El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

[24] Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

[25] Sentencia N° 24 de Sala Constitucional del 22 de enero de 2003. En: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/02-1559%20INTERPRETACI%C3%93N%20350.HTM

 

Caracas, 16/06/2017, CivilisDDHH

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Casi 400 civiles han sido enjuiciados en tribunales militares en este periodo de protestas

La revolución chavista apela a la justicia militar para silenciar la disidencia

Venezuela es un país donde los militares ocupan buena parte de los ministerios y de las gobernaciones y controlan las importaciones de alimentos y su distribución. Por ello no debería extrañar que la represión a la actual ola de protestas opositoras sea encabezada por los uniformados y sus tribunales cobren protagonismo.

Hasta ahora 372 venezolanos han sido puestos a desfilar ante juzgados castrenses bajo la aplicación del polémico Plan Zamora; y de ellos 204 han sido enviados a prisiones militares de manera provisional – mientras se decide si se les enjuicia o no -, de acuerdo a cifras del Foro Penal Venezolano.

Al proceder de esta forma, el Gobierno no solo viola el artículo 261 de la Constitución el cual establece que “la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”, sino también la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Desde el año 2000, el máximo tribunal dejó en claro que la justicia castrense solo puede enjuiciar a uniformados, y no a cualquiera, sino a los activos y por delitos militares cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Así la Sala de Casación Penal en su sentencia número 750 del 23 de octubre de 2001 señaló: “Los delitos comunes serán juzgados por los tribunales ordinarios y la competencia de los tribunales militares se limitará a las infracciones de naturaleza militar. En consecuencia, deben entenderse por estos delitos, aquellas infracciones que atenten a los deberes militares. La Constitución resuelve así las viejas dudas existentes al respecto y lo hace aplicando el principio de la igualdad: no existe fuero castrense en razón de las personas que cometan o sean víctimas de delitos, sino que la jurisdicción sigue a la naturaleza de la infracción”.

Este criterio fue reiterado por la Sala Constitucional un después en su sentencia 1.256, la cual estableció: “Los delitos comunes cometidos por militares, aun cuando sea en ejercicio de funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas o encontrándose dentro o fuera de las instalaciones militares, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo”.

Pero aunque en diciembre pasado el TSJ ratificó su postura, al arrebatarle a la justicia castrense el caso de unos dirigentes de Primero Justicia detenidos por un video donde se instaba a las Fuerzas Armadas a no reprimir las protestas contra la suspensión del referendo revocatorio, los juzgados de instancia no han hecho nada por impedir que manifestantes sean llevados ante tribunales militares. Esto, a pesar de que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ya ha interpuesto al menos tres acciones.

Solo en dictaduras

La decisión del Gobierno de usar los tribunales militares para procesar a civiles que protestan ha sido rechazada por juristas y activistas de derechos humanos, quienes la consideran una prueba más de que en Venezuela la democracia es cosa del pasado.

“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe expresamente que civiles sean enjuiciados por militares, porque esa no es una medida cónsona con estados democráticos”, denunció Nizar El Fakih, director de la organización de derechos humanos Proiuris.

En similares términos se pronunció la magistrada emérita del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, quien redactó algunos de los fallos con los que el máximo juzgado restringió la actuación del justicia militar. Para ella, la remisión de casos a los tribunales castrenses se debe al cambio de actitud de la Fiscal General.

“Este súbito despertar de la Fiscalía, la cual no se había enterado sino hasta ahora del quiebre del hilo constitucional en el país, es el motivo por el cual el régimen ha decidido apelar a la jurisdicción militar para su ola represiva, pues sabe que allí tiene mayor control y que no se va a encontrar con un fiscal o un juez que decida de acuerdo a la ley, por encima de las instrucciones que reciba”. Mármol de León recordó que los jueces militares, como cualquier soldado, debe obediencia al presidente de la República, su comandante en jefe.

Esta opinión es compartida por el ex coordinador de Provea, Marino Alvarado. “Pareciera que la estrategia represiva del gobierno de Maduro incluye hacer un mayor uso de la justicia militar ya que el Ministerio Público se está absteniendo de acusar en algunos casos donde ha habido un burdo montaje con la siembra de armas y explosivos”, en clara alusión al caso del comisario Coromoto Rodríguez, ex jefe de escoltas del anterior presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

Un proceder otrora criticado por el chavismo

La aplicación de la justicia militar a los civiles no es algo nuevo en Venezuela. Así lo recordó la Fiscalía en su informe “Contra el silencio y el olvido”, elaborado por la Comisión que investigó las violaciones a los Derechos Humanos ocurridos antes del chavismo. En dicho reporte consta que “los tribunales militares, adscritos al Ministerio de la Defensa, actuaron y fueron sede de la aplicación de juicios extraordinarios a centenares de ciudadanos y ciudadanas, por su presunta participación en apoyo a la guerrilla” y se denuncia que en muchos de esos procesos no se guardaron las mínimas garantías.

Antes del inicio de esta ola de protestas Proiuris había contabilizado 52 casos, entre ellos, el del profesor jubilado de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, quien fue aprehendido por agentes de la dirección de Contrainteligencia Militar en febrero, luego de publicar un artículo crítico con la gestión gubernamental. El académico fue imputado por traición a la patria.

Pero no solo quienes opinan distinto han terminado ante esta jurisdicción, sino también quienes han osado quejarse o expresar su descontento por la escasez de alimentos y medicinas reinante en el país. Entre 2015 y mediados de 2016 Provea registró que 21 venezolanos habían terminado ante un Consejo de Guerra por protestar en una cola o por discutir con un uniformado que las vigila, por lo cual se les imputó el delito de “ultraje a centinela”

Publicado por Transparencia Venezuela

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La figura del enemigo interno como política de Estado en Venezuela

Tesis sostenida por el autor Fernando Fernández

 El reconocido penalista Fernando Fernández, sostiene que el derecho penal del enemigo es un derecho que se aplica a un sistema penal donde no existen garantías penales, procesales, ni la protección de los derechos fundamentales para quién está siendo investigado o enjuiciado, ya que es considerado como un enemigo hostil.

Señala el autor, que el derecho penal del enemigo no busca, por lo menos en Venezuela, conseguir la muerte física del enemigo, es decir, lograr acabar, destruir o exterminar con la vida del enemigo. Sino más bien, producir con su aplicación, una muerte civil o moral del enemigo.

Ello, según el autor, se evidencia con el abuso de poder al cual recurre el Estado venezolano para eliminar los derechos y las garantías jurídicas de todo ciudadano que consideren como un enemigo potencial, aun cuando se trate de un simple opositor. Recordemos que oponerse a un gobierno es un derecho de todo ciudadano y no constituye delito alguno.

Este abuso de poder se traduce, según el autor, en un uso arbitrario de la coacción y la violencia legal al acusar penalmente a dirigentes políticos y defensores de derechos humanos por cuestionar las acciones y omisiones del Estado, así como también, al denunciar y apresar a empresarios del sector privado bajo el supuesto de “acaparamiento”.

En tal sentido, esta aplicación discriminatoria del ordenamiento jurídico, se manifiesta igualmente con la promulgación de normas destinadas a criminalizar u obstaculizar conductas desarrolladas por un sector específico de la población y que ha sido detectada previamente como contraria a los intereses del poder. Un ejemplo de ello lo tenemos en las normas dictadas el año pasado por el CNE con el fin de impedir el referéndum revocatorio.

Por si fuera poco, señala el autor, la coacción arbitraria no es el único medio al cual recurre el Estado para destruir a sus enemigos. La muerte moral, según Fernando Fernández, también ha sido empleada por los dirigentes del Estado y no deja de ser devastadora para quien la padece. Precisa el autor, que el Estado se ha acostumbrado a lograr este cometido descalificando, amenazando, estigmatizando e incluso demonizando a todas aquellas personas que sean consideradas como sus enemigos. Un patético ejemplo lo tenemos en las declaraciones de dirigentes gubernamentales contra la madre de Neomar Lander.

Otro ejemplo, sostiene el autor, fue el inicio de la famosa “guerra económica”, donde el Estado atribuyéndole la responsabilidad de sus inacciones al sector privado, inició una persecución masiva contra altos empresarios del país, tildándolos en sus discursos políticos de “fascistas”, “apátridas”, “traidores”, “parásitos”, entre otras descalificaciones e injurias.

En definitiva, sostiene Fernando Fernández, que para los enemigos de este régimen que se ha autodenominado socialista, es decir, los empresarios, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, profesores, intelectuales, periodistas y estudiantes, por mencionar algunos, no hay Estado de Derecho ni Constitución, solo fuerza y hechos, pues al ser enemigos no tienen derechos y contra ellos todo vale.

 

Para saber más sobre este tema, puede ver el estudio del autor en este enlace: https://goo.gl/4siGE6

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