Ambientalismo de emergencia (2): La democracia como condición para el ambientalismo

En la primera parte de este artículo, concluimos que en la actual crisis venezolana la acción principal de las organizaciones ambientalistas debería centrarse en la defensa de los derechos ambientales de todos los ciudadanos. Asimismo que esta acción tiene una enorme importancia como parte de la construcción de un país democrático, pacífico, libre y sostenible, a la vez que es la única garantía de la protección y conservación del ambiente a largo plazo.

Estas consideraciones son de enorme importancia en el contexto de la crisis actual de Venezuela que está llevando a la población hacia una crisis humanitaria compleja sobre la cual están incidiendo factores ambientales que agravan los problemas de salud, alimentación y seguridad existentes (1) En tal sentido, las organizaciones ambientales deben asumir un fuerte compromiso con la población venezolana y con el rescate de la democracia como único camino a la construcción de una sociedad sustentable.

Pero para muchos, este trabajo de defensa de la democracia es exclusiva responsabilidad de los políticos y los defensores de los derechos humanos, pero nunca de los ambientalistas. Esta idea está fuertemente arraigada en muchas organizaciones venezolanas de las que podemos llamar “técnicas” (2) en contraposición con los movimientos ambientales de base que frecuentemente han tenido un enfoque político más definido y militante.

Esta perspectiva está relacionada con la historia de estas organizaciones en el país, principalmente las que se crearon a partir del modelo de las grandes ONG de conservación ambiental de alcance global (3). En función de ello, una parte importante de las mismas trabajaron apartadas de todo activismo o conexión con los temas políticos y de las situaciones de conflicto socio-ambiental que se han venido produciendo en el país.

En contraste con estas circunstancias, la historia y propósitos de las organizaciones y del movimiento ambiental en gran parte del mundo han estado – y están – directamente ligadas al crecimiento y fortalecimiento de los espacios de democracia y de ampliación  de la vigencia de los derechos humanos.

En el presente artículo vamos a revisar la relación entre la democracia y el origen del movimiento global ambiental y las organizaciones que lo conforman. Así como el por qué éstas tienen – y deben tener – un papel importante en la defensa de las libertades, garantías y procesos que definen esta forma de gobierno.

De la democracia al ambientalismo

Al describir la historia del ambientalismo algunos autores citan hechos y personajes que a lo largo de la historia humana realizaron acciones o propuestas en pro de la conservación ambiental o señalan a distintos personajes tales como investigadores y divulgadores en temas ambientales (4).

Estos autores confunden la historia de las ideas, preocupaciones y el conocimiento ambiental con la historia del ambientalismo como movimiento social. Por supuesto que hay conexiones entre ambos procesos, pero el ambientalismo es un fenómeno social  y por lo tanto no surge hasta tanto la sociedad civil se organiza para actuar en los temas ambientales que le afectan (5). En ese sentido, ese movimiento se inicia en algunos países del mundo a mediados del siglo XX.

El origen de este movimiento puede trazarse a partir de los años 1960 y comienzos de los años 1970 del siglo pasado. Época en la cual se generó una profunda reacción en grandes sectores de la sociedad como producto de una serie de denuncias y alertas sobre los efectos de la degradación ambiental.

Algunos de los hitos importantes de ese momento fueron: Libros como la “Primavera Silenciosa” de Rachel Carlson en 1962, “The population bomb” de Paul Ehrlich de 1971 y la publicación del Informe del Club de Roma “Los Límites del Crecimiento” en 1972. Igualmente, eventos como la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en 1972, así como el extenso trabajo divulgativo y político de científicos como Barry Commoner y Murray Bookchin (6) entre muchos otros.

Como consecuencia de esta toma de conciencia social, se formaron una importante cantidad de organizaciones ambientalistas (7) principalmente en Norteamérica y Europa, las cuales posteriormente lograron incidir en el desarrollo de las primeras leyes dirigidas al control de la contaminación y la preservación de ecosistemas. A partir de este origen, los movimientos ambientalistas del mundo crecieron y se diversificaron de acuerdo con las características sociales y culturales particulares de cada país y región (8).

Ahora bien, la pregunta que resulta importante en este caso es ¿cuáles fueron las condiciones que permitieron el surgimiento del ambientalismo en esa época y en esos países? Del análisis de ese momento y sus circunstancias es posible extraer al menos cuatro factores:

  • La existencia de una ciencia fuerte y comprometida. El ambientalismo tiene una importante deuda con científicos profesionales bien formados, que a partir de sus logros académicos tuvieron la conciencia y las posibilidades de dar a conocer al público los efectos destructivos del crecimiento económico y la responsabilidad de empresas y gobiernos sobre estas situaciones. Es importante enfatizar que estos científicos actuaban en países con un desarrollo científico sólido y que tuvieron los medios para divulgar información de interés pública hacia audiencias cada vez más grandes fuera de los círculos académicos.
  • La existencia de sociedades con medios de comunicación autónomos basados en el derecho a la libre expresión de las ideas. La información proveniente de los científicos y  organismos internacionales fueron discutidos y divulgados por muchos medios de comunicación. Esto ocurrió en muchos casos, aun cuando las noticias difundidas no fueran favorables a los grandes intereses económicos y políticos.
  •  La existencia de sociedades con un nivel educativo avanzado. La expansión de la instrucción, particularmente la científica, en cada vez mayores sectores de la sociedad, tuvo como consecuencia que la sociedad tuviera una alta valoración de la ciencia y sus productos. Debido a ello, los aportes de los científicos que alertaron sobre el deterioro ambiental fue aceptado y valorado por sectores importantes de la población.
  • El reconocimiento de los derechos ciudadanos a la participación y la libre asociación. Todas las condiciones anteriores facilitaron el desarrollo de organizaciones sociales ambientales únicamente en países que reconocían, tanto el derecho ciudadano a participar en la toma de decisiones en los temas que afectan a la ciudadanía, como a su vez el de hacerlo a través de organizaciones autónomas creadas con ese fin.

Tales circunstancias se dieron en países con un nivel económico alto (9) pero particularmente en aquellos donde los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas estuvieran protegidos por leyes e instituciones.

Podemos corroborar esta afirmación cuando observamos que, por el contrario, no se produjeron movimientos ambientales relevantes en países con regímenes autoritarios, sin importar su enfoque ideológico.

Posteriormente, estos vínculos fueron reconocidos por distintos gobiernos con propósitos diferentes: desde aquellos que han procurado promover una mayor conciencia ambiental en la población, hasta aquellos que buscan restringir la capacidad de los ciudadanos para incidir en temas ambientales que afecten intereses económicos o geoestratégicos.

Infortunadamente estos últimos han sido mayoría y los ejemplos abundan, desde el proceso de desinstitucionalización y de retroceso en materia de gestión ambiental sufrido por nuestro país en los últimos años (10) hasta el avance del anti-ambientalismo en los EEUU (11).

En resumen: el origen y crecimiento de los movimientos ambientalistas nacionales parece relacionarse de manera importante con la consolidación de espacios de democracia.

Asimismo, queda claro que para que estos movimientos puedan alcanzar y mantener una masa crítica social suficiente para incidir en las políticas públicas de los países, será ineludible defender y promover la existencia y desarrollo de los factores antes mencionados en cada uno de los países (11)

Del ambientalismo a la democracia

Esta historia parece tener moralejas: Los ambientalistas venezolanos, en primer lugar debemos promover el desarrollo de vínculos fuertes con los hacedores de ciencia, comunicadores, educadores y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Para generar estos vínculos se deben superar las tradicionales relaciones funcionales (intercambio de información, asesoría profesional, etc.) y convertirse en un movimiento interdisciplinario de rescate de los derechos ambientales venezolanos.

Pero a la vez esta acción deberá articularse con:

  1. La lucha por una ciencia de calidad en el marco del derecho humano al desarrollo. Sin una ciencia nacional fuerte el ambientalismo se hará inefectivo y banal
  2. La lucha por la defensa de la libre expresión y la libertad de pensamiento. Sí la información ambiental no llega a todas las personas sin trabas, ni condicionamientos ideológicos sectarios o de otro tipo; no habrá comunicación ambiental posible.;
  3. La lucha por una educación de calidad para todos. Sin educación no habrá más que miseria y destrucción ambiental, y
  4. La lucha por el derecho a la participación y asociación. Sin participación ciudadana la gestión ambiental es una herramienta de dominación y sin libertad de asociación simplemente no existirá ningún movimiento ambiental.

Vincularse de esta manera tendrá como consecuencia que el ambientalismo nacional se convierta en un factor democrático y democratizador en un marco de defensa de los derechos humanos. A la vez, que nos permita participar activamente en la tarea de construir el país que necesitamos.

Y esta es una tarea urgente.

NOTAS

(1) Sobre la crisis ambiental actual es posible mencionar: El grave desabastecimiento de agua que es el peor sufrido por el país al menos en los últimos cincuenta años y que está afectando principalmente a los sectores más pobres de la sociedad. Asimismo, son importantes los efectos sobre la población de situaciones como la existencia de importantes focos de contaminación, degradación de ecosistemas que son la base de servicios ambientales y la destrucción de la biodiversidad.

(2) Organizaciones dirigidas al desarrollo de proyectos implementados bajo criterios técnicos en temas de interés para la conservación ambiental principalmente desde un enfoque global.

(3) Al respecto de las ONG internacionales. En el artículo en Mongabay: “Organizaciones Internacionales para la Conservación” describe a las organizaciones internacionales como: “…como consultores ambientales para los gobiernos y las grandes corporaciones interesadas en disminuir la contaminación, establecer áreas protegidas y conservar la biodiversidad”.

(4) Algunos autores citan a diversos personajes incluyendo santos (San Francisco de Asís), gobernantes, científicos e intelectuales como iniciadores de la ideas ambientales. En el caso de Venezuela este es el enfoque utilizado en la popularización de Simón Bolívar como pionero del conservacionismo venezolano a partir del Decreto de Chuquisaca de 1825 (ver: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/27598/1/capitulo2.pdf)

(5) En estos artículos hemos definido al ambientalismo o ecologismo como un movimiento sociopolítico que propugna la defensa de la naturaleza y la preservación del medio ambiente.

(6) En el caso de estos dos autores y precursores del ambientalismo, su contribución literaria es extensa y ocupa un período que abarca desde los años sesenta, hasta prácticamente sus muertes, a principios de la segunda década del siglo XXI.

(7) Uso el término actual de ambientalista. Pero para esa época era más común el de ecologista.

(8) El ambientalismo en algunos países de Latinoamérica se desarrolla a partir del tronco común pero posteriormente sigue una ruta propia en gran parte ligada a las luchas de sectores populares, tanto indígenas, campesinos y sectores urbanos, como producto de los conflictos sociales generados por situaciones de injusticia ambiental.

(10) En Venezuela en los últimos años se ha incrementado un proceso de destrucción intencional de las instituciones ambientales; un estrangulamiento económico de las instituciones académicas y científicos que generaban la mayor parte de la información ambiental;  la marginación de toda organización y experto que sea disidente frente a las políticas gubernamentales, así como la desacreditación y desprecio de la ciencia como factor importante en el desarrollo de políticas y programas de gestión ambiental. El último de estos fenómenos puede observarse en el enfoque dado a la Estrategia Nacional de la Conservación de la Biodiversidad 2010-2020

(11) En el caso de los EEUU, desde científicos hasta activistas han denunciado como intereses corporativos han intervenido de manera fraudulenta y antidemocrática en las decisiones gubernamentales para evitar los controles ambientales que limitarían sus beneficios y poder. En tal sentido estas prácticas han sido denunciadas en libros tal como “Merchants of Doubt” de Naomi Oreskes y Erik Conway, o el documental “Before the flood” producido por Leonardo Di Caprio y Martin Scorseze. Este proceso destructivo  logró recientemente un avance importante debido al ascenso al poder de Donald Trump como representante de las corporaciones que han promovido el ataque contra la credibilidad social de la ciencia y las organizaciones ambientales.

(11) Más adelante necesitaremos preguntarnos cuáles fueron las condiciones para el origen de movimientos de base que incluyeron elementos ambientales, tal como ocurrió en diversos países de América Latina a partir de la reivindicación de territorios, acceso a recursos o la defensa de los derechos de las comunidades frente a la acción de degradación ambiental y expoliación de recursos por parte de empresas y gobiernos.

Publicado por Alejandro Álvarez Iragorry

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Sin pueblo no hay constituyente

La desesperación es mala consejera dice el dicho popular, y más cuando escuchar al pueblo no es una posibilidad sino una obligación. Tal es el caso del poder constituyente, esto es, el poder originario que da forma al Estado y al Derecho. En nuestro caso, mediante el Decreto 2.830, el Presidente de la República convocó a una Asamblea Nacional Constituyente pero sin pensar en su obligación de convocar al pueblo para saber si quiere o no una nueva constitución.

Queremos empezar el análisis destacando que para hacerlo no hace falta ser abogado sino utilizar simplemente la lógica. Así, el artículo 347 dice expresamente lo siguiente: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Es decir, la propia Constitución reconoce, sin duda alguna, que la convocatoria la hace el pueblo, y no menciona a nadie más. A nadie.

Del mismo modo, el texto citado dice claramente que la Constituyente es para hacer “una nueva Constitución”, no para reformarla o enmendarla.

Luego, el artículo 348, hace una distinción respecto al anterior, pues si ya el citado dice quién convoca, este artículo indica quién tiene la iniciativa para convocar a ese “depositario del poder constituyente” y así señala literalmente lo siguiente:

“La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el registro electoral”.

Entonces, resulta de la propia letra de la Constitución que una cosa es la iniciativa para convocar y otra es la convocatoria en sí misma, que sólo la hace el pueblo.

Lo anterior no es un leguleyismo, es la base misma de una democracia, que para serlo debe descansar en la voluntad del pueblo y sólo del pueblo. Una Constitución es la ley fundamental de un país, con rango superior al resto de las leyes, que define cómo va a ser gobernado y el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos. ¿A quién se le ocurre que a este pacto social fundamental una de las partes de él no sean invitados a opinar?

Lo dicho obliga a concluir entonces que el Decreto 2.830 es un fraude por cuanto usurpa la voluntad del pueblo que es el único que puede convocar una Constituyente. Ante esto, se nos ha dicho que la Constituyente es “ una generosidad del Presidente”, o peor aún que “es un derecho del presidente” y que “el que toma la iniciativa dice cuáles son las condiciones”.

El simple hecho de ver el poder como un derecho lo dice todo de quien hace tan grave afirmación, pues el ejercicio del poder es una potestad para servir a los ciudadanos, es un mandato de estos, y por lo mismo temporal y revocable.

En consecuencia, no es cierto que el Presidente pueda convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, ya que no se trata de un acto producto de su gracia y mucho menos es un derecho de ese funcionario.

¿Y a ti venezolano como te afecta?

Cuando se usurpa el poder constituyente al pueblo, todos los ciudadanos somos afectados en nuestro ejercicio legítimo del poder originario, que sólo descansa en nosotros, por lo que al usurparse el mismo, se destruyen las bases mismas de la democracia, y recordemos que donde no hay democracia, los derechos son una dádiva del poder.

 Enlace a la Nota: https://goo.gl/R41vJm
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No a la venganza, sí a la convivencia

Por Armando Janssens

Ya estamos entrando en un tiempo de transición. ¿Cómo va a pasar?, no lo sé. Pero parece evidente que estamos al final del sistema político actual y abriendo el camino de una nueva etapa que puede superar la intensa crisis social que estamos viviendo.

Es evidente que el esfuerzo variado para llegar al punto omega seguirá siendo exigente y su camino estará lleno de imprevistos: Centenares de presos, decenas de muertos que ya se ha cobrado, su mayoría en contextos confusos o claramente con intervención de paramilitares o similares de diversos órdenes.

Pero también es clara la evidencia del deseo de cambio. No se trata de un grupo de políticos tradicionales, sino más bien de una enorme masa de ciudadanos que llegaron a la madurez actual para actuar y decidir con criterios propios. La MUD puede proponer, y lo está haciendo oportunamente, pero es la gente de todas partes la que decide participar a su manera, muchas veces bajo su propio liderazgo y con su propio criterio. Llama la atención la gran cantidad de jóvenes que participa, especialmente estudiantes universitarios, pero igualmente de profesionales, oficinistas y trabajadores. Tienen la energía para aguantar y la claridad para intervenir.

En los sectores populares el caldo se cocinó lentamente y se acumuló con los riesgos de desbordamiento. Se calentó con las largas colas que desde meses dibuja su realidad y se tensó con los abusos permanentes que debían aguantar. Si en general funcionó con cierta decencia, igualmente hubo las peleas y desencuentros que dejaron cicatrices en las comunidades. Un malestar general se apoderó lentamente de la gente que inició el cuestionamiento a sus autoridades y construyó sus propias razones acerca de la situación, expresados en términos de corrupción, mala política e incapacidad. A pesar de que la gran mayoría buscó “la tarjeta de la patria” para aprovechar lo que es aprovechable, la inmensa mayoría comprendió el truco propuesto de comprar sus votos, pero ya tiene la claridad para no caer en la trampa.

Hoy en día hay miedo, mucho miedo a las balas locas, a la policía y las guardias por su actuar incoherente, a los ladrones que no toman vacaciones, pero especialmente a los colectivos que se imponen con una gran mezcla de poder y abusos, y hasta deciden, en muchos casos, sobre vida y muerte. A pesar de las bolsas CLAP, que llegan con irregularidad en las distintas zonas, la gente se siente cada día más abandonada.

El comportamiento de nuestras comunidades se ha debilitado. El lenguaje vulgar se copia con bastante facilidad desde los más altos cargos de la Presidencia para abajo. El odio predicado por los jerarcas se internaliza en la opinión general. La temperatura social es claramente negativa y si no se cuida la gente puede entrar en violencia no deseada por nadie. Los que ayer eran alabados reciben hoy en día el cuestionamiento y el rechazo. Si no se cuidan pueden caer bajo su mismo peso negativo.

Si no detenemos y equilibramos estas actitudes y realidades, estamos en el “callejón de la muerte”, tanto en lo social como en la convivencia diaria tan necesaria. Debemos insistir en confrontar este deslave humano en el que todo perdemos. Es tiempo de transición, que ya se inicia. Debemos llamar la atención a todos los que tienen que ver con la comunicación y transmisión de mensajes, a trabajar mancomunadamente para crear una base común de dignidad y de respeto, y no de venganza y odio que ya están surgiendo desde las oscuridades del ser humano. No es tarea de la gente común declarar culpable o no, menos disponer de la vida y de la muerte, sino de la justicia ordinaria y de las entidades internacionales especialmente creados para eso.

Veo especialmente una tarea primordial de los periodistas de toda índole. De los que elaboran las noticias y las divulgan en los medios, de los propietarios de las distintas estaciones. Su impacto es enorme y su responsabilidad moral es de primera categoría. Evitar el odio, el mensaje tendencioso, la segunda intención serán las normas de referencia que mancomunadamente debemos defender. Me pregunto si las ONG vinculadas a todo lo que es comunicación pública no pueden promover una acción concertada de dignidad y equilibrio social.

Igual pasa con el sector educativo que necesita programas de compensación para acompañar a los jóvenes estudiantes en el aprendizaje del respeto mutuo, eliminando palabras violentas y groseras de cada grupo para con el otro. Todos somos necesarios en la reconstrucción de nuestro país.

Es una tarea evidente para nuestra Iglesia Católica y las demás Iglesias. Por esencia, deben promover la justicia y el respeto mutuo. Forma parte de su misión y lo deben reflejar en su predicación y acción social.

Pero quiero también dirigirme a esa masa anónima en protesta permanente que es totalmente legal, pero no necesitan inventos para aumentar la presión ni acusaciones extremas que conducen a crispar el ambiente y llevarnos al borde de la violencia extrema. No a la venganza, que es lo contrario de lo que buscamos.

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Lexys Rendón: “Las protestas tienen una contextualización muy profunda y seria de la crisis “

Lexys Rendón es directora de la ONG LAboratorio de Paz, activista e investigadora en Derechos Humanos.

¿En qué consiste Laboratorio de Paz?

Laboratorio de Paz es una organización que trabaja el derecho a la paz, que tiene algunos componentes distintos en el ámbito de los derechos humanos. Abarcamos en primer lugar el tema de la pobreza y cómo trabajar para disminuir la pobreza porque entendemos que uno de las mayores violaciones de DDHH se vincula a ello. Trabajamos mucho con grupos vulnerables minoritarios y vulnerables.
Tenemos una visión de no militarización de la sociedad, por lo que somos muy acuciosos de la inversión militar. Tenemos un análisis del presupuesto en la compra de armas, el Laboratorio hace un esfuerzo por realizar una campaña digerible a través de las redes.

¿Cuál es la valoración de Laboratorio de Paz de las recientes protestas?

El Laboratorio ha estado acompañando junto con otro grupo de organizaciones de Derechos Humanos cómo han sido estas movilizaciones y lo que hemos encontrado es que las protestas se han desarrollado con un carácter pacífico, con un mensaje de no violencia y enfocándose en la crítica de la falta de garantías constitucionales para exigir la restitución de la democracia. Las protestas tienen una contextualización muy profunda y seria de la situación que atraviesa el país.

Por otro lado de lo que encontramos, el Estado lejos de garantizar el derecho a la manifestación lo bloquea y violenta continuamente mediante la represión constante de los manifestantes. De un primer se está limitando el derecho a la manifestación, hay una manifestación desproporcionada muy diferente a lo que dicen nuestros manuales. Vemos también grupos de civiles que no deben actuar en medio de la represión. No menos importante,vemos que la aplicación del Plan Zamora tiene efectos que limitan las libertades del ciudadano.

Rendón hizo énfasis en el uso de las bombas lacrimógenas basándose en los estatutos internacionales referentes al uso de bombas lacrimógenas para controlar el orden público. “Lo que intenta es causar la paralización completa del manifestante. Este uso de bombas lacrímogenas no puede ser impactado de forma directa, no hay el personal médico que obliga Naciones Unidas y menos se ha establecido un sistema de aviso frente a eso. Hemos encontrado que hay una situación que viola de manera flagrante el derecho a la manifestación.”

¿Qué esperamos del Plan Zamora?

El Plan Zamora desconocemos los lineamientos y principios, lo que tenemos son las declaraciones públicas del Presidente de la República y cito literalmente “el Plan Zamora es para exterminar a las lacras del paramilitarismo internacional y nacional”, lo que tenemos es un componente militar incorporando civiles donde las fuerzas de seguridad del estado, estarían sumidos a la orden de estas instancias militares. Lo que tenemos también es el pronunciamiento de Freddy Bernal donde el plan Zamora se incorporaría a las distribuciones del Clap, nos preocupa muchísimo esto de la amenaza interna y la lógica es militar, estamos hablando de que el otro no está formado para atender este tipo de situaciones y menos de seguridad ciudadana. Esta lógica es del enemigo, entonces es lo que vemos que ya una sociedad que está siendo militarizada en todos los aspectos esto ya la represión de la nación a través de la vigilancia militar. Ya se va a cumplir una semana de su anuncio y lo que tenemos es una duplicación del número de detenidos y heridos.

¿Qué hacen los civiles en el marco del Plan Zamora?

Lamentablemente lo que hemos visto es que hacen uso de bombas lacrimógenos ,se llevan detenidos, aplican robos a las personas, humillaciones y lo más lamentable el accionar de las armas de fuego.

¿Esto ha sido sólo en Caracas o en otras ciudades?

Hemos contabilizado estas situaciones irregulares en varios lugares del país, para el pasado lunes se registró la presencia de varios grupos paramilitares en 6 estados del país.

¿Qué consecuencias implican los excesos contra manifestantes en el campo de la protesta pacífica?

Hay jurisprudencia internacional que contemplan estos puntos y responsabilizan al Estado. Sabemos que en materia de DDHH la acción de terceros se considera un delito y la acción del Estado es la que se determina como violación. Estas personas tienen vínculo con el Estado, por lo tanto pueden ser acusados como violadores de DDHH.

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Provea: Cualquier salida a la crisis venezolana debe fortalecer, y no debilitar, la Constitución de 1999

(Caracas, 29 de abril de 2017). El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) desea recordar que el actual proceso de movilización ciudadana se ha originado, entre otras razones, tras la ruptura del hilo constitucional y la erosión de las competencias establecidas por la Carta Magna a la Asamblea Nacional. El movimiento de indignación ha rechazado la violación continuada de la Constitución, la cual se inició en mayo de 2016 tras la aprobación del llamado “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica”. Dicho decretó, en la práctica, se constituyó en el marco jurídico de las actuaciones de la dictadura en Venezuela.

Ante la grave crisis y situación de conflicto que vive el país hemos insistido que la solución tiene que ser pacífica, democrática y Constitucional. La Constitución debe ser, en todo momento, el marco de referencia y la guía para la acción de las instituciones, partidos políticos, organizaciones sociales y la población en general.

La Carta Magna es el último pacto social consensuado en el país, reivindicado por Hugo Chávez en el primer período de su mandato como la “mejor del mundo”, y defendida por las fuerzas políticas y sociales que cuestionan la gestión de Nicolás Maduro. Para Provea la Constitución representa, en los actuales momentos, la mejor herramienta para enfrentar al gobierno dictatorial. Queremos insistir que las garantías presentes en el texto constitucional fueron consecuencia de la lucha de los movimientos sociales venezolanos en la década de los 80´s y 90´s, no una concesión de ningún gobierno, cuyos contenidos reflejaban los estándares internacionales existentes en materia de derechos humanos.

A partir de su segundo mandato, Hugo Chávez se apartó progresivamente del proyecto de país presente en la Constitución. La imposición del proyecto “Socialismo del Siglo XXI”, la creación de un “Estado Comunal”, la obligatoriedad de conformar “Consejos Comunales” si se deseaba interlocución con las autoridades, la cooptación de los poderes públicos o la militarización de la seguridad ciudadana y de la sociedad son elementos que no figuran dentro del texto aprobado en 1999. La Carta Magna contempla diferentes mecanismos para dirimir las diferencias entre los venezolanos, como la posibilidad de evaluar la gestión de los funcionarios electos a mitad de su período, mediante Referendo Revocatorio. Desde la perspectiva de derechos humanos la Constitución venezolana es un buen marco normativo, pero ha faltado voluntad política por parte de las autoridades para satisfacer los derechos y garantizar el funcionamiento de una institucionalidad sólida, eficiente y de gestión trasparente.

Cualquier propuesta de salida a la actual crisis venezolana debe permitir el regreso de Venezuela a la democracia, respetando y fortaleciendo lo dispuesto en el texto constitucional.

En opinión de Provea el adelantar elecciones es tan inconstitucional como retrasarlas indefinidamente. La propuesta de “elecciones generales adelantadas” necesita, para ser legal, un procedimiento de enmienda constitucional, que adicione los artículos necesarios a la Constitución, y posteriormente ser sometida a un referendo.

Por otra parte, la promoción de una Asamblea Constituyente no contempla sólo la relegitimación de los poderes, sino la redacción y aprobación de una nueva Carta Magna. La iniciativa puede partir del Presidente de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Cualquiera de los dos procedimientos, adelanto de elecciones generales o Asamblea Constituyente, generará elementos adicionales a la conflictividad venezolana y, para materializarse, podrían tomar mucho más tiempo que el cronograma de elecciones pendientes según la Constitución.

Provea sostiene que el camino para empezar a resolver la crisis en el país es el anuncio de un cronograma electoral que incluya elecciones regionales en el plazo más corto posible, las elecciones municipales a finales de año, y definir la fecha de realización de las elecciones presidenciales en el año 2018. Nicolás Maduro ha tomado la decisión de suspender indefinidamente cualquier proceso electoral hasta no generar las condiciones para obtener resultados positivos. La realización de elecciones no es un indicador suficiente para describir a un gobierno como democrático, pero la derogación del derecho al sufragio es suficiente para calificarlo como “Dictadura”. Por tanto, la divulgación de estas fechas sería una victoria de las protestas realizadas en las últimas semanas en el país.

Siendo un avance la difusión de las fechas, es insuficiente sin las condiciones que permitan el libre ejercicio del derecho a la participación electoral de todos los venezolanos, sin discriminación. Para ello se deben respetar los estándares que califican a los procesos electorales como democráticos: Inclusivos, transparentes, competitivos y electividad de los principales cargos públicos. Además debe revisarse la conformación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, por lo que los funcionarios que no sean independientes y hayan avalado la vulneración del hilo constitucional, deben renunciar para dar paso a la posibilidad de contar con un árbitro que genere la suficiente confianza en el proceso. Para lograr estas condiciones mínimas, el proceso de movilización pacífico debe mantenerse masivamente en la calle. Ante la situación de ausencia de democracia en nuestro país, elecciones y manifestaciones no son excluyentes sino complementarios.

Igualmente consideramos fundamental una renovación del Tribunal Supremo de Justicia con cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos en la Constitución, considerando la falta grave cometida con las sentencias 155 y 156 calificadas por la Fiscal General de la República como decisiones que rompieron el hilo constitucional.

La defensa de la Constitución de 1999 exige rechazar las posibilidades no contempladas por ella, o la realización de un proceso constituyente en momentos de alta crispación política, que puedan poner en riesgos las garantías en derechos humanos contemplados en ella e ignorando el principio de progresividad de derechos.

Por tal razón llamamos a la población venezolana a seguir ejerciendo la presión en las calles de manera pacífica, exigir el respeto a la Constitución y reclamar los cambios institucionales necesarios para que haya condiciones suficientes para el respeto de la voluntad popular.

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