Provea: Chavismo democrático debe rechazar abolición de la Constitución de 1999 y riesgos de regresividad en DDHH.

(Caracas, 09 de junio de 2017) La inconstitucional convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente coloca las garantías a los derechos humanos incluidas en la Carta Magna vigente en riesgo. Ante la posibilidad de la abolición de esa Constitución, y la ausencia de una propuesta mejor en materia de DDHH, sectores gubernamentales inconformes con la iniciativa tienen un papel que cumplir en la defensa del Estado democrático y social, de Derecho y Justicia, aprobado tras un importante consenso en 1999.

Organizaciones de derechos humanos participamos en el proceso constituyente de 1999, que tuvo como resultado la materialización de una Carta Magna que incluyó demandas históricas del movimiento popular venezolano, en sintonía con los estándares internacionales en derechos humanos. En el año 2002, bajo un golpe de Estado, Provea rechazó la ruptura del hilo constitucional, solicitando la activación de la carta Democrática Interamericana a la Organización de Estados Americanos. A falta de un proyecto más inclusivo de país, que respete el principio de progresividad de los derechos, desde nuestra organización hemos defendido, y lo seguiremos haciendo, la Constitución de 1999, que se convierte en el acuerdo social con mayores reconocimientos para comenzar la reconstrucción de la institucionalidad democrática en el país.

En Provea hemos escuchado testimonios de diferentes funcionarios, de varios niveles en la administración pública, inconformes con la fraudulenta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a realizarse de manera diferente al procedimiento implementado en 1999. Como la Constitución expresa, una ANC tiene como finalidad reformar la estructura del Estado y redactar una nueva constitución. Estas opiniones críticas coinciden con lo expresado por Provea acerca del falso argumento oficial sobre “mejorar” la Constitución, lo cual sólo pudiera realizarse mediante una enmienda (Artículo 340) o una reforma (Artículo 342).

De manera similar a cómo lo han realizado personalidades como Luisa Ortega Díaz, Mari Pili Hernández, Nicmer Evans, Juan Barreto, Héctor Navarro, Miguel Rodríguez Torres, Oly Millán, Gustavo Dudamel, o Gabriela Ramírez, funcionarios del gobierno y otros voceros vinculados al proyecto bolivariano deben hacer público su cuestionamiento a la actual ANC, defender la actual Carta Magna y apoyar el restablecimiento de la institucionalidad y el estado de derecho en el país. La Venezuela del mañana necesita de los aportes y la participación del chavismo democrático, cuyas acciones tangibles puedan mantener la validez de esa corriente de pensamiento y su diferencia con sus sectores más autoritarios, con responsabilidad en delitos y violaciones en derechos humanos.


Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea)

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El TSJ es un órgano de autoridad, ya no un garante del ciudadano

La Sala Constitucional, a pesar de su nombre, es la que hoy en día viola más la Constitución, al invocarla como base de sus decisiones para decir lo contrario a lo que ella garantiza. Así lo ha hecho en las sentencias, que ya son 11 respecto precisamente de 11 alcaldes de 5 estados del país, en las que les ordena, mediante un amparo cautelar, que impidan barricadas y bloqueos de las vías públicas y garanticen el libre tránsito.

El objetivo real de esas sentencias es que los municipios impidan las manifestaciones masivas de ciudadanos que se están verificando en el país. El problema de esta orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los alcaldes es que la Constitución en su artículo 68 garantiza el derecho a la manifestación pacífica y prohíbe impedirlas.

El fundamento de las sentencias de la Sala Constitucional es que los municipios son competentes, según la Constitución, en materia de libre tránsito, protección vecinal, saneamiento del ambiente y aseo urbano, por lo que deben intervenir en este tipo de manifestaciones para garantizar los derechos correspondientes a esas facultades, so pena de arresto a los alcaldes que no acaten el amparo.

El problema que plantean las sentencias comentadas no es solo que si los municipios impiden las manifestaciones ciudadanas violan la Constitución, sino también que infringen otras normas que le dan competencia en esta materia a la policía estadal o a la nacional, según el caso y más bien excluyen expresamente a la policía municipal.

En este sentido, la Ley Orgánica de Servicio Policial y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en su artículo 43 establece que la policía estadal es la competente para el control de reuniones y manifestaciones que comprometan el orden público, la paz social y la convivencia.

Asimismo, los artículos 50 a 54 de esa misma ley establecen criterios de intervención de las distintas policías en este tipo de manifestación ciudadana, y la municipal no puede intervenir. Es más por criterios de intensidad, complejidad y especialidad de es la policía nacional la que lo debe hacer. Esto lo confirma el artículo 4 de una resolución del Ministerio de Interiores y Justicia (publicada en Gaceta Oficial Nº 39.658 del 18 de abril de 2011), que establece que la policía municipal debe limitar su actuación a la zona del perímetro externo de la zona en conflicto.

Entonces, si todo el ordenamiento jurídico venezolano excluye de este tipo de manifestaciones ciudadanas a los municipios, ¿por qué la Sala Constitucional insiste en que actúen y además va a castigar a sus alcaldes incluso con arresto si no cumplen con sus órdenes?

Acceso a la Justicia quiere recordar al respecto que la Constitución en su artículo 25 no exime de responsabilidad a los funcionarios públicos, como son por ejemplo los alcaldes, que sigan órdenes contrarias a la Constitución. No es de extrañar en este sentido que los alcaldes se hayan negado a cumplir con estas sentencias.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Una vez más la SC pone en tela su juicio la misión que le ha encomendado el constituyente de 1999 de brindar seguridad y garantías a los venezolanos, pues más bien aprovecha cualquier ocasión para amenazar la institucionalidad y la vida democrática del país y vulnerar la Constitución que dice proteger.

Sus sentencias en contra de los alcaldes indican que los derechos políticos podrían resultar afectados gravemente en los próximos días, además de poner fin a la democracia representativa y con ello la esencia de la descentralización política que representan los alcaldes como máximas autoridades locales electas por el pueblo democráticamente. Esperemos equivocarnos.

Publicado por Acceso a la Justicia 

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Sala Constitucional da “jaque mate” al sufragio directo

La SC no pierde tiempo y aprovecha cualquier oportunidad para seguir dictando sentencias inconstitucionales con la justificación de que es el máximo intérprete y único garante del cumplimiento de la Carta Fundamental en el país. En esta ocasión se trata de la sentencia N° 355 del 16 de mayo en que al decidir cinco demandas de nulidad presentadas en contra de la reforma de Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, la Sala “constitucionalizó” el Estado Comunal y al mismo tiempo negó el carácter directo del derecho al sufragio.

Es significativo, al respecto, tener en cuenta que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal tuvo una modificación parcial efectuada por la entonces Asamblea Nacional (AN) dominada absolutamente por el chavismo; y, justamente esos cambios sustanciales que fueron incluidos en ese texto legal son los que sirvieron de fundamento para demandar en 2011 su inconstitucionalidad ante la referida Sala, cambios estos que pueden resumirse de la siguiente manera:

  1. La creación de una nueva “entidad territorial” llamada “comuna” en la organización del Poder Público Municipal, que tiene una autonomía local frente a los municipios al punto que queda excluida de la aplicación de la normativa municipal;
  2. La eliminación del sufragio directo para elegir a los miembros de las juntas parroquiales comunales, cuya “elección” pasa a manos de los llamados “voceros de los consejos comunales” de la parroquia con la validación de la asamblea de ciudadanos (artículo 35); y,
  3. La incorporación del llamado “Poder Popular” en el Consejo Local de Planificación Pública.

Sin entrar en el análisis de cada uno de estos puntos Acceso a la justicia reconoce la importancia de advertir la gravedad que implica la sentencia N° 355 por dos razones fundamentales:

  1. En primer lugar, por admitir que la entidad local de “la comuna” es conforme al texto constitucional y, por ende, sostener la validez del “Estado Comunal” diseñado por el conjunto de leyes sancionadas y promulgadas a partir del año 2009 llamadas como “Leyes del Poder Popular”, que buscan instituir un nuevo modelo político, social, cultural y económico (artículo 6 de la Ley Orgánica de las Comunas), que es ciertamente incompatible al Poder Público Estadal y al Poder Público Municipal, es decir al esquema tradicional de la división vertical del Poder Público contemplado en el artículo 136 constitucional.

En tal sentido, la Sala institucionaliza constitucionalmente el Estado Comunal que era una propuesta del fallecido presidente Hugo Chávez Frías plasmada en la reforma constitucional de 2007, que al ser sometida a referendo aprobatorio en diciembre de ese año fue rechazada por el electorado; cabe recordar, al respecto, que ese proyecto buscaba, entre otros propósitos, transformar la estructura del Estado venezolano con una doctrina de corte socialista. Así pues, con esta sentencia, se abre las puertas para la consolidar la vigencia de este “Estado paralelo”.

  1. En segundo lugar, por justificar la aplicación de la elección indirecta o de segundo grado para la escogencia de los integrantes de las juntas parroquiales al margen de lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución que establece en forma expresa el sufragio directo y, al mismo tiempo, contrario al principio democrático representativo consagrado en el artículo 5 de la Carta venezolana.

Con relación a este punto, Acceso a la justicia considera oportuno advertir con suma preocupación que la Sala con la sentencia en cuestión, sin duda, desnaturaliza el concepto de sufragio democrático que es universal, libre, directo, igual y personal, al considerar que es expresión de la soberanía popular el nombramiento de los miembros de las juntas parroquiales comunales por los voceros de los consejos comunales.

Debe quedar claro, al respecto, que de conformidad con nuestro ordenamiento constitucional el sufragio es concebido como un derecho político individual que es ejercido sin la intermediación de otras personas o de otras instancias de participación ciudadana.

En tal sentido, debe advertirse que de hablarse de sufragio indirecto o de segundo grado a la luz de la Carta venezolana es solo cuando la AN deba elegir a los titulares de los órganos del Poder Ciudadano (artículo 279) y del Poder Electoral  (artículo 296), así como en la escogencia de los Magistrados del TSJ (artículo 264), pues es la AN la instancia representativa por excelencia de la voluntad del pueblo y, por ende, el órgano elector de segundo grado que tiene la facultad en esos casos para poder realizar una elección popular indirecta, pero solo porque en estos supuestos se trata de una elección basada en criterios de experticia técnica y donde debe haber independencia política del candidato al cargo.

Ello significa, en síntesis, que se está en presencia de otra burla a la Constitución pues de un plumazo la SC niega a los venezolanos una de las conquistas más significativas en los últimos 60 años de la historia del país, y sobre todo en el marco de derechos políticos. Es indudable que la sentencia N° 355 socava nuevamente a la Constitución de 1999 por el solo hecho de reconocer antidemocráticamente que el derecho al sufragio pueda ser ejercido por terceros, tal como ocurría antes de 1947, pues fue a partir del texto constitucional de ese año que se introduce por primera vez el carácter directo de este derecho político sin ningún tipo de distinción por razones de sexo, religión, condición social o educación.

Finalmente, es necesario preguntarse acerca de las implicaciones de este fallo en el futuro inmediato del país. Acceso a la justicia, al respecto, considera importante destacar el alerta que deja el profesor José Ignacio Hernández en su blog publicado en el portal web Prodavinci, según el cual la SC con esta sentencia se estaría creando el sustrato jurídico para la elección de los miembros de la Constituyente comunal o popular convocada inconstitucionalmente por el Presidente de la República que permitiría, sin duda, escoger o nombrar por sectores, es decir a dedo los integrantes de este nuevo fraude a la Constitución.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Lamentablemente ya desde el año pasado se ha visto con preocupación cómo el ángel guardián de la Constitución tiende a amenazar los derechos fundamentales de los venezolanos.

Son los derechos políticos los que se ven envueltos en intricadas madejas creadas por la SC con sus sentencias que solo buscan obstaculizar y reducir su ejercicio legítimo, además de contrariar los valores, principios y garantías democráticas, y, de esta manera sembrar en el país un clima desesperanzador.

Publicado por Acceso a la Justicia 

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Mariengracia Chirinos:”La libertad de expresión es la piedra angular de la Democracia”

¿A qué se dedica Ipys?

Periodista y directora de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)

Ipys es una organización de derechos humanos en la que trabajamos por el acceso a la libertad a la información pública, la libertad de expresión y el periodismo de investigación. Nosotros hacemos un monitoreo de las condiciones del ejercicio del periodismo y también de las cómo las libertades informativas afectan a los ciudadanos. Trabajamos mediante unas categorías establecidas por unos estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Algunos de los temas que trabajamos involucran la infociudadanía, la censura, el uso abusivo del poder del Estado en materia de telecomunicaciones y un patrón que para nosotros es muy difícil documentar que es la autocensura, que es esa decisión voluntaria que toman los periodistas por temor a represalias. Pero también hemos visto que representantes de diversos sectores la gente se inhibe por temor que esto le pueda traer algún riesgo.
Contamos con una red de corresponsales en 19 estados del país y lo que hacemos es documentar de manera directa los testimonios de los afectados y a partir de allí, generamos datos e informaciones para la ciudadanía. Nosotros enntendemos la libertad de expresión como la piedra angular de otros derechos, dado que éste permite que se exijan el resto de garantías.A medida que puedas hablar, denunciar, en esa medida puedes ejercer otros derechos como la manifestación pacífica, entre otros.

¿Cuál sería la posición de Ipys frente a los ataques de la prensa en el contexto de las manifestaciones?
Nosotros hemos registrado alrededor de 94 casos de vioolaciones de la libertad de expresión en contra de periodistas, twitteros que aunque no ejerzan el periodismo tienen un rol importante. Nos preocupan las limitaciones que tienen para acceder, limitaciones para cubrir las protestas en diversos estados del país y también han habido detenciones a equipos de prensa nacionales e internacionales, que tienen como objetivo imponer la censura. También nos preocupa que se han puesto algunas censuras a partir del cambio del ecosistema de medios que involucra el cierre de espacios comunicacionales por parte de Conatel y que sobre todo afecta medios locales o regionales, esto generó que estas presiones se trasladaran al papel y hubo un cambio donde los periodistas se trasladaron a los medios digitales. De alguna manera esos condicionamientos se han trasladado a la web y han habido medidas de bloqueo hacia televisoras digitales que habían transmitido las manifestaciones, también se registraron bloqueos a canales internacionales. Se ha promovido la desinformación como una política del Estado y esa desinformación deja indefenso, desprotegido y en una situación de incertidumbre debido a que no tiene una noción de lo que está pasando. Además ha generado una segunda consecuencia: la difusión de información falsa a través de redes móviles, el cual le hace juego a la estrategia en donde el silencio se quiere imponer. La gente debe pasar por un filtro, y hacerse varias preguntas acerca de la información y si realmente usted puede confirmar con varias fuentes si en tal caso es cierto.

¿En qué consistió Un Minuto de Silencio?

Ipys venezuela por tres años consecutivos ha hecho como una radiografía sobre lo que es el ejercicio del periodismo, sobre todo ahondando la censura y autocensura. Las conclusiones a las que llega este estudio cuantitativo es que el principal problema de los periodistas en el 2016 fue el acceso a la información pública, hay un conjunto de restricciones al solicitar respuestas, esto no sólo implica que el Estado se niega a ofrecer datos sino también al ciudadano el cual tiene desconfianza al formar parte de una investigación. No tenemos información sobre datos de inflación, estamos en una situación de incertidumbre y no podemos organizarnos, esto se traduce en una restricción en acceso a la información pública.
Luego los periodistan relatan que hay un lenguaje violento, en donde se ha visto afectada su labor periodística y el otro dato de preocupación como estas medidas de presión repercuten directamente en los periodistas. El terreno natural del periodismo es la calle, los profesionales del área tienen temor a ser perseguidos o agredidos. Es necesario reconstruir un poco las bases institucionales del país.

¿Existe censura en las redes sociales?

Sí a ver, las plataformas sociales aunque son el espacio con mayor amplitud a nivel a nivel de libertades. Sin embargo, si han habido censura con unos bloqueos selectivos hacia portales en este contexto de protesta se bloquearon 3 televisoras nacionales que además difundían informaciones de interés público, y una de estas 3 era Capitolio Tv la cual era el espacio oficial del Parlamento.
Esa censura d elos espacios tradicionales se ha trasladado a la web y también Ipys ha documentado desde 2015 a través de un monitoreo técnico que hay más de 42 portales bloqueados en Venezuela.

¿Qué es recomendable para afrontar esta situación de censura?

Hay que defender la libertad de expresión como esa piedra angular de la democracia, también es un mecanismo para exigir los demás derechos. Nos toca defender la pluralidad de voces y también defender esos espacios de autonomía y de libertad para vencer esa voz única del Estado que se ha querido imponer. Organizarse entre las comunidades, informando con detalle cuándo ocurrio, cómo ocurrió.

También es importante decirle a la gente que su vida está por delante de cualquier vídeo, cualquier fotografía, una fotografía no vale una vida, por eso siempre llamamos a cubrir desde el infoactivismo.


Prensa Provea

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No hay juego trancado

Editorial Revista SIC 794

Mayo 2017

Ya advertíamos en el número anterior que el régimen había desenmascarado su condición de dictadura con las sentencias 155 y 156 del TSJ (que luego de ese acto ha estado particularmente silente). La Fiscal General también considero que dichas decisiones rompían el marco constitucional. Durante todo el mes de abril se ha generado una grave crisis de legitimidad del gobierno que ha tenido que recurrir al uso abusivo de la represión como camino para lograr sostenerse en el poder. Esto ha implicado al menos 29 muertos durante el mes de abril, centenares de heridos y una represión sin precedentes. Debemos aunar a ello el uso de grupos paramilitares (colectivos armados) que han disparado contra la población.

La oposición ha hecho un conjunto de exigencias que buscan la restitución del orden constitucional: cronograma electoral claro, destitución de los miembros que incoaron el golpe judicial reciente, nombramiento de las autoridades del CNE bajo el procedimiento constitucional establecido, liberación de los presos políticos, reconocimiento de la Asamblea Nacional y sus funciones por los demás órganos del Poder Público, aceptación de ayuda humanitaria para superar la crisis. La ciudadanía ha acompañado estas demandas. Las manifestaciones han sido masivas y constantes.

Como respuesta a la perdida de legitimidad, el gobierno de Maduro el primero de mayo ha sumado un nuevo ingrediente que es la “Operación Constituyente Comunal”. La misma se vale de la ambigua formulación de los artículos 347 a 349 para buscar un mecanismo cuya pretensión es consolidar y consagrar la dictadura madurista, así como las prebendas de las elites militares y psuvistas que dirigen el país, en contra de la misma población.

Se quiere convocar a una constituyente sin consulta popular sobre sus bases. El Presidente se atribuye a sí mismo, sin consulta popular alguna, una potestad constituyente que no posee, así como tampoco la poseería el 15 % del electorado que firmará una solicitud para una semejante convocatoria y que de igual manera según la norma del artículo 348 posee igual nivel de iniciativa. Es evidente que en ambos casos, y en los demás previstos en ese artículo, debe mediar un referendo similar al que hubo en 1999, pues como señala los artículos 5 y 347 sólo el pueblo es depositario de la soberanía y del poder constituyente originario.

Estas bases consagran un conjunto de privilegios electorales a los grupos organizados del partido PSUV a través de consejos comunales, sindicatos y otras organizaciones afectas al gobierno que no representan sino a un porcentaje escuálido del electorado del país. De esta forma se omite ir a una elección universal, directa y secreta de todos los miembros de esa pretendida constituyente, que implica circuitos electorales con similar número de ciudadanos para garantizar la igualdad del voto.

Lo que está detrás del sistema planteado es que no todos somos iguales, sino que hay algunos que son más iguales que otros, por lo que tienen derecho a nombrar representantes que otros no tienen. Así quienes participan en organizaciones del gobierno como las comunas o sindicatos reconocidos por el gobierno tendrán representación extra. Estas instancias elegirían a la mitad de esa Asamblea de 500 miembros por lo que ya de suyo imponen la mayoría. Esto rompe los principios de universalidad e igualdad electoral.  Eso violenta el derecho humano a la igualdad y todos los derechos políticos y civiles, por lo que en caso de consolidarse estaríamos bajo el supuesto del artículo 350 de la actual Constitución.

El modelo propuesto recibe el nombre de Estado Corporativo y se dio en la historia a través de modelos políticos como los soviets en la URSS, el fascismo en Italia, el franquismo en España. La perversidad del modelo ya fue señalada por el fundador de esta revista en los años 40. Como se verá sirve a distintos modelos ideológicos, pero logra en todos el mismo efecto que es el control político por parte de la élite gobernante, consagrando modelos dictatoriales. Es evidente de igual forma que la intención es aproximarnos al modelo cubano que bajo el control de un partido único tiene sometida a toda esa isla a un sistema totalitario y empobrecedor.

No se nos escapa que la intención real no es establecer un nuevo pacto de convivencia entre los venezolanos, sino imponer un órgano creado a imagen y semejanza de la dictadura, a fin de que dicho órgano, pretendidamente plenipotenciario, disuelva la Asamblea, destituya funcionarios que hoy resultan incomodos como la ciudadana Fiscal y legitime nuevos préstamos que serán objeto de nuevos actos de rapiña e incluso extienda el gobierno del presidente Maduro.

Es bueno recordar que en otros tiempos también se pensó que con base a las bayonetas se lograba imponer la legitimidad a base del miedo. Así Gómez con múltiples constituciones hechas a su antojo. Así Marcos Pérez Jiménez, quien en 1952 ordenó una Constitución para él, que luego violentó en 1957 bajo la figura del plebiscito y que poco le duró su celebración. En ese contexto es bueno recordar que hace 60 años la Iglesia acompañó las luchas democráticas venezolanas, en especial bajo la simbólica carta pastoral de Monseñor Arias Blanco el 1 de mayo de 1957. Hoy también la Conferencia Episcopal Venezolana, la Conferencia de Religiosos y Religiosas y otras instancias eclesiales lo siguen haciendo, levantando su voz contra este régimen y acompañando a nuestro pueblo en las calles.

Como cristianos nos vemos en la obligación moral de denunciar este camino de opresión al que se ha sometido y se quiere seguir sometiendo a nuestro pueblo. Leyes que consagran la tiranía de unos pocos enriquecidos por el dominio de los ingresos petroleros, y que bajo engaños cada vez más ineficientes, dejan a la población entera sumida en la pobreza, la desnutrición, la falta de medicamentos básicos, la falta de atención hospitalaria, dejándoles como única opción la salida fuera del país.

Junto a este cuadro notamos una sociedad que de forma civil ha decidido manifestar su descontento en las calles. Que no se está dejando engañar por aquellos que saltando por encima de la puerta de la Constitución y de la democracia, han privatizado el Estado para sus fines, pero nuestro pueblo cada vez con mayor claridad no los sigue, pues desconoce en ellos la voz democrática, popular y ciudadana que nos configura como nación. El régimen no tiene pueblo, sus mítines están vacíos, lo que exhiben son sus armas y la represión. El gobierno y sus instituciones han devenido en ilegítimos.

El movimiento ciudadano que se ha desatado en defensa de la soberanía y la democracia en Venezuela es una invitación para que las mismas fuerzas de represión descubran el sin sentido de sostener por la fuerza un gobierno que no cuenta con base popular, un gobierno que ha perdido su legitimidad pues le ha dado no una, sino varias patadas a la Constitución que le sirve de fundamento. La Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) necesita redescubrir su papel institucional como garante de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos. De la misma forma es una invitación a quienes del lado del partido de gobierno y sus aliados son verdaderos demócratas, gente realmente preocupada por el bienestar de la población, en especial de los más pobres que están siendo especialmente golpeados, no sólo por la miseria, sino por la actividad delictiva de los grupos paramilitares del régimen.

Es a través de la acción civil que será posible recuperar un nuevo pacto social que toda la sociedad venezolana está reclamando urgentemente. No se trata de que haya unos ganadores o unos perdedores. No se trata de imponer un modelo u otro. Se trata de que nos reconozcamos ciudadanos, iguales, sin mayores o menores derechos por tener una u otra idea o preferencia política y que en el marco de un verdadero sistema democrático podamos dirimir nuestras diferencias y alcanzar los acuerdos que restablezcan nuestra convivencia.

Si hay caminos para la resurrección en Venezuela. La lucha de nuestro pueblo en las calles, especialmente de los jóvenes, sin armas, con su presencia genera la confianza de que llegaremos a reconstruir nuestro país.

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