La sociedad civil en urgencia

La degradación de nuestra sociedad venezolana ha llegado a tal nivel que es imposible no reaccionar mancomunadamente desde la sociedad civil en todas sus expresiones. El problema no puede solucionarse desde los partidos políticos que tienen sus límites y confusiones, ni desde el gobierno y sus numerosas instituciones que muestran permanentemente sus incapacidades. No es posible confiar todavía únicamente en posibles diálogos ni en las elecciones regionales y nacionales, por importantes que todo eso sea. Tampoco las organizaciones sociales por sí mismas están en capacidad de transformar la compleja situación actual.

La situación real del país ha llegado a un nivel de total crisis que no permite escapar a ningún estamento ni persona y que afecta a todas los ciudadanos sin excepción.

Además, la descomposición de nuestro diario convivir lleva a un proceso de destrucción de lo más íntimo que es la familia, sus valores y su espiritualidad implícita. Que un grupo de diez o quince niños, dirigidos por una muchacha de 15 años, mate a un guardia civil en Sabana Grande; que tres estudiantes del último año de bachillerato en Caricuao golpeen hasta la muerte a una compañera; que un joven adoptado por una familia con gran amor, mate a su mamá y hermana; que en un colegio de alto nivel se descubra una red de droga de compra y venta, donde hay representantes involucrados. Todo esto nos habla de que el mal está endémico y que nos está minando nuestra humanidad.

Además, no puedo dejar de anotar las cifras que hoy en día aparecen en las noticias: se calcula unos 11.000 neonatos (menos de 1 año) fallecidos el año pasado. Esta cifra es una vergüenza para cualquier país decente y da un giro dramático a lo conquistado por Venezuela en los 50 años anteriores. Si, además, necesitamos 20.000 bolívares por familia por día para sobrevivir, nos damos cuenta definitivamente de la pobreza reinante.

No podemos dejar pasar eso y quedarnos cómodamente en nuestras islas trabajando para el bien social. Todos debemos asumir responsabilidad y sanamente presionar a las autoridades y a responsables políticos para exigir un cambio fundamental. Las organizaciones sociales organizadas en sus muy capaces redes como Sinergia y las de derechos humanos, a igual que los sindicatos dispuestos y los gremios fuertes, a pesar de ser atacados permanentemente, las cooperativas independientes, las academias con su gran potencialidad, las universidades y toda esta rica sociedad que todavía vibra con la solidaridad y la democracia y evidentemente, el apoyo constante de nuestra Iglesia católica y las demás iglesias cristianas, todos y mucho más deben presionar, exigir, manifestarse desde su preocupación social. Igualmente, dentro el chavismo se pronuncian cada día más personas y sectores para un cambio observando los resultados nefastas de las actuales situaciones.

No somos partidos políticos, ni lo queremos ser. Somos organizaciones de la sociedad civil preocupados desde hace décadas por lo social, que es nuestro centro de preocupación. Pero no se excluye trabajar al lado de los partidos y en diálogo franco llegar a definir en pocos puntos centrales nuestras metas y objetivos. Nadie manda a nadie, sino que en mutuo reconocimiento y respeto se logra una cercanía positiva y transformadora.

Nuestro objetivo no es el poder –eso se lo dejamos a los partidos– sino más bien la reconstrucción de la convivencia ciudadana a partir de algunos elementos esenciales que incluyen decisiones económicas, pero visto desde lo social. El acceso a la comida y a los medicamentos a precios manejables y por caminos normales, la revisión de las OLP para asegurar el mínimo de desviaciones mortales y terminar definitivamente con los presos políticos que absorben tanta energía.

Formemos no solo un dique para detener este tsunami de malas situaciones, sino que también logremos una sola voz, una sola acción y un solo resultado: un país de gente feliz.

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Transparencia Venezuela: Siete magistrados dejan sin Estado de Derecho a más de 31 millones de venezolanos

Transparencia Venezuela hace un llamado a los representantes de los poderes públicos que fueron despojados de sus funciones por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a defender la democracia, la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho y la vigencia plena de la Constitución. De no hacerlo y obedecer o ejecutar algún acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución, no sólo serán cómplices de la ruptura del orden democrático, sino que incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa, según el caso.
Caracas, 30 de marzo de 2017. Siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ), 5 de ellos designados en procesos viciados de irregularidad, acabaron con la separación de poderes —condición sine qua non de la democracia— al entregar al presidente Nicolás Maduro la potestad de tomar medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias, sin consulta de ningún otro Poder, para “evitar un supuesto estado de conmoción”.
Los autores materialesLos magistrados Juan José Mendoza Jover, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y Federico Sebastián Fuenmayor Gallo (en suplencia de Gladys Gutiérrez) firmaron en ponencia conjunta, la sentencia 155 de la Sala Constitucional del TSJ, que entrega todo el poder al Presidente de la República y declara traidores de la Patria a los diputados por solicitar la activación de la Carta Democrática.
Estos magistrados se convirtieron en incondicionales aliados de los intereses del gobierno nacional y, finalmente han acabado con la democracia, sostenida en el Estado de Derecho y en la separación de los Poderes. Llama la atención que la magistrada Gladys Gutiérrez, por más de 4 años presidenta del TSJ y miembro de esta sala, no haya tomado parte en una sentencia tan crucial como ésta.Estos siete magistrados coronaron a Nicolás Maduro como el Jerarca de Venezuela, traspasaron a él la soberanía nacional y le entregaron las funciones de todo el Poder Público Nacional.

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Provea y la Carta Democrática

Marino Alvarado | En el año 2002 cuando se produjo el Golpe de Estado contra el Ex presidente Chávez, la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se aplicara la Carta Democrática.

El día 12 de abril de ese año expresó: Llamamos a la Comunidad Gubernamental Interamericana a tomar posición ante la crisis institucional que vive Venezuela, en aplicación del Artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana que plantea la condena de “la ruptura del orden constitucional  que afecte gravemente el orden democrático” de los Estados Miembros, al tiempo que llamamos a los gobiernos democráticos del continente a solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en virtud de la aplicación del artículo 20 de la referida Carta, para que dicha instancia pueda “realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

Esa posición coherente con la defensa de la democracia y con el respeto a la voluntad popular, mereció el reconocimiento de importantes líderes de quienes hoy están en el gobierno. Una respuesta rápida y sin titubeos frente a una situación que ameritaba firmeza pese a los riesgos que ello implicaba por la represión que los golpistas desataban en esos momentos.  Esa posición fue ratificada  el 13 de abril ante distintos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Nadie de los líderes políticos que apoyaban al presidente Chávez se atrevió a decir que esa posición de Provea significaba traición a la patria o era unos vendidos al imperialismo o cómplices de una intervención extranjera.

Provea actuaba apegada a sus principios en defensa de los derechos humanos y la democracia. Solicitaba la aplicación de un instrumento internacional que el propio gobierno venezolano había ayudado a promover y que constituía un avance de las corrientes democráticas del Continente contra las prácticas autoritarias.

Siete años después, en 2009, cuando se produjo el Golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Provea, solidaria con el pueblo hondureño, indicó el 29 de junio de ese año lo siguiente:

“Urgimos a la OEA a aplicar sin vacilaciones los compromisos contraídos en la Carta Democrática Interamericana. Es impostergable que estos mecanismos institucionales de la comunidad internacional se pongan en marcha para que el pueblo y las instituciones hondureñas, con irrestricto apego al principio de no intervención, encuentren los cauces institucionales de los que la propia Honduras está dotada, para solventar la presente crisis política dentro del marco de las instituciones constitucionales.”

Tal como ocurrió en el 2002 y en 2009 están dadas las condiciones para que a través de los procedimientos establecidos por la comunidad internacional se apliquen los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana.

En 2017, quince años después de haber solicitado a la OEA  por primera vez se activara la Carta Democrática, vuelve la organización de derechos humanos a solicitar su aplicación. Esta vez contra la ruptura del orden constitucional que lidera el presidente Nicolás Maduro. Tal como ocurrió en el 2002 y en 2009 están dadas las condiciones para que a través de los procedimientos establecidos por la comunidad internacional se apliquen los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana.

En los últimos días los mismos sectores que en pasado evaluaron como positiva la posición de Provea  ante esos dos hechos históricos que atentaban contra la democracia, desatan una campaña para tratar de desprestigiar e intimidar. No es de extrañar que en el marco del autoritarismo con la que se sostiene la dictadura en Venezuela esa campaña se intensifique.

Como bien lo viene expresando Provea no es tiempo de vacilaciones. Tras casi 30 años de defensa ininterrumpida y coherente en defensa de los derechos humanos y la democracia, tiempo en el cual cada gobierno de turno ha pretendido intimidar a esta organización y otras destacadas organizaciones de derechos humanos de Venezuela, hoy más que nunca seguirá firme acompañando a las víctimas de violaciones a sus derechos y enfrentando los abusos del Poder.

El artículo 132 de la Constitución dice que es un deber de todas las personas defender los derechos humanos como parte de la convivencia democrática. Pero además indica  el artículo 31 que para cumplir con ese deber todas las personas tienen el derecho de  acudir a las instancias internacionales. ¿Quiénes son los que actúan al margen de la Constitución?

Publicado por Provea

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Etapa Final del EPU

Carlos Nieto Palma | El día de ayer 16 de marzo en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas (ONU) realizo la tercera etapa del segundo Examen Periódico Universal (EPU). En esta ocasión, el Estado venezolano tuvo que dar respuesta definitiva sobre la adopción de las 274 recomendaciones emanadas de 102 países que participaron durante la Sesión de Evaluación de Venezuela, celebrada el pasado mes de noviembre en Ginebra.

El Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento de cada una de los 192 Estados Miembros de las Naciones Unidas en cuanto a las respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos

El Examen Periódico Universal (EPU), establecido por la resolución 60/251 de la Asamblea General es un nuevo mecanismo de derechos humanos. Con este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento de cada una de los 192 Estados Miembros de las Naciones Unidas en cuanto a las respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos. El EPU es un mecanismo cooperativo que tiene por finalidad complementar y no duplicar la labor de los órganos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos.

Aun y cuando al momento de escribir estas líneas no se había efectuado esta sesión, ya el informe del Estado venezolano sobre que recomendaciones aceptaba, cuales anotaba y las que fueron anotadas sin apoyo, fueron consignadas por el Estado venezolano, y que el pasado 13 de marzo fue distribuida.

El Estado venezolano de las 274 recomendaciones hechas por los países participantes en el EPU, acepto 193 recomendaciones, 28 las anoto es decir que no se comprometió a aceptarlas y 53 fueron anotadas sin apoyo que es lo mismo que las rechazo.

Según Jo Delia defensor de derechos humanos y quien desde la organización Civilis ha hecho un excelente trabajo al seguimiento y divulgación del EPU desde su primer ciclo en el 2011 nos dio su apreciacion sobre este segundo ciclo “El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos complementario a otros exámenes en derechos humanos de las Naciones Unidas. En el EPU, los mismos Estados miembros evalúan a sus pares en el cumplimiento de obligaciones con los derechos humanos.

Gracias a que Venezuela fue por primera vez examinada en el año 2011, el Estado venezolano se puso al día con informes de cumplimiento de tratados internacionales tras 12 años sin haberlo hecho, lo cual llevó a que el país fuese evaluado de forma exhaustiva 6 veces en diversos campos de derechos humanos entre los años 2013 y 2015. Después de estas evaluaciones, la realidad del país en esta materia está mucho más clara para la comunidad internacional a pesar de la poca información pública a la que hay acceso y es la razón por la cual en el reciente segundo examen realizado el pasado noviembre de 2016, Venezuela haya recibido el doble de las recomendaciones que obtuvo la primera vez, en áreas donde se creía que no había demasiadas dificultades.

La sociedad civil participa con pleno derecho en todos los exámenes que realiza el sistema de protección de las Naciones Unidas. En ocasión de este segundo EPU de Venezuela, 170 organizaciones no gubernamentales venezolanas tuvieron oportunidad de contribuir a la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela y el próximo 16 de marzo también ejercerán derecho de palabra acerca de sus resultados.

El EPU funciona por ciclos continuos, lo cual significa que cada Estado es permanentemente objeto de seguimiento en la implementación de las recomendaciones que se le hayan hecho hasta el siguiente ciclo. Jamás se detiene, así como tampoco el trabajo de la sociedad civil en la exigencia de que cada una de las recomendaciones se cumpla”.

El Estado rechazo temas importantes para todos los venezolanos que fueron hechas por algunos países participantes en el EPU como la libertad de los presos políticos, protección a los defensores de derechos humanos, mejorar las condiciones de las cárceles venezolanas, avanzar en el dialogo con todos los sectores, autonomía del poder judicial, permitir visita de representantes de la ONU y OEA y muchos otros, en algunos casos alegan intromisión o que recomendaciones hechas no ocurren en Venezuela.

Resulta interesante destacar que el Estado venezolano asumió como compromiso voluntario “Implementar el nuevo régimen penitenciario en el cien por ciento de los establecimientos penitenciarios del país, a fin de lograr la reinserción social de los privados y privadas de libertad a través de métodos basados en principios de igualdad y justicia social” no sé si este compromiso voluntario incluirá investigar y sancionar a los responsables por acción u omisión de las fosas comunes halladas en pasados días en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), aclarar que hacia el Pran Wilmito paseando en playa parguito en Margarita, el banco que funciona en la cárcel de Tocuyito o el caos que se vive actualmente en los centros de detención preventiva del país.

El gran trabajo ahora es que la sociedad civil de seguimiento a cada una de las recomendaciones efectuadas al Estado en el EPU para coadyuvar al respeto de los derechos humanos en el país.

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Municipios, vecinos, comunas: mayor compromiso ciudadano con la comunidad municipal

“La salud de una sociedad democrática puede medirse por la calidad de las funciones desempeñadas por los particulares”.

Rafael Quiñones

Samuel Huntington, uno de los pensadores más célebres en las ciencias políticas del siglo XX, describía que la modernización política y social de una sociedad pasaba por la racionalización de la autoridad política; la diferenciación de sus estructuras políticas; y la participación de las masas en la política. En este último punto, Huntington describe el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna como una ampliación gradual de la población con participación política: En la fase más temprana del tránsito sólo intervienen en la política las élites sociales; después, se incorporan las clases medias y, por último, se da la incursión del grueso de la sociedad. Por ende, cuanto mayor nivel de personas puedan participar en la gestión de los asuntos públicos en una sociedad, mayor modernidad política y social tendrá la misma en su conjunto.

La ampliación de los derechos de las personas en los asuntos públicos no obstante no se da naturalmente en reposo ni de manera rutinaria. Cuando hay fases de tensión, crece la participación y disminuye en las fases de tranquilidad, lo que hace necesario que en una sociedad democrática que quiera conciliar tanto estabilidad política como alto nivel de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es que previamente el sistema político articule una completa y viable institucionalidad política que pueda soportar estos elevados niveles de participación. Y la célula de institucionalidad política más cercana a los ciudadanos es su gobierno local, llámese municipio, parroquia o comuna.

En este contexto de evolución y mutación política que vive el mundo, Venezuela no se queda atrás en su necesidad de establecer grandes cambios en su manera de gestionar las instituciones públicas, que combine tanto un alto nivel de estabilidad institucional como un mayor compromiso ciudadano a través de las instancias gubernamentales más cercanas al mundo cotidiano de los ciudadanos. De esta forma, para evitar que los ciudadanos de una comunidad política sean víctimas de la incompetencia de un Estado centralizado e hiperburocratizado, se ha de hacer un cambio de institucionalidad política en el país que posibilite que las comunidades organizadas en Venezuela puedan exponer sus demandas a nivel comunitario como son los municipios. El poder político es más eficiente cuanto más cercano esté de las comunidades a las cuales debe atender.

En un encomiable trabajo de escritura, José Gregorio Delgado Guerra en el Cuaderno de Temas de Formación Sociopolítica N 21: Municipios, vecinos, comunas: mayor compromiso ciudadano con la comunidad municipal, nos plantea la historia y los mecanismos disponibles de acercar el poder políticos a los ciudadanos a través de los gobiernos locales que contempla la legislación vigente en Venezuela. Un trabajo que no se puede subestimar cuando se aspira a un cambio político en el corto plazo en nuestro país.

Publicado por Revista SIC

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