Habrá más hambre y más deseo de cambio

Marino Alvarado | Instalada la FANC Fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente las grandes mayorías pobres del país tienen mucha razón para preocuparse. Con bastante seguridad la pobreza y la miseria se continuarán extendiendo en el país. Esa FANC profundizará las políticas erradas que en materia económica vienen generando un alto costo de la vida que devora cada día los ingresos familiares. No hay duda que hoy la mayor preocupación de hombres y mujeres en el país es el alto costo de la vida que según expertos sobrepasará el 1000% al final de año.  Ello implica menos posibilidad de adquirir alimentos y productos de primera necesidad. Más sufrimiento, más angustia.

Este gobierno ha demostrado igualmente una gran ineficiencia en la gestión pública, por ello los niveles de deterioro existentes en la salud pública, en la vialidad a lo largo y ancho del país, en el transporte público cada vez más caro y deteriorado. Cientos de obras paralizadas. Con frecuencia se informa del  reimpulso de alguna  de las Misiones y meses después vuelven a informar de un nuevo reimpulso porque el anterior fracasó.

Es un insulto a las familias que padecen intensamente la crisis social que la señora Delcy Rodríguez haya dicho en el discurso de inicio de sesiones de la FANC que en el país era falso que no había hambre y que era mentira la crisis humanitaria en salud. Se nota que esa dirigencia política vive con un nivel de comodidades que no conocen la real situación del pueblo.

Hoy no tiene excusas el gobierno para justificar sus lamentables resultados en materia económica y social. Se le agota el discurso y se le agotan sus mentiras.

Es más que evidente que en lo único que ha sido eficiente el gobierno es en reprimir  la protesta social, democratizar la distribución de gas lacrimógeno  y dejar un saldo lamentable de heridos y muertos. La gestión del actual gobierno se puede resumir en dos palabras: hambre y represión.

La pregunta que muchos se hacen es qué hacer ante el  escenario de un gobierno débil, con poco apoyo popular, pero ahora tratando de mantener una ofensiva más autoritaria. Acá algunas reflexiones.

En primer lugar, ejercer de todas las maneras posibles, pero siempre de manera pacífica, el derecho a defender derechos. Tanto por las libertades democráticas, como los derechos sociales que se verán más afectados por la crisis. Es muy importante hoy asumir las protestas sociales con una perspectiva de integralidad de los derechos humanos. Necesitamos luchar por democracia pero también por mejor calidad de vida.

En segundo lugar, avanzar en la unidad de las fuerzas que se oponen a la dictadura y que reclaman la restitución de la democracia. Es tiempo de sumar, de incluir, de explorar y concretas acuerdos en el plano de las organizaciones políticas y sociales. Esa unidad debe contribuir a coordinar y repotenciar la protesta social

En tercer lugar, reforzar las labores para ampliar el  apoyo internacional sobre todo de organizaciones sociales. Cada vez es mayor el número de organizaciones populares del mundo que condenan la dictadura en Venezuela. Hay que sumar más apoyo internacional.

Finalmente, luchar con optimismo. No es momento para el desánimo. Cada vez se suman más voces y fuerzas por un cambio en el país. Debemos trabajar para que sea pacífico, democrático y en el marco de la Constitución. Dictaduras que aparentaban fortaleza se derrumbaron como un castillo de naipes por la fuerza de la acción popular.

Fuente : Provea 

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SIC :País en coma

Revista SIC 797

Agosto 2017

El país está en coma. Nuestra cotidianidad es cada día más cuesta arriba, casi insostenible. Sobrevivir se ha convertido en un desafío. No hay nada dado, supuesto; cada día hay que inventarlo.

Qué hacer para no pasar hambre y por lo menos tener una comida diaria; cómo llegar al trabajo y regresar a casa sin ser asaltados; cómo armarse de paciencia para aguantar entre cuatro y seis horas diarias en la cola del transporte público y, al final, tener que pagar un sobreprecio para poder llegar a casa, descuadrando el salario de hambre que se recibe; qué hacer para no enfermarse porque los hospitales están deteriorados y colapsados y no hay medicinas; no contamos con agua potable, ni cómo hervirla, porque el gas escasea y cuando llega es caro y las colas son inmensas para poder adquirirlo; la electricidad es irregular, fluctúa constantemente dañando los aparatos domésticos que, dados los niveles de inflación, las familias no tienen como reponer.

Las fiestas y los convites de patio, tan propios de nuestra cultura, han quedado estacionados en la memoria como recuerdos felices, hoy es un lujo que solo se pueden dar los que orgánicamente están enchufados en las redes del poder; pululan, como en Haití, en los frentes de muchas casas, mesitas donde se venden pequeñas cosas usadas o productos detallados en porciones mínimas, señal de una economía del día a día; las ratas y los perros compiten con la gente que busca entre los desechos un pedazo de arepa para saciar el hambre; los colectivos armados, paramilitarismo bolivariano del socialismo del siglo xxi, junto a la red de patriotas cooperantes o sapos de la dictadura, amenazan y persiguen cualquier disidencia y descontento ante la situación; la cotidianidad está militarizada, los carros y tanquetas de guerra recorren la ciudad con hombres armados, vestidos de verde oliva, algunos con armaduras cual “robocot”, y otros vestidos de negro, con pasamontañas, jugando a la guerra, apresando, torturando y matando en nombre de la paz y la revolución a quien protesta y manifiesta su malestar ante el statu quo.

Mientras tanto, los medios de comunicación y las cadenas propagandísticas del Gobierno hablan de patria y soberanía pretendiendo imponer infructuosamente la narrativa del poder. Pecado estructural, sistema de muerte. Así las cosas. Esto no es cuestión de izquierdas vs. derechas; ni de ricos vs. pobres; es, sí, un asunto de sociedad soberana vs. Gobierno tiránico; de vida digna vs. esclavitud; democracia vs. dictadura.

En medio de esta situación, la ciudadanía no solo ha resistido, sino que se ha ido constituyendo en medio de la adversidad en un auténtico sujeto social, con una voluntad política de transformación democrática. Por eso creemos que la consulta popular, celebrada el pasado 16 de julio, fue un auténtico acontecimiento histórico con una densidad democrática inédita en la historia de nuestro país y de América Latina. No fue un suceso, porque lo propio de un suceso es que es algo que ocurre en continuidad con lo que venía pasando y, por tanto, no entraña novedad, ni trascendencia alguna. En cambio, un acontecimiento es un hecho denso, inédito, que revela una novedad y se transforma en hito histórico. Veamos algunos rasgos de esta novedad.

En primer lugar, quien asistió a la consulta participó por cuenta propia, porque para cada quien fue un acto autónomo y libre, una decisión absolutamente personal, sin chantajes, ni presión de ningún tipo por parte de quienes lanzaron y operativizaron la iniciativa.

En segundo lugar, la gente se asumió como un cuerpo social cohesionado ya que, en los centros electorales, aunque no todos nos conocíamos, nos experimentamos hermanos, unidos, compartiendo un mismo horizonte de país. Fue un espacio de encuentro y de reconocimiento social; por ejemplo, en un mismo centro, convergían personas de distintas clases sociales, soñando juntos por un mismo país, se saludaban, se encontraban y verbalizaban sus sueños e imaginación.

En tercer lugar, la consulta fue de suyo una concertación política, porque muchos chavistas (no maduristas) concurrieron a las mesas para expresarse, así como también la gama de tendencias políticas opositoras representada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y más allá de cualquier tendencia política, acudieron, de igual modo, los llamados “ni, ni”, quienes en las tertulias espontáneas en las cercanías de los centros electorales dejaban claro que no eran ni chavistas, ni de la MUD, pero que estaban claros que esto tenía que cambiar y que la asamblea nacional constituyente (ANC) de Maduro era una imposición inconstitucional intragable.

En cuarto lugar, fue un acto de trascendencia cultural donde la viveza criolla fue superada por un impecable espíritu ciudadano que generó un ambiente de confianza y responsabilidad íntegro.

En quinto lugar, fue un acontecimiento civil que demostró que no se requiere de Plan República para garantizar el orden y la seguridad de un evento electoral cuando la ciudadanía asume el protagonismo del proceso.

En sexto lugar, fue un acto de fe en “los poderes creadores del pueblo” porque nos mostramos a nosotros mismos y al mundo los dones y el ingenio que poseemos y que somos capaces de desplegar exitosamente en tan poco tiempo y con tan pocos recursos a favor del bien común, en una atmósfera festiva, lúdica.

En séptimo lugar, desde el punto de vista gerencial, pese a la maldición histórica del rentismo, se reveló un espíritu emprendedor de alto nivel, pues se hizo uso eficiente de tiempo y de los pocos recursos disponibles y se llegó, de manera altamente eficaz, al logro de los objetivos. Tal como lo señaló el ex rector del CNE, Vicente Díaz, después de conocer los primeros resultados (7.186.170) y las proyecciones a 7.6 millones como total de la jornada: “Esos números de ayer se lograron con 14 mil mesas insta- ladas cuando lo máximo obtenido previamente se hizo con 45.000”. Ha sido, pues, el proceso electoral más eficiente, ordenado y confiable de nuestra historia política, además de inédito por su característica: propuesto por organizaciones de la sociedad civil, coordinado por la Mesa de la Unidad Democrática y operativizado por los partidos políticos junto a las universidades y organizaciones de la sociedad civil, sin participación del gubernamental Consejo Nacional Electoral (CNE).

En octavo lugar, desde el punto de vista ético, fue una decisión que desató un modo de relación tan auténtico que afloró la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, la participación, la ayuda mutua, la confianza, el respeto, afirmando que es mentira que los valores se han perdido, y que cuando nos relacionamos desde lo mejor de nosotros mismos, estos fluyen con naturalidad.

En noveno lugar, desde el punto de vista comunicacional pese a que Conatel amenazó y censuró a los medios para que no cubrieran el evento, la información fluyó por las redes y boca a boca, generando una gran movilización en todos los rincones del país.

En décimo lugar, fue un acto de incidencia internacional por la cualificada presencia de los observadores internacionales y el impacto positivo que tuvo a nivel de las redes y medios internacionales; tanto, que a escasos dos días ya se contaban alrededor de dieciocho pronunciamientos de jefes de Estado con tendencia a más.

El país está en coma, sí, por las arbitrariedades de quienes se han adueñado ilegítimamente del Estado, pero la sociedad venezolana tiene un espíritu enorme de resiliencia capaz de reponerse a cualquier adversidad y rehabilitarse democráticamente, con el convencimiento de que los conflictos se resuelven pacíficamente en las urnas, no con la guerra.

Para que haya República, los actores políticos (Gobierno y MUD) deben leer bien este acontecimiento inédito de nuestra historia y evitar azuzar los lobos de la violencia. El pueblo habló contundentemente: no a la guerra, no a la dictadura, sí a la paz y a la democracia.

Fuente: Revista SIC 

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Humberto García Larralde – PRIMERA PRUEBA CON LA ASAMBLEA INCONSTITUCIONAL

Una de las implicaciones del fraude groseramente perpetrado el domingo pasado contra la República es que pone al descubierto que los que quedaron en la asamblea inconstitucional no fueron en verdad electos por quienes acudieron a votar. Si estos no pasaron de 3 millones, los 5 millones de votos que añadió Tibisay borró totalmente la relación entre elector y elegido. ¿Cuáles votos designaron a qué delegados? Emerge como probabilidad realista que la asamblea estuviese previamente designada por las mafias que controlan el poder y que se estafó abiertamente a los escasos electores que se presentaron. Sus consecuencias son perversas.

Además de haberse violado los artículos 5, 63 y 347 de la Constitución -entre otros- que señalan que la soberanía reside en el pueblo, que solo éste puede convocar a una Asamblea Constituyente y que el sufragio debe ser siempre libre, universal, directo y secreto, tal designación entierra definitivamente toda pretensión de legitimidad para la asamblea espuria. Pero el fascismo se empeña, de todas maneras, que ésta disponga de poderes supra-constitucionales para hacer y deshacer.

Nicolás Maduro se ha transformado en dictador, pero no le ha resultado fácil. Ha pagado un costo político elevado por su violación masiva de derechos humanos, el asesinato de más de un centenar de manifestantes en los últimos cuatro meses, y por desconocer a la Asamblea Nacional, además de su aquiescencia con el saqueo del país. Es decir, los remanentes del Estado de Derecho, ante una opinión pública nacional e internacional que exige su cumplimiento, lo obligó a incurrir en subterfugios para intentar cobijar el escamoteo de sus preceptos. Pero ahora, una asamblea inconstitucional sacado de la chistera por los capos que controlan el poder pretende pasarle la aplanadora al país sin siquiera molestarse por aparentar su apego a la ley, ¡a cuenta de que se arroga unilateralmente ser plenipotenciaria! Un asalto aún más vulgar a la institucionalidad democrática que la ejercida hasta ahora.

Debe rechazarse tajantemente cualquier decisión que pretenda imponer esa asamblea inconstitucional. No es que las fuerzas democráticas deben “lidiar con una asamblea con la cual discrepa en cuanto a su legitimidad”, como si eso fuese un asunto a aclarar. No. Esta asamblea simplemente no existe en términos legales y no tiene legitimidad ni potestad alguna para hacernos creer que sus decisiones deban ser acatadas. Como se ha repetido hasta el cansancio, el pueblo venezolano debe acogerse a lo dispuesto en los artículos 333 y 350 de la Constitución, que rezan, respectivamente:

(art. 333) “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.” 

(art. 350) “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.”

La desobediencia civil reside precisamente en eso, en desconocer órdenes o decisiones ilegítimas que violan los preceptos básicos sobre los cuales se sustenta la convivencia democrática. El liderazgo opositor pagó muy caro la pifia de no haber respondido de inmediato y de manera contundente a la designación fraudulenta de leguleyos fascistas en el Tribunal Supremo, quienes prostituyeron sus funciones a favor de las mafias que controlan el poder. Creyó que podría dirimir este conflicto apelando al derecho, pero con los mismos farsantes que lo habían secuestrado. Y mira el terrible daño que han hecho. Ese tsj es responsable directo de las lamentables muertes de decenas de ciudadanos que protestaban por que éste les negó sus derechos a una salida pacífica, constitucional y electoral. No se puede hacer lo mismo ahora. Debe rechazarse toda pretensión de legitimidad de la asamblea espuria. Esto tiene, incluso, connotaciones de lenguaje muy precisas. No se puede hacer referencia a una Asamblea Constituyente, aun para descalificarla, porque no es tal. Es una asamblea inconstitucional y así debe ser referida.

Toca blindarnos, detrás de un liderazgo resuelto, en el desacato de toda disposición que nos intenten imponer salida de ese cuerpo. Si la defensa del orden constitucional es la base de las alianzas que deben construirse entre venezolanos demócratas para derrotar a la dictadura, no podemos transigir cuando ésta se violenta tan descaradamente. Esto envuelve riesgos personales. Pero la única fuerza que tenemos en este momento -además del apoyo internacional cada vez más comprometido- está en rechazar, como un sólo ser, los atropellos y arbitrariedades del fascismo. Hagamos inviable, inoperante, su pretensión totalitaria negándonos a obedecer. Inspirémonos en Gandhi, que tantos gustan invocar.

Al respecto, ya se ha presentado la primera prueba a la que debemos someternos: la destitución ilegal y abusiva de la Fiscal General por parte de esa asamblea espuria y la imposición de otras sanciones (inhabilitación, prohibición de salida) por quienes se arrogan la jefatura del poder judicial. Además de la defensa resuelta de la Fiscal, no debe dirigirse gestión alguna relacionada con sus atribuciones a quien pusieron en su reemplazo. La fiscalía, para los demócratas, seguirá estando en manos de Luisa Ortega Díaz hasta que los mecanismos constitucionales existentes dispongan otra cosa. Entre paréntesis, ¿se ha visto cosa más absurda que designar a quien funge de defensor -Tarek Saab- también comoacusador (fiscal)? Sólo es posible bajo el totalitarismo. Definitivamente, Tarek carece de personalidad, dignidad, de principios y de amor propio.

Para el dictador Maduro, la asamblea inconstitucional iba a asentar la paz en el país. Pero la primera decisión que toma es ésta. Por demás, quien resultó electa como presidente -dotada, según las aspiraciones totalitarias, de más poder que el propio Maduro- no es precisamente alguien que se ha destacado por su ponderación y disposición a la paz, al encuentro con el otro, al entendimiento.

Debe recordarse -y me perdonan por lo reiterativo- que para el fascismo la política es una guerra. No reconoce freno moral, ético, legal ni político a la hora de atropellar. Cede y negocia sólo ante razones de fuerza. No caigamos en la ilusión, porque la razón constitucional y ética está de nuestro lado, de que podamos convencer a los Diosdado y los Maduro de que desistan de su impostura despótica. Es menester forzar a que desistan, encontrando la forma de que sus pretensiones se hagan inviables y que tengan que pagar un alto costo político por quererlas imponer. Estrechar el apoyo internacional para aislar aún más al régimen, consolidar acuerdos con el chavismo democrático y formular propuestas claras a la Fuerza Armada para que se inhiba de prestarse a la imposición represiva de los diktats de la asamblea espuria y defienda la constitución, debe marcar las acciones de la oposición en el futuro inmediato. Decenas de miles de militares que formaron parte del Plan República son testigos de que pocos fueron a votar y que la jornada resultó un fraude descomunal.

En esta estrategia, no puede abandonarse los espacios de lucha disponibles. Las fuerzas democráticas deben inscribirse para las elecciones regionales y dar la pelea para que éstas se den debidamente, en forma imparcial, acorde con el ordenamiento constitucional. Pero esto es asunto de otras reflexiones.

Publicado por https://polisfmires.blogspot.com

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Dictadura de Maduro reprime e hipoteca el futuro

Maduro llegó a la presidencia afirmando que sería el primer presidente “obrero” de la historia venezolana. Al igual que Hugo Chávez criticó el modelo económico neoliberal y condenó el papel que las transnacionales y las corporaciones financieras, han tenido en el sojuzgamiento de los países y los pueblos pobres y en vías de desarrollo.

Maduro, hoy devenido en dictador, prometió la construcción de un modelo económico basado en la justicia y la igualdad. Una mentira tras otra, Nicolás Maduro se convirtió en lo que Provea advirtió desde el primer día, un verdadero presidente antiobrero. Su dictadura no sólo viola abiertamente los derechos a la libertad personal; a la vida y a la integridad personal, cometiendo asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias mediante la OLP o en el contexto de manifestaciones, sino que además impone un modelo económico que genera más exclusión y empobrecimiento, mediante un proceso sostenido de ajustes de precios; una política fiscal y una inflación descontrolada que deteriora el salario, asi como el desconocimiento de las obligaciones estatales respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población.

La dictadura de Maduro acabó con los avances en la lucha por la reducción de la pobreza alcanzados entre 2006 y 2012. Su gobierno extinguió, debido al irresponsable manejo de las finanzas públicas y la represión generalizada, la posibilidad de consolidar un entorno favorable para luchar contra la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia.

Sin democracia, no hay derechos humanos, y en tanto los ciudadanos estén sometidos a severas restricciones para el ejercicio de sus derechos a la información, expresión, asociación, sindicación, manifestación, entre otros; los derechos económicos, sociales y culturales estarán en riesgo y su garantía será una incertidumbre. En dictadura, la impunidad y la pobreza seguirán siendo las principales, e insuperables, violaciones de derechos humanos.

La dictadura hipoteca el futuro del pueblo

Los gobiernos autoritarios que cometen generalizadas y sistemáticas violaciones contra los derechos humanos a menudo presentan serios problemas de financiación debido a su ilegitimidad política y al cuestionamiento nacional e internacional por sus abusos contra la población. Este tipo de gobiernos, como en el caso de la dictadura venezolana, intentan conservar el poder a cualquier costo y para ello recurren al uso excesivo de la fuerza, la persecución de la disidencia política y el terrorismo de Estado con el objetivo de inhibir a la población a que se manifieste en las calles a favor de la restitución de los derechos y el cambio político.

En un escenario globalizado y abiertamente favorable a la restitución y fortalecimiento de las democracias, estas dictaduras deben hacer frente a las limitaciones económicas derivadas de su ilegitimidad y cuestionamiento internacional. Además, deben sortear las severas limitaciones generadas por las contracciones económicas, que por lo general son consecuencia directa de la corrupción descontrolada debido a la ausencia de mecanismos de contrapeso, supervisión y sanciones a los funcionarios involucrados en este tipo de delitos. En dictadura, un contexto de contracción económica y déficit presupuestario no es asumido como una afectación al pueblo y a su derecho a un nivel de vida adecuado, sino más bien como una amenaza potencial que puede mermar la capacidad del aparato represivo para detener el descontento popular. No en vano, la dictadura venezolana ha desconocido reiteradamente la grave crisis en salud y alimentación, mientras sigue inyectando recursos para el fortalecimiento del aparato represivo.

Las dictaduras deben hacerse de recursos, no para garantizar el bienestar de la población, sino para garantizar la lealtad y la eficacia del aparato represivo. En esta lógica, el presupuesto del Estado y los pocos recursos disponibles son destinados a la represión y no a la solución de los problemas de la gente.

Los inversores extranjeros suelen resultar beneficiados por regímenes violadores de derechos humanos. Dictaduras como las de Maduro limitan severamente los derechos a la asociación, manifestación pacífica y libertad sindical, que en períodos de crisis económica e inestabilidad política son esenciales para la defensa de derechos y garantías ciudadanas. La rentabilidad para las inversiones de los buitres financieros, suele ser más alta en contextos de abiertas violaciones de derechos humanos, ya que la capacidad de respuesta y protesta social está seriamente amenazada por el aparato represivo del Estado, y los mecanismos de contraloría y contrapesos institucionales están tan deteriorados que -en una estrategia de supervivencia-, los regímenes autoritarios ofrecen ventajas incomparables a estas corporaciones. Tal es el caso de la inversora Goldman Sachs que otorgó un salvavidas financiero a la dictadura venezolana, al comprar US$2.800 millones en bonos de la estatal PDVSA al Banco Central de Venezuela, por los que sólo pagó US$865 millones, y que según reportes de prensa ejecuta actualmente estrategias de “lobby” para preservar sus intereses sobre la deuda venezolana. Más fondos para la dictadura se traducen en fortalecimiento del aparato represivo y liberación de fondos para la comisión de más abusos contra los derechos humanos.

La dictadura de Maduro construye exclusión y represión. Desde 2014 la represión generalizada ha sido la única respuesta del gobierno ante las demandas ciudadanas. El aparato represivo del Estado ha asesinado y encarcelado a cientos de ciudadanos pobres y/o dirigentes políticos, para favorecer el endeudamiento desmedido, la corrupción, y el sosten inmoral de una dictadura que condena al hambre a millones y gasta los recursos de los venezolanos en armas para reprimir al pueblo.

Para Provea la única respuesta del pueblo debe ser la rebelión, pacífica, democrática y popular, como única alternativa para enfrentar la tiranía y construir un régimen de derechos.


Prensa Provea

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