Un joven asesinado no es un muerto más

Luisa Pernalete | Por estos días es difícil dejar de mencionar el caso de la joven liceísta muerta a raíz de una golpiza propinada por tres compañeras de clases, la preocupación aumenta cuando se informa que el motivo del ataque fue algo cotidiano en los liceos: la víctima había sacado a sus tres amigas de un trabajo de equipo, porque en dicho trabajo, las otras no había hecho nada y ella cargó con la tarea. ¡Qué manera de manejar un conflicto menor! No fue un atraco, no fue un asalto, no eran delincuentes: ¡eran compañeras de clase!. No recuerdo otro caso parecido de violencia entre pares.

Este hecho tiene que hacer reflexionar a gobierno, al Ministerio de Educación, a nosotros los educadores… no es un muerto más: es un asesinato por motivos insignificantes, es una tragedia. Pensemos un par de cosas: ¿Cómo estamos los venezolanos resolviendo nuestras diferencias? ¿ Nos hemos dado cuenta de cuánto se han incrementado los linchamientos? Estoy en Maturín por estos días, anteayer hubo un linchamiento, también fue un joven la víctima, y me dicen que eso está pasando  con frecuencia, aunque no salga en los medios. Pensemos si en los liceos estamos enseñando habilidades para convivir en paz, ¿ Cuántos profesores se están formando ara ello, pensemos qué va a pasar con las 3 compañeras involucradas en el crimen: dos menores de 18 y una de esa edad, ¿Dónde están los centros especializados para que esas chicas se reeduquen?, la mayor irá a la cárcel de mujeres… ¿ Ese impulso violento nació en el momento de saber que quedaban fuera del trabajo en equipo o es la manera común para solucionar los problemas? ¿Hay cultura de asumir responsabilidades en este país? ¿Los funcionarios públicos lo hacen? ¿Dónde están las Políticas Públicas de prevención de la violencia escolar?

No alcanza una columna  para la reflexión que este caso obliga, porque además hay que añadir que el año pasado, según el OVV, hubo más de 9 mil jóvenes entre 15 y 20  años que murieron de manera violenta en este país

Los operativos no son “Políticas Públicas”, son solo eso: operativos, acciones espasmódicas, eso no revierte la cultura de la violencia, no se desaprende la guerra en 10 fáciles lecciones, pero sabemos que es posible pacificar una escuela. ¿Dónde están los programas de ayuda a las familias que requieren herramientas, orientación? ¿Qué debería hacer el liceo escenario de esta tragedia? ¿Basta con echar la culpa a las tres compañeras/victimarias? Políticas Públicas, según nos recuerda siempre Gloria Perdomo – experta en la materia- suponen metas a corto, mediano y largo plazo, suponen recursos, personal formado para ello, monitoreo para medir impactos, efectividad de lo planificado… en fin, no es como organizar un desfile para el carnaval.

No alcanza una columna  para la reflexión que este caso obliga, porque además hay que añadir que el año pasado, según el OVV, hubo más de 9 mil jóvenes entre 15 y 20  años que murieron de manera violenta en este país. ¿No son muchos muertos para un país que no tiene conflicto bélico abierto? Hace un par de semanas mataron a un alumno de una escuela de Fe y Alegría del Estado Apure, no fue dentro del colegio, aparentemente el problema era con un familiar y la víctima resultó ser nuestro estudiante… apenas vamos por febrero.

Las organizaciones que hacen vida en la Red de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes (REDHNNA) de la cual Fe y Alegría forma parte, han estado pidiendo al Estado, último garante de los DDHH, que elabore y financie Políticas Públicas de prevención y de abordaje de la violencia contra la población infantil y juvenil, eso incluye la intervención de la violencia escolar. Se necesita proteger de manera integral a los NNA. Como bien dicen los amigos de CECODAP – también miembros de la REDHNNA –  las escuelas son reflejos de la sociedad.

Publicado por PROVEA 

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Apartheid político

Carlos Nieto Palma

Gran parte de los venezolanos hemos vivido en carne propia de un apartheid o discriminación por razones políticas por el solo hecho de pensar diferente o decir cosas distintas a la que el régimen quiere escuchar, ahora esto llega a su máxima expresión con el carnet de la patria, que al parecer será necesario para cualquier actuación que queramos hacer y donde la dictadura esté involucrada.

Esto no es nuevo, hace más de 12 años, fueron despedidas por José Vicente Rangel del Consejo Nacional de Fronteras, por aplicación de la “Lista Tascón”, tres mujeres: Rocío San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang. Esto fue el 12 de marzo de 2004 cuando les informaron que tenían que despedirlas por haber firmado solicitando el referéndum revocatorio de mandato del entonces Presidente Hugo Chávez.

Soy amigo de Rocío San Miguel desde hace muchos años y me consta el largo camino que ha recorrido ha en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de ella y sus dos compañeras de trabajo, luego de este despido por estar en la “Lista Tascon” que podríamos decir que es el inicio del apartheid por razones políticas en Venezuela, no solo aplicada a Rocío, Thais y Magaly sino a infinidades de venezolanos que sufrieron las consecuencias de pensar diferente en aquel momento y lo seguimos sufriendo hoy en día.

Luego que agotaron todos los recursos internos, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente el 8 de marzo de 2015, día internacional de la mujer, Rocío, Thais y Magaly, fueron notificadas que su caso sería analizado por la Corte Interamericana de DDHH en San José de Costa Rica, en una audiencia que se efectuó el pasado 14 de febrero, convirtiéndose en el primer caso que por discriminación política seria discutido en esa instancia internacional desde su instalación el 03 de septiembre de 1979.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un resumen del proceso dice: “El caso se relaciona con el supuesto despido arbitrario de Rocío San Miguel Sosa, Magaly Chang Girón y Thais Coromoto Peña de sus respectivos cargos públicos en el Consejo Nacional de Fronteras el 12 de marzo de 2004 tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial del entonces Presidente Hugo Chávez Frías. Se plantea que tal proceso político habría tenido lugar en un contexto de significativa polarización en el que el entonces Presidente de la República y otros altos funcionarios estatales efectuaron declaraciones, cuyos contenidos reflejarían que se trató de formas de presión para no firmar, de amenazas de represalias e incluso de la acusación infundada de terroristas a quienes firmaron. Parte del contexto de las firmas y el despido habría tenido que ver con la creación y publicación de la denominada “lista Tascón” que incluía a las personas que firmaron la convocatoria a referendo revocatorio, que habría sido encargada por el propio Presidente de la República a un Diputado con la finalidad de “que salgan los rostros” de lo que se denominó como un supuesto “megafraude”. Se alega que la terminación de los contratos de las tres presuntas víctimas habría constituido un acto de desviación de poder, en el cual se habría utilizado la existencia de una facultad discrecional en los contratos como un velo de legalidad respecto de la supuesta verdadera motivación, que sería la de sancionar a las víctimas por la expresión de su opinión política mediante la firma de la convocatoria al referendo revocatorio. Se alega que esta supuesta sanción implícita habría constituido una violación a los derechos políticos, una discriminación por opinión política y una restricción indirecta a la libertad de expresión. Finalmente, se alega que ni el recurso de amparo ni la investigación penal, incluido el recurso de apelación contra el sobreseimiento, habrían constituido recursos eficaces para examinar un supuesto de desviación de poder materializado en una discriminación encubierta”.

En esta audiencia los jueces de la Corte Interamericana escucharon el relato de la discriminación política en Venezuela y como ésta se ha convertido en una política de Estado, contra quienes son considerados opositores, disidentes y críticos. Fue impactante escuchar el testimonio de Rocío San Miguel narrando todas las persecuciones, arbitrariedades y hasta amenazas de muerte que ha recibido en todos estos años por el solo hecho de pensar distinto y querer un mejor país.

Por ahora el caso de Rocío San Miguel, Magaly Chang y Thais Peña contra Venezuela, que se sigue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entró en un plazo hasta el 15 de marzo de 2017, en el que las partes deben presentar los alegatos de fondo, para esperar finalmente la sentencia, la cual debería producirse a finales de 2017.

Según el equipo de juristas y expertos en derechos humanos que acompañan a las victimas este caso es de suma importancia porque: 1.- Podrá sentar jurisprudencia internacional sobre la discriminación política ejecutada en Venezuela, como política de Estado y ayudará en el futuro a miles de víctimas que sin haber llegado a la justicia internacional se servirán de un estándar comprobado y 2.- El caso permitirá condenar al Estado venezolano por la violación de DDHH y visibilizar internacionalmente la discriminación política, que lamentablemente continúa profundizándose en Venezuela.

Yo no tengo dudas que el Estado venezolano será condenado por estos hechos, así como que Rocío San Miguel continuara en su lucha a favor de los derechos humanos, que este hecho de discriminación política le puso en el camino, y que hoy la ha convertido una de las más resaltantes figuras en la defensa de estos derechos en Venezuela.
cnietopalma@gmail.com
@cnietopalma

Publicado por “El Nacional”

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Desnutrición Infantil: Una alerta humanitaria

María Yanes | La supervivencia familiar ante los embates de la escasez de alimentos y la inflación de todos los rubros alimenticios, incluyendo los productos  de la cesta básica, cada día se hace más difícil. En esta Venezuela agobiada y maltratada por una ideología supuestamente “socialista” y absurda pero con afán de dominación y poder,  las respuestas y soluciones a esta crisis parecieran cada vez más lejanas. Nuestras poblaciones más vulnerables como son: niños, embarazadas y ancianos están sometidos a un riesgo permanente con relación a su salud y alimentación, los dos  derechos más fundamentales que se le deben garantizar no solo a estos últimos sino a todos los ciudadanos venezolanos. Recientemente se han implementados mecanismos de la noche a la mañana por parte del gobierno para la distribución de medicinas y alimentos, llámense Misión de Abastecimiento Soberano  o los famosos Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sin embargo, no vemos las acciones y respuestas efectivas de estas dos entidades, creadas más bien solo para ejercer control social y sumar otra vía más de corrupción y despilfarro de recursos. Desde hace dos años han arribado al país cualquier cantidad de contenedores con medicinas y alimentos, no sabemos cuál ha sido el destino final de este valioso cargamento ya que, cada día  hay más hambre con el consecuente desespero de poder  conseguir la comida básica o los medicamentos que pudiera necesitar. Las reseñas con relación a los casos  de desnutrición, sobre todo en nuestros niños son cada vez más alarmantes. Este flagelo está afectando fundamentalmente a la población infantil menor de 5 años y esto trae  consecuencias muy dolorosas las cuales pudieran reflejarse para el resto de la vida.

La desnutrición en cualquiera de sus variantes, bien sea aguda, es decir aquella que se manifiesta en un corto plazo o crónica, la cual se expresa con un retardo del crecimiento en el tiempo, ocasiona  en los niños efectos muy  perjudiciales y negativos en la esfera psico-motora, lo cual en algunos casos o quizás en la mayoría puede resultar difícil lograr un restablecimiento total de esas funciones perdidas. El niño desnutrido tiene una gran limitación en el desarrollo motor, se observa una  suspensión de los niveles de  desarrollo y crecimiento en una determinada edad, así como también retraso en el aprendizaje, y esto no es tan fácil de recuperar. A esto se suma, de que la desnutrición en los niños aumenta el riesgo de que adquieran enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico como infecciones e inclusive enfermedades oncológicas entre otras.

Un 19 % de los niños presentaban desnutrición crónica, lo que implica que ya pudiera existir en ellos un daño irreparable y un 28 % estaban en riesgo

La pasada semana, Cáritas de Venezuela en conjunto con una extraordinaria asesoría y equipo debidamente entrenado, presentó públicamente un informe relacionado con un estudio de monitoreo sobre la situación nutricional en niños y niñas menores de 5 años. La cobertura del estudio abarcó  4 entidades federales: Dto. Capital, Zulia, Vargas y Miranda. En un numero de 12 Municipios y 18 parroquias, con un total de 819 registros. Utilizando variables como el estado nutricional del niño, medición de la talla y peso  y  una encuesta familiar, los resultados no pudieron ser más preocupantes. El 48% de los niños tenían un peso normal, pero el 52% presentaban algún grado de desnutrición. En este último aspecto el 3 % presentaban desnutrición aguda en la forma severa y en un 6 %, moderada. Un 19 % de los niños presentaban desnutrición crónica, lo que implica que ya pudiera existir en ellos un daño irreparable y un 28 % estaban en riesgo. Quisiera extenderme con  respecto a las conclusiones de dicho estudio. Sin embargo, no dejan de ser alarmantes los resultados referidos. Es indudable que estamos ante una gran alerta humanitaria, en la que tristemente nuestros niños en el rango de edad vital para alcanzar un adecuado desarrollo, están siendo muy afectados por esta grave crisis. Por iniciativa de Caritas de Venezuela, la cual siempre está  presente con el fin de proporcionar ayuda y atención a los sectores más necesitados, se han encendido las alarmas basadas en evidencias para que se tomen medidas de rectificación en lo sanitario y alimentario  a fin de darle atención al niño desnutrido o el que está en riesgo. Es conveniente acotar que este tipo de estudio se va a extender, provisto del rigor técnico y transparencia que lo caracterizó. El derecho a la alimentación implica a su vez un derecho libre de hambre y desnutrición. Es imperdonable para un gobierno, el cual ha manejado o mejor dicho dilapidado la mayor cantidad de recursos en toda la historia, no haya sabido establecer una protección social temprana ni se conduela ante esta terrible situación que pone en riesgo la vida de muchos niños venezolanos y por lo tanto el desarrollo del país.

María Yanes/ Médica. Expresidenta de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolana con una vasta trayectoria en el Hospital de El Algodonal
@mariayanesh

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Presos sin dueños

Carlos Nieto | El problema de los privados de libertad cada día tiende a ser más grave y la situación a empeorarse cada día más, todo esto lleva el agravante de que a quien le corresponde el control de los privados de libertad en Venezuela no reconoce sus responsabilidades y desconoce a 45 mil presos que están en Centros de Detención Preventiva y que aunque se empeñen en negarlo, es al Ministerio para el Servicio Penitenciario a quien le corresponde velar por estos reclusos y no a los organismos policiales, que tienen como función cuidar a los ciudadanos y no estar en sus comisarías cuidando presos, que es lo que ahora hacen.

Solo basta revisar el Decreto N° 8.266, mediante el cual se crea el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, publicado en Gaceta Oficial N° 39.721 del 26 de julio de 2011 y ver que claramente su Artículo 2°, donde establece: “Son competencias del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario: 1. Diseñar, formular y evaluar políticas, estrategias, planes y programas, regidos por principios y valores éticos, destinados a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los procesados y procesadas, penados y penadas, así como procurar su rehabilitación y mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad”.

En ningún momento este decreto hace distinción de presos, habla de procesados y penados sin exclusión, igualmente el Código Orgánico Penitenciario, en vigencia desde el 28 de diciembre del 2015 en todo momento se habla de personas privadas de libertad, solamente en su artículo 23 dice “Los establecimientos del Sistema Penitenciario se clasifican en establecimientos penitenciarios de régimen cerrado y de régimen abierto. Los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado se clasifican en centros para procesados y procesadas judiciales y centros de penados y penadas, en los cuales se crearán espacios para los privados y privadas de libertad que, de acuerdo a determinadas características, requieren de un tratamiento específico y diferenciado del resto”.

Estamos a las puertas de un gran caos carcelario causado por la imprudencia y negligencia de los funcionarios que dirigen el sistema penitenciario venezolano, tenemos un hacinamiento cercano al 400 %

El Código Orgánico Penitenciario es claro también que los reclusos que están en proceso, también son de la competencia del Ministerio para el Servicio Penitenciario y no como la Ministra para el Servicio Penitenciario y su equipo de trabajo nos pretende hacer creer que los reclusos que están en proceso no le corresponden a ellos y en base a esta arbitrariedad y extralimitación de sus funciones han creado un caos en los Centros de Detención Preventiva, que ha fundado un sistema penitenciario paralelo que se los pretenden endosar a las policías del país cuya función es dar seguridad a la ciudadanía, combatir la delincuencia, detener a los delincuentes pero no estar cuidando presos, porque ese trabajo es del Ministerio Penitenciario.

Tenemos 45 mil personas detenidas en Centros de Detención Preventiva sin condiciones para tener personas detenidas por lapsos mayores a 48 horas, esto en más de 500 espacios regados a lo largo de todo el país, es decir se han creado más de 500 mini cárceles en todo el país, en el lugar que usted menos se lo imagine puede haber presos y muchos de ellos de alta peligrosidad que no deberían estar en esos sitios.

A esto le sumamos 55 mil reclusos que hay en las cárceles tradicionales que el Ministerio Penitenciario sí reconoce como de ellos, es decir tenemos una cifra aproximada de 100 mil personas presas en Venezuela, una cifra que jamás habíamos tenido en toda la historia penitenciaria venezolana.

Estamos a las puertas de un gran caos carcelario causado por la imprudencia y negligencia de los funcionarios que dirigen el sistema penitenciario venezolano, tenemos un hacinamiento cercano al 400 % y no vemos que se esté haciendo nada para darle solución al problema, la construcción de nuevas cárceles sigue siendo solo promesas incumplidas, mientras las mafias penitenciarias siguen haciendo buenos negocios en esos recintos, razón tenía el maestro Elio Gómez Grillo cuando decía que las cárceles eran un negocio tal productivo como PDVSA.

Abogado y Coordinador de la ONG “Una Ventana a la Libertad”. Es columnista del diario El Nacional
@cnietopalma

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Aspectos demográficos sobre discapacidad

Juan Kujawa Haimovici |  Las políticas públicas que el Estado tiene que implementar en el país, en cualquier materia se basan en una buena planificación  a corto, mediano y largo plazo. El Plan de la Nación. Y este se basa en los Censos Nacionales, entre otras estrategias.

El Instituto Nacional de Estadística, INE,  es un organismo adscrito al Ministerio de Planificación, y de acuerdo con la Ley de la Función Pública de Estadística, (2015); que por cierto la función estadística en el país data de 1871; potestad privativa del Estado venezolano.

Según dicha Ley, la actividad estadística es realizada por todas las Ramas del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, y toda persona natural o jurídica, tiene derecho a ser usuario de la información estadística de interés público que levante, produzca y procese el Estado; y el derecho a disponer de la información estadística nace en el momento en que el Estado concluye la actividad que configura el producto estadístico y lo presenta oficialmente. Es de interés público.

En consecuencia, “El carácter público de la actividad estadística oficial viene dado por la trascendencia política, económica y social que en nuestros días se confiere a los resultados de las estadísticas elaboradas en el seno de la Administración…. En tal sentido, la Ley de la Función Pública de Estadística promueve la adaptación jurídica del Estado a los cambios que se han producido en su entorno nacional e internacional, a las demandas de información que le solicita la sociedad y que él mismo requiere con el fin de crear las condiciones imprescindibles para el desarrollo sustentable de la nación”.

En base a esto, el INE,  a través de la Gerencia General de Estadísticas Demográficas presentó el Primer Boletín de la Mesa Técnica de Estadísticas de Discapacidad, con la finalidad de brindarle información oportuna y de calidad sobre las Personas con Discapacidad a la sociedad venezolana y a los decisores,  para el diseño de políticas públicas que garanticen el pleno uso de sus derechos. (resaltado nuestro),  y para la obtención de información estadística confiable, oportuna y de calidad útiles para la planificación y la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

¿Quiénes son esos decisores?

  •   Instituto Nacional de Estadística (I.N.E)
  •   Ministerio del Poder Popular de Planificación (M.P.P.P)
  •   Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
  •   Ministerio de Educación (M.P.P.E)
  •   Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (M.P.P.E.U)
  •   Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela (V.R.B.V)
  •   Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (A.N.V)
  •   Instituto Nacional de los Servicios Sociales (I.N.A.S.S)
  •   Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)
  •   Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (M.P.P.P.S.T)
  •   Organización Panamericana de la Salud (O.P.S)
  •   Misión José Gregorio Hernández (M.J.G.H)
  •   Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (M.P.P.J.D)

Se observa que son trece (13) organismos que tienen que ver con las políticas públicas y con responsabilidades en materia de discapacidad en Venezuela.

En este boletín, se aprecian estadísticas de los siguientes Organismos:

  1. El Instituto Nacional de Estadística. INE. Población con Discapacidad según el Censo  de Población y Vivienda del 2011. Boletín Demográfico.
  2. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Conapdis.  Atención a las Personas con Discapacidad. 2014.
  3. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. IVSS. Atención a las Personas con Discapacidad. 2013 – 2014
  4. Ministerio de Educación. ME. Las Personas con Discapacidad en el Sistema Educativo. 2008-2013 (No hay información disponible años 1971-2007 cuando la expansión de la atención en Educación Especial, fue considerable, más no reconocida).

De los trece (13) organismos antes señalados solo cuatro (como se indicó); presentaron datos estadísticos en cuanto a atención de las P.c.D., de acuerdo a sus competencias descentralizadas, mas no  intersectoriales, salvo mejor opinión. nueve (9), de ellos no presentaron información,  a pesar de su importancia y sus competencias en  políticas públicas en materia de discapacidad:

En próximos artículos comentaremos las estadísticas que cada organismo presenta, hasta el año 2014, y que a nuestro criterio, no permiten establecer políticas públicas intersectoriales, complementarias, sino aisladas. La autarquía organizacional.

Un ejemplo de ello es el Conapdis, adscrito al “Viceministerio de la Suprema Felicidad del Pueblo” y este  a su vez al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

Por otra parte también  existe el Consejo Presidencial de Personas con Discapacidad, (2015) instancia que tiene la finalidad de crear una estructura de mando y participación directa en trabajo colectivo con el Presidente.

Juan Kujawa Haimovici

Lic. en educación. Unesr. Especialista en Gerencia y en RRHH (USM / UNESR).
Diplomado en Como Enseñar Etica y Capital Social. UNAM / OEA
Componente Académico Maestria en Educación Superior. USB
Docente UNES.
Docente CIU
Interés académico en Etica Profesional y Políticas Públicas y Discapacidad.
Docente en pre y postgrado
politicaspublicasydiscapacidad@gmail.com

Publicado originalmente AQUÍ

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