Rebelarse contra la opresión es un derecho

(Caracas, 02 de agosto 2017) El pasado 30 de julio se produjo un vergonzoso fraude en el país con el cual la dictadura de Nicolás Maduro pretende consolidar un modelo autoritario, militarista y excluyente que ha extinguido el Estado de Derecho y la democracia. La ilegítima e inconstitucional elección de los miembros de la “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC), apunta directamente a la abolición de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y al socavamiento definitivo de las garantías para los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de las y los venezolanos. La difusión de cifras desproporcionadas de los votos obtenidos ha sido denunciada por la empresa Smartmatic, que provee servicios electorales al CNE desde 2004, cuyos representantes han indicado que por lo menos se ha inflado en un millón de votos los resultados de la elección de los miembros de la ANC. Incluso, militantes del oficialismo, como el ex ministro de comunicación Andrés Izarra, se han hecho eco de estas denuncias y han pedido que se auditen los resultados divulgados por el CNE. 

Más de 7 millones y medio de venezolanos se expresaron el pasado 16 de julio en una legitima consulta popular, para expresar su rechazo a la fraudulenta constituyente de Maduro, mientras que otros cientos de miles se han movilizado a lo largo y ancho del territorio nacional desde el pasado 1 de abril, exigiendo el respeto a la Carta Magna y el retorno a la Democracia y el Estado de Derecho, en conjunto a un cúmulo de demandas económicas y sociales. Las exigencias ciudadanas han sido ignoradas por los representantes de la dictadura, mientras que sus cuerpos armados y agrupaciones paramilitares han generado innumerables abusos. Se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos de manera sistemática contra la población crítica al gobierno. Suman más de 120 muertes en el contexto de las protestas iniciadas en abril; uso indiscriminado y excesivo de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública; miles de detenciones arbitrarias y generalizado empleo de la jurisdicción militar para juzgar a civiles; allanamientos ilegales y masivos, destrozos a bienes privados e injerencias indebidas en la vida familiar; proscripción de facto del ejercicio del derecho a la reunión y manifestación pacíficas y severas restricciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; ataques generalizados contra la población civil, zonas comerciales, residenciales y centros de salud; hurtos y robos generalizados contra detenidos y transeúntes en el contexto de manifestaciones; entre otros graves patrones represivos, que forman parte de una escalada que se inscribe en la ejecución del terrorismo de Estado para detener -infructuosamente- la protesta popular que protagonizan todos los sectores sociales del país.

Se intenta consolidar en Venezuela una dictadura que ha perdido el apoyo popular y que ya no puede dar apariencia de legalidad a sus actuaciones antidemocráticas. Una dictadura que genera un aumento acelerado de la pobreza y el hambre, y que propicia un alarmante aumento de los abusos contra los derechos humanos. Además, ha demostrado con el reciente fraude Constituyente que no está dispuesta a realizar elecciones libres y democráticas, manipulando las instituciones y divulgando cifras inexistentes sobre el apoyo a su gobierno, que han generado el rechazo hasta de los propios integrantes del oficialismo. 

Frente a esta situación, los venezolanos tienen el derecho y el deber de rebelarse contra la opresión y seguir luchando por el rescate de la democracia y la plena vigencia de la Constitución Nacional. Los estándares internacionales reconocen el derecho humano a la rebelión contra la injusticia como un derecho.

América Latina es un continente marcado por el autoritarismo, pero también por una larga historia de rebeliones y luchas de sus pueblos por el restablecimiento de la democracia y el fin de las tiranías. Venezuela no puede ser la excepción.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos nos asiste en el compromiso histórico de restablecer la Democracia en nuestro país. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución Nacional, en sus artículos 333 y 350, consagran el derecho a la rebelión contra un régimen que pretende arrebatar el derecho a la democracia y al bienestar del pueblo. Rebelión no es sinónimo de violencia, es el derecho a preservar la dignidad ante la opresión; el derecho a luchar por mejores condiciones de vida ante un gobierno que impone y ofrece hambre y miseria; es el derecho a defender derechos contra quien los cercena día a día.

Por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció el legítimo derecho de los pueblos a la Rebelión al indicar en su preámbulo: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. El documento precursor de los DDHH, la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) había establecido: “La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre”.

En América Latina abundan los ejemplos de luchas populares que han invocado el derecho a la rebelión. Durante la dictadura de Somoza en Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló sobre la prolongada suspensión de garantías constitucionales y régimen de excepción en ese país:

“[…] a. El Gobierno de Nicaragua es responsable de graves atentados al derecho a la vida, en transgresión, además, de las normas del derecho internacional humanitario, al reprimir excesiva y desproporcionadamente las insurrecciones que tuvieron lugar en septiembre pasado en las principales ciudades del país […]

d) El Gobierno de Nicaragua es también responsable de muertes, graves abusos, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos de grupos de campesinos;

k) El derecho de sufragio está sometido a diversos obstáculos de orden práctico y legal que impiden su ejercicio pleno.

Los daños y sufrimientos provocados, por estas violaciones han hecho surgir entre la población nicaragüense, de la manera más patente, un intenso y general sentido favorable al establecimiento de un sistema que garantice la observancia de los derechos humanos”.

El amparo que brinda la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución, legitima la acción de los pueblos para enfrentar la tiranía y reclamar el establecimiento de un estado de derecho. En la Venezuela de 2017 la dictadura de Nicolás Maduro muestra su peor rostro, hambre, represión y  autoritarismo. Frente a ello, justificamos, apoyamos y seguimos alentando la rebelión popular, para rescatar y construir democracia con igualdad de derechos para todas y todos y lograr una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis política, económica y social que atraviesa el país.


Prensa Provea

Share

CELS: Crisis de derechos humanos en Venezuela

El gobierno venezolano no protegió el derecho a la vida y restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política. El gobierno de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones jurídicas y financieras contra el país. La situación exige un compromiso activo de la comunidad internacional en acompañar a Venezuela en una salida soberana de la crisis.

Las medidas adoptadas por el gobierno venezolano, en el contexto de la elección de la Asamblea Constituyente y las protestas de quienes la cuestionan, agravaron aún más la situación de los derechos humanos en ese país.

El 30 de julio, el gobierno volvió a responder con violencia a las manifestaciones en su contra. En esta oportunidad, diez personas murieron, aumentando a 119 los fallecidos en situaciones de protesta en los últimos cuatro meses.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, un porcentaje considerable de estas muertes es consecuencia de disparos de armas de fuego realizados por agentes policiales y militares. Otras muertes se deben a la actuación de grupos de civiles armados que responden ​tanto a sectores de la oposición que postula​n​ una salida insurreccional​ como a grupos paraestatales​​​​. En las situaciones de protesta, la respuesta estatal debe basarse en el principio de protección de la vida; así se desprende de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos.

En el marco de las elecciones y de la crisis política que atraviesa el país, el gobierno nuevamente restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política. El uso abusivo de la fuerza, la participación de las Fuerzas Armadas, las detenciones masivas y arbitrarias, el uso de la justicia militar y de los servicios de inteligencia para perseguir y criminalizar a manifestantes y miembros de la oposición son violaciones graves de esos derechos.

Ayer, durante la madrugada y con operativos realizados por agentes armados y encapuchados, se sustrajo de sus domicilios a Leopoldo López y a Antonio Ledezma, líderes de la oposición, para trasladarlos a una cárcel militar. Sus detenciones ya habían sido consideradas arbitrarias por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que desde hace años exige al Estado venezolano que sean liberados. López además es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de abril de 2015.
En esta situación, es particularmente grave que el gobierno busque destituir de forma irregular a la Fiscal General Luisa Ortega, quien desde el Ministerio Público lleva adelante las investigaciones por las muertes ocurridas en contextos de protesta.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones jurídicas y financieras contra Venezuela​, su presidente y un alto número de funcionarios,​ y amenazó con profundiza​r medidas unilaterales. Esta agresión dificulta aún más una solución para una salida democrática de la crisis​, que evite las polarizaciones que ensangrentaron al continente el siglo pasado.

En este momento, la situación de Venezuela exige un compromiso activo de la comunidad internacional en acompañar a ese país en una salida soberana de la crisis que implique que no haya regresiones en materia de derechos económicos, sociales, civiles y políticos.

http://www.cels.org.ar/web/2017/08/crisis-de-derechos-humanos-en-venezuela/

Share

OEV | Las Cifras del CNE bajo sospecha

No podía terminar bien lo que tuvo un mal comienzo. Desde que el primero de mayo de este año el presidente Maduro anunció su idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) y múltiples voces desde variados lugares y posturas, han venido señalando irregularidades, inconsistencias, improvisaciones, ilegalidades y hasta inconstitucionalidades como características del proceso que ayer domingo alcanzó su clímax. El 28 de este mismo mes el OEV en comunicado público enumeró las principales. El CNE, que debería garantizar la pulcritud y transparencia de todo el proceso estuvo muy lejos de lograr esa meta. Muy por el contrario.

Si se contrasta el comportamiento del Poder Electoral el pasado año 2016 ante el intento de importantes sectores de la sociedad por convocar a un referendo presidencial con lo ocurrido desde el primero de mayo, se ven notorias e imperdonables diferencias. El año pasado, de manera reiterada, el CNE interpuso dificultades y obstáculos para demorar, y finalmente suspender, un derecho contemplado en el art. 72 de la constitución. Así mismo, sin mayor argumentación, decidió también, violando expresas disposiciones constitucionales, suspender las elecciones regionales pautadas para diciembre de ese año. Sin embargo, para la organización y realización de las elecciones para la ANC, el CNE demoró apenas tres meses. Para ello, como ha señalado en varias oportunidades el OEV, se saltó pasos y comprimió lapsos a fin de lograr, ahora si, esa ambiciosa meta. Pero ello, muy desafortunadamente para el país, fue hecho a costa de su prestigio y reconocimiento propio, mostrando un inocultable sesgo político que lo alejan de su deber ser y profundiza la desconfianza que en esa institución tienen sectores crecientes del electorado. Quedó así el país con la principal institución responsable de arbitrar sobre asuntos electorales severamente debilitada.

En ese contexto era de esperarse que se presentaran cifras discrepantes sobre los resultados. Discrepancias que llegan a superar los 5 millones de votos y, como se mencionó arriba, las propias acciones y omisiones del CNE minan su capacidad de zanjar confiablemente el asunto. Estimaciones hechas con procedimientos estadísticos sofisticados, la mayoría de las encuestadoras nacionales y la percepción que pudo tener cualquier ciudadano que hubiese visto distintos centros de votación, parecen coincidir en que las cifras presentadas la noche del domingo por el CNE son abultadas. Pero aun si fuesen ciertas esas cifras, reconoce el Poder Electoral que en esa elección dejaron de participar alrededor del 60% del electorado, que es una abstención que casi triplica la de las elecciones presidenciales de 2012 y 2013.

La jornada de ayer, además, no puede describirse como pacífica. Muy lamentablemente a lo largo del día y en distintos lugares del país ocurrieron hechos violentos relacionados con la jornada electoral que dejaron un saldo trágico de fallecidos superior a la docena, así como múltiples heridos y detenidos. El primer anuncio oficial de balance de la jornada tuvo, además, un formato muy ajeno a lo que debería ser una jornada cívica por excelencia. Transgrediendo el carácter civil de todo proceso electoral en una sociedad democrática, ese primer balance fue presentado por un grupo exclusivamente de militares, en traje de campaña y debidamente armados, para anunciarle al país que ellos aseguraban la “autoridad democrática” en el país y que los hechos violentos no quedarían impunes.

Con preocupación y angustia el OEV reitera lo ya dicho en oportunidades anteriores: con la ANC electa ayer los problemas reales de la sociedad venezolana, económicos, sociales, políticos no parecen avanzar en su superación. Muy por el contrario, una ANC excluyente y sectaria aleja la posibilidad que, con la participación de todos, se supere la crisis que hoy nos agobia. Todavía hoy se debe afirmar que no se requiere una nueva constitución, debemos todos cumplir la vigente.

Share

Ignacio de Loyola acompaña nuestra rebeldía y esperanza

José Gregorio Delgado Herrera

El día de San Ignacio de Loyola (Julio 31) en Venezuela con oración y discernimiento, el CNE en los últimos minutos del 30 de julio anunciando los resultados de la ANC, los votantes se corresponde con 8.089.320. Mientras, la abstención se mide según fuentes autónomas alrededor del 88% de los electores. Iñigo López de Loyola (1491 – 1556) fue un hombre de armas transformado en religioso, líder de la Contrarreforma, fundador de la Compañía de Jesús, autor de los Ejercicios Espirituales, allí se destaca la meditación de Las Dos Banderas, como expresión de una elección personal, del camino a seguir en la vida de los ejercitantes. A los 30 años cae herido por una bala de cañón en la Batalla de Pamplona, y allí se inicia su conversión.

Ignacio de Loyola acompaña hoy nuestra esperanza y rebeldía, en medio de la verdad de un día de luto, entre 10 y 16 muertos y un megafraude constituyente, la participación está entre 2.5 y 3.5 millones de votantes, sin contar el voto nulo que se desconoce. Se nos intenta imponer una Constituyente presidencial, según la FGR desconociendo los resultados anunciados en plena coincidencia con la oposición y la comunidad internacional, una convocatoria, proceso y dudosos resultados, inconstitucionales e ilegítimos.

De los compañeros de Ignacio, en sus aportes sobre el Derecho de Gentes, nace la doctrina jurídica de la legítima rebelión o resistencia popular ante los reyes injustos o abusadores de sus pueblos, principio que llega la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, allí se establece que constituye un derecho humano el “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. La constitución pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, dice textualmente en el Número 74, “Cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, éstos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común; les es lícito, sin embargo, defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad”.

Esta defensa de los derechos en contra la represión oficial, el abuso de autoridad y la usurpación, justifican para los venezolanos, invocar los artículos 333 y 350 de la Constitución, en contra de las decisiones del TSJ, el CNE y el Gobierno de Nicolás Maduro con su propuesta constituyente, anunciada el 1° de mayo y consumada este 30 de julio.

Igualmente, la ilegitimidad e inconstitucionalidad de las bases comiciales del proceso constituyente se consuma por atentar en contra de la soberanía popular, los derechos de participación y voto universal con representación proporcional de las minorías, el referendo popular, para imponer un sistema político e ideológico que atenta contra la democracia y el pluralismo político, denunciado los obispos venezolanos, la sociedad civil y la academia.

El pueblo manifestó su voluntad activada en la consulta pública del 16 de julio, expresión libre y soberana, más de siete millones y medio de venezolanos se expresó en contra de la pretendida Asamblea Nacional Constituyente, ANC que se consumó este 30 de julio. Al considerar el discurso de batalla de Maduro y las expresiones guerreras de algunos candidatos a constituyentes o voceros del  PSUV, adquiere sentido hoy, que nos recordemos de la MEDITACION DE DOS BANDERAS, que propone: dos Ejércitos que se contraponen y dos modelos de Ciudades o Reinos con sus características contrapuestas.

San Ignacio de Loyola viene hoy en auxilio de millones de venezolanos desanimados ante los sucesos de sangre y fuego que anteceden a esta pretendida ANC y las reacciones de Nicolás Maduro, con sus críticas a países que desconocen la ANC y aplican sanciones anunciadas, incrementa sus amenazas y hace un falso llamado a la paz.

Analizamos la inconstitucionalidad de la ANC y nuestros legítimos derechos a la Abstención y a la Rebelión, con un propósito de cambios y decisiones del pueblo y sus voceros democráticos, el dolor y el desanimo se transforman en las fuerzas necesarias para continuar el camino, en la lucha y el reclamo por los derechos y libertades.

Este discernimiento,  para continuar en los propósitos previos y la experiencia de lucha con y desde el pueblo, en el contexto de le recuperación de la democracia y  la defensa de la Constitución, en medio de las aguas turbulentas y los rápidos, semejando a un viajero en Kayak por un río barines, aprovechando los descansos del camino.

Para muchos significa este 30J desesperanza y desaliento, nos recuerda un consejo de san Ignacio, que podemos formular así: en los momentos de desánimo, mantenerse en los propósitos, no hacer mudanza. Y adicionalmente, hablar con una persona, para, buscar el consejo y la orientación, una persona que nos sirva de guía o acompañante en el camino, para poder hablar sobre nuestras expresiones de desánimos y tomar fuerzas para avanzar.

Ha llegado el momento que retomemos los elementos de la verdadera cultura de paz y los beneficios para todos los venezolanos, hagamos una pausa y en medio del dolor por los caídos, recordemos que aún tenemos que elegir entre las dos banderas que se nos presentan en este campo de batalla que identificamos en los caminos de Venezuela. Este lenguaje militar se debe transformar, para dar lugar al lenguaje religioso, como parte de una transformación personal y colectiva, siguiendo el ejemplo de San Ignacio y la Compañía de Jesús. Un esfuerzo para avanzar en la experiencia y en el camino del bien. Si se hace difícil el lenguaje de los ejercicios espirituales, considerar los documentos y las declaraciones emanadas de la Conferencia Episcopal Venezolana, analizando la realidad nacional y sus argumentos para estar en contra de la propuesta constituyente.

Al recordar las Dos Banderas, se pueden establecer sus elementos, los contraste entre riqueza y pobreza, para diferenciar el Rey terrenal y el Rey eternal, pero, recordemos al ver los discursos y reacciones desde el gobierno deslegitimado, su bandera se asocia con la vanidad, la soberbia y la mentira; mientras que, del otro lado está el pueblo rebelde, su bandera se asocia con modestia, humildad y verdad.

Un pueblo de libertadores, con líderes capaces de comunicar sus ideas con sinceridad y transparencia, capaces de asimilar las autocríticas, para avanzar en el propósito de cambiar las conductas autoritarias y dictatoriales que se perciben en el gobernante y su entorno, y promover el sometimiento a la Ley y el Derecho.

El propósito de acercarse al pueblo de libertadores, para generar un nuevo gobierno, cuyo Presidente de la República, no tenga delirios de grandeza o la soberbia, y sea un gobernante humilde capaz de pedir a Dios la “sabiduría para gobernar”, demostrando actitudes de servicio a su pueblo para brindarle el mayor bienestar. Solo así, podremos afirmar que, Ignacio de Loyola acompaña nuestra rebeldía y esperanza en la lucha por la democracia verdadera en contra de un régimen despótico, corrupto y tiránico.

Share

No a la constituyente

Carlos Nieto Palma | Al momento de escribir estas líneas faltaban como 85 horas para que se iniciara el inconstitucional proceso constituyente convocado por el dictador de Venezuela con el fin de perpetuarse en el poder, ya son más de 115 días de protesta que nos ha dejado un saldo de 126 personas fallecidas en el contexto de las protestas según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social hasta el 26/07/17.

En los últimos días la represión ha aumentado considerablemente contra todo aquel que piense diferente, los cuerpos de seguridad del régimen se han convertido en los grandes opresores de la mayoría que los venezolanos que estamos en desacuerdo con que el domingo se efectué la elección de una asamblea nacional constituyente, así en minúsculas.

El Secretario General de la OEA Luis Almagro en su tercer informe sobre Venezuela presentado ante el Consejo Permanente de la OEA, nos da un panorama de lo que vivimos y dice “Las acciones emprendidas por las fuerzas de seguridad bajo la dirección de ese Régimen constituyen un ataque deliberado y sistemático a las vidas y la seguridad del pueblo venezolano. Se aprovechan de la inanición de su población. La violencia se intensifica y el aparato de seguridad recrudece sus acciones. El temor que albergamos en nuestras mentes, pero que tenemos mucho miedo de mencionar en voz alta, es que esta situación pueda llegar a convertirse en un baño de sangre. Lo único que queda claro es que este Régimen no tiene en cuenta los derechos humanos de su pueblo ni la vida de sus ciudadanos. Ya ha decidido que 75 vidas es un precio que está dispuesto a pagar para seguir aferrándose al poder. ¿Cuántas más víctimas pueden tolerar la comunidad internacional? La violencia continuará hasta que las autoridades reconozcan que tendrán que hacer frente a las consecuencias de sus actos y a las de sus subordinados”.

Estamos al borde de una guerra civil de consecuencias inimaginables, la dictadura solo lucha por mantenerse en el poder, sin importar los resultados, no le bastan los muertos, los cientos de presos por protestar, su único afán es seguir gobernando a un país donde la gran mayoría del pueblo los rechaza.

Nicolás Maduro y su camarilla se han puesto de espalda a los venezolanos, de espalda al respeto de los derechos humanos y su único objetivo es apropiarse de manera indebida de nuestra patria y para eso van a usar la constituyente. Ya vemos las amenazas que el mismo dictador y su más cercano colaborador Diosdado Cabello han hecho de eliminar lo poco que queda de institucionalidad en Venezuela y arrodillarlo a sus pies. Ya anunciaron la disolución de la Asamblea Nacional, la destitución de la Fiscal General de la Republica, más restricciones a la libertad de expresión, en lenguaje sencillo convertirnos en una nueva Cuba, llena de hambre y miseria, de venezolanos encarcelados por pensar diferente.

Las fronteras venezolanas son una muestra del caos que vivimos en Venezuela, solo el pasado 24 de julio, según informes del departamento de inmigración colombiano, 26.000 venezolanos cruzaron la frontera huyendo de la dictadura. Cualquier salida es válida antes de vivir el horror que se vive en Venezuela. Nos están dejando sin país.

Es grave lo que estamos viviendo, es triste ver a la gente comiendo de la basura, o la delgadez de mucha gente conocida ante la indiferencia de una dictadura que solo busca su beneficio y el de su gente que son los únicos que no pasan trabajo en este país actualmente.

Lo único que tengo claro es que mi voto no avalara la destrucción de Venezuela por eso digo no a la constituyente

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú en un pronunciamiento conjunto presentado el pasado 26/07 en la reunión de representantes de la OEA manifestaron “Instamos al gobierno de Venezuela a suspender su llamado a la asamblea nacional constituyente, que implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática y sería contrario a la voluntad popular expresada el 16 de julio”.

Lo más sano para el país es que la convocatoria del próximo domingo sea suspendida, con la dinámica del país no sé qué pueda haber pasado del miércoles (Cuando escribo esto) al viernes, lo único que tengo claro es que mi voto no avalara la destrucción de Venezuela por eso digo no a la constituyente.

Share