Radiografía de la Defensoría del Pueblo

A la luz de la degradación ante la ONU de la Defensoría del Pueblo y de la actitud cómplice del Defensor del Pueblo frente a la creciente represión gubernamental respecto de las protestas de abril de este año, resulta pertinente conocer el desempeño de tan importante órgano público, creado por la Constitución de 1999 para la defensa de nuestros derechos humanos y la vigilancia de los servicios públicos. En este sentido, Acceso a la Justicia presenta un estudio sobre su desempeño sobre la base de las cifras oficiales desde el 2001 hasta el 2015.

Lo primero que se observa es que en un Estado de derecho todos los entes públicos deberían ser transparentes, sobre todo un organismo como la Defensoría del Pueblo en su condición de garante de los derechos humanos.

Aunque es cierto que en la página web de la Defensoría del Pueblo están publicados los informes anuales de la institución, faltan informaciones importantes como el número total de defensores.

En lo que respecta a la información presupuestaria de este organismo, esta está disponible en las leyes de presupuesto, los créditos adicionales y las rectificaciones.

Según esas fuentes, la asignación de recursos a la institución ha sido cada vez menor a partir de 2001 por virtud de la ley de presupuesto. Sin embargo, esta reducción se ha compensado con créditos adicionales y rectificaciones, aunque en 2015 no se aprobó crédito alguno y la Defensoría pasó a disponer de apenas una quinta parte de los recursos con los que contaba en 2001, llegando a representar el 0,00001% del presupuesto nacional, que es un décimo del valor observado en 2002.

La eficacia del organismo está empañada por la falta de claridad a la hora de informar sobre su gestión, lo que se hace más palpable cuando se intenta evaluar su desempeño sobre la base de las denuncias ingresadas y las que fueron atendidas.

Si a esto se suma la falta de sistematización al procesar los casos, englobando como “materias varias” la mayoría de las denuncias (62,2% en 2014), la calidad de la información está evidentemente comprometida: no es posible saber de qué se tratan seis de cada diez denuncias realizadas en los últimos dos años.

Lo que sí queda claro es que el patrón de denuncias recibidas por la Defensoría ha tenido una tendencia a la baja desde el 2002, cuando se registraron 60.037 casos. Tras un valor mínimo en 2009 (26.218) hubo una leve recuperación, en 2012 vuelve a descender ligeramente y en 2015 se aumentó a 39.418 denuncias. Además, desde el 2009, menos de un tercio de estas llega a tramitarse formalmente, muestra de su baja capacidad de respuesta.

El balance general del período es una caída en la demanda del servicio, que bien podría estar asociada a problemas de credibilidad de la institución, así como la disminución de su eficiencia en la atención de las denuncias recibidas, quizás asociada a la importante reducción de su presupuesto.

Para Acceso a la Justicia lo más importante de la investigación realizada es que revela la política del estado de no asignar recursos suficientes a organismos como estos que son fundamentales para la defensa del ciudadano y de los derechos humanos, así como la poca transparencia de la Defensoría del Pueblo en cuanto a la información sobre su desempeño, a pesar de estar obligada a rendir cuentas, como todo organismo público en un Estado de derecho y en una democracia.

¿Y tú venezolano, qué puedes hacer?

Si el órgano que debe denunciar las más grandes violaciones de tus derechos por el Estado, como son las de los derechos humanos, no es transparente en cuanto a su gestión y además está politizado, como demuestra su degradación ante la ONU, ¿cómo puede defenderte?

Por ello, como ciudadanos debemos estar pendientes de los procesos de selección de estos funcionarios, para cuya selección la propia Constitución (artículo 279) nos permite intervenir a través de la participación en un Comité de Postulaciones, que debería estar integrado por diversos sectores de la sociedad civil y que en cambio, desde que fue aprobada la Constitución, ha sido conformado por políticos.

Enlace al estudio : https://goo.gl/fJ9CSj

Publicado por Acceso a la Justicia

Share

Red de Observación Electoral: Derecho al voto está bajo amenaza en Venezuela

Considera queEl CNE carga con la inmensa responsabilidad de dirigir el país hacia una vía de confortación violenta, al cerrar el camino constitucional, civilizado y pacífico

Para la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, “el derecho al voto está bajo grave amenaza en Venezuela. Una grave responsabilidad de este deterioro corresponde al CNE, un poder independiente del Estado que tiene el deber de preservar el derecho de los ciudadanos al voto, que ha permitido, faltando a su obligación, la violación flagrante de las normas que protegen este derecho. El CNE carga con la inmensa responsabilidad de dirigir el país hacia una vía de confortación violenta, al cerrar el camino constitucional, civilizado y pacífico para dirimir las diferencias políticas como es el voto universal, directo y secreto”.

En comunicado dirigido a la opinión pública, la Red hace un repaso de los últimos acontecimientos que involucran decisiones del CNE que vulneran derechos ciudadanos en materia electoral:

“Desde finales del año 2016 el derecho del voto ha sufrido en Venezuela un alarmante deterioro. Primero fue la suspensión del proceso de referéndum revocatorio basada en la intervención de jueces sin competencia en materia electoral. Luego el desconocimiento de los diputados del estado Amazonas por parte del TSJ, que a su vez condujo al desconocimiento de la Asamblea Nacional . Después la no realización en 2016 de las elecciones regionales, que ahora se anuncian para diciembre del 2017, con lo cual se prorroga ilegalmente un año el ejercicio de los gobernadores en función. Y últimamente la ilegal e inconstitucional convocatoria por parte del Presidente de la República de una ANC para una reforma la Constitución, aunque de hecho propone una sustitución de la existente. El CNE aceptó la convocatoria y fijó el mes de julio para su realización, obviando la obligatoria consulta al soberano que manda la Constitución”.

Indica esta ONG en su comunicado que “tanto la Fiscal General de la República, como dos magistrados del TSJ han presentado públicamente objeciones a la propuesta presidencial de la ANC, que ha recibido también sustanciales críticas de reconocidos juristas.

La Red advierte que “con base en una artificiosa argumentación, el TSJ, en reciente sentencia relacionada con el poder municipal, excluye el principal instrumento de participación política ciudadana como es el voto directo, introduciendo la elección de segundo grado para las Juntas Parroquiales, con lo cual abre la posibilidad del voto indirecto, en reemplazo del sufragio directo que establece la Constitución”.

Añade que “mención especial al respecto merecen las bases comiciales entregadas por el Presidente de la República al CNE y aprobadas por éste en las que se sustituye el voto universal directo y secreto, donde a cada ciudadano corresponde un voto, por una elección por sectores que ha sido de uso frecuente bajo regímenes dictatoriales en algunos países”.

Indica la Red de Observación Electoral que “se introduce la regionalización del voto por municipios, ignorando los criterios de la representación con base en la población que establece la Constitución, lo que lleva a una enorme disparidad del peso del voto entre los municipios, en detrimento de los municipios con más habitantes. La presentación hecha por la presidenta del CNE, valora como solución a la crisis del país la propuesta de ANC, cuando es evidente su carácter sesgado y excluyente del sector político opositor, deja en entredicho tanto la imparcialidad a la que está obligada, como su responsabilidad con el país”.

Publicado por Contrapunto 

Share

Venezuela en estado de excepción y sin Constitución

Los habitantes de Venezuela se han quedado sin el amparo de la Constitución y de las principales instituciones que la deben resguardar y aplicar, como por ejemplo, el Poder Judicial. El Presidente de la República desde enero de 2016 ha declarado 5 veces el estado de excepción por razones económicas y los ha prorrogado todos (menos el último porque acaba de entrar en vigencia) y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia los ha declarado todos constitucionales, incluso sus prórrogas.

Frente a esta realidad, los medios suelen decir que el Presidente dictó un solo estado de excepción, que ha sido prorrogado ya siete veces.

Como sea que se interprete esta situación tan anómala, Acceso a la Justicia debe destacar que en cada uno de los nuevos estados de excepción decretados, el Presidente de la República se autoatribuye cada vez más poderes y la consecuencia de ello es que a medida que pasa el tiempo actúa de manera más descontrolada y violatoria de los derechos humanos. De hecho, cada día hay más militares y policías en la calle al servicio del poder y no de los ciudadanos.

Adicionalmente es importante resaltar que el decreto del último estado de excepción tiene los mismos problemas de constitucionalidad que los anteriores:

  1. Supera el tiempo de duración permitido por la Constitución, porque, aunque diga que dura 60 días como esta establece, la misma no permite que un estado de excepción dure más de 120 días y al decretarse este último ya habían transcurridos 420 días en esa situación de excepcionalidad, por lo que se continúa violando la Constitución.
  2. No establece claramente cuáles son las garantías restringidas y sus límites, como exige la Constitución. Es más este último estado de excepción se refiere expresamente a que restringe todas las garantías constitucionales, salvo las que la Constitución prohíbe limitar, que de todas formas el Ejecutivo igualmente viola todos los días, como el debido proceso y el derecho a la manifestación pacífica con las aprehensiones y detenciones que hace durante esos actos de protesta ciudadana.
  3. El Presidente en su decreto continúa usando la excepción como el medio adecuado para resolver la crisis existente, cuando la Constitución prohíbe hacerlo si no es estrictamente necesaria, y es muy obvio que no lo es después de casi año y medio en que la crisis más bien se ha ido agravando; de hecho, todos los decretos y prórrogas en la materia reconocen en su artículo 1 que la crisis persiste con lo que se reconoce el fracaso mismo de la medida.

Ahora bien, respecto del nuevo decreto hay dos visiones. La de los juristas que consideran que no contiene cambios importantes en la medida en que los decretos son una suerte de cheque en blanco al Presidente de la República, ya que no establecen cuáles son los derechos limitados y las medidas que se van a tomar como exige la Constitución y además porque dan potestades muy amplias al Presidente, sobre todo, en materia presupuestaria.

En cambio, los medios de comunicación y las ONG han advertido que este último decreto es más preocupante que los anteriores porque el Ejecutivo se otorga aún más poderes.

A criterio de Acceso a la Justicia lo que ocurre es que en este decreto el Presidente recoge las potestades que le ha dado el Tribunal Supremo de Justicia a través de sus sentencias desde la elección parlamentaria de diciembre de 2015, incluso la de la sentencia Nº 155, que fue supuestamente modificada, que le permitía dictar las medidas en el orden social, económico, político y jurídico que estimara convenientes.

Adicionalmente, el decreto expresamente dice que el Presidente de la República, por decisión propia, va a hacer caso omiso, de las sanciones y suspensiones, de la Asamblea Nacional, así como las aprobaciones o autorizaciones que esta le debe dar según la Constitución, que entendemos es lo que realmente persiguen estos decretos.

A esto se añade que el decreto establece que están restringidas todas las garantías constitucionales (salvo las que la Constitución prohíbe limitar).

Es obvio que este decreto elimina la Constitución y esto no es de extrañar en vista del anuncio del Presidente de convocar a una Constituyente sin elecciones populares para cambiar el texto constitucional a su medida.

Aunque la Asamblea Nacional no aprobó este decreto, por lo que según la Constitución no está vigente, lo que ha ocurrido desde que empezó el año pasado esta práctica inconstitucional del Presidente de la República, es que el Tribunal Supremo de Justicia la ha avalado. Esperamos, sin embargo, que la Sala Constitucional no actúe esta vez de esa manera y empiece a ejercer su verdadero rol.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El decreto de excepción mantiene la misma política económica y financiera que nos ha llevado a la ruina y a la crisis actual, lo que significa que esta última se va a seguir profundizando. Además, da todo el poder del Estado al Ejecutivo y expresamente se desconoce a un órgano electo popularmente recientemente, que es la Asamblea Nacional.

También te quita tus derechos, ya no solo de hecho, sino de derecho, es decir, por un medio jurídico expreso, como es el decreto. Sin duda este es un peligro para todos los habitantes del país, porque sin el amparo de la Constitución, no tenemos derechos, y frente a un Ejecutivo que cree que puede hacer lo que quiere con la complacencia del Poder Judicial, tampoco tenemos protección, aún menos tomando en cuenta la creciente militarización a la que estamos siendo sometidos y el abuso de poder que muestran los cuerpos de seguridad del Estado, tanto civiles como militares por orden del propio Presidente de la República.

Publicado por Acceso a la Justicia 

Share

Los principales males del Poder Judicial y sus posibles soluciones

En la actualidad, Venezuela presenta indicadores sobre su estado de derecho y su poder judicial que son alarmantes. De acuerdo a World Project Justice ocupa el último puesto en 2016 en el índice de estado de derecho (113/113) y en justicia penal (113/113), y de penúltimo en justicia civil (112/113).

Es importante aclarar que Venezuela ha siempre tenido problemas en materia judicial; no es algo que se debe atribuir al régimen político que se ha autodenominado “socialista”. Sin embargo, este ha llevado al Poder Judicial a niveles donde nunca antes había llegado, pues como expresó el año pasado un experto en el tema “el sistema formal se ha convertido en un brazo del régimen”.

Hoy día ya no cabe duda que el Tribunal Supremo de Justicia, y en especial su Sala Constitucional están al servicio del poder, como demuestran dos de sus más recientes sentencias, la 155/2017 y la 156/2017, y sobre todo sus aclaratorias, dictadas por exhorto de un Consejo de Seguridad de la Nación presidido por el Ejecutivo.

Ante esta grave situación de la administración de justicia y del Estado de derecho que ha llevado a la aniquilación de los derechos de los venezolanos y a la desaparición de la democracia, surge ante todo la siguiente pregunta:

¿Por qué los jueces y los propios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que son los que debían y podían contener el poder, en cambio, se han ido auto sometiendo a este?

Las razones son muchas, pero la fundamental es que, pese a que la Constitución prevé un sistema de elección de magistrados y jueces que garantiza su independencia política e imparcialidad, desde el principio el régimen político que se instaló con el difunto presidente Chávez se aseguró magistrados fieles al no escogerlos según lo establecido en ella, y al no permitir participar a la sociedad civil, como en cambio prevé la Constitución.

Además, la propia Asamblea Nacional Constituyente le quitó a los jueces su estabilidad (1999) y solo tres años después de la entrada en vigencia de la Constitución el propio Tribunal Supremo de Justicia suspendió también los concursos de oposición para su ingreso (2003), los cuales aún permanecen suspendidos.

Posteriormente, al Tribunal Supremo de Justicia se le copó con el aumento de los magistrados (finales de 2004) y se estableció un sistema de selección de jueces dependiente del Tribunal Supremo de Justicia. Al controlar el Tribunal Supremo de Justicia, se controla a todo el poder judicial.

Paulatinamente, la Sala Constitucional se auto atribuyó  poderes constituyentes y legislativos, que fueron reconocidos por la última ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010). Al controlar políticamente la Sala Constitucional, se puede controlar toda la interpretación del derecho, así como los conflictos jurídicos, políticos, institucionales y sociales.

No es de extrañar que en la actualidad el TSJ sea un órgano no solo politizado, sino partidizado, completamente al servicio del poder.

En este sentido está claro que la primera propuesta para la institucionalización del Poder Judicial es seguir el procedimiento constitucional para la selección de jueces y magistrados y es fundamental para ello que se dicte una ley sobre la carrera del juez, que desarrolle el articulado de la Constitución. Es importante que esa ley cuente con incentivos para que los mejores abogados del país quieran ser jueces o magistrados y para que los que ingresen quieran hacerlo bien. Acceso a la Justicia tiene una propuesta de anteproyecto de ley de carrera judicial, que presentará a partir de junio para que expertos, sociedad civil y órganos públicos lo analicen y hagan sus aportes.

Es necesario también que se prevea la capacitación de los jueces, pero no solo en materia jurídica, sino en la realidad de la vida del país y en el funcionamiento de los sistemas internacionales de derechos humanos. Para ser juez debería hacerse  pasantías en empresas privadas, ONG, órganos internacionales de derechos humanos, acudir a comunidades de sectores populares. Si no se conoce bien cómo funciona la sociedad civil en sus distintas manifestaciones y no se sabe de derechos humanos, no se debería ser juez. ¿Cómo se puede juzgar sobre algo que no se entiende, ni se conoce? Deberían estudiar análisis económico del derecho, que es una disciplina que explica, entre otros, el efecto que en la realidad pueden tener las decisiones jurídicas, así como medir su impacto con herramientas de economía.

Ahora bien, el problema real es cómo se logra que esa ley de carrera judicial se cumpla, más que lograr que la ley se dicte, o que se verifique la capacitación explicada sin que haya distorsiones por personas con intereses creados, ya que es parte de la historia del país, que las leyes se acatan, pero no se cumplen y de la cultura venezolana que prevalezca el amiguismo, clientelismo o nepotismo por encima de las instituciones. Más grave aún es que estas situaciones se verifican porque es parte de nuestra cultura jurídica no creer ni en el derecho como medio para lograr la convivencia social, ni menos aún en las instituciones.

No obstante esperamos que estos 17 años, aunque sea por la vía del ejemplo negativo, el venezolano y el poder público hayan entendido que el funcionamiento autónomo, independiente y eficiente del sistema de justicia es fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos. En efecto, está demostrado que solo si el derecho es usado como freno al poder y la institucionalidad es democrática y respetuosa del derecho, se puede lograr una convivencia pacífica y próspera. Sin esos elementos, puede haber crecimiento económico, pero es temporal.

Para garantizar este cambio de cultura jurídica se propone una campaña comunicacional masiva que eduque jurídica e institucionalmente a la población. Es importante que el venezolano a todo nivel tenga conocimiento de las instituciones y del derecho, así como del rol del Estado y la importancia de la Ley.

Además, debe haber presencia de instituciones del sistema de justicia en todo el país para que ese conocimiento se dé, no solo por los medios sociales, sino en la realidad de cada día. Debe haber “casas de justicia” en todos los municipios que tengan el rol de las antiguas prefecturas, del juez de paz, que sean centros de conciliación y mediación, de educación jurídica y cívica. Se trataría de centros que tendrían el rol de educación ciudadana, contención (o prevención) del delito y del conflicto, así como de solución de conflictos hasta cierto monto y de determinada índole. También deben ser centros de orientación jurídica ciudadana.

Si el cambio del sistema de justicia, y en particular del Poder Judicial, es solo legal, no se va a lograr probablemente el objetivo esperado, debe haber un cambio profundo de la conciencia colectiva que haga que todo ciudadano sepa cuáles son sus derechos y además conozca las instituciones, y así pueda exigirles un servicio eficiente y transparencia y no caer en la tentación de ser cómplice de malas prácticas o de hacer un uso clientelar de las mismas. Solo de esa manera se puede lograr que se cree un círculo virtuoso en virtud del cual el ciudadano exige y el funcionario se vea obligado a cumplirle siguiendo la Ley y no por otros mecanismos, como ha ocurrido tradicionalmente en Venezuela, siendo en la actualidad la realidad tan grave que solo son esos medios alternativos que imperan, porque el gobierno no rinde cuentas y hace como consecuencia de ello, lo que considera y “legaliza” o judicializa lo que considera necesario para mantenerse en el poder y no para servir al ciudadano, que es su verdadera razón de ser.

Para conocer más sobre lo ocurrido en Venezuela se recomienda leer nuestra obra: “La revolución judicial en Venezuela”, publicada por Funeda en 2011 y nuestro más reciente artículo, editado por la revista acta sociológica N° 72 de la UNAM.

Nota: Este artículo fue publicado en la Revista Referencias Nº 2 de Provea, mayo-septiembre 2017, cuyo título es: “LA NECESARIA REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL”.

Share

La raíz de la vida: Ser biólogo en tiempos difíciles

¡Oh yo, vida! Todas estas cuestiones me asaltan…
Walt Whitman

 

Ilustración EDO

Escribo estas líneas en memoria de Diego, Armando y las más de 50 personas asesinadas sólo en este año en el contexto de las protestas que se vienen realizando en Venezuela. Son mis propias reflexiones sobre lo que para mí significa ser biólogo en estos días, por ello me perdonan si hablo en primera persona.

1
“Bio” es una raíz de origen griego que significa vida. Es usada para construir palabras como biografía, biología, biofilia y bioética.

Cuenta mi madre que desde niño tuve aptitudes para la biología. Lo dice, porque según ella, me la pasaba horas enteras mirando la actividad incesante de las hormigas en sus hormigueros. Más adelante disfrutaba viendo documentales de la naturaleza en el antiguo Canal 5.

No sé si para ser coherente con este interés decidí ser biólogo. Para muchos esta resolución es parecida a la de ser economista o taxista: Conseguir un medio para ganarse la vida. Pero no todos lo vemos de esa manera. Aunque por supuesto esperaba que ser biólogo me ayudara a ganarme la vida, esa era sólo una parte de lo que me  gustaba de esa ciencia.

Un biólogo es un científico que estudia el fenómeno de la vida. Pero personalmente creo que uno no puede estudiar algo que no ama. Es como ser médico o artista. En esas profesiones quienes no sientan, en cada caso, un compromiso con la vida de sus pacientes o con el arte, quizás puedan llegar a ser profesionales exitosos, pero su trabajo siempre será imperfecto.

Para mi ser biólogo es un compromiso ético con la vida sobre la Tierra. Desde esta perspectiva los biólogos queremos estudiarla para entender el milagro de la vida. Y luego a partir de allí poder expandir su fuerza en miles de aspectos aplicados a nuestra existencia humana. Acciones que deberían hacerse en permanente diálogo respetuoso con la Naturaleza.

Hablar de compromisos con la Tierra o la Naturaleza suena a discurso populista o a fantasías hippies. Pero la experiencia global nos recuerda que tratar de imponer dinámicas que ignoren los procesos naturales, generalmente termina en degradación humana, cuando no en tragedias.

2
En los últimos años me he ido acercando cada vez más al mundo de los defensores de los derechos humanos.  En principio el trabajo de estas personas no parece tener nada que ver con el de un biólogo por muy perdido que esté.

Pero los derechos humanos parten de una premisa: todos tenemos el derecho a tener vida digna y en libertad. A su vez es claro que si no existen las condiciones ambientales mínimas simplemente estos derechos no pudieran existir.

Piensen por un momento como es vivir en una comunidad donde el agua llega cada cuarenta y cinco días, no hay servicio de cloacas, ni de recolección de desechos. Esos sitios existen en Venezuela, muchos de ellos muy cerca de cada uno de ustedes.

Vivimos en un país con un enorme grado de injusticia ambiental y luchar contra ella también es parte de la labor de alguien que ama la vida.

Algunos creen que esos problemas se solucionan con una buena gestión ambiental realizada por gente profesional, honesta y con sentido de justicia. Sí, eso es parte de lo que se necesita, pero a ello necesitamos unirle una ética de la naturaleza. Algunos autores lo han llamado también ética de la sustentabilidad. No es sólo ser eficientes, es conectar las necesidades humanas actuales y futuras con las dinámicas territoriales y hacerlo desde el respeto por la vida.

En un mundo interconectado todo al final se cierra en un gran ciclo. La ciencia de la vida, los derechos humanos, la naturaleza y el amor por la vida.

3

En estos días me dijeron varias veces que la labor de los grupos ambientales es apoyar en las labores de conservación ambiental y no estar haciendo política.

Y por eso me he preguntado varias veces, para qué sirve trabajar por la conservación de la biodiversidad (la expresión de la vida), la lucha contra los efectos del cambio climático (el futuro de la vida) cuando nuestra juventud, los supuestos beneficiarios de esas acciones, están siendo masacrados día a día. Para qué construir un futuro sustentable cuando se están robando el futuro (la vida de nuestros jóvenes).

Recientemente me golpearon algunas noticias: Ver en mi línea de tiempo de Twitter un llamado a asumir las tareas del reciclaje, al lado del anuncio de la muerte de otro joven; igualmente la que anunciaba la muerte trágica de un colega biólogo amante de las serpientes y colaborador de la vida (ayudaba en la elaboración de suero antiofídico)

Cuidado. Por mi cabeza nunca ha pasado la idea de que los grandes temas ambientales deberían ser desechados o no son importantes en este momento. Por lo contrario, lo son más que nunca. Pero ellos deben estar en el contexto de nuestra realidad.

Venezuela necesita una nueva manera de pensarse y esa debe ser ambiental.

Para ello debe rescatar de los baúles del olvido que somos un país megadiverso, es decir lleno de vida y que podemos utilizar esa riqueza para ser un país donde no haya hambre ni miseria. Pero también reconocer que somos un país vulnerable y complejo que necesita respuestas frente a las realidades de la falta de agua, la contaminación, la desertización y el cambio climático. Es nuestra obligación crear los caminos hacia esa nueva Venezuela vestida de verde.

Pero también necesitamos defender nuestros derechos. Eso comienza por defender nuestra Constitución amenazada por un intento fraudulento de desconocerla y destruirla.

Sé que eso no es fácil. Ya me vilipendiaron por opinar que había que defender la Constitución. También me advirtieron que lo único responsable que podía hacer era incorporarme al debate de la Constituyente ambiental, porque ese proceso iba, opóngase quien se oponga. Eso quiere decir de manera antidemocrática.

Por favor pregúntense ¿cuál es la finalidad de modificar los artículos de la Constitución referidos a los derechos ambientales? ¿Qué significa desarrollar “…constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad“? ¿Pregúntense cuáles son esos derechos soberanos?

Me parece muy poco sensato e incluso suicida hacerse el ciego, el sordo y el mudo ante esas realidades. Quién no defiende sus derechos será siempre un esclavo.

En estos días me ha tocado hablar de derrames petroleros, pero se me ha trancado en la garganta el deseo de hablar más bien de la vida y la muerte de los jóvenes en Venezuela y que sin ellos a quién puede importar la estupidez y decadencia de las instituciones que deberían estar encargadas de la protección ambiental.

Se necesitaba un artista para entender que eso era un falso dilema.

El gran humorista EDO interpretó de manera inmejorable lo que necesitaba decir y no sabía cómo hacerlo. Con su imagen nos enseñó cuál debería ser el objetivo y camino de todos los que amamos la naturaleza y la vida en Venezuela: Lograr hacer valer el grito de ¡No más derrames! ¡Luchemos por la vida!

Gracias EDO

Publicado por Foro Tuqueque 

Share