Ceniza en Carnaval

Maryluz Schloeter, febrero 20, 2017

Es Carnaval, su propósito codificado en apariencias.

Allá en Venecia, llega con imágenes de adultos, gran lujo y grandes atuendos, sombreros, capas

y plumas; rememoran traiciones y navajas, culpas tras las máscaras en pasillos sombríos y

húmedos, ritmos y remos; en trajes ricos, las exquisitas figuras femeninas de ojos escondidos tras

elaborados antifaces. Desde Brasil, la imagen de comparsas es joven, multicolor; parece alegre,

desfila y baila saturada de música, enmascarada, parece alocada, dionisiaca, agotadora. Parece

igualar, esconder diferencias y ambiciones detrás de la belleza y la sonrisa…

En mi dimensión, desinflado el Carnaval de frívola fiesta popular, vemos pasear llevados de la mano

niñitos disfrazados. Sus trajecitos repiten favoritos de cine, videos y juegos, sin que pasen de moda

los héroes, y las grandes estrellas del entretenimiento; otros, parodian figuras de actualidad propias

y ajenas. Los niños no saben su peso, ignoran la culpa, las ambiciones, traiciones, lujos mal

habidos, mentiras y farsas, el daño que esconden detrás de sus máscaras hieráticas esas figuras

de actualidad nacional.

Alguna vez en la tele, sin tapujos se anunciaban noticias que rompían el celofán, pero se le obligó a

callar. Y en el silencio de la comunicación interna, la verdad escondida sale y somos noticia,

comentario y reportaje en la prensa internacional. La noticia del hambre y hambre infantil sacude

con sus cifras. Y agregando máscaras de muerte, la prensa nacional informa que es 9 mil la cifra de

jóvenes víctimas de violencia

¿Qué figura tendrá la imagen de población con esta muesca? Podrían haber sido jefes de hogar,

estudiantes, trabajadores, técnicos, productores ¿Algunos serían delincuentes? ¿cuántos huérfanos

dejan?

Ya no hay protección que permita Ignorar absolutamente el mal de otros; la información está ahí,

salta ante nuestros ojos ¿Se defiende lo que se ignora? ¿Queda algo no vulnerable? ¿Esconde la

comparsa revolucionaria, la de la felicidad del pueblo, algún otro mal aún desconocido? ¿se

presiente al menos? ¿Somos acaso un experimento criminal o títeres indefensos movidos por la

voluntad e interés de otros? ¿Qué más se volverá cascote, migajas, añicos de legitimidad, calidad

de vida o derechos?

Se sigue distorsionando la realidad, creando ridículas amenazas, falsas y acomodaticias verdades

para medio cubrir la decadencia. Hay ruido y hay agua en Carnaval ¿Habrá conciencia debajo de

disfraces de papel? ¿Hay culpa sin arrepentimiento y daño sin duelo? Los de la comparsa perversa

de máscaras innobles, dejan una estela de destrucción acumulativa; ¿podrán seguir igualitos, sin

empaparse?

Sería insólito, la fuerza social que nos queda, es el consenso que se inició en millones de pasos y

sus miradas vigilantes, algunas que recién se actualizaron sin parpadear en la UCV. Tiene que ser

posible que seamos, sin más titubeos, resistencia en conquista, solo una razón y una voluntad: la

del cambio constructivo.

Todos somos vulnerables; las palabras no alcanzan y la indignación tampoco… maltratados y

ofendidos llegaremos al Miércoles de Ceniza ¿Somos tan solo polvo?

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Por la vida, hay que poder

Maryluz Schloeter
Sin buscarlas, aparecen hoy dos expresiones hechas que dicen más que una página ¿por qué? Se prolonga y agudiza lo violación y la ilegalidad que carcome la democracia, sin detener la destrucción progresiva hasta del más mínimo indicio de bienestar en los sectores más débiles y más sufridos. De ahí que aparecen, son dos expresiones conocidas, surgidas de circunstancias críticas, pero diferentes.

En una, entre varios sectores, cada uno apelaba a su supuesta prioridad, fuerte y desigual en impacto y visibilidad inmediata. Hubo queja ante lo decidido. La respuesta fue expresada en síntesis: trabaje con lo que tiene a mano. En la otra, una vez concluido el análisis del asunto (que mantenía a las facciones discutiendo), pese a sus diferencias, estuvieron de acuerdo, pero las condiciones de la situación no solo no eran favorables; eran en lo inmediato abiertamente opuestas. La conclusión lacónica fue: hay que crear las condiciones que lo permitan.

Estas dos expresiones nos acorralan como espejo de realidades, en paralelo.

En la necesidad de cambio hay coincidencia. La solución, en la intención democrática compartida, es electoral. ¿Qué es eso? Lo electoral es el CNE y sus atributos re-definidos a su medida por el control rojo rojito, sus aliados verdecitos y sus “coach” de moda, no la primaveral, sino la de siempre, la de la islita caribeña. Ese CNE luce altisonante y presumido, es falso; después de tantas ilegalidades acomodaticias, es caricatura, como la cara de la belleza perdida por las actrices caídas en la primicia de la cirugía estética y el Botox. ¿Es sensato dejar el destino del país en manos de eso, cuya intervención en las municipales, regionales y presidenciales ha quedado retratada en los hechos?

Son varios actores ¡Estamos preparados? Dice la sabiduría campesina que es mejor no poner todos los huevos en una sola canasta ¿Elecciones…? Civiles y militares han dicho: NO ¿Será cierto? ¿O es comedia para quedar bien, afirmar mil veces que Sí, ya que han dialogado, negociado, y complacido? Intervendrán los negociadores, habrá presiones para aceptar, impondrán condiciones inventadas y tácticas dilatorias; es farsa y riesgo. Si se dan, ¿votar con el CNE actual ignorando además qué papel juega el carnet de la Patria en elecciones? ¿Ir a elecciones frente al poderoso trío gobierno/PSUV/verdes en fragmentos opositores enfrentados?

Eso, es lo que está a mano…

Así, el riesgo es perder en las elecciones y con ellas la República, la Democracia, el Estado de Derecho, la Soberanía, la Libertad, sin fecha de caducidad, en sumisión total. Para asegurarlo, ya están prestas las recién creadas – ¿re-creadas? – y entusiastas milicias inconstitucionales, esas del Plan de la Patria, armadas para detener la oposición. Nada original. Es copia del molde Cuba y Nicaragua, no se sabe aún si en esa tarea estrenarían el nuevecito liquiliqui verde oliva.
Aún hay que ver la segunda expresión, crear las condiciones. Juntando las dos, se rompe el paralelo, se lee una formula casi mágica: Crear condiciones + Elecciones.

Crear condiciones es incidir pero ¿en cuáles condiciones? -En todas ¿dónde?-Donde se requiera para que sí existan, se respeten y sean de todos. Para “limpiar”, legitimar, organizar allá y aquí, los registros de partidos, candidatos y electores, distribución territorial de mesas, procedimientos y normas reinterpretadas o inventadas, conexión cubana, conteo y centralización, testigos… ¿Cómo incidir? En el siglo XXI ya no existen magos polivalentes, pero a quienes saben les llaman expertos, sus resultados (deben ser) sumados a la fuerza de los miles y miles de pasos (a dar) y de ojos (vigilantes), ávidos de cambio sin “ismos!”.
Por la vida, hay que poder ¡Se rompería el molde rojito asfixiante abriendo con el voto, el rescate y ejercicio de la soberanía!
Febrero 09, 2017.

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Actos de magia en el Arco Minero del Orinoco

Recientemente en “El Expreso”, diario publicado en Ciudad Bolívar, aparece una noticia con el título: “Comunidad Rabín Rico cumple con lo estipulado en el Arco Minero”.

En la misma se ofrecen las declaraciones del señor Osvaldo Hernández trabajador de una cooperativa minera local. Este trabajador explica que la actividad que están realizando se ajustan a lo “establecido en el Arco Minero… ya que no solo se explota el material aurífero, sino que también se cultiva la tierra y se aplican medidas para minimizar el impacto ambiental que ocasiona el laboreo minero, donde existen áreas bien demarcadas y distantes… con la intención de trabajar sin perjudicarnos entre los que trabajamos aquí, además cumplimos con los reglamentos y normas de la comunidad de San Martín de Turumbán, los cuales están apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Lopci, entre otras leyes…” (las negritas son mías)

Asimismo, presumen en que se han convertido en una referencia en el ámbito del nuevo ordenamiento para la explotación minera a pequeña y mediana escala (las negritas son mías)

La noticia completa la puede leer en la página 13 de este diario que aquí se muestra en su edición impresa.

Hasta aquí un resumen de lo que el diario informa. Vamos a ponerle un poco de contexto  a la noticia.

San Martín deTurumbán (o Turumbang), es un poblado localizado en el municipio Sifontes en la región oriental del Estado Bolívar, cercano a la zona en reclamación con Guyana en las orillas del río Cuyuní, a un poco más de 75 Km de Tumeremo. En el mismo confluyen diferentes etnias y grupos no indígenas con diferentes niveles de integración. La población local tiene una compleja historia de situaciones complejas producto de  los conflictos históricos en esa zona de la frontera nacional, luchas territoriales, así como los  problemas sociales y ambientales derivados de una larga tradición de actividad minera.

Por su parte, la mina Rabín Rico, situada a dos horas del pueblo, fue escenario de graves sucesos recientes. Según un artículo publicado en el 2009 en el diario “Nueva Prensa”, la zona estaba bajo el dominio de una banda criminal acusada de controlar mediante la violencia a la actividad minera ilícita, extorsionar a la población y de generar un régimen de terror entre los habitantes. En palabras de personas de la localidad, estos delincuentes “convirtieron los yacimientos del metal precioso al Sur del Estado Bolívar, en un “infierno” del cual desterraron al mismo diablo”.

Según el mismo artículo, este grupo criminal estaría dirigido por un delincuente conocido como “El Topo”, personaje que adquirió relevancia nacional e internacional en marzo del 2016, luego de su supuesta participación en la masacre de Tumeremo, suceso en la cual fueron asesinadas 28 personas.

Más recientemente, en mayo del año pasado, la zona volvió a ser noticia. Ello debido a que la mina de Rabín Rico fue una de las que fueron tomadas y destruidas por fuerzas militares del ejército venezolano. Tal situación habría ocurrido supuestamente como consecuencia de la masacre de Tumeremo.

Tal acción militar produjo conflictos con los pobladores locales al ser desplazados de las minas los trabajadores que laboraban en ellas. Los afectados eran en su mayoría personas de bajos recursos cuya única fuente de sustento era laborar directa o indirectamente en las mismas.

Menos de un año después, según la noticia aparecida hace unos pocos días en “El Expreso” tenemos una situación totalmente diferente: Una actividad minera sin conflictos, social y ambientalmente responsable, apegada a las leyes y en vías de ser un modelo de convivencia entre la actividad minera y las comunidades locales. Y todo esto como consecuencia del Arco Minero.

Esto si no es un milagro de los grandes, se le parece.

Pero los prodigios no finalizan aquí. En el artículo se presenta otro acto digno de un gran ilusionista: La desaparición de una parte de la legislación venezolana y su sustitución por un nuevo ordenamiento jurídico sacada; no de una chistera de mago, sino del casco de un minero.

Cuando la persona entrevistada dice que sus actividades están apegadas a la Constitución, la pregunta inmediata que uno se hace es ¿a cuál Constitución?

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en el año de 1999, en su artículo 120 establece que: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas…”. Asimismo, el artículo 129 determina que: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural” (las negritas son mías).

En relación con estos mandatos constitucionales, en diciembre pasado, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Venezolano reconoció que en el caso del Arco Minero del Orinoco no se habían realizado, ni la consulta previa, ni los estudios de impacto ambiental.

Por su parte, resulta sorprendente la referencia a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) ya que en los artículos 11 y siguientes de esa Ley, desarrollan el artículo 120 de la Constitución Nacional con respecto al mecanismo de consulta previa e informada como requisito para la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, condición que como ya vimos no se cumplió.

Igualmente, es digno de asombro leer que en la mina se aplican “medidas para minimizar el impacto ambiental”, sin que como ya sabemos no se hayan realizado estudios de impacto ambiental, instrumentos que definen las medidas de mitigación y compensación necesarias para minimizar el impacto generado por la actividad.

Finalmente, resulta maravilloso enterarnos que la mina se ha convertido en una “referencia en el ámbito del nuevo ordenamiento para la explotación minera a pequeña y mediana escala”.

Ante esa afirmación, también resulta necesario preguntar:  ¿Cuál nuevo ordenamiento? ¿En qué momento se derogó la Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio? Esa es la ley marco que determina las orientaciones y procesos para el ordenamiento territorial de la Nación. A su vez, la misma debe responder al mandato de la Constitución que en su artículo 128 establece que “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana…” ((las negritas son mías)

Pero por otra parte, si uno lee entre líneas, pudiera deducir que ese nuevo ordenamiento está referido al Decreto que estableció la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”. Es decir, que si entendimos bien, un decreto presidencial produjo la desaparición simultánea de la Constitución y una Ley Orgánica (hay que reconocer que ese increíble acto de prestidigitación contó con la pequeña ayuda de los amigos del TSJ)

No tengo ninguna razón para pensar que el señor Osvaldo Hernández hizo sus declaraciones de mala fe. Pero también me vienen a la cabeza las palabras coerción y cooptación*. Pero lo que parece seguro es que la historia que en ese artículo se cuenta, si no es producto de un acto de magia sobrenatural, es la consecuencia de la mentira, la manipulación y la total ilegalidad que rodea al Arco Minero del Orinoco.

Sólo queda seguir denunciándolo y rechazándolo.

#NoAlArcoMinero

#AguaSiOroNo

#LosDerechosAmbientalesSonDDHH

Publicado por NotiAmbienteVE

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Pueblo que reprime pueblo

Marino Alvarado Betancourt

El Gobierno avanza hacia ese propósito: usar un sector de la población para que realice labores de represión política y de represión a las luchas sociales.

Imagine estimado lector este escenario. Usted tiene una semana sin que en su comunidad llegue el agua. Junto a los vecinos adelantó muchas gestiones  sin obtener solución y ago­biados  deciden llamar la atención de las autoridades rea­li­zan­do una protesta pacífica. Se concentran en una esquina con pancartas y tobos vacíos. En el momento menos espera­do aparece un grupo de motorizados y otras personas a pie, civiles, que se identifican como parte de las Fuerzas Especiales de Acción Rápida, gente como usted que trabaja, o estudia, o es su vecino, pero a quienes les han dado responsabilidades que corresponden a la policía. Ellos vienen no a escuchar la preocupación de la comunidad, mucho menos a reforzar el reclamo que efectúan,  llegaron para reprimirte. En lugar de ser funcionarios de la policía, son civiles que se presentaron para obligarte a que cese la protesta. Y si te niegas, seguro usarán la violencia para dispersar la concentración. Si civiles, que tal vez como tú carecen también del servicio de agua y sufren, por ejemplo, la inseguridad, pero creen que hacen patria, que son revolucionarios acallando la protesta o denunciando en el Sebin u otro organismo policial a quien emita opiniones que cuestionen la gestión del Gobierno.

Ese escenario puede ser muy real a corto plazo. El pasado 01 de febrero el presidente Nicolás Maduro indicó, que desplegará esas fuerzas especiales en barrios, campos, universidades, fábricas. Los obreros que organicen huelgas para exigir derechos ya no solo deberán preocuparse por la posibilidad de ser reprimidos por la fuerza pública, sino por civiles integrantes de las milicias  desplegados con esa misión.

La base jurídica de esta arbitrariedad y medida incons­ti­tu­cio­nal la tenemos en el artículo 2.9 del Decreto de Estado de Excepción que nos rige. En el decreto se faculta a las organi­za­ciones de base del llamado Poder Popular para que rea­li­cen labores de vigilancia, dígase sapeo, y para mantener el orden público, es decir, para reprimir. Es la materialización de la Doctrina de Seguridad Nacional. Hay un enemigo interno y contra ese enemigo hay que incorporar a la población a colaborar con las fuerzas represivas.

El Gobierno de manera inconstitucional viene creando un andamiaje jurídico para su ejercicio dictatorial. Para ello tiene a su favor  la complicidad del Tribunal Supremo de Jus­ti­cia y el silencio y sumisión del Defensor del Pueblo.

Debo advertir el peligro que significa organizar, incitar y ordenar a un sector de la población para reprimir a otro que reclama derechos o se identifica opositor. Se puede incre­men­tar la violencia y aumentan los riesgos a las violaciones de derechos humanos. Violaciones perpetradas por particu­lares cumpliendo órdenes de funcionarios o toleradas. Son mayores los riesgos de violaciones al derecho a la vida y a la integridad física. Recordemos que en varias protestas desde el 2014 hasta la fecha, se ha podido ver a grupos de civiles actuando conjuntamente con la policía y la Guardia Nacional Boli­variana para detener a quienes protestan. No olvidemos que varios manifestantes en el 2014 fueron asesinados  y cuan­do se realizaron las investigaciones resultaron los res­ponsables vinculados a entes u organizaciones pro gobierno.

Frente al avance del autoritarismo y aumento de riesgo a la violación de los derechos, se requiere de las fuerzas democráticas mayor organización y decisión. Es necesario afianzar en el marco de la Constitución y la Ley las acciones de resistencia para restablecer la democracia y construir un mejor país.

@marinoalvarado

Publicado por EL UNIVERSAL 

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Sociedad Civil en la Vida Pública. Hacia la Construcción de Una Agenda Urgente en DDHH

Juderkis Aguilar | “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles”  Bertolt Brecht.

Contando con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), desde el pasado mes de octubre de 2016 diversas organizaciones de derechos humanos han comenzado a capacitarse y generar mecanismos de reflexión para la construcción de una Agenda Urgente de Derechos Humanos.

El cuestionamiento hecho por la sociedad civil a los procesos que se vienen desarrollando en nuestro país; acompañado de una fuerte crisis estructural, ha obligado a la población a cuestionar seriamente el tipo de políticas y acciones implementadas por el gobierno. Este cuestionamiento exige a numerosas organizaciones la reflexión sobre su papel dentro del ámbito público.

A partir de allí, muchas organizaciones han comenzado a formarse para dar inicio a un intenso proceso de reflexión y construcción de políticas públicas alternativas que se encuentren dirigidas a planificar y llevar a la práctica soluciones efectivas a los problemas de país, de acuerdo con lo establecido en nuestro marco constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos.

Se hace necesario prepararse, organizarse, capacitarse para presentar propuestas de planes y proyectos, en este caso en materia de derechos humanos, así como de vigilar su ejecución

A saber, la sociedad civil tiene en sus manos una causa como lo es generar conciencia y acción, con el objeto de influir en las decisiones institucionales, y así generar un cambio o transformación de su entorno. Por consiguiente, se hace necesario prepararse, organizarse, capacitarse para presentar propuestas de planes y proyectos, en este caso en materia de derechos humanos, así como de vigilar su ejecución. Todo ello teniendo como fin la solución de los problemas públicos que se planteen.

El método consta de varias fases: Capacitación en materia de participación en políticas públicas, incidencia como mecanismo de participación, contraloría social, entre otros. Paralelamente, reflexionar sobre problemas de nuestra colectividad, para clarificar cuales son las demandas de la población frente a ellos, cuales pudieran ser las alternativas para su solución, que actores están involucrados, etc., al igual que discusiones sobre los temas transversales obtenidos de las trabajos previos para avanzar en sus soluciones. Seguidamente, la construcción de un documento que recoja propuestas e iniciativas de políticas públicas las cuales puedan ser medidas a corto y mediano plazo, con la aspiración que las autoridades las incorporen en sus agendas y así ayudar a la recomposición de la vida social del país.

Es así como este espacio se inicia con la intensión de construir conocimiento para posteriormente construir nuevas realidades y posibilidades.

A la fecha, se han realizado actividades en Caracas, Mérida, Trujillo, Bolívar, Lara, Yaracuy y Zulia.

Se espera acudir a otros estados del país y avanzar en la construcción de una Agenda Urgente en Derechos Humanos. ¡Participa!

Abogada en el Programa de Exigibilidad en DESC de Provea
@JuderkisA

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