115 días de Rebelión Popular

Marino Alvarado | No se imaginaba el diputado oficialista Héctor Rodríguez la conmoción que iba causar su  acción antidemocrática de solicitar al Tribunal Supremo de Justicia el 22 de marzo 2017 se suprimiera la inmunidad parlamentaria de los diputados de la oposición y que asumiera el Ejecutivo Nacional funciones propias de la Asamblea Nacional.

Al descontento social y los reclamos democráticos, la dictadura respondió en su lógica militarista. Lanzó contra la población descontenta las fuerzas represivas apoyadas con sus grupos paramilitares

El Tribunal Supremo sumiso y fiel a los mandatos del gobierno no dudó el dar el visto bueno a dicha solicitud. La respuesta inmediata no solo fue institucional desde la propia Asamblea Nacional y de la Fiscal General de la Republica, sino que fue popular. El 04 de abril en todos los estados  del país miles manifestaron contra las sentencias del TSJ y ese día se inició una Rebelión Popular Pacífica que no ha podido ser detenida pese a la represión bárbara del gobierno.

Al descontento social y los reclamos democráticos, la dictadura respondió en su lógica militarista. Lanzó contra la población descontenta las fuerzas represivas apoyadas con sus grupos paramilitares. Las calles del país se empezaron a teñir de sangre sobre todo de jóvenes asesinados por la Policía Nacional Bolivariana, alguna policía regional o la Guardia Nacional Bolivariana. También los grupos paramilitares en la labor  encomendada han dejado una estela de heridos y  segado la vida de varios manifestantes. Así con el asesinato el 06 de abril del joven de 19 años Jairo Ortiz en los Altos Mirandinos en el estado Miranda, se inició una larga y lamentable lista de manifestantes asesinados que el gobierno se empeña en acrecentar.

Junto a los asesinatos y miles de heridos, la Dictadura ha dejado cientos de detenidos a quienes pudiéramos calificar casi en totalidad de nuevos presos políticos. Al constatar el gobierno que la Rebelión era incontenible activó el 18 de abril en denominado Plan Zamora. Le dio más protagonismo a la fuerza armada para reprimir e institucionalizó la participación de los grupos paramilitares en la represión. Pero agregó otro factor. La aplicación masiva de la justicia militar a civiles detenidos en el marco de las protestas.

Un gobierno que se dice heredero de la rebelión popular de 1989 conocida como el Caracazo, con dirigentes políticos que históricamente cuestionaron civiles fuesen juzgados en tribunales militares, apelaron frente al descontento popular a la misma fórmula represiva que durante años criticaron. Usaron la fuerza armada y las policías para disparar contra manifestantes que reclaman derechos y llenaron las cárceles de presos políticos juzgados en tribunales civiles y militares. Dirigentes que reivindicaron durante años los cierres de calles y a esas acciones populares hoy las califican de terroristas. Asumieron el mismo discurso de quienes combatieron. El poder los transformó de irreverentes a represores.

Pero esa represión disfrazada con frases izquierdosas no ha podido contener la Rebelión Popular Pacífica. Ni balas, ni bombas, ni detenciones arbitrarias, ni cárcel. Esa rebelión tiene varias características que es bueno resaltar algunas de las cuales indicó a principios de abril la organización Provea.

Es una protesta social masiva que ha tenido como escenario geográfico y componente social la participación de sectores populares de antiguos bastiones del chavismo. Los pobres que votaron por Chávez, alzan su voz contra un gobierno que se disfraza de chavista. Se ha desarrollado a lo largo y ancho de la geografía nacional. Por más que el gobierno quiera minimizar, sabe que las calles han sido tomadas en caseríos, medianos poblados y grandes ciudades. Ha contado con una dirección política que ha trazado las líneas generales de acción que la población de manera mayoritaria acata; tiene unas reivindicaciones definidas que combinan la lucha democrática con reclamos sociales; participan generaciones diversas por eso marchan juntas abuelas, madres, hijas y nietas; ha sido esencialmente pacífica y ha quedado evidenciado una y otra vez que si el gobierno no reprime no se producen los pequeños focos de violencia en respuesta. Una Rebelión que ha sabido combinar diversas formas de protesta: manifestaciones, plantones, cierre de calles, consulta popular, paros, música, teatro, poesía. Son parte de ese descontento masivo Intelectuales, científicos, cantantes, músicos, los deportistas más reconocidos del país, sacerdotes, modelos reconocidas, reinas de belleza. Todo un pueblo reclamando libertades democráticas y luchando por un país que brinde a su pueblo más calidad de vida. Como cantó Alí Primera “aunque el río sea muy manso poquito a poco se enfrenta al mar”. El río creció tanto que se enfila a sobrepasar a la Dictadura.

Marino Alvarado Betancourt

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Gobierno y TSJ reprimen a nuevos magistrados con justicia militar

Desde Miraflores y el Poder Judicial se sigue recurriendo a la justicia militar como mecanismo de represión del Estado contra todo aquel que disienta de las políticas gubernamentales. Esta vez le tocó el turno a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) juramentados el viernes 21 de julio por la Asamblea Nacional (AN), en sustitución de quienes fueron designados ilegalmente en diciembre de 2015 por el parlamento anterior.

Recordemos que la AN, el año pasado, en vista de las graves irregularidades en el nombramiento de 13 magistrados principales y 20 suplentes, realizado en diciembre de 2015 por la Asamblea saliente, dejó sin efecto dichos actos y en coherencia con esa decisión, pasó a ejecutar este año el proceso de nombramiento de los nuevos magistrados, lo que culminó con su aprobación y su juramentación posterior.

Recordemos también que el día antes del acto de juramentación de los magistrados, la Sala Constitucional, integrada por 3 de los magistrados mal nombrados, dictó una sentencia en que anuló el nuevo procedimiento de la AN, y además, advirtió que los magistrados que fueran a ser juramentados al día siguiente, incurrirían en usurpación de funciones, delito establecido en el artículo 213 del Código Penal, lo que acarrearía las consecuencias penales correspondientes.

Recordemos finalmente que para ratificar lo expresado en la sentencia antes citada, el magistrado Juan José Mendoza Jover, al día siguiente de haberse emitido esa decisión, declaró en una rueda de prensa que magistrados, diputados e integrantes del Comité de Postulaciones de la AN que participaron en la juramentación de los nuevos magistrados, incurren en delitos contra la defensa y la seguridad de la Nación, especialmente en el delito de “traición a la patria“, por lo que la Sala Constitucional solicitó a las autoridades civiles y militares tomar las acciones correspondientes para “mantener la paz”.

Dos días después de esta declaración y de la juramentación de los nuevos magistrados (21 de julio), el propio Presidente de la República (el 23 de julio), desde la plaza Bolívar de Caracas en donde se realiza el programa semanal Los Domingos con Maduro, afirmó: “Todos van a ir presos uno por uno y a todos les van a congelar los bienes y las cuentas”.

El primer magistrado en ser detenido fue Ángel Zerpa Aponte, designado como principal en la Sala Político Administrativa.

Como denunciaron los representantes de la ONG Foro Penal, el magistrado Zerpa fue presentado ante los tribunales militares sin permitírsele que designara a su defensor, pues se le impuso uno público, y sin que se consintiera el acceso a los representantes de dicha ONG para asistirlo como es su derecho. Al magistrado se le ha tenido incomunicado, pero se ha sabido que se declaró en huelga de hambre.

Sucesivamente, fueron detenidos dos magistrados más: Jesús Rojas Torres, magistrado principal de la Sala Electoral y Zuleima González, magistrada suplente de la Sala Constitucional.

De los tres magistrados detenidos, hasta ahora, Ángel Zerpa  ha sido el único presentado ante un juzgado castrense, aunque se espera que Jesús Rojas y Zuleyma González corran la misma suerte.

El delito que se les imputa a los magistrados no es el de usurpación de funciones como dijo el TSJ en su sentencia, sino el de traición a la patria.  Sin embargo, este delito no sólo está previsto en el Código de Justicia Militar, sino también en el Código Penal (art. 128), por lo tanto, los abogados deberían ser juzgados por tribunales civiles.

Según dicho artículo 128 se incurre en traición a la patria “cuando de acuerdo con una Nación extranjera o con enemigos exteriores, (se) conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines” (paréntesis nuestro), que no sería el caso de los nuevos magistrados del TSJ.

Quienes, en cambio, sí disminuyeron la integridad de las instituciones fueron los diputados del parlamento anterior al nombrar funcionarios que no cumplían requisitos como la imparcialidad política, además de omitir los pasos y lapsos legales de la designación, lo cual ha traído como consecuencia la grave crisis actual del país.

En virtud de lo anterior, no solo consideramos que no existe la comisión del delito de traición a la patria, pues no se han mostrado las pruebas ni del acuerdo con la nación extranjera, ni tampoco de la conspiración contra las instituciones, sino que además como ya hemos denunciado la justicia militar no respeta los más básicos principios constitucionales. En efecto sus jueces son nombrados por el Poder Ejecutivo (con la complicidad activa del TSJ), lo mismo que el Fiscal Militar y el Defensor Público Militar. No se trata de la “influencia” que puede tenerse sobre los jueces, como ocurre en el ámbito civil, sino que la subordinación al Poder Ejecutivo es directa, como directa es la violación de la Constitución al no respetarse la separación de poderes que también incluye a los tribunales militares.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

En un contexto de conflicto, el derecho debe prevalecer porque el mismo es la forma natural en que los ciudadanos deben resolver sus diferencias. Pero si en vez de aplicar el derecho, el Estado, que es quien debe ser el primero en respetarlo, utiliza el abuso de poder y la fuerza para imponer sus criterios, todos los ciudadanos somos perjudicados, incluso los que son afectos al gobierno, porque nada garantiza que esas reglas injustas no se les aplique también a ellos. La fuerza no tiene ideologías, sólo intereses, mientras que los Derechos Humanos atienden al interés general y a la dignidad humana.

Por ello, la utilización de los tribunales militares como medio de represión para juzgar a civiles pone en evidencia que el régimen ahora más que nunca se ve obligado a utilizar recursos ajenos a la Constitución para imponerse, pero ahora, a diferencia de otros momentos, la sociedad no está callada y la voz de los ciudadanos clama por ser escuchada.

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El parlamento no creó un Tribunal Supremo de Justicia paralelo

La designación de magistrados por la Asamblea Nacional llevada a cabo hoy 21 de julio de 2017 es un hecho muy importante para el país, porque el problema del Tribunal Supremo de Justicia desde su creación ha sido su conformación con personas no necesariamente capacitadas e independientes políticamente.

Es más, la situación tan grave que se ha venido configurando en Venezuela de un poder elegido democráticamente en 1998 que paulatinamente se ha vuelto tiránico, ha sido plena responsabilidad del Tribunal Supremo de Justicia como lo explica nuestra directora Laura Louza en un estudio publicado por la UNAM este año y lo demostró también la investigación titulada “El TSJ al servicio de la revolución” de Antonio Canova, Herrera y otros, publicada en 2014 por la Editorial Galipán, que muestra con datos estadísticos cómo este órgano ha sentenciado prácticamente siempre desde el 2005 hasta el 2013 a favor del gobierno.

Sin embargo, es importante entender respecto a la designación llevada a cabo por la Asamblea Nacional el día de hoy que no se ha creado un Tribunal Supremo de Justicia paralelo al actual, solo se han elegido a 13 magistrados principales y 20 suplentes para suplir a los nombrados de manera irregular en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional saliente.

Lo que está haciendo la Asamblea Nacional es ejercer una competencia propia establecida en la Constitución y en la Ley, que la saliente, ya fuera de su periodo para sesionar le arrebató en diciembre de 2015 después de su elección, al ver que la nueva electa no estaba compuesta en su mayoría por diputados del PSUV y temer como consecuencia de ello que el partido no pudiera seguir ejerciendo el poder hegemónico que venía ejerciendo, especialmente desde el 2005.

Lo más grave del proceso llevado a cabo a finales de 2015 es que ninguno de los 13 magistrados principales ni la mayoría de los suplentes sustituidos tenía su periodo vencido, de hecho, según demostramos en un estudio titulado: El TSJ: la joya que pocos han podido retener, fueron forzados a jubilarse anticipadamente. A esto se añade que de los 13 magistrados principales, 10 no cumplían los requisitos exigidos para ocupar tan importante cargo.

A pesar de todo ello, la Sala Constitucional el año pasado ante la intención de la nueva Asamblea de revocar la designación inconstitucional de la anterior, declaró en dos oportunidades que no podía hacerlo. Lo peculiar de ambas decisiones del máximo tribunal, entre otros aspectos, es que son dictadas por 3 de los magistrados designados en diciembre de 2015, es decir, objeto del juicio, por lo que actuaron como juez y parte.

Siguiendo esta línea, la Sala Constitucional el día antes de la designación de los magistrados por la Asamblea Nacional, insistiendo nuevamente en su tesis del desacatodeclaró que esa designación sería nula y además, que si se verificaba los diputados que participaran en ese proceso, así como los magistrados nombrados podrían incurrir en el delito de usurpación de funciones del artículo 213 del Código Penal por tratar de sustituir a los actuales magistrados. De más está decir que también en este caso, los magistrados actuaron como juez y parte. Adicionalmente, debemos destacar que un tribunal no puede anular lo que no ha ocurrido.

Ahora bien, la interrogante que surge ante todo esto, es ¿por qué la Asamblea Nacional si el Tribunal Supremo de Justicia ya le ha dicho varias veces que no puede designar a los magistrados, lo hizo? Porque ella desconoce la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia a partir de lo dispuesto en los artículos 333 y 350 de la Constitución, al considerar que este ha contrariado la Constitución y sus principios democráticos, así como ha menoscabado los derechos humanos de los venezolanos.

Sin embargo, aun estando configurado el derecho a la rebelión en nuestra Constitución y ser un derecho humano según la Declaración Universal de Derechos Humanos, no es fácil cuando el régimen opresor tiene la fuerza de las armas y los recursos del país que se haga valer lo que establece el oprimido, aunque sea un órgano del Poder Público tan importante como la Asamblea Nacional.

Por ello, la designación realizada hoy por la Asamblea Nacional probablemente no será sino otra más de sus decisiones sin ejecución real y práctica. Esto no significa que no traiga consecuencias jurídicas, porque el presidente de la Sala Constitucional en una rueda de prensa del día de hoy autorizó hasta a los tribunales militares a actuar frente a esta situación. Habrá que esperar qué sucede.

Enlace a la lista de los magistrados seleccionados:https://goo.gl/gJG3Uu

Publicado por www.accesoalajusticia.org 

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La ANC y los atropellos a los empleados públicos

Desde el 18 de julio, Provea viene recibiendo denuncias de víctimas de coerción por parte de instituciones del Estado para obligarlos a participar en las fraudulentas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro el pasado 1ero de Mayo.

Son de diferentes naturaleza las entidades que están ejerciendo las presiones contra los funcionarios. Hasta los momentos, de la población total de las denuncias recibidas, predominan las del Metro de Caracas, Movilnet, Pdvsa, Poder Judicial, y Pequiven, siendo las demás: la Fábrica de Insumos 27 de Febrero, Abastos Bicentenario, Ministerio de Banca y Finanzas, Empresas Básicas de Guayana, Distrito Escolar del Municipio Rómulo Gallegos, Sidor, Sudeban, Banco Bicentenario, Saren, Seguros La Previsora, Empresa Hidrosuroeste C.A., Ministerio de Vivienda, Superintendencia de la Actividad Aseguradora, y Banco Bicentenario, Seguros Federal, Corpoelec, y la Superintendencia de la actividad aseguradora, SUDEASEG

Sobre el tipo de acciones coercitivas, Provea ha precisado varios patrones de acción, uno tiene que ver con el tipo de consecuencia que sufriría el funcionario de no votar el 30 de julio a favor de la ANC: el despido. El funcionario que no vote será despedido. Pero además de esto, hay otra práctica que se repite: en el Metro de Caracas, las Empresas Básicas de Guayana, Pequiven y el Banco Bicentenario están imponiendo lo que ellos definen como “1X10” o “1X15”obligando a los trabajadores a asegurar 10 o 15 votos a favor.

“Nos ha enviado a través de los Gerentes y Jefes de Oficina una planilla para llenarla con quince nombres y apellidos de personas, cédula de identidad, números de teléfonos que debemos llevar a votar el día domingo 30-07-2017  y entregar esas planillas totalmente llenas y si no la llenamos estamos amenazados con despedirnos”, narró una de las víctimas, funcionario del Metro de Caracas. Es decir que hay dos tipos de despido, si el trabajador no sufraga pero si además no asegura los votos exigidos.

Sobre la forma en que se está ejerciendo la coerción en términos de discurso, pudimos observar que son amenazas que entran dentro de la calificación de acoso por la constancia y la repercusión en la dignidad. Además hay varios casos en los que hay una violencia verbal expresa: hemos registrado frases que las víctimas califican como literales por parte de quien ejerce la presión: “voto o plomo”, “no vamos a seguirle matando el hambre a funcionarios que no estén con el proceso”, “atenerse a las peores consecuencias si no acuden a votar”, por ejemplo.

Otro de los patrones que pudimos detectar es el acoso por control. Muchas de las instituciones están implementando un control para asegurarse de que la víctima vote. Piden dirección, teléfonos de contactos, redes sociales, etc.

“Nos piden la dirección exacta de donde estaremos ese día, nos solicitan que enviemos fotos cuando estemos votando”, testimonia un trabajador de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora; asimismo, un trabajador del Ministerio de Banca y Finanzas declara: “…recogerán todos los datos concernientes a familiares y amigos que puedan contactar para ubicarnos. Es tal el acoso que hoy se nos dio un ultimátum o votamos o nos botan, de forma obligatoria debemos aportar datos tales como redes sociales”.

Según la documentación que tenemos, para el 30 de julio habrá control de voto en tanto que: se llevaran personas a votar, si no se llevan, se monitoreará el voto: deben enviar fotos o pruebas del sufragio, o avisar a su supervisor inmediato. Habrá un chequeo mediante nómina.

Retaliaciones por participar en Consulta Popular del 16 de julio

Tenemos información de amenazas de despido contra funcionarios que no participaron en el simulacro de la ANC, así como retaliaciones con despidos o suspensión de beneficios hacia quienes participaron en la Consulta Popular. “El día de hoy se realizo la jornada de venta de productos de la cesta básica conocida como mercado obrero de la que hoy, al llegar a la tienda para realizar la compra, fui notificado que por ordenes de vicepresidencia fui excluido de dicho beneficio por el hecho de participar en el plebiscito y subir una foto a las redes sociales, con mi carnet y el comprobante de participación a dicho proceso”, explicó un trabajador cuyo lugar de trabajo no haremos público por resguardo.

Enfrentando el Acoso Laboral

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Acoso Laboral o “Síndrome de Mobbing”, es una forma de acoso psicológico que consiste en el hostigamiento a través de acciones crueles, vengativas o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de trabajadores.

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones, y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), establece en su artículo 56 que los empleadores deberán “abstenerse de realizar toda conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores, prevenir toda situación de acoso por medio de la degradación de las condiciones y ambiente de trabajo, violencia física o psicológica, aislamiento, o por no proveer una ocupación razonable al trabajador de acuerdo a sus capacidades y antecedentes, y evitar la aplicación de sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas y una sistemática e injustificada crítica contra el trabajador o su labor”.

Asimismo, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), en sus artículos 164 y 166 definen, prohíben y sancionan el Acoso Laboral en los siguientes términos:

Artículo 164. Se prohíbe el acoso laboral en los centros de trabajo públicos o privados, entendiéndose como tal el hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma recurrente o continuada por el patrono o la patrona o sus representantes; o un trabajador o una trabajadora; o un grupo de trabajadores o trabajadoras, que atente contra la dignidad o la integridad biopsicosocial de un trabajador, una trabajadora o un grupo de trabajadores y trabajadoras, perturbando el ejercicio de sus labores y poniendo en peligro su trabajo o degradando las condiciones de ambiente laboral.

Esta conducta será sancionada conforme las previsiones establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás que rigen la materia.

Artículo 166. Acciones contra el acoso laboral o sexual. El Estado, los trabajadores y trabajadoras, sus organizaciones sociales, los patronos y patronas, quedan obligados a promover acciones que garanticen la prevención, la investigación, la sanción, así como la difusión, el tratamiento, el seguimiento y el apoyo a las denuncias o reclamos que formule el trabajador o la trabajadora que haya sido objeto de acoso laboral o sexual.

El Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), ha catalogado el Acoso Laboral dentro de la lista de enfermedades ocupacionales bajo el código 070-04. Es por ello que en presencia de esta situación, el trabajador debe dirigirse al referido ente a fin de que el mismo evalúe y certifique que fue víctima de Acoso Laboral.

El artículo 76 de la LOPCYMAT confiere al INPSASEL la competencia exclusiva para realizar la evaluación correspondiente, así como la comprobación, calificación y certificación del origen de las enfermedades ocupacionales emitiendo un informe que posee el carácter de documento público. La certificación sólo se emite cuando el acoso genera discapacidades temporales. Lo óptimo es que las empresas o instituciones eviten ambientes de trabajo desfavorables y que, en caso de que se produzcan, tomen los correctivos pertinentes antes de que se genere la enfermedad ocupacional.

Una vez emitido el certificado, el trabajador debe acudir al Ministerio del Trabajo a fin de que un Procurador del Trabajo lo asista al momento de reincorporarse a su puesto laboral. En este caso, la empresa está obligada, no sólo a corregir, sino a impedir que el acoso ocurra de nuevo.

Asimismo, la LOPCYMAT establece que el trabajador tendrá derecho a la prestación dineraria correspondiente al número de días que dure la discapacidad temporal por causa del acoso que imposibilite al trabajador laborar por un tiempo determinado (artículo 79).

Pero además, si el empleador no toma medidas para frenar una situación sistemática de acoso laboral, el trabajador tendrá derecho a demandar al empleador por vía judicial, exigiendo el pago de una indemnización por daño moral (artículo  129).

Esto sin menoscabo de la multa que recibiría el patrono, sin perjuicio de otras acciones civiles y penales, según lo previsto en el artículo 528 de la LOTTT: Infracción por acoso laboral o acoso sexual. El patrono o patrona que incurra en acoso laboral o acoso sexual se le impondrá una multa no menor del equivalente de treinta unidades tributarias, ni mayor del equivalente a sesenta unidades tributarias, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que tenga derecho el trabajador o trabajadora.


Prensa Provea

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TSJ defiende a fuerzas de seguridad y omite violación de DD. HH.

En lugar de velar por los Derechos Humanos de los venezolanos la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continúa operando de espaldas al pueblo, esta vez en defensa de las fuerzas de seguridad del Estado, convertidas en fuertes represoras de la protesta ciudadana en contra del Ejecutivo nacional.

El 28 de junio el Ministerio Público (MP) citó en calidad de imputado al excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y actual jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio José Benavides Torres, por la presunta comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones de calle en nuestro país. Sin embargo, la SC mediante  sentencia n.° 528 del 3 de julio de 2017  anuló tal citación  mediante una acción de amparo constitucional que presentó el mencionado funcionario, por el hecho de que el MP supuestamente ignoró la prerrogativa del antejuicio de mérito que ostenta el mencionado funcionario por el cargo que ejerce, a los efectos de su eventual enjuiciamiento.

El 20 de junio, la fiscal general, Luisa Ortega informó que el MP ha emitido órdenes de captura contra 23 efectivos de la GNB por el asesinato de ciudadanos durante las acciones de calle. Hasta esa fecha, también contabilizó 1.413 lesionados en manifestaciones, de los cuales 1.138 son civiles y 275 funcionarios policiales y militares.

Acceso a la justicia advierte, en primer lugar que un amparo no es la vía jurídica idónea para declarar la nulidad de un acto. Pero aún más importante es explicar que el antejuicio de mérito es un privilegio que la Constitución otorga a un grupo de funcionarios para evitar que sean objeto de demandas maliciosas o infundadas.

Este privilegio es común en otros ordenamientos, pero precisamente por ser un privilegio debe ser interpretado de manera restrictiva; no es algo para estar dándoselo a cualquiera. Y así, el numeral tercero del artículo 266 de la Constitución indica cuáles funcionarios, además del presidente, deben ser procesados por la vía del antejuicio de mérito antes de ser llevados a la jurisdicción penal. En esa norma no aparece el llamado “Jefe de Gobierno del Distrito Capital” y por lo tanto no está sujeto a este privilegio.

Pese a ello, la Sala utiliza este pretexto de carácter “procesal” para salvar al excomandante Benavides de la posible responsabilidad penal al sostener que por tratarse del Jefe de Gobierno del Distrito Capital, la Fiscal incumplió “las formas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano, contrariando los principios de legalidad e imparcialidad, generando una lesión de orden público constitucional, al no sólo transgredir los derechos denunciados sino una prerrogativa procesal que ostenta el accionante y que es inexcusable su desconocimiento… el cual supone la solicitud de antejuicio de mérito si se pretende la instauración de un proceso penal en su contra (artículos 266.3 de la Constitución y 24.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia)”.

De acuerdo con la sentencia el excomandante Benavides goza de la prerrogativa del antejuicio de mérito y por tal razón no puede ser imputado por el MP sin la autorización del pleno del TSJ, porque se trata de una alta autoridad, aunque este cargo no está en la Constitución. Sin embargo, lo más grave es que la SC en la búsqueda de impedir la labor de la Fiscal extendió  los efectos de la sentencia n.° 528 a cualquier funcionario que se encuentre en situación similar a la del excomandante Benavides.

Además debemos recordar que este cargo de “Jefe de Gobierno del Distrito Capital”, nombrado a dedo, es una aberración jurídica que se creó para usurpar el cargo de Alcalde Mayor de Caracas, electo por los ciudadanos. Es decir, se trata de un puesto paralelo a este último, y en tal sentido debemos indicar que, como es de público conocimiento, el alcalde mayor actual, Antonio Ledezma fue privado de su libertad sin que al mismo le fuera reconocido el privilegio del antejuicio de mérito. Otra demostración de la justicia parcializada que tenemos, de la aplicación del derecho del enemigo a todos los que adversan y de la creación de normas para beneficiar a los amigos.

Y a ti venezolano ¿cómo te afecta?

Es evidente que la presión y el papel decisivo que está jugando el MP  en defensa de  los derechos fundamentales de los venezolanos es una molestia para los intereses del gobierno, sobre todo a la hora de establecer responsabilidades de sus funcionarios por las arbitrariedades y abuso de poder ejercidos en contra de quienes piensan diferente y manifiesten su descontento por la grave crisis que se vive en el país.

Parece claro en todo caso que la SC no escatimará esfuerzos por la defensa del poder en manos del gobierno incluso a espaldas del respeto que merecen los Derechos Humanos de las personas en un Estado de Derecho.  Desafortunadamente los venezolanos nos encontramos amenazados constantemente por una Sala que no acepta controlar los excesos del Poder Ejecutivo y que más bien los potencia.

Publicado por Acceso a la Justicia 

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