Comunidad de la Ciencia Ficción Venezuela | Las Utopías no Existen

En 1516 Tomás Moro escribió uno de los antecedentes más importantes de lo que hoy llamamos ciencia ficción: Utopía. Una visión de la sociedad perfecta donde todos vivían en armonía trabajando para el bien común, adoraban a Dios sin complicaciones, y no conocían el odio, la envidia, o el pecado. Algo similar a lo que, siglos después, retratarían las hermanas Wachowski en The Matrix: un prototipo de matriz que proveía de eterna satisfacción a los humanos conectados a ella.

El siglo XX, que fue testigo del ascenso y popularidad de la ciencia ficción, también vio el auge de regímenes como la Unión Soviética y la Alemania Nazi, promesas concretas de sociedades perfectas llevadas a la práctica, degeneradas en algunos de los actos criminales más cruentos vistos en la historia. No la utopía, sino la distopía, el mal lugar, el que por más que parezca pesadilla, es muy real para quien la padece. Un término devenido de los griegos “no” y “lugar”, las utopías, por definición, no existen. Infinidad de autores de ciencia ficción lo demostraron y aún insisten, porque hace falta, porque las distopías sí existen.

El día de hoy, Venezuela se sumerge en la anomia tras la promesa del futuro perfecto. La comunidad nacional dedicada a la literatura de género, que como todo el sector literario ha sido testigo y víctima de la evaporación de espacios culturales libres, ve comprobadas las peores desazones de la ciencia ficción: un gobierno que conquista lentamente espacios con una neolengua, demanda la total devoción de una ciudadanía sumisa, justificando la traición entre familiares, enunciando que la matriz es perfecta, así estés conectado a un sistema que realmente te mata.

Decía Ursula K. Le Guin en Los desposeídos: “El individuo no puede negociar con el Estado. El Estado no reconoce otro sistema monetario que el del poder, y él mismo acuña las monedas”; George Orwell añade en 1984: “La Humanidad es el Partido. Los otros están fuera, son insignificantes”.

Dice el lugar común que 1984 es una advertencia y no un manual de instrucciones, pero la frase es pertinente. Los aquí firmantes, asociados a la ciencia ficción y literatura fantástica venezolana, alzamos nuestra voz promoviendo el arte como resistencia. En poco más de un mes de lucha, tenemos treinta y ocho muertos confirmados , así como centenares de heridos y detenidos de forma 1 violenta e irregular, jóvenes en su mayoría: la promesa de un futuro que ya nunca será. Exhortamos a todos los artistas de las diversas disciplinas a que nos tomemos de las manos y recordemos aquella frase de V de Venganza: “Los ciudadanos no deben temer al gobierno, el gobierno debe temer a los ciudadanos”.

Porque ante la distopía, uno no puede darse el lujo de la indiferencia.

Comunidad de la Ciencia Ficción en Venezuela

Publicado por PROVEA:

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TSJ sigue violando el ordenamiento jurídico con nuevas reglas para la renovación de los partidos

La Sala Constitucional después de 21 días sin publicar sentencias -durante los cuales teníamos la esperanza que al haber ya causado un escándalo a nivel nacional e internacional con sus decisiones– hubiera reflexionado sobre su actuación alejada de la Constitución, publica otra sentencia, la N° 223 del 28 de abril de 2017, que también viola el ordenamiento jurídico.

La decisión mencionada reformula el criterio expresado hace año y medio (sentencia Nº 1/2016) referente al proceso de renovación de los partidos políticos y viola no solo el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que prohíbe cambiar los contenidos de las sentencias mediante aclaratorias, como en cambio se hace en esta, sino que además el artículo 21 de la Constitución al ser discriminatoria.

Mediante esta nueva sentencia, la Sala reduce a la mitad el porcentaje que había establecido para la recolección de las manifestaciones de voluntad, de manera que ahora considera suficiente el 0,5% en por lo menos 12 estados del país, en vez del 1% como había establecido anteriormente. Aunque esto lo aplica solo a los partidos que fueron a la última elección nacional con su propia tarjeta, por lo que no se aplica a los de la MUD.

Además, establece que si esas organizaciones obtuvieron el porcentaje mínimo requerido del 0,5 % en 12 entidades, se considerarán validadas sin necesidad de someterse al proceso de renovación, organizado por su petición por el CNE. En sentencias anteriores, la Sala había determinado que era necesario el 1% en 12 entidades.

Adicionalmente, la Sala dictamina que los partidos políticos que hayan alcanzado el porcentaje del 0,5% requerido en algunas entidades sin lograr las 12 en los últimos comicios, deberán validarse solo en el resto de las entidades federales donde no hayan conseguido ese porcentaje hasta completar las 12 entidades establecidas legalmente. Antes establecía que en las 12.

La Sala, también, otorga a su nueva sentencia efectos hacia el pasado y no explica la razón por la cual hace estos cambios, salvo que responde a una solicitud del partido político Bandera Roja.

Acceso a la Justicia debe destacar que estas nuevas modificaciones de la Sala implicarán a su vez que el CNE revise los procesos de renovación realizados desde el 4 de marzo de 2017 para adaptarlos a los nuevos criterios.

En este sentido, el órgano electoral estará obligado a replantearse algunas disposiciones contenidas en las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales, que fueron dictadas para acatar la orden de la SC contenida en la sentencia N° 1 de la Sala Constitucional.

En suma, esta sentencia no solo significa otra violación del orden jurídico venezolano por la SC, al infringir la Constitución y una norma del Código de Procedimiento Civil, sino que además esta novedad va a retrasar aún más la renovación y como consecuencia de ello, también la convocatoria a elecciones regionales o municipales, por haber sido ésta condicionada de forma antidemocrática y arbitraria por el CNE, a que concluya el proceso de renovación.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

 Ningún órgano del Poder Público, ni la Sala Constitucional del TSJ, puede actuar si la norma no se lo permite. En este caso, la Sala dictó una sentencia que le está prohibida dictar. Tampoco la Sala Constitucional puede establecer requisitos que la ley no exige, como son los que ha impuesto para la renovación de los partidos.

Estos requerimientos, además, afectan tu derecho como venezolano a elegir por estar dirigidos a disminuir el número de partidos políticos existentes y legítimos, así como afectan el derecho de asociación de los partidos políticos, el cual está muy claramente previsto en la Constitución y es una de las bases esenciales de toda democracia.

 

Publicado por Acceso a la Justicia

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El Silencio a la fuerza

Marino Alvarado | Con un título que resume muy bien lo que viene ocurriendo en Venezuela en los últimos meses, la organización Amnistía Internacional publicó el 26 de abril un informe que recoge un conjunto de arbitrariedades perpetradas por cuerpos armados del Estado y por el Sistema de Justicia contra las personas que disienten del gobierno.

Una recopilación muy bien fundamentada que demuestra diversas maneras de violación a los derechos humanos en el país contra aquellos que mantienen una posición crítica a la gestión de gobierno. Las acciones que se realizan contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y el derecho a la manifestación. Los obstáculos que se imponen de manera arbitraria contra los abogados para ejercer su labor de defensa de los detenidos. Los abusos contra los familiares de las personas detenidas. Las violaciones contra los detenidos por razones políticas incluyendo tortura y malos tratos

Resalta en el informe las actuaciones reiteradas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) quien realiza detenciones arbitrarias, siembra armas o explosivos a los detenidos para justificar la detención, expone al público a la persona con calificativos de terrorista u otra denominación que atenta contra la dignidad del detenido. Este organismo policial se niega a cumplir órdenes de libertad emanadas  de tribunales penales. Abusa contra la integridad física y moral de los detenidos. Limita las visitas de los familiares y obstaculiza la labor de los abogados.

El trabajo de investigación y análisis de Amnistía le permitió detectar una serie de patrones en la actuación del Estado para pretender acallar las voces de la disidencia en el país. A continuación algunos de esos patrones.

Se detiene sin orden judicial o sin que la persona esté cometiendo un delito infraganti. Tales detenciones se realizan incluso contra funcionarios públicos que han sido elegidos por expresión de la voluntad popular

1.- Detenciones sin base legal que las justifiquen; o que se practican como resultado del ejercicio de derechos como la libertad de expresión o la participación política. Se detiene sin orden judicial o sin que la persona esté cometiendo un delito infraganti. Tales detenciones se realizan incluso contra funcionarios públicos que han sido elegidos por expresión de la voluntad popular. El Alcalde Antonio Ledezma es un ejemplo de ese tipo de detención.

2.-Violaciones a las garantías mínimas del debido proceso. Se viola el derecho a la defensa de los detenidos entre otros aspectos impidiendo que los abogados se comuniquen con la persona privada de libertad

3.-Desconocimiento de la inmunidad parlamentaria que protege a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Es el caso del Diputado Gilber Caro a quien además de ser privado de libertad se le somete a la jurisdicción militar ampliando el cúmulo de violaciones en su contra.

4.- Desconocimiento del principio de presunción de inocencia que debe regir en cualquier proceso penal y en la ausencia de imparcialidad de jueces y fiscales, lo que conlleva un juicio injusto para la persona que ha sido detenida. Con frecuencia algún vocero del Ejecutivo Nacional por un medio público ordena su encarcelamiento y obedientemente se cumple tal mandato.

5.- Se excluyen en los procesos judiciales de manera injustificada pruebas que favorecen a los detenidos y no se permite en ocasiones  a los abogados revisar bien los expedientes que les permitan preparar una adecuada defensa.

6.- El uso de tipos penales como “traición a la patria”, “terrorismo o sustracción de efectos militares” o “rebelión,” son parte de las imputaciones que se realizan a las personas detenidas sin orden judicial y por motivaciones políticas, es decir que se alega la situación de flagrancia para iniciar procesos.  Cuando se imputan este tipo de delitos que tienen penas muy severas el propósito es que los fiscales soliciten medidas privativas de libertad. Además existe un abuso de la privación de libertad violando lo establecido en la Constitución que debe prevalecer el proceso judicial en libertad y excepcionalmente recurrir a la privación de libertad.

7.-El uso de la justicia militar contra civiles. Afirma Amnistía que considera imprescindible que todos los civiles sean juzgados ante tribunales ordinarios y que no se utilice la jerarquía militar para intimidar las expresiones políticas. En menos de una semana hemos visto como cerca de 250 personas han sido presentadas en tribunales militares en distintos estados del país, principalmente en el estado Carabobo. Tal como ya lo habían advertido algunas organizaciones de derechos humanos pareciera que en ese esfuerzo de pretender el silencio a la fuerza de quienes se oponen al gobierno se hará un uso más frecuente de la justicia militar. De esta manera se viola el derecho al juez natural y el Ejecutivo Nacional tiene incidencia directa en los procesos judiciales.

Invito a todos y todas a consultar este importante Informe de Amnistía aquí.

Marino Alvarado

Abogado y activista de Derechos Humanos
@marinoalvarado

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Ambientalismo de emergencia (2): La democracia como condición para el ambientalismo

En la primera parte de este artículo, concluimos que en la actual crisis venezolana la acción principal de las organizaciones ambientalistas debería centrarse en la defensa de los derechos ambientales de todos los ciudadanos. Asimismo que esta acción tiene una enorme importancia como parte de la construcción de un país democrático, pacífico, libre y sostenible, a la vez que es la única garantía de la protección y conservación del ambiente a largo plazo.

Estas consideraciones son de enorme importancia en el contexto de la crisis actual de Venezuela que está llevando a la población hacia una crisis humanitaria compleja sobre la cual están incidiendo factores ambientales que agravan los problemas de salud, alimentación y seguridad existentes (1) En tal sentido, las organizaciones ambientales deben asumir un fuerte compromiso con la población venezolana y con el rescate de la democracia como único camino a la construcción de una sociedad sustentable.

Pero para muchos, este trabajo de defensa de la democracia es exclusiva responsabilidad de los políticos y los defensores de los derechos humanos, pero nunca de los ambientalistas. Esta idea está fuertemente arraigada en muchas organizaciones venezolanas de las que podemos llamar “técnicas” (2) en contraposición con los movimientos ambientales de base que frecuentemente han tenido un enfoque político más definido y militante.

Esta perspectiva está relacionada con la historia de estas organizaciones en el país, principalmente las que se crearon a partir del modelo de las grandes ONG de conservación ambiental de alcance global (3). En función de ello, una parte importante de las mismas trabajaron apartadas de todo activismo o conexión con los temas políticos y de las situaciones de conflicto socio-ambiental que se han venido produciendo en el país.

En contraste con estas circunstancias, la historia y propósitos de las organizaciones y del movimiento ambiental en gran parte del mundo han estado – y están – directamente ligadas al crecimiento y fortalecimiento de los espacios de democracia y de ampliación  de la vigencia de los derechos humanos.

En el presente artículo vamos a revisar la relación entre la democracia y el origen del movimiento global ambiental y las organizaciones que lo conforman. Así como el por qué éstas tienen – y deben tener – un papel importante en la defensa de las libertades, garantías y procesos que definen esta forma de gobierno.

De la democracia al ambientalismo

Al describir la historia del ambientalismo algunos autores citan hechos y personajes que a lo largo de la historia humana realizaron acciones o propuestas en pro de la conservación ambiental o señalan a distintos personajes tales como investigadores y divulgadores en temas ambientales (4).

Estos autores confunden la historia de las ideas, preocupaciones y el conocimiento ambiental con la historia del ambientalismo como movimiento social. Por supuesto que hay conexiones entre ambos procesos, pero el ambientalismo es un fenómeno social  y por lo tanto no surge hasta tanto la sociedad civil se organiza para actuar en los temas ambientales que le afectan (5). En ese sentido, ese movimiento se inicia en algunos países del mundo a mediados del siglo XX.

El origen de este movimiento puede trazarse a partir de los años 1960 y comienzos de los años 1970 del siglo pasado. Época en la cual se generó una profunda reacción en grandes sectores de la sociedad como producto de una serie de denuncias y alertas sobre los efectos de la degradación ambiental.

Algunos de los hitos importantes de ese momento fueron: Libros como la “Primavera Silenciosa” de Rachel Carlson en 1962, “The population bomb” de Paul Ehrlich de 1971 y la publicación del Informe del Club de Roma “Los Límites del Crecimiento” en 1972. Igualmente, eventos como la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en 1972, así como el extenso trabajo divulgativo y político de científicos como Barry Commoner y Murray Bookchin (6) entre muchos otros.

Como consecuencia de esta toma de conciencia social, se formaron una importante cantidad de organizaciones ambientalistas (7) principalmente en Norteamérica y Europa, las cuales posteriormente lograron incidir en el desarrollo de las primeras leyes dirigidas al control de la contaminación y la preservación de ecosistemas. A partir de este origen, los movimientos ambientalistas del mundo crecieron y se diversificaron de acuerdo con las características sociales y culturales particulares de cada país y región (8).

Ahora bien, la pregunta que resulta importante en este caso es ¿cuáles fueron las condiciones que permitieron el surgimiento del ambientalismo en esa época y en esos países? Del análisis de ese momento y sus circunstancias es posible extraer al menos cuatro factores:

  • La existencia de una ciencia fuerte y comprometida. El ambientalismo tiene una importante deuda con científicos profesionales bien formados, que a partir de sus logros académicos tuvieron la conciencia y las posibilidades de dar a conocer al público los efectos destructivos del crecimiento económico y la responsabilidad de empresas y gobiernos sobre estas situaciones. Es importante enfatizar que estos científicos actuaban en países con un desarrollo científico sólido y que tuvieron los medios para divulgar información de interés pública hacia audiencias cada vez más grandes fuera de los círculos académicos.
  • La existencia de sociedades con medios de comunicación autónomos basados en el derecho a la libre expresión de las ideas. La información proveniente de los científicos y  organismos internacionales fueron discutidos y divulgados por muchos medios de comunicación. Esto ocurrió en muchos casos, aun cuando las noticias difundidas no fueran favorables a los grandes intereses económicos y políticos.
  •  La existencia de sociedades con un nivel educativo avanzado. La expansión de la instrucción, particularmente la científica, en cada vez mayores sectores de la sociedad, tuvo como consecuencia que la sociedad tuviera una alta valoración de la ciencia y sus productos. Debido a ello, los aportes de los científicos que alertaron sobre el deterioro ambiental fue aceptado y valorado por sectores importantes de la población.
  • El reconocimiento de los derechos ciudadanos a la participación y la libre asociación. Todas las condiciones anteriores facilitaron el desarrollo de organizaciones sociales ambientales únicamente en países que reconocían, tanto el derecho ciudadano a participar en la toma de decisiones en los temas que afectan a la ciudadanía, como a su vez el de hacerlo a través de organizaciones autónomas creadas con ese fin.

Tales circunstancias se dieron en países con un nivel económico alto (9) pero particularmente en aquellos donde los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas estuvieran protegidos por leyes e instituciones.

Podemos corroborar esta afirmación cuando observamos que, por el contrario, no se produjeron movimientos ambientales relevantes en países con regímenes autoritarios, sin importar su enfoque ideológico.

Posteriormente, estos vínculos fueron reconocidos por distintos gobiernos con propósitos diferentes: desde aquellos que han procurado promover una mayor conciencia ambiental en la población, hasta aquellos que buscan restringir la capacidad de los ciudadanos para incidir en temas ambientales que afecten intereses económicos o geoestratégicos.

Infortunadamente estos últimos han sido mayoría y los ejemplos abundan, desde el proceso de desinstitucionalización y de retroceso en materia de gestión ambiental sufrido por nuestro país en los últimos años (10) hasta el avance del anti-ambientalismo en los EEUU (11).

En resumen: el origen y crecimiento de los movimientos ambientalistas nacionales parece relacionarse de manera importante con la consolidación de espacios de democracia.

Asimismo, queda claro que para que estos movimientos puedan alcanzar y mantener una masa crítica social suficiente para incidir en las políticas públicas de los países, será ineludible defender y promover la existencia y desarrollo de los factores antes mencionados en cada uno de los países (11)

Del ambientalismo a la democracia

Esta historia parece tener moralejas: Los ambientalistas venezolanos, en primer lugar debemos promover el desarrollo de vínculos fuertes con los hacedores de ciencia, comunicadores, educadores y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Para generar estos vínculos se deben superar las tradicionales relaciones funcionales (intercambio de información, asesoría profesional, etc.) y convertirse en un movimiento interdisciplinario de rescate de los derechos ambientales venezolanos.

Pero a la vez esta acción deberá articularse con:

  1. La lucha por una ciencia de calidad en el marco del derecho humano al desarrollo. Sin una ciencia nacional fuerte el ambientalismo se hará inefectivo y banal
  2. La lucha por la defensa de la libre expresión y la libertad de pensamiento. Sí la información ambiental no llega a todas las personas sin trabas, ni condicionamientos ideológicos sectarios o de otro tipo; no habrá comunicación ambiental posible.;
  3. La lucha por una educación de calidad para todos. Sin educación no habrá más que miseria y destrucción ambiental, y
  4. La lucha por el derecho a la participación y asociación. Sin participación ciudadana la gestión ambiental es una herramienta de dominación y sin libertad de asociación simplemente no existirá ningún movimiento ambiental.

Vincularse de esta manera tendrá como consecuencia que el ambientalismo nacional se convierta en un factor democrático y democratizador en un marco de defensa de los derechos humanos. A la vez, que nos permita participar activamente en la tarea de construir el país que necesitamos.

Y esta es una tarea urgente.

NOTAS

(1) Sobre la crisis ambiental actual es posible mencionar: El grave desabastecimiento de agua que es el peor sufrido por el país al menos en los últimos cincuenta años y que está afectando principalmente a los sectores más pobres de la sociedad. Asimismo, son importantes los efectos sobre la población de situaciones como la existencia de importantes focos de contaminación, degradación de ecosistemas que son la base de servicios ambientales y la destrucción de la biodiversidad.

(2) Organizaciones dirigidas al desarrollo de proyectos implementados bajo criterios técnicos en temas de interés para la conservación ambiental principalmente desde un enfoque global.

(3) Al respecto de las ONG internacionales. En el artículo en Mongabay: “Organizaciones Internacionales para la Conservación” describe a las organizaciones internacionales como: “…como consultores ambientales para los gobiernos y las grandes corporaciones interesadas en disminuir la contaminación, establecer áreas protegidas y conservar la biodiversidad”.

(4) Algunos autores citan a diversos personajes incluyendo santos (San Francisco de Asís), gobernantes, científicos e intelectuales como iniciadores de la ideas ambientales. En el caso de Venezuela este es el enfoque utilizado en la popularización de Simón Bolívar como pionero del conservacionismo venezolano a partir del Decreto de Chuquisaca de 1825 (ver: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/27598/1/capitulo2.pdf)

(5) En estos artículos hemos definido al ambientalismo o ecologismo como un movimiento sociopolítico que propugna la defensa de la naturaleza y la preservación del medio ambiente.

(6) En el caso de estos dos autores y precursores del ambientalismo, su contribución literaria es extensa y ocupa un período que abarca desde los años sesenta, hasta prácticamente sus muertes, a principios de la segunda década del siglo XXI.

(7) Uso el término actual de ambientalista. Pero para esa época era más común el de ecologista.

(8) El ambientalismo en algunos países de Latinoamérica se desarrolla a partir del tronco común pero posteriormente sigue una ruta propia en gran parte ligada a las luchas de sectores populares, tanto indígenas, campesinos y sectores urbanos, como producto de los conflictos sociales generados por situaciones de injusticia ambiental.

(10) En Venezuela en los últimos años se ha incrementado un proceso de destrucción intencional de las instituciones ambientales; un estrangulamiento económico de las instituciones académicas y científicos que generaban la mayor parte de la información ambiental;  la marginación de toda organización y experto que sea disidente frente a las políticas gubernamentales, así como la desacreditación y desprecio de la ciencia como factor importante en el desarrollo de políticas y programas de gestión ambiental. El último de estos fenómenos puede observarse en el enfoque dado a la Estrategia Nacional de la Conservación de la Biodiversidad 2010-2020

(11) En el caso de los EEUU, desde científicos hasta activistas han denunciado como intereses corporativos han intervenido de manera fraudulenta y antidemocrática en las decisiones gubernamentales para evitar los controles ambientales que limitarían sus beneficios y poder. En tal sentido estas prácticas han sido denunciadas en libros tal como “Merchants of Doubt” de Naomi Oreskes y Erik Conway, o el documental “Before the flood” producido por Leonardo Di Caprio y Martin Scorseze. Este proceso destructivo  logró recientemente un avance importante debido al ascenso al poder de Donald Trump como representante de las corporaciones que han promovido el ataque contra la credibilidad social de la ciencia y las organizaciones ambientales.

(11) Más adelante necesitaremos preguntarnos cuáles fueron las condiciones para el origen de movimientos de base que incluyeron elementos ambientales, tal como ocurrió en diversos países de América Latina a partir de la reivindicación de territorios, acceso a recursos o la defensa de los derechos de las comunidades frente a la acción de degradación ambiental y expoliación de recursos por parte de empresas y gobiernos.

Publicado por Alejandro Álvarez Iragorry

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Sin pueblo no hay constituyente

La desesperación es mala consejera dice el dicho popular, y más cuando escuchar al pueblo no es una posibilidad sino una obligación. Tal es el caso del poder constituyente, esto es, el poder originario que da forma al Estado y al Derecho. En nuestro caso, mediante el Decreto 2.830, el Presidente de la República convocó a una Asamblea Nacional Constituyente pero sin pensar en su obligación de convocar al pueblo para saber si quiere o no una nueva constitución.

Queremos empezar el análisis destacando que para hacerlo no hace falta ser abogado sino utilizar simplemente la lógica. Así, el artículo 347 dice expresamente lo siguiente: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Es decir, la propia Constitución reconoce, sin duda alguna, que la convocatoria la hace el pueblo, y no menciona a nadie más. A nadie.

Del mismo modo, el texto citado dice claramente que la Constituyente es para hacer “una nueva Constitución”, no para reformarla o enmendarla.

Luego, el artículo 348, hace una distinción respecto al anterior, pues si ya el citado dice quién convoca, este artículo indica quién tiene la iniciativa para convocar a ese “depositario del poder constituyente” y así señala literalmente lo siguiente:

“La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el registro electoral”.

Entonces, resulta de la propia letra de la Constitución que una cosa es la iniciativa para convocar y otra es la convocatoria en sí misma, que sólo la hace el pueblo.

Lo anterior no es un leguleyismo, es la base misma de una democracia, que para serlo debe descansar en la voluntad del pueblo y sólo del pueblo. Una Constitución es la ley fundamental de un país, con rango superior al resto de las leyes, que define cómo va a ser gobernado y el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos. ¿A quién se le ocurre que a este pacto social fundamental una de las partes de él no sean invitados a opinar?

Lo dicho obliga a concluir entonces que el Decreto 2.830 es un fraude por cuanto usurpa la voluntad del pueblo que es el único que puede convocar una Constituyente. Ante esto, se nos ha dicho que la Constituyente es “ una generosidad del Presidente”, o peor aún que “es un derecho del presidente” y que “el que toma la iniciativa dice cuáles son las condiciones”.

El simple hecho de ver el poder como un derecho lo dice todo de quien hace tan grave afirmación, pues el ejercicio del poder es una potestad para servir a los ciudadanos, es un mandato de estos, y por lo mismo temporal y revocable.

En consecuencia, no es cierto que el Presidente pueda convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, ya que no se trata de un acto producto de su gracia y mucho menos es un derecho de ese funcionario.

¿Y a ti venezolano como te afecta?

Cuando se usurpa el poder constituyente al pueblo, todos los ciudadanos somos afectados en nuestro ejercicio legítimo del poder originario, que sólo descansa en nosotros, por lo que al usurparse el mismo, se destruyen las bases mismas de la democracia, y recordemos que donde no hay democracia, los derechos son una dádiva del poder.

 Enlace a la Nota: https://goo.gl/R41vJm
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