Acceso a la Justicia: Sentencias del TSJ impulsan políticas de impunidad

El 12 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia publicó en su página web la Sentencia Nº 537 de la Sala Constitucional, mediante la cual se suspenden los efectos del primer aparte del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y se modifica el contenido del artículo 132 del mismo instrumento jurídico.

Ello se traduce en que sólo será imputada aquella persona acusada de un delito delante de un juez, no antes; es decir, en las averiguaciones previas y que no será el Ministerio Público (MP) el que tenga la última palabra para sobreseer o terminar un juicio. Es decir, da luz verde a los jueces para que pasen por encima del MP y además para liberarse de sus solicitudes.

Esta decisión, de acuerdo con la ONG, Acceso a la Justicia, promueve la impunidad, especialmente entre altos funcionarios que pudieran ser investigados por supuesta corrupción.  El dictamen forma parte además, de la telaraña jurídica que ha venido tejiendo la cabeza del Poder Judicial en contra de la Fiscal General de la República (FGR) Luisa Ortega Díaz, desde que ésta denunciara el pasado mes de marzo “ruptura del orden constitucional” por parte del Alto tribunal al  pretender despojar de sus competencias a la Asamblea Nacional (AN). Poco después Ortega también expresó su desacuerdo con el proceso constituyente convocado por el Jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Citamos a personas por el tema Odebrecht y el TSJ dictó una sentencia para impedir que el MP ejerza la persecución penal contra involucrados en el caso”, expresó Ortega Díaz como justificación de la medida.

Vale recordar que el MP citó en “calidad de imputadas” a Elita Del Valle Zacarías Díaz y María Eugenia Baptista Zacarías, suegra y esposa del ex ministro de Transporte y actual diputado de la AN, Haiman El Troudi (Psuv), por estar presuntamente relacionadas con el caso de la empresa constructora Odebrecht, responsable de obras de envergadura en el país, entre ellas la extensión de las líneas del Metro de Caracas.

La Fiscal también ha dicho que posee una lista de funcionarios involucrados en pagos de sobornos a cambio de contratos desde la gestión del ex presidente Hugo Chávez hasta el actual gobierno de Maduro. Cabe destacar que el ex presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, afirmó que Venezuela es el segundo país de Latinoamérica en el que la empresa pagó más sobornos (98 millones de dólares), luego de Brasil.

Efecto mediático

Se debe recordar también que el ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, también fueron citados por la Fiscalía en calidad de imputados por violación de Derechos Humanos, al igual que el coronel de la GNB, Bladimir Lugo (por agresiones de grupos pro gobierno contra diputados).

De manera que con el reciente dictamen del TSJ, que según este asegura, busca garantizar el derecho a la defensa de los ciudadanos, el MP no puede catalogar a nadie como “imputado” (en alusión a que son investigados por la supuesta comisión de un delito, no porque de hecho lo esté imputando en el acto) si no es delante de un juez de Control y en compañía de un abogado defensor. Vale acotar que el efecto de la medida sería básicamente “mediático” por el efecto que produce en la opinión pública la palabra “imputado” (señal de culpabilidad) reseñada en un medio de comunicación social, más aun si se trata de un funcionario.

No es la primera vez que el TSJ obstaculiza las investigaciones contra altos funcionarios. Recordemos que en sentencia número 893 del 25 de octubre de 2016, el Alto tribunal impidió que el parlamento indagara acerca de supuestas irregularidades en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), a solicitud del para entonces titular de la estatal, Rafael Ramírez. El argumento fue que la empresa ya estaba bajo el monitoreo permanente de otros entes gubernamentales como el Seniat y la Contraloría.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando el máximo tribunal de un país dicta sentencias que sólo benefician a los investigados por corrupción y por graves violaciones de los derechos humanos se alienta la impunidad, es como si se agrediera de nuevo a las víctimas y se pone aún más en evidencia la inexistencia de un Estado de derecho que vele por la paz y el respeto de los derechos todos.


Acceso a la Justicia

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Editorial SIC 796: La fiscal general y la transición democrática

Julio 2017

La constitución de 1999 retrata un Estado que busca salvaguardar los derechos humanos, las libertades y democracia incorporando un énfasis especial en lo que se refiere a la justicia social. Estos serían los valores fundamentales que configuran el pacto político social que nos dimos los venezolanos. Un elemento vital del mismo ha sido el buscar desarrollar la noción de democracia participativa. Por la misma se entiende que las decisiones más trascendentales de la sociedad venezolana, las toma el mismo pueblo venezolano usando especialmente el mecanismo referendario. Así, en particular, cualquier convocatoria al poder constituyente, su configuración y cualquier modificación al marco constitucional requiere de la aprobación de la mayoría de la población en un referendo.

Esto es lo que ha sostenido la fiscal general de la República en los diversos escritos y demandas que ha introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional y Electoral. El camino emprendido por la fiscal general desde que denunció la ruptura del orden constitucional mediante las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, ha significado desnudar al régimen dictatorial.

Pero su acción no se quedó en aquella escena, sino que luego denunció la sentencia 378 que avaló las bases comiciales y la convocatoria a la ANC sin referendo aprobatorio alguno, introdujo recursos tanto contra el decreto presidencial como contra las decisiones del CNE y también ha revelado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la GN y la PNB contra manifestantes civiles, lo que en algunos casos ha implicado homicidios, lesiones y detenciones arbitrarias. Todos ellos delitos que califican como violaciones a los derechos humanos.

Más allá de las intenciones personales que se le quieran atribuir a la ciudadana fiscal general de la República como motivaciones para actuar en esta dirección, el punto central está en que sus actuaciones han supuesto un retorno de una parte de la institucionalidad venezolana hacia la moralidad republicana y la vigencia del Estado de Derecho. Por otro lado, han evidenciado la desviación de poder en la que han incurrido otros poderes públicos.

Pero la dimensión más prometedora es que se ha constituido en una suerte de portaaviones para un grupo muy importante del chavismo que no encontraba caminos propios para expresar su rechazo a la deriva dictatorial que ha implicado el madurismo.

El chavismo es una realidad que llegó para quedarse en Venezuela con lo que eso pueda significar. Así como el peronismo en Argentina ha dejado una marca indeleble y permanente en la política de aquel país, así también ocurre con el chavismo. La fiscal se ha dirigido a este sector y lo ha llamado a respaldar el legado que Chávez dejó. Este legado se identifica fundamentalmente, a juicio de la fiscal, con la Constitución de 1999 y con el conjunto de valores que hemos señalado anteriormente.

Todo proceso de transición en Venezuela pasa por la inclusión del chavismo como un sujeto llamado a dirigir (junto con otros) ese proceso. No se logrará una acertada salida de esta situación si no se puede sumar en este proceso a importantes sectores políticos y militares que se identifican con los postulados de Hugo Chávez Frías. A la vez no puede ser la MUD el salvavidas de este movimiento chavista, pues han sido sus antagonistas históricos. Pero lo importante es que hoy hay puntos de coincidencia importantes que, sin negar la diversidad de identidades políticas, permitirían un nuevo acuerdo nacional que nos llevaría a superar esta malhadada situación.

En ese acuerdo es claro la defensa del régimen democrático, la preeminencia de los derechos humanos en su integralidad, la democracia participativa como una dimensión irrenunciable de la democracia donde la consulta popular es nuclear y la Constitución de 1999 como base común de coexistencia. Estos serían los puntos de un acuerdo que permitiría sumar grupos que hasta el presente se han visto como antagonistas y excluir a grupos que pretenden imponerse por vía de las bayonetas. Esto supone también articular caminos de reconciliación complejos pero necesarios para generar posibilidades de convivencia que nos permitan superar la actual coyuntura.

Venezuela requiere efectivamente un proceso de diálogo y negociación como bien ha señalado múltiples veces el papa Francisco, teniendo presente los cuatro puntos señalados por la carta del cardenal Parolín y en el marco del respeto a las normas constitucionales de 1999.

En el fondo la fiscal está promoviendo este proceso de diálogo y reconciliación desde el respeto al Estado de Derecho, denunciando aquello que ha violado normas constitucionales (incluyendo el nombramiento de magistrados al TSJ), buscando aunar fuerzas en torno a la defensa de la Constitución frente a un Gobierno que ha decidido violentarla para imponer su voluntad.

La revista SIC como órgano del Centro Gumilla se une a las medidas implementadas por la ciudadana fiscal general y, junto con otros, hace un llamado a la creación de un frente común de defensa de la Constitución. Este frente común, respetando la diversidad de criterios políticos, permitiría la unidad de los distintos factores de la sociedad en defensa de nuestro sistema siguiendo lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela y, de ser el caso, lo dispuesto en el artículo 350 de esa Constitución.

 

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Hacinamiento penitenciario: espejo de la impunidad

El hacinamiento carcelario –entendido como la relación superior entre el número de reos y la capacidad del espacio donde están recluidos – siempre ha sido un motivo de preocupación para las organizaciones civiles que evalúan de forma constante la situación de las cárceles en el país y una piedra en el zapato para la gestión de cualquier organismo público en el área.

Acceso a la Justicia realizó un informe sobre el desempeño del sistema penitenciario durante el período 2001-2015, en el que se destaca como “preocupante” el índice de hacinamiento en los penales del país, pues aumentó “de forma intensa” entre 2012 y 2013 al llegar a casi 300% con una población promedio de más de 50.000 reclusos. Para 2006, la sobrepoblación carcelaria ya superaba 200%.

“El hacinamiento es resultado de las fallas en las decisiones tomadas por los tribunales penales y son un reflejo de la impunidad imperante (…). En 2005 hubo hasta 70% de presos no sentenciados en un proceso judicial y en 2015 poco más de 60%”, reza el estudio.

Durante el período estudiado la tendencia en el  número de privados de libertad se mantuvo de forma ascendente hasta 2014, al pasar de 10.752 presos (en 2001) a 54.895. Luego la cifra bajó a más de 50.000 en 2015. Pese a la disminución, la evaluación de la ONG advirtió que no son buenas noticias, porque por un lado la población reclusa bajó, pero por el otro, los índices de criminalidad repuntaron, lo cual se traduce en impunidad. En Venezuela la tasa de homicidios, durante el 2015, fue aproximadamente de 90 por cada 100 mil habitantes, mientras que en otros países de América Latina como Brasil era de 26.

De igual forma, en 2014, la tasa de población penal por cada 100.000 habitantes es de poco más de 180, lo que es bajo si se compara con la de Brasil, Colombia o México, países en los que la inseguridad es un gran problema público (sus tasas en 2012 eran 274, 245 y 210 por cada 100.000 habitantes, respectivamente). Sin embargo, inclusive, en naciones con menores problemas de criminalidad hay tasas mucho más elevadas que en nuestro país (314 y 266 por cada 100.000 habitantes para Costa Rica y Chile), lo que nuevamente denota más que un verdadero bajo índice carcelario, un alto índice de impunidad a la luz de la alta tasa de criminalidad.

El hacinamiento carcelario es consecuencia directa del retardo procesal y de los pocos recursos que se destinan a la administración de las cárceles. El informe destaca que sólo 30% de la población penal había recibido condena en vista de las deficiencias del sistema de administración de justicia (tales como retraso de las investigaciones por parte del Ministerio Público que es la parte acusadora y en las audiencias de los tribunales de control), lo que explica la alta proporción de reclusos que aguardan sentencia por el delito cometido.

Por otro lado, dentro del conjunto del gasto público los recursos asignados al sistema penitenciario han sido muy bajos: no sólo han tendido a disminuir en términos reales, sino que han significado una baja proporción de los ingresos de la nación (0,16% del Presupuesto Nacional para 2015). Este bajo volumen de recursos influye negativamente en la atención de los reclusos en las cárceles y en el mantenimiento y expansión de infraestructuras acordes.

De lo anterior resulta evidente que la crisis del sistema penitenciario en el país es un problema que ni la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en 2011 ha podido resolver, porque es derivada de las deficiencias en el sistema de administración de justicia en el país (retardo procesal) y de la poca asignación de recursos al rubro carcelario, que luego se manifiestan en hacinamiento carcelario, corrupción y violencia.

Y a ti venezolano ¿cómo te afecta?

El hacinamiento aumenta la criminalidad en las cárceles, se vuelven universidades del delito, en vez de centros donde puede lograrse la reinserción del recluso en la sociedad. Esto es muy negativo para todos y en especial para los ciudadanos objeto de prisión.

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Marino Alvarado : Indefensión total

En Venezuela se ha configurado un cuadro absoluto de indefensión ante los abusos del poder. Una situación que favorece la violación sistemática de los derechos humanos en el país. La impunidad tiene su mejor escenario.

El presidente aplaude que policías y militares maltraten y asesinen manifestantes. Felicita a  funcionarios que con armas largas y encapuchados allanan masivamente viviendas de los pobres y realizan ejecuciones  en los llamados Operativos de Liberación del Pueblo. Condecora generales acusados de graves violaciones a los derechos humanos. El mensaje desde el Ejecutivo Nacional es claro: Si para defender al gobierno hay que violar derechos humanos, siéntanse en libertad de perpetrar abusos. No habrá castigo.

El Defensor del Pueblo, le da la espalda al pueblo y ayuda al gobierno a que los abusos se realicen. Se juzga a civiles en tribunales militares violando el derecho al juez natural y le parece correcto. Se dispara contra los manifestantes y no condena los abusos, ni exige castigo, simplemente exhorta a que no lo hagan. En una falsa preocupación por investigar violaciones a los derechos humanos usa el bufete privado del gobierno que es el Tribunal Supremo de Justicia para que le diga que tiene que hacer lo que durante años se negó a realizar. Ni el más mínimo interés en investigar las innumerables ejecuciones en los operativos OLP, desinterés total ante robos y actos de violencia en los allanamientos, desidia y justificación de la discriminación por razones políticas. Se realizan detenciones arbitrarias contra disidentes políticos, se amañan expedientes, en abierta violación del debido proceso y el Defensor guarda cómplice silencio.

La Fiscal General que levanta su voz ante las arbitrariedades del presente y se empeña en que la institución investigue graves violaciones a los derechos humanos es emboscada desde el Tribunal Supremo de Justicia con la complicidad del Defensor y el auspicio del Ejecutivo Nacional.

La Fiscalía solicita libertad plena de manifestantes por considerar que en ejercicio del derecho a manifestar no han cometido delitos, y jueces al servicio del autoritarismo ordenan privaciones de libertad o imponen libertades restringidas

El Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional General Gustavo González López con un amplio prontuario de violaciones a los derechos humanos se niega a acatar órdenes de libertad dictadas por jueces. Así mantiene secuestrados desde hace varios meses a más de 20 personas sin dar la más mínima explicación. La Fiscal se atreve a imputarlo y la respuesta del gobierno es condecorarlo.

La Fiscalía solicita libertad plena de manifestantes por considerar que en ejercicio del derecho a manifestar no han cometido delitos, y jueces al servicio del autoritarismo ordenan privaciones de libertad o imponen libertades restringidas.

La fiscalía ordena la captura de militares y algunos altos oficiales se niegan a poner a derecho a los subalternos impidiendo sean castigados por homicidios cometidos en ejercicio de funciones.

En un informe presentado por Amnistía Internacional en el mes de marzo titulado “Silencio a la Fuerza” la organización de derechos humanos indicaba refiriendo a los abusos que se cometen en el país lo siguiente

“La arbitrariedad se manifiesta de maneras diversas. Las detenciones sin órdenes judiciales justificadas con la excusa de situaciones de flagrancia; la falta de independencia de las autoridades judiciales que actúan en respuesta a señalamientos desde otros poderes públicos; el uso de jurisdicciones especiales, como la jurisdicción militar, que no es ni independiente ni imparcial; las prácticas de aislamiento e incomunicación de las personas privadas de su libertad, que constituyen tortura algunas veces; el uso de informantes anónimos – muchos de ellos funcionarios estatales – como fundamento de la detención; y la inobservancia de las órdenes judiciales que disponen la liberación de personas detenidas por parte del SEBIN.”

Todo el cuadro de arbitrariedad, abuso y estado de indefensión, no obligan como ciudadanos a seguir luchando para que en el país haya realmente una institucionalidad capaz de velar por los derechos de las personas, independencia de poderes y quienes cometan abusos sean llevados ante la justicia. La esperanza, es la última que se pierde.

@marinoalvarado

Publicado por El Universal 

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Carlos Nieto / Torturados en el Sebin

El pasado jueves 22 de junio, Una Ventana a la Libertad (UVL), organización que dirijo desde su fundación en 1997, dio a conocer el primer trabajo de investigación que se ha realizado en el país, con valor académico, sobre la situación de los derechos humanos de los privados de libertad en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Helicoide y Plaza Venezuela.

Un gran esfuerzo de UVL donde quedan al descubierto las graves violaciones de los derechos humanos de las personas que allí se encuentran. A ese informe me quiero referir hoy y compartir con ustedes algunos detalles de esta investigación.

Para la realización de este trabajo que da a conocer las condiciones de reclusión en las celdas del Sebin, el equipo de investigación de Una Ventana a la Libertad acudió básicamente a fuentes vivas, algunas de las cuales estuvieron detenidas en los calabozos de esa institución. También fueron recopilados documentos impresos, fotográficos y audiovisuales. El trabajo de campo correspondiente fue desarrollado durante los meses de mayo y junio de 2017.

Para el momento en que se realizó el informe, el Sebin Helicoide tenía una población de 340 reclusos, 23 de los cuales son mujeres, siendo su capacidad real para 80 personas teniendo niveles de hacinamiento de 300%.

El documento indica que en el Sebin Helicoide el espacio total disponible para los detenidos es de aproximadamente 321 metros cuadrados. Esto indica que el promedio de espacio por detenido es inferior a un metro cuadrado por recluso

En el Sebin Helicoide 80% de la población recluida lo está por razones políticas y existe 20% de presos por delitos comunes, entre los que se encuentran Walid Makled y sus hermanos, los asesinos de Robert Serra y Eliécer Otayza.

En las celdas del Sebin Helicoide los detenidos corren permanentemente el riesgo de ser objeto de tratos vejatorios o crueles, y en ocasiones torturas.

La policía política de la dictadura de Maduro no tiene nada que envidiarle a la temida Seguridad Nacional de la también dictadura de Marcos Pérez Jiménez, entre los años 1953 y 1958; al comparar las prácticas perversas de ambas policías en el trato a los detenidos, vemos grandes similitudes entre ambas.

En líneas generales, los métodos de tortura detectados en la sede de Sebin Helicoide serían los siguientes: 1) Crucifixión: la persona es guindada de un objeto fijo mediante esposas, generalmente a un tubo o una reja, hasta que aporta la información requerida o confiesa algún delito. Para evitar las marcas, las muñecas son recubiertas con papel periódico o cinta adhesiva. 2) Ahogamiento con bolsa impregnada con alguna sustancia química como amoníaco o insecticida. 3) Ahogamiento con balde de agua o con un paño húmedo. 4) Golpes en las piernas con bates o palos de madera. Generalmente son infligidos en la parte anterior de los miembros. 5) Golpes a una persona envuelta en una colchoneta. 6) Choques eléctricos en los genitales o en otras partes del cuerpo. A veces, los métodos de tortura son combinados. Por ejemplo, se propinan golpes a una persona en “crucifixión”, o luego de ser ahogada.

Igualmente, el informe refleja que en el centro de reclusión de Plaza Venezuela hay siete celdas, existiendo para el momento del estudio solo tres reclusos, este recinto es utilizado para generar condiciones de “aislamiento celular” en las que las personas pierden la noción de temporalidad. Las celdas de seis metros cuadrados, además, están dispuestas de una forma tal que a los presos les resulta muy difícil comunicarse unos con otros, tiene dos características fundamentales: está bajo tierra y tiene una temperatura permanente que ronda los diez grados centígrados, por esto se le da el nombre de “la Tumba”.

Impacta en el informe el testimonio del activista opositor Carlos Melo de una de las celdas del Helicoide conocida como “Guantánamo” donde narra: “Este es un calabozo con unas 40 personas, donde estaban los acusados por los homicidios de (Robert) Serra y (Eliécer) Otayza (…) Hay acusados por el asesinato de una señora que luego descuartizaron. Allí la rutina es recoger y poner el colchón, ir al baño en la mañana y en la tarde, porque los Gamma no tienen urinario ni lavamanos. Su único aire es el del pasillo. Es oprobioso y malsano. Yo estuve ahí 21 días. También estaban unos proveedores de granos para el chavismo, Ramón Quijada y Oscar Pérez, de quienes creo que son presos políticos. También estuvieron trabajadores del Bicentenario Plaza Venezuela, junto a presos comunes, casi todos muchachos menores de 25 años. Todos dormíamos en el piso. A las 6:00 am un detective preguntaba a gritos quiénes van para el baño (…) Entonces recogíamos un pote de plástico donde hubo jugo, que llaman el bichetero, al que le abres un hueco para orinar allí cuando no hay otro remedio. Ese se convierte en una especie de hermano tuyo. Los más de 40 bicheteros quedan en una esquina del calabozo, y los que duermen cerca de eso la pasan muy mal. Pero la cosa no queda ahí: si no te queda otro remedio que ir al baño, hay un cuartico de 1 x 1,20 metros donde construyes un barquito con periódico, haces tus necesidades pesadas en él, lo metes en una bolsa pequeña, la trancas y luego la metes en otra bolsa que está en la puerta del calabozo, adentro, toda la noche. En las mañanas, alguien del grupo tenía que sacar las bolsas con los barcos y limpiar”.

Les recomiendo leer este informe que lo pueden encontrar completo en la página web de la organización www.unaventanaalalibertad.org y descubrir el horror que viven los reclusos en el Sebin.

cnietopalma@gmail.com

Publicado por El Nacional 

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