La renuncia a la OEA no implica una renuncia a la democracia en Venezuela

Ante la amenaza de la canciller de que Venezuela se salga de la OEA en el supuesto de que hoy 26 de abril se celebre una reunión urgente convocada por 16 países miembros a la luz de la gravedad de la situación venezolana, se debe tener presente lo establecido en el artículo 143 de la Carta de esa organización.

A este respecto esa norma establece tres condiciones para que se verifique dicha salida:

  1. Que el Estado que denuncie la Carta y en ese sentido se quiera desligar de ello lo haga mediante una notificación escrita a la Secretaría General de la OEA.
  2. Que el Estado denunciante de la Carta quedará desligado solo después de transcurridos dos años contados a partir de su notificación a la Secretaría General.
  3. Que el Estado denunciante de la Carta quedará desligado después de que cumpla con sus obligaciones con la OEA.

Frente a estas condiciones, lo primero que llama la atención es que la sustracción de Venezuela de la OEA no es inmediata, sino dentro de dos años a partir de que Venezuela notifique de ello a la Secretaría General de este organismo. Esto plantea la siguiente interrogante: ¿Un gobierno al que en principio según la Constitución le queda poco más de año y medio y deslegitimado como está, según demuestran las encuestas y los resultados de diciembre de 2015 de la elección parlamentaria, puede decidir unilateralmente algo tan importante? Pues, la respuesta es positiva según la Constitución y la propia Carta de la OEA.

Sin embargo, el pasado 4 de abril, el representante de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, declaraba que si Venezuela se retiraba de la OEA “el costo de salida va a ser mayor que el costo de dar la pelea adentro”.  Esto probablemente por razones políticas, porque puede significar un reconocimiento de la gravedad de la situación de Venezuela. Pero evidencia la constante contradicción interna del gobierno, aún más hoy a la luz de la declaración del diputado Julio Chávez, según el cual esa salida no tendría mayor costo y sería algo sencillo de hacer para el país.

Lo segundo que llama la atención de la norma antes mencionada es que el Estado quedará desligado sólo después de que cumpla con sus obligaciones con la OEA. Al respecto debe advertirse que es una condición conjunta con los dos años. Es decir, se requiere que pasen dos años para que el Estado se desligue pero además que cumpla con esas obligaciones. Esta condición es lógica porque puede haber acuerdos en ejecución con el país que solicita su salida y la idea es que se cumplan.

Ahora bien, esto puede interpretarse en sentido restrictivo o amplio. En sentido restrictivo se puede referir al cumplimiento de los cuotas que se deben a la organización (más de 8 millones de dólares), cuya exigencia de cumplimiento no abonaría en el cambio del régimen de totalitario a democrático, que es lo que se busca en este momento con la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela y que el gobierno no quiere que se le aplique.

En sentido amplio, en cambio, puede significar precisamente exigirle al gobierno de Venezuela que cumpla con los principios básicos de la organización, según los términos de la Carta Democrática Interamericana, que abogan por el mantenimiento de un sistema democrático y el respeto de los derechos humanos, lo que obviamente implicaría un cambio de régimen para hacer cumplir con los derechos humanos, pues en la realidad actual los mismos no están garantizados.

Evidentemente es difícil prever lo que pueda ocurrir porque no se puede saber cómo van a actuar los países frente a esta situación, que es inédita en la OEA. Lo que está claro es que hoy en día el tener una dictadura en la región con las características del régimen político venezolano tiene un costo alto y quizás esa circunstancia abone a favor de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en vista de que la salida se concretaría de todas maneras en dos años.

Publicado por Acceso a la Justicia 

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Golpes contra la democracia en Venezuela

Oscar Murillo | Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, arrebatando las funciones a la Asamblea Nacional (Parlamento), además de haber constituido un claro golpe de Estado por la vía judicial, significaron el desenmascaramiento definitivo del Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura.

El desvío dictatorial de Maduro se ha traducido en una menor tolerancia de la comunidad internacional, con fuertes llamados de la ONU, OEA, Mercosur y la Unión Europea. El apoyo a la “revolución bolivariana”, fundada por el fallecido presidente Hugo Chávez, se erosiona y esto abre las compuertas a una desmedida represión policial contra las manifestaciones opositoras que salen a las calles a exigir el cumplimiento de la Constitución que pasa por devolverles todas las facultades al Parlamento y fijar fechas de las elecciones secuestradas por los representantes del chavismo.

En el plano interno, la presión crece y destaca la posición del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), que catalogó como dictadura al Gobierno de Maduro. Este pronunciamiento coincide con lo expresado por la coalición organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos opositores y disidentes del régimen, los estudiantes, las universidades, los colegios de abogados, gremios profesionales y un grueso de la población que aboga por una salida pacífica, democrática y electoral a la crisis venezolana.

“Un verdadero arsenal represivo ha adquirido el gobierno desde 2013 hasta acá, superaron toda la capacidad represiva de gobiernos de la IV república (gobiernos que precedieron a Chávez)”, sostuvo Inti Rodríguez, activista de los derechos humanos y portavoz de la ONG Provea tras analizar la última manifestación reprimida en las calles de Caracas, en la que hubo un despliegue de gases lacrimógenos y equipos antimotines de grandes proporciones.

La oposición ha intentado llegar sin éxito a la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de la capital venezolana, donde aspiran recriminar a este órgano público su silencio ante el golpe al Parlamento y la sumisión que guarda ante las decisiones arbitrarias de Maduro.

Por órdenes de la cúpula del partido de Gobierno (PSUV), la Policía y fuerzas militares reprimen a mansalva a los opositores negándoles el paso al centro caraqueño bajo la excusa de “falta de permiso”, siendo esto violatorio del derecho constitucional a manifestarse de forma pacífica.

Debilitado internacionalmente, con evidentes fisuras dentro del Gobierno y una oposición empujada por la gente a mantener la protesta de calle, Maduro opta por la fuerza represiva para detener un aluvión ciudadano movilizado para rescatar la democracia.

El carácter autoritario y militarista mantiene de pie a una tambaleante “revolución bolivariana” que debe hacer frente al levantamiento cívico con precarias condiciones financieras y una crisis social lejos de resolverse.

La represión gubernamental es dirigida por varios frentes: por un lado, repeler las manifestaciones; por el otro, una persecución selectiva de líderes como acaba de ocurrir con el gobernador Henrique Capriles, a quien sacaron del juego electoral por, al menos, por 15 años a través de una ilegal medida administrativa. Se prevén sanciones similares que afectarán a otras figuras destacadas de la oposición.

Este cóctel represivo ha incluido la exposición de los rostros de manifestantes en la cuenta oficial en Twitter del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, calificándolos sin indagación previa ni orden de algún juez como “generadores de violencia”.

Por si fuera poco, en cuatro días de protestas el Foro Penal Venezolano contabiliza 164 arrestos en las manifestaciones contra el golpe de Estado.

Tanto para quienes han vencido el miedo a la represalias saliendo a marchar, como los que han visto desde sus casas y oficinas los escasos reportes de la represión, causa indignación el millonario uso de químicos para dispersar a venezolanos desarmados en un país donde la gente hurga entre bolsas de basura para encontrar comida y en donde no se consiguen medicinas.

“No nos vamos a meter de nuevo en nuestras casas”, advierte la dirigencia de la oposición venezolana en boca del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, ante la andanada policial para apaciguar el descontento.

La magnitud de la valentía de un pueblo está dada por la dimensión de su voz, hoy, en la calle para recuperar la Democracia”, ha dicho Almagro en una firme declaración de apoyo a la rebelión ciudadana este fin de semana.

Las palabras del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reflejan el sentimiento nacional que hoy recorre Venezuela. “La magnitud de la cobardía de un régimen está dada por la dimensión de violencia utilizada para acallar a un pueblo. La magnitud de la valentía de un pueblo está dada por la dimensión de su voz, hoy, en la calle para recuperar la Democracia”, ha dicho Almagro en una firme declaración de apoyo a la rebelión ciudadana este fin de semana.

El estrategia de Maduro y del círculo de militares y civiles que le acompañan, cuya única motivación es proteger sus intereses particulares y ambición de poder, es la radicalización, lo cual se traduce en mayor represión y cierre de más espacios de participación.

La gente, en cambio, sólo tiene su convicción manifiesta en la calle de volver a vivir en una democracia plena y resolver el actual conflicto a través del voto.


Oscar Murillo . Redactor jefe del Correo del Caroní, investigador y miembro de la Asamblea General del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos @oscarfmurillo

Publicado por Provea 

Publicación original  en LaRazon.es

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La sociedad civil en urgencia

La degradación de nuestra sociedad venezolana ha llegado a tal nivel que es imposible no reaccionar mancomunadamente desde la sociedad civil en todas sus expresiones. El problema no puede solucionarse desde los partidos políticos que tienen sus límites y confusiones, ni desde el gobierno y sus numerosas instituciones que muestran permanentemente sus incapacidades. No es posible confiar todavía únicamente en posibles diálogos ni en las elecciones regionales y nacionales, por importantes que todo eso sea. Tampoco las organizaciones sociales por sí mismas están en capacidad de transformar la compleja situación actual.

La situación real del país ha llegado a un nivel de total crisis que no permite escapar a ningún estamento ni persona y que afecta a todas los ciudadanos sin excepción.

Además, la descomposición de nuestro diario convivir lleva a un proceso de destrucción de lo más íntimo que es la familia, sus valores y su espiritualidad implícita. Que un grupo de diez o quince niños, dirigidos por una muchacha de 15 años, mate a un guardia civil en Sabana Grande; que tres estudiantes del último año de bachillerato en Caricuao golpeen hasta la muerte a una compañera; que un joven adoptado por una familia con gran amor, mate a su mamá y hermana; que en un colegio de alto nivel se descubra una red de droga de compra y venta, donde hay representantes involucrados. Todo esto nos habla de que el mal está endémico y que nos está minando nuestra humanidad.

Además, no puedo dejar de anotar las cifras que hoy en día aparecen en las noticias: se calcula unos 11.000 neonatos (menos de 1 año) fallecidos el año pasado. Esta cifra es una vergüenza para cualquier país decente y da un giro dramático a lo conquistado por Venezuela en los 50 años anteriores. Si, además, necesitamos 20.000 bolívares por familia por día para sobrevivir, nos damos cuenta definitivamente de la pobreza reinante.

No podemos dejar pasar eso y quedarnos cómodamente en nuestras islas trabajando para el bien social. Todos debemos asumir responsabilidad y sanamente presionar a las autoridades y a responsables políticos para exigir un cambio fundamental. Las organizaciones sociales organizadas en sus muy capaces redes como Sinergia y las de derechos humanos, a igual que los sindicatos dispuestos y los gremios fuertes, a pesar de ser atacados permanentemente, las cooperativas independientes, las academias con su gran potencialidad, las universidades y toda esta rica sociedad que todavía vibra con la solidaridad y la democracia y evidentemente, el apoyo constante de nuestra Iglesia católica y las demás iglesias cristianas, todos y mucho más deben presionar, exigir, manifestarse desde su preocupación social. Igualmente, dentro el chavismo se pronuncian cada día más personas y sectores para un cambio observando los resultados nefastas de las actuales situaciones.

No somos partidos políticos, ni lo queremos ser. Somos organizaciones de la sociedad civil preocupados desde hace décadas por lo social, que es nuestro centro de preocupación. Pero no se excluye trabajar al lado de los partidos y en diálogo franco llegar a definir en pocos puntos centrales nuestras metas y objetivos. Nadie manda a nadie, sino que en mutuo reconocimiento y respeto se logra una cercanía positiva y transformadora.

Nuestro objetivo no es el poder –eso se lo dejamos a los partidos– sino más bien la reconstrucción de la convivencia ciudadana a partir de algunos elementos esenciales que incluyen decisiones económicas, pero visto desde lo social. El acceso a la comida y a los medicamentos a precios manejables y por caminos normales, la revisión de las OLP para asegurar el mínimo de desviaciones mortales y terminar definitivamente con los presos políticos que absorben tanta energía.

Formemos no solo un dique para detener este tsunami de malas situaciones, sino que también logremos una sola voz, una sola acción y un solo resultado: un país de gente feliz.

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Transparencia Venezuela: Siete magistrados dejan sin Estado de Derecho a más de 31 millones de venezolanos

Transparencia Venezuela hace un llamado a los representantes de los poderes públicos que fueron despojados de sus funciones por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a defender la democracia, la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho y la vigencia plena de la Constitución. De no hacerlo y obedecer o ejecutar algún acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución, no sólo serán cómplices de la ruptura del orden democrático, sino que incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa, según el caso.
Caracas, 30 de marzo de 2017. Siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ), 5 de ellos designados en procesos viciados de irregularidad, acabaron con la separación de poderes —condición sine qua non de la democracia— al entregar al presidente Nicolás Maduro la potestad de tomar medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias, sin consulta de ningún otro Poder, para “evitar un supuesto estado de conmoción”.
Los autores materialesLos magistrados Juan José Mendoza Jover, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y Federico Sebastián Fuenmayor Gallo (en suplencia de Gladys Gutiérrez) firmaron en ponencia conjunta, la sentencia 155 de la Sala Constitucional del TSJ, que entrega todo el poder al Presidente de la República y declara traidores de la Patria a los diputados por solicitar la activación de la Carta Democrática.
Estos magistrados se convirtieron en incondicionales aliados de los intereses del gobierno nacional y, finalmente han acabado con la democracia, sostenida en el Estado de Derecho y en la separación de los Poderes. Llama la atención que la magistrada Gladys Gutiérrez, por más de 4 años presidenta del TSJ y miembro de esta sala, no haya tomado parte en una sentencia tan crucial como ésta.Estos siete magistrados coronaron a Nicolás Maduro como el Jerarca de Venezuela, traspasaron a él la soberanía nacional y le entregaron las funciones de todo el Poder Público Nacional.

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Provea y la Carta Democrática

Marino Alvarado | En el año 2002 cuando se produjo el Golpe de Estado contra el Ex presidente Chávez, la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se aplicara la Carta Democrática.

El día 12 de abril de ese año expresó: Llamamos a la Comunidad Gubernamental Interamericana a tomar posición ante la crisis institucional que vive Venezuela, en aplicación del Artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana que plantea la condena de “la ruptura del orden constitucional  que afecte gravemente el orden democrático” de los Estados Miembros, al tiempo que llamamos a los gobiernos democráticos del continente a solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en virtud de la aplicación del artículo 20 de la referida Carta, para que dicha instancia pueda “realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

Esa posición coherente con la defensa de la democracia y con el respeto a la voluntad popular, mereció el reconocimiento de importantes líderes de quienes hoy están en el gobierno. Una respuesta rápida y sin titubeos frente a una situación que ameritaba firmeza pese a los riesgos que ello implicaba por la represión que los golpistas desataban en esos momentos.  Esa posición fue ratificada  el 13 de abril ante distintos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Nadie de los líderes políticos que apoyaban al presidente Chávez se atrevió a decir que esa posición de Provea significaba traición a la patria o era unos vendidos al imperialismo o cómplices de una intervención extranjera.

Provea actuaba apegada a sus principios en defensa de los derechos humanos y la democracia. Solicitaba la aplicación de un instrumento internacional que el propio gobierno venezolano había ayudado a promover y que constituía un avance de las corrientes democráticas del Continente contra las prácticas autoritarias.

Siete años después, en 2009, cuando se produjo el Golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Provea, solidaria con el pueblo hondureño, indicó el 29 de junio de ese año lo siguiente:

“Urgimos a la OEA a aplicar sin vacilaciones los compromisos contraídos en la Carta Democrática Interamericana. Es impostergable que estos mecanismos institucionales de la comunidad internacional se pongan en marcha para que el pueblo y las instituciones hondureñas, con irrestricto apego al principio de no intervención, encuentren los cauces institucionales de los que la propia Honduras está dotada, para solventar la presente crisis política dentro del marco de las instituciones constitucionales.”

Tal como ocurrió en el 2002 y en 2009 están dadas las condiciones para que a través de los procedimientos establecidos por la comunidad internacional se apliquen los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana.

En 2017, quince años después de haber solicitado a la OEA  por primera vez se activara la Carta Democrática, vuelve la organización de derechos humanos a solicitar su aplicación. Esta vez contra la ruptura del orden constitucional que lidera el presidente Nicolás Maduro. Tal como ocurrió en el 2002 y en 2009 están dadas las condiciones para que a través de los procedimientos establecidos por la comunidad internacional se apliquen los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana.

En los últimos días los mismos sectores que en pasado evaluaron como positiva la posición de Provea  ante esos dos hechos históricos que atentaban contra la democracia, desatan una campaña para tratar de desprestigiar e intimidar. No es de extrañar que en el marco del autoritarismo con la que se sostiene la dictadura en Venezuela esa campaña se intensifique.

Como bien lo viene expresando Provea no es tiempo de vacilaciones. Tras casi 30 años de defensa ininterrumpida y coherente en defensa de los derechos humanos y la democracia, tiempo en el cual cada gobierno de turno ha pretendido intimidar a esta organización y otras destacadas organizaciones de derechos humanos de Venezuela, hoy más que nunca seguirá firme acompañando a las víctimas de violaciones a sus derechos y enfrentando los abusos del Poder.

El artículo 132 de la Constitución dice que es un deber de todas las personas defender los derechos humanos como parte de la convivencia democrática. Pero además indica  el artículo 31 que para cumplir con ese deber todas las personas tienen el derecho de  acudir a las instancias internacionales. ¿Quiénes son los que actúan al margen de la Constitución?

Publicado por Provea

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