Venezuela en estado de excepción y sin Constitución

Los habitantes de Venezuela se han quedado sin el amparo de la Constitución y de las principales instituciones que la deben resguardar y aplicar, como por ejemplo, el Poder Judicial. El Presidente de la República desde enero de 2016 ha declarado 5 veces el estado de excepción por razones económicas y los ha prorrogado todos (menos el último porque acaba de entrar en vigencia) y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia los ha declarado todos constitucionales, incluso sus prórrogas.

Frente a esta realidad, los medios suelen decir que el Presidente dictó un solo estado de excepción, que ha sido prorrogado ya siete veces.

Como sea que se interprete esta situación tan anómala, Acceso a la Justicia debe destacar que en cada uno de los nuevos estados de excepción decretados, el Presidente de la República se autoatribuye cada vez más poderes y la consecuencia de ello es que a medida que pasa el tiempo actúa de manera más descontrolada y violatoria de los derechos humanos. De hecho, cada día hay más militares y policías en la calle al servicio del poder y no de los ciudadanos.

Adicionalmente es importante resaltar que el decreto del último estado de excepción tiene los mismos problemas de constitucionalidad que los anteriores:

  1. Supera el tiempo de duración permitido por la Constitución, porque, aunque diga que dura 60 días como esta establece, la misma no permite que un estado de excepción dure más de 120 días y al decretarse este último ya habían transcurridos 420 días en esa situación de excepcionalidad, por lo que se continúa violando la Constitución.
  2. No establece claramente cuáles son las garantías restringidas y sus límites, como exige la Constitución. Es más este último estado de excepción se refiere expresamente a que restringe todas las garantías constitucionales, salvo las que la Constitución prohíbe limitar, que de todas formas el Ejecutivo igualmente viola todos los días, como el debido proceso y el derecho a la manifestación pacífica con las aprehensiones y detenciones que hace durante esos actos de protesta ciudadana.
  3. El Presidente en su decreto continúa usando la excepción como el medio adecuado para resolver la crisis existente, cuando la Constitución prohíbe hacerlo si no es estrictamente necesaria, y es muy obvio que no lo es después de casi año y medio en que la crisis más bien se ha ido agravando; de hecho, todos los decretos y prórrogas en la materia reconocen en su artículo 1 que la crisis persiste con lo que se reconoce el fracaso mismo de la medida.

Ahora bien, respecto del nuevo decreto hay dos visiones. La de los juristas que consideran que no contiene cambios importantes en la medida en que los decretos son una suerte de cheque en blanco al Presidente de la República, ya que no establecen cuáles son los derechos limitados y las medidas que se van a tomar como exige la Constitución y además porque dan potestades muy amplias al Presidente, sobre todo, en materia presupuestaria.

En cambio, los medios de comunicación y las ONG han advertido que este último decreto es más preocupante que los anteriores porque el Ejecutivo se otorga aún más poderes.

A criterio de Acceso a la Justicia lo que ocurre es que en este decreto el Presidente recoge las potestades que le ha dado el Tribunal Supremo de Justicia a través de sus sentencias desde la elección parlamentaria de diciembre de 2015, incluso la de la sentencia Nº 155, que fue supuestamente modificada, que le permitía dictar las medidas en el orden social, económico, político y jurídico que estimara convenientes.

Adicionalmente, el decreto expresamente dice que el Presidente de la República, por decisión propia, va a hacer caso omiso, de las sanciones y suspensiones, de la Asamblea Nacional, así como las aprobaciones o autorizaciones que esta le debe dar según la Constitución, que entendemos es lo que realmente persiguen estos decretos.

A esto se añade que el decreto establece que están restringidas todas las garantías constitucionales (salvo las que la Constitución prohíbe limitar).

Es obvio que este decreto elimina la Constitución y esto no es de extrañar en vista del anuncio del Presidente de convocar a una Constituyente sin elecciones populares para cambiar el texto constitucional a su medida.

Aunque la Asamblea Nacional no aprobó este decreto, por lo que según la Constitución no está vigente, lo que ha ocurrido desde que empezó el año pasado esta práctica inconstitucional del Presidente de la República, es que el Tribunal Supremo de Justicia la ha avalado. Esperamos, sin embargo, que la Sala Constitucional no actúe esta vez de esa manera y empiece a ejercer su verdadero rol.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El decreto de excepción mantiene la misma política económica y financiera que nos ha llevado a la ruina y a la crisis actual, lo que significa que esta última se va a seguir profundizando. Además, da todo el poder del Estado al Ejecutivo y expresamente se desconoce a un órgano electo popularmente recientemente, que es la Asamblea Nacional.

También te quita tus derechos, ya no solo de hecho, sino de derecho, es decir, por un medio jurídico expreso, como es el decreto. Sin duda este es un peligro para todos los habitantes del país, porque sin el amparo de la Constitución, no tenemos derechos, y frente a un Ejecutivo que cree que puede hacer lo que quiere con la complacencia del Poder Judicial, tampoco tenemos protección, aún menos tomando en cuenta la creciente militarización a la que estamos siendo sometidos y el abuso de poder que muestran los cuerpos de seguridad del Estado, tanto civiles como militares por orden del propio Presidente de la República.

Publicado por Acceso a la Justicia 

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Comunicado : Sinergia denuncia atropello a la voluntad de los venezolanos por desconocimiento de la Constitución

Ante el sistemático atropello a la voluntad de los ciudadanos por el desconocimiento de la Constitución y la fractura de la institucionalidad jurídica, Sinergia insta al gobierno nacional a seguir el diálogo que él mismo promulga a fin de atender los urgentes problemas que aquejan a todos los venezolanos

Sinergia, entidad que agrupa importantes organizaciones de la Sociedad Civil venezolana para la promoción de la convivencia democrática dentro de una pluralidad de intereses, denuncia el perjuicio que a la soberanía popular hacen las recientes acciones tomadas por el Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, mediante la interpretación no ajustada a derecho de las competencias y atribuciones constitucionalmente determinadas para la Asamblea Nacional, órgano que representa legítimamente a los ciudadanos, por cuanto fue electo por 14 millones de venezolanos, quienes, independientemente de su filiación política, demandaron con su decisión electoral la reactivación de las relaciones entre el gobierno y la sociedad, para atender urgente y efectivamente los graves problemas que aquejan a todos en el país.

Sinergia no puede permanecer impasible ante la confrontación entre poderes públicos, lo cual afecta la capacidad de los venezolanos de aportar y participar en la realización del bien común, así como también, imposibilitando el ejercicio a plenitud de sus derechos constitucionales civiles y políticos. Apoyamos el diálogo como un mecanismo esencial para superar las diferencias, siempre que se realice bajo la premisa del respeto y cumplimiento de acuerdos que favorezcan a todos los venezolanos.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 237, establece con carácter imperativo, el deber personal y directo del Presidente de la República de presentar ante la Asamblea Nacional y dentro de los diez (10) días siguientes a la instalación de la misma, “…un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior…”

Esa obligatoriedad obedece exclusivamente, al ejercicio de las funciones de control sobre el gobierno y la Administración Pública Nacional, atribuidas a la Asamblea en el numeral tercero del artículo 185 de la Carta Magna, que se erige en ejecución directa del principio de legalidad previsto en su artículo 137, cuando dispone: “La Constitución y la Ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.

Al ser la Constitución “…la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico”, a la cual quedan sujetas “todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público”, constituyendo, además, uno de los deberes constitucionales de los ciudadanos y funcionarios, el “cumplir y acatar” esa misma Constitución (Art. 131), se entiende como consecuencia directa de dicha consagración de la supremacía constitucional, que su propio texto contenga la previsión de todo un sistema para proteger y garantizar esa supremacía, situación ésta que resulta en constituirse en uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y por ende de la institucionalidad.

Sinergia exige a los órganos del poder público, a dar pasos firmes para el logro de los consensos mínimos que deben prevalecer para afianzar una gobernabilidad que facilite a todos, alcanzar y disfrutar por igual de una vida digna, en justicia, democracia y prosperidad.

#DDHHosc

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Provea advierte que declaratoria de abandono de cargo agrava crisis institucional

En opinión de Provea toda salida a la crisis del país debe darse en el marco de la Constitución y la ley. Por ello preocupa que la declaratoria de “abandono de cargo”, como está siendo promovida por algunos voceros políticos, es una interpretación forzada de la Constitución que agravará el debilitamiento de la institucionalidad democrática en nuestro país.

El pasado 5 de enero de 2017, al realizar su discurso de toma de posesión, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges expresó: “Nicolás Maduro al abandonar la Constitución, abandonó el cargo. Con esta decisión la Asamblea abre las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles, desde gobernadores, alcaldes, Presidente de la República”. A raíz de dicha declaración diferentes diputados han expresado la necesidad de que antes del 10 de enero el hemiciclo parlamentario declare el “abandono del cargo”, como lo expresa el artículo 233 de la Constitución, para convocar elecciones en los treinta días siguientes. Esta iniciativa estaría precedida por la declaratoria de la “responsabilidad política” del primer mandatario sobre la crisis del país, por parte de la Asamblea Nacional, fundamentada en los artículos 187, 222 y 232 de la Carta Magna. En opinión del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) el Presidente de la República es el principal responsable de la situación de pobreza de millones de venezolanos y venezolanas, así como del desvío dictatorial como secuela de la declaratoria indeterminada de un estado de excepción y de la suspensión indefinida de los procesos electorales en el país hasta que pueda garantizar resultados favorables. Sin embargo, la declaratoria de “abandono de cargo” es una interpretación forzada de la Constitución, que contribuye a agravar el debilitamiento de la institucionalidad democrática en nuestro país.

Hemos reiterado en diferentes oportunidades que el TSJ ha sido uno de los protagonistas de la crisis democrática en el país, perdiendo su condición de árbitro independiente

Provea ha rechazado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya avalado y apoyado la ausencia de democracia en nuestro país, mediante decisiones ilegales e inconstitucionales, que han permitido al gobierno de Nicolás Maduro convertirse en una dictadura del Siglo XXI. Hemos reiterado en diferentes oportunidades que el TSJ ha sido uno de los protagonistas de la crisis democrática en el país, perdiendo su condición de árbitro independiente. Si el máximo tribunal del país ratifica el presunto desacato de la Asamblea Nacional, y toma la decisión de anular su nueva directiva continuaría erosionando la ya débil institucionalidad democrática, aumentando la conflictividad política en Venezuela y estimulando confrontaciones violentas entre la población. No obstante y con la misma energía, deploraríamos que la Asamblea Nacional pueda adoptar decisiones vulnerando el estado de derecho y la legalidad vigente, mediante interpretaciones forzadas, convirtiéndose en otro promotor del quiebre democrático e institucional.

Históricamente Provea ha rechazado las salidas políticas al margen de la Constitución y las leyes, independientemente del sector que las promueva. Provea considera que la ausencia de democracia en Venezuela se soluciona con mayor democracia, no realizando maniobras en la interpretación de la Constitución. La recuperación del hilo constitucional empieza por respetar los mecanismos de consulta popular que están claramente expresados en ella. Las autoridades electorales deben proceder a convocar, en el plazo más pronto posible, las elecciones regionales que legalmente debieron realizarse en diciembre pasado. Además, tanto el Consejo Nacional Electoral como los tribunales del país deben permitir la realización de un proceso revocatorio como ha sido solicitado por un sector de los ciudadanos del país, apelando al derecho a evaluar la gestión de los funcionarios electos tal y como se encuentra presente en la Carta Magna. La voluntad de los electores debe respetarse, no obstaculizando los mecanismos mediante los cuales el soberano pueda expresarse y permita iniciar el proceso de reconstrucción democrático en Venezuela.

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ONG piden a Mercosur que se aplique al Estado venezolano el artículo 1 del Protocolo de USHUAIA II

Nov 7, 2016 | PROVEA
Doctor Florisvaldo Fier (Dr. Rosinha)
Alto Representante General del MERCOSUR
De nuestra consideración
Reciba en primer lugar nuestro cordial saludo a usted y todo su equipo de trabajo. Las organizaciones venezolanas que suscribimos la presente comunicación nos dirigimos, respetuosamente, para expresar nuestro interés en que, a través de los procedimientos definidos por el Mercosur, se aplique al Estado de Venezuela el artículo 1 del Protocolo de Montevideo Sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (USHUAIA II), suscrito por Venezuela el 20 de diciembre de 2011. La presente solicitud es motivada por las razones que a continuación exponemos:

1.- El pasado 20 de octubre de 2016 el gobierno de Venezuela agravó la situación de interrupción de hilo constitucional, iniciada con el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica del 13 de mayo de 2016[1], obstaculizando de manera ilegal la realización de consultas electorales en Venezuela.

Recurriendo a un fraude a la Constitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió ese día, 20 de octubre, el procedimiento encaminado a la manifestación de voluntades para decidir la realización de un referendo revocatorio sobre el presidente Nicolás Maduro, derecho presente en nuestra Constitución y que permite evaluar la gestión de los funcionarios electos por voto popular. Cinco tribunales penales, actuando por orientación del Ejecutivo Nacional, decidieron simultáneamente, y sin tener competencia para ello, suspender el proceso de manifestaciones de voluntad pautado para los días 26, 27 y 28 de octubre, en una clara demostración de la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial. Estas decisiones fueron avaladas por el Consejo Nacional Electoral, órgano que desconoció sus propias competencias y decisiones respecto a la realización del referendo revocatorio presidencial[2].

2.- Esa arbitraria y peligrosa decisión fue el punto de quiebre de un proceso de progresiva restricción de las libertades democráticas, en un contexto de profunda crisis económica y social en el marco de un inconstitucional estado de excepción. Se le arrebató al pueblo su derecho a participar, de manera protagónica, en decidir el destino del país. Se cerró un mecanismo constitucional, democrático y pacífico a la solución de la grave crisis que padece Venezuela, cumpliendo las amenazas de diferentes altos voceros del Ejecutivo, incluyendo al propio presidente de la República, de no permitir la realización del referendo revocatorio.

La actuación irregular de jueces penales, que violando la Constitución sentencian sobre un asunto electoral sin tener legalmente competencia para adoptar tal decisión, es reflejo del cada vez mayor control que ejerce el Ejecutivo Nacional sobre el Poder Judicial.

Al cerrar la posibilidad que el pueblo venezolano pueda lograr una salida pacífica, democrática y constitucional a la crisis, el gobierno del presidente Maduro ha agravado el conflicto y generado condiciones para posibles escenarios de violencia.

3.- Venezuela atraviesa actualmente un serio deterioro de sus instituciones democráticas, teniendo como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se ha quebrantado el orden democrático y el Estado de derecho. Organismos internacionales de Protección de los Derechos Humanos vienen advirtiendo el deterioro de la democracia en el país y, particularmente, han indicado lo perjudicial para la democracia el no contar con poderes públicos independientes, así como la existencia de un Poder Judicial que actúa sin autonomía.

4.- En el año 2009, en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó:

“1154. La Comisión considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. A juicio de la Comisión, es esa falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos.

La Comisión nota que en Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la Comisión advierte que la intolerancia política no solamente dificulta la vigencia de las instituciones democráticas sino que conduce peligrosamente a su debilitamiento. La Comisión estima necesario reiterar al Estado de Venezuela que la consolidación de las democracias requiere que se intensifique la participación de todos los sectores sociales en la vida política, social, económica y cultural de cada nación”

5.- Además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), distintos órganos de Naciones Unidas han expresado su preocupación por el déficit democrático existente en Venezuela y, particularmente, han expresado que uno de los aspectos más graves es la falta de independencia de los Poderes Públicos, particularmente del Poder Judicial.

Así, el Comité de Derechos Humanos expresó en el año 2015: “El Comité continúa preocupado por la situación del poder judicial en el Estado parte, particularmente en lo que atañe a su autonomía, independencia e imparcialidad” [3]
6.- Desde que se inició el gobierno del presidente Nicolás Maduro se profundizaron los problemas estructurales que afectan la democracia en Venezuela. El reforzamiento del control de los poderes públicos, el aumento de la militarización de la estructura del Estado y la gestión de gobierno, la persecución a la disidencia así como las sistemáticas detenciones arbitrarias, la discriminación por razones políticas, el incremento considerable de denuncias de ejecuciones extrajudiciales realizadas por organismos policiales, el aumento de la tortura y malos tratos, así como la restricción de libertades democráticas tales como la libertad de expresión, el derecho a la manifestación pacífica y el derecho a la huelga, así como el crecimiento de la pobreza, son expresiones principales del debilitamiento de la Democracia.

Como bien lo establece el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Mercosur, del 19 de junio de 2005, la vigencia del orden democrático constituye una garantía indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Así mismo expresa que toda ruptura o amenaza del normal desarrollo del proceso democrático en una de las Partes pone en riesgo el goce efectivo de los derechos humanos.

Por esta razón afirmamos que las constantes violaciones a los derechos humanos y la ruptura del orden democrático en Venezuela colocan al gobierno de espaldas a los compromisos del Mercosur en materia de derechos humanos.

7.- El presidente Nicolás Maduro viene gobernando al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los valores, principios y normas establecidas por el Mercosur sobre compromiso con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Una evaluación objetiva de la actual situación del país debe llevar al Consejo del Mercado Común a establecer que Venezuela no cumple con el Protocolo de Ushuaia I y II y, por lo tanto, le es aplicable el artículo 1 del protocolo de Ushuaia. Mercosur debe actuar pronto para contribuir con los esfuerzos que realiza la población venezolana para restituir la democracia y el Estado de derecho.

8.- El pasado domingo 30 de octubre el gobierno y los partidos de la oposición iniciaron un proceso de diálogo. En el marco de este proceso el gobierno mantiene sus amenazas de continuar persiguiendo a la disidencia y reprime las manifestaciones pacíficas que reclaman la restitución del hilo democrático. No obstante, a tan solo tres días de haberse iniciado el proceso de diálogo, en una alocución transmitida en cadena nacional efectuada el jueves 3 de noviembre de 2016, el Presidente Maduro expresó en clara referencia al sector de la oposición (citamos textual) “más nunca volverá esa gente por aquí, ni por las buenas ni por las malas… …ni con votos ni con balas entrarán más nunca a Miraflores” (ver video https://www.youtube.com/watch?v=E_wOgWaMOhc ).

Las organizaciones apostamos a que de ese diálogo el gobierno adopte medidas concretas para garantizar el derecho de los y las venezolanas de evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro, la libertad de los presos políticos, el cese a la discriminación por razones políticas y cese a la persecución a la disidencia entre otros aspectos relacionados con el funcionamiento democrático que aspiramos se garantice en el país. No obstante creemos que la creación de instancias de diálogo no transforma automáticamente en democráticos a gobiernos que no lo son, por lo que esta iniciativa debe ser acompañada de otros mecanismos diplomáticos para apoyar la restitución de la democracia en Venezuela.

9.- Sabemos que los presidentes del Mercosur han indicado que esperan resultados de dicho diálogo. Por tal motivo solicitamos formalmente al Consejo del Mercado Común del Sur que de no haber un restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en un plazo perentorio, esto es, de no garantizarse a los venezolanos el derecho de rango constitucional de evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro mediante la realización de un referéndum revocatorio, así como la independencia de los poderes públicos y el respeto de los derechos humanos, solicitamos formalmente al Consejo del Mercado Común aplique el artículo 1 del Protocolo de Ushuaia II lo más pronto posible, para aplicar las sanciones establecidas en su artículo 6.

Solicitamos de Usted Dr. Florisvaldo Fier, de conformidad con sus competencias, tramite la presente comunicación ante el Consejo del Mercado Común del Sur.

En la ciudad de Caracas a los siete días del mes de noviembre de 2016.
Organizaciones venezolanas que adhieren el presente documento:
Acceso a la Justicia
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
Acción Solidaria
Asociación Civil Una Montaña de Gente (UMDG)
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Venezolana para la Hemofilia
Aula Abierta Venezuela
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Civilis Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Coalición Clima21
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del estado Apure
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Convite Asociación Civil
Defensores Activos del Foro Penal Venezolano (FPV)
Escuela de Vecinos de Venezuela
Espacio Humanitario
Excubitus Derechos Humanos
Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes
Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS)
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Observatorio Ambiental Venezolano (OAV)
Observatorio de derechos humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Oficina de DDHH del Vicariato de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Redes Ayuda
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Stop VIH
Transparencia Venezuela
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa
Un Mundo Sin Mordaza

CC. Parlamento Mecosur.

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