SNTP | Prohibición de Conatel para informar sobre la consulta popular de este domingo impone la censura y es ilegal

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denuncia la arbitraria e inconstitucional decisión de Conatel, de prohibir a los medios de comunicación radioeléctricos publicar informaciones que hagan referencia a la “consulta popular” que ha sido convocada por las organizaciones de la sociedad civil para este domingo 16.
 
De acuerdo con información confirmada por el SNTP, Conatel ordenó a las radios y televisoras no llamar consulta popular a la jornada, prohibir a anclas y periodistas fomentar o llamar a la participación y, además, obligó a estos mismos medios a no publicar las piezas de publicidad y propaganda que habían sido pautadas por la Mesa de la Unidad Democrática.
 
Se trata de la imposición de una censura previa, lo que hace ilegal la instrucción girada en conversaciones orales a los directivos y editores de los medios de comunicación.
 
El artículo 57 de nuestra Constitución establece que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.
 
Además de rechazar la medida de Conatel y denunciar sus actuaciones para favorecer una parcialidad política, el SNTP demanda de los medios de comunicación el máximo compromiso con la responsabilidad de informar, con la búsqueda de la verdad y con la necesidad de reflejar al país con los distintos matices que los componen.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
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Foro por la Vida exige garantías y seguridad para la Consulta Soberana

(Caracas, 12.07.2017) La Coalición de organizaciones de derechos humanos venezolana, Foro por la Vida, en defensa de los derechos a la participación política, reunión, manifestación, asamblea, y a la libertad de expresión, reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, exige a los funcionarios de los distintos poderes del Estado, que se abstengan de adoptar iniciativas que entorpezcan el normal desarrollo de la Consulta Soberana, prevista  para el 16 de julio de 2017.

La obligación de los funcionarios de los distintos poderes públicos implica igualmente desarrollar medidas eficaces que garanticen la vida, la integridad personal y los demás derechos de las personas que participen en dicha actividad, y por tanto, impedir que grupos violentos atenten contra las personas en general.

El 3 de julio de 2017 en las instalaciones del Centro Cultural de Chacao, sectores de la sociedad civil junto a líderes políticos suscribieron un documento titulado “Gran Acuerdo Nacional” y “que sea el Pueblo quien decida”. El objetivo es convocar a una consulta popular para conocer si la mayoría del pueblo rechaza o se aprueba la Asamblea Nacional Constituyente. Los fundamentos constitucionales de esta solicitud son, entre otros, los artículos 5, 53, 57, 70, 71, 333, 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 5 de julio de 2017, en medio del asalto ocurrido a la sede del Palacio Legislativo Nacional por parte de grupos violentos simpatizantes del gobierno, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría el Acuerdo para realizar una consulta popular el próximo 16 de julio, en virtud de la solicitud de diferentes sectores de la sociedad civil.

La Consulta Soberana es un proceso para que las personas que decidan libremente participar, puedan expresar su opinión afirmativa o negativa sobre temas de interés público y de carácter político. En este sentido, la consulta incluye 3 preguntas: una relacionada con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por el Presidente de la República; una sobre las obligaciones de los funcionarios en relación a la Constitución del año 1999; y una sobre la renovación de los Poderes Públicos.

El discurso político y sobre asuntos de interés público es un tipo de expresión especialmente protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. El acto de Consulta Soberana es un evento que posibilita la participación política libre de la sociedad, y conlleva el ejercicio de los derechos a la reunión o asamblea y expresión.

Las organizaciones que integran el Foro por la Vida y otras organizaciones de la sociedad civil asumimos y reiteramos nuestro compromiso de acompañar, documentar y hacer seguimiento a todas las posibles violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los instrumentos internacionales sobre la materia, que ocurran durante esta consulta, sus días previos y consecutivos.

Desde el Foro por la Vida instamos a los órganos y organizaciones internacionales de derechos humanos a observar y a realizar su labor de veeduría internacional durante el desarrollo de la consulta nacional convocada para el domingo 16 de julio.

Rechazamos todos los mecanismos de presión a personas para participar o no en cualquier proceso de consulta o elección, porque son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión y la libre participación en asuntos de interés público. Las amenazas en instituciones públicas de despedir o sancionar a funcionarios por esta razón, constituyen una coerción a la libre voluntad de las personas y deben ser castigadas por los funcionarios responsables.

Exigimos a las autoridades encargadas de garantizar el orden público la no intromisión, sabotaje, agresión o cualquier otro medio de coacción ilegítima para interrumpir el normal desarrollo de la consulta popular impulsada por la sociedad civil, representantes políticos y la Asamblea Nacional.

Demandamos la protección, respeto y resguardo de los centros de consulta popular por parte de las fuerzas del orden público, tomando como precedente los hechos ocurridos el día 5 de julio en las instalaciones del Palacio Legislativo. De igual forma instamos a las instituciones responsables del orden público a actuar ante las posibles agresiones a estos centros recordando que la omisión también constituye delito.

Vocería del Foro por la Vida

Espacio Público; Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela;  y Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

Organizaciones del Foro Por la Vida

  • Acción Ciudadana contra el Sida

  • Acción Solidaria

  • Caritas de Los Teques

  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

  • Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela

  • Comité de Familiares de las Víctimas de l16Jos Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic)

  • Comisión de Derechos Humanos de Ayacucho

  • Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal

  • Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve)

  • Espacio Público

  • Observatorio Venezolano de Derechos de las Mujeres

  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

  • Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR)

  • Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

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Venezuela en 2016: Una violación a la libertad de expresión por día

Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela

Informe enero-diciembre 2016

Las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela, motivada por un discurso oficial hostil hacia la prensa, se agravaron en 2016, paralelo a un escalamiento de la crisis política y económica que alcanzó niveles inéditos en la historia contemporánea del país.

2016 es el segundo año con mayor cantidad de casos en 15 años de registro. Desde hace dos años se alcanzan niveles no vistos desde 2010, sin considerar el 2014, año especialmente conflictivo en términos sociopolíticos. Los periodos con mayor incidencia de casos, 2014, 2016 y 2009, suman el 32% del total de situaciones registradas.

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