Sinergia vigilará que el Estado aplique recomendaciones del EPU sobre libertad de asociación y participación

Caracas, 16/03/2015.- Deborah Van Berkel, presidenta de la Asociación Civil SINERGIA- red de organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana- señaló que la asociación vigilará que el Estado venezolano incorpore en la práctica las recomendaciones que recibió en el Examen Periódico Universal, sobre la libertad de asociación y participación.

Van Berkel explicó que dichas recomendaciones son sugerencias hechas al Estado por parte de sus pares para mejorar la situación de Derechos Humanos en el país, las cuales puede aceptar o anotar. “De las 274 recomendaciones, el Estado venezolano aceptó 193, anoto 28 y aplicó una nueva modalidad para las 53 restantes, en la que anota “sin apoyo”, debido a que no puede rechazar abiertamente”.

La asociación aplaudió que el Estado venezolano aceptase todas las recomendaciones efectuadas por los países sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para el control de manifestaciones, las cuales resaltó Sinergia en un informe que preparara en coalición con el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP). Sin embargo, vio con preocupación que el Estado haya anotado sin apoyo recomendaciones como: generar un entorno libre y propicio para la labor de la sociedad civil, crear una estrategia para proteger a los defensores de derechos humanos, poner fin al acoso en el que se ven sometidos quienes critican las políticas gubernamentales y retirar todos los cargos formulados contra ellos por motivos políticos, todo lo referido al tema del referéndum revocatorio, así como la promoción de igual participación de todos sin discriminación, en los asuntos políticos y públicos, como forma fundamental de superar la crisis política y humanitaria.

De igual manera, ninguna de las solicitudes hechas para que Venezuela revirtiese su decisión de retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos, aspecto que tanto Sinergia como otras organizaciones de la sociedad civil incluyeran en sus respectivos informes, fueron aceptadas.

“Por un lado acepta que está implementando mecanismos para favorecer la participación equitativa de todos los actores de la sociedad; sin embargo pone restricción cuando tiene que ver con temas de derechos humanos y libertades civiles y políticas argumentando que proceden de posturas sesgadas y de la mala fe de los actores que redactan las recomendaciones”.

 

La presidenta de Sinergia alertó que no hay forma de que el país avance en la mejora de la calidad de vida de la población en general, si el Estado decide quién es sociedad civil y pone condiciones para dialogar con los actores que conforman la nación. “Como ciudadanos tenemos que demandar la garantía de nuestros derechos y que el ambiente en el que estos derechos se cumplan sea cada vez de mayores libertades y en democracia”.

Contacto prensa:

Jeanette Moreno

04166156930

Estado venezolano asumió recomendaciones en libertad de expresión en el EPU

Luego de la realización del Examen Periódico Universal (EPU) al Estado venezolano ante las Naciones Unidas, que se celebró este 16 de marzo la sesión final, donde el Estado dijo cuáles recomendaciones aceptaba, cuáles anotaba, y cuáles anotaba sin apoyo. Un total de seis recomendaciones aceptadas comprometen ahora al Estado venezolano a mejorar las condiciones del ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de expresión.

Uruguay y Austria sugirieron a Venezuela garantizar que los periodistas y medios de comunicación pudieran realizar su trabajo de forma libre e independiente, así como que aumentara la protección de los profesionales de la comunicación.

Portugal indicó que Venezuela podría adoptar medidas para garantizar que los periodistas no sean objeto de violencia y represalias por su labor, algo parecido agregó Japón, pero además pidió que los medios pudieran informar con libertad en Venezuela.

Holanda pidió al Estado venezolano asegurar el derecho a la libertad de opinión y de expresión de todos los periodistas y grupos mediáticos, entre otras cosas investigando de manera efectiva las denuncias de ataques e intimidación y procesando a los autores.

Nueva Zelanda recomendó que se adopten medidas para asegurar el derecho a la libertad de expresión, entre otras cosas velando por que los periodistas puedan llevar a cabo su labor de manera independiente al tiempo que se protege su bienestar.

Salvaguardar el derecho a la libertad de expresión y de opinión, así como la libertad de prensa y la circulación de los periodistas, fueron las recomendaciones de Alemania y Brasil. Estonia pidió proteger y promover la libertad de expresión, garantizar la seguridad de los periodistas y responder con premura a las presuntas violaciones en este sentido Francia recomendó garantizar plenamente la libertad de expresión y el libre acceso a la información, y proteger a los periodistas de amenazas y ataques en medio de su labor informativa.

Las que no le gustaron

Los representantes del Estado venezolano anotaron sin apoyo las recomendaciones de Estados Unidos e Irlanda. El primero recomendó permitir verdaderamente la expresión de opiniones disidentes liberando a los presos políticos, permitiendo a la Asamblea Nacional electa desempeñar sus funciones y autorizando las protestas pacíficas y la provisión de información independiente por parte de los medios de comunicación. Mientras que Irlanda dijo que se debían investigar los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos y demás trabajadores de los medios de comunicación.

Organizaciones de la Sociedad Civil hablaron 

Durante el segundo período del Examen Periódico Universal (EPU), representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil intervinieron: algunas para felicitar el trabajo y dedicación que hace Venezuela en materia de derechos humanos, otras para señalar las compromisos no cumplidos del Estado venezolano.Amnistía Internacional expresó que los defensores de derechos humanos en el país son víctimas de criminalización, y que están preocupados por la libertad de expresión en el país porque a su juicio existen limitaciones al derecho.

Adicionalmente, International Service for Human Rights sustentó la idea de Aministía y agregó que: “En Venezuela existen ataques contra defensores de derechos humanos, son señalados como ‘traidores de la Patria’ y estos deben ser respetados” e instó al Estado a aceptar las recomendaciones realizadas en el EPU.

Por su parte, Civicus Alliance señaló que en el país la libertad de asociación, reunión y el derecho a la libertad de expresión no son consagrados. Mientras que Human Rights Watch resaltó que el Estado venezolano ha perseguido activistas, periodistas y dirigentes políticos de oposición.

La Ministra de Servicios Penitenciarios y representante en este segundo período indicó que asumieron compromisos voluntarios que reforzaron las políticas públicas en derechos humanos y que implementarían las recomendaciones sugeridas.

Publicado por Espacio Público

Codevida: El Gobierno venezolano ignora las recomendaciones del EPU sobre la emergencia humanitaria

La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) se pronunció ante respuesta del gobierno a las recomendaciones hechas en el Examen Periódico Universal (EPU) y advirtió que la escasez de medicamentos llegará a niveles catastróficos si las autoridades no reconocen el problema sanitario.

Las 13 recomendaciones relacionadas sobre el derecho a la salud que recibió Venezuela durante el 2do Ciclo del EPU que se realizó en noviembre de 2016 no fueron consideradas prioritarias por el Gobierno, por lo que la organización aseguran que las autoridades desconocen la crisis que viven los venezolanos.

Entre las recomendaciones hechas al estado venezolano se encontraban: la provisión urgente e inmediata de medicamentos, afrontar la escasez de servicios y atender las necesidades básicas del pueblo, así como desarrollar y aplicar políticas eficaces para hacer frente a la crisis de salud y alimentos.

La organización explicó que actualmente el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos que supera el 85% y 95%, respectivamente, afectando la calidad de vida de casi 4 millones de personas que viven con enfermedades crónicas.

“El problema de la crisis de salud seguirá existiendo hasta que el Gobierno no reconozca que existe una situación compleja sobre la salud. Nuestras últimas reuniones con el sector farmacéutico nos indica que en los próximos meses se acentuará la escasez de medicamentos e insumos a niveles catastróficos, lo que generará una disminución en la calidad de vida de las personas con condiciones de salud crónica, e incluso más muertes“, advierte Francisco Valencia, presidente de Codevida.

En Venezuela, indica la Codevida, se ha hecho cotidiana la aplicación de medidas de racionamiento para entregar estas medicinas, vulnerando el derecho a la salud que está consagrado como un derecho universal que no admite ningún tipo de discriminación.

Publicado por Runrunes

Venezuela no pudo seguir negando la falta de independencia judicial en el EPU

Venezuela ha culminado este jueves 16 de marzo de 2017 su evaluación en el marco del segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo que utiliza la ONU para monitorear la situación de los Derechos Humanos a nivel mundial. En esta ocasión se recibieron 18 recomendaciones de manos de 16 países distintos relativas a la independencia de los poderes, y el Estado aceptó 10 de ellas lo que (aunque insuficiente) es un logro del sistema EPU y de la sociedad civil organizada.

Para poner esta situación en contexto, vale la pena recordar que durante el primer ciclo de este examen, que fue en 2011, nuestro país recibió 17 recomendaciones relativas a la independencia judicial y las rechazó absolutamente todas, negándose a aceptar que existe un problema en el sistema de justicia venezolano.

Adicionalmente, desde el gobierno se ha acusado de “injerencista” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones cuando sus decisiones no coinciden con la narrativa oficial; llegando al punto de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que en la práctica se ha traducido en que los venezolanos tengamos una instancia menos a la que acudir cuando consideramos que nuestros derechos no están siendo respetados, concretamente la Corte Interamericana.

Ahora bien, volviendo al EPU actual, Acceso a la Justicia ve con buenos ojos que el Estado venezolano haya decidido aceptar 10 de las 18 (55%) recomendaciones recibidas sobre independencia de los poderes (con especial énfasis en la independencia del Poder Judicial), agregando un compromiso voluntario en esta materia; lo que implica que finalmente reconoce que existe mucho trabajo por hacer en este ámbito.

Sobre todo esto es relevante si se tiene presente que hace apenas unos meses el gobierno regresó de Ginebra en negación; anunciando que había “salido eximido” en el examen, a pesar de que 102 países (más del doble que en 2011) intervinieron para realizar 274 recomendaciones, lo que difícilmente puede considerarse un triunfo.
Desgraciadamente no todo es positivo y las ocho recomendaciones restantes en materia de independencia de poderes “no contaron con el apoyo” del Estado pues fueron consideradas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”.

Acceso a la Justicia quiere hacer notar que en el caso de las sugerencias aceptadas, el Estado venezolano las apoya pues “ya se están implementando de manera prioritaria en su primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019” lo que, al menos en el tema que nos ocupa, no es así.

Como hemos mencionado más arriba, el Estado venezolano rechazó todas y cada una de las recomendaciones en esta materia durante el primer ciclo del EPU, hace 5 años, negando el problema. Tampoco aparece mencionado en su Informe Nacional correspondiente al examen de este año, por lo que habría que pensar que en opinión del Estado no había nada relevante que decir, ni que hacer.

Más aún, si se revisa el Plan Nacional de Derechos Humanos a que alude la representación diplomática de nuestro país, el mismo no habla de independencia de poderes en ningún momento, así como tampoco lo hace el Plan Estratégico del Poder Judicial vigente; por lo que es obligado preguntarse ¿a qué se refiere el Estado venezolano cuando asegura que “continuará” trabajando en este tema? De hecho la situación ha empeorado mucho respecto de 2011, por lo que si ya en esa época la situación era grave, ¿en qué ha trabajado si ahora es peor? ¿Por qué no explicó en el Informe Nacional qué ha hecho?

Lo mismo puede decirse del quinto compromiso voluntario en que el gobierno ofrece “continuar con la realización de concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial y al Ministerio Público”, cuando desde el 2004 no se realizan los primeros (aunque el Tribunal Supremo de Justicia dice que desde 2005) y el más reciente de los segundos fue en el año 2011.

Resulta poco alentador que el Estado venezolano considere que está trabajando en un asunto en el que tiene 13 años en mora, pese a que es un mandato expreso de la Constitución, y, aunque hace poco aprobó unas normas para regular los concursos de los jueces, las mismas solo permiten que participen los que ya están dentro de la judicatura que no son titulares, escogidos a dedo, y además, no prevén que la sociedad civil forme parte del proceso para la selección de los jueces, lo que no son precisamente garantías para la independencia judicial, todo lo contrario.

En conclusión; si bien Acceso a la Justicia saluda que el Estado venezolano acepte la existencia de un problema en materia de independencia judicial, es necesario exigir que esto lleve a acciones concretas y que no se convierta en otra declaración de intención que queda en palabras y nada más.

¿Y tú venezolano, qué puedes hacer?
Con la aceptación de las recomendaciones por parte del Estado se confirman las denuncias que desde hace años hace la sociedad civil de que los derechos de los venezolanos están siendo vulnerados, y esta es una situación que un Estado democrático no puede simplemente ignorar, como hace un niño que cree que si cierra los ojos la realidad desaparece.

Ante esta situación es poco lo que en la práctica podemos hacer, pero lo que sí está a nuestro alcance (y es de capital importancia) es no permitir que este escenario nos parezca normal y, por ello, reclamar nuestros derechos de manera constante y persistente.
Enlace a la nota :https://goo.gl/c7ZTSK

Intervención de Civicus Sesión Final del EPU 2016: Feliciano Reyna

(Ginebra, 16.03.2017) Este 16 de marzo se llevó a cabo la Sesión Final de Adopcíón de Recomendaciones del 2do Examen Periódico Universal de Venezuela, en el cual la sociedad civil nacional e internacional tiene derecho de palabra a fin de emitir sus opiniones acerca de los resultados de este examen, en el cual el Estado venezolano aceptó 193 recomendaciones y anotó 81, de las cuales afirmó no apoyar un total de 53 por estar sesgadas y formuladas sobre bases falsas.

Entre estas recomendaciones se encuentran justamente medidas urgentes que forman parte de las obligaciones internacionales del Estado y que, de adoptarse e implementarse, resolverían buena parte de los problemas que afectan gravemente los derechos humanos en el país. A continuación se reproduce en sonido y por escrito la intervención de Feliciano Reyna por Civicus – Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, en la que se recogió en dos minutos las principales preocupaciones de 170 organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana en sus contribuciones a este segundo EPU de Venezuela.

 

Consejo de Derechos Humanos / Sesión 34 – 16 de marzo de 2017

Vocero: Feliciano Reyna

Señor Presidente,

Nos dirigimos al Consejo de Derechos Humanos en nombre de CIVICUS en consulta con 170 organizaciones venezolanas de sociedad civil[1].

La mayoría de estados que participaron en el EPU llamó la atención del Estado venezolano sobre la afectación de un amplio espectro de derechos humanos, la falta de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y la negativa a invitar al país a representantes de los Procedimientos Especiales.

En su informe, el Estado justifica mantener un Estado de Excepción que no cumple con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos, con el consecuente quiebre del Estado de Derecho y las libertades democráticas.

Como fue señalado en el EPU:

Las libertades de asociación, manifestación pacífica y expresión están severamente restringidas;

Periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de derechos humanos son objeto de estigmatización y criminalización y las personas detenidas son sometidas a torturas y tratos crueles;

El Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no actúan con independencia, afectando así las garantías de protección de los derechos humanos;

El Servicio de Inteligencia venezolano debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles.

Señor Presidente,

Estas situaciones y los siguientes temas requieren de urgente atención:

  1. 82% de la población vive hoy en pobreza[2].
  1. 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global Aguda en diciembre de 2016[3].
  1. 75% de hospitales públicos no puede prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos[4] y no hay reactivos para pruebas de control para el VIH.
  1. 4 millones de personas no tienen desde hace meses acceso a las medicinas que su condición con urgencia requiere[5].

Señor Presidente y miembros del Consejo,

Vivimos en Venezuela una Emergencia Humanitaria Compleja. El Estado venezolano debe aceptar la cooperación internacional humanitaria que le fue ofrecida, para evitar más daños irreparables y pérdida de vidas, particularmente en niñez y adolescentes, embarazadas, personas mayores y con condiciones de salud crónicas, indígenas y personas privadas de libertad.

Gracias, Señor Presidente

[1] Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, Accsi, Acceso Libre, Acción Campesina, Almapa AC. Asamblea de Educación, Atención al Adulto Mayor AC, Asoamigos AC, Asociación Civil Phynatura, Asociación Civil Niña Madre, Asoviluz, AVAL, AVESA, AVH, Aula Abierta Venezuela, CDH-UCAB, CDH-UCV, CDH-UNIMET, Cedice Libertad, CEPAZ, CIAAL, Circulo de Reporteros Gráficos de Venezuela, CivilisDDHH, Coalición Cambio Climático, Club de Abuelos Francisco Soto, Club de Abuelos mi Mayor Éxito AC, Coalición Proacceso, CODEHCIU, CODEVIDA, CODHEZ, Colegio Nacional de Periodistas, CONAPRO, ConviteAC, Comisión de DDHH Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, Comité de Derechos Humanos de la Guajira, EDEPA, Escuela de Vecinos de Venezuela, Espacio Público, FCU-UCV, Fenasopadres, FEPAP, Foro por la Vida, Freya, Funcamama, Fundación Aguaclara, Fundación Bengoa, Fundación Reflejos de Venezuela, Funpaz, GHENDU, GTAI-ULA, Gregoria Delfina Chirinos A.C, Ipys Venezuela, Invesp, Juventud Prolongada AC, LabPaz, Laboratorio de Ciencias Sociales, La Cumbre AC, La Deltana A.C, Las Rosas A.C, Los Abuelos de Baruta, Mañana es Hoy AC, Movimiento Vino Tinto, Nialca AC, Observatorio Derechos Humanos-ULA, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Observatorio Venezolano de la Salud, Observatorio Venezolano de Prisiones, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Observatorio Venezolano de Violencia, Padres Organizados de Venezuela, PLAFAM, Plataforma Venezolana de Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil, PROVEA, Provene, REDHNNA, REDLGBTI de Venezuela, Red Rosa, Senos Ayuda, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Sinergia, Sociedad Hominis Iura, Stop-VIH, Transparencia Venezuela, Una Mano Amiga A.C, Unión Afirmativa, Una Ventana a la Libertad, Unión Vecinal para la Participación Ciudadana, Vida Prolongada AC y Venezuela Diversa.

[2] Encovi Pobreza 2016 En: http://www.ovsalud.org/publicaciones/salud/encovi-2016-pobreza/

[3] Cáritas de Venezuela: Cáritas Venezuela presenta Línea Basal del Monitoreo Centinela de la Situación Nutricional en Niñas y Niños Menores de 5 años. En: http://caritasvenezuela.org.ve/wp/?p=4711

[4] Encuesta Nacional de Hospitales 2016 En: http://www.ovsalud.org/publicaciones/salud/encuesta-nacional-de-hospitales-2016/

[5] Codevida, Provea y Aliados: Informe sobre el derecho a medicamentos esenciales para proteger la salud y la vida de las personas en Venezuela. En: http://www.codevida.org/informes/informe-sobre-el-derecho-a-medicamentos-esenciales-para-proteger-la-salud-y-la-vida